Una carga muy pesada

No te quejes si te violan, si te acosan, si te matan. La culpa siempre es tuya…

Cuando un líder de la Iglesia Católica adjudica a las mujeres la culpa por la violencia ejercida en su contra lanza un poderoso mensaje a la sociedad. Lo dicho por el cardenal Juan Sandoval Iñiguez al afirmar durante una entrevista en Canal 44 de México que los feminicidios perpetrados en ese país se deben a la “imprudencia de las mujeres” es un peligroso aval favorable a quienes cometen esa clase de crímenes. Este comentario podría parangonarse al manejo noticioso de ciertos medios de comunicación que insisten en calificar el feminicidio como crimen pasional.

El cardenal debería conocer la patológica anormalidad de la situación de violencia contra la mujer mexicana y de cualquier otra latitud. El prelado tiene la obligación de reflexionar desde una perspectiva humana y espiritual, si es que su mentalidad patriarcal se lo permite, con el objetivo de comprender que ese afán por convertir a la mujer en la única responsable de la violencia a la cual se enfrenta no es natural ni aceptable en las relaciones entre personas de distinto sexo.

Cuando el representante de una institución tan poderosa e influyente en nuestros países como la Iglesia Católica se permite emitir opinión sobre algo tan complejo y trágico como la violencia criminal contra niñas, adolescentes y mujeres, compromete de hecho la legitimidad de su investidura. El cardenal Sandoval Iñiguez emite una sentencia de culpabilidad contra todo un sector mayoritario de la sociedad al mezclar conceptos atávicos y consignas moralistas, con lo cual termina por justificar a los perpetradores como si su comportamiento fuera parte de una masculinidad normal y permitida en la sociedad y, de paso, poniendo el dedo sobre sus víctimas subrayando así los parámetros sociales de discriminación.

El papel de las instituciones religiosas debería experimentar una revisión y actualización urgentes para ponerse a la par de otras instancias enfocadas en la promoción de la igualdad, el respeto por los derechos humanos de la población más afectada por la violencia, la injusticia y la pobreza. Dejar de predicar desde las alturas de sus privilegiadas posiciones para bajar al terreno llano y ponerse a la par de sus seguidores. Comprender, por fin, cuáles son los motivos profundos de la violencia de género y contribuir a erradicarlos, porque entre sus feligreses también hay hombres convencidos de su derecho para ejercer la violencia en casa contra su familia, hay violadores, pederastas, acosadores sexuales y asesinos.

Como líderes espirituales, deberían ser los primeros en exigir la implementación de programas completos y bien diseñados para extender en todos los sectores de la sociedad la educación sexual desde la infancia, garantizar a la población femenina el acceso a una educación de calidad y romper los paradigmas de exclusión y discriminación de género que suelen marcar las relaciones dentro de los ámbitos familiar, laboral y social. Desde sus púlpitos, un mensaje de solidaridad, empatía y justicia sin sesgos sexistas representaría un golpe de timón de gran impacto para nuestras sociedades tocadas por la tragedia feminicida.

Para las mujeres, la condena implícita en el comentario del cardenal es una carga muy pesada sobre sus hombros. Es tan injusta como irresponsable, sobre todo cuando este prelado ejerce su misión en uno de los países con los mayores índices de feminicidio del mundo. Un país, además, en donde la mayoría de la población es profundamente creyente y necesita una guía graníticamente comprometida con los derechos humanos.

El papel de los líderes espirituales es ponerse a la par de sus feligreses, no en su contra.

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Los juegos de la mente

Los humanos poseemos un mecanismo de adaptación que nos salva o nos arruina.

No dejo de maravillarme cada vez que alguien intenta justificar el estatus actual en Guatemala, como si esperara la aparición de algún fenómeno mágico capaz de transformarlo y, de paso, responsabilizando a las víctimas por la imperdonable situación de marginación, hambre y discriminación en la cual viven: “es que se reproducen como conejos”, “es que el problema reside en la sobrepoblación”, “es que si se aplicara la pena de muerte esto cambiaría”, “es que las mujeres no educan a sus hijos”… Actitudes especialmente recurrentes en personas cuyo nivel de educación está por encima de la media, con posibilidades de incidir en cambios sustantivos de un sistema política y económicamente caduco, un sistema cuyo efecto más notable es la división de la sociedad entre unos pocos ricos muy ricos y una inmensa mayoría de pobres muy pobres.

Por lo general, estos comentarios carecen de un respaldo documental, más que esa ‘sensación’ de estar en lo cierto. En sentido contrario: lo documental, las investigaciones académicas, los avances en el estudio de los fenómenos sociales y económicos de las últimos décadas en Guatemala revelan otra cosa muy diferente y dejan al descubierto las enormes injusticias que padece más de las tres cuartas partes de la población. Adjudicar a las víctimas del sistema la culpa de la violencia, la desnutrición (“solo les dan tortillas a sus hijos, así cómo van a desarrollarse…”) y otras profundas carencias padecidas por los sectores más pobres, es un acto de infinita maldad e ignorancia.

En días recientes se han producido violentos desalojos y familias enteras han quedado a la intemperie sin alimentos, sin techo sobre sus cabezas, con niños y ancianos soportando el frío de la noche. Eso, para proteger los intereses de individuos y empresas cuyas fortunas han sido amasadas a la sombra de la corrupción y los privilegios. Este es solo un ejemplo de la injusticia, pero como este hay muchos: fuentes hídricas –ríos y lagos- impunemente contaminadas por desechos industriales; periodistas asesinados, amenazados o capturados por denunciar actos de corrupción de empresarios, autoridades y redes criminales; obras inconclusas y abandonadas; pactos legislativos cuyo objetivo es callar a la prensa, amordazar a la población y garantizar la impunidad por crímenes cuyas consecuencias, entre otras, es la muerte por desnutrición, los asesinatos de mujeres, la muerte materna y, por supuesto, la criminalización de las protestas ciudadanas.

Pero la mente juega de manera perversa con nuestro instinto de conservación, neutralizando el impacto de las agresiones para no experimentarlas con toda la fuerza de la conciencia. De este modo, las personas se refugian dentro de su ámbito más cercano, en su ilusión de inmunidad contra una realidad abrumadoramente poderosa y continúan en su quehacer cotidiano hasta que la violencia los alcanza. Y la violencia, hipotéticamente, los alcanzará; si no de manera directa, lo hará por medio de experiencias en su círculo familiar o laboral, a través del temor de caminar por las calles, detenerse ante un semáforo en rojo o ver aproximarse a un hombre en una motocicleta.

Si analizáramos con la mente muy atenta los alcances de la distorsión de nuestro sistema de vida y de valores, quizá veríamos cómo lo patológico se ha vuelto natural, cómo nos acomodamos para no confrontar una realidad dolorosa por injusta, por viciosa, por macabra. Cómo hemos adoptado a las redes sociales para hacer de ellas un instrumento de catarsis, tan estridente como ineficaz para incidir de manera seria y contundente en un estado de cosas rayanas en el surrealismo más extremo.

De nada sirve la protesta si no está articulada por una organización que le aporte consistencia.

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Los excesos del poder

En los países menos desarrollados la ciudadanía vive en irremediable estado de frustración.

El sistema en el cual se mueven las fuerzas del país bajo la influencia de capitales internacionales genera un círculo vicioso. Es el caso de Guatemala, en donde ese círculo resulta inquebrantable y anula toda posibilidad de construir un ambiente propicio capaz de generar una fuerza ciudadana efectiva contra un sistema que solo beneficia a ciertas élites.

Este sistema política y económicamente depredador no solo afecta a los sectores más pobres ni está enfocado únicamente en detentar el monopolio de las decisiones: es tan perverso como para haber conservado un tinte de democracia cuando sus estructuras están diseñadas para nunca ceder espacios a la auténtica participación ciudadana. Para ello, ha creado un entramado de leyes-candado favorables a la perpetuación de un estatus propicio para gobernar al país al gusto y preferencia de un sector específico, minoritario pero abrumadoramente poderoso.

Los obstáculos contra la participación política de sectores tan importantes como los de mujeres y pueblos originarios entran en el modelo tradicional de monopolización del poder, ya que uno de los objetivos de ese modelo político es, precisamente, impedir el desarrollo de una ciudadanía involucrada en la gestión pública. De ahí que las reformas a las leyes que definen el sistema electoral y de partidos políticos dependan de quienes se benefician de ellas y marginen por completo las aspiraciones de la población por una democracia real e incluyente.

Una de las consecuencias del monopolio del poder en un círculo de corrupción y privilegios, sumado a la ausencia de calidad de la gestión pública, es la marginación de la niñez y la juventud como una estrategia de dominación. La táctica de privar a este sector de acceso a la educación y relegarlo en las prioridades de inversión resulta naturalmente en la profundización de la pobreza y, por ende, la imposibilidad de cederle espacios de decisión y acceso alguno a la participación política en un futuro cercano. En otras palabras, la juventud guatemalteca continuará castrada y condenada a desenvolverse en un ambiente de privaciones y criminalidad inevitables, de no haber un giro rotundo en las políticas públicas dirigidas a este sector.

Por otro lado, la explotación irracional de la riqueza–tierras, aguas, recursos mineros- bajo el argumento de ser la única vía para generar el desarrollo económico al cual aspira la población, constituye el gastado discurso de un círculo de poder históricamente incapaz de generar más desarrollo que el de sus propiedades, bajo la protección de un sistema político que le ha servido incondicionalmente y sin reparos. La fuerza de las evidencias de los problemas generados por una industria depredadora y pobremente manejada como la minera, sin embargo, ha provocado el cierre de esa clase de proyectos en otros países de la región y del continente por ser perjudiciales y no propiciar más desarrollo que el de las compañías explotadoras, mientras los territorios mueren y sus fuentes de agua se pierden para siempre.

El desarrollo no reside en proyectos mineros ni construcción de hidroeléctricas. Reside en planes bien diseñados, incluyentes, democráticos, sostenibles y racionales, de mediano y largo plazos, capaces de romper los habituales círculos de influencia y convertir a un Estado débil y dependiente en una fuerza generadora de riqueza, bienestar y justicia para toda la población. Eso requiere conciencia, inteligencia y calidad humana, valores indispensables para convertir las debilidades en fortalezas y avanzar hacia un futuro más promisorio.

Un país, para crecer, necesita planes de desarrollo incluyentes, sostenibles y bien estructurados.

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Cómo evaluar a un país

Existen innumerables instrumentos para evaluar calidad de vida, desarrollo, gobernanza.

Unos son más eficaces, otros tienen la fuerza suficiente para obligar a los Estados a responder por sus deficiencias y vacíos institucionales aunque solo sea desde un punto de vista moral. Este año, se aplicará el Examen Periódico Universal en Derechos Humanos, EPU, instrumento creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para revisar cada 4,5 años la situación de los derechos humanos en 42 Estados, con la finalidad de identificar aquellos aspectos susceptibles de mejora a partir de una serie de recomendaciones surgidas del análisis efectuado por organizaciones de la sociedad civil en esos países.

En el informe nacional de Guatemala correspondiente a 2017, elaborado y presentado por la Red Niña Niño, enfocado en la situación de la niñez y adolescencia en Guatemala, se observa una vez más el estado de abandono de este sector y cómo el enorme potencial de la niñez se pierde al obligarla –por la falta de políticas públicas, inversión en alimentación, educación y salud y mecanismos de protección integral- a sobrevivir en las condiciones más precarias posibles de imaginar. Es importante recalcar que la Red Niña Niño, creada hace 3 años con la integración de 40 organizaciones nacionales e internacionales con el objetivo de dar seguimiento a las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, no tiene poder vinculante, por lo cual el Estado no está obligado a implementar los cambios sugeridos en sus informes.

La evaluación de este período, sin embargo, señala una vez más la necesidad urgente de atender de manera prioritaria a la población menor de 18 años, cuyos derechos han sido relegados por las sucesivas administraciones de gobierno observándose un incremento en temas tan importantes como la falta de acceso a la educación, los embarazos en niñas y adolescentes y el abandono de la niñez migrante provocada por la situación de pobreza y marginación, cuya primera consecuencia es la desintegración familiar.

A pesar de este escenario tan desfavorable como complejo, es imperativo rescatar el enorme valor potencial del sector infantil y juvenil –NNA- cuyo aporte, de contar con las condiciones adecuadas para su desarrollo integral, podría constituir una de las vías más seguras y sostenibles para generar una nueva forma de ciudadanía, incluyente y participativa. La mayor riqueza de un país es su población, pero para Guatemala es, fundamentalmente, ese sector de nuevos ciudadanos privados de acceso a la riqueza y sus beneficios por obra y gracia de un sistema político y económico excluyente y corrupto.

Tal y como lo indica el informe de la Red Niña Niño, Guatemala es uno de los países más hostiles del mundo con su población infantil y juvenil y los indicadores de violencia criminal en contra de este sector superan con creces a los de otras naciones en condiciones similares de subdesarrollo. Las conclusiones planteadas en el documento –la mayoría de ellas similares a las propuestas en los informes 2008 y 2012- enfatizan la necesidad de un esfuerzo interinstitucional fuerte y enfocado en la restitución de los derechos de la niñez, cuya prioridad ha sido relegada por un Estado que ha dado mínima o nula respuesta a recomendaciones anteriores.

Un país evaluado en estos aspectos –y consiguientemente, reprobado- evidencia un vacío total de objetivos y de políticas públicas orientadas al desarrollo. Pero, sobre todo, da muestra de un divorcio progresivo con los compromisos internacionales en materia de respeto por los derechos humanos de la niñez y adolescencia, como una de las obligaciones superiores de todos los Estados signatarios de Tratados y Convenciones sobre este importante tema.

Reprobamos el examen sobre respeto de derechos humanos de niñez y adolescencia.

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La consigna del silencio

Miedo y vergüenza, algunos obstáculos creados a partir de estereotipos de género.

Todo ser humano que haya sufrido una agresión sexual ha sido tocado en lo más profundo de su integridad. En esto no hay excepciones y, si las hay, suelen ser muy raras. Un niño, niña, adolescente o adulto víctima de tal escarnio difícilmente podrá borrarlo de su memoria, guardando esa imagen con una dolorosa sensación de repugnancia y culpabilidad. Y el silencio. Ya sea por miedo a las consecuencias sociales y familiares o porque sobre ellos pende la amenaza de una cruel revancha, el silencio tras la violación parece haber sido históricamente la marca de identidad de los crímenes de tal naturaleza y los depredadores cuentan con ello.

Durante la semana pasada y como eco de mi columna anterior sobre el incesto, he recibido más información sobre ese tipo de casos. Por las características de quienes me han compartido situaciones similares existentes en su entorno –personas instruidas con posibilidad de actuar- he podido observar el inmenso poder del silencio incluso en ámbitos de cierto nivel cultural, en los cuales se supone que los prejuicios ya han perdido su fuerza. Sin embargo, ahí están; todavía bien instalados en una suerte de umbral de la privacidad, algo así como una cápsula en donde el valiente intruso que desea denunciar termina por arriesgar más que el hechor.

Esto no es nuevo. No en el incesto y tampoco en otra clase de agresiones sexuales, como lo demuestra el largo silencio que ha precedido a las recientes denuncias de la industria cinematográfica en contra de algunos de sus gurús más poderosos. Ahí no se trataba de niñas indefensas en manos de un depredador, sino de mujeres plenamente conscientes de sus derechos, pero quienes guardaron el mismo silencio oneroso de la mayoría de víctimas. Vergüenza, dolor, impotencia y miedo a las consecuencias de hablar, parecen ser la nota constante.

Si en mujeres poderosas la violencia sexual tiene ese efecto intimidatorio, ¿qué podemos esperar en una niña, un niño o una mujer atados a una relación de poder caracterizada por los abusos? ¿Cómo es posible que un ciudadano ignore los pasos a seguir para realizar una denuncia anónima sobre un crimen de tal magnitud? Esto solo revela que ese silencio continúa alimentado por una carga enorme de prejuicios y estereotipos capaces de re victimizar de manera continuada a quienes sufren estos atropellos, abandonándolas a la voluntad de quien o quienes los agreden.

Urge hacer algo al respecto. Es imperativo iniciar campañas masivas de prevención de la violencia sexual en hogares, escuelas, templos, iglesias, hospitales y todo espacio en donde exista un menor en riesgo o un adulto ignorante de los pasos a seguir para denunciar. Urge reforzar la capacitación de los elementos de policía, investigación y administración de justicia para quitar ese velo de duda ante la palabra de un menor, una duda que desde el primer momento ampara a los perpetradores y coloca a las víctimas en una posición de riesgo.

Si las madres no denuncian por el siempre presente temor a quedar sin sustento económico, buscar la manera de darles acceso inmediato a los bienes familiares, los cuales usualmente se encuentran bajo control absoluto de la pareja abusadora, lo cual también está tipificado en la ley Contra el Femicidio y Otras formas de Violencia contra la Mujer como violación de sus derechos económicos. Buscar rutas y soluciones viables a esta realidad cada día más espeluznante debería ser una tarea prioritaria para juristas y expertos, cuyo aporte sirva para liberar y dar esperanzas de justicia reparadora a tantas víctimas inocentes cuyas voces permanecen en el más profundo silencio.

Las agresiones sexuales no deben señalar a la víctima sino al hechor. Urgen medidas de prevención.

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Ese cuerpo no te pertenece

La experiencia más dura para una niña es ser violada y no recibir justicia ni protección.

La niña es violada por su padre desde los 8 años. Cumplirá 12 y ahora teme que su hermanita menor sufra la misma suerte. Una amiga de su madre, quien conoce el caso, en lugar de denunciar reúne a su grupo de oración para pedir la intercesión divina, quizá pensando que al fin y al cabo se trata de un asunto privado en el cual nadie más que la propia familia tiene derecho de actuar. O quizá esta mujer de verdad cree en los milagros y entonces ese y todos los papás, tíos, hermanos, maestros, sacerdotes, pastores, médicos y vecinos recibirán la iluminación divina y dejarán de abusar a sus hijas, sobrinas, hermanas, primas, alumnas o hijas de sus feligreses. Esta historia no es invento mío, me la ha compartido un lector horrorizado por el destino de esas víctimas inocentes.

Los embarazos en niñas y adolescentes menores de 14 años no son producto de una violación aislada, sino por lo general se producen por abuso sexual reiterado. Su enorme incidencia ya no permite continuar en el engaño de considerarlos casos aislados, sino producto de una norma tácita de conducta del sistema patriarcal, entre cuyos postulados figura una especie de permiso de propiedad de los cuerpos de las niñas y las mujeres. Esta actitud de desprecio viene desde el momento del nacimiento –el cual, además, en muchos casos genera frustración por ser niña y no varón ese nuevo miembro de la familia- y de manera automática esa nueva vida pasa a constituir parte del patrimonio, quedando sus derechos eliminados de la ecuación. Es de ese modo como una mayoría abrumadora de niñas termina en situación de marginación, utilizadas para labores domésticas, explotadas y discriminadas desde los primeros años de vida, en una posición de absoluta desigualdad.

Este “cuadro de costumbres” no es exclusivo de Guatemala ni de otros países de la región. El incesto y las violaciones sexuales perpetrados contra niñas desde sus primeros años de vida son algunas de las aberraciones cometidas de manera sostenida e impune dentro y fuera del seno familiar. Tampoco es una práctica propia de sectores pobres y con bajo nivel educativo, ya que estos delitos cruzan todos los grupos sociales sin distinción alguna. Si un día se rompieran los diques de esas mal llamada “privacidad” y hablaran las víctimas de incesto y violaciones durante sus años de niñez y adolescencia, estallaría un ensordecedor coro de voces.

Por supuesto, los violadores no atacan solo a sus hijas, también lo hacen con sus hijos desde muy temprana edad, indiferentes al daño físico y emocional provocado sobre ellos. Los resultados de esa violencia, pero sobre todo las consecuencias del silencio de quienes conocen los abusos y prefieren ignorarlos, representan una carga psicológica que durará toda la vida y tendrá impacto sobre cualquier relación futura de esos niños y niñas.

Mientras estos abusos suceden y se multiplican, los derechos de la niñez son ignorados por el Estado y por las instituciones cuyas responsabilidades tocan a este sector vulnerable de la población, como educación y salud. Las niñas embarazadas no solo no reciben una atención prioritaria, sino se las considera parte secundaria de la ecuación y se las obliga a mantener un embarazo por violencia y una maternidad no deseada, que acabará para siempre con sus esperanzas de desarrollo. Para ellas no solo no hay justicia, tampoco el respeto por su condición de niñas con derechos.

La ciudadanía tiene un papel protagónico en este escenario de enorme desigualdad por no denunciar los abusos, por encubrir el incesto –con lo cual lo propicia- y por evadir su responsabilidad en el ámbito de la protección integral de la niñez. Abstenerse de denunciar es participar de los crueles actos cometidos contra este sector tan desprotegido. Ya es hora de actuar.

Las niñas son desprotegidas desde la cuna y con el tiempo se convierten en un objeto a merced de quienes abusan de su integridad.

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La pirámide rota

Las estructuras sociales pierden su permeabilidad, hoy la pobreza es un estatus fijo.

En Guatemala, las esperanzas de progreso para amplios sectores de la población perteneciente a los estratos medios y pobres resultan cada día más utópicas. El progreso individual, ese estado de superación holística resultado de una educación de calidad y un buen estado físico y psicológico -todo lo cual sumado a un trabajo exitoso propician la realización personal- ha pasado a ser un objetivo lejano en un sistema cuyo concepto de éxito se divorcia progresivamente del esfuerzo bien concebido para casarse con la especulación, el negocio turbio y el dinero fácil.

Para la juventud actual -con marcadas excepciones- el camino se presenta cada vez más difícil y las oportunidades de transitar por la escala social hacia posiciones más ventajosas se topa con obstáculos casi insuperables, como la competencia desleal, la corrupción y sobre todo las estrategias políticas concebidas para mantener a la ciudadanía sometida a los caprichos legales de quienes durante generaciones han cooptado todos los ámbitos del poder.

El panorama no es alentador para las nuevas generaciones, las cuales surgen en oleadas progresivas en número y en expectativas. Un país como Guatemala, cuyos jóvenes representan una mayoría abrumadora, debería destinar también un porcentaje importante de su presupuesto a sus demandas de educación, salud y trabajo, debido a que en esa masa poblacional se encuentra el único germen posible para garantizar el tránsito indispensable hacia una economía al ritmo del siglo. Pero no lo hace. Las prioridades del sector político, el más desprestigiado y señalado por graves actos de corrupción, tiene otras miras para los fondos estatales.

Si en la ciudad capital la juventud se enfrenta a obstáculos cada vez más difíciles de superar, en las demás regiones del país las cosas no son mejores, siendo uno de los mayores problemas la evidente ausencia de Estado en la mayoría de sus departamentos, en donde la administración de justicia –uno de los estamentos fundamentales de una nación- no solo es débil y vulnerable, sino muchas veces ni siquiera es accesible. A eso es preciso añadir la violencia generada por las redes de trata y narcotráfico, las cuales se han infiltrado en la institucionalidad carcomiendo así los cimientos del estado de Derecho y poniendo en jaque la vida de sus habitantes.

En ese escenario tan desfavorable para la niñez y la juventud guatemaltecas no se percibe avance alguno capaz de generar una cierta expectativa de progreso. Este sector tan marginado como numeroso crece y se aglutina en una pirámide cuya base se ensancha cada día más y cuyo ápice se aleja en igual progresión. Es decir, aumenta el número de jóvenes sin estudios ni trabajo y en directa proporción se reducen sus posibilidades de ingresar por su propio esfuerzo en los estratos sociales superiores.

La pirámide, si se pudiera ilustrar de algún modo, está segmentada, rota en 3 partes que han dejado de pertenecer a un solo cuerpo social: una gran masa de ciudadanos transitando desde las clases medias hacia una pobreza cada vez más acentuada y un importante segmento de pobres que no tienen acceso a bienes ni servicios; otro sector menor, integrado por quienes han tenido oportunidades de estudio y empleo pero continúan sometidos a un sistema que les impide aspirar a mayores privilegios y, por último, un puñado mínimo de la sociedad integrado por unas cuantas familias que lo poseen todo y quienes, además de controlar la economía, también dirigen el rumbo de la política y con ello el destino de millones de ciudadanos.

Las nuevas generaciones tienen un papel protagónico en un desarrollo económico con visión global.

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