Doscientas quince mil y contando…

La maternidad forzada es una carga injusta; contra las niñas, es un crimen imperdonable. #DíaInternacionalDeLaNiña

Las cifras de niñas y adolescentes madres en la región centroamericana –más de 215 mil solo en 2019, de acuerdo con instituciones oficiales y organismos internacionales- es uno de esos indicadores, como el de la pobreza extrema, excluidos de las políticas públicas prioritarias de los gobiernos. Quienes poseen las llaves del poder desde sectores privilegiados consideran estas patologías sociales como un fenómeno natural, inevitable, cuya responsabilidad recae en quienes las sufren y jamás entre quienes las provocan. 

Principal causa de muerte entre niñas y adolescentes, la maternidad forzada –hay que recordar que el sexo con menores de 18 años está tipificado como violación- constituye una condena real e inevitable a una vida de privaciones y miseria. La abrumadora mayoría de los gobiernos de la región y del continente desarrollan sus políticas bajo un sistema de administración estatal influenciada por los sectores económico y religioso de corte patriarcal los cuales, en perfecta sintonía, han permanecido inalterables desde tiempos de la Conquista incidiendo con todo su poder en la política y en la administración de justicia. 

El patriarcado no es una fantasía feminista. El patriarcado existe y está instalado desde las épocas más remotas, restando oportunidades y derechos a las mujeres –por ley, por tradición, por simple proceso de adjudicar la autoridad a una mitad de la población y prohibírsela a la otra- con el resultado de sociedades enfermas, violentas, racistas, discriminatorias e incapaces de funcionar como un todo, con iguales metas y objetivos. Resulta penoso comprobar que en pleno siglo de la tecnología y los viajes interplanetarios existan limitaciones al desarrollo de las niñas, adolescentes y mujeres por un sistema de limitaciones por cuestiones de género que pervive desde la prehistoria.

En aquellas naciones –como las centroamericanas- en donde se tolera el abuso sexual contra niñas y adolescentes con el resultado de embarazos forzados y maternidades que jamás debieron suceder, el desarrollo social es un objetivo perdido. Los impedimentos institucionales para la integración de este importante sector de la juventud al goce de los derechos fundamentales, como una educación de calidad, un desarrollo físico y psicológico adecuados, un acceso libre a todas las oportunidades de vida de las que goza la otra mitad de la sociedad, son sociopatías inaceptables cuyo alcance pone en peligro de muerte a seres tan valiosos como inocentes.

Ser mujer –y peor aún, ser niña- constituye un riesgo vital. Acechadas en las calles, en el hogar, en la escuela y en el lugar de trabajo, deben vivir a la defensiva y soportar toda clase de agresiones por el solo hecho de ser mujeres. Quienes supuestamente deben ser sus pares son, en realidad, sus superiores jerárquicos en este sistema perverso de privilegios por género. La negación de esta cadena interminable de abuso no es más que una perpetuación del sistema por medio de un acondicionamiento psicológico capaz de transformar a las víctimas en sus propios victimarios, al convencerlas de la supuesta pertinencia del marco de valores que las somete. 

Quizá por eso la sociedad no responde a la urgencia de proteger a las niñas y adolescentes de las agresiones sexuales y, en lugar de ello, las culpa por su desgracia. Numerosos son los casos de incesto y violaciones cometidas en el entorno íntimo, bajo la mirada cómplice de familiares y vecinos quienes, con esa actitud, confirman de manera rotunda su desprecio por las víctimas. Esto debe terminar.

Acechadas en todos los espacios, las niñas deben luchar por sobrevivir.

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“Si se entera, me mata”

Cuando las relaciones están teñidas de miedo, cuando el “otro” es tu peor enemigo.

¡Cuántas veces escuché esa frase, pronunciada al pasar…! “Si él se entera, me mata”. Casual como si el hecho de una amenaza de ese calibre formara parte de la rutina cotidiana, millones de mujeres en el mundo viven bajo la sombra de una dictadura conyugal considerada por muchas personas –hombres y mujeres- como parte de una realidad inevitable, avalada por la costumbre. Expresiones similares aparecen cuando se platica con profesionales de la salud, acostumbrados a ver casos de mujeres impedidas de utilizar métodos de control para evitar embarazos no deseados porque sus parejas lo prohíben, o aquellas deseosas de continuar con su educación pero impedidas de hacerlo porque su potencial independencia económica significaría un desafío contra la autoridad del marido.

No me refiero al siglo diecinueve sino a estos tiempos, tan restrictivos para la mujer como aquellos. Por supuesto, hay avances y muchas compuertas han caído bajo la presión feminista, pero muchas también se resisten a caer. Como por ejemplo, el derecho de las mujeres a una educación plena y de calidad, no solo en temas de salud sexual y reproductiva sino en todos los campos del saber. Las restricciones impuestas para impedir la educación de niñas y adolescentes para condenarlas a una vida de servidumbre se mantienen idénticas a las reinantes durante la época de la Colonia. De hecho, Guatemala aún conserva esos lejanos modelos de vida en muchos aspectos, casi todos ellos en detrimento de la calidad de vida de quienes por ser menos privilegiados se ven obligados a servir a otros, en condiciones de explotación.

De este sistema injusto derivan prejuicios de una injusticia intolerable para la mayoría de mujeres, cuya vida depende de decisiones tomadas dentro de un pensamiento patriarcal que las relega a la categoría de objetos para reproducción, servicio doméstico (en todos los círculos sociales, sin excepción), decoración y entretenimiento. Los parámetros de la sexualidad femenina han sido marcados por hombres acostumbrados a mandar porque asumen que las mujeres están supuestas a obedecer. De hecho, esta “orden suprema” persiste en las ceremonias del matrimonio religioso.

En este marco en extremo conservador se inserta uno de los debates más intensos: el derecho al aborto. Un tema de enorme trascendencia para millones de mujeres alrededor del mundo, cuyos avances en términos de legislación han costado tiempo, vidas humanas, campañas intensas de uno y otro lado del espectro, pero también el ejercicio constante de analizar con visión humanitaria y perspectiva social el drama cotidiano de mujeres enfrentadas a un embarazo no deseado.

El aborto representa no solo una ruptura de los mandatos de las doctrinas religiosas más extendidas en el mundo, sino una especie de amenaza a la autoridad patriarcal, uno de cuyos pilares es su capacidad reproductiva. De ahí el comentario de una mujer ante la pregunta de un profesional de la salud sobre por qué no usaba anticonceptivos: “Si él se entera, me mata”. En esta especie de orden suprema, mezcla de mandato divino con potencia del instinto reproductivo, las mujeres constituyen el centro de la atención y de las prohibiciones desde todos los ámbitos.

Este poder restrictivo de enorme fuerza social ha representado un enorme obstáculo para que la mujer posea el control absoluto sobre su cuerpo y sus decisiones en términos de concepción y maternidad. En esta lucha y en un mundo que no cesa de agredirlas sexualmente, las niñas, adolescentes y mujeres adultas siguen estando en el último lugar de la lista del goce irrestricto de sus derechos humanos. Es hora de avanzar.

Un mundo restrictivo contra los derechos de las mujeres, un mundo anclado en el pasado.

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