Un reportaje de Mariela Castañón, publicado por La Hora, desnuda el tráfico de niñas y adolescentes en el sistema penitenciario.

No sólo provoca indignación. También incredulidad al comprobar que a casi una semana de haberse publicado el reportaje titulado “Niñas y adolescentes son violadas en Sector 11 del Preventivo”, no se ha sabido de una acción inmediata por parte del Ministerio Público, el Presidente no ha hecho declaración alguna sobre el tema, tampoco el Procurador de los Derechos Humanos y, a pesar de que el asunto huele a puro tráfico humano permitido por los guardias del sistema penitenciario, tampoco ha reaccionado la CICIG.

Para cualquier persona medianamente sensata, la medida obvia sería prohibir absolutamente el ingreso de menores a las instalaciones de las cárceles. El equipo de investigación del vespertino La Hora comprobó que ni siquiera los guardias se atreven a ingresar al sector 11, controlado por Los Cholos, pero sí permiten a niñas y adolescentes adentrarse en esas galeras y quedar a merced de los delincuentes más peligrosos, crueles y sanguinarios de que se tenga registro en este país.

Los detalles son espeluznantes: gritos y llantos incontrolables, niñas retiradas de las instalaciones por los bomberos porque ya no pueden caminar y, peor aún, la indiferencia de quienes podrían detener esa auténtica masacre que se comete a diario y con absoluta impunidad contra las infortunadas víctimas.

Se supone, por declaraciones de testigos, que son llevadas a la fuerza por algún adulto, o ingresan para evitar que las amenazas proferidas desde el interior de la prisión se vuelvan una realidad con el asesinato de sus padres o hermanos. De cualquier modo, no existe justificación alguna para el silencio y la pasividad de las autoridades ante una situación que se puede evitar con medidas mucho más restrictivas en el ingreso de visitas a las prisiones.

Como herramienta, existe la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas la cual, como todo avance legal para la protección de las minorías, costó años de intensa actividad política para que al fin se aprobara, porque evidentemente afectó los intereses de gente poderosa que ha hecho de esos crímenes una fructífera fuente de enriquecimiento.

Los monstruos del sector 11 ya no pueden seguir beneficiándose de la ineficacia de los controles del sistema penitenciario, recibiendo como premio la libertad de abusar, torturar y destruir la mente, el cuerpo y la vida de estas niñas y adolescentes. Sin embargo, las autoridades parecen esperar denuncias formales para actuar en este caso más que evidente de delito flagrante, lo cual convierte al Estado en cómplice y por tanto, co responsable de esta barbarie perpetrada a plena luz del día y sin obstáculo alguno.