Desde las alturas del Olimpo

Nunca más evidentes las distancias sociales como cuando se cree en las diferencias.

Cuando recién llegada a Guatemala me invitaron a una cena, decidí que lo mejor para halagar a mis anfitriones sería lucir una exquisita prenda bordada por una mujer del altiplano, región en donde me había encandilado el derroche de color y delicadeza de los textiles indígenas. Craso error. Al recibirnos, la señora de la casa me miró de arriba abajo y con un tono condescendiente me dijo: “Querida, como eres extranjera, te voy a explicar que “eso” no se usa en nuestros círculos”. Dicho lo cual dio media vuelta y me guió hacia el salón en donde estaban las demás señoras. Las que no se mezclaban con los hombres porque la política no era cosa de mujeres. Eran los años 70, bajo el gobierno del general Carlos Arana Osorio.

Yo venía de Chile, un país tan democrático como para exasperar a la Casa Blanca, la cual no tardó en imponerle un dictador. Mi discurso era otro, era una participación igualitaria en temas de interés común, era una inmersión total de la juventud en la política nacional, era un fervor democrático que ni siquiera se discutía. Esa noche tuve mi primer encuentro con los estrictos códigos de la sociedad conservadora de este país y, por supuesto, no sería el último. Han transcurrido muchos años y nada ha cambiado.

Los estratos sociales se ilustran con mucha precisión en la pirámide maya, cuyos escalones extremadamente elevados fueron diseñados para desanimar a quien pretenda escalarla. El color de la piel, los ojos y el cabello, la manera de vestir y caminar, la estatura corporal y la estructura ósea –todo ello producto de mezcla de razas y calidad nutricional desde la infancia- configuran a esa nación extraña, ajena y distante cuyos cuarteles están fincados en zonas residenciales, con ramificaciones bien protegidas a lo largo y ancho de las mejores tierras agrícolas de Guatemala. La repartición del país se consolidó bajo una visión colonial de conquista, pensamiento instalado en el inconsciente colectivo de una sociedad que ni siquiera lo discute, quizá por el inmenso desafío que representa un cambio de dirección.

Escuchar el discurso hegemónico de las clases dominantes (perdón por el cliché) nos traslada a otro país, un país en donde el indigenismo es una amenaza contra el desarrollo económico, un país en donde los derechos de propiedad son superiores al derecho a la vida, un país en donde, finalmente, poseer equivale a ser. Es una especie de nación encapsulada gracias a su enorme poder material, pero rodeada de muros opacos que le impiden ver las dimensiones descomunales de su error. Esa falsa sensación de seguridad y pertenencia, ofensiva para el resto de la ciudadanía, se ha desplegado en toda su gloria durante los recientes sucesos en el Congreso de la República entre bandos contrarios, por la aprobación o rechazo de las reformas a la Constitución Política de la República.

La rabia y la soberbia de quienes temen perder privilegios y hegemonía –lo cual, si hablamos claro, equivale a pasar a formar parte del común de los ciudadanos- resulta tan intolerable para las clases dominantes como para haberse tomado la molestia de acudir en carne y hueso a un Congreso que desprecian para enfrentarse a ese contingente de ciudadanos cuyas pretensiones amenazan la estabilidad de un estatus histórico.

El desafío para quienes aspiran a consolidar la democracia y convertir a este país en un miembro íntegro de la comunidad internacional, con perspectivas de desarrollo basado en justicia social y el pleno imperio de la Ley, equivale a refundar el Estado. El tinglado de privilegios, exenciones fiscales, concesiones dudosas y preferencias frente a las Cortes no es más que una herencia de tiempos pasados y políticas caducas.

Los alcances del fracaso

La pandemia de las violaciones sexuales cubre al planeta entero.

El caso más reciente: Una niña violada por 30 hombres adultos en una favela de Brasil, cuyo impacto provocó manifestaciones en ese país y repudio en todo lugar en donde llegó la noticia, nos enfrenta con una realidad de violencia tan extendida como impune. Ante esto, cabe preguntarse qué hubiera pasado si los violadores no hubieran compartido las imágenes de su perverso acto de crueldad, en su entusiasmo por divulgar su hazaña.

Lo más probable, hubiera pasado inadvertido. Si la niña denunciaba pondría en riesgo su vida y la de su familia, dado el carácter de 33 hombres adultos reunidos con el propósito de pasar un momento de “diversión” a costa de una adolescente indefensa. Es decir, la visión panorámica de una construcción cultural en la cual no existe el concepto de respeto por la vida, el cuerpo y la integridad de las mujeres, no importa cuál sea su condición.

Hemos visto agresiones de todo tipo, en todas partes. No es algo excepcional ni aislado. A un lector que criticó mi exposición del caso de Nabila en Chile, afirmando que estos temas –feminicidio, violaciones, acoso y violencia intrafamiliar- no tienen relevancia internacional, le respondo: Estos temas ya han ingresado en el listado de las políticas urgentes si queremos reparar el tejido de nuestras sociedades enfermas, y la comunidad internacional así lo considera. La violencia en contra de las mujeres es un rasgo cultural de toda sociedad patriarcal y urge combatirlo.

Las violaciones y otra clase de agresiones sexuales contra niños, niñas y adolescentes rebasan en mucho las cifras oficiales. Existen familias enteras integradas a fuerza de violaciones en cadena, como el caso de una niña de 12 años embarazada de su padre, quien a su vez violó y embarazó consecutivamente a 3 generaciones que siguen viviendo bajo el mismo techo. Es decir, la niña es también hermana de su madre y de su abuela. Estos casos, poco divulgados pero frecuentes en las áreas rurales, constituyen la muestra indiscutible de la situación de marginación en la cual crecen las niñas, cuyos cuerpos están a la disposición de quien quiera tomarlos, explotarlos y desecharlos.

En países como Guatemala, en donde falta la presencia del Estado en grandes extensiones del territorio y, por tanto, tampoco hay un sistema de justicia y protección, el escenario es aún más devastador. Quienes sufren los abusos sexuales y otras agresiones físicas, psicológicas y económicas, callan por temor o por un arcaico convencimiento –transmitido por generaciones- de que así es la vida para las mujeres.

El reciente informe divulgado por Unicef y Cicig sobre La Trata de Personas con fines de Explotación Sexual en Guatemala, pone en claro la dimensión dantesca de este fenómeno y cómo existe y prospera gracias a sus poderosos nexos con las autoridades de Gobierno y algunas de sus instituciones. El análisis, sobre una muestra de sentencias judiciales –lo cual solo refleja parte de los casos reales- determina que un 57 por ciento de las víctimas son niños, niñas y adolescentes y, en el caso de las niñas, la mayoría destinadas a explotación sexual, muchas veces dando servicios a más de 30 hombres por día. Un horrendo escenario de esclavitud, de impunidad y una evidencia del subdesarrollo humano de nuestras sociedades.

Los números, sin embargo, son fríos. No reflejan el drama cotidiano de las víctimas, quienes pierden su vida y oportunidades en un sistema que las margina desde su nacimiento. Determinar la responsabilidad por este fracaso colectivo es la tarea pendiente para la ciudadanía.

elquintopatio@gmail.com

Blog de la autora: https://carolinavasquezaraya.com

@carvasar

Los monstruos interiores

Publicado el 30/07/2011

El debate ideológico debería prevalecer por encima de insultos y descalificaciones. 
Esta campaña proselitista se ha caracterizado por el machismo, el fundamentalismo religioso, la descalificación, el insulto racista y una agresividad enfocada en las diferencias entre uno y otro contendiente. En lugar de haberse convertido en un foro multiétnico, multicultural, pluralista e incluyente, es una arena en donde se hace gala de la peor batería de ofensas.

Sin embargo, hay una persona que se ha llevado la peor parte en este intercambio de malas vibras. Ella es Sandra Torres, candidata por el partido oficial, en quien se ha concentrado un inusual torrente de insultos en la escala completa de tonos, desde lo más ofensivo y sexista hasta el comentario velado destinado a destacar su extracción de clase popular como uno de sus peores defectos.

Es indudable que la señora Torres ha cometido casi todos los errores del catálogo: ha actuado con arrogancia, ha intentado concentrar el poder del Ejecutivo sin tener las credenciales para ello, ha demostrado inconsistencia entre su discurso y su actuar al rebajar los valores familiares a un asunto de conveniencia política y, aun divorciada del actual Presidente, utiliza los recursos del Estado en su campaña proselitista.

Por otro lado, ha demostrado mucha más capacidad intelectual y de trabajo que su ex marido, ha implementado programas interesantes que han tenido éxito en otros países del continente y ha sabido rodearse de un puñado de incondicionales, habilidad que la mayoría de sus colegas políticos envidian en silencio.

Es decir, son muchos los argumentos de peso que podrían dar a sus oponentes las herramientas para combatirla con armas más inteligentes. Sin embargo, el recurso del insulto parece haber tenido más arraigo entre los partidarios de otras opciones. La han llamado de todo, desde prostituta hasta arrimada, shuma y ordinaria. En ningún momento se ha visto un giro en esta degradante manera de oponerse a sus ambiciones, que no sea con epítetos ofensivos. Y esto, de algún modo, ha marcado el tono de la campaña retratando a una buena parte de la ciudadanía urbana y de clase media como una masa inculta, incapaz de entablar un debate de altura.

En el fondo, parece ser que el fantasma de la Navidad pasada tendría mucho trabajo si se pusiera a recordar a quienes alebrestan a sus huestes sobre sus propias fallas, errores, violaciones a la ley y otras minucias que podrían ponerlos en su lugar. Toda sociedad tiene sus fallas, pero aquí el deporte nacional parece ser escupir al cielo y esperar a que caiga en el terreno del vecino. Los ataques en contra de Sandra Torres deben evolucionar hacia una oposición racional, meditada e inteligente. Al final de cuentas, si participa o no, es algo que no se va a dilucidar con la lapidación verbal, recurso nada constructivo en una sociedad democrática.