Los monstruos interiores

Publicado el 30/07/2011

El debate ideológico debería prevalecer por encima de insultos y descalificaciones. 
Esta campaña proselitista se ha caracterizado por el machismo, el fundamentalismo religioso, la descalificación, el insulto racista y una agresividad enfocada en las diferencias entre uno y otro contendiente. En lugar de haberse convertido en un foro multiétnico, multicultural, pluralista e incluyente, es una arena en donde se hace gala de la peor batería de ofensas.

Sin embargo, hay una persona que se ha llevado la peor parte en este intercambio de malas vibras. Ella es Sandra Torres, candidata por el partido oficial, en quien se ha concentrado un inusual torrente de insultos en la escala completa de tonos, desde lo más ofensivo y sexista hasta el comentario velado destinado a destacar su extracción de clase popular como uno de sus peores defectos.

Es indudable que la señora Torres ha cometido casi todos los errores del catálogo: ha actuado con arrogancia, ha intentado concentrar el poder del Ejecutivo sin tener las credenciales para ello, ha demostrado inconsistencia entre su discurso y su actuar al rebajar los valores familiares a un asunto de conveniencia política y, aun divorciada del actual Presidente, utiliza los recursos del Estado en su campaña proselitista.

Por otro lado, ha demostrado mucha más capacidad intelectual y de trabajo que su ex marido, ha implementado programas interesantes que han tenido éxito en otros países del continente y ha sabido rodearse de un puñado de incondicionales, habilidad que la mayoría de sus colegas políticos envidian en silencio.

Es decir, son muchos los argumentos de peso que podrían dar a sus oponentes las herramientas para combatirla con armas más inteligentes. Sin embargo, el recurso del insulto parece haber tenido más arraigo entre los partidarios de otras opciones. La han llamado de todo, desde prostituta hasta arrimada, shuma y ordinaria. En ningún momento se ha visto un giro en esta degradante manera de oponerse a sus ambiciones, que no sea con epítetos ofensivos. Y esto, de algún modo, ha marcado el tono de la campaña retratando a una buena parte de la ciudadanía urbana y de clase media como una masa inculta, incapaz de entablar un debate de altura.

En el fondo, parece ser que el fantasma de la Navidad pasada tendría mucho trabajo si se pusiera a recordar a quienes alebrestan a sus huestes sobre sus propias fallas, errores, violaciones a la ley y otras minucias que podrían ponerlos en su lugar. Toda sociedad tiene sus fallas, pero aquí el deporte nacional parece ser escupir al cielo y esperar a que caiga en el terreno del vecino. Los ataques en contra de Sandra Torres deben evolucionar hacia una oposición racional, meditada e inteligente. Al final de cuentas, si participa o no, es algo que no se va a dilucidar con la lapidación verbal, recurso nada constructivo en una sociedad democrática.

¿Cómo decía? Impuni…¿qué?

Publicado el 23/07/2011

La experiencia de los ciudadanos es más determinante que la sensibilidad de los jueces.
Los jueces cometieron un error de cálculo al reaccionar con el hígado a los señalamientos del titular de la Cicig respecto de la corrupción en el sistema de justicia, una de las principales causas del debilitamiento del estado de Derecho en Guatemala.

Dall’Anese no tuvo que mover ni un dedo para recibir una avalancha de muestras de respaldo. En este escabroso tema, no solo las organizaciones civiles, también los ciudadanos comunes tienen suficientes evidencias de vicios y actos anómalos en los procesos como para unir su voz en la demanda de depuración del organismo judicial.

La trascendencia de los casos que se ventilan en los tribunales, entre los cuales están algunos de los de mayor impacto, amerita un tratamiento serio de las dudas generales respecto de la imparcialidad de las sentencias y la honorabilidad de los funcionarios a cargo. Para nadie es un secreto la manera como se conducen algunos profesionales del Derecho cuando acuden a la torre de tribunales: se quitan el Rolex y lo introducen en el bolsillo para no arriesgarse a perderlo o, en el mejor de los casos, para usarlo en la negociación de ciertos privilegios. Y no es un tema oculto sino, aún peor, es motivo de broma entre colegas.

En este escenario, es evidente que quienes ejercen su profesión de manera recta y dentro del marco de la ley, están en enorme desventaja. Y lo mismo aplica a jueces cuyo comportamiento es transparente y apegado a las normas jurídicas, por encontrarse rodeados de una cadena de actos irregulares que desvirtúan su propio actuar. Por lo tanto, no se trata de despotricar contra los señalamientos de un funcionario internacional cuyo mandato es, precisamente, desarticular los mecanismos de la impunidad, sino sumarse a los esfuerzos por acabar con este estado de cosas y consolidar el imperio de la ley.

En las condiciones actuales de impunidad –recuerden, señores jueces, que se eleva a más del 85 por ciento de los casos- es muy fácil señalar a otros. Pero ese es el camino más directo hacia el estancamiento y la pérdida de terreno frente a organizaciones criminales muy eficaces en el trabajo de socavar los cimientos de la Nación.

Si lo que necesita esta joven democracia es reforzar su estado de Derecho, el primer paso es depurar el sistema de administración de justicia en todas sus instancias. Para ello, no se trata solamente de revisar expedientes y señalar a determinados jueces, sino también reestructurar a la Policía Nacional Civil, capacitar y dar apoyo logístico a los fiscales del Ministerio Público y de ese modo facilitar la impartición de justicia sobre bases más sólidas. Las expresiones destempladas y las demostraciones de honor mancillado están, en este contexto, completamente demás.

Un mundo feliz

Publicado el 20/06/2011

El deseo, al contrario que el placer, es fuente de sufrimiento, odio e infelicidad. (M. Houellebecq) 


El novelista británico Aldous Huxley publicó “Brave New World” en 1932, la novela por la cual se haría mundialmente conocido. Traducida al español como Un mundo feliz, esta historia de ficción retrata una sociedad utópica en la cual se han erradicado la pobreza y las guerras, pero también la cultura, el arte y la individualidad humana, elementos cuya naturaleza inquisitiva e inconforme impedirían ese estado de paz ideal inducido por el conformismo y la alienación.

La ironía de una sociedad feliz acunada por la uniformidad y la anulación del conflicto personal a partir de la pérdida de la individualidad, fue en su momento el tópico que haría de la obra de Huxley uno de los grandes éxitos literarios de principios del siglo pasado. El cuestionamiento implícito en ella se vería reflejado también en los postulados del marxismo-leninismo encarnados en dos de sus principales personajes, y en el mensaje mediante el cual se propone que la felicidad absoluta para una sociedad radica en ser controlada, en anular sus derechos a decidir sobre la vida personal de los ciudadanos y minimizar de ese modo todo conflicto íntimo.

¿Por qué este mundo feliz nos resulta tan actual en las primeras décadas del siglo veintiuno, casi 80 años después? Porque el sistema económico mundial ha comenzado a borrar fronteras y soberanías, incidiendo en las políticas internas de los países y comprometiendo la vida y el futuro de miles de millones de seres humanos cuya participación en las decisiones que les afectan es prácticamente nula.

Por supuesto, en este mundo (in)feliz no se han eliminado las guerras ni la pobreza. De hecho, nunca el planeta había estado tan sometido a los designios de una cultura de violencia basada en las enormes ganancias de la industria armamentista. Tampoco hubo jamás tal inequidad en la repartición de la riqueza y en el acceso a la alimentación.

Pero lo que sí existe es esa burbuja de poder universal que lo controla todo, desde la propiedad del genoma hasta la riqueza del subsuelo. Y esa burbuja se diluye cada vez más en un concepto abstracto, ajeno a las preocupaciones del ciudadano común, al punto de desaparecer de la escena para convencernos de que somos nosotros, los pequeños habitantes de este mundo, quienes tomamos las decisiones fundamentales de nuestro espacio geográfico.

La conclusión de esta digresión de lunes es que hemos entrado en un proceso de alienación prácticamente irreversible, el cual nos aleja de lo trascendente envolviéndonos con una tecnología que nos alimenta la ilusión de pertenecer al mundo desarrollado y nos quita la vista del entorno de miseria en el cual estamos inmersos. Es ése nuestro “mundo feliz”, la siguiente etapa será la abolición de la cultura.

Pago por participar

Publicado el 18/06/2011

A menos que se legisle sobre el financiamiento de los partidos, no habrá igualdad. 


La única forma de garantizar igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos –hombres y mujeres, ladinos e indígenas- en posiciones de decisión dentro de las organizaciones políticas y en los listados para ocupar cargos de elección popular, es regular de manera efectiva y estricta el dinero que ingresa a las arcas partidistas y las condiciones que estas entidades imponen a sus afiliados.

Una de las razones para la escasa participación femenina en la contienda electoral actual es, precisamente, la poca capacidad de compra de espacios políticos. En una sociedad democrática resulta grotesco que los partidos exijan enormes cantidades de dinero a cambio de un lugar en los listados de candidatos. Eso solo garantiza que el Congreso y las alcaldías estarán condicionados por compromisos ajenos al interés de la Nación y sus iniciativas serán orientadas a pagar los favores de sus financistas.

En Guatemala, el sector más pobre de la sociedad es el femenino y, si queremos ser más específicos, el femenino, indígena y rural. Esto marca una frontera prácticamente insalvable para aquellas lideresas del interior del país capaces de contribuir al desarrollo de sus comunidades pero que no tienen con qué pagar la cuota que les exigen las organizaciones políticas para “hacerles el favor” de incluirlas.

Son múltiples las voces que se alzan en contra de la igualdad de oportunidades para la mujer, oponiéndose de manera enfática al establecimiento de cuotas y de un trato igualitario que le permita a este importante sector tener acceso a cargos de elección popular y a posiciones relevantes dentro de los partidos. Los argumentos abundan, pero la realidad es mucho más elocuente. Con un Padrón Electoral integrado mayoritariamente por mujeres, se espera que en el próximo período habrá menos presencia femenina en el organismo legisativo y casi ninguna en las alcaldías, lo cual actúa en desmedro del sistema democrático que se pretende consolidar.

La influencia del capital –de orígenes conocidos o no- en los procesos electorales, es un tema toral en el momento que vive Guatemala. Dada la debilidad de las instituciones y la falta de control sobre el origen de los grandes capitales, se ha ido delegando el poder político a individuos cuyo único interés es acumular dinero y poder en desmedro del futuro nacional.

Es probable que en Guatemala nunca se haya visto tales cantidades de dinero invertidas en propaganda política, pero tampoco jamás se había observado semejante nivel de pobreza y desnutrición afectando a casi el 80 por ciento de la población. Si esto no habla por sí solo y no convence a los diputados de tomar las decisiones correctas, entonces nada logrará hacerles recapacitar y corregir los errores que tanto dolor y muerte le cuestan a sus electores.

Corrientes ocultas

Publicado el 13/06/2011

El estado de Derecho depende de la fortaleza y estabilidad de las instituciones. 


Desde palcos y galerías, lejos de los toros, es fácil emitir opiniones y criticar el desempeño de jueces y fiscales. Pero cuando se escarba un poco en la metodología de los criminales y las consecuencias que provoca cualquier acción contra su impunidad, las cosas cambian.

Guatemala está en guerra, y en una guerra como ésta –ubicua, sucia, solapada- toda la ciudadanía debe mantenerse en constante alerta. Un golpe en la puerta o un automóvil sospechoso son suficiente motivo para que se dispare la adrenalina y se erice la piel. Ningún habitante de este país es inmune ante la violencia, sobre todo desde que el Estado fue desmantelado por políticos oportunistas y carentes de visión de nación, como todos los que se han turnado en la Presidencia de la República para hacerse ricos ¡por fin! o más ricos de lo que ya eran.

Desde nuestras tribunas hemos criticado hasta la saciedad el desempeño de los servidores públicos en las áreas de seguridad y justicia. Sin embargo, no se hace suficiente presión sobre el Ejecutivo y sobre el Congreso para detener el derroche de recursos en estrategias de beneficio personal o partidista. Hoy vemos con repugnancia la prodigalidad de la UNE en su campaña proselitista, decorada con elementos pagados con los impuestos del pueblo y premunida de regalos sacados mágicamente del presupuesto de la Nación.

Como si esto no fuera suficiente evidencia de corrupción, están las patéticas imágenes del hospital general San Juan de Dios en donde a diario mueren las personas que no tienen otro centro de salud al cual acudir. ¿Dónde están las investigaciones y auditorías para establecer responsabilidades en el mal manejo de los recursos? ¿Hasta dónde llegan los hilos de la corrupción en la adjudicación de contratos?

El Ministerio Público denunció el recorte presupuestario que le quitó una tajada de 300 millones de quetzales a principios de este año. Con las carencias actuales, esa entidad es impotente para proteger a sus fiscales y cubrir todo el territorio nacional, donde la narcoactividad se mueve con entera libertad gracias a sus inagotables recursos económicos.

A esto es imperioso agregar la campaña de desprestigio que algunos sectores de poder han mantenido en contra de la CICIG, una entidad cuya presencia es indispensable para ayudar a desmantelar las fortalezas de impunidad y los cuerpos clandestinos establecidos desde hace algunos años con el entusiasta concurso de algunos ex presidentes. Las corrientes ocultas del tráfico de influencias calan hasta en los más recónditos rincones de la vida nacional. Si no se enfrentan con la voluntad de derrotarlas, Guatemala será muy pronto un narcoestado más, pero un paraíso menos.

Una lucha desigual

Publicado el 11/06/2011

La idea que flota en el ambiente es que Guatemala es impotente ante el crimen. 


El narcotráfico ya entró en la cotidianidad del guatemalteco. Cada día esta sociedad se enfrenta a la dura realidad del crimen cometido con saña extrema, estrategia clásica de los grupos organizados cuando ingresan a un territorio para ejercer el dominio total subyugando a sus instituciones.

Como en una guerra cualquiera, el enemigo lanza sus proyectiles contra la sociedad civil ante cada amenaza de sus contrincantes, con la intención de demostrar su poderío. En Guatemala, sus adversarios son las instituciones encargadas de seguridad y justicia, las organizaciones civiles promotoras de los derechos humanos y otros organismos cuya función sea combatir a los grupos criminales para erradicar el tráfico de estupefacientes, la trata de personas, el contrabando y otras acciones que atentan contra el estado de Derecho.

Ante una situación de tan enorme envergadura, poco es lo que el Estado puede hacer por sí mismo. Conscientes de que el tema de la droga está íntimamente ligado a su mercado internacional, sería natural suponer que en esta batalla las víctimas estuvieran también en ámbitos internacionales, pero no es así.

Para que los ciudadanos norteamericanos y europeos puedan tener acceso a los estupefacientes, muchos latinoamericanos inocentes mueren cada día. Los mecanismos de control del tráfico de drogas castiga a estos países de manera inclemente, mientras en las naciones consumidoras las capturas de grandes capos –que los hay- son tan escasas como los decomisos del producto.

Las fuerzas armadas de las naciones de nuestro continente fueron primero entrenadas para combatir al comunismo, faena que también se llevó por delante a cientos de miles de civiles indefensos en guerras de una crueldad inimaginable. Muchas de esas fuerzas acuciosamente capacitadas en las técnicas de la tortura, la represión y el asesinato han alimentado las filas de las organizaciones criminales –ejemplo claro es el cuerpo de kaibiles- y hoy la población se enfrenta al acoso y la amenaza constante contra su vida y su propiedad por parte de esos elementos.

Ante esta realidad, los gobiernos son impotentes. De cada acción efectiva contra las organizaciones del crimen, se obtendrá una larga fila de muertos inocentes, demostración sanguinaria de la determinación inclaudicable de estos individuos de apoderarse del país entero y transformarlo en un narcoterritorio.

No importa cuántas promesas surjan durante esta campaña, ninguno de los candidatos tiene la respuesta y, menos aún, una plataforma viable de combate al crimen organizado. Las cartas están echadas y mientras los gobiernos norteamericanos y europeos no se involucren de lleno en esta cacería, de nada servirán nuestros muertos.

Recursos de campaña

Publicado el 06/06/2011

Es sospechosa la manera como los partidos protegen la información sobre sus recursos. 


En un país con un fuerte sistema democrático, es impensable que los partidos políticos oculten la información sobre sus fuentes de financiamiento. Para ello, los argumentos sobran: 1) Quien invierte en una campaña busca beneficios personales; 2) Es una manera ideal de lavar activos sin dejar huellas y además obtener ganancias de mediano y largo plazos; 3) Es un mecanismo sencillo y accesible para tener control sobre las decisiones políticas y económicas del país; 4) Da entrada fácil a las organizaciones sociales sin cumplir requisito alguno.

Cuando los representantes del pueblo en el Congreso de la República son quienes se oponen a estos controles, revelan su falta de compromiso con su juramento y cometen traición a la patria al anteponer los intereses particulares por encima de los del pueblo que los eligió. Con esa actitud, los diputados demuestran su desdén por los preceptos constitucionales, pero también su pofundo desprecio por la integridad del sistema democrático al cual han jurado defender, poniendo en peligro no solo el estado de Derecho sino también la soberanía del país.

En la actualidad, es posible observar a todos estos personajes de comedia atropellándose frente al Tribunal Supremo Electoral para asegurarse un puesto en las papeletas, a pesar de los muchos reparos éticos o legales que llevan sobre sus espaldas. Lo más preocupante es el hecho de que, para los ciudadanos probos que aceptarían arriesgarse a ingresar a ese círculo perverso con intenciones de elevar su nivel, no existe la menor oportunidad. Si no hay dinero a manos llenas, no hay sitio en los listados. Punto.

Este condicionamiento al aporte económico está destruyendo las bases de la democracia, al abrir los accesos al tráfico de influencias por parte de grupos opuestos a un sistema jurídico recto y transparente. En esta carrera de galgos no solo participan narcotraficantes o miembros prominentes de las redes de contrabando, sino también grupos empresariales, los mismos que siempre han estado al acecho para llenarse las bolsas y librarse de las cargas tributarias.

Si esta situación persiste, Guatemala, como Estado libre e independiente, estará acabada muy pronto. La solución existe, la han probado otros países y funciona: establecer máximos no solo en dinero, sino también en espacios públicos, en acceso libre a las frecuencias radiofónicas y televisivas –las cuales son propiedad del Estado y, por lo tanto, del pueblo- y terminar de una vez por todas este nefasto abuso, fijando reglas claras para todos por igual.

Quizás de ese modo algún día se presenten a los cargos más importantes de la nación profesionales honestos, ciudadanos decentes con el ímpetu suficiente para salvar la dignidad de Guatemala y de sus instituciones.