Guatemala: La dictadura perfecta

El sistema está diseñado para arrebatar al pueblo toda posibilidad de defensa.

Si Guatemala ha cruzado por abusos extremos contra su pueblo, con un conflicto armado interno por más de cuatro décadas y el atroz genocidio contra los pueblos indígenas, hoy enfrenta una de las pruebas más duras y definitorias de su historia reciente. Atrapados en un sistema que no deja espacio alguno a la participación ciudadana, los guatemaltecos observan cómo –gracias a un pacto perverso- las cúpulas empresariales y políticas echan por tierra, con el respaldo del ejército, todo viso de institucionalidad y prácticamente declaran el establecimiento de otra dictadura más a esa historia plagada de delitos contra el pueblo.

El presidente no preside. Es un títere del sector empresarial organizado que ha secuestrado el poder por décadas a través de una entidad desde la cual utiliza toda clase de mecanismos para proteger sus privilegios, a costa del desarrollo del país. Mientras tanto, el sector político se aferra a una ley electoral y de partidos políticos, LEPP, elaborada con toda la intención de impedir una elección verdaderamente popular y democrática de las autoridades; y para garantizar la continuidad de un sistema podrido hasta la médula. De ese modo han sido capaces de retorcer la justicia apoderándose de las cortes, así como establecer pactos con el Departamento de Estado con el propósito de evitar la “amenaza” de un cambio de dirección política hacia un sistema más justo.

El panorama de hoy pone la cereza sobre ese pastel al confinar a la ciudadanía frente a la amenaza de un contagio viral. El pacto de corruptos tiene la mesa servida para ejecutar –literalmente- toda clase de maniobras con la finalidad de eliminar de un golpe la sombra de democracia que aún resiste. El escenario en ese país se asemeja a las peores catástrofes humanitarias de países en guerra. Las inmensas sumas de dinero procedentes del narcotráfico blindan a ciertos políticos contra cualquier intento de depuración y se filtran fácilmente hacia el sistema jurídico con el fin de evitar un intento de frenar sus abusos.

La parálisis ciudadana se ve hoy agravada por la enfermedad y la muerte. Carentes de atención sanitaria de calidad –y, peor aún, carentes del todo en gran parte del territorio- millones de personas están condenadas a su suerte por orden presidencial. El gobierno, incapaz de ejecutar los fondos destinados a atender a la población y establecer medidas de contención contra la pandemia, se declara abiertamente incompetente y la deja abandonada a su suerte. En un país en donde la miseria ha sido política de Estado y en donde más de la mitad de la población infantil padece desnutrición crónica, los efectos del coronavirus se asemejan a un incendio devastador. Solo cenizas quedarán.

El cinismo de los gobernantes –desde los tres poderes del Estado- es una realidad contra la cual no se observa reacción alguna del pueblo, más que la frustración y la ira expresadas en redes sociales. Sin embargo, esa ira acumulada no tiene una salida efectiva debido a la división cultural, social, económica y étnica de la ciudadanía; y debido también a que se la ha privado de acceso a una educación de calidad capaz de prestarle herramientas de análisis. Esto último ha permitido la infiltración de entidades desde las cuales se la ha convencido de que la salvación reside en la fe. Una manipulación espiritual convertida en pingüe negocio para las iglesias pentecostales. Hoy, el pueblo necesita recuperar la dignidad que le han arrebatado durante su historia y para ello requiere valor, pero sobre todo comprender la importancia de su papel en ese proceso.

Un Estado capturado por la corrupción deja de ser legítimo.

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Las chicas malas del Hogar Seguro

Cualquier cosa se puede decir. Lo que no se dice es el porqué de la marginación.

Las hipótesis más descabelladas de labios de las autoridades echan raíces profundas en el imaginario colectivo, vale decir en la muy voluble y bien ponderada “opinión pública”. Esto sucede con las niñas quemadas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, dependencia estatal de acogida a niñas, niños y adolescentes con problemas de asistencia y resguardo. Este Hogar está a escasos kilómetros de la capital de Guatemala y hace 4 meses fue el escenario de un horrendo acontecimiento dejando a más de 40 niñas convertidas en cenizas, otras mutiladas, otras embarazadas por violación, todas con su vida destrozada para siempre. Como en toda tragedia inexplicable, se suele aprovechar el poder -en cualquiera de sus formas- para cambiar versiones, descalificar a las víctimas y reducir el impacto negativo de las malas decisiones emanadas por quienes lo detentan. Así ha sido a lo largo de la Historia y así continuará siendo.

Para quienes ven al toro desde la barrera resulta casi gratificante aceptar las versiones oficiales, dado que ello los exime de asumir posiciones incómodas. Si las chicas eran mal portadas entonces el desarrollo de los acontecimientos era inevitable. Mal portadas significa rebeldes, ariscas, soeces, desafiantes. Mal portadas, ingratas y violentas al negarse a aceptar su situación y pretender cambiar las cosas. Mal portadas al estilo de las novelas de Charles Dickens, mal portadas bajo los códigos de una sociedad tan indiferente a su condición como lo ha sido con respecto a su destino. En fin, esas chicas malas se lo labraron solas.

La otra cara del asunto es el escenario completo. Es decir, ¿qué llevó a esas criaturas que al nacer eran unos angelitos caídos del cielo a transformarse, supuestamente, en producto desechable? ¿En qué momento se produjo la metamorfosis, si es que realmente hubo alguna y no estamos simplemente asumiendo lo que no es? Al buscar respuestas estas convergen en las carencias de siempre, producto de la infame manipulación de la riqueza para acrecentar los capitales de unos pocos para privar a todos los demás de las oportunidades de desarrollo que han generado con su trabajo mal pagado, todo ello coronado por la indetenible corrupción de las clases política y económica.

En ese cuadro de costumbre campea a sus anchas el crimen organizado, el cual ha invadido todos los espacios y se ha beneficiado largamente de la inercia del Estado y la ciudadanía. Esas niñas malas, quienes de acuerdo con la voz oficial estaban bajo cuidado de psicólogos y personal especializado en cuidado de niñas, niños y adolescentes, no supieron agradecer tanto beneficio y se amotinaron en un acto de inconcebible rebeldía. Por supuesto, no se dice que entre ese personal especializado había ex militares entrenados, había quienes aprovechaban su poder absoluto para abusar a su antojo de las niñas malas y nadie en ese antro de horror era capaz de sentir la menor empatía por esos seres tristes y abandonados a una suerte macabra.

El período de la adolescencia no es fácil. No lo es para las niñas y niños nacidos en un ambiente apropiado, mucho menos para quienes fueron a parar a las zonas marginales en un hogar desintegrado y con todas las carencias del catálogo. No existe un solo ser humano capaz de conformarse con la miseria sin rebelarse contra su suerte. No existe tampoco uno que acepte la violencia como forma de vida sin intentar escapar de ella.

La pretensión de acusar a las niñas de mentirosas, afirmar que sus violaciones y embarazos son imaginarios, negar la existencia de las redes de trata es abusar de la paciencia de quienes poseen un mínimo de sentido común y algo de capacidad de raciocinio. Esas niñas no nacieron para ser un producto gratuito para el comercio sexual, todas ellas tienen derechos y es obligación de la ciudadanía exigir que sean respetados.

No existe un ser humano capaz de conformarse con la miseria y la violencia sin intentar salir de ella.

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El liderazgo significa humanidad

17218705_1612987958730879_5321049773212947293_oUna nación sin liderazgo y sumida en la violencia es la actual marca país.

Rosa Julia Espino Tobar, Indira Jalisa Pelicó, Daria Dalila López Meda, Achly Gabriela Méndez Ramírez, Yemmi Aracely Ramírez Siquin, Jaqueline Paola Cantinac López, Siona Hernández García, Josselyn Marisela García Flores, Mayra Haydée Chután Urías, Skarlet Yajaira Pérez Jiménez, Yohana Dasiré Cuy Urízar, Rosalinda Victoria Ramírez Pérez, Madelin Patricia Hernández, Sarvía Isel Barrientos Reyes, Ana Nohemí Morales Galindo, Ana Rubidia Chocooj Chutá, Jilma Sucely Carías López, Yoselin Beatriz Ventura Pérez, Grindy Jasmin Carías López, Mari Carmen Ramírez Melgar, Keila Rebeca López Salguero, Kimberly Mishel Palencia Ortiz, Nancy Paola Vela García, Estefany Sucely Véliz Pablo, Lilan Andrea Gómez Arceno, Mirza Rosmery López Tojil, Ana Roselia Pérez Sinay, Grisna Yamileth Cu Uluan, Melani Yanira De León Palencia, Luisa Fernanda Joj González.

En este listado aún faltan 10 niñas a quienes el Inacif intenta identificar porque el daño en sus cuerpos es de tal magnitud que ni siquiera sus familiares han podido reconocerlas. Triste destino el de la niñez y la juventud, cuyo porvenir está definido por una política pública que los ignora, por una decisión financiera más inclinada a beneficiar a los empresarios con una exención de impuestos que a un sector de la población que nada recibe por parte del Estado y, como lamentable corolario, por el estigma que la propia sociedad ha impreso sobre los más pobres y desvalidos.

Pasada la tragedia provocada por la actitud agresiva y autoritaria de hombres con poder sobre niñas indefensas, los funcionarios responsables se refocilan haciendo señalamientos contra las víctimas y sus familiares para evadir la culpa y dar vuelta a la hoja. Sin embargo, esta hoja pesa demasiado como para cerrar un capítulo de vergüenza que ha dado la vuelta al mundo y ha señalado a los políticos guatemaltecos como incompetentes y carentes de humanidad. Solo falta ver cómo los representantes del pueblo aprovechan la confusión y el dolor de la ciudadanía para aprobar leyes con el propósito de liberar a los corruptos en prisión, prevenir que algo semejante les pueda suceder a ellos mismos y regresarlo todo a foja cero.

Es imperativo entender, de una vez por todas, que la niñez es responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Es preciso ver en este horrendo episodio el panorama completo: un sistema podrido hasta sus raíces, cuya deuda más grande es haber privado a la niñez de toda oportunidad de desarrollo durante generaciones. Un marco general de negligencia institucional incapaz de acudir en respuesta a las constantes denuncias de abuso, tortura, maltrato y violaciones a los derechos de la niñez, cuya actitud está sesgada por un desprecio atávico por los sectores más pobres y vulnerables.

No hay palabras para describir el dolor ante tanta crueldad, ya todas han sido dichas. Ahora solo resta mantener el tema en agenda porque más de 5 mil niños, niñas y adolescentes permanecen aún institucionalizados en un contexto de abandono y riesgo constante a su integridad física y emocional. Es importante señalar que desde el momento de su acogida en un refugio creado para ese propósito, el Estado es responsable de todos y cada uno de ellos. A ello se suma su compromiso explícito en tratados y convenciones internacionales para el cuidado y la protección integral de la infancia, firmados y ratificados por el Estado, documentos hasta ahora vacíos para una casta política cuyos intereses se alejan cada día más de los del pueblo que les entregó el poder. Guatemala está de luto, sin un camino a seguir y sin un líder capaz de marcarlo.

De amos y esclavos

Parece novela negra, pero en realidad sucede en las narices de una sociedad que muchas veces prefiere no enterarse de estos temas tan desagradables para no sentirse mal. Pero ahí están sus nuevas generaciones, las promesas de un futuro mejor, los receptores de una identidad nacional en proceso de quiebre. Son las niñas, niños y jóvenes en la flor de su desarrollo a quienes se debe el respeto y el cuidado que cualquier comunidad humana medianamente civilizada ofrece a sus descendientes. Ahí están, abandonados a su suerte, desnutridos, abusados y muchas veces asesinados como daño colateral de una situación de violencia.Para paliar las carencias y reparar los daños sufridos por la numerosa niñez en riesgo se crearon hogares seguros –uno de ellos el Hogar Virgen de la Asunción, motivo de esta columna- como establecimientos destinados a sustituir en lo posible las carencias de niños y niñas sin hogar, abandonados o privados del goce de sus derechos. En teoría, estos sitios especialmente construidos proporcionarían seguridad y atención profesional con personal capacitado en distintas disciplinas, para cumplir el propósito de dar a estos infantes la formación y el cuidado necesarios y prepararlos para una vida adulta productiva y, en lo posible, feliz.

La realidad es otra. Las revelaciones de las últimas semanas -gracias a un profundo y extenso trabajo periodístico- pusieron en alerta a la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio Público y a la prensa en general, dibujando un escenario dantesco de las condiciones reales en las cuales sobreviven las niñas, niños y adolescentes rescatados e internados en este supuesto hogar seguro, dependiente de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y, por extensión, en otros de similares características administrados por el Estado.

Las denuncias debieron haber generado una reacción inmediata de las autoridades encargadas y de la población. Sin embargo, quedó en un tibio intento de aplacar los señalamientos aduciendo dificultades financieras, sobrepoblación del hogar, limitaciones de todo tipo. Insuficiente respuesta a las sospechas de abusos de enorme envergadura, como violaciones sexuales y negocio de trata con las y los adolescentes internos. Allí es preciso no solo investigar a fondo al personal, sino trasladar a los grupos afectados a refugios verdaderamente seguros, a salvo de represalias.

A la ciudadanía en general este problema no parece haberle afectado. Las niñas, niños y adolescentes rescatados de situaciones de violencia son cosa de otros, son asuntos ajenos a sus propios intereses y no le quitan el sueño más que a los directamente involucrados. Pero estamos hablando de miles de víctimas de abusos; desde la privación de su identidad, la falta de acceso a la educación, la desnutrición crónica, la pérdida del hogar, hasta los maltratos más crueles como las violaciones sexuales y la obligación de prostituirse para el beneficio económico de adultos con plenos poderes y autoridad para disponer de estos infantes como les plazca, como si fueran sus esclavos.

Aquí vale recalcar que sí es competencia de la ciudadanía velar por la seguridad, la integridad y el respeto de los derechos de la niñez. Desentenderse, en el fondo, es una evidencia de lo corrompido del sistema individualista y permisivo en el cual estamos inmersos. Así como con la niñez y la juventud, así también se ha fallado en el ejercicio del poder ciudadano a partir de valores sólidos para controlar los desmanes de los gobernantes. En este contexto, la niñez está más desprotegida que nunca antes.

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La danza de los amparos

Algunos casos se transforman en paradigma de impunidad.

En Guatemala comienzan a darse muestras de un proceso trascendental destinado a enderezar entuertos jurídicos. En la medida que pasan los meses y se descubre el nivel de impunidad bajo cuyo manto se han protegido desde delincuentes de poca monta hasta asesinos a gran escala, en la ciudadanía crece la esperanza por el establecimiento del muy ansiado estado de Derecho.

Tal aspiración no es gratuita. Durante poco más de un año se han visto desfilar por las Cortes a un ex Presidente y a una ex Vicepresidenta de la República, más un buen puñado de ex ministros de Estado y otros funcionarios afines, algo totalmente sorprendente en un país cuyo sistema ha sido diseñado para cobijar a los corruptos, sobre todo cuando éstos pertenecen a los círculos de poder.

La población va de asombro en asombro ante las capturas de políticos y empresarios, siguiendo con atención las extenuantes jornadas de interrogatorio presididas por el juez Miguel Ángel Gálvez. El papel jugado por la Cicig y el Ministerio Público ha sido fundamental para darle consistencia a los casos y mantener fuera de circulación a los individuos más poderosos del país.

Sin embargo, en el sistema de administración de justicia de Guatemala existe un caso que no avanza; uno que de manera inexplicable permanece detenido a pesar de todas las evidencias presentadas por la fiscalía. Es un caso paradigmático cuya resolución quitaría el tapón que impide el curso de la justicia y permitiría resolver otros casos similares de violencia femicida. Se trata del asesinato y desaparición de Cristina Siekavizza, una joven madre supuestamente golpeada hasta la muerte por su esposo, Roberto Barreda.

Lo que hace de este caso un paradigma es la influencia de los personajes involucrados. Para entenderlo, habría que remitirse a la trayectoria profesional de los padres del sindicado, quienes desde sus altas investiduras como magistrados de la Corte Suprema de Justicia han de haber cultivado amistades y sentimientos de gratitud tan profundos entre sus pares como para superar cualquier escollo jurídico, haciendo del tráfico de influencias un verdadero arte.

Treinta han sido las acciones y recursos presentados ante la Corte de Constitucionalidad por la familia Barreda De León en los 5 años transcurridos desde la desaparición del cuerpo de Cristina. Once de ellos por Joaquín Flores, cuñado de Roberto Barreda; 9 por Beatriz Ofelia De León, madre de Barreda –uno de ellos para separar a la Fundación Sobrevivientes como querellante adhesivo-; 6 por el sindicado, con algunos de los cuales pretende retirar el caso del tribunal B de Mayor Riesgo; y 5 por otras personas ligadas al proceso.

Mientras la familia Barreda se afana por salir bien librada de este crimen deleznable, la familia Siekavizza, el Inacif y el Ministerio Público, con el apoyo de la Fundación Sobrevivientes en su calidad de querellante adhesivo, continúan incansables su lucha contra la impunidad. Durante los 5 años transcurridos desde la desaparicion de Cristina la han buscado en fincas, ríos, lagos y terrenos baldíos, en donde el asesino –y quien lo asistiera en ese proceso- pudo haber enterrado o sumergido su cuerpo, sin hallarla.

Estas son las incongruencias de un sistema de administración de justicia aún pendiente de depuración. La nefasta tradición del encubrimiento entre pares –lo cual también sucede en otras disciplinas- constituye un obstáculo y se podría catalogar como un acto de complicidad criminal toda vez impide el imperio de la ley. La reforma del sector justicia es, más que una demanda ciudadana, una necesidad vital para Guatemala.

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Los alcances del fracaso

La pandemia de las violaciones sexuales cubre al planeta entero.

El caso más reciente: Una niña violada por 30 hombres adultos en una favela de Brasil, cuyo impacto provocó manifestaciones en ese país y repudio en todo lugar en donde llegó la noticia, nos enfrenta con una realidad de violencia tan extendida como impune. Ante esto, cabe preguntarse qué hubiera pasado si los violadores no hubieran compartido las imágenes de su perverso acto de crueldad, en su entusiasmo por divulgar su hazaña.

Lo más probable, hubiera pasado inadvertido. Si la niña denunciaba pondría en riesgo su vida y la de su familia, dado el carácter de 33 hombres adultos reunidos con el propósito de pasar un momento de “diversión” a costa de una adolescente indefensa. Es decir, la visión panorámica de una construcción cultural en la cual no existe el concepto de respeto por la vida, el cuerpo y la integridad de las mujeres, no importa cuál sea su condición.

Hemos visto agresiones de todo tipo, en todas partes. No es algo excepcional ni aislado. A un lector que criticó mi exposición del caso de Nabila en Chile, afirmando que estos temas –feminicidio, violaciones, acoso y violencia intrafamiliar- no tienen relevancia internacional, le respondo: Estos temas ya han ingresado en el listado de las políticas urgentes si queremos reparar el tejido de nuestras sociedades enfermas, y la comunidad internacional así lo considera. La violencia en contra de las mujeres es un rasgo cultural de toda sociedad patriarcal y urge combatirlo.

Las violaciones y otra clase de agresiones sexuales contra niños, niñas y adolescentes rebasan en mucho las cifras oficiales. Existen familias enteras integradas a fuerza de violaciones en cadena, como el caso de una niña de 12 años embarazada de su padre, quien a su vez violó y embarazó consecutivamente a 3 generaciones que siguen viviendo bajo el mismo techo. Es decir, la niña es también hermana de su madre y de su abuela. Estos casos, poco divulgados pero frecuentes en las áreas rurales, constituyen la muestra indiscutible de la situación de marginación en la cual crecen las niñas, cuyos cuerpos están a la disposición de quien quiera tomarlos, explotarlos y desecharlos.

En países como Guatemala, en donde falta la presencia del Estado en grandes extensiones del territorio y, por tanto, tampoco hay un sistema de justicia y protección, el escenario es aún más devastador. Quienes sufren los abusos sexuales y otras agresiones físicas, psicológicas y económicas, callan por temor o por un arcaico convencimiento –transmitido por generaciones- de que así es la vida para las mujeres.

El reciente informe divulgado por Unicef y Cicig sobre La Trata de Personas con fines de Explotación Sexual en Guatemala, pone en claro la dimensión dantesca de este fenómeno y cómo existe y prospera gracias a sus poderosos nexos con las autoridades de Gobierno y algunas de sus instituciones. El análisis, sobre una muestra de sentencias judiciales –lo cual solo refleja parte de los casos reales- determina que un 57 por ciento de las víctimas son niños, niñas y adolescentes y, en el caso de las niñas, la mayoría destinadas a explotación sexual, muchas veces dando servicios a más de 30 hombres por día. Un horrendo escenario de esclavitud, de impunidad y una evidencia del subdesarrollo humano de nuestras sociedades.

Los números, sin embargo, son fríos. No reflejan el drama cotidiano de las víctimas, quienes pierden su vida y oportunidades en un sistema que las margina desde su nacimiento. Determinar la responsabilidad por este fracaso colectivo es la tarea pendiente para la ciudadanía.

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Democracia sin justicia…

…No es democracia. Es un sistema diseñado para el abuso.

Muchas veces las personas se sienten agredidas ante la realidad de la violencia cuando se reproduce en los medios de comunicación y las redes sociales. “Es innecesario” dicen, “arrojarnos a la cara toda esa tragedia que ya conocemos”. Pero no es cierto, no se conoce porque se ha construido todo un imaginario para ignorar los dramas ajenos, fantasía de negación muy útil hasta cuando nos asesinan a un ser querido, nos extorsionan o nos golpean la ventanilla del automóvil con una escuadra calibre 44 Magnum adquirida en el mercado gris, solo para robarnos el celular.

Así es como nos vamos adaptando a una realidad paralela a nuestro espacio personal, cada vez más reducido en términos de espacio pero también de experiencias. Ya no socializamos, no conocemos a nuestros vecinos y somos incapaces de comprender toda la dimensión del absurdo escenario en el cual transcurre nuestra vida.

En el transcurso de unos pocos días, hemos visto el asesinato de un ciudadano por no ceder el paso a uno de esos energúmenos que utilizan el vehículo como arma de destrucción masiva. Hemos visto cómo el cuerpo de una joven fue a estrellarse contra el pavimento después de haber sido salvajemente agredida por su conviviente. Por supuesto, no ha sido la única ni será la última a pesar de los esfuerzos de algunos internautas para hacer visible el feminicidio, de algunas organizaciones para socorrer a las potenciales víctimas y de algunos ciudadanos para denunciar las agresiones.

Pero eso es solo una parte de la ecuación, la otra es la ausencia de seguimiento a esta clase de crímenes por la incapacidad del sisterma de administración de justicia para hacer frente a esta debacle social, cuyo impacto supera largamente las posibilidades de reacción de las instituciones del Estado. Los expedientes se acumulan tras las oleadas de denuncias, provocando un sentimiento de enorme frustración en las víctimas por la imposibilidad de resguardarse de posibles represalias. Y el sistema colapsa con un escandaloso porcentaje de casos no resueltos mientras se llenan las instalaciones del sistema penitenciario con individuos en prisión preventiva.

A todo esto, el concepto de democracia no ha sido objeto de un proceso consciente, colectivo y de participación ciudadana capaz de reformularlo. Eso provoca una ilusión de estabilidad en algunos sectores urbanos, cuya visión no va más allá de las barriadas populares. Por lo tanto, lo que sucede en el resto del país: el conflicto agrario, la destrucción provocada por las grandes compañías extractivas, la ausencia de instituciones del Estado y la miseria en la cual se desarrolla la vida de millones de seres humanos carentes de lo mínimo para subsistir, les resulta ajeno.

A ello se suma una especie de gobierno paralelo liderado por los capos del tráfico de droga, del contrabando y la trata de personas, quienes dominan grandes áreas del territorio y se pasean en sus vehículos blindados con la más absoluta impunidad, conscientes de poseer una fuerza superior a la de cualquier otra instancia de seguridad nacional. El terror generado por estos grupos en las comunidades es algo desconocido para los citadinos, quienes solo tienen atisbos de esa realidad.

¿En dónde está, entonces, la democracia? ¿A cuáles definiciones responde un sistema incapaz de proporcionar la menor esperanza de seguridad y justicia para sus ciudadanos? Los avances en la persecución de los delitos de alto impacto, aun con su enorme relevancia para la consolidación del sistema de justicia, no son suficientes para garantizar la paz en Guatemala.

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Feliz día, madre…

niña

A ti, cuyo futuro quedó tirado en algún recodo del tiempo, irrecuperable…

Feliz día, te dirán con solemnidad como si hubieras realizado una proeza, pero no. Pariste un hijo sin quererlo, casi sin saberlo, un hijo cuya llegada –a tus 12 años apenas- marcó el inicio de una etapa sin perspectivas. El pequeño producto de un acto de bajeza infinita que acabó con tu infancia y la convirtió en una adultez indeseada. Peor aún, la transformó en la más injusta cadena de privaciones.

Feliz día, madre de uno de los 26 mil 400 niños y jóvenes varones asesinados en América Latina y El Caribe solo en el transcurso de un año por causas que aún no comprendes y cuyo dolor sientes con la misma intensidad de cuando te notificaron su muerte por un balazo certero. Nunca pudiste entender el porqué.

¿Y qué hay de ti, madre de ese joven en el umbral de sus sueños, desaparecido o muerto, quién sabe en dónde y cómo. Ese adolescente de cuyo rastro el gobierno mexicano, hondureño, salvadoreño o guatemalteco nunca quisieron darte razón porque no lo saben o quizá prefieren mantener el enigma que te perseguirá por siempre como una pesadilla sin fin? Ese joven que un día cualquiera salió del instituto o del trabajo o de su propio hogar para desvanecerse en el aire como un fantasma, dejándote sumida en la tristeza.

Feliz día de la madre, niña-mujer, ignorante de tus derechos porque nunca te permitieron asistir a la escuela. Así encadenaron tu libertad a un fogón, un estropajo, un surco en el campo. Tú, quien aprendiste desde tus primeros días de vida el papel que otros te asignaron en este mundo: el de una maternidad forzada y una esclavitud institucionalizada por una sociedad para la cual no tienes valor alguno.

Feliz día también para ti, abuela a los 25 porque tu niña de 10 salió embarazada por el hombre que creíste amar, el mismo que la engendró. Drama cotidiano marcado por tus carencias abismales en los países más ricos del planeta. Ricos en recursos, ricos en desigualdades. A ti te tocó la parte mala de la ecuación pero crees, muchas veces, que es cosa de Dios y no te rebelas porque ni siquiera conoces la dimensión de la injusticia.

Feliz día, madre marginada por un Estado que no responde a tus demandas porque son otras sus prioridades. Has visto a tus hijos languidecer por la desnutrición, perder el brillo de sus ojos y la fuerza de su cuerpo. Has perdido la cuenta de las veces que has solicitado ayuda y te la han negado por cualquier razón. Te has estrellado contra una burocracia inclemente y un sistema indiferente a tu dolor.

Feliz día, niña destinada a ejercer labores de madre por la fuerza de las circunstancias. Porque naciste niña en una sociedad permeada por tantos prejuicios sexistas y estereotipos que sería difícil enumerarlos para hacerte comprender la dimensión de tus desventajas. Porque ser niña es una condición para el abuso, la discriminación y la explotación en todas sus formas. No importa si naciste en un hogar acomodado o en una pobre choza de barranco. Igual marcarán tu lugar en la vida.

Feliz día, madres cuyo día se inicia desde el amanecer ante los portones de las cárceles, en los tribunales de justicia o, quizá, frente a hospitales y morgues buscando a un hijo, una hija, a quien vieron salir para nunca más regresar. Son esas madres que seguirán buscando, esperando sin plazo fijo, porque así son las cosas en nuestros países. Son esas madres aferradas a las excusas más absurdas. Son las mujeres sin voz en un mundo perfectamente diseñado para silenciarlas.

Feliz día…

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La mujer invisible

El combate al femicidio no es prioridad para el sistema.

El femicidio, ese crimen alevoso contra una mujer por el solo hecho de serlo -uno de los más recurrentes del prontuario criminal- parece ser irrelevante para el actualsistema de administración de justicia. Esto parecen expresar los magistrados de la Corte Suprema, quienes con un golpe de tintero han echado por tierra los esfuerzos realizados con la creación de los Tribunales Especializados en delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer, uno de los más importantes avances de la región y del continente con relación a esta clase de crímenes.

Con el acuerdo número 29-2015 de la Corte Suprema de Justicia, se tacha de un plumazo la especialización y se les añade a estos tribunales la carga adicional de conocer los delitos de violencia sexual y explotación y trata de personas. Esto, aun cuando aparenta ser otra forma de violencia contra la mujer, constituye todo un capítulo de enorme exigencia para estas instancias, cuyo trabajo se verá sobrepasado, con la consecuencia directa de perder su eficacia en aquellos casos específicos de femicidio que nunca antes fueron individualizados como corresponde.

De acuerdo con el Decálogo Iberoamericano “Calidad para la Justicia”, documento suscrito por las Cortes Iberoamericanas, entre ellas la de Guatemala, la justicia debe cumplir con “establecer la eficacia y la eficiencia como requisitos para una Justicia confiable y de calidad. La concepción de un Estado Social y Democrático de Derecho, lleva intrínseca la existencia de un sistema de Justicia eficiente donde las personas usuarias tengan la garantía de la tutela de sus derechos. La calidad debe integrar los conceptos de eficiencia y eficacia. El primero de ellos, hace referencia a la optimización de los resultados alcanzados en relación con el uso de los recursos disponibles e invertidos en su consecución. Por otro lado la eficacia, es el logro de los objetivos, metas y estándares orientados a la satisfacción de los requerimientos y expectativas de la persona usuaria.”

¿Cuánta “eficiencia y eficacia” podrán demostrar los Tribunales cargados con procesos de tanta complejidad y magnitud como los de Femicidio, Violencia Sexual, y Explotación y Trata de Personas? ¿Acaso no es pertinente para los señores magistrados especializar la justicia para casos de Femicidio, en un país cuyos indicadores de este delito están entre los más elevados del mundo?

La decisión resulta, más que lamentable, amenazante para un importante sector de la población cuya vida se encuentra bajo constante amenaza. Peor aun cuando vea que estos juzgados antes especializados, deban diluir su atención para atender otra clase de delitos los cuales, de todos modos, terminarán engrosando la interminable lista de los casos pendientes de resolución, alimentando así el capítulo de la impunidad que hoy alcanza cifras de escándalo.

Con esas 14 firmas al pie de un Acuerdo se termina de poner el pomo sobre un avance que enorgulleció en su momento a Guatemala y a su Corte Suprema de Justicia, por haberle entrardo de lleno a uno de los temas menos atendidos en el ámbito judicial.

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Siete días

Estamos mal cuando vemos lo inconcebible como normal.

El titular de elPeriódico consignaba la noticia positiva del día: “La ciudad capital registró siete días sin homicidios durante agosto” y, más abajo, inserto, un medidor de homicidios con una gráfica ilustrativa de cuántas muertes violentas se producen a diario en el país. Agosto aparece como el mes menos violento con “solo” 494 asesinatos.
Esa es la realidad. La noticia positiva es el récord de toda una semana ¡7 días! sin un solo asesinato en la capital. Insólito, extraordinario, algo que merece pasar a los anales de la iniquidad. Un dato que nos arroja en el rostro lo pervertido de nuestra percepción de lo bueno y lo malo, nuestro acomodo al salvajismo en donde estamos inmersos cual círculo dantesco, entre victimarios y víctimas, en un eterno castigo.
Solo cabe preguntarse ¿cuándo me tocará a mí entrar en las estadísticas? ¿será mi asesinato merecedor de una investigación? ¿mi expediente quedará rezagado en los despachos del Ministerio Público o en alguno de los juzgados, entre otros miles de papeles polvorientos y olvidados?
No es simple conjetura, es la verdad real y concreta para muchos hombres y mujeres cuya muerte violenta pasó inadvertida en los medios de comunicación porque no era relevante, porque las páginas ya no pueden destinar tanto espacio a la tragedia, porque la rutina dejó de ser noticia.
Mientras tanto y a pesar de que la capacidad del Ministerio Público se ha visto afectada por un presupuesto extremadamente limitado para reducir el déficit en su capacidad de investigación, la burocracia ha obligado a la institución a pagar más de Q5 millones en los últimos 18 meses en salarios a trabajadores que fueron despedidos por distintos motivos, la mayoría por negligencia en su desempeño.
Las decisiones políticas van en sentido contrario a toda lógica. Se contraponen no solo al más elemental sentido común –como la de engavetar la ley anticorrupción en un país altamente vulnerable a ese flagelo- sino además constituyen un atentado contra la estabilidad democrática, al privar a la población de recursos esenciales para combatir al crimen y garantizar un nivel de seguridad básico a la ciudadanía.
No parece inminente que el país recobre algún nivel de estabilidad gracias a la prórroga del mandato de la Cicig. De hecho, esa entidad no ha cambiado significativamente el cuadro de inseguridad nacional y las organizaciones criminales no han visto reducido su poder de maniobra durante los últimos años. Lo que se requiere, más que una intervención de la ONU en ese ámbito de la política interna, es un auténtico compromiso de nación para dirigir los esfuerzos de manera coordinada y estricta hacia el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, cuya esencia es el desarrollo social con sentido humano.
Es una realidad que las nuevas generaciones son las más afectadas por la violencia y eso requiere planteamientos mucho más radicales en políticas públicas destinadas a educación, salud, vivienda y alimentación. Hasta entonces, el país deberá conformarse con el dudoso éxito de vivir una semana sin homicidios en la capital, afirmación que a decir verdad, también parece esconder un subregistro.

Corrupción es…

El beneficio personal parece ser la máxima prioridad.

La ley anticorrupción no pasa. Para quienes condicionan el destino de 14 millones de seres humanos desde los despachos oficiales, la transparencia en el manejo del gasto público es una amenaza, por limitar su libertad para enriquecerse con esos fondos. Pero no hay por qué preocuparse, ya que entrampar la ley es un juego de niños gracias a la indiferencia de la ciudadanía ante los manejos y componendas de sus legisladores y demás integrantes de la rosca del poder.
Da asco ver cómo se reparten el botín por medio de concesiones, privilegios y contratos de todo tipo. Pero es más repugnante aun observar el descaro de políticos y empresarios quienes, en total complicidad, hacen del erario una fuente de enriquecimiento, delito no tipificado porque no les conviene. El sector privado maneja parte de la agenda y sus socios políticos se encargan del resto. La ciudadanía no tiene voz ni voto en este expolio de los bienes nacionales, ejecutado a la vista de todos.
Mientras tanto, la niñez de Guatemala sobrevive –cuando tiene suerte- en el más profundo de los abismos. No hay dinero para escuelas ni centros de salud, mucho menos para alimentación. Pero se celebran foros internacionales en hoteles de lujo, en donde se reunen los burócratas de la región para discutir estrategias que no se realizan, soluciones que nunca van a prosperar y a gastar en viáticos, honorarios, cenas y alojamientos de lujo el dinero que hubiera servido para paliar las necesidades básicas de toda una comunidad.
En esta fiesta de la irresponsabilidad humana están todos involucrados. Desde los organismos internacionales hasta la última de las alcaldías. Resulta ofensiva la manera cómo se escatiman a la población necesitada los recursos básicos de sobrevivencia para destinarlos a gastos de operación superfluos, contratos con empresas fantasma, plazas de trabajo inventadas para favorecer a los amigos y proyectos con intenciones proselitistas. Adicionalmente están los fondos que jamás sirvieron para nada por falta de capacidad de ejecución de las autoridades locales.
Las necesidades de la población se han ido reduciendo progresivamente con el correr de los años y con la profundización del abandono. Ahora la niñez guatemalteca se conforma con no ser violentamente abusada, cuando antes esperaba como mínimo tener acceso a una buena escuela con maestros preparados, alimentación suficiente para cubrir todas sus necesidades nutricionales, vestuario decente y oportunidades de juego y esparcimiento.
En lo referente a la juventud, las cosas han ido mucho más lejos. Sin institutos vocacionales que les permitan acceder a una capacitación adecuada para garantizarse un futuro productivo, vagan por las calles exponiéndose a toda clase de peligros y buscando la manera de sobrevivir. Muchos de ellos terminan siendo reclutados por las organizaciones criminales a cambio de protección y medios de vida.
Lo que hace falta para corregir esta realidad no es un misterio. Faltan conciencia social, responsabilidad política y el carácter suficiente para poner orden en este caos.

¿Cómo decía? Impuni…¿qué?

Publicado el 23/07/2011

La experiencia de los ciudadanos es más determinante que la sensibilidad de los jueces.
Los jueces cometieron un error de cálculo al reaccionar con el hígado a los señalamientos del titular de la Cicig respecto de la corrupción en el sistema de justicia, una de las principales causas del debilitamiento del estado de Derecho en Guatemala.

Dall’Anese no tuvo que mover ni un dedo para recibir una avalancha de muestras de respaldo. En este escabroso tema, no solo las organizaciones civiles, también los ciudadanos comunes tienen suficientes evidencias de vicios y actos anómalos en los procesos como para unir su voz en la demanda de depuración del organismo judicial.

La trascendencia de los casos que se ventilan en los tribunales, entre los cuales están algunos de los de mayor impacto, amerita un tratamiento serio de las dudas generales respecto de la imparcialidad de las sentencias y la honorabilidad de los funcionarios a cargo. Para nadie es un secreto la manera como se conducen algunos profesionales del Derecho cuando acuden a la torre de tribunales: se quitan el Rolex y lo introducen en el bolsillo para no arriesgarse a perderlo o, en el mejor de los casos, para usarlo en la negociación de ciertos privilegios. Y no es un tema oculto sino, aún peor, es motivo de broma entre colegas.

En este escenario, es evidente que quienes ejercen su profesión de manera recta y dentro del marco de la ley, están en enorme desventaja. Y lo mismo aplica a jueces cuyo comportamiento es transparente y apegado a las normas jurídicas, por encontrarse rodeados de una cadena de actos irregulares que desvirtúan su propio actuar. Por lo tanto, no se trata de despotricar contra los señalamientos de un funcionario internacional cuyo mandato es, precisamente, desarticular los mecanismos de la impunidad, sino sumarse a los esfuerzos por acabar con este estado de cosas y consolidar el imperio de la ley.

En las condiciones actuales de impunidad –recuerden, señores jueces, que se eleva a más del 85 por ciento de los casos- es muy fácil señalar a otros. Pero ese es el camino más directo hacia el estancamiento y la pérdida de terreno frente a organizaciones criminales muy eficaces en el trabajo de socavar los cimientos de la Nación.

Si lo que necesita esta joven democracia es reforzar su estado de Derecho, el primer paso es depurar el sistema de administración de justicia en todas sus instancias. Para ello, no se trata solamente de revisar expedientes y señalar a determinados jueces, sino también reestructurar a la Policía Nacional Civil, capacitar y dar apoyo logístico a los fiscales del Ministerio Público y de ese modo facilitar la impartición de justicia sobre bases más sólidas. Las expresiones destempladas y las demostraciones de honor mancillado están, en este contexto, completamente demás.

Justicia sin fronteras

Publicado el 18/07/2011
El temor de juzgar en Guatemala casos de alto impacto es una realidad justificada. 
Las dudas expresadas por el titular de la Cicig respecto de las limitaciones del sistema de administración de justicia para juzgar a Carlos Vielmann y garantizar su seguridad no deberían extrañar a nadie, dadas sus evidentes debilidades.

Guatemala, sin embargo, no es una excepción. Todos los países en donde se consolidan círculos de poder cuya fuerza es capaz de torcer cualquier fortaleza institucional, están en enorme desventaja a la hora de imponer justicia o de hacer respetar las leyes. No digamos cuando se trata de sentar un precedente histórico al hacer valer la soberanía de la ley sobre una persona influyente y poderosa como el ex ministro de Gobernación o, en el caso de Portillo, sobre un ex presidente de la República.

Guatemala ha estado desde hace varios años en el vértice de la ola en temas como la corrupción, la falta de transparencia, el abuso de poder y la violencia institucionalizada, tanto desde las organizaciones criminales como desde el interior del Estado. Por lo tanto, la posibilidad de que sus instituciones del sector justicia puedan hacer valer la ley de una manera imparcial es muy relativa y provoca serios cuestionamientos.

El presidente del organismo judicial, por lo tanto, está en una posición muy difícil tratando de justificar la decisión de la jueza Carol Patricia Flores de solicitar a España la extradición de Carlos Vielmann, en un contexto de dudas sobre la pertinencia de esa decisión. Por un lado, descalificar a sus jueces sería como confesar que no hace bien su trabajo y, por otro, quien le hace estos señalamientos es un organismo internacional cuyo desempeño ha sido controversial y no siempre bien visto por los funcionarios locales.

Sin embargo, la jefa del Ministerio Público no opina igual. Para la doctora Paz y Paz la extradición de Vielmann es inconveniente por no existir en el país las condiciones que garanticen la integridad física y el acceso a la justicia para el acusado, debido a la existencia de cuerpos clandestinos y aparatos de seguridad, una realidad que ni siquiera el presidente de la CSJ puede poner en duda.

La situación es extremadamente compleja, pero para la opinión pública probablemente resulta evidente que los argumentos de los titulares del MP y la Cicig son válidos. Porque, ¿quién podría asegurar el hecho de que la decisión de la jueza Flores no es más un acto reivindicativo de la autoridad que una promesa de justicia? En el fondo, ningún operador de justicia en Guatemala puede presumir de transparencia, porque lo que está dañado hasta sus cimientos es el sistema mismo.

En resumen, quizás la intervención de una corte internacional sea el recurso más adecuado y el menos oneroso mientras en Guatemala se logran desarticular los mecanismos que impiden la impartición de justicia con integridad y transparencia. 

Un violento despertar

Publicado el 11/07/2011

El asesinato de Facundo Cabral fue el suceso de violencia que colmó el vaso. 
Guatemala está pasando por un momento crucial de su vida democrática. Experimenta el ataque sistemático de grupos criminales con alto poder de fuego, sofisticados sistemas de información y poseedores de todo el dinero necesario para comprar voluntades y conciencias en cualquier instancia y en cualquier momento. A esto se añade un evento electoral plagado de crímenes, acusaciones y dudas sobre la integridad de quienes pelean el privilegio de llevar las riendas del país durante los próximos cuatro años.

El inconcebible asesinato de Cabral nos puso en los titulares del mundo entero desde tempranas horas de la mañana del sábado con un hecho de sangre más, esta vez en contra de un cantautor amable y carismático, pacífico como el que más, amante de la paz, de la vida y del amor.

Es muy triste que el crimen contra el artista argentino constituya uno más de los innumerables hechos de sangre que a diario se cometen en las calles y carreteras de Guatemala contra personas inocentes. Para ser víctimas, basta con el simple acto de subirse a un bus del transporte colectivo, transitar en su vehículo particular o poseer un teléfono celular. O, simplemente, estar en el lugar equivocado.

En la última semana, la ciudadanía se ha visto enfrentada a una cadena de acontecimientos que, a pesar de su obligado acostumbramiento a la violencia, la han dejado perpleja. Entre ellos, la captura del candidato a alcalde por San José Pinula, quien ha sido acusado del asesinato de dos de sus contendientes en la carrera por la vara edilicia y quien probablemente es responsable de otros atentados contra candidatos de ese municipio.

Luego, el ataque a balazos del guardaespaldas de la hija de Otto Pérez Molina contra un policía municipal de Tránsito desarmado, dejándolo gravemente herido y al borde de la muerte, así como una serie de secuestros y asesinatos que jalonan a diario las páginas de los periódicos y los noticiarios en radio y televisión.

No es preciso apuntar que esta es una de las campañas electorales más sangrientas de los últimos 20 años, tanto en el ámbito político como en la vida común de la ciudadanía. La mediocridad de la administración de Álvaro Colom se revela en toda su dimensión en este momento crucial para el país, con un escenario de caos y anarquía como hacía años no se había visto. Ante este panorama, no resulta extraño que algunos candidatos cuya bandera de lucha es la inseguridad, aprovechen la ocasión para demostrar a los electores la necesidad de un gobierno de mano dura. Lo que Guatemala necesita es otra cosa: volver a su cauce democrático. Para ello, el involucramiento de la sociedad es fundamental y el momento no es ahora. El “momento” ha sido siempre. 

La seguridad empieza en casa

Publicado el 09/07/2011

Cuando la promesa principal es seguridad, cualquier tropezón es una caída.

Es de suponer que si el policía de la PMT atacado por un guardaespaldas de la hija de Otto Pérez Molina logra sobrevivir, la acusación será intento de asesinato y las autoridades seguirán el caso hasta sus últimas consecuencias. Este hecho tan desfavorable e inoportuno para la campaña del candidato de la mano dura coloca nuevamente en el tapete el tema de la seguridad privada, la cual en Guatemala ya tiene antecedentes nefastos de abuso y violaciones a la ley por parte de los integrantes de estos grupos armados.

Es importante recordar que las empresas dedicadas a proporcionar servicios de seguridad han sido integradas, en su mayoría, por elementos que pertenecieron al Ejército Nacional y fueron desmovilizados después de la Firma de la Paz. Estas personas no solo tienen entrenamiento en lucha contrainsurgente, sino muchos de ellos pasaron por la escuela de kaibiles, altamente especializada para el combate en situaciones extremas, pero no para tratar con la sociedad civil.

El suceso que involucra a un elemento de seguridad de la hija del candidato se ha transformado muy rápidamente en una ola de descalificación por ser éste, precisamente, el político más identificado con las medidas represivas practicadas durante su pasado castrense y las promesas de mano dura que jalonan toda su campaña proselitista.

Sin embargo, los demás candidatos –especialmente Arzú- harían bien en cuidarse de lanzar acusaciones, porque todos ellos circulan por las calles de la ciudad y por el país rodeados de individuos tanto o más violentos que Luis Corado, el energúmeno que le disparó a un policía de tránsito obviamente desarmado.

Ejemplos de abuso de los elementos de seguridad privada de empresarios, narcotraficantes, políticos y funcionarios hay de sobra. Lo que se debería discutir de inmediato no es si Pérez Molina es co responsable del hecho, sino cómo prevenir y evitar que sucesos así se repitan a diario por la prepotencia de quienes adoptan como propios los aires de poder de sus patrones.

Guatemala no necesita más sangre inocente y esta campaña ya la ha derramado en abundancia. Lo correcto, en estos momentos, sería un acuerdo serio, con iniciativa de ley incluida, que regule de una vez por todas a las empresas de seguridad que, en lugar de ceñirse a los límites que marcan la ley y los derechos humanos, arrasan con ellos con la certeza de gozar de impunidad gracias a la influencia de quienes los contratan.

Esta iniciativa debería surgir de quienes hoy, en una carrera frenética por el poder, solo han demostrado mediocridad, falta de liderazgo y una insaciable sed de poder. Q así convenzan a una ciudadanía hastiada de que existe alguna esperanza de rehabilitación política para este sufrido país.