El color de la política

La acción política no es mala per se, sino el resultado del uso o abuso de ese poder.

“La política es sucia, la política es corrupta, no hay que meterse en política…” Estos son algunos de los mensajes destinados a salvaguardar la ética y la seguridad personal a costa de abandonar los asuntos públicos en manos de otros. Mal mensaje, sobre todo para las nuevas generaciones cuyos integrantes han crecido y desarrollado en un ambiente de desconfianza y apatía generado por un ejercicio opaco, malintencionado, corrupto y exento de valores en la mayoría de países del mundo.

Sin embargo, el compromiso político se convierte en la única herramienta posible para transformar los marcos dentro de los cuales se ejerce el poder. No existe posibilidad de avanzar en la consolidación democrática de las instituciones sobre las cuales descansan la justicia y los derechos ciudadanos si la ciudadanía no participa organizadamente para garantizar su representatividad en las más altas instancias de una nación. Las estrategias mediante las cuales se ha conseguido provocar ese abandono de las obligaciones cívicas por parte de la población han sido creadas precisamente para concentrar el poder casi absoluto en manos de grupos interesados por monopolizarlo y aprovecharse de él.

Esta indiferencia política inducida por la conducta indeseable de quienes se encargan de los asuntos públicos, resulta especialmente perjudicial en la mayoría de países latinoamericanos cuyos sistemas se han decantado por el abuso de privilegios, impunidad para sus delitos, monopolización de los cuadros directivos de las organizaciones políticas y una legislación con candados diseñada para jamás perder ese monopolio. Este escenario resulta especialmente disuasivo ante una juventud privada de educación de calidad y sobre todo de la información indispensable para generar espacios de discusión, análisis y participación.

El recambio generacional es indispensable, pero también lo es la creación de cuadros políticos capaces de romper esos muros construidos por las generaciones anteriores, la mayoría de ellas condicionadas por los resabios de una Guerra Fría cuyos mensajes fueron elaborados a partir de la necesidad de Estados Unidos de dividir a los pueblos. Estas estrategias, cuyo objetivo era dominarlos con mayor eficacia apoyados por títeres represivos y cámaras legislativas acordes con sus proyectos de dominación, se fueron consolidando gracias a la infiltración de grupos religiosos, grandes monopolios y una represión sanguinaria contra todo pensamiento político opuesto.

La participación política, hoy secuestrada por grupos de poder con intereses económicos y altos niveles de corrupción, constituye un derecho ciudadano inalienable en cualquier país democrático o cuyo marco jurídico permita esa clasificación. No hacerlo es un abandono de los derechos pero también de las responsabilidades ciudadanas, toda vez que se delega en otros –por lo general de dudosas intenciones- el futuro de las mayorías. En nuestros países se puede ver el resultado de ese abandono en los espeluznantes indicadores de desarrollo social, pero también y sobre todo en el escandaloso enriquecimiento de las castas económicas y políticas que nos gobiernan.

Es importante reconocer que la política no tiene color. El color se lo dará quien la ejerza de acuerdo con su estatura ética y sus valores. Por ello es importante rescatarla y realizar el arduo trabajo de quitarle esa pátina que hoy la cubre. Nadie tiene derecho a impedir la participación ciudadana, pero será esa ciudadanía la única y principal responsable de abrir los candados que hoy la marginan.

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La cobija de la impunidad

Guatemala vive uno de los momentos más críticos de su historia.

 La democracia es como el amor: para conservarla es preciso trabajar por ella, consolidarla a diario en el respeto por las leyes y los derechos de los otros, participar como ciudadanos y cultivar ideales comunes en la búsqueda de la igualdad, con tolerancia por las ideas ajenas. Todo eso dentro de un ambiente de paz y armonía. Lindas palabras cuya realidad suele ser incompatible con la naturaleza humana, más inclinada al abuso de poder, a la codicia y a la búsqueda de satisfacción individual. Este cuadro, el cual se repite una y otra vez en países como los nuestros, ha causado una debilidad endémica a lo largo de la historia, en parte por la injerencia de potencias industriales cuyas acciones directas e indirectas nos han transformado –en mayor o menor grado- en repúblicas bananeras, pero también por la impotencia ciudadana.

Durante el fin de semana, Guatemala se ha convertido en el ejemplo más representativo de esta triste definición. Un gobierno bajo la influencia de una casta de empresarios cuyo dudoso mérito reside en haber conseguido montar todo un sistema de privilegios, tan efectivo como para haber perdurado por siglos y para continuar engañando a los ilusos, quienes creen en su aporte a la economía y al desarrollo. Sumado a ello, un ejército en cuyo papel de guardián de esta casta de privilegiados ha perdido todo contacto con su verdadera misión y una clase política cuyo mayor interés es blindarse contra la acción de la justicia para hacer de los bienes nacionales su caja chica.

Cuando por obra de algún milagroso fenómeno de la naturaleza se logró crear un organismo de investigación y apoyo a la justicia (Cicig) para perseguir los delitos cometidos por las organizaciones criminales insertas en el Estado, se podía augurar una apertura en esa cobija espesa de la impunidad institucionalizada. Por ese esfuerzo se logró avanzar en importantes casos de alto impacto, llevando a prisión a personeros de los sectores políticos, empresariales y castrenses. Sin embargo, el presidente de la República y su consejo de seguridad, integrado por los ministros de gobernación, relaciones exteriores, de la defensa y otros funcionarios de menor rango, se han atrincherado contra cualquier investigación sobre sus actos de corrupción, rompiendo en pedazos el marco institucional, violando disposiciones constitucionales y desobedeciendo las órdenes de las más altas cortes del país en su afán por impedir la acción de la justicia.

Pero este escenario que podría haber provocado una repulsa general e inmediata de la ciudadanía, solo ha permeado en ciertos estratos de la sociedad como las organizaciones civiles y los grupos más próximos a la vida política nacional. La grandes masas, divididas por estrategias pergeñadas desde los grupos dominantes, siguen en la duda de si perseguir a los criminales instalados en el Estado es bueno o malo para la salud nacional, porque hay quienes afirman que esta clase de noticias perjudica gravemente a la economía y a la imagen del país en el exterior, desanimando a posibles inversores.

El silencio ciudadano ha sido la protección más eficaz para los corruptos, a lo largo de su historia y, por supuesto, durante los gobiernos de la época democrática. El saqueo de riquezas ha sido constante y pródigo para los grupos de poder, mientras el pueblo se consume en la miseria más injusta. Las acciones intimidatorias del gobierno contra la Cicig y la ciudadanía son apenas una muestra del peligro al que se expone Guatemala: la posibilidad de perder una democracia incipiente que ha costado miles de vidas.

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