Month: October 2015

Las mujeres somos mayoría en número pero minoría en derechos.

Es muy estimulante observar el entusiasmo de mujeres, organizadas o no, en su lucha por conquistar espacios de incidencia ciudadana. Desde sus trincheras, estrechas y amenazadas por una cultura patriarcal inclemente que ahoga sus aspiraciones, ellas derriban barreras y abren oportunidades de participación para quienes vienen detrás en la incesante búsqueda de la paridad, la inclusión y el respeto por sus derechos.

En Guatemala, el desarrollo de las mujeres ha sido como el mito de Sísifo: los avances alcanzados experimentan una amenaza constante de retroceso, tal es la fuerza del sistema de control y poder social, político y económico imperante. Sin embargo, los esfuerzos desde las plataformas de acción no cesan y poco a poco se va consolidando una conciencia más clara sobre el importante papel del sector femenino en la vida nacional.

Sin embargo y a pesar de que las mujeres representan la mayoría en número, la atención del Estado hacia este sector es ínfima y revela la escasa importancia que le otorgan las instancias de decisión. Esto se refleja es un presupuesto de gastos del Estado para programas específicos destinados a los sectores de mujeres y niñez que no refleja la menor intención de cambiar la situación de marginación. Todo lo contrario, las partidas para educación y salud, las más importantes en términos de desarrollo social, están entre las más bajas del continente y solo anuncian mayor empobrecimiento para quienes ya viven en la pobreza.

Esta semana, con la idea de “posicionar el liderazgo y fortalecer las alianzas entre mujeres constructoras de paz y sus propuestas para la reforma del Estado” e impulsar la Agenda Global Sobre Mujeres, Paz y Seguridad, Onu Mujeres, en conjunto con otras organizaciones, realizaron durante 2 días consecutivos una serie de Diálogos entre mujeres constructoras de paz. Esta iniciativa contó con la participación de lideresas de muy diversos ámbitos, quienes participaron presentando sus análisis y propuestas para las reformas de los poderes político, civil, público y judicial, con miras a alcanzar una mayor participación en aquellos ámbitos de la vida ciudadana a los cuales se les ha restringido el acceso por razones de género, etnia o cualquier otra forma de discriminación.

Tal como lo manifestó la licenciada Gloria Porras, Presidenta de la Corte de Constitucionalidad, “si se respetara el mandato constitucional, en Guatemala reinaría la paz”, como también si el Estado respetara los acuerdos, convenios y convenciones internacionales en materia de derechos de la niñez, derechos de la mujer, eliminación de todas las formas de violencia y todo protocolo cuyo propósito sea garantizar la paz y la sana convivencia entre seres humanos, así como entre éstos y su ambiente.

El enorme valor de estos espacios de diálogo reside en racionalizar lo irracional, derribando estereotipos cuya persistencia en nuestro imaginario perpetúa un ejercicio violento e improductivo del patriarcado. Es urgente iniciar los cambios desde lo más íntimo de nuestro hogar para compartirlo con la comunidad. Será nuestro mejor aporte al cambio que todos deseamos y un paso seguro hacia la paz.

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Quien gobierne debe restituir espacios a las mujeres

La serie interminable de asesinatos de mujeres –la cual nos agrede a diario a través de la Prensa y los reportes policiales- es uno de esos grandes “pendientes” para las autoridades que asuman el poder en enero del próximo año. Esta realidad se suma a la trata de personas y la violencia contra niños y adolescentes, en un apretado paquete de delitos aparentemente amparados por los mismos aparatos de investigación y justicia que deberían atacarlos. La altísima tasa de impunidad y la escasa capacidad de las fuerzas del orden para combatirlos no solo demuestran su ineficiencia, también hablan de una especie de indiferencia ante una de las mayores muestras de crueldad y sadismo.

Mientras en las pandillas se compite para ver quién comete el crimen más salvaje, muchas veces escogiendo a sus víctimas –mujeres, la mayoría- entre vecinas o totales desconocidas que se cruzaron en su camino, el Estado reduce sus aportes y su interés en las instancias que podrían contribuir en la lucha contra este flagelo.

Hace poco, en una conversación con Norma Cruz, me enteré de la situación por la cual atraviesa la Fundación Sobrevivientes. Patética, desprovista de apoyo, con un raquítico aporte del Estado, el cual por intereses oscuros se le limita o se le retrasa, esa Fundación ha sido durante años uno de los pocos espacios en donde se lucha por la justicia en casos de femicidio, librando una batalla feroz por establecer y mantener el único refugio existente en el país para las víctimas de violencia doméstica, prestando el apoyo legal para evitar la impunidad casi inherente a los delitos contra mujeres.

Por otro lado, la Secretaría Presidencia de la Mujer ha sufrido toda clase de manipulaciones a través de los años, convirtiéndose finalmente en una entidad que responde a intereses políticos y perdiendo así la esencia de su función, que es trabajar por el desarrollo de este importante sector de la población. Una entidad cuyos alcances deberían haberla convertido ya en un ministerio, con todo lo que eso representa en términos de poder de decisión y capacidades técnicas para transformar el estado de exclusión en el cual se encuentra esta mayoría ciudadana.

El gobierno electo en las urnas tiene la obligación absoluta y prioritaria de abrir para las mujeres todos esos espacios que le han sido escatimados por medio de trampas legales, acuerdos entre sectores de poder, zancadillas partidistas y otros trucos tan torpes como destructivos. La mujer guatemalteca ha sido la gran sacrificada en esta historia de dominadores y dominados, resabios de un colonialismo estéril. Es el momento de retribuir con oportunidades de desarrollo su gran aporte a la economía, su papel fundamental como guardiana de las nuevas generaciones y su calidad de forjadora de valores.

La fortaleza de la mujer guatemalteca es una de esas cualidades que, como una perversa ironía, la coloca en riesgo de muerte por oponerla a un machismo basado en el monopolio del poder. Un poder que, compartido por igual, podría ser el poderoso motor capaz de transformar a esta sociedad en una auténtica democracia.

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De nada sirve la esperanza si no se hace realidad.

Mañana la ciudadanía elegirá a la máxima autoridad del país, en un ambiente de lo más opaco. El entusiasmo –atmósfera ideal en esta clase de acontecimientos- está totalmente ausente, predominando en los vontantes una actitud de escepticismo marcado y el peso negativo de tener que cumplir con una obligación cívica poco promisoria en lugar de asumirla con alegría y esperanza.

No es para menos, los gobernantes anteriores pasan sus días en la cárcel, acompañados por un numeroso contingente de ex funcionarios involucrados, como ellos, en actos de corrupción tan escandalosos que no lograron pasar la frontera de la transmisión de poder, y los candidatos que pretenden sustituirlos no despiertan entusiasmo alguno. Por esa razón, la nueva administración tendrá sobre su gestión el peso de una desconfianza abrumadora en lugar de la tradicional luna de miel que acompaña sus primeros pasos en los despachos oficiales.

Pocas veces hubo una campaña tan opaca y desprovista de propuestas de fondo. El ejercicio político ha caído esta vez en un nivel elemental, en el cual no parece importar la opinión de la población porque, al final de cuentas, no tendrá más recurso que elegir a uno de los dos aspirantes a la Presidencia del país. La escasa perspectiva de cambio es la única constante, y su presencia en los eventos electorales ha quitado toda la emoción experimentada en épocas pasadas, cuando existía aún cierto fervor político e ideológico que hacía de los comicios electorales una esperanzada apuesta por un futuro distinto.

Solo queda, entonces, consolidar la participación ciudadana, único factor posible de cambio en esta mediocridad en la cual se ahoga la política local. Participación no solo por medio de protestas y manifestaciones, sino en la exigencia constante de un ejercicio limpio y transparente; en la definición de responsabilidades; en la demanda de información oportuna y veraz sobre la gestión pública; en el cerco ciudadano capaz de restringir el libertinaje de sus representantes en el Congreso de la República.

Hoy, como nunca antes, la población deberá ejercer una especie de co gobierno con sus autoridades, para evitar la repetición de las atrocidades cometidas contra la integridad del Estado, las cuales han repercutido de manera directa en los sectores más pobres y vulnerables. De no mantener esa bandera alzada, nada podrá detener el abuso y los caminos torcidos de un ejercicio político cuya esencia ha sido y es la acumulación de riquezas y poder.

Es imperativo recordar y hacer conciencia sobre los ejes constitucionales de la gestión pública –nunca antes respetados- los cuales limitan el favoritismo partidista y obligan a los gobernantes a gobernar para y por el pueblo, así como a responder por sus actos en caso de no hacerlo.

La ilusión de un cambio de rumbo será solo ilusión mientras en ese giro de timón no se incluya el puño decidido de una sociedad activa y alerta. La realidad demuestra que en estos años de apatía se han perdido increíbles oportunidades de desarrollo que no se van a repetir. La tarea es no perder las que vengan.

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Las riquezas mal habidas, algo en qué pensar.

A partir del debate generado en las redes sobre el asentamiento de familias damnificadas en una propiedad localizada cerca de Hacienda Nueva, en el municipio de San José Pinula -a la cual se le aplicó la ley de extinción de dominio- surge como línea tangencial el tema de las riquezas mal habidas y cómo esos nuevos potentados se deslizan con tanta facilidad en el tejido social de ciertos grupos de élite.

La decisión de entregar una propiedad de lujo a los vecinos de El Cambray II ha sido rechazada por algunos vecinos de San José Pinula, quienes al parecer no tuvieron iguales reparos respecto del propietario anterior, a pesar de sus obvios antecedentes delictivos. En fin, la discusión tiene otras aristas, como por ejemplo el acceso a servicios básicos para un grupo tan numeroso de nuevos habitantes. Sin embargo, predomina la impresión de tratarse más de un asunto de “clase” y potencial depreciación de propiedades, que de logística.

No cabe duda sobre el poder mágico del dinero y su capacidad intrínseca para disfrazar al mafioso con traje de empresario de éxito y al criminal con aire de miembro honorable de la comunidad. A partir de su ingreso en las elevadas esferas del millón de dólares, a ciertos individuos se les conceden atributos que jamás soñaron poseer. Entonces sus hijos ya ingresan en los mejores centros de estudios y los bancos se pelean por el privilegio de manejar sus inversiones. Las tiendas de grandes marcas reciben, sin arrugar el ceño, los fajos de efectivo en dólares por la compra de suntuarios inaccesibles para el resto de los mortales, pese a la ley que prohíbe ese tipo de transacciones.

La duda se instala, entonces, en quienes observan esos derroches desde la distancia, preguntándose cómo es posible la aparición de esas inmensas fortunas sin despertar mecanismos automáticos de fiscalización por parte de las entidades responsables. Y mientras se levantan torres de apartamentos de lujo y se construyen chalets en balnearios circulados por muros y garitas, mientras fluye el dinero en conciertos privados de artistas famosos para celebraciones familiares, quien ve este desfile desde lejos se hace las preguntas lógicas: ¿pagarán impuestos por todo ese lujo, tanto quienes lo dan como quienes lo reciben? ¿estarán conscientes los banqueros sobre el origen de ese dinero?

Algunos analistas han comentado que la aparente solidez económica del país se sostiene sobre un colchón de dinero negro. La situación geográfica de Guatemala no contribuye en nada a despejar esas dudas, por ser el paso obligado de la droga hacia el norte, a lo cual se debe añadir una debilidad institucional endémica provocada por la corrupción y la fuerza de las organizaciones criminales que se han incrustado en ellas.

Por lo tanto, una tarea de limpieza de la economía se percibe como un objetivo imposible de alcanzar en el mediano plazo, al depender de una depuración del Estado, una cacería implacable contra el crimen y la voluntad política de arriesgarse a realizar semejante hazaña. Tamaño desafío requerirá la participación de la ciudadanía, en un magno esfuerzo por la reinvindicación de sus valores.

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“Su cuerpo aún estaba tibio de vida.”

Ixcanul sumerge al espectador en un tiempo y un espacio al cual no está acostumbrado. La brillante realización cinematográfica presenta una secuencia incansable de imágenes de un lirismo extremo, que de pronto chocan en vibrante contraste con el retrato de la dura realidad de la vida rural de las comunidades indígenas. Una obra cuya esencia trasciende lo estético para obligar al espectador –quien ya no lo es del todo- a cuestionar muchos estereotipos cuya pertinencia cae en pedazos durante los minutos que dura la cinta.

La historia de Juana resulta ser, al final de todo, la historia de millones de niñas alrededor del mundo. Negados sus derechos a ser, a decidir y a soñar, su futuro queda atrapado en una red de condiciones y acuerdos que en nada la incluyen, pero determinan su destino. Entre la línea argumental y el telón de fondo –el implacable Ixcanul, el volcán- se desarrolla una serie de situaciones que la tocan de cerca y retratan, a su vez, otras historias: la explotación laboral en el campo, la migración forzada por falta de oportunidades, el robo de niños, la miseria y, como una constante, la exclusión de los pueblos indígenas.

También en las ciudades domina el Ixcanul. También en estos centros de convergencia de la migración interna existen las patologías sociales que nos colocan muy abajo en la lista del desarrollo. Los jóvenes –especialmente indígenas y provenientes del campo- quienes buscan un mejor futuro en los centros urbanos, caen también en una vorágine que los atrapa, porque se encuentran solos y desprotegidos en un ambiente violento y hostil.

Un ejemplo es este relato de uno de tantos sucesos cotidianos: “El disparo había sido certero, casi al centro del pecho. Su cuerpo aún estaba tibio de vida y en su mano sostenía una botella de refresco que el asesino le pidió procurando acortar la distancia. Escuché la voz de su hermano mayor, solo entendí que decía “mamá” porque hablaba en lengua, pero adiviné lo demás “mi hermanito está muerto”. Sin duda, vendrá otro joven como él desde alguna aldea lejana, sin saber lo que aquí sucedió.”

Esto me trajo a la memoria una de las últimas escenas de Ixcanul, cuando los padres de Juana se enfrentan con las autoridades, estrellándose contra un muro de incomunicación por no hablar español. Una escena cruel que refleja la impotencia de quien no puede hacerse escuchar en su propia tierra ante sus propias instituciones. Esto, que en la cinta dirigida magistralmente por Jayro Bustamante nos impacta por su rudeza, es la experiencia vivida a diario por indígenas de todas las etnias, ante una estructura ladina dominante en centros de salud, escuelas, alcaldías y servicios públicos creados para servir a toda la población, sin discriminación y sin prejuicios.

Ixcanul debería ser proyectada en los centros de estudio. Su mensaje, aun cuando universal, viene con especial dedicatoria a quienes observan desde la distancia las injusticias, la explotación, el racismo y la violencia avalándolos con su silencio y su apatía. Si la democracia descansa sobre el diálogo y el consenso, es indispensable romper las barreras y empezar a comprendernos entre nosotros.

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El diálogo intergeneracional es indispensable para avanzar.

Nada más estimulante que un encuentro con las generaciones que vienen después que nosotros, en especial cuando la distancia es significativa en términos de edades, experiencia y visión del mundo. Así fue el vivificante encuentro con un grupo de 5 jóvenes estudiantes de la Universidad de San Carlos el sábado recién pasado.

Es evidente que a veces el peso de una trayectoria prolongada y desafiante, en muchos aspectos, tiende a aislarnos en una actitud de “misión cumplida”, y de ese modo observamos desde una distancia segura lo que hemos construido o dejado de construir para quienes vienen después. Sin embargo, es un hecho que estamos dejando sobre los hombros de las jóvenes generaciones una carga importante de esfuerzo para reparar muchas de las deficiencias que hoy han colocado al país en la lista de los más vulnerables e inseguros del mundo.

Uno de los aspectos más desafiantes para la juventud de hoy es haber heredado un ambiente político desacreditado. Su primera experiencia como electores viene acompañada de un enorme bagaje de dudas y decepciones, ante un sistema que ya reconocen como un obstáculo para el desarrollo del país y frente a la disyuntiva de actuar como ciudadanos responsables o esperar a que las cosas mejoren algún día no tan lejano.

Una conversación relajada y amistosa con una taza de café me hizo reflexionar sobre el peso delegado a esta nueva ciudadanía pujante y cargada de sueños. Porque aun cuando se haya producido en los meses reciente un despertar del pueblo contra los vicios inveterados de las castas dominantes –tanto en la administración del Estado como en la economía- el camino restante será arduo y de largo aliento, para llegar por fin al momento de reconstruir las bases de la democracia en un clima apto para el desarrollo de esta nación.

El mes de octubre –con la celebración de los días de la niñez y de la niña- es propicio para tomar conciencia de la responsabilidad que nos corresponde asumir sobre las condiciones de vida actuales. Preguntarnos por qué la mayoría de la población está privada del acceso a la educación básica y, por consiguiente, lejos también de obtener alguna especialización técnica o profesional que le brinde las oportunidades de crecimiento y disfrute de una mejor calidad de vida.

Es el momento de comprender que las nuevas generaciones, las cuales ya vienen con todas las desventajas de un subdesarrollo inducido por los abusos del poder y la debilidad de las instituciones del Estado, tendrán en sus manos instrumentos insuficientes para la labor que les espera más adelante.

Es prioritario, entonces, reparar las deficiencias provocadas por la corrupción, el clientelismo político y el abuso de los recursos disponibles, aprovechando la coyuntura actual para exigir un trabajo legislativo probo y efectivo, así como el redireccionamiento de las políticas públicas para hacer de ellas un motor de desarrollo incluyente y adecuado a las condiciones del país. El entusiasmo ciudadano por hacer valer sus demandas debe incluir también una toma de conciencia sobre el difícil futuro a enfrentar por quienes regirán al país por los próximos 50 años.

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Los casos de niñas embarazadas no me dejan dormir

Las penurias de este país están todas entrelazadas en nudos apretados de carencias, abusos, impunidad, injusticia. Es imposible abarcarlo todo en un párrafo limitado a los parámetros editoriales, pero al darse una vuelta por las áreas marginales y observar con ojos limpios de prejuicios y una mente abierta para no clasificar lo inclasificable, quizá podríamos ser capaces de comprender esa parte de la maraña social que nos es tan ajena en apariencia, pero cuyos efectos nos tocan a diario.

Allí se refleja el monumental desprecio de los gobernantes -y también de los gobernados con poder- por la integridad y los derechos de las personas cuyo trabajo aporta una cuota significativa en los indicadores económicos del país, aporte que por supuesto no se refleja en su calidad de vida. Esas desigualdades colocan una alarmante etiqueta sobre el nombre de Guatemala en los foros internacionales y en indicadores de desarrollo cada vez más bajos.

Entre las manifestaciones de estas deficiencias del sistema que rige a la nación están la mortalidad materna, la desnutrición crónica infantil, el escaso acceso a la educación y a los servicios de salud, pero por encima de todo eso el fenómeno perverso de la venta de niñas para ser utilizadas como objeto sexual a través de matrimonios precoces, en redes de trata de personas y como esclavas domésticas en hogares de todos los estratos socio económicos.

Siento un dolor enorme cuando veo a esas criaturas inteligentes, inocentes, bellas y abandonadas que son las niñas de Guatemala, entregadas a hombres adultos como parte de una transacción inhumana pero aceptada como algo normal. Las truecan por una vaca, por una cuerda de terreno, por unos cuantos quetzales. Su destino es un bien mercantil sin mayor importancia, pero la ruindad del trato trasciende la vida entera de esas víctimas infantiles y acaba no solo con sus ilusiones, también con su integridad física y psicológica.

Guatemala no es el país ideal para la niñez y la adolescencia, aun cuando una gran parte de su población pertenece a ese segmento. Tampoco es justo afirmar que la corrupción político gubernamental es la única responsable de ese estado de cosas, porque la esclavitud doméstica de las niñas –muy especialmente rurales e indígenas- es una tradición altamente apreciada en los hogares citadinos, desde siempre.

Por eso me duelen las niñas de Guatemala, porque han sido sacrificadas en aras de un sistema de vida que no las alcanza ni las favorece en nada. Porque los patrones de las fincas, los padres de familia, sus hermanos, sus vecinos o sus maestros las consideran todavía parte de su propiedad y, por consiguiente, creen tener el derecho de someterlas. De ahí los embarazos en niñas y adolescentes, un denigrante signo para una sociedad que se considera a sí misma democrática, solidaria, patriota y decente. Los embarazos en niñas son una muestra en pequeño de los alcances masivos de las violaciones sexuales, una de las más perversas manifestaciones del machismo imperante en nuestros días. Hay una deuda acumulada por décadas y es tiempo de pagarla con educación, salud y respeto. Pero, sobre todo, con la correcta impartición de justicia.

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(Publicado el 10/10/2015 en Prensa Libre)

El Quinto Patio

Después del primer impulso viene la reflexión.

El derrumbe de un cerro sobre más de 150 viviendas en el caserío de El Cambray II nos ha golpeado a todos, como cada vez que sucede una tragedia de dimensiones catastróficas. Así ha sido ante la violencia de los terremotos, los huracanes y las frecuentes erupciones volcánicas cuyas consecuencias permanecen multiplicándose en un remanente de pobreza y privaciones en cada una de las víctimas. La solidaridad, claro está, surge de inmediato como un torrente de empatía hacia quienes lo pierden todo, pero poco a poco la cotidianidad se traga el impulso y solo va quedando el recuerdo y un temor lejano que luego se apaga.

Sin embargo, la inevitabilidad de los golpes de la naturaleza –cada vez más recurrentes- no significa, necesariamente, muerte y destrucción. Nuestro planeta nos ha demostrado en innumerables ocasiones las múltiples variantes de sus descargas de energía y esa dinámica, ampliamente estudiada por la ciencia, se manifiesta con una cierta periodicidad. Esto debería darnos un mensaje contundente sobre la necesidad de prevenir.

En nuestra mente han quedado grabadas las dolorosas escenas de muerte en El Cambray II. Los sobrevivientes experimentan hoy una de las peores pesadillas que puede vivir un ser humano, empeñados en la triste contabilidad de las pérdidas humanas y materiales cuyas cifras aumentan a cada minuto. Ante ese espectáculo de devastación, la ciudadanía ha actuado con esa maravillosa generosidad que la caracteriza, en una reacción inmediata ante el dolor ajeno.

Pero la lección aprendida es que la solidaridad no basta. La población debe asumir que El Cambray II ha sido un ejemplo de lo que no debe volver a suceder, una evidencia de la importancia de incidir en las políticas de ordenamiento territorial y en el cumplimiento de las normas, tanto por parte de las autoridades como de los vecinos. Conred ha identificado zonas de riesgo en las cuales habita más de medio millón de seres humanos. Las autoridades locales –alcaldes y gobernadores- tienen en la definición de sus funciones la evaluación de los proyectos habitacionales de modo de reducir las probabilidades de que ocurra esta clase de tragedias, pero eso queda en papel.

Las políticas públicas en temas esenciales como educación, salud, alimentación, vivienda y acceso al trabajo, constituyen la plataforma sólida sobre la cual se asienta el desarrollo de un país. Los ejemplos de corrupción revelados estos últimos meses nos enseñan que en Guatemala la pobreza es producto de la manipulación indecente y ofensiva de la riqueza colectiva. En un país tan rico, no hay razón para tanta pobreza. Los efectos de ese desequilibrio están a la vista: autoridades negligentes e ignorantes sobre los alcances de sus acciones. Familias enteras obligadas por sus circunstancias y carencias, a instalarse en donde nadie más quiere vivir. Respuesta nula de los responsables directos, protegidos por un sistema diseñado para entorpecer cualquier demanda ciudadana para exigir respuestas claras y la correspondiente imputabilidad en la línea de autoridad. El Cambray II ha dejado un mensaje en donde no hay lugar a dudas.

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Foto: elperiódico.com.gt

Las catástrofes naturales y otras amenazas no tan naturales.

Guatemala es un país de alto riesgo en todos los aspectos posibles: ambiental, político, económico y social. Entre esas amenazas, su vulnerabilidad ambiental lo vuelve un potencial crisol de desastres naturales, muchos de ellos acentuados por los fenómenos derivados del calentamiento global, pero otros provocados por una atávica falta de visión institucional y el consecuente abandono de políticas y medidas básicas de prevención. Por encima de todo ello, la ausencia de un sistema capaz de prever los riesgos y anticiparse a sus consecuencias por medio de normas y controles diseñados de acuerdo con las características de cada posible situación.

Este cuadro, el cual afecta con fuerte énfasis a los grupos poblacionales de menores recursos, está relacionado evidentemente con la corrupción y la falta de especialización técnica y profesional de quienes detentan el poder para tomar decisiones en los despachos oficiales. Si a esta falta de ética política –nadie debería aceptar un cargo para el cual no está preparado- se suma el caprichoso camino que toman los fondos públicos por medio de negociaciones clientelistas, resulta fácil comprender que una época normal de lluvias tenga el poder de transformarse en un escenario de muerte y desolación.

En este país golpeado de manera recurrente por catástrofes naturales, los cuerpos de socorro, carentes de apoyo y con asignaciones presupuestarias ridículas, muchas veces se ven obligados a recurrir a la solidaridad de la ciudadanía con el fin de reunir fondos para adquirir los implementos esenciales para realizar su labor humanitaria. Los hospitales nacionales, por su parte, ejemplifican de manera indiscutible la poca atención brindada por el Estado a la salud de la población, dadas las deficiencias de sus instalaciones, colapsadas por falta de mantenimiento, además de sus bodegas vacías de medicamentos y otros insumos esenciales para la atención sanitaria. Es lógico, entonces, que hospitales y centros de salud se vean copados ante la menor situación de emergencia. Solo la idea de un posible evento catastrófico –como un terremoto de gran intensidad- resulta una idea terrorífica por esa carencia absoluta de certeza institucional.

En Guatemala, la población ha debido velar por su propia seguridad en muchos sentidos. Cuando tiene recursos se blinda contra la violencia delincuencial por medio de muros y alambradas, garitas de seguridad y una conducta suspicaz hacia todo lo que le rodea. Si no posee los recursos, se encomienda a las fuerzas celestiales para enfrentar la realidad sin volverse paranoica. Esto también es parte del panorama general de negligencia y abandono estatal, entre cuyas prioridades el bienestar físico, psicológico y emocional de la ciudadanía ocupa el último lugar, si es que en efecto ocupa alguno.

El diseño y la implementación de sistemas de prevención ante posibles catástrofes debe ser uno de los pilares fundamentales de la nueva administración. Destinar los recursos a salvaguardar la seguridad de las personas, aun cuando le parezca una idea surrealista, es su más elemental obligación y es preciso hacérselo saber con absoluta claridad.

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La ventana de oportunidad para lograr un ser saludable es demasiado breve.

Cinco años pasan volando. Para un recién nacido, sin embargo, es la única ventana de oportunidad para alcanzar un desarrollo pleno del cerebro y una buena base de crecimiento para su cuerpo. Si durante ese período fundamental no recibe los nutrientes y los estímulos cerebral y psicomotriz necesarios, la ventana se cierra y nada puede revertir el daño ocasionado por esas carencias.

Aun cuando esto parece pertenecer al ámbito familiar, en realidad es el germen de una sociedad más saludable, productiva y emprendedora. Es el pequeño centro de un potencial universo de logros académicos y mentes creativas, capaces de cambiar la etiología de uno de los problemas más acuciantes de esta sociedad, que es la miseria llevada al extremo de genocidio.

Uso a propósito el polémico término genocidio, consciente de las reacciones que puede provocar. Sin embargo me atengo a la definición del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el cual literalmente acota que genocidio es el “Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”. De acuerdo con esta definición, las decisiones “intencionales” que conduzcan a la privación de alimento y otras condiciones mínimas de bienestar para la población de entre 0 y 5 años de edad, por razones político administrativas, serían imputables. Ahí entran todos los actos de corrupción, las transferencias de fondos de programas de alimentos a otros de índole electoral y una larga serie de manipulaciones presupuestarias cometidas por todos los gobiernos de turno.

Existen innumerables propuestas desde los Estados, así como de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales en el sentido de dar prioridad a la niñez y entrarle de lleno al combate a la desnutrición crónica. Pero de la propuesta a la realidad concreta y palpable, hay una enorme distancia y estas instancias han de estar conscientes de los alcances políticos de sus intenciones.

Atacar de lleno las causas de la desnutrición debe empezar por cambiar las prioridades de la mayor parte de los programas de gobierno de nuestro continente -así como de otros países con altos indicadores de pobreza extrema- con el propósito de paliar los efectos de una política económica centralista y orientada a beneficiar a una clase llena de privilegios. Para revertir esa situación no solo hay que luchar contra la Hidra de mil cabezas bien afincada en las asociaciones gremiales del sector privado, sino también enfrentar el descontento de grandes grupos de la sociedad que se verán afectados por un incremento en impuestos y una serie de consecuencias derivadas de los ajustes en el precio de la canasta básica alimentaria.

La lucha no es fácil, pero el objetivo es vital para el desarrollo y el progreso social y educativo de nuestros países en los próximos años para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos y anunciados por la ONU el viernes pasado. No es políticamente responsable perder a otra generación en el analfabetismo, la desnutrición y el ambiente degradante en el cual viven actualmente millones de niñas, niños y adolescentes. Por ello, invertir en la niñez y la adolescencia sería una de las mejores inversiones a futuro, pero sobre todo la decisión más correcta.