Romper las barreras

Guatemala necesita un sacudón político para derribar las viejas estructuras.

 El sistema creado por las organizaciones criminales ensartadas en la institucionalidad del Estado guatemalteco –incluido el núcleo formado por el presidente y sus ministros- les permitirá continuar cometiendo actos de corrupción en tanto no exista una oposición ciudadana capaz de romper el cerco de la impunidad. Para ello, resulta indispensable derribar las barreras del miedo y la indecisión, así como asumir que sin participación y exigencia desde el ámbito civil solo se consigue ceder espacios de poder con la consiguiente pérdida de oportunidades de desarrollo para el país.

Algo al parecer incomprendido por la población urbana y ladina es el poder de la unidad y la necesidad urgente de un trabajo conjunto desde distintos sectores para construir objetivos comunes a toda la ciudadanía, sin excepción alguna. Las estrategias divisionistas de quienes se han aprovechado históricamente de los beneficios y las riquezas nacionales han dado resultados y crearon una nación fragmentada en constante enfrentamiento, permeada por prejuicios racistas y conflictos de clase. Justo el cuadro ideal para dominar económica y políticamente a todo un país.

Tanto como un ejercicio de unidad nacional, es importante comenzar un proceso de análisis de todo el marco jurídico cuyos resquicios han permitido la clase de abuso extremo presente en el gobierno actual y en las anteriores administraciones. El saqueo y las negociaciones ilícitas (pero legales) han debilitado a tal punto la integridad del Estado y sus recursos, que para recuperar lo perdido se necesitarían varias generaciones de gobernantes abiertamente revolucionarios. El subsuelo y sus riquezas, vaciados con total impunidad por compañías extranjeras asociadas con empresarios guatemaltecos que han vendido a su patria para enriquecerse a niveles obscenos, constituye un bien colectivo cuya explotación debería estar sujeta a procesos de consulta nacional y sistemas transparentes de gestión.

Los acontecimientos recientes, entre ellos la inconcebible actitud del gobierno guatemalteco frente a la separación de las familias en la frontera estadounidense y su perversa indiferencia ante la tragedia humana derivada de las erupciones del volcán de Fuego marcan, sin lugar a dudas, un límite a la pasividad de la ciudadanía y ponen de manifiesto la necesidad de sacudir de una vez por todas el complejo de “subordinación a la autoridad”, especialmente cuando esa autoridad ha dejado de serlo para transformarse en el peor de los enemigos de la nación y sus habitantes. Lo mismo sucede respecto de un sistema económico basado en los moldes medievales de explotación de los más pobres para beneficio de los más ricos.

Guatemala posee todos los atributos para salir del actual estado de colapso político y económico. Tiene ciudadanos de enorme valía, cuyas capacidades bien aprovechadas representarían un nuevo renacer. Pero eso exige un esfuerzo ciudadano para romper barreras, recuperar cuotas de poder, cerrar divisiones étnicas y comprender que sin unidad será virtualmente imposible enfrentar a las mafias enquistadas en el Estado.

Las nuevas generaciones de guatemaltecos merecen ese esfuerzo y mucho más para dejar de ser las víctimas de un país que los expulsa de su tierra y los empuja a enfrentar las vicisitudes de una emigración tan injusta como peligrosa. Guatemala es un país rico y podría ofrecer a sus habitantes un futuro promisorio, para ello bastaría un compromiso de quienes, con la capacidad y ética necesarias, pueden erradicar los males que hoy la tienen en la lista de los países peor catalogados.

Las nuevas generaciones merecen un esfuerzo ciudadano real y concreto.

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“Si se entera, me mata”

Cuando las relaciones están teñidas de miedo, cuando el “otro” es tu peor enemigo.

¡Cuántas veces escuché esa frase, pronunciada al pasar…! “Si él se entera, me mata”. Casual como si el hecho de una amenaza de ese calibre formara parte de la rutina cotidiana, millones de mujeres en el mundo viven bajo la sombra de una dictadura conyugal considerada por muchas personas –hombres y mujeres- como parte de una realidad inevitable, avalada por la costumbre. Expresiones similares aparecen cuando se platica con profesionales de la salud, acostumbrados a ver casos de mujeres impedidas de utilizar métodos de control para evitar embarazos no deseados porque sus parejas lo prohíben, o aquellas deseosas de continuar con su educación pero impedidas de hacerlo porque su potencial independencia económica significaría un desafío contra la autoridad del marido.

No me refiero al siglo diecinueve sino a estos tiempos, tan restrictivos para la mujer como aquellos. Por supuesto, hay avances y muchas compuertas han caído bajo la presión feminista, pero muchas también se resisten a caer. Como por ejemplo, el derecho de las mujeres a una educación plena y de calidad, no solo en temas de salud sexual y reproductiva sino en todos los campos del saber. Las restricciones impuestas para impedir la educación de niñas y adolescentes para condenarlas a una vida de servidumbre se mantienen idénticas a las reinantes durante la época de la Colonia. De hecho, Guatemala aún conserva esos lejanos modelos de vida en muchos aspectos, casi todos ellos en detrimento de la calidad de vida de quienes por ser menos privilegiados se ven obligados a servir a otros, en condiciones de explotación.

De este sistema injusto derivan prejuicios de una injusticia intolerable para la mayoría de mujeres, cuya vida depende de decisiones tomadas dentro de un pensamiento patriarcal que las relega a la categoría de objetos para reproducción, servicio doméstico (en todos los círculos sociales, sin excepción), decoración y entretenimiento. Los parámetros de la sexualidad femenina han sido marcados por hombres acostumbrados a mandar porque asumen que las mujeres están supuestas a obedecer. De hecho, esta “orden suprema” persiste en las ceremonias del matrimonio religioso.

En este marco en extremo conservador se inserta uno de los debates más intensos: el derecho al aborto. Un tema de enorme trascendencia para millones de mujeres alrededor del mundo, cuyos avances en términos de legislación han costado tiempo, vidas humanas, campañas intensas de uno y otro lado del espectro, pero también el ejercicio constante de analizar con visión humanitaria y perspectiva social el drama cotidiano de mujeres enfrentadas a un embarazo no deseado.

El aborto representa no solo una ruptura de los mandatos de las doctrinas religiosas más extendidas en el mundo, sino una especie de amenaza a la autoridad patriarcal, uno de cuyos pilares es su capacidad reproductiva. De ahí el comentario de una mujer ante la pregunta de un profesional de la salud sobre por qué no usaba anticonceptivos: “Si él se entera, me mata”. En esta especie de orden suprema, mezcla de mandato divino con potencia del instinto reproductivo, las mujeres constituyen el centro de la atención y de las prohibiciones desde todos los ámbitos.

Este poder restrictivo de enorme fuerza social ha representado un enorme obstáculo para que la mujer posea el control absoluto sobre su cuerpo y sus decisiones en términos de concepción y maternidad. En esta lucha y en un mundo que no cesa de agredirlas sexualmente, las niñas, adolescentes y mujeres adultas siguen estando en el último lugar de la lista del goce irrestricto de sus derechos humanos. Es hora de avanzar.

Un mundo restrictivo contra los derechos de las mujeres, un mundo anclado en el pasado.

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Estimado Eduardo:

Su carta es el testimonio de cuánto sufrimiento es posible infligir en un ser indefenso.

Leo sus palabras y me vienen a la mente las devastadoras imágenes de tantos miles de niñas y niños silenciados y sometidos al poder de un padre abusador. No es un cuadro excepcional y esa, no cabe duda, es la parte más triste de la historia. Pero nadie quiere aceptarlo porque eso representa el quiebre definitivo de la unidad familiar. Una unidad solo presente como parte de una utopía, un deseo inconsciente de negar lo malo para aferrarse con uñas y dientes a una estabilidad tan falsa como perversa.

Usted me cuenta su experiencia y puedo imaginar el dolor acumulado durante años. Es como una mancha imborrable en el pasado de tantas víctimas inocentes sometidas a abuso sexual por quien debería ser su protector. Es perceptible en sus palabras ese sentimiento de impotencia y repugnancia del cual es imposible escapar porque a lo largo de la vida surge una y otra vez, como una especie de maldición tan inmerecida como devastadora.

Lo más triste, Eduardo, es el silencio de los demás. Saben y callan porque de eso no se habla, porque el poder patriarcal es tan imponente como para someter al conjunto en una complicidad sucia y contaminante, en la negación tácitamente aceptada para ocultar un hecho criminal capaz de destruir la vida de un infante. Pero me cuenta en su carta de sus intenciones de enfrentarlos uno por uno porque es parte de su terapia de sanación. He de decirle que es un acto muy valiente, perderá la estima de algunos pero quizá logre evitar la cadena de abuso contra sus hermanos menores quienes, usted lo dice, sin duda experimentan el mismo drama.

Usted no imagina cómo un testimonio tan íntimo pueda ayudar a otros a liberarse de ese terrible círculo de violencia, pero su efecto liberador es un hecho. Por lo general, las víctimas sienten la vergüenza que debería sentir el perpetrador y callan por temor a las consecuencias de una denuncia tan devastadora, pero sobre todo por el temor a no ser escuchado o sufrir una especie de exilio emocional por parte del grupo familiar y las demás personas de su entorno social. A lo largo de los años el silencio se vuelve una carga pesada, manifestándose de mil modos diferentes en sus relaciones con la sociedad y también con sus parejas sentimentales, ante quienes abrir esa caja de Pandora resulta una tarea psicológicamente extenuante.

Imagine, Eduardo, cuántos niños y niñas viven esa pesadilla sin posibilidad alguna de escapar de ella porque cuando denuncian nadie les cree. Imagine a esas niñas embarazadas por su padre, por su abuelo, por su tío o por cualquier hombre con suficiente poder para agredirlas sin temor a las consecuencias y sentenciadas por el Estado y la sociedad a una maternidad cruel e injusta. Comprenda, Eduardo, el alcance de su arrojo para enfrentar a quienes debieron protegerlo durante su niñez y vea este acto de reivindicación como un ejemplo para muchos como usted. El periplo familiar que intenta realizar lo colocará del lado de los hombres y mujeres cuyo valor impulsa indefectiblemente un cambio de visión sobre el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes alrededor del mundo.

Personas como usted, Eduardo, pueden hacer la diferencia con el solo hecho de denunciar y, con ese acto, destruir el silencio alrededor de uno de los delitos más devastadores del catálogo criminal, no solo por lo ruin y solapado, sino por la manera como convierte al hogar –un reducto de protección y amor- en la sede del infierno. Quizá más víctimas sigan su ejemplo y se liberen por fin de ese dolor callado y constante.

Gracias por eso.

El abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes es un crimen perverso, cruel y devastador.

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Los genios perdidos

Para ver brotar talentos como el de Yahaira Tubac es necesario cambiarlo todo.

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La elección del presidente del organismo legislativo es un ejemplo ilustrativo de cómo en Guatemala no se premian el talento, la experiencia, la capacidad y la ética sino el poder del dinero. Claro como el agua. Al otro extremo está esa población obligada a buscar sus propias respuestas para salir del abandono y la miseria a la cual la condena un sistema depredador e injusto. Por allí, en la lejanía institucional de la Guatemala profunda –como gustaba decir alguien que ya olvidé- apareció esta niña prodigio, la pianista de 7 años Yahaira Tubac quien interpreta con una precisión asombrosa obras de Mozart y Beethoven. Yahaira fue gestada y criada con amor y educada con una sensibilidad excepcional a pesar de haber llegado a una familia de escasos recursos, alejada de los centros en donde se cuecen los privilegios. Es la prueba viva de cuán fácilmente perdemos la ruta del desarrollo cuando prevalecen, en las altas esferas, la negligencia y la ignorancia. Pero también retrata cómo un mínimo acceso a las artes universales puede transformar la vida y el destino de un ser humano, a cualquier edad.

Esas altas esferas, no por altas calificadas ni capaces, deciden el destino de la niñez de este país marcado por las carencias. Desde los despachos oficiales se recortan y reparten los dineros pertenecientes a la población. Se decide, por ejemplo, cuáles asignaturas formarán parte del pensum escolar y a cuáles condenarán a la pobreza. Estas políticas educativas, sin embargo, han sido la marca de identidad desde hace mucho y se reflejan no solo en la infraestructura miserable de las escuelas a nivel nacional, también en el desprecio por la cultura y el arte expresado de todas las maneras posibles por las clases política y económica.

Las razones sobran: las nuevas generaciones ya vienen con un código de barras en el ombligo destinadas, no a sobresalir en el mundo gracias a sus distintos talentos, sino a servir a las clases dominantes como mano de obra barata, muy barata, no vaya a ser que el país pierda competitividad. Y las niñas, niños y adolescentes pasan por un rasero castrador de genios, emparejador hacia abajo para evitar la terrible amenaza de los liderazgos comunitarios. Eso, considerado una especie de política pública pergeñada en alguna oficina ministerial, y no necesariamente con una visión de futuro, sino con una instrucción de más arriba para no perder la perspectiva de la línea trazada por los centros de poder económico.

¿Cuántas Yahairas podría tener Guatemala si desde mucho antes de nacer ya tuvieran un lugar protegido y enriquecedor en el cual crecer y desarrollarse? ¿Es que acaso somos tan escépticos que dudamos hasta de la posibilidad de ver surgir decenas de niños prodigio llenos de potencial? Triste cosa es una sociedad que no crea en sí misma hasta el punto de aceptar los tijeretazos oficiales a la educación de sus descendientes, quizá creyendo en las buenas intenciones de sus gobernantes. Más triste aún es resignarse a la respuesta obligatoria -“no hay presupuesto”- a sabiendas de su falsedad.

A la niñez se le ha negado todo y las consecuencias son devastadoras: reducción de la talla y el peso, desnutrición crónica, pérdida de capacidades intelectuales, muerte temprana y alta vulnerabilidad a enfermedades prevenibles. Por encima de ese castigo, la violencia física, sexual y psicológica a la cual los enfrenta un sistema inclemente con la población más pobre, condenándola a luchar desde cualquier trinchera para sobrevivir.

Como Yahaira, también la cantante kaqchiquel Sara Curruchich demuestra cuán posible es vencer las barreras para proyectarse al mundo como un ejemplo de talento y cultura, a pesar de los pesares.

Los obstáculos al surgimiento de talentos excepcionales tiene origen en políticas discriminatorias y racistas.

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La amenaza de un pueblo educado

Para evitar una fiscalización del quehacer público, se torpedea la nave del conocimiento.

La estrategia no puede ser más transparente: restar a la educación y abonar al ejército. Es decir, preparar las condiciones para la perfecta dictadura. En medio queda el juicio ciudadano, el cual a los grupos en el poder les sirve como tapiz para limpiarse la suela de los zapatos. En realidad, la calidad educativa en Guatemala ha experimentado los embates del más feroz sistema político-económico del que se tenga registro. Los estudios de organismos internacionales y nacionales no pueden evitar poner en evidencia las deficiencias de este pilar fundamental para la calidad de vida y así aparecen los vergonzantes indicadores sobre baja escolaridad, abandono escolar, analfabetismo y pobres resultados en las pruebas del sector académico.

Como si la escasez de material didáctico moderno, así como los obstáculos para la preparación profesional de maestros y catedráticos no fuera suficiente, también está la infraestructura ruinosa de escuelas e institutos públicos, carentes de lo más elemental para realizar una jornada digna y productiva. Algunos carecen de pupitres, otros de servicios sanitarios y las niñas, niños y adolescentes que acuden a ellos son obligados a soportar los rigores del clima y las malas condiciones de sus establecimientos educativos.

Sumado a todo ello está la actitud adversa de muchos padres de familia a la educación de las niñas, a quienes por costumbre relegan a las labores domésticas o del campo, condenándolas de ese modo a un futuro de privaciones, maltrato, sumisión y escasez de oportunidades. Es decir, un contexto en el cual no tienen modo alguno de escapar a toda una vida de servidumbre. El sistema, si es que así puede llamarse a la carencia de principios, reduce las perspectivas de desarrollo de las nuevas generaciones, pero también las del país en su conjunto.

El sector educativo, empezando por su ministerio y pasando por sus sindicatos, ha sido un protagonista principal en todos los planes de gobierno. Sin embargo, su protagonismo se ha orientado hacia objetivos ajenos a brindar a la población estudiantil un sistema blindado contra las manipulaciones políticas y del sector económico. La educación sigue acatando instrucciones de entidades religiosas y de empresarios cuya idea de educación consiste en generar cuanta mano de obra barata sea posible, sin reparar en el daño que eso ocasiona a un sector tan importante como la niñez y la juventud, pero también al país en general.

Por el contrario, el pequeño segmento de altos ingresos goza de todos los privilegios por ser heredero de la cúpula económica gobernante y, aunque cuenta con acceso abierto a una educación de primer nivel, esta rara vez se refleja en una modernización del quehacer público y mucho menos en una humanización de sus políticas. Más bien queda plasmado en una mayor concentración de la riqueza y la consiguiente profundización del abismo que lo separa del resto de la población.

El desarrollo de un país es imposible sin un pueblo educado y consciente de la importancia de su participación en la vida pública. Para hacer esto posible, todo el esfuerzo del Estado se debe enfocar a proporcionar las condiciones ideales para dar acceso a las aulas a toda la población infantil sin excepción alguna; crear institutos técnicos y vocacionales para restar fuerza al poder del crimen organizado; romper el estereotipo sexista y trabajar a nivel de las familias para evitar la discriminación contra las niñas y, por último, elevar la calidad del profesorado ofreciendo capacitación y mejores salarios en el marco de una institucionalidad sólida y transparente.

La educación es la piedra fundacional de una sociedad desarrollada, equitativa y justa.

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Las extrañas rutas de la fe

Basta el transcurso de algunos años para que los ángeles se conviertan en demonios.

Tan buena, correcta y supremamente piadosa esa sociedad cuya prioridad ha sido proteger la vida desde la concepción. La defensa del óvulo fecundado se ha transformado en una bandera de batalla contra todo intento de reformar la ley y hacerla más humana, sin reparar en las inmensas desigualdades que enfrenta la mayoría de la población, especialmente las niñas, niños, adolescentes y mujeres privados de recursos y ante un destino incierto. Cuando esos embarazos no deseados o provocados por incesto y violaciones traen niños al mundo, estos llegan en total desventaja: desnutridos y rechazados. Pronto crecerán abandonados y, con el transcurrir del tiempo, se transformarán en niñas, niños y jóvenes privados de educación y oportunidades. Entonces, esa misma sociedad que los defendió con tanto ardor, exige para ellos el más cruel e injusto de los castigos: la pena de muerte.

Es oportuno, entonces, recordar los principios expresados en la Declaración de los Derechos del Niño aprobados por la ONU hace 58 años, ampliada en 1989 con la Convención de los Derechos del Niño y la Niña en la cual se les reconoce como sujetos de derechos, siendo ambas de observancia obligatoria por todos los Estados signatarios. En ambos textos están explícitos los derechos a la igualdad, a la dignidad y a la protección para el desarrollo físico, mental y social; el derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento; el derecho a alimentación, vivienda y atención médicos adecuados; el derecho a educación y tratamiento especial para quienes sufren alguna discapacidad mental o física; el derecho a la comprensión y al amor de los padres y la sociedad; el derecho a actividades recreativas y a educación gratuita; el derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia; el derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación; el derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal.

Ahora miremos hacia el interior, aquí a la vuelta de la esquina, en donde niñas, niños y adolescentes son tratados como “material desechable” en una comunidad humana indiferente al destino de sus nuevas generaciones. Ejemplo paradigmático ha sido el escenario del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en donde después de la horrenda muerte de 41 niñas internas en ese siniestro lugar administrado por el Estado no solo no ha habido ninguna reacción de las entidades responsables para dar seguimiento y reparación a las familias afectadas, sino continúan desapareciendo internos de esos centros de reclusión.

Veamos cómo los adolescentes bajo resguardo del Estado y abandonados por su familia, al llegar a la frontera de la mayoría de edad son arrojados de estos “hogares seguros” a la calle sin ninguna protección, carentes de todo recurso para ganarse la vida. Entendamos el mensaje implícito en ese acto despiadado, gracias al cual las redes de trata y las organizaciones criminales se aprestan para reclutarlos como prostitutas, sicarios, esclavos o pandilleros, distribuidores de droga o recolectores de extorsiones. Es imperativo hacer un examen de conciencia para determinar cuál ha sido nuestro papel en esta absurda cadena de errores y contengamos las reacciones irracionales, como la exigencia de una limpieza social que solo revela nuestra absoluta falta de conocimiento de la realidad en la cual sobreviven estas niñas y niños. La tan mentada fe cristiana deja de tener sentido cuando se es capaz de manifestar odio y desprecio por las víctimas y, en un gesto de incomprensible crueldad, se delega todo el poder en sus victimarios.

La niñez es una etapa vulnerable y entraña enormes riesgos. No debemos abandonarla.

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Feminicídios: Uma carga muito pesada – Diálogos do Sul

http://operamundi.uol.com.br/dialogosdosul/feminicidios-uma-carga-muito-pesada/13122017/

Feminicídios: Uma carga muito pesada – Diálogos do Sul

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Las sospechosas de siempre

Entre las múltiples agresiones enfrentadas por las mujeres, está esa duda constante…

Tenía 18 años y un embarazo complicado. Doloroso y cargado de riesgos. Mi médico luchó por evitar un aborto, pero al final terminó llevándome al hospital a punto de morir desangrada. Era finales de los años sesenta en un país conservador apegado a la iglesia como la manera más sólida de validar sus prejuicios, y las instituciones del Estado no se libraban de esa visión fundamentalista. Recuerdo muy bien la mirada de la enfermera que me recibió en la sala de emergencia: dura, inclemente, acusadora, cargada de desprecio… “¿te lo provocaste, jovencita?”. La rabia y la impotencia de la agresión en un momento tan crítico para una mujer como es perder un embarazo, es inimaginable. La imposibilidad de defenderse cuando estás más vulnerable que nunca y dependes de otros, de su atención profesional y objetiva, de su empatía, de su sensibilidad humana, se agolpa en la garganta impidiendo pronunciar palabra.

Recordé este episodio casi olvidado pensando en cuánta violencia enfrentan las mujeres en Guatemala y otros países de la región y el mundo, en todos los estadios que rodean su vida sexual y reproductiva. Víctimas de un sistema patriarcal tan inclemente y duro como la enfermera de mi historia, cualquier manifestación relacionada con su capacidad reproductiva es objeto de duda y desconfianza. Las mujeres somos sospechosas desde el nacimiento y, a pesar de cuánto hemos avanzado en la defensa de nuestros derechos, esa nube gris posada sobre nuestra cabeza permanece inalterable. Es así como miles de mujeres alrededor del mundo sufren condenas de prisión por haber abortado, no importando si la pérdida fue voluntaria o espontánea, porque la culpa se instala a priori sin mayor investigación.

Este castigo, injusto pero tolerado por amplios sectores de la sociedad, se aplica con especial saña contra las mujeres más pobres, aquellas cuya falta de información y acceso a los servicios de salud y educación las condenan al silencio y a la resignación. Para ellas hay violencia incluso cuando dan a luz, porque ese procedimiento se realiza en las condiciones sanitarias menos apropiadas, enfrentando en cada parto un peligro de muerte. El Estado, cuya obligación es proporcionarles una atención digna y adecuada, está ausente para la mayor parte de ese sector de escasos recursos y, por ende, condenado a embarazos y partos de alto riesgo.

La actitud de desconfianza está también firmemente instalada en el momento de denunciar una violación sexual, favoreciendo la impunidad de quienes cometen este vil crimen contra niñas, niños y mujeres adultas. Considerada por algunos como “una falta” cometida bajo la influencia del alcohol, las drogas o el “entusiasmo del grupo”, la violación sexual representa una de las mayores amenazas contra la integridad física y psicológica de millones de mujeres alrededor del mundo. Sin embargo es a ellas a quienes se les exige revivir el episodio una y otra vez, ilustrando los detalles de su dramática experiencia frente a policías, investigadores y juzgadores insensibilizados por un sistema permisivo y machista.

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han sido ignorados de manera deliberada por aquellos Estados sometidos a las presiones de la iglesia, pero sobre todo aliado de un sistema político y económico que mantiene a la población en la ignorancia, desinformada y sumisa con el fin de impedirle alcanzar el empoderamiento ciudadano indispensable para exigir el respeto de todos sus derechos. En este escenario, las mujeres enfrentan la doble tarea de romper los estigmas y demandar justicia.

Las mujeres no son ciudadanas de segunda sino parte fundamental y muy valiosa de la sociedad.

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Los azotes del imperio

Las libertades democráticas son el mito creado para sostener la zanahoria en el palo.

Aquí y en todos los países en vías de desarrollo se hace lo que convenga a las grandes compañías multinacionales y a los objetivos geopolíticos de un puñado de Estados en los cuales éstas asientan sus reales. De ahí las guerras bélicas, económicas y mediáticas contra países ricos en materias primas o recursos energéticos, cuyos líderes han osado rebelarse contra el mandato de esos centros de poder desde los cuales emanan las directrices políticas impuestas a los gobiernos. El imperio -siempre se ha sabido- no perdona las defecciones y, cuando surge alguna, la combate con mano de hierro.

He vivido lo suficiente como para haberlo visto una y otra vez en los abundantes golpes de Estado y en los documentos desclasificados en donde se revelan, al cabo de los años, los verdaderos motivos detrás de esos crueles operativos antidemocráticos. Es tan hábil la estrategia imperialista como para esperar al paso de una generación, contando con la ignorancia de la siguiente respecto de sus intenciones. Y así la pobreza y el subdesarrollo se instalan como algo connatural a nuestra manera de vivir.

Lo acontecido en Honduras no escapa a este esquema de dominación. Estados Unidos y sus aliados no quieren más gobiernos progresistas, mucho menos cuando éstos pretenden consolidarse con el voto democrático en una región tan cercana a sus fronteras. Para ello le sirven los ejércitos financiados y entrenados como feroces guardianes de sus intereses políticos y económicos, equipados con todo el arsenal necesario para someter cualquier intento de manifestación ciudadana. El silencio de la comunidad internacional respecto de la represión en Honduras y el fraude electoral que ha provocado el estallido ciudadano, sin duda responde a consignas tajantes del Departamento de Estado, desde donde se gobierna la mayoría de nuestros países. Los observadores internacionales, entonces, algunos de los cuales proceden de países vecinos, terminan siendo meros espectadores del operativo en un silencio que, por cómplice, se aproxima a lo criminal.

Para los demás países de la región el panorama hondureño es un cuadro de costumbres; es el recuerdo de lo vivido una y otra vez en carne propia, siempre con la excusa del resguardo de las “libertades democráticas”, “la protección del estado de Derecho”, “el imperio de las garantías constitucionales” y cuanta poesía se les ocurra para acallar las eventuales protestas y consolidar el estatus. El entramado apretadísimo de intereses corporativos con las políticas internas de nuestras naciones ha sido una constante durante siglos, con el conveniente resultado de mantener en el imaginario social el miedo al fantasma del comunismo y la aceptación tácita de la explotación y la pobreza como realidades inevitables implícitas en ese concepto abstracto e indefinido llamado democracia.

¿Qué sucederá en los demás países de la región cuando les toque el momento de elegir autoridades? ¿Acaso coinciden los eventos de Honduras con el incremento inexplicable de los presupuestos militares en países vecinos? El futuro mediato es como una nube negra plagada de amenazas. De ahí la importancia fundamental de combatir la corrupción y depurar a las instituciones, elementos clave para la recuperación del equilibrio político de los países centroamericanos.

Es imperativo entender que la violencia y la miseria en las cuales se hunde la vida de nuestros países no son naturales, responden a estrategias bien pensadas para mantener a la población en silencio, temerosa y sumisa. Será a ella, entonces, a quien le corresponda romper el hechizo.

La pobreza no es algo natural a lo cual acostumbrarse. Es estrategia: política y económica.

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El mito de la civilización

A propósito de la violencia contra las mujeres, también están el racismo y la exclusión.

Si nos detenemos a analizar con los ojos bien abiertos nuestro entorno y más allá, es probable que deseáramos pertenecer a una especie distinta. Una noble, una que se desarrolle en armonía con la tierra, incapaz de hacer lo que los humanos hacemos a diario: matar por placer, sin más razones que el hecho de poder hacerlo; acabar con nuestro entorno natural porque nos convencieron de ser superiores a todo y de detentar el poder para disponer de él a nuestro antojo. Así es como hemos llegado al extremo de carecer de lo más esencial: la sensibilidad y la conciencia.

Nuestro concepto de civilización, esa palabra tan ambigua como engañosa, es algo muy distinto de su significado real, el cual aludía al conjunto de ideas, creencias, artes y costumbres característicos de un conjunto humano determinado. En la realidad, su significado ha variado hacia la capacidad de enriquecimiento de unos a partir de la explotación de otros. En el léxico de la lucha de poderes entre gigantes por la consolidación de sus privilegios, significa la imposición; la capacidad de obtener sin dar a cambio y, por encima de todo, el poder de subyugar a los más débiles después de llevarlos casi a la extinción.

Resulta saludable repasar –como uno de los ejemplos más ilustrativos- la trágica historia del continente africano a partir de las invasiones europeas, la explotación irracional y sanguinaria de sus recursos humanos, minerales y naturales en un afán expansionista cuyo saldo fue la pérdida de identidad de sus habitantes, la esclavitud, las guerras de exterminio, las enfermedades y el hambre. Una estrategia aplicada contra nuestros países latinoamericanos con similares resultados en la imposición de dictaduras, abolición de libertades políticas y la devastación de las riquezas naturales para incrementar el poderío de compañías multinacionales protegidas por los Estados más poderosos del planeta.

Dentro de este escenario, la violencia de género está implícita en la fórmula para anular cualquier intento de cambiar las reglas del juego, evitando que una mitad de la población tenga igual poder que la otra. Las mujeres, tanto por nuestra capacidad reproductiva como por el papel central del segmento femenino en la organización social a partir del núcleo de familia, entramos en un esquema mucho más amplio de dominio y en el cuadro general constituimos un “bien” al cual resultaría riesgoso cederle capacidad de decisión en los campos económico, social y político.

Este esquema de poderes se ha perpetuado a lo largo de generaciones. Los importantes avances en la lucha feminista son pálidos comparados con lo que falta por conquistar. El voto femenino, por ejemplo, un derecho negado por generaciones, representó siempre una amenaza contra el patriarcado, como también lo fue el derecho al trabajo y a la salud reproductiva. En países como los nuestros, con sus centros de poder atado a las normas de la iglesia y a los estereotipos sexistas de la época colonial, los derechos de la mujer continúan bajo un absurdo y criminal embargo político, pero no solo eso las afecta. También su destino como un “producto” para el contrabando a través de poderosas redes de trata, trabajo forzado, esclavitud.

La idea de una civilización como fuente de riqueza moral, ética, intelectual y científica ha sido sustituida por un esquema basado en la riqueza material concentrada en una esfera de poder carente de visión humanitaria y de valores. Volver a plantear su significado a la luz de un humanismo real es otra de esas locas utopías y en ella las mujeres jugamos un importante papel.

Los avances tecnológicos no son la única muestra de avance cuando hablamos de civilización.

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Fuente: www.carolinavasquezaraya.com

 

Una carga muy pesada

No te quejes si te violan, si te acosan, si te matan. La culpa siempre es tuya…

Cuando un líder de la Iglesia Católica adjudica a las mujeres la culpa por la violencia ejercida en su contra lanza un poderoso mensaje a la sociedad. Lo dicho por el cardenal Juan Sandoval Iñiguez al afirmar durante una entrevista en Canal 44 de México que los feminicidios perpetrados en ese país se deben a la “imprudencia de las mujeres” es un peligroso aval favorable a quienes cometen esa clase de crímenes. Este comentario podría parangonarse al manejo noticioso de ciertos medios de comunicación que insisten en calificar el feminicidio como crimen pasional.

El cardenal debería conocer la patológica anormalidad de la situación de violencia contra la mujer mexicana y de cualquier otra latitud. El prelado tiene la obligación de reflexionar desde una perspectiva humana y espiritual, si es que su mentalidad patriarcal se lo permite, con el objetivo de comprender que ese afán por convertir a la mujer en la única responsable de la violencia a la cual se enfrenta no es natural ni aceptable en las relaciones entre personas de distinto sexo.

Cuando el representante de una institución tan poderosa e influyente en nuestros países como la Iglesia Católica se permite emitir opinión sobre algo tan complejo y trágico como la violencia criminal contra niñas, adolescentes y mujeres, compromete de hecho la legitimidad de su investidura. El cardenal Sandoval Iñiguez emite una sentencia de culpabilidad contra todo un sector mayoritario de la sociedad al mezclar conceptos atávicos y consignas moralistas, con lo cual termina por justificar a los perpetradores como si su comportamiento fuera parte de una masculinidad normal y permitida en la sociedad y, de paso, poniendo el dedo sobre sus víctimas subrayando así los parámetros sociales de discriminación.

El papel de las instituciones religiosas debería experimentar una revisión y actualización urgentes para ponerse a la par de otras instancias enfocadas en la promoción de la igualdad, el respeto por los derechos humanos de la población más afectada por la violencia, la injusticia y la pobreza. Dejar de predicar desde las alturas de sus privilegiadas posiciones para bajar al terreno llano y ponerse a la par de sus seguidores. Comprender, por fin, cuáles son los motivos profundos de la violencia de género y contribuir a erradicarlos, porque entre sus feligreses también hay hombres convencidos de su derecho para ejercer la violencia en casa contra su familia, hay violadores, pederastas, acosadores sexuales y asesinos.

Como líderes espirituales, deberían ser los primeros en exigir la implementación de programas completos y bien diseñados para extender en todos los sectores de la sociedad la educación sexual desde la infancia, garantizar a la población femenina el acceso a una educación de calidad y romper los paradigmas de exclusión y discriminación de género que suelen marcar las relaciones dentro de los ámbitos familiar, laboral y social. Desde sus púlpitos, un mensaje de solidaridad, empatía y justicia sin sesgos sexistas representaría un golpe de timón de gran impacto para nuestras sociedades tocadas por la tragedia feminicida.

Para las mujeres, la condena implícita en el comentario del cardenal es una carga muy pesada sobre sus hombros. Es tan injusta como irresponsable, sobre todo cuando este prelado ejerce su misión en uno de los países con los mayores índices de feminicidio del mundo. Un país, además, en donde la mayoría de la población es profundamente creyente y necesita una guía graníticamente comprometida con los derechos humanos.

El papel de los líderes espirituales es ponerse a la par de sus feligreses, no en su contra.

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Los juegos de la mente

Los humanos poseemos un mecanismo de adaptación que nos salva o nos arruina.

No dejo de maravillarme cada vez que alguien intenta justificar el estatus actual en Guatemala, como si esperara la aparición de algún fenómeno mágico capaz de transformarlo y, de paso, responsabilizando a las víctimas por la imperdonable situación de marginación, hambre y discriminación en la cual viven: “es que se reproducen como conejos”, “es que el problema reside en la sobrepoblación”, “es que si se aplicara la pena de muerte esto cambiaría”, “es que las mujeres no educan a sus hijos”… Actitudes especialmente recurrentes en personas cuyo nivel de educación está por encima de la media, con posibilidades de incidir en cambios sustantivos de un sistema política y económicamente caduco, un sistema cuyo efecto más notable es la división de la sociedad entre unos pocos ricos muy ricos y una inmensa mayoría de pobres muy pobres.

Por lo general, estos comentarios carecen de un respaldo documental, más que esa ‘sensación’ de estar en lo cierto. En sentido contrario: lo documental, las investigaciones académicas, los avances en el estudio de los fenómenos sociales y económicos de las últimos décadas en Guatemala revelan otra cosa muy diferente y dejan al descubierto las enormes injusticias que padece más de las tres cuartas partes de la población. Adjudicar a las víctimas del sistema la culpa de la violencia, la desnutrición (“solo les dan tortillas a sus hijos, así cómo van a desarrollarse…”) y otras profundas carencias padecidas por los sectores más pobres, es un acto de infinita maldad e ignorancia.

En días recientes se han producido violentos desalojos y familias enteras han quedado a la intemperie sin alimentos, sin techo sobre sus cabezas, con niños y ancianos soportando el frío de la noche. Eso, para proteger los intereses de individuos y empresas cuyas fortunas han sido amasadas a la sombra de la corrupción y los privilegios. Este es solo un ejemplo de la injusticia, pero como este hay muchos: fuentes hídricas –ríos y lagos- impunemente contaminadas por desechos industriales; periodistas asesinados, amenazados o capturados por denunciar actos de corrupción de empresarios, autoridades y redes criminales; obras inconclusas y abandonadas; pactos legislativos cuyo objetivo es callar a la prensa, amordazar a la población y garantizar la impunidad por crímenes cuyas consecuencias, entre otras, es la muerte por desnutrición, los asesinatos de mujeres, la muerte materna y, por supuesto, la criminalización de las protestas ciudadanas.

Pero la mente juega de manera perversa con nuestro instinto de conservación, neutralizando el impacto de las agresiones para no experimentarlas con toda la fuerza de la conciencia. De este modo, las personas se refugian dentro de su ámbito más cercano, en su ilusión de inmunidad contra una realidad abrumadoramente poderosa y continúan en su quehacer cotidiano hasta que la violencia los alcanza. Y la violencia, hipotéticamente, los alcanzará; si no de manera directa, lo hará por medio de experiencias en su círculo familiar o laboral, a través del temor de caminar por las calles, detenerse ante un semáforo en rojo o ver aproximarse a un hombre en una motocicleta.

Si analizáramos con la mente muy atenta los alcances de la distorsión de nuestro sistema de vida y de valores, quizá veríamos cómo lo patológico se ha vuelto natural, cómo nos acomodamos para no confrontar una realidad dolorosa por injusta, por viciosa, por macabra. Cómo hemos adoptado a las redes sociales para hacer de ellas un instrumento de catarsis, tan estridente como ineficaz para incidir de manera seria y contundente en un estado de cosas rayanas en el surrealismo más extremo.

De nada sirve la protesta si no está articulada por una organización que le aporte consistencia.

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Los excesos del poder

En los países menos desarrollados la ciudadanía vive en irremediable estado de frustración.

El sistema en el cual se mueven las fuerzas del país bajo la influencia de capitales internacionales genera un círculo vicioso. Es el caso de Guatemala, en donde ese círculo resulta inquebrantable y anula toda posibilidad de construir un ambiente propicio capaz de generar una fuerza ciudadana efectiva contra un sistema que solo beneficia a ciertas élites.

Este sistema política y económicamente depredador no solo afecta a los sectores más pobres ni está enfocado únicamente en detentar el monopolio de las decisiones: es tan perverso como para haber conservado un tinte de democracia cuando sus estructuras están diseñadas para nunca ceder espacios a la auténtica participación ciudadana. Para ello, ha creado un entramado de leyes-candado favorables a la perpetuación de un estatus propicio para gobernar al país al gusto y preferencia de un sector específico, minoritario pero abrumadoramente poderoso.

Los obstáculos contra la participación política de sectores tan importantes como los de mujeres y pueblos originarios entran en el modelo tradicional de monopolización del poder, ya que uno de los objetivos de ese modelo político es, precisamente, impedir el desarrollo de una ciudadanía involucrada en la gestión pública. De ahí que las reformas a las leyes que definen el sistema electoral y de partidos políticos dependan de quienes se benefician de ellas y marginen por completo las aspiraciones de la población por una democracia real e incluyente.

Una de las consecuencias del monopolio del poder en un círculo de corrupción y privilegios, sumado a la ausencia de calidad de la gestión pública, es la marginación de la niñez y la juventud como una estrategia de dominación. La táctica de privar a este sector de acceso a la educación y relegarlo en las prioridades de inversión resulta naturalmente en la profundización de la pobreza y, por ende, la imposibilidad de cederle espacios de decisión y acceso alguno a la participación política en un futuro cercano. En otras palabras, la juventud guatemalteca continuará castrada y condenada a desenvolverse en un ambiente de privaciones y criminalidad inevitables, de no haber un giro rotundo en las políticas públicas dirigidas a este sector.

Por otro lado, la explotación irracional de la riqueza–tierras, aguas, recursos mineros- bajo el argumento de ser la única vía para generar el desarrollo económico al cual aspira la población, constituye el gastado discurso de un círculo de poder históricamente incapaz de generar más desarrollo que el de sus propiedades, bajo la protección de un sistema político que le ha servido incondicionalmente y sin reparos. La fuerza de las evidencias de los problemas generados por una industria depredadora y pobremente manejada como la minera, sin embargo, ha provocado el cierre de esa clase de proyectos en otros países de la región y del continente por ser perjudiciales y no propiciar más desarrollo que el de las compañías explotadoras, mientras los territorios mueren y sus fuentes de agua se pierden para siempre.

El desarrollo no reside en proyectos mineros ni construcción de hidroeléctricas. Reside en planes bien diseñados, incluyentes, democráticos, sostenibles y racionales, de mediano y largo plazos, capaces de romper los habituales círculos de influencia y convertir a un Estado débil y dependiente en una fuerza generadora de riqueza, bienestar y justicia para toda la población. Eso requiere conciencia, inteligencia y calidad humana, valores indispensables para convertir las debilidades en fortalezas y avanzar hacia un futuro más promisorio.

Un país, para crecer, necesita planes de desarrollo incluyentes, sostenibles y bien estructurados.

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Cómo evaluar a un país

Existen innumerables instrumentos para evaluar calidad de vida, desarrollo, gobernanza.

Unos son más eficaces, otros tienen la fuerza suficiente para obligar a los Estados a responder por sus deficiencias y vacíos institucionales aunque solo sea desde un punto de vista moral. Este año, se aplicará el Examen Periódico Universal en Derechos Humanos, EPU, instrumento creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para revisar cada 4,5 años la situación de los derechos humanos en 42 Estados, con la finalidad de identificar aquellos aspectos susceptibles de mejora a partir de una serie de recomendaciones surgidas del análisis efectuado por organizaciones de la sociedad civil en esos países.

En el informe nacional de Guatemala correspondiente a 2017, elaborado y presentado por la Red Niña Niño, enfocado en la situación de la niñez y adolescencia en Guatemala, se observa una vez más el estado de abandono de este sector y cómo el enorme potencial de la niñez se pierde al obligarla –por la falta de políticas públicas, inversión en alimentación, educación y salud y mecanismos de protección integral- a sobrevivir en las condiciones más precarias posibles de imaginar. Es importante recalcar que la Red Niña Niño, creada hace 3 años con la integración de 40 organizaciones nacionales e internacionales con el objetivo de dar seguimiento a las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, no tiene poder vinculante, por lo cual el Estado no está obligado a implementar los cambios sugeridos en sus informes.

La evaluación de este período, sin embargo, señala una vez más la necesidad urgente de atender de manera prioritaria a la población menor de 18 años, cuyos derechos han sido relegados por las sucesivas administraciones de gobierno observándose un incremento en temas tan importantes como la falta de acceso a la educación, los embarazos en niñas y adolescentes y el abandono de la niñez migrante provocada por la situación de pobreza y marginación, cuya primera consecuencia es la desintegración familiar.

A pesar de este escenario tan desfavorable como complejo, es imperativo rescatar el enorme valor potencial del sector infantil y juvenil –NNA- cuyo aporte, de contar con las condiciones adecuadas para su desarrollo integral, podría constituir una de las vías más seguras y sostenibles para generar una nueva forma de ciudadanía, incluyente y participativa. La mayor riqueza de un país es su población, pero para Guatemala es, fundamentalmente, ese sector de nuevos ciudadanos privados de acceso a la riqueza y sus beneficios por obra y gracia de un sistema político y económico excluyente y corrupto.

Tal y como lo indica el informe de la Red Niña Niño, Guatemala es uno de los países más hostiles del mundo con su población infantil y juvenil y los indicadores de violencia criminal en contra de este sector superan con creces a los de otras naciones en condiciones similares de subdesarrollo. Las conclusiones planteadas en el documento –la mayoría de ellas similares a las propuestas en los informes 2008 y 2012- enfatizan la necesidad de un esfuerzo interinstitucional fuerte y enfocado en la restitución de los derechos de la niñez, cuya prioridad ha sido relegada por un Estado que ha dado mínima o nula respuesta a recomendaciones anteriores.

Un país evaluado en estos aspectos –y consiguientemente, reprobado- evidencia un vacío total de objetivos y de políticas públicas orientadas al desarrollo. Pero, sobre todo, da muestra de un divorcio progresivo con los compromisos internacionales en materia de respeto por los derechos humanos de la niñez y adolescencia, como una de las obligaciones superiores de todos los Estados signatarios de Tratados y Convenciones sobre este importante tema.

Reprobamos el examen sobre respeto de derechos humanos de niñez y adolescencia.

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