Desde las alturas del Olimpo

Nunca más evidentes las distancias sociales como cuando se cree en las diferencias.

Cuando recién llegada a Guatemala me invitaron a una cena, decidí que lo mejor para halagar a mis anfitriones sería lucir una exquisita prenda bordada por una mujer del altiplano, región en donde me había encandilado el derroche de color y delicadeza de los textiles indígenas. Craso error. Al recibirnos, la señora de la casa me miró de arriba abajo y con un tono condescendiente me dijo: “Querida, como eres extranjera, te voy a explicar que “eso” no se usa en nuestros círculos”. Dicho lo cual dio media vuelta y me guió hacia el salón en donde estaban las demás señoras. Las que no se mezclaban con los hombres porque la política no era cosa de mujeres. Eran los años 70, bajo el gobierno del general Carlos Arana Osorio.

Yo venía de Chile, un país tan democrático como para exasperar a la Casa Blanca, la cual no tardó en imponerle un dictador. Mi discurso era otro, era una participación igualitaria en temas de interés común, era una inmersión total de la juventud en la política nacional, era un fervor democrático que ni siquiera se discutía. Esa noche tuve mi primer encuentro con los estrictos códigos de la sociedad conservadora de este país y, por supuesto, no sería el último. Han transcurrido muchos años y nada ha cambiado.

Los estratos sociales se ilustran con mucha precisión en la pirámide maya, cuyos escalones extremadamente elevados fueron diseñados para desanimar a quien pretenda escalarla. El color de la piel, los ojos y el cabello, la manera de vestir y caminar, la estatura corporal y la estructura ósea –todo ello producto de mezcla de razas y calidad nutricional desde la infancia- configuran a esa nación extraña, ajena y distante cuyos cuarteles están fincados en zonas residenciales, con ramificaciones bien protegidas a lo largo y ancho de las mejores tierras agrícolas de Guatemala. La repartición del país se consolidó bajo una visión colonial de conquista, pensamiento instalado en el inconsciente colectivo de una sociedad que ni siquiera lo discute, quizá por el inmenso desafío que representa un cambio de dirección.

Escuchar el discurso hegemónico de las clases dominantes (perdón por el cliché) nos traslada a otro país, un país en donde el indigenismo es una amenaza contra el desarrollo económico, un país en donde los derechos de propiedad son superiores al derecho a la vida, un país en donde, finalmente, poseer equivale a ser. Es una especie de nación encapsulada gracias a su enorme poder material, pero rodeada de muros opacos que le impiden ver las dimensiones descomunales de su error. Esa falsa sensación de seguridad y pertenencia, ofensiva para el resto de la ciudadanía, se ha desplegado en toda su gloria durante los recientes sucesos en el Congreso de la República entre bandos contrarios, por la aprobación o rechazo de las reformas a la Constitución Política de la República.

La rabia y la soberbia de quienes temen perder privilegios y hegemonía –lo cual, si hablamos claro, equivale a pasar a formar parte del común de los ciudadanos- resulta tan intolerable para las clases dominantes como para haberse tomado la molestia de acudir en carne y hueso a un Congreso que desprecian para enfrentarse a ese contingente de ciudadanos cuyas pretensiones amenazan la estabilidad de un estatus histórico.

El desafío para quienes aspiran a consolidar la democracia y convertir a este país en un miembro íntegro de la comunidad internacional, con perspectivas de desarrollo basado en justicia social y el pleno imperio de la Ley, equivale a refundar el Estado. El tinglado de privilegios, exenciones fiscales, concesiones dudosas y preferencias frente a las Cortes no es más que una herencia de tiempos pasados y políticas caducas.

¿Qué pasa en el Polochic?

No es misterio que la población pobre y campesina es la última prioridad.

Mientras todos hablan de moral y familia, en el Valle del Polochic se gesta otro capítulo de la larga conflictividad agraria, demostrando de manera irrefutable el predominio de los intereses políticos y económicos de la cúpula empresarial por sobre cualquiera otra consideración de carácter social o humano.

Los desalojos de la población indígena y campesina recientemente realizados con uso masivo de las fuerzas combinadas y hombres armados al servicio de los finqueros, constituyen un episodio más de una saga cuyo origen se remonta a la época de la Conquista, con énfasis en las operaciones de despojo y esclavización de indígenas en tiempos de la Colonia y un renacimiento de sus tácticas –triste paradoja- en este período de gobiernos democráticos.

Resulta ocioso argüir que a los auténticos dueños los han despojado de sus tierras, porque la manera como se concentra la propiedad y los trucos utilizados por los latifundistas para ampiar sus enormes territorios han sido abundantemente estudiados. Aquí el problema toral reside en la profunda diferencia entre victimarios y víctimas, entre ricos y pobres, entre quienes pueden pagar por hacer desaparecer evidencias y quienes no tienen cómo resguardarlas.

Esta población marginada y empobrecida –el campesinado prácticamente en todo el territorio nacional- no sólo carece de los recursos para defender sus derechos, también es acosada por un sistema feudal apoyado con entusiasmo por gobiernos democráticamente electos que buscan asegurarse un lugar en los círculos de poder económico, para lo cual deben trabajar a favor de sus verdaderos patronos.

Lo que vuelve todo el panorama muy confuso es la manipulación ideológica que se hace del problema de la tierra y la conflictividad derivada de las profundas inequidades en el reparto de los recursos naturales. Ha sido muy fácil para los apóstoles del libre mercado regresar al discurso de la Guerra Fría impuesto durante decenios, mediante el cual se insistió en la descalificación de cualquier organización, movimiento o iniciativa tendente a defender los derechos sociales y humanos de la población. Junto con la satanización de cualquier acto de justicia se instauró un sistema de defensa territorial al cual se han plegado entusiastamente los gobiernos de turno, dándole una base de legalidad.

El problema es mucho más grave de lo que se trasluce a través de los medios y de la escasa información proveniente de las autoridades. El conflicto de tierras es un drama ancestral en aumento que ningún gobierno ha tenido el valor de abordar, ni siquiera el actual mandatario pese a sus proclamados vínculos con el sector indígena.

26.03.2011