Month: January 2019

La polarización de las sociedades constituye un obstáculo difícil de derribar.

El intercambio de opiniones opuestas sobre distintos temas es, en esencia, un ejercicio saludable; pero también puede ser un mecanismo utilizado para dividir a las sociedades frente a determinados intereses económicos, sociales o políticos. La diferencia entre uno y otro suele residir en cuál acuerdo sobre un marco valórico serviría de sustento para desarrollar las distintas posturas en función de lograr acuerdos satisfactorios para la comunidad. Es en esa dicotomía entre lo ético visto desde una perspectiva social y los intereses particulares, en donde reside la mayor conflictividad y desde donde surgen enfrentamientos derivados de la inevitable oposición de ideas.

Si lo correcto se entendiera como el sistema capaz de proporcionar el mayor bienestar a la mayor cantidad posible de habitantes de una nación, el cuadro parecería alcanzar un nivel cercano a la perfección. Sin embargo el concepto mismo choca con la naturaleza egocéntrica de conglomerados humanos marcados por la premisa de la búsqueda de la propia satisfacción como un derecho inalienable. La conclusión implícita en esta premisa indica que el bienestar de la comunidad es entonces un derivado del bienestar individual y no al contrario, como debería ser por deducción lógica.

Construidos sobre esta plataforma individualista y orientada hacia la materialización de la mayor cantidad posible de privilegios, las sociedades tienden de manera inevitable hacia la confrontación entre grupos e individuos cuyos objetivos solo coinciden en la necesidad de obtener una mejor posición con respecto de los demás. Fuera de este cuadro van quedando, como un rezago humano desechable, los sectores más pobres; los menos afortunados y quienes poseen la menor cuota de poder, o ninguna. Este sistema, sostenido sobre una base de la supremacía de los más fuertes, impide de manera radical las aperturas de diálogos y consensos precisamente por su naturaleza eminentemente egoísta y depredadora.

En la mayoría de nuestros países latinoamericanos, regidos por sistemas aparentemente neoliberales pero esencialmente corrompidos por castas empoderadas durante siglos de dominación política y económica, el diálogo entre distintos sectores de la sociedad es prácticamente impensable. La concentración del poder impide casi por antonomasia cualquier acercamiento honesto entre quienes han usurpado el dominio con quienes reclaman su parte del poder. En medio de esos extremos existe un contingente de ciudadanos urgidos de participación y con la capacidad suficiente para ejercer esa tarea, pero aislados en una jaula de prejuicios y estereotipos diseñados para ese fin por medio de la formación educativa, la imposición religiosa y la conveniente división por clases y etnias.

Es esencia, el diálogo constructivo y capaz de generar cambios estructurales sólidos y positivos con el concurso de todos los sectores, es una utopía. Para lograrlo, se requeriría de un cambio profundo del marco valórico cuya supremacía ha impuesto una visión determinada sobre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, siempre con el filtro de los intereses individuales y contrario a un pensamiento capaz de derribar obstáculos tan sólidos y arraigados como el racismo y el desprecio por los menos afortunados.

De ahí el enorme valor de quienes luchan por erradicar sistemas basados en la opresión y opuestos a la democratización de sus estructuras institucionales. Sin ese paso, las diferencias de opinión no podrán evolucionar hacia los consensos necesarios para hacer, de estos reductos cerrados, auténticas sociedades.

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Atentos a cualquier signo de debilidad, los corruptos esperan…

 Nada hay más peligroso que una fiera acorralada. La potencia de su pánico es una droga que la incita a cometer actos extremos para defender su territorio de cualquier amenaza externa. Borracha de adrenalina, es capaz de desarrollar una fuerza destructiva superior a su capacidad con el fin de destruir a sus potenciales enemigos. Así actúan en nuestros países las organizaciones criminales cuando existe la menor posibilidad de perder la inmunidad conseguida durante décadas a fuerza de sobornos y amenazas.

Este es el escenario más peligroso para las naciones democráticas cuyos sistemas han permitido el crecimiento y la consolidación de redes de poder en el corazón de sus instituciones. En Guatemala, el enemigo máximo ha sido una organización destinadas a desarticular estas redes, la Cicig, cuyo desempeño logró investigaciones, procesos y sentencias inéditas en el país, enviando a prisión a muchos protagonistas de los delitos más escandalosos de las últimas décadas. Sin embargo, las organizaciones criminales conformadas por políticos, empresarios, militares y traficantes de droga y de seres humanos, al sentirse acorralados emprendieron la furiosa arremetida hasta neutralizarla e impedirle realizar el trabajo que el mismo Estado de Guatemala le encomendara.

Muy cerca de Guatemala, en México, la asunción al poder de Andrés Manuel López Obrador ha provocado similares reacciones entre los criminales alimentados por la impunidad que les han garantizado los gobiernos anteriores. Capaces de cualquier cosa con tal de entorpecer y aniquilar al nuevo gobierno, han iniciado un plan de sabotajes con el lamentable resultado de la muerte de civiles tan inocentes como indefensos. La estrategia no solo ha ocasionado pérdidas humanas, también ha creado confusión en una sociedad fuertemente dañada por la acción de las organizaciones criminales.

Decididas a todo, estas mafias súper poderosas operan desde todos los ámbitos y no tienen el menor escrúpulo en afinar su puntería sobre la población civil con tal de crear un ambiente de caos y temor, perfecto sustrato para asentar sus planes y continuar con el despojo de la riqueza de sus países. Es así como amordazan a quien tenga el valor suficiente para enfrentarlas y anulan las iniciativas ciudadanas cuyo objetivo sea transformar el sistema para crear uno capaz de abrir espacios de participación, depuración de instituciones y desarrollo de procesos en el ámbito de la seguridad y la justicia.

Estas fieras buscan el olor de la carroña y se agrupan ansiosas alrededor de los cadáveres de su propia especie. Son traicioneras y crueles, saben muy bien cómo debilitar cualquier intento de rebelión y aplastan todo cuanto amenace la impunidad con la cual los ha beneficiado una larga cadena de gobiernos supuestamente democráticos. Ávidas de riqueza y poder, no dudan en violar leyes con tal de perpetuar –incluso en cadena familiar- el despojo y el abuso. Nuestros países son ricos, tanto que no han podido sustraerse a la explotación irracional y extrema a la cual los han sometido estas organizaciones con la plena complicidad de gobiernos extranjeros poderosos pero igualmente interesados en mantener a la población callada y obediente.

Quizá el miedo pueda ser el aliciente para generar la respuesta de una ciudadanía harta de la sumisión y la pobreza. Quizá por fin se decida a limpiar la carroña que contamina a sus instituciones y comience a exigir, con la debida autoridad, los cambios necesarios para salir del lamentable estado de degradación en el cual se hunden sus sueños y esperanzas.

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La acción política no es mala per se, sino el resultado del uso o abuso de ese poder.

“La política es sucia, la política es corrupta, no hay que meterse en política…” Estos son algunos de los mensajes destinados a salvaguardar la ética y la seguridad personal a costa de abandonar los asuntos públicos en manos de otros. Mal mensaje, sobre todo para las nuevas generaciones cuyos integrantes han crecido y desarrollado en un ambiente de desconfianza y apatía generado por un ejercicio opaco, malintencionado, corrupto y exento de valores en la mayoría de países del mundo.

Sin embargo, el compromiso político se convierte en la única herramienta posible para transformar los marcos dentro de los cuales se ejerce el poder. No existe posibilidad de avanzar en la consolidación democrática de las instituciones sobre las cuales descansan la justicia y los derechos ciudadanos si la ciudadanía no participa organizadamente para garantizar su representatividad en las más altas instancias de una nación. Las estrategias mediante las cuales se ha conseguido provocar ese abandono de las obligaciones cívicas por parte de la población han sido creadas precisamente para concentrar el poder casi absoluto en manos de grupos interesados por monopolizarlo y aprovecharse de él.

Esta indiferencia política inducida por la conducta indeseable de quienes se encargan de los asuntos públicos, resulta especialmente perjudicial en la mayoría de países latinoamericanos cuyos sistemas se han decantado por el abuso de privilegios, impunidad para sus delitos, monopolización de los cuadros directivos de las organizaciones políticas y una legislación con candados diseñada para jamás perder ese monopolio. Este escenario resulta especialmente disuasivo ante una juventud privada de educación de calidad y sobre todo de la información indispensable para generar espacios de discusión, análisis y participación.

El recambio generacional es indispensable, pero también lo es la creación de cuadros políticos capaces de romper esos muros construidos por las generaciones anteriores, la mayoría de ellas condicionadas por los resabios de una Guerra Fría cuyos mensajes fueron elaborados a partir de la necesidad de Estados Unidos de dividir a los pueblos. Estas estrategias, cuyo objetivo era dominarlos con mayor eficacia apoyados por títeres represivos y cámaras legislativas acordes con sus proyectos de dominación, se fueron consolidando gracias a la infiltración de grupos religiosos, grandes monopolios y una represión sanguinaria contra todo pensamiento político opuesto.

La participación política, hoy secuestrada por grupos de poder con intereses económicos y altos niveles de corrupción, constituye un derecho ciudadano inalienable en cualquier país democrático o cuyo marco jurídico permita esa clasificación. No hacerlo es un abandono de los derechos pero también de las responsabilidades ciudadanas, toda vez que se delega en otros –por lo general de dudosas intenciones- el futuro de las mayorías. En nuestros países se puede ver el resultado de ese abandono en los espeluznantes indicadores de desarrollo social, pero también y sobre todo en el escandaloso enriquecimiento de las castas económicas y políticas que nos gobiernan.

Es importante reconocer que la política no tiene color. El color se lo dará quien la ejerza de acuerdo con su estatura ética y sus valores. Por ello es importante rescatarla y realizar el arduo trabajo de quitarle esa pátina que hoy la cubre. Nadie tiene derecho a impedir la participación ciudadana, pero será esa ciudadanía la única y principal responsable de abrir los candados que hoy la marginan.

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Guatemala vive uno de los momentos más críticos de su historia.

 La democracia es como el amor: para conservarla es preciso trabajar por ella, consolidarla a diario en el respeto por las leyes y los derechos de los otros, participar como ciudadanos y cultivar ideales comunes en la búsqueda de la igualdad, con tolerancia por las ideas ajenas. Todo eso dentro de un ambiente de paz y armonía. Lindas palabras cuya realidad suele ser incompatible con la naturaleza humana, más inclinada al abuso de poder, a la codicia y a la búsqueda de satisfacción individual. Este cuadro, el cual se repite una y otra vez en países como los nuestros, ha causado una debilidad endémica a lo largo de la historia, en parte por la injerencia de potencias industriales cuyas acciones directas e indirectas nos han transformado –en mayor o menor grado- en repúblicas bananeras, pero también por la impotencia ciudadana.

Durante el fin de semana, Guatemala se ha convertido en el ejemplo más representativo de esta triste definición. Un gobierno bajo la influencia de una casta de empresarios cuyo dudoso mérito reside en haber conseguido montar todo un sistema de privilegios, tan efectivo como para haber perdurado por siglos y para continuar engañando a los ilusos, quienes creen en su aporte a la economía y al desarrollo. Sumado a ello, un ejército en cuyo papel de guardián de esta casta de privilegiados ha perdido todo contacto con su verdadera misión y una clase política cuyo mayor interés es blindarse contra la acción de la justicia para hacer de los bienes nacionales su caja chica.

Cuando por obra de algún milagroso fenómeno de la naturaleza se logró crear un organismo de investigación y apoyo a la justicia (Cicig) para perseguir los delitos cometidos por las organizaciones criminales insertas en el Estado, se podía augurar una apertura en esa cobija espesa de la impunidad institucionalizada. Por ese esfuerzo se logró avanzar en importantes casos de alto impacto, llevando a prisión a personeros de los sectores políticos, empresariales y castrenses. Sin embargo, el presidente de la República y su consejo de seguridad, integrado por los ministros de gobernación, relaciones exteriores, de la defensa y otros funcionarios de menor rango, se han atrincherado contra cualquier investigación sobre sus actos de corrupción, rompiendo en pedazos el marco institucional, violando disposiciones constitucionales y desobedeciendo las órdenes de las más altas cortes del país en su afán por impedir la acción de la justicia.

Pero este escenario que podría haber provocado una repulsa general e inmediata de la ciudadanía, solo ha permeado en ciertos estratos de la sociedad como las organizaciones civiles y los grupos más próximos a la vida política nacional. La grandes masas, divididas por estrategias pergeñadas desde los grupos dominantes, siguen en la duda de si perseguir a los criminales instalados en el Estado es bueno o malo para la salud nacional, porque hay quienes afirman que esta clase de noticias perjudica gravemente a la economía y a la imagen del país en el exterior, desanimando a posibles inversores.

El silencio ciudadano ha sido la protección más eficaz para los corruptos, a lo largo de su historia y, por supuesto, durante los gobiernos de la época democrática. El saqueo de riquezas ha sido constante y pródigo para los grupos de poder, mientras el pueblo se consume en la miseria más injusta. Las acciones intimidatorias del gobierno contra la Cicig y la ciudadanía son apenas una muestra del peligro al que se expone Guatemala: la posibilidad de perder una democracia incipiente que ha costado miles de vidas.

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