Romper las barreras

Guatemala necesita un sacudón político para derribar las viejas estructuras.

 El sistema creado por las organizaciones criminales ensartadas en la institucionalidad del Estado guatemalteco –incluido el núcleo formado por el presidente y sus ministros- les permitirá continuar cometiendo actos de corrupción en tanto no exista una oposición ciudadana capaz de romper el cerco de la impunidad. Para ello, resulta indispensable derribar las barreras del miedo y la indecisión, así como asumir que sin participación y exigencia desde el ámbito civil solo se consigue ceder espacios de poder con la consiguiente pérdida de oportunidades de desarrollo para el país.

Algo al parecer incomprendido por la población urbana y ladina es el poder de la unidad y la necesidad urgente de un trabajo conjunto desde distintos sectores para construir objetivos comunes a toda la ciudadanía, sin excepción alguna. Las estrategias divisionistas de quienes se han aprovechado históricamente de los beneficios y las riquezas nacionales han dado resultados y crearon una nación fragmentada en constante enfrentamiento, permeada por prejuicios racistas y conflictos de clase. Justo el cuadro ideal para dominar económica y políticamente a todo un país.

Tanto como un ejercicio de unidad nacional, es importante comenzar un proceso de análisis de todo el marco jurídico cuyos resquicios han permitido la clase de abuso extremo presente en el gobierno actual y en las anteriores administraciones. El saqueo y las negociaciones ilícitas (pero legales) han debilitado a tal punto la integridad del Estado y sus recursos, que para recuperar lo perdido se necesitarían varias generaciones de gobernantes abiertamente revolucionarios. El subsuelo y sus riquezas, vaciados con total impunidad por compañías extranjeras asociadas con empresarios guatemaltecos que han vendido a su patria para enriquecerse a niveles obscenos, constituye un bien colectivo cuya explotación debería estar sujeta a procesos de consulta nacional y sistemas transparentes de gestión.

Los acontecimientos recientes, entre ellos la inconcebible actitud del gobierno guatemalteco frente a la separación de las familias en la frontera estadounidense y su perversa indiferencia ante la tragedia humana derivada de las erupciones del volcán de Fuego marcan, sin lugar a dudas, un límite a la pasividad de la ciudadanía y ponen de manifiesto la necesidad de sacudir de una vez por todas el complejo de “subordinación a la autoridad”, especialmente cuando esa autoridad ha dejado de serlo para transformarse en el peor de los enemigos de la nación y sus habitantes. Lo mismo sucede respecto de un sistema económico basado en los moldes medievales de explotación de los más pobres para beneficio de los más ricos.

Guatemala posee todos los atributos para salir del actual estado de colapso político y económico. Tiene ciudadanos de enorme valía, cuyas capacidades bien aprovechadas representarían un nuevo renacer. Pero eso exige un esfuerzo ciudadano para romper barreras, recuperar cuotas de poder, cerrar divisiones étnicas y comprender que sin unidad será virtualmente imposible enfrentar a las mafias enquistadas en el Estado.

Las nuevas generaciones de guatemaltecos merecen ese esfuerzo y mucho más para dejar de ser las víctimas de un país que los expulsa de su tierra y los empuja a enfrentar las vicisitudes de una emigración tan injusta como peligrosa. Guatemala es un país rico y podría ofrecer a sus habitantes un futuro promisorio, para ello bastaría un compromiso de quienes, con la capacidad y ética necesarias, pueden erradicar los males que hoy la tienen en la lista de los países peor catalogados.

Las nuevas generaciones merecen un esfuerzo ciudadano real y concreto.

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Los genios perdidos

Para ver brotar talentos como el de Yahaira Tubac es necesario cambiarlo todo.

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La elección del presidente del organismo legislativo es un ejemplo ilustrativo de cómo en Guatemala no se premian el talento, la experiencia, la capacidad y la ética sino el poder del dinero. Claro como el agua. Al otro extremo está esa población obligada a buscar sus propias respuestas para salir del abandono y la miseria a la cual la condena un sistema depredador e injusto. Por allí, en la lejanía institucional de la Guatemala profunda –como gustaba decir alguien que ya olvidé- apareció esta niña prodigio, la pianista de 7 años Yahaira Tubac quien interpreta con una precisión asombrosa obras de Mozart y Beethoven. Yahaira fue gestada y criada con amor y educada con una sensibilidad excepcional a pesar de haber llegado a una familia de escasos recursos, alejada de los centros en donde se cuecen los privilegios. Es la prueba viva de cuán fácilmente perdemos la ruta del desarrollo cuando prevalecen, en las altas esferas, la negligencia y la ignorancia. Pero también retrata cómo un mínimo acceso a las artes universales puede transformar la vida y el destino de un ser humano, a cualquier edad.

Esas altas esferas, no por altas calificadas ni capaces, deciden el destino de la niñez de este país marcado por las carencias. Desde los despachos oficiales se recortan y reparten los dineros pertenecientes a la población. Se decide, por ejemplo, cuáles asignaturas formarán parte del pensum escolar y a cuáles condenarán a la pobreza. Estas políticas educativas, sin embargo, han sido la marca de identidad desde hace mucho y se reflejan no solo en la infraestructura miserable de las escuelas a nivel nacional, también en el desprecio por la cultura y el arte expresado de todas las maneras posibles por las clases política y económica.

Las razones sobran: las nuevas generaciones ya vienen con un código de barras en el ombligo destinadas, no a sobresalir en el mundo gracias a sus distintos talentos, sino a servir a las clases dominantes como mano de obra barata, muy barata, no vaya a ser que el país pierda competitividad. Y las niñas, niños y adolescentes pasan por un rasero castrador de genios, emparejador hacia abajo para evitar la terrible amenaza de los liderazgos comunitarios. Eso, considerado una especie de política pública pergeñada en alguna oficina ministerial, y no necesariamente con una visión de futuro, sino con una instrucción de más arriba para no perder la perspectiva de la línea trazada por los centros de poder económico.

¿Cuántas Yahairas podría tener Guatemala si desde mucho antes de nacer ya tuvieran un lugar protegido y enriquecedor en el cual crecer y desarrollarse? ¿Es que acaso somos tan escépticos que dudamos hasta de la posibilidad de ver surgir decenas de niños prodigio llenos de potencial? Triste cosa es una sociedad que no crea en sí misma hasta el punto de aceptar los tijeretazos oficiales a la educación de sus descendientes, quizá creyendo en las buenas intenciones de sus gobernantes. Más triste aún es resignarse a la respuesta obligatoria -“no hay presupuesto”- a sabiendas de su falsedad.

A la niñez se le ha negado todo y las consecuencias son devastadoras: reducción de la talla y el peso, desnutrición crónica, pérdida de capacidades intelectuales, muerte temprana y alta vulnerabilidad a enfermedades prevenibles. Por encima de ese castigo, la violencia física, sexual y psicológica a la cual los enfrenta un sistema inclemente con la población más pobre, condenándola a luchar desde cualquier trinchera para sobrevivir.

Como Yahaira, también la cantante kaqchiquel Sara Curruchich demuestra cuán posible es vencer las barreras para proyectarse al mundo como un ejemplo de talento y cultura, a pesar de los pesares.

Los obstáculos al surgimiento de talentos excepcionales tiene origen en políticas discriminatorias y racistas.

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La amenaza de un pueblo educado

Para evitar una fiscalización del quehacer público, se torpedea la nave del conocimiento.

La estrategia no puede ser más transparente: restar a la educación y abonar al ejército. Es decir, preparar las condiciones para la perfecta dictadura. En medio queda el juicio ciudadano, el cual a los grupos en el poder les sirve como tapiz para limpiarse la suela de los zapatos. En realidad, la calidad educativa en Guatemala ha experimentado los embates del más feroz sistema político-económico del que se tenga registro. Los estudios de organismos internacionales y nacionales no pueden evitar poner en evidencia las deficiencias de este pilar fundamental para la calidad de vida y así aparecen los vergonzantes indicadores sobre baja escolaridad, abandono escolar, analfabetismo y pobres resultados en las pruebas del sector académico.

Como si la escasez de material didáctico moderno, así como los obstáculos para la preparación profesional de maestros y catedráticos no fuera suficiente, también está la infraestructura ruinosa de escuelas e institutos públicos, carentes de lo más elemental para realizar una jornada digna y productiva. Algunos carecen de pupitres, otros de servicios sanitarios y las niñas, niños y adolescentes que acuden a ellos son obligados a soportar los rigores del clima y las malas condiciones de sus establecimientos educativos.

Sumado a todo ello está la actitud adversa de muchos padres de familia a la educación de las niñas, a quienes por costumbre relegan a las labores domésticas o del campo, condenándolas de ese modo a un futuro de privaciones, maltrato, sumisión y escasez de oportunidades. Es decir, un contexto en el cual no tienen modo alguno de escapar a toda una vida de servidumbre. El sistema, si es que así puede llamarse a la carencia de principios, reduce las perspectivas de desarrollo de las nuevas generaciones, pero también las del país en su conjunto.

El sector educativo, empezando por su ministerio y pasando por sus sindicatos, ha sido un protagonista principal en todos los planes de gobierno. Sin embargo, su protagonismo se ha orientado hacia objetivos ajenos a brindar a la población estudiantil un sistema blindado contra las manipulaciones políticas y del sector económico. La educación sigue acatando instrucciones de entidades religiosas y de empresarios cuya idea de educación consiste en generar cuanta mano de obra barata sea posible, sin reparar en el daño que eso ocasiona a un sector tan importante como la niñez y la juventud, pero también al país en general.

Por el contrario, el pequeño segmento de altos ingresos goza de todos los privilegios por ser heredero de la cúpula económica gobernante y, aunque cuenta con acceso abierto a una educación de primer nivel, esta rara vez se refleja en una modernización del quehacer público y mucho menos en una humanización de sus políticas. Más bien queda plasmado en una mayor concentración de la riqueza y la consiguiente profundización del abismo que lo separa del resto de la población.

El desarrollo de un país es imposible sin un pueblo educado y consciente de la importancia de su participación en la vida pública. Para hacer esto posible, todo el esfuerzo del Estado se debe enfocar a proporcionar las condiciones ideales para dar acceso a las aulas a toda la población infantil sin excepción alguna; crear institutos técnicos y vocacionales para restar fuerza al poder del crimen organizado; romper el estereotipo sexista y trabajar a nivel de las familias para evitar la discriminación contra las niñas y, por último, elevar la calidad del profesorado ofreciendo capacitación y mejores salarios en el marco de una institucionalidad sólida y transparente.

La educación es la piedra fundacional de una sociedad desarrollada, equitativa y justa.

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Un diálogo legítimo

No cualquiera puede tomar decisiones en una mesa de diálogo, si esas decisiones afectan a otros.

Para emprender una iniciativa de diálogo político con el peso y la legitimidad indispensables, las partes también deben gozar de una credibilidad a toda prueba. Porque nada hay más absurdo que un diálogo entre actores cuyos intereses particulares no solo dominarán la escena, también harán imposible la consecución de resultados positivos para todos. Por esta razón no tan simple, los llamados al diálogo efectuados en estos días por el Presidente de Guatemala Jimmy Morales y el sector empresarial organizado, han despertado fundadas sospechas en amplios sectores de la ciudadanía –de uno y otro lado del espectro- al aparecer teñidos de acuerdos ocultos y de supuestas pretensiones de compromisos con los protagonistas más conflictivos del momento.

Buenas intenciones han pavimentado el camino del infierno desde siempre; promesas incumplidas y una labia electoral -eficiente herramienta de decepciones y fracasos- son el panorama archiconocido por una ciudadanía resistente a tragarse esa misma píldora. Por lo tanto, quizá el tan mentado diálogo deba ceñirse a los principios básicos que lo definen como un “trato en busca de avenencias” y no como una plataforma discursiva para legitimar lo ilegítimo ni engañar a una población cansada de falsedades. Para ello el elementos esencial es la presencia de ciudadanos conscientes, responsables y representativos de los intereses comunes a la población.

La integración de una mesa de diálogo vendría a constituir, por lo tanto, una ventana a través de la cual la ciudadanía participaría como una protagonista fundamental y no una espectadora impotente ante decisiones en las cuales no tendría arte ni parte. Las aspiraciones legítimas de la sociedad son muy claras: transparencia, justicia, seguridad y respeto por el mandato constitucional, el cual pasa usualmente en cada administración del Estado como una mera opción y no como una gorda responsabilidad.

Los filósofos griegos practicaban el diálogo como un ejercicio intelectual de enorme trascendencia en la vida de sus pueblos; el diálogo como base del quehacer democrático sentó sus bases en esa elevada forma de compartir y dirimir contradicciones para así elevar de manera consecutiva el nivel de la resolución de conflictos, como modo de superar diferencias dentro de un ambiente de paz y concordia. Por lo tanto, el diálogo como herramienta para alcanzar consensos jamás debe basarse en intereses espurios ni en la defensa de privilegios para unos pocos.

En un diálogo nacional los ingredientes necesarios son la honestidad, el respeto, el conocimiento profundo de los temas a abordar, la preeminencia del interés común y la marginación absoluta de los intereses particulares. Todo ello asumiendo como el enfoque principal a las urgentes necesidades de la mayoría de la población, la más necesitada de servicios básicos, justicia, educación, empleo, salud, vivienda y alimentación. Cualquier otra prioridad en esta mesa representaría una desviación interesada y un sesgo opuesto al bien común.

La pregunta siguiente sería ¿De qué modo integrar una mesa de diálogo capaz de cumplir con esos objetivos? ¿Quiénes podrían integrarla con legitimidad y solidez? ¿Se respetaría un semejante foro desde los centros de poder? Las respuestas están en los distintos estamentos de la sociedad civil, en sus líderes naturales y en las organizaciones comunitarias. En otras palabras, en el pueblo mismo, de cuya representatividad parece haberse iniciado un proceso de rescate durante las últimas semanas y cuyos derechos han sido duramente amenazados y puestos a prueba. Su lugar en la mesa es uno de esos derechos y solo le falta asumirlo con toda la propiedad del caso.

La sociedad tiene derecho a un importante lugar en la mesa del diálogo nacional y debe ocuparlo.

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Las chicas malas del Hogar Seguro

Cualquier cosa se puede decir. Lo que no se dice es el porqué de la marginación.

Las hipótesis más descabelladas de labios de las autoridades echan raíces profundas en el imaginario colectivo, vale decir en la muy voluble y bien ponderada “opinión pública”. Esto sucede con las niñas quemadas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, dependencia estatal de acogida a niñas, niños y adolescentes con problemas de asistencia y resguardo. Este Hogar está a escasos kilómetros de la capital de Guatemala y hace 4 meses fue el escenario de un horrendo acontecimiento dejando a más de 40 niñas convertidas en cenizas, otras mutiladas, otras embarazadas por violación, todas con su vida destrozada para siempre. Como en toda tragedia inexplicable, se suele aprovechar el poder -en cualquiera de sus formas- para cambiar versiones, descalificar a las víctimas y reducir el impacto negativo de las malas decisiones emanadas por quienes lo detentan. Así ha sido a lo largo de la Historia y así continuará siendo.

Para quienes ven al toro desde la barrera resulta casi gratificante aceptar las versiones oficiales, dado que ello los exime de asumir posiciones incómodas. Si las chicas eran mal portadas entonces el desarrollo de los acontecimientos era inevitable. Mal portadas significa rebeldes, ariscas, soeces, desafiantes. Mal portadas, ingratas y violentas al negarse a aceptar su situación y pretender cambiar las cosas. Mal portadas al estilo de las novelas de Charles Dickens, mal portadas bajo los códigos de una sociedad tan indiferente a su condición como lo ha sido con respecto a su destino. En fin, esas chicas malas se lo labraron solas.

La otra cara del asunto es el escenario completo. Es decir, ¿qué llevó a esas criaturas que al nacer eran unos angelitos caídos del cielo a transformarse, supuestamente, en producto desechable? ¿En qué momento se produjo la metamorfosis, si es que realmente hubo alguna y no estamos simplemente asumiendo lo que no es? Al buscar respuestas estas convergen en las carencias de siempre, producto de la infame manipulación de la riqueza para acrecentar los capitales de unos pocos para privar a todos los demás de las oportunidades de desarrollo que han generado con su trabajo mal pagado, todo ello coronado por la indetenible corrupción de las clases política y económica.

En ese cuadro de costumbre campea a sus anchas el crimen organizado, el cual ha invadido todos los espacios y se ha beneficiado largamente de la inercia del Estado y la ciudadanía. Esas niñas malas, quienes de acuerdo con la voz oficial estaban bajo cuidado de psicólogos y personal especializado en cuidado de niñas, niños y adolescentes, no supieron agradecer tanto beneficio y se amotinaron en un acto de inconcebible rebeldía. Por supuesto, no se dice que entre ese personal especializado había ex militares entrenados, había quienes aprovechaban su poder absoluto para abusar a su antojo de las niñas malas y nadie en ese antro de horror era capaz de sentir la menor empatía por esos seres tristes y abandonados a una suerte macabra.

El período de la adolescencia no es fácil. No lo es para las niñas y niños nacidos en un ambiente apropiado, mucho menos para quienes fueron a parar a las zonas marginales en un hogar desintegrado y con todas las carencias del catálogo. No existe un solo ser humano capaz de conformarse con la miseria sin rebelarse contra su suerte. No existe tampoco uno que acepte la violencia como forma de vida sin intentar escapar de ella.

La pretensión de acusar a las niñas de mentirosas, afirmar que sus violaciones y embarazos son imaginarios, negar la existencia de las redes de trata es abusar de la paciencia de quienes poseen un mínimo de sentido común y algo de capacidad de raciocinio. Esas niñas no nacieron para ser un producto gratuito para el comercio sexual, todas ellas tienen derechos y es obligación de la ciudadanía exigir que sean respetados.

No existe un ser humano capaz de conformarse con la miseria y la violencia sin intentar salir de ella.

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El liderazgo significa humanidad

17218705_1612987958730879_5321049773212947293_oUna nación sin liderazgo y sumida en la violencia es la actual marca país.

Rosa Julia Espino Tobar, Indira Jalisa Pelicó, Daria Dalila López Meda, Achly Gabriela Méndez Ramírez, Yemmi Aracely Ramírez Siquin, Jaqueline Paola Cantinac López, Siona Hernández García, Josselyn Marisela García Flores, Mayra Haydée Chután Urías, Skarlet Yajaira Pérez Jiménez, Yohana Dasiré Cuy Urízar, Rosalinda Victoria Ramírez Pérez, Madelin Patricia Hernández, Sarvía Isel Barrientos Reyes, Ana Nohemí Morales Galindo, Ana Rubidia Chocooj Chutá, Jilma Sucely Carías López, Yoselin Beatriz Ventura Pérez, Grindy Jasmin Carías López, Mari Carmen Ramírez Melgar, Keila Rebeca López Salguero, Kimberly Mishel Palencia Ortiz, Nancy Paola Vela García, Estefany Sucely Véliz Pablo, Lilan Andrea Gómez Arceno, Mirza Rosmery López Tojil, Ana Roselia Pérez Sinay, Grisna Yamileth Cu Uluan, Melani Yanira De León Palencia, Luisa Fernanda Joj González.

En este listado aún faltan 10 niñas a quienes el Inacif intenta identificar porque el daño en sus cuerpos es de tal magnitud que ni siquiera sus familiares han podido reconocerlas. Triste destino el de la niñez y la juventud, cuyo porvenir está definido por una política pública que los ignora, por una decisión financiera más inclinada a beneficiar a los empresarios con una exención de impuestos que a un sector de la población que nada recibe por parte del Estado y, como lamentable corolario, por el estigma que la propia sociedad ha impreso sobre los más pobres y desvalidos.

Pasada la tragedia provocada por la actitud agresiva y autoritaria de hombres con poder sobre niñas indefensas, los funcionarios responsables se refocilan haciendo señalamientos contra las víctimas y sus familiares para evadir la culpa y dar vuelta a la hoja. Sin embargo, esta hoja pesa demasiado como para cerrar un capítulo de vergüenza que ha dado la vuelta al mundo y ha señalado a los políticos guatemaltecos como incompetentes y carentes de humanidad. Solo falta ver cómo los representantes del pueblo aprovechan la confusión y el dolor de la ciudadanía para aprobar leyes con el propósito de liberar a los corruptos en prisión, prevenir que algo semejante les pueda suceder a ellos mismos y regresarlo todo a foja cero.

Es imperativo entender, de una vez por todas, que la niñez es responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Es preciso ver en este horrendo episodio el panorama completo: un sistema podrido hasta sus raíces, cuya deuda más grande es haber privado a la niñez de toda oportunidad de desarrollo durante generaciones. Un marco general de negligencia institucional incapaz de acudir en respuesta a las constantes denuncias de abuso, tortura, maltrato y violaciones a los derechos de la niñez, cuya actitud está sesgada por un desprecio atávico por los sectores más pobres y vulnerables.

No hay palabras para describir el dolor ante tanta crueldad, ya todas han sido dichas. Ahora solo resta mantener el tema en agenda porque más de 5 mil niños, niñas y adolescentes permanecen aún institucionalizados en un contexto de abandono y riesgo constante a su integridad física y emocional. Es importante señalar que desde el momento de su acogida en un refugio creado para ese propósito, el Estado es responsable de todos y cada uno de ellos. A ello se suma su compromiso explícito en tratados y convenciones internacionales para el cuidado y la protección integral de la infancia, firmados y ratificados por el Estado, documentos hasta ahora vacíos para una casta política cuyos intereses se alejan cada día más de los del pueblo que les entregó el poder. Guatemala está de luto, sin un camino a seguir y sin un líder capaz de marcarlo.

Avances y retrocesos

Un informe presidencial más optimista de lo razonable…
Un mandatario satisfecho, una ceremonia deslucida y acerbas críticas por los resultados del primer año de gestión dejaron un regusto amargo a una ciudadanía decepcionada e incrédula. A pesar de las sonrisas y los gestos ampulosos, está claro que con un frágil 20 por ciento de aprobación el camino se presenta complicado y la recuperación de la confianza de los electores -quienes desde hace tiempo muestran señales de arrepentimiento- se ve lejana en el horizonte.
Pero en realidad la popularidad es lo menos importante. Mucho más relevante es el hecho de que durante esta gestión la prometida transparencia ha estado ausente y las reacciones oficiales frente a los señalamientos de corrupción han evidenciado que ese propósito nunca fue tomado muy en serio por quien dirige los destinos del país. Tal y como comentan los medios internacionales, el mandatario parece haberse quedado sin guión, si es que alguna vez lo tuvo. La opacidad y el autoritarismo han sido los grandes pecados contra los cuales la población se rebeló en 2016 y parece dispuesta a repetirse el plato en los primeros meses de este año.

Hablar de avances es casi un gesto de arrogancia por parte del gobierno. Incluso cuando existen pasos concretos en la dirección correcta en algunos ministerios, las condiciones de vida de las grandes mayorías constituyen la evidencia más palpable de la debilidad de la actual administración y esta deberá tomar muy en serio las críticas sobre la ausencia de un plan estratégico coherente y propositivo, fractura peligrosa en la estuctura administrativa del Estado.

Un 80 por ciento de la población rural infantil en estado de desnutrición deja en ridículo cualquier alarde de éxito en el desempeño del equipo de gobierno. A eso hay que contrastar el déficit en atención escolar para la población menor de 18 años, la cual sobrevive en una marginación permanente en todos los aspectos más importantes de su desarrollo. Por eso, los discursos protocolarios en estos actos de una solemnidad vacía de contenido hieren de muerte las esperanzas de los más necesitados, al ver cómo sus gobernantes se palmean la espalda unos a otros, se felicitan por sus logros y se muestran satisfechos, dando por sentado que la población, desde sus hogares, los aplaude.

El desconocimiento de la realidad no es tan profundo en los ámbitos del poder como la conciencia de que para cambiarla sería preciso destruir los andamiajes de la corrupción y la impunidad, hazaña que pocos políticos parecen estar dispuestos a emprender. Al fin y al cabo, las reglas del juego fueron dadas precisamente para proteger esos nudos cuyos amarres se aprietan con cada relevo. De ahí que los esfuerzos de algunas instancias, como el MP y la Cicig suelen verse entorpecidos por resquicios legales creados ad hoc para ese artero propósito.

Lo más doloroso en este escenario es ver cómo las prioridades están trastocadas y los sectores más desprotegidos y vulnerables estarán en peores condiciones el año siguiente, el que le sigue y muchos más, a menos de reformular todo el plan de gobierno en función de lograr un equilibrio saludable y justo en sus políticas públicas y la ejecución de los programas más urgentes.

Pero esas aspiraciones deben surgir de un profundo acto de reflexión de quienes gobiernan la nación. Porque de nada sirve la retórica del discurso si más allá de los muros del Palacio o del Congreso los niños mueren de desnutrición y las madres de parto mal atendido, mientras sus hijos vagan por no tener escuela.

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