Doscientas quince mil y contando…

La maternidad forzada es una carga injusta; contra las niñas, es un crimen imperdonable. #DíaInternacionalDeLaNiña

Las cifras de niñas y adolescentes madres en la región centroamericana –más de 215 mil solo en 2019, de acuerdo con instituciones oficiales y organismos internacionales- es uno de esos indicadores, como el de la pobreza extrema, excluidos de las políticas públicas prioritarias de los gobiernos. Quienes poseen las llaves del poder desde sectores privilegiados consideran estas patologías sociales como un fenómeno natural, inevitable, cuya responsabilidad recae en quienes las sufren y jamás entre quienes las provocan. 

Principal causa de muerte entre niñas y adolescentes, la maternidad forzada –hay que recordar que el sexo con menores de 18 años está tipificado como violación- constituye una condena real e inevitable a una vida de privaciones y miseria. La abrumadora mayoría de los gobiernos de la región y del continente desarrollan sus políticas bajo un sistema de administración estatal influenciada por los sectores económico y religioso de corte patriarcal los cuales, en perfecta sintonía, han permanecido inalterables desde tiempos de la Conquista incidiendo con todo su poder en la política y en la administración de justicia. 

El patriarcado no es una fantasía feminista. El patriarcado existe y está instalado desde las épocas más remotas, restando oportunidades y derechos a las mujeres –por ley, por tradición, por simple proceso de adjudicar la autoridad a una mitad de la población y prohibírsela a la otra- con el resultado de sociedades enfermas, violentas, racistas, discriminatorias e incapaces de funcionar como un todo, con iguales metas y objetivos. Resulta penoso comprobar que en pleno siglo de la tecnología y los viajes interplanetarios existan limitaciones al desarrollo de las niñas, adolescentes y mujeres por un sistema de limitaciones por cuestiones de género que pervive desde la prehistoria.

En aquellas naciones –como las centroamericanas- en donde se tolera el abuso sexual contra niñas y adolescentes con el resultado de embarazos forzados y maternidades que jamás debieron suceder, el desarrollo social es un objetivo perdido. Los impedimentos institucionales para la integración de este importante sector de la juventud al goce de los derechos fundamentales, como una educación de calidad, un desarrollo físico y psicológico adecuados, un acceso libre a todas las oportunidades de vida de las que goza la otra mitad de la sociedad, son sociopatías inaceptables cuyo alcance pone en peligro de muerte a seres tan valiosos como inocentes.

Ser mujer –y peor aún, ser niña- constituye un riesgo vital. Acechadas en las calles, en el hogar, en la escuela y en el lugar de trabajo, deben vivir a la defensiva y soportar toda clase de agresiones por el solo hecho de ser mujeres. Quienes supuestamente deben ser sus pares son, en realidad, sus superiores jerárquicos en este sistema perverso de privilegios por género. La negación de esta cadena interminable de abuso no es más que una perpetuación del sistema por medio de un acondicionamiento psicológico capaz de transformar a las víctimas en sus propios victimarios, al convencerlas de la supuesta pertinencia del marco de valores que las somete. 

Quizá por eso la sociedad no responde a la urgencia de proteger a las niñas y adolescentes de las agresiones sexuales y, en lugar de ello, las culpa por su desgracia. Numerosos son los casos de incesto y violaciones cometidas en el entorno íntimo, bajo la mirada cómplice de familiares y vecinos quienes, con esa actitud, confirman de manera rotunda su desprecio por las víctimas. Esto debe terminar.

Acechadas en todos los espacios, las niñas deben luchar por sobrevivir.

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AUDIO:

El liderazgo significa humanidad

17218705_1612987958730879_5321049773212947293_oUna nación sin liderazgo y sumida en la violencia es la actual marca país.

Rosa Julia Espino Tobar, Indira Jalisa Pelicó, Daria Dalila López Meda, Achly Gabriela Méndez Ramírez, Yemmi Aracely Ramírez Siquin, Jaqueline Paola Cantinac López, Siona Hernández García, Josselyn Marisela García Flores, Mayra Haydée Chután Urías, Skarlet Yajaira Pérez Jiménez, Yohana Dasiré Cuy Urízar, Rosalinda Victoria Ramírez Pérez, Madelin Patricia Hernández, Sarvía Isel Barrientos Reyes, Ana Nohemí Morales Galindo, Ana Rubidia Chocooj Chutá, Jilma Sucely Carías López, Yoselin Beatriz Ventura Pérez, Grindy Jasmin Carías López, Mari Carmen Ramírez Melgar, Keila Rebeca López Salguero, Kimberly Mishel Palencia Ortiz, Nancy Paola Vela García, Estefany Sucely Véliz Pablo, Lilan Andrea Gómez Arceno, Mirza Rosmery López Tojil, Ana Roselia Pérez Sinay, Grisna Yamileth Cu Uluan, Melani Yanira De León Palencia, Luisa Fernanda Joj González.

En este listado aún faltan 10 niñas a quienes el Inacif intenta identificar porque el daño en sus cuerpos es de tal magnitud que ni siquiera sus familiares han podido reconocerlas. Triste destino el de la niñez y la juventud, cuyo porvenir está definido por una política pública que los ignora, por una decisión financiera más inclinada a beneficiar a los empresarios con una exención de impuestos que a un sector de la población que nada recibe por parte del Estado y, como lamentable corolario, por el estigma que la propia sociedad ha impreso sobre los más pobres y desvalidos.

Pasada la tragedia provocada por la actitud agresiva y autoritaria de hombres con poder sobre niñas indefensas, los funcionarios responsables se refocilan haciendo señalamientos contra las víctimas y sus familiares para evadir la culpa y dar vuelta a la hoja. Sin embargo, esta hoja pesa demasiado como para cerrar un capítulo de vergüenza que ha dado la vuelta al mundo y ha señalado a los políticos guatemaltecos como incompetentes y carentes de humanidad. Solo falta ver cómo los representantes del pueblo aprovechan la confusión y el dolor de la ciudadanía para aprobar leyes con el propósito de liberar a los corruptos en prisión, prevenir que algo semejante les pueda suceder a ellos mismos y regresarlo todo a foja cero.

Es imperativo entender, de una vez por todas, que la niñez es responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Es preciso ver en este horrendo episodio el panorama completo: un sistema podrido hasta sus raíces, cuya deuda más grande es haber privado a la niñez de toda oportunidad de desarrollo durante generaciones. Un marco general de negligencia institucional incapaz de acudir en respuesta a las constantes denuncias de abuso, tortura, maltrato y violaciones a los derechos de la niñez, cuya actitud está sesgada por un desprecio atávico por los sectores más pobres y vulnerables.

No hay palabras para describir el dolor ante tanta crueldad, ya todas han sido dichas. Ahora solo resta mantener el tema en agenda porque más de 5 mil niños, niñas y adolescentes permanecen aún institucionalizados en un contexto de abandono y riesgo constante a su integridad física y emocional. Es importante señalar que desde el momento de su acogida en un refugio creado para ese propósito, el Estado es responsable de todos y cada uno de ellos. A ello se suma su compromiso explícito en tratados y convenciones internacionales para el cuidado y la protección integral de la infancia, firmados y ratificados por el Estado, documentos hasta ahora vacíos para una casta política cuyos intereses se alejan cada día más de los del pueblo que les entregó el poder. Guatemala está de luto, sin un camino a seguir y sin un líder capaz de marcarlo.

A las cosas, por su nombre

Uno de los mayores obstáculos para el combate de la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres adultas es un vacío conceptual cuya dimensión supera largamente cualquier esfuerzo por desarrollar una sociedad igualitaria. La contraofensiva ante las denuncias de violencia de género se apoyan en argumentos como “los hombres también sufren violencia”, equivalente a colocar bajo un mismo rasero dos realidades opuestas, una de las cuales se sustenta en un poder de la masculinidad establecido a través de los tiempos y perpetuado en las sociedades modernas casi intacto.
Pero esto hay que ponerlo en términos mucho más sencillos si se desea permear esa resistencia a la aceptación del fenómeno. Lo primero es explicar por qué los hombres no sufren violencia de género. La definición de este tipo de violencia debería ser suficiente para aclarar el concepto, pero mejor es ir al detalle y obtener un panorama más amplio, remitiéndonos a la generación misma del trato diferenciado entre hombres y mujeres. Es decir, el momento mismo desde el cual se marca la escala de valor: la perspectiva del sexo del nonato.

En todas las civilizaciones antiguas y modernas las expectativas ante el nacimiento de un nuevo miembro de la familia tienden a favorecer al género dominante, es decir, el masculino. Durante el proceso de crianza en el núcleo familiar, a los niños varones se les inscribe en un estatus superior de autoridad y privilegios en comparación con sus hermanas, lo cual refleja como un espejo las relaciones de la pareja. El hombre debe ser proveedor, protector e independiente. La mujer debe ser obediente (mandato dado desde la ceremonia nupcial) y dependiente de la autoridad masculina. Su papel limitado a servir y dedicarse a la crianza de sus hijos.

Es ahí, en ese preciso instante, en donde se plasma el modelo de violencia y discriminación que perdurará durante el crecimiento y desarrollo de la personalidad. Es la convicción de superioridad impresa en un género, contrastada con la inferioridad del otro. La mujer dócil, sumisa y obediente será el prototipo de lo femenino, mientras el hombre fuerte, agresivo y dominante será la contraparte masculina en un modelo supuestamente ideal.

Esta manera de marcar roles no solo constituye una limitación evidente en el desarrollo de las niñas; también encierra a los niños en un chaleco de fuerza muchas veces contrario a su natural evolución, transformando a ambos en seres incompletos y frustrados.

La violencia, entonces, termina por ser una forma casi inevitable de expresión inducida por la visión limitada establecida por estereotipos sociales y culturales de cómo deben ser y manifestarse las relaciones entre ambos sexos, así como la manera “correcta” de definir sus características. Entonces, el dominio de un género por sobre el otro se manifiesta sin más límites que los impuestos por la forma de crianza, la educación y el autocontrol. Las leyes, por lo general, han sido tan permisivas ante la violencia de género como la sociedad en la cual se desarrollan estas relaciones.

La única manera de reducir la violencia de género, por lo tanto, reside en un esfuerzo legal y educativo enfocado en este fenómeno cuya dimensión, precisamente por ser connatural a la cultura imperante, pasa inadvertido para la mayoría. La igualdad de derechos es mucho más que una parte del discurso correcto. Es un cambio de mentalidad y un compromiso incondicional de respetarla en todos los aspectos de la vida. Es comprenderla en toda su enorme complejidad.

Los alcances del fracaso

La pandemia de las violaciones sexuales cubre al planeta entero.

El caso más reciente: Una niña violada por 30 hombres adultos en una favela de Brasil, cuyo impacto provocó manifestaciones en ese país y repudio en todo lugar en donde llegó la noticia, nos enfrenta con una realidad de violencia tan extendida como impune. Ante esto, cabe preguntarse qué hubiera pasado si los violadores no hubieran compartido las imágenes de su perverso acto de crueldad, en su entusiasmo por divulgar su hazaña.

Lo más probable, hubiera pasado inadvertido. Si la niña denunciaba pondría en riesgo su vida y la de su familia, dado el carácter de 33 hombres adultos reunidos con el propósito de pasar un momento de “diversión” a costa de una adolescente indefensa. Es decir, la visión panorámica de una construcción cultural en la cual no existe el concepto de respeto por la vida, el cuerpo y la integridad de las mujeres, no importa cuál sea su condición.

Hemos visto agresiones de todo tipo, en todas partes. No es algo excepcional ni aislado. A un lector que criticó mi exposición del caso de Nabila en Chile, afirmando que estos temas –feminicidio, violaciones, acoso y violencia intrafamiliar- no tienen relevancia internacional, le respondo: Estos temas ya han ingresado en el listado de las políticas urgentes si queremos reparar el tejido de nuestras sociedades enfermas, y la comunidad internacional así lo considera. La violencia en contra de las mujeres es un rasgo cultural de toda sociedad patriarcal y urge combatirlo.

Las violaciones y otra clase de agresiones sexuales contra niños, niñas y adolescentes rebasan en mucho las cifras oficiales. Existen familias enteras integradas a fuerza de violaciones en cadena, como el caso de una niña de 12 años embarazada de su padre, quien a su vez violó y embarazó consecutivamente a 3 generaciones que siguen viviendo bajo el mismo techo. Es decir, la niña es también hermana de su madre y de su abuela. Estos casos, poco divulgados pero frecuentes en las áreas rurales, constituyen la muestra indiscutible de la situación de marginación en la cual crecen las niñas, cuyos cuerpos están a la disposición de quien quiera tomarlos, explotarlos y desecharlos.

En países como Guatemala, en donde falta la presencia del Estado en grandes extensiones del territorio y, por tanto, tampoco hay un sistema de justicia y protección, el escenario es aún más devastador. Quienes sufren los abusos sexuales y otras agresiones físicas, psicológicas y económicas, callan por temor o por un arcaico convencimiento –transmitido por generaciones- de que así es la vida para las mujeres.

El reciente informe divulgado por Unicef y Cicig sobre La Trata de Personas con fines de Explotación Sexual en Guatemala, pone en claro la dimensión dantesca de este fenómeno y cómo existe y prospera gracias a sus poderosos nexos con las autoridades de Gobierno y algunas de sus instituciones. El análisis, sobre una muestra de sentencias judiciales –lo cual solo refleja parte de los casos reales- determina que un 57 por ciento de las víctimas son niños, niñas y adolescentes y, en el caso de las niñas, la mayoría destinadas a explotación sexual, muchas veces dando servicios a más de 30 hombres por día. Un horrendo escenario de esclavitud, de impunidad y una evidencia del subdesarrollo humano de nuestras sociedades.

Los números, sin embargo, son fríos. No reflejan el drama cotidiano de las víctimas, quienes pierden su vida y oportunidades en un sistema que las margina desde su nacimiento. Determinar la responsabilidad por este fracaso colectivo es la tarea pendiente para la ciudadanía.

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Blog de la autora: https://carolinavasquezaraya.com

@carvasar

Feliz día, madre…

niña

A ti, cuyo futuro quedó tirado en algún recodo del tiempo, irrecuperable…

Feliz día, te dirán con solemnidad como si hubieras realizado una proeza, pero no. Pariste un hijo sin quererlo, casi sin saberlo, un hijo cuya llegada –a tus 12 años apenas- marcó el inicio de una etapa sin perspectivas. El pequeño producto de un acto de bajeza infinita que acabó con tu infancia y la convirtió en una adultez indeseada. Peor aún, la transformó en la más injusta cadena de privaciones.

Feliz día, madre de uno de los 26 mil 400 niños y jóvenes varones asesinados en América Latina y El Caribe solo en el transcurso de un año por causas que aún no comprendes y cuyo dolor sientes con la misma intensidad de cuando te notificaron su muerte por un balazo certero. Nunca pudiste entender el porqué.

¿Y qué hay de ti, madre de ese joven en el umbral de sus sueños, desaparecido o muerto, quién sabe en dónde y cómo. Ese adolescente de cuyo rastro el gobierno mexicano, hondureño, salvadoreño o guatemalteco nunca quisieron darte razón porque no lo saben o quizá prefieren mantener el enigma que te perseguirá por siempre como una pesadilla sin fin? Ese joven que un día cualquiera salió del instituto o del trabajo o de su propio hogar para desvanecerse en el aire como un fantasma, dejándote sumida en la tristeza.

Feliz día de la madre, niña-mujer, ignorante de tus derechos porque nunca te permitieron asistir a la escuela. Así encadenaron tu libertad a un fogón, un estropajo, un surco en el campo. Tú, quien aprendiste desde tus primeros días de vida el papel que otros te asignaron en este mundo: el de una maternidad forzada y una esclavitud institucionalizada por una sociedad para la cual no tienes valor alguno.

Feliz día también para ti, abuela a los 25 porque tu niña de 10 salió embarazada por el hombre que creíste amar, el mismo que la engendró. Drama cotidiano marcado por tus carencias abismales en los países más ricos del planeta. Ricos en recursos, ricos en desigualdades. A ti te tocó la parte mala de la ecuación pero crees, muchas veces, que es cosa de Dios y no te rebelas porque ni siquiera conoces la dimensión de la injusticia.

Feliz día, madre marginada por un Estado que no responde a tus demandas porque son otras sus prioridades. Has visto a tus hijos languidecer por la desnutrición, perder el brillo de sus ojos y la fuerza de su cuerpo. Has perdido la cuenta de las veces que has solicitado ayuda y te la han negado por cualquier razón. Te has estrellado contra una burocracia inclemente y un sistema indiferente a tu dolor.

Feliz día, niña destinada a ejercer labores de madre por la fuerza de las circunstancias. Porque naciste niña en una sociedad permeada por tantos prejuicios sexistas y estereotipos que sería difícil enumerarlos para hacerte comprender la dimensión de tus desventajas. Porque ser niña es una condición para el abuso, la discriminación y la explotación en todas sus formas. No importa si naciste en un hogar acomodado o en una pobre choza de barranco. Igual marcarán tu lugar en la vida.

Feliz día, madres cuyo día se inicia desde el amanecer ante los portones de las cárceles, en los tribunales de justicia o, quizá, frente a hospitales y morgues buscando a un hijo, una hija, a quien vieron salir para nunca más regresar. Son esas madres que seguirán buscando, esperando sin plazo fijo, porque así son las cosas en nuestros países. Son esas madres aferradas a las excusas más absurdas. Son las mujeres sin voz en un mundo perfectamente diseñado para silenciarlas.

Feliz día…

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@carvasar

La mujer invisible

El combate al femicidio no es prioridad para el sistema.

El femicidio, ese crimen alevoso contra una mujer por el solo hecho de serlo -uno de los más recurrentes del prontuario criminal- parece ser irrelevante para el actualsistema de administración de justicia. Esto parecen expresar los magistrados de la Corte Suprema, quienes con un golpe de tintero han echado por tierra los esfuerzos realizados con la creación de los Tribunales Especializados en delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer, uno de los más importantes avances de la región y del continente con relación a esta clase de crímenes.

Con el acuerdo número 29-2015 de la Corte Suprema de Justicia, se tacha de un plumazo la especialización y se les añade a estos tribunales la carga adicional de conocer los delitos de violencia sexual y explotación y trata de personas. Esto, aun cuando aparenta ser otra forma de violencia contra la mujer, constituye todo un capítulo de enorme exigencia para estas instancias, cuyo trabajo se verá sobrepasado, con la consecuencia directa de perder su eficacia en aquellos casos específicos de femicidio que nunca antes fueron individualizados como corresponde.

De acuerdo con el Decálogo Iberoamericano “Calidad para la Justicia”, documento suscrito por las Cortes Iberoamericanas, entre ellas la de Guatemala, la justicia debe cumplir con “establecer la eficacia y la eficiencia como requisitos para una Justicia confiable y de calidad. La concepción de un Estado Social y Democrático de Derecho, lleva intrínseca la existencia de un sistema de Justicia eficiente donde las personas usuarias tengan la garantía de la tutela de sus derechos. La calidad debe integrar los conceptos de eficiencia y eficacia. El primero de ellos, hace referencia a la optimización de los resultados alcanzados en relación con el uso de los recursos disponibles e invertidos en su consecución. Por otro lado la eficacia, es el logro de los objetivos, metas y estándares orientados a la satisfacción de los requerimientos y expectativas de la persona usuaria.”

¿Cuánta “eficiencia y eficacia” podrán demostrar los Tribunales cargados con procesos de tanta complejidad y magnitud como los de Femicidio, Violencia Sexual, y Explotación y Trata de Personas? ¿Acaso no es pertinente para los señores magistrados especializar la justicia para casos de Femicidio, en un país cuyos indicadores de este delito están entre los más elevados del mundo?

La decisión resulta, más que lamentable, amenazante para un importante sector de la población cuya vida se encuentra bajo constante amenaza. Peor aun cuando vea que estos juzgados antes especializados, deban diluir su atención para atender otra clase de delitos los cuales, de todos modos, terminarán engrosando la interminable lista de los casos pendientes de resolución, alimentando así el capítulo de la impunidad que hoy alcanza cifras de escándalo.

Con esas 14 firmas al pie de un Acuerdo se termina de poner el pomo sobre un avance que enorgulleció en su momento a Guatemala y a su Corte Suprema de Justicia, por haberle entrardo de lleno a uno de los temas menos atendidos en el ámbito judicial.

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Los monstruos interiores

Publicado el 30/07/2011

El debate ideológico debería prevalecer por encima de insultos y descalificaciones. 
Esta campaña proselitista se ha caracterizado por el machismo, el fundamentalismo religioso, la descalificación, el insulto racista y una agresividad enfocada en las diferencias entre uno y otro contendiente. En lugar de haberse convertido en un foro multiétnico, multicultural, pluralista e incluyente, es una arena en donde se hace gala de la peor batería de ofensas.

Sin embargo, hay una persona que se ha llevado la peor parte en este intercambio de malas vibras. Ella es Sandra Torres, candidata por el partido oficial, en quien se ha concentrado un inusual torrente de insultos en la escala completa de tonos, desde lo más ofensivo y sexista hasta el comentario velado destinado a destacar su extracción de clase popular como uno de sus peores defectos.

Es indudable que la señora Torres ha cometido casi todos los errores del catálogo: ha actuado con arrogancia, ha intentado concentrar el poder del Ejecutivo sin tener las credenciales para ello, ha demostrado inconsistencia entre su discurso y su actuar al rebajar los valores familiares a un asunto de conveniencia política y, aun divorciada del actual Presidente, utiliza los recursos del Estado en su campaña proselitista.

Por otro lado, ha demostrado mucha más capacidad intelectual y de trabajo que su ex marido, ha implementado programas interesantes que han tenido éxito en otros países del continente y ha sabido rodearse de un puñado de incondicionales, habilidad que la mayoría de sus colegas políticos envidian en silencio.

Es decir, son muchos los argumentos de peso que podrían dar a sus oponentes las herramientas para combatirla con armas más inteligentes. Sin embargo, el recurso del insulto parece haber tenido más arraigo entre los partidarios de otras opciones. La han llamado de todo, desde prostituta hasta arrimada, shuma y ordinaria. En ningún momento se ha visto un giro en esta degradante manera de oponerse a sus ambiciones, que no sea con epítetos ofensivos. Y esto, de algún modo, ha marcado el tono de la campaña retratando a una buena parte de la ciudadanía urbana y de clase media como una masa inculta, incapaz de entablar un debate de altura.

En el fondo, parece ser que el fantasma de la Navidad pasada tendría mucho trabajo si se pusiera a recordar a quienes alebrestan a sus huestes sobre sus propias fallas, errores, violaciones a la ley y otras minucias que podrían ponerlos en su lugar. Toda sociedad tiene sus fallas, pero aquí el deporte nacional parece ser escupir al cielo y esperar a que caiga en el terreno del vecino. Los ataques en contra de Sandra Torres deben evolucionar hacia una oposición racional, meditada e inteligente. Al final de cuentas, si participa o no, es algo que no se va a dilucidar con la lapidación verbal, recurso nada constructivo en una sociedad democrática.

El foro de la vergüenza

Publicado el 16/07/2011

En ciertas ocasiones, es un consuelo saber que nunca cumplen lo que prometen. 
La Conferencia Episcopal puso a los candidatos es una hábil encerrona con la finalidad de conseguir el compromiso de observar los preceptos de la Iglesia Católica antes de tomar decisiones de Estado. Y sin duda tuvo éxito. La mayoría de candidatos –excepto por una o dos respuestas más o menos consistentes con posturas opuestas a ciertas imposiciones del clero- se persignaron, agacharon la cabeza y aceptaron la presión sin chistar.

La foto de portada de Prensa Libre del jueves 14 habla por sí sola: once pretendientes al sillón presidencial con aspecto de inocente pureza en el acto de orar para sellar sus promesas de abstinencia. Abstinencia, claro, en lo relativo a sus decisiones en caso de llegar a la presidencia en temas tan “escabrosos” como el aborto, la salud sexual y reproductiva de la población guatemalteca y la educación sexual para adolescentes.

A medida que transcurría el foro, se pudo ver a Patricia de Arzú predicar contra el divorcio y calificar la homosexualidad como una abominación, a Suger pronunciarse contra los avances de la ciencia en el tema de la fertilización in vitro, a Pérez Molina defender el derecho a la vida y la importancia de la familia, mientras las dos mujeres con mayor formación política, Rigoberta Menchú y Adela Torrebiarte mantenían a duras penas una postura más apegada a las leyes y a los avances en materia de educación sexual y programas de salud reproductiva.

Es importante, en estos casos, subrayar la importancia de consultar las fuentes expertas en estudios sociales. Allí se encuentran los aberrantes indicadores de desarrollo social de Guatemala, entre los cuales destacan de manera abrumadora las muertes maternas y de recién nacidos, la desnutrición crónica que afecta a más de la mitad de los infantes menores de 4 años, los números en ascenso de embarazos en niñas y adolescentes -la mayoría de ellos provocados por incesto y violaciones- así como la falta de acceso de la población más pobre a métodos de control de la natalidad. Estos flagelos son solo algunos de los males provocados por falta de educación y de información sobre los temas del debate.

Lo interesante del foro fue la manera como la Conferencia episcopal puso en evidencia la doble moral de los candidatos. La conclusión obvia es que la vergüenza mencionada en el titular de esta columna no se refiere a la institución eclesiástica –la más coherente del evento, ya que no oculta su posición ni disimula sus objetivos- sino a quienes pretenden gobernar mostrando una ignorancia enciclopédica respecto de las leyes de la República y los tratados internacionales en temas de educación y salud sexual y reproductiva. Y ya que uno de ellos será Presidente, es fundamental blindar al Congreso con un voto cruzado que le impida regresar al país al medioevo.

El valor de ser mujer

Publicado el 04/07/2011

La mujer vive sometida a los prejuicios de una sociedad machista y poco informada. 


Aun cuando nunca falta quien afirme que en Guatemala no hay discriminación por sexo, cualquier mujer en sus cabales y consciente de la realidad de su entorno, puede atestiguar lo contrario. La discriminación no solo existe, sino es uno de los peores males que sufre esta sociedad.

Una de sus principales manifestaciones es la forma como la mujer se ve a sí misma. Incapaz de escapar a las ataduras de la costumbre y educada para considerar esas limitaciones como algo natural e inevitable, termina por ahogar sus propios impulsos de libertad en aras de la aceptación de su grupo social. De ese modo, se preservan estereotipos sexistas tales como la obligatoriedad de ser obediente, servicial y receptiva ante los hombres de su entorno, como una marca de identidad femenina.

Entrenadas desde la niñez en las artes de la sumisión, las mujeres deben superar enormes obstáculos para conquistar espacios propios y, luego, trabajar el doble para demostrar que esos espacios les pertenecen legítimamente. En este proceso el desgaste personal resulta inevitable.

Saco el tema a colación porque en un país con desigualdades sociales tan abismales, es precisamente el sector femenino el primero en encajar los golpes de la desnutrición, la pobreza extrema y la falta de acceso a todos los servicios básicos. El desempleo y la desinformación respecto de sus derechos cívicos y sociales atacan con mucha mayor fuerza a este segmento, sobre cuyos hombros descansa la construcción misma de la sociedad y la educación de las nuevas generaciones.

Me pregunto cuántas mujeres con liderazgo demostrado y aspiraciones políticas han debido renunciar a seguir ese rumbo de participación por presión de sus parejas o sus padres. Cuántas más habrán sufrido el acoso y la violencia de quienes se sienten ofendidos por la sola idea de que una mujer asuma una posición de poder. Y cuántas otras habrán abandonado la lucha porque la disyuntiva era el cuidado de la familia o sus sueños personales.

Son precisamente éstas las condiciones que detienen el desarrollo de un país, al marginar de manera tan perversamente estructurada a una mitad de su población. Es evidente que la equidad de género no es una moda pasajera y muchos grupos organizados de la sociedad civil no cejarán en su empeño de conquistarla. Sin embargo, las barreras, en lugar de desaparecer, son reforzadas cada vez más con especial énfasis en los sectores más pobres de la población.

Que haya muchas candidatas mujeres compitiendo por las posiciones más elevadas no significa un avance en la equidad de género. No cuando millones de mujeres pobres ni siquiera tienen la libertad para decidir cuántos hijos tener.

Pago por participar

Publicado el 18/06/2011

A menos que se legisle sobre el financiamiento de los partidos, no habrá igualdad. 


La única forma de garantizar igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos –hombres y mujeres, ladinos e indígenas- en posiciones de decisión dentro de las organizaciones políticas y en los listados para ocupar cargos de elección popular, es regular de manera efectiva y estricta el dinero que ingresa a las arcas partidistas y las condiciones que estas entidades imponen a sus afiliados.

Una de las razones para la escasa participación femenina en la contienda electoral actual es, precisamente, la poca capacidad de compra de espacios políticos. En una sociedad democrática resulta grotesco que los partidos exijan enormes cantidades de dinero a cambio de un lugar en los listados de candidatos. Eso solo garantiza que el Congreso y las alcaldías estarán condicionados por compromisos ajenos al interés de la Nación y sus iniciativas serán orientadas a pagar los favores de sus financistas.

En Guatemala, el sector más pobre de la sociedad es el femenino y, si queremos ser más específicos, el femenino, indígena y rural. Esto marca una frontera prácticamente insalvable para aquellas lideresas del interior del país capaces de contribuir al desarrollo de sus comunidades pero que no tienen con qué pagar la cuota que les exigen las organizaciones políticas para “hacerles el favor” de incluirlas.

Son múltiples las voces que se alzan en contra de la igualdad de oportunidades para la mujer, oponiéndose de manera enfática al establecimiento de cuotas y de un trato igualitario que le permita a este importante sector tener acceso a cargos de elección popular y a posiciones relevantes dentro de los partidos. Los argumentos abundan, pero la realidad es mucho más elocuente. Con un Padrón Electoral integrado mayoritariamente por mujeres, se espera que en el próximo período habrá menos presencia femenina en el organismo legisativo y casi ninguna en las alcaldías, lo cual actúa en desmedro del sistema democrático que se pretende consolidar.

La influencia del capital –de orígenes conocidos o no- en los procesos electorales, es un tema toral en el momento que vive Guatemala. Dada la debilidad de las instituciones y la falta de control sobre el origen de los grandes capitales, se ha ido delegando el poder político a individuos cuyo único interés es acumular dinero y poder en desmedro del futuro nacional.

Es probable que en Guatemala nunca se haya visto tales cantidades de dinero invertidas en propaganda política, pero tampoco jamás se había observado semejante nivel de pobreza y desnutrición afectando a casi el 80 por ciento de la población. Si esto no habla por sí solo y no convence a los diputados de tomar las decisiones correctas, entonces nada logrará hacerles recapacitar y corregir los errores que tanto dolor y muerte le cuestan a sus electores.

Una lucha desigual

Publicado el 11/06/2011

La idea que flota en el ambiente es que Guatemala es impotente ante el crimen. 


El narcotráfico ya entró en la cotidianidad del guatemalteco. Cada día esta sociedad se enfrenta a la dura realidad del crimen cometido con saña extrema, estrategia clásica de los grupos organizados cuando ingresan a un territorio para ejercer el dominio total subyugando a sus instituciones.

Como en una guerra cualquiera, el enemigo lanza sus proyectiles contra la sociedad civil ante cada amenaza de sus contrincantes, con la intención de demostrar su poderío. En Guatemala, sus adversarios son las instituciones encargadas de seguridad y justicia, las organizaciones civiles promotoras de los derechos humanos y otros organismos cuya función sea combatir a los grupos criminales para erradicar el tráfico de estupefacientes, la trata de personas, el contrabando y otras acciones que atentan contra el estado de Derecho.

Ante una situación de tan enorme envergadura, poco es lo que el Estado puede hacer por sí mismo. Conscientes de que el tema de la droga está íntimamente ligado a su mercado internacional, sería natural suponer que en esta batalla las víctimas estuvieran también en ámbitos internacionales, pero no es así.

Para que los ciudadanos norteamericanos y europeos puedan tener acceso a los estupefacientes, muchos latinoamericanos inocentes mueren cada día. Los mecanismos de control del tráfico de drogas castiga a estos países de manera inclemente, mientras en las naciones consumidoras las capturas de grandes capos –que los hay- son tan escasas como los decomisos del producto.

Las fuerzas armadas de las naciones de nuestro continente fueron primero entrenadas para combatir al comunismo, faena que también se llevó por delante a cientos de miles de civiles indefensos en guerras de una crueldad inimaginable. Muchas de esas fuerzas acuciosamente capacitadas en las técnicas de la tortura, la represión y el asesinato han alimentado las filas de las organizaciones criminales –ejemplo claro es el cuerpo de kaibiles- y hoy la población se enfrenta al acoso y la amenaza constante contra su vida y su propiedad por parte de esos elementos.

Ante esta realidad, los gobiernos son impotentes. De cada acción efectiva contra las organizaciones del crimen, se obtendrá una larga fila de muertos inocentes, demostración sanguinaria de la determinación inclaudicable de estos individuos de apoderarse del país entero y transformarlo en un narcoterritorio.

No importa cuántas promesas surjan durante esta campaña, ninguno de los candidatos tiene la respuesta y, menos aún, una plataforma viable de combate al crimen organizado. Las cartas están echadas y mientras los gobiernos norteamericanos y europeos no se involucren de lleno en esta cacería, de nada servirán nuestros muertos.

Mujeres al ruedo

Es fundamental garantizar la participación de la mujer en las próximas elecciones. 

La resistencia a la participación femenina en política tiene muchas facetas. Una de ellas, sutil y poderosa, es el temor de las propias mujeres a enfrentar la oposición de su pareja, de su familia o de su comunidad y, de hacerlo, a pagar las consecuencias por su rebeldía. La cultura patriarcal tiene fuerte raigambre en amplios sectores de la sociedad y constituye un valladar importante para el desarrollo pleno de la democracia, la cual no existe mientras no haya participación igualitaria de la otra mitad de la población.

Cada vez que se plantea la posibilidad de establecer un sistema de cuotas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, se escuchan los argumentos a favor y en contra de una medida considerada radical. Aún cuando esta política existe y se aplica en muchos países del mundo, en Guatemala los círculos de la política tradicional la rechazan por inconveniente, poco oportuna y difícil de implementar.

El fondo de la cuestión es un asunto de poder. Durante años se ha observado el tono despreciativo, peyorativo y sexista usado por los políticos para referirse a sus colegas mujeres. A las activistas políticas y a quienes han logrado puestos relevantes se las juzga por su condición de mujer y no por los resultados efectivos de su labor.

En la campaña actual, se percibe desde el interior de los partidos políticos una fuerte oposición a la participación femenina y a concederles espacios importantes en los listados para cargos de elección popular, los cuales se negocian entre los de siempre, quienes cierran filas para consolidar sus posiciones de privilegio.

La lucha de las mujeres por su derecho legítimo –garantizado, además, por la Constitución Política de la República- no debería ser una misión de alto riesgo. En la actualidad, se observa con preocupación que aquellas mujeres valientes y decididas a participar en representación de sus comunidades enfrentan amenazas contra su vida, intimidación y rechazo de oponentes ferozmente decididos a cerrarles el paso.

La mujer involucrada en el destino de su patria es, por lo general, más responsable, transparente y eficiente en su trabajo, como lo han demostrado la mayoría de diputadas y funcionarias en cargos de gran responsabilidad. El hecho de colocarles valladares a su intención de contribuir al desarrollo de la nación no es más que el miedo a perder esos anillos de complicidad que han llevado al país a convertirse en un paradigma de corrupción.

No se debe confundir con el hecho de que esta vez haya varias mujeres compitiendo por la presidencia, porque ése es un tema distinto que merece un análisis de fondo. Aquí hablamos de los impedimentos reales de esta sociedad machista contra el derecho de las mujeres a postularse para gobernadoras, alcaldesas, diputadas o dirigentes de los partidos políticos. Estamos en el siglo veintiuno, es tiempo de cambiar.

Maternidad infantil

En lugar de muñecas tienen bebés de verdad, pero en su vida el juego ya no tiene cabida. 

Los registros del sistema de salud y de algunas organizaciones no gubernamentales como el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, la Asociación Guatemalteca de Mujeres Médicas y el Fondo de Población de Naciones Unidas, muestran que en Guatemala se producen partos en niñas a partir de los 10 años. Para que eso sea posible, han debido quedar embarazadas a los nueve, cuando deben estudiar, jugar y desarrollarse en un ambiente seguro de amor y protección.

Esto hace suponer que si las niñas menstruaran antes, habría presencia de embarazos desde cualquier momento de su infancia, dado que para el abuso sexual no hay edad límite y estas criaturas lo sufren prácticamente desde el momento de su nacimiento. Semejante realidad, por cruda que parezca, es cada vez más obvia desde que existen campañas para visibilizar el problema.

En Guatemala, como en otros países, la cultura patriarcal considera una hazaña la violación sexual e instituye el maltrato intrafamiliar como un derecho masculino adquirido por tradición. Estas aberraciones forman parte del entorno cotidiano y tanto la sociedad como sus instituciones han sido cómplices al rehusarse a combatir estos crímenes pretendiendo ignorar sus alcances y, por ende, minimizando sus consecuencias.

A tal punto llega la tolerancia al abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes que incluso se culpa a las propias víctimas, en un vicioso círculo de manipulación de evidencias que termina eximiendo a los verdaderos perpetradores. Para explicar con mayor claridad la dimensión del problema, baste decir que una de cada 3 niñas inicia su vida sexual de manera traumática siendo violentada, la mayoría de las veces, por algún pariente cercano –muchas veces su propio padre- o un amigo de la familia.

Si se considera que apenas el 40 por ciento de los partos son atendidos en hospitales o centros de salud, a estas cifras habría que sumarles el amplio universo de casos no registrados, especialmente en el interior del país.

Las instituciones que trabajan sobre el objetivo de erradicar estas siniestras manifestaciones “culturales” y combatir la discriminación y el abuso contra niños, niñas y adolescentes, se encuentran muchas veces enfrentadas a un muro de silencio en los círculos de poder, por un pacto tácito entre políticos cuya vida personal es, probablemente, reflejo de la misma patología.

La niñez es el período formativo fundamental del ser humano. Una niña violada es destruida para siempre. Su cuerpo, al igual que su psiquis y su vida futura, quedan marcados por esa agresión salvaje que nada ni nadie puede reparar.

12.03.2011

La mujer y su día

La resignación es el último recurso de supervivencia cuando se pierde la esperanza. 

Miles de niñas y mujeres, atrapadas en un sistema de silencio y complicidad, sufren el abuso y la violencia contra su cuerpo, su espíritu y su dignidad. Han sido muchas las muertes provocadas por la cultura de la vergüenza, que condena a las féminas a pagar por las consecuencias de los crímenes cometidos en su contra y a cargar con ese estigma que no es el suyo.

Ser mujer en este país es una condena de por vida, pero si además de portar los cromosomas que la definen como tal es indígena y pobre, su destino es mil veces más desafiante, cien mil veces más poderosa la carga sobre su débil estructura. Y aun así sobreviven y producen riqueza, paren hijos en hilera por una política pública que nunca existió, porque algunos señores con mucho poder decidieron no aprobarla para no ofender a sus patrocinadores.

Ser mujer, pobre, indígena y analfabeta es una marca de identidad en este bello país de las injusticias. Se la puede observar en los mercados, en los campos, trabajando por nada –el salario le corresponde al marido- y cargando leña por los caminos para luego ser culpada por la deforestación de Guatemala. Si no fuera por lo patético, daría risa el discurso de los empresarios y políticos que defienden sus privilegios adjudicándole a la población indígena la responsabilidad por el subdesarrollo que ellos mismos provocan, por la pobreza a la cual condenan a más de la mitad de la sociedad a la cual, aunque les duela, todos ellos pertenecen.

En Guatemala, las mujeres nacen adultas porque no tienen derecho a la infancia. Sufren la discriminación desde el momento que ven la luz por vez primera, con el desencanto del padre, quien atribuye a su descendencia masculina valores superiores y deposita en ese cromosoma distinto su orgullo patriarcal. La niña, entonces, pasa a engrosar las largas filas de la servidumbre doméstica incluso antes de emitir su primer sonido.

Material propicio para los negocios ilícitos, miles de niñas son también producto para el tráfico sexual y el trabajo forzado. Cuando tienen suerte, quizás puedan salir de la miseria prostituyéndose por cuenta propia porque el Estado les ha negado toda posibilidad de educación para conseguir un trabajo digno; y, cuando han sufrido el abuso sexual desde la infancia, les han negado la protección de la justicia.

Quizás por todo esto es que me parece insustancial la celebración del día dedicado a la mujer. No puede ser que sólo pensemos en sus derechos una vez cada 365 días sólo por un protocolo institucionalizado. Los derechos de la mujer han sido violados –tanto como sus cuerpos- una y otra vez por medio de leyes casuísticas, funcionarios corruptos, empresarios voraces y, peor aún, por otras mujeres empecinadas en sostener el aberrante sistema patriarcal.

07.03.2011

¿Amas de casa?

Cabeza o señora de la casa o familia. Criada principal de una casa (DRAE)

Detesto las ambigüedades porque representan una forma de expresión hipócrita y de doble sentido. Ocultan las verdaderas intenciones y pretenden ser el lenguaje políticamente correcto, la fórmula obligatoria de las comunidades humanas civilizadas. El uso cotidiano de algunas de estas fórmulas institucionalizan los estereotipos al punto de convertirlos en verdades absolutas que no ameritan revisión alguna. Esto sucede con la denominación “ama de casa”, tan común que casi ni reparamos en ella.

Esto me ha venido rondando la mente desde hace mucho tiempo, porque constituye una simplificación casi despectiva del complejo trabajo y la enorme responsabilidad de las mujeres que dedican su vida a administrar el hogar y educar a sus hijos. Esta manera de encasillar a la mujer en una frase que no describe prácticamente nada e incluso se usa como sinónimo de “sin profesión” o “desempleada” pasa por un rasero el amplio cúmulo de especialidades desarrolladas por las mujeres en el desempeño de una de las labores más delicadas y trascendentales en la construcción de una sociedad funcional.

El verdadero título de lo que comúnmente llamamos ama de casa debería ser administradora del hogar. Y una buena administradora del hogar tiene, entre sus múltiples habilidades, una experiencia demostrada en economía doméstica, puericultura, psicología, resolución de conflictos, manejo del estrés, nutrición, medicina, carpintería y el conocimiento suficiente de ciencias políticas, matemáticas, lenguaje e historia como para asistir a sus hijos en las tareas escolares.

¿Alguien opina que el tema es irrelevante? Pues no lo es. El aporte de las mujeres desde su posición no remunerada en el hogar tiene un impacto real en la economía de los países, en términos del PIB, así como una fuerte repercusión en el desarrollo social de las comunidades, las cuales dependen del cuidado y la formación de los futuros ciudadanos durante sus primeros años de vida.

Relegar a este contingente de trabajadoras incansables a una clasificación ambigua que niega sus méritos es una de las peores características de las sociedades regidas por códigos patriarcales. Tal ha sido la subestimación de este segmento que incluso ellas mismas, ante la pregunta de si trabajan, dicen: “no, soy ama de casa” aceptando de manera tácita la minusvaloración de su gran esfuerzo.

Una de las conquistas políticas más elevantes de la administración presidencial de Michelle Bachelet en Chile fue el reconocimiento económico del trabajo doméstico de las mujeres dedicadas a la administración del hogar. Este fue un hito histórico que, por supuesto, tardará muchos años en replicarse en otros países de la región. Sin embargo, es un paso importante hacia la construcción de una sociedad equitativa, más justa y humana, todo lo que se requiere para consolidar la democracia.

17.01.2011