Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan

En Guatemala se aplica la estrategia del terror en el cuerpo de niñas, niños y adolescentes.

Guatemala transita por uno de los episodios más negros de su historia reciente. Desamparada e impotente ante el poder de las mafias, la población se paraliza ante la realidad de un Estado secuestrado por organizaciones criminales que operan en connivencia con las más altas autoridades y la condenan al miedo y a la sumisión. Los esfuerzos de estos grupos por apoderarse del último bastión de la justicia –la Corte de Constitucionalidad- lleva un siniestro mensaje: la democracia, que tanta sangre y dolor ha costado desde los tiempos de las dictaduras, está a punto de ser aplastada por un pacto entre políticos, élites empresariales y militares ignorantes, codiciosos, obtusos y sedientos de poder.

El escenario actual parece haber sido planificado en detalle para borrar hasta el último intento de oposición ciudadana y comienza a delinearse como un intento de acabar con cualquier resquicio de respeto por la Constitución y sus mandatos. La ciudadanía –ese conglomerado en donde supuestamente reside el poder- se encuentra sitiada y niñas, niños, adolescentes y mujeres parecen haber sido cuidadosamente escogidos como víctimas propiciatorias de esta escandalosa maniobra, diseñada para acallar toda rebelión, silenciar a las masas y obligarlas a aceptar lo inaceptable. 

Los secuestros, desapariciones, violaciones y asesinatos de niñas, niños y adolescentes han alcanzado niveles de terror. Los mensajes de alerta se han convertido en un cuadro cotidiano y, por lo mismo, han dejado de provocar reacciones, creándose un ambiente de acostumbramiento a los peores actos de violencia contra el sector más inofensivo y vulnerable de la sociedad. Guatemala se presenta ante la comunidad internacional como un país de impunidad, como una nación en donde el crimen organizado impera y decide los destinos de la patria. Como un territorio carente de justicia, en donde la ley opera dependiendo del tamaño del soborno.

Esta vergüenza de nivel planetario no afecta el negocio de las mafias, pero constituye un lastre inmenso y una constante amenaza para el futuro del país, cuya población observa impotente cómo se van por el barranco sus escasas oportunidades de alcanzar un desarrollo que, hasta ahora, ha sido sistemáticamente saboteado por sus élites empresariales y los cuadros políticos más retrógrados y corruptos. Cualquier intento por revertir este estado de cosas -perfectamente consolidado para mantener los privilegios de estos sectores- requiere la intervención directa de la ciudadanía. Pero la gente tiene miedo y ese miedo representa el pase libre para los criminales en el poder.

A las niñas, niños y adolescentes les está secuestrando, violando y asesinando el sistema. Para estas vidas inocentes no existe justicia; su destino, depende de instituciones capturadas por individuos nefastos coludidos con los victimarios, cuya indiferencia e inoperancia parecen ser parte del pacto criminal. Las niñas y niños no se violan, no se tocan, no se asesinan. Quienes cometen estas atrocidades al amparo de una justicia apática y corrupta merecen castigos ejemplares y definitivos. Asimismo, quienes pretenden –con actitud paternalista y condescendiente- someter a niñas, niños, adolescentes y mujeres al encierro para no ser víctimas de estas acciones viles, se convierten en cómplices de los criminales. Pretender adjudicarles la culpa por los ataques siniestros que sufren en todos los espacios es una absoluta aberración. Las calles, escuelas, templos y hogares deben ser santuario de protección para lo más valioso de la sociedad y no rincones propicios para el abuso. 

El encierro de niñas, niños y adolescentes no es la respuesta.

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¿Atrapados sin salida?

La estrategia neoliberal se basa en la cooptación de los poderes de los Estados. 

Los centros de poder económico, a lo largo y ancho del continente, nos están demostrando claramente cómo se manejan los intereses en función de la consolidación de un Estado cautivo. A lo largo de la historia se ha comprobado cómo, desde el centro mismo del Estado, se tejen las redes diseñadas específicamente para anular la voluntad de los pueblos por medio de artimañas institucionalizadas, hechas ley y transformadas en el cepo de las débiles democracias latinoamericanas. Los eventos electorales se han constituido en un remedo de ejercicio ciudadano, en los cuales la decisión de la población se limita a votar por el menos peor y en donde, en muy raras ocasiones, existe un proceso transparente sin el escandaloso derroche de recursos de los más poderosos.

El gran capital no cede y, probablemente, se defenderá con uñas y dientes de cualquier giro intempestivo en contra de su hegemonía. Amparado durante décadas por un sector político desprestigiado, corrupto y engañoso, con el respaldo de ejércitos dispuestos a intervenir ante el menor peligro de una rebelión popular y el apoyo indiscutible de los sectores más conservadores de la comunidad internacional -con Estados Unidos a la cabeza- las opciones para generar cambios profundos del estatus resultan prácticamente nulas. Sumado a ello, la manera fraudulenta de administrar los fondos del Estado para consolidar privilegios y mantener a la ciudadanía contra las cuerdas, ha sido la herramienta clave para los gobiernos del continente.

Pocas y raras son las excepciones y, cuando se producen, esos intentos de refundación se enfrentan con impotencia a la amenaza de invasiones, golpes de Estado y uso de la represión. Todo ello, con la entusiasta anuencia de organismos diseñados ad hoc, como la OEA. Los pueblos de América Latina han pasado desde tiempos de la Colonia por las más duras experiencias: desde dictaduras de terror como las de Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y otras que registran los archivos históricos, hasta atrocidades incalificables como el genocidio perpetrado en Guatemala contra las comunidades mayas. Sin embargo, nada de eso ha conseguido destruir por completo las esperanzas de recuperación de derechos y libertades, por lo tanto los pueblos ponen sus expectativas en la recuperación de cualquier pequeño resquicio de verdadera independencia. 

Una de las estratagemas más perversas de estas cúpulas poderosas ha sido la compra de voluntades en los tres poderes del Estado. Mantener la obediencia del Ejecutivo –por quien apostaron un enorme capital en propaganda electoral- es el primer paso para garantizar la inmunidad frente a la ley. El segundo paso es repartir billetes a mansalva entre los legisladores, para poner el punto decisivo con la obediencia de jueces y magistrados. El golpe es certero y nada puede revertir el esquema, a menos que una población empobrecida y maltratada decida salir de la apatía y reaccione, arriesgando la vida en el intento. 

América Latina vive en un constante ciclo de avances y retrocesos. Su dependencia de políticas externas y la profunda degradación de las bases institucionales de sus Estados, constituyen una amenaza tan cierta como constante. El debilitamiento de políticas públicas como las de educación, salud, empleo y protección de la niñez, reflejan con prístina claridad cómo los grupos de poder económico, en lugar de ser una fuerza productiva y una herramienta de desarrollo, constituyen una amenaza constante contra la integridad y los derechos fundamentales de los pueblos.

El poder económico compra su pase de inmunidad en cada elección.

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Las Cortes son Cosa suya

Pese al desconocimiento general sobre los entresijos de la justicia, esta compete a todos.

Es probable que al pasar frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia, menos del uno por ciento de los transeúntes conozca a cabalidad lo que se cocina ahí adentro. La población, al no haber recibido una instrucción profunda en educación cívica –la mayoría ni siquiera conoce el texto de la Constitución- carece de los elementos necesarios para analizar y reflexionar sobre la trascendencia de una elección de magistrados. Tampoco conoce el impacto que esas elecciones tienen para su vida, su futuro y la integridad del sistema democrático. Es decir, lo ignora todo.

Ignora, por ejemplo, que un evento aparentemente tan lejano y abstracto como una elección de integrantes a las Cortes sea capaz de afectar de manera decisiva su futuro personal, el de su familia y el de su país. Que depender de la decisión de instituciones dominadas por organizaciones vinculadas al crimen organizado –tales como los organismos ejecutivo y legislativo- es una de las más graves amenazas a los derechos humanos consagrados por la Constitución y las leyes internacionales. Se preguntará por qué… Muy sencillo: de las Cortes depende la idoneidad de los jueces que en algún momento de su vida, tomarán decisiones tan cercanas a usted, en resoluciones sobre violencia doméstica, violaciones sexuales, migración, protección de la niñez, pensiones alimenticias, divorcios o división de bienes mancomunados y mil y un asuntos de diferente magnitud. Es decir, prácticamente entran a su hogar y le afectan de manera directa.

Pero eso no es todo. De jueces y magistrados dependerá, en última instancia, la protección de la riqueza nacional y la posibilidad de conservar el régimen democrático. Unas Cortes sólidamente fincadas en la ética, la transparencia y la honestidad son el parapeto contra el cual se estrella la corrupción de los políticos de turno y la codicia del sector empresarial organizado. Para ello, los procesos de selección de candidatos deben ser públicos, abiertos, transparentes y al alcance de la lupa de una ciudadanía consciente y enterada de sus detalles. 

En el proceso desarrollado actualmente para la elección de magistrados en Guatemala, por ejemplo, es fácil ver cómo el cáncer ha invadido todos los espacios y pudre desde adentro a las más importantes instituciones del Estado. Individuos vinculados al narcotráfico y, por ende, poseedores de un caudal incalculable de recursos económicos, compran el voto de legisladores, abogados y miembros de la academia en una especie de circo público, sin provocar la indispensable reacción de la ciudadanía para frenar semejante disparate.

Como en un espectáculo surrealista, desfilan por la pasarela ante las Cortes los delincuentes más connotados: aquellos cuyas acciones han destruido con precisión quirúrgica los restos del estado de Derecho y se han apoderado de una institucionalidad ya debilitada por décadas de abusos de poder. El sistema de administración de justicia es un recurso de inmenso valor para proteger los derechos de la ciudadanía. Entregarlo a las organizaciones criminales es un suicidio nacional y hay que detenerlo. La fila de personajes oscuros frente a las puertas de la Corte esperando conseguir el pase para obtener impunidad y poder sobre los destinos del país, no deja resquicio a la duda. Están ahí para transformar la ley en una herramienta de enriquecimiento ilícito, en una llave maestra para proteger a sus cómplices y a las más peligrosas organizaciones criminales del continente y para dejar claro que en Guatemala los poderes del Estado les pertenecen. Ahora ya sabe. De usted depende.

El sistema de administración de justicia es garante de la democracia.

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Los muros invisibles

El quinto patio

Los primeros años de vida son un período crucial para el desarrollo del cerebro.

Sentir el cuerpo y experimentar el espacio exterior son algunos de los fenómenos de la primera infancia, período cuya trascendencia suele ser subestimada por los adultos. Los primeros cinco años de vida, un poco más si se cuenta la etapa intrauterina, los seres humanos desarrollan una inmensa cantidad de conexiones con el mundo que les rodea. Para ello, es vital poseer los elementos nutricionales adecuados para alimentar a un cuerpo en crecimiento y a un cerebro con el poder suficiente para procesar tal cúmulo de información. Pero la alimentación no es el único factor para el desarrollo saludable durante esos primeros años. También están las relaciones con su entorno: las caricias, el juego, la energía positiva y el orden en la enseñanza de nuevas rutinas, de nuevos encuentros.

En algunos de nuestros países, más de la mitad de niñas y niños carecen de todos estos elementos. Nacen de una madre pobremente alimentada, muchas veces una adolescente cuyas oportunidades de vida se perdieron en la ruta de un embarazo mal atendido, una mujer-niña cuya ignorancia sobre el cúmulo de conocimientos necesarios para enfrentar la tarea de criar a un nuevo ser resulta decisiva en ese proceso. A esto se suma un entorno hostil, en donde predomina la violencia doméstica en su amplia gama de expresiones y grados. Agresión física y sexual, violencia económica y psicológica, pérdida del control de su propia vida y un estado patológico de dependencia.

En ese enorme segmento de la población de países mal gobernados se encuentra la niñez abandonada,  “el futuro de la Nación” para cada campaña electoral, pero en realidad el germen del peor desastre demográfico para cualquier país que pretenda surgir del subdesarrollo. La estrategia de las clases económicamente dominantes ha sido impedir el desarrollo físico, intelectual y educativo de las grandes masas. Generación tras generación han consolidado sus acuerdos para inyectar los fondos del Estado en las instituciones de fuerza y poder: Ejército, policía y centros de inteligencia. Todas ellas como resguardo de un poder sustentado en la explotación de una población demasiado débil para oponerse. 

En esa línea, el dominio de la mitad de la ciudadanía –el sector femenino- es crucial. Marginadas de las decisiones, no les queda más que aceptar políticas reñidas con sus intereses y sus perspectivas de desarrollo. De ese modo, ven esfumarse sus oportunidades y un futuro de independencia. A ellas les han impedido el acceso a la educación formal, pero también a toda información relacionada con su vida sexual y reproductiva, por orden de autoridades entre las cuales muy pocas veces –o nunca- figuran sus congéneres. Esta marginación, producto de un sistema misógino y discriminatorio, termina por naturalizar la degradación de las mujeres a un puesto de ciudadanas de segunda categoría, con toda la carga emocional y social que ello implica.

El desastre viene dado. Esos muros invisibles, esas vallas mentales de sociedades marcadas por doctrinas religiosas cargadas de desprecio y prejuicios medievales sobre el papel de la mujer, resultan en el deterioro permanente de un sector potencialmente productivo y capaz de mover por sí mismo los motores del desarrollo. Si las políticas públicas fueran dictadas con inteligencia y centradas en el bienestar del pueblo, los mayores recursos del Estado deberían ir directo a financiar la educación, la salud pública y a garantizar la nutrición para toda la población, como la estrategia más importante para la supervivencia de la democracia. 

El peor desastre demográfico: una niñez desnutrida.

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