El liderazgo significa humanidad

17218705_1612987958730879_5321049773212947293_oUna nación sin liderazgo y sumida en la violencia es la actual marca país.

Rosa Julia Espino Tobar, Indira Jalisa Pelicó, Daria Dalila López Meda, Achly Gabriela Méndez Ramírez, Yemmi Aracely Ramírez Siquin, Jaqueline Paola Cantinac López, Siona Hernández García, Josselyn Marisela García Flores, Mayra Haydée Chután Urías, Skarlet Yajaira Pérez Jiménez, Yohana Dasiré Cuy Urízar, Rosalinda Victoria Ramírez Pérez, Madelin Patricia Hernández, Sarvía Isel Barrientos Reyes, Ana Nohemí Morales Galindo, Ana Rubidia Chocooj Chutá, Jilma Sucely Carías López, Yoselin Beatriz Ventura Pérez, Grindy Jasmin Carías López, Mari Carmen Ramírez Melgar, Keila Rebeca López Salguero, Kimberly Mishel Palencia Ortiz, Nancy Paola Vela García, Estefany Sucely Véliz Pablo, Lilan Andrea Gómez Arceno, Mirza Rosmery López Tojil, Ana Roselia Pérez Sinay, Grisna Yamileth Cu Uluan, Melani Yanira De León Palencia, Luisa Fernanda Joj González.

En este listado aún faltan 10 niñas a quienes el Inacif intenta identificar porque el daño en sus cuerpos es de tal magnitud que ni siquiera sus familiares han podido reconocerlas. Triste destino el de la niñez y la juventud, cuyo porvenir está definido por una política pública que los ignora, por una decisión financiera más inclinada a beneficiar a los empresarios con una exención de impuestos que a un sector de la población que nada recibe por parte del Estado y, como lamentable corolario, por el estigma que la propia sociedad ha impreso sobre los más pobres y desvalidos.

Pasada la tragedia provocada por la actitud agresiva y autoritaria de hombres con poder sobre niñas indefensas, los funcionarios responsables se refocilan haciendo señalamientos contra las víctimas y sus familiares para evadir la culpa y dar vuelta a la hoja. Sin embargo, esta hoja pesa demasiado como para cerrar un capítulo de vergüenza que ha dado la vuelta al mundo y ha señalado a los políticos guatemaltecos como incompetentes y carentes de humanidad. Solo falta ver cómo los representantes del pueblo aprovechan la confusión y el dolor de la ciudadanía para aprobar leyes con el propósito de liberar a los corruptos en prisión, prevenir que algo semejante les pueda suceder a ellos mismos y regresarlo todo a foja cero.

Es imperativo entender, de una vez por todas, que la niñez es responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Es preciso ver en este horrendo episodio el panorama completo: un sistema podrido hasta sus raíces, cuya deuda más grande es haber privado a la niñez de toda oportunidad de desarrollo durante generaciones. Un marco general de negligencia institucional incapaz de acudir en respuesta a las constantes denuncias de abuso, tortura, maltrato y violaciones a los derechos de la niñez, cuya actitud está sesgada por un desprecio atávico por los sectores más pobres y vulnerables.

No hay palabras para describir el dolor ante tanta crueldad, ya todas han sido dichas. Ahora solo resta mantener el tema en agenda porque más de 5 mil niños, niñas y adolescentes permanecen aún institucionalizados en un contexto de abandono y riesgo constante a su integridad física y emocional. Es importante señalar que desde el momento de su acogida en un refugio creado para ese propósito, el Estado es responsable de todos y cada uno de ellos. A ello se suma su compromiso explícito en tratados y convenciones internacionales para el cuidado y la protección integral de la infancia, firmados y ratificados por el Estado, documentos hasta ahora vacíos para una casta política cuyos intereses se alejan cada día más de los del pueblo que les entregó el poder. Guatemala está de luto, sin un camino a seguir y sin un líder capaz de marcarlo.

La danza de los amparos

Algunos casos se transforman en paradigma de impunidad.

En Guatemala comienzan a darse muestras de un proceso trascendental destinado a enderezar entuertos jurídicos. En la medida que pasan los meses y se descubre el nivel de impunidad bajo cuyo manto se han protegido desde delincuentes de poca monta hasta asesinos a gran escala, en la ciudadanía crece la esperanza por el establecimiento del muy ansiado estado de Derecho.

Tal aspiración no es gratuita. Durante poco más de un año se han visto desfilar por las Cortes a un ex Presidente y a una ex Vicepresidenta de la República, más un buen puñado de ex ministros de Estado y otros funcionarios afines, algo totalmente sorprendente en un país cuyo sistema ha sido diseñado para cobijar a los corruptos, sobre todo cuando éstos pertenecen a los círculos de poder.

La población va de asombro en asombro ante las capturas de políticos y empresarios, siguiendo con atención las extenuantes jornadas de interrogatorio presididas por el juez Miguel Ángel Gálvez. El papel jugado por la Cicig y el Ministerio Público ha sido fundamental para darle consistencia a los casos y mantener fuera de circulación a los individuos más poderosos del país.

Sin embargo, en el sistema de administración de justicia de Guatemala existe un caso que no avanza; uno que de manera inexplicable permanece detenido a pesar de todas las evidencias presentadas por la fiscalía. Es un caso paradigmático cuya resolución quitaría el tapón que impide el curso de la justicia y permitiría resolver otros casos similares de violencia femicida. Se trata del asesinato y desaparición de Cristina Siekavizza, una joven madre supuestamente golpeada hasta la muerte por su esposo, Roberto Barreda.

Lo que hace de este caso un paradigma es la influencia de los personajes involucrados. Para entenderlo, habría que remitirse a la trayectoria profesional de los padres del sindicado, quienes desde sus altas investiduras como magistrados de la Corte Suprema de Justicia han de haber cultivado amistades y sentimientos de gratitud tan profundos entre sus pares como para superar cualquier escollo jurídico, haciendo del tráfico de influencias un verdadero arte.

Treinta han sido las acciones y recursos presentados ante la Corte de Constitucionalidad por la familia Barreda De León en los 5 años transcurridos desde la desaparición del cuerpo de Cristina. Once de ellos por Joaquín Flores, cuñado de Roberto Barreda; 9 por Beatriz Ofelia De León, madre de Barreda –uno de ellos para separar a la Fundación Sobrevivientes como querellante adhesivo-; 6 por el sindicado, con algunos de los cuales pretende retirar el caso del tribunal B de Mayor Riesgo; y 5 por otras personas ligadas al proceso.

Mientras la familia Barreda se afana por salir bien librada de este crimen deleznable, la familia Siekavizza, el Inacif y el Ministerio Público, con el apoyo de la Fundación Sobrevivientes en su calidad de querellante adhesivo, continúan incansables su lucha contra la impunidad. Durante los 5 años transcurridos desde la desaparicion de Cristina la han buscado en fincas, ríos, lagos y terrenos baldíos, en donde el asesino –y quien lo asistiera en ese proceso- pudo haber enterrado o sumergido su cuerpo, sin hallarla.

Estas son las incongruencias de un sistema de administración de justicia aún pendiente de depuración. La nefasta tradición del encubrimiento entre pares –lo cual también sucede en otras disciplinas- constituye un obstáculo y se podría catalogar como un acto de complicidad criminal toda vez impide el imperio de la ley. La reforma del sector justicia es, más que una demanda ciudadana, una necesidad vital para Guatemala.

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@carvasar

Los alcances del fracaso

La pandemia de las violaciones sexuales cubre al planeta entero.

El caso más reciente: Una niña violada por 30 hombres adultos en una favela de Brasil, cuyo impacto provocó manifestaciones en ese país y repudio en todo lugar en donde llegó la noticia, nos enfrenta con una realidad de violencia tan extendida como impune. Ante esto, cabe preguntarse qué hubiera pasado si los violadores no hubieran compartido las imágenes de su perverso acto de crueldad, en su entusiasmo por divulgar su hazaña.

Lo más probable, hubiera pasado inadvertido. Si la niña denunciaba pondría en riesgo su vida y la de su familia, dado el carácter de 33 hombres adultos reunidos con el propósito de pasar un momento de “diversión” a costa de una adolescente indefensa. Es decir, la visión panorámica de una construcción cultural en la cual no existe el concepto de respeto por la vida, el cuerpo y la integridad de las mujeres, no importa cuál sea su condición.

Hemos visto agresiones de todo tipo, en todas partes. No es algo excepcional ni aislado. A un lector que criticó mi exposición del caso de Nabila en Chile, afirmando que estos temas –feminicidio, violaciones, acoso y violencia intrafamiliar- no tienen relevancia internacional, le respondo: Estos temas ya han ingresado en el listado de las políticas urgentes si queremos reparar el tejido de nuestras sociedades enfermas, y la comunidad internacional así lo considera. La violencia en contra de las mujeres es un rasgo cultural de toda sociedad patriarcal y urge combatirlo.

Las violaciones y otra clase de agresiones sexuales contra niños, niñas y adolescentes rebasan en mucho las cifras oficiales. Existen familias enteras integradas a fuerza de violaciones en cadena, como el caso de una niña de 12 años embarazada de su padre, quien a su vez violó y embarazó consecutivamente a 3 generaciones que siguen viviendo bajo el mismo techo. Es decir, la niña es también hermana de su madre y de su abuela. Estos casos, poco divulgados pero frecuentes en las áreas rurales, constituyen la muestra indiscutible de la situación de marginación en la cual crecen las niñas, cuyos cuerpos están a la disposición de quien quiera tomarlos, explotarlos y desecharlos.

En países como Guatemala, en donde falta la presencia del Estado en grandes extensiones del territorio y, por tanto, tampoco hay un sistema de justicia y protección, el escenario es aún más devastador. Quienes sufren los abusos sexuales y otras agresiones físicas, psicológicas y económicas, callan por temor o por un arcaico convencimiento –transmitido por generaciones- de que así es la vida para las mujeres.

El reciente informe divulgado por Unicef y Cicig sobre La Trata de Personas con fines de Explotación Sexual en Guatemala, pone en claro la dimensión dantesca de este fenómeno y cómo existe y prospera gracias a sus poderosos nexos con las autoridades de Gobierno y algunas de sus instituciones. El análisis, sobre una muestra de sentencias judiciales –lo cual solo refleja parte de los casos reales- determina que un 57 por ciento de las víctimas son niños, niñas y adolescentes y, en el caso de las niñas, la mayoría destinadas a explotación sexual, muchas veces dando servicios a más de 30 hombres por día. Un horrendo escenario de esclavitud, de impunidad y una evidencia del subdesarrollo humano de nuestras sociedades.

Los números, sin embargo, son fríos. No reflejan el drama cotidiano de las víctimas, quienes pierden su vida y oportunidades en un sistema que las margina desde su nacimiento. Determinar la responsabilidad por este fracaso colectivo es la tarea pendiente para la ciudadanía.

elquintopatio@gmail.com

Blog de la autora: https://carolinavasquezaraya.com

@carvasar

Nabila, una mujer como tu

 

En América Latina, los casos de feminicidio ocurren con saña renovada…

Coyhaique es una comunidad relativamente pequeña -50 mil habitantes aproximadamente- situada en la maravillosa Patagonia chilena. La ciudad fue fundada recién en 1929 y su acceso terrestre debió esperar hasta los años 80, debido a que a los gobiernos de Chile no les interesaba gran cosa desarrollar esas regiones remotas del extremo sur. Sin embargo, la belleza de sus paisajes la han ido sumando a la agenda turística, convirtiéndola en uno de los puntos más atractivos de la región de Aysén.

En ese escenario bucólico de aires puros y cielos resplandecientes fue en donde Nabila sufrió el ataque que la dejó ciega y en coma profundo. Su pareja y padre de 2 de sus hijos la golpeó salvajemente y, no contento con ello, la arrastró a la calle y con la activa complicidad de un amigo le arrancó los ojos con una llave de automóvil, le fracturó el cráneo y le destrozó los dientes. Horas después, un adolescente que caminaba por el lugar dio la voz de alarma y fue rescatada aún con vida.

Desde enero hasta la fecha, en Chile se han reportado 16 feminicidios en los cuales mujeres han muerto a manos de sus parejas o ex parejas, además de muchos otros ataques en los cuales estas agresiones no causaron la muerte de las víctimas. Como un detalle escalofriante, arrancarles los ojos parece ser una nueva forma de castigo contra las mujeres por parte de sus agresores.

El caso de Nabila despertó una ola de indignación en todo Chile y fueron muchas las organizaciones que le manifestaron su solidaridad. Pero así como sucede en todo el resto del continente, las muestras de apoyo no bastan para detener la creciente ola de violencia feminicida. Para combatir esta patología, cuyo origen se asienta sólido en sociedades patriarcales en donde el machismo continúa siendo un arma de destrucción a nivel doméstico y comunitario, la respuesta de la justicia debe ser rotunda y ejemplificadora.

Nabila, como Cristina, Candelaria, Reyna, Gregoria, Olga y otras cientos y miles de víctimas de violencia machista contabilizadas por los medios, arrojadas sobre las losas de las morgues después de ser mutiladas con saña indescriptible, van acumulándose como la mayor evidencia posible de desprecio por el género femenino. Un gesto colectivo –porque el volumen de casos así lo demuestra- cuyo origen reside en la institucionalización de la discriminación sexista en todos los escenarios de la vida.

Así como los índices se elevan, también los obstáculos para obtener justicia, ya sea por deficiencias o desconfianza en el sistema, por temor a las represalias o porque los hechores calcularon bien sus posibilidades de salir indemnes manipulando a jueces y fiscales. Existe, además, un paredón infranqueable de prejuicios orientados a culpar a las víctimas por su propia destrucción y justificar a los agresores a partir de supuestos “estados mentales” como origen de sus arrebatos de ira homicida.

Nabila es solo otra mujer para las estadísticas. Y lo seguirá siendo mientras no se eleven las alarmas ante una de las manifestaciones más extendidas del odio machista: el feminicidio en todas sus formas. Mujeres como Nabila Rifo en Aysén o Cristina Siekavizza en Guatemala seguirán sumándose a esta lista de las muertes tan injustas como innecesarias, amparadas por una cultura que las expone, sin mayores excusas, al exterminio en manos de su pareja.

El feminicidio no es un crimen común, es un crimen de odio contra mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Porque se las carga históricamente con el lastre de una sumisión inducida por la sociedad y sus múltiples doctrinas religiosas.

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