Las fronteras urbanas

Más allá del pavimento, lejos de las luces y los grandes edificios, también existe nación.

La imagen muestra una escuelita rural perdida entre aldeas y caseríos, plantíos de maíz y laderas deforestadas, en donde la niñez recibe clases en medio del lodo (cuando llueve) o del intenso calor irradiado por la lámina que medio los cubre (cuando hay sol). Los materiales escolares disponibles para sus alumnos se reducen a lo mínimo, porque la pobreza no ofrece mucho más que un remedo de establecimiento educativo con tablas y bloques de cemento para apoyar los cuadernos, en donde a pesar de las carencias los niños se esfuerzan heroicamente por aprender los rudimentos de una enseñanza insuficiente.

La experiencia de millones de nuevos habitantes de nuestro continente suele estar marcada por el hambre y la indiferencia endémica de sus gobernantes, cuyo desempeño está condicionado por los grandes capitales. El marco de referencia para estos mandatarios encumbrados gracias a sistemas clientelares y corruptos se encuentra definido por los intereses de una clase empresarial inclemente y voraz, cuya visión de la infancia es la de un contingente de futuros nuevos trabajadores sometidos a explotación y sin recursos para tener acceso a una vida digna. Los pobres son pobres porque así les tocó, dicen algunos. Es la voluntad de Dios, dicen otros. Y lo predican en los templos para acallar pensamientos rebeldes, potencialmente peligrosos.

Las condiciones de vulnerabilidad de la niñez son, entonces, algunas de las tácticas más productivas para blindar el sistema neoliberal diseñado ad hoc para los países subdesarrollados y proteger así la continuidad de los círculos de poder económico y político. Privar a las nuevas generaciones de acceso a la salud, a la alimentación y a la educación responde a planes bien estructurados de control social, tal como sucede con la invasión de doctrinas supuestamente religiosas cuyo papel fue cuidadosamente diseñado por la CIA en los albores de la Guerra Fría para aplastar, biblia en mano, toda amenaza de subversión.

Sin embargo, así como resulta conveniente abortar en su germen toda posibilidad de desarrollo intelectual y social de este enorme segmento poblacional conformado por niñas, niños y jóvenes, también es un arma de doble filo en países cuyos sistemas productivos jamás podrán trascender el marco agroexportador por falta de un recurso humano tecnológico, creativo, emprendedor y capaz de hacer ese salto indispensable hacia una economía del tamaño del siglo actual. El desafío planteado, entonces, es transformar el modelo desde sus raíces y rescatar las riquezas naturales, pero también el timón del desarrollo; y desempolvar los conceptos arcaicos coloniales para convertir a estos países-finca en auténticas naciones.

Uno de los motores esenciales para generar estabilidad social y construir nación es la distribución equitativa de la riqueza. Pero no solo hacia los centros urbanos –como suele plantearse desde los centros políticos- sino poner atención de manera muy puntual en aquellas áreas en donde nunca alumbra el sol del presupuesto de inversión pública. El potencial humano ignorado existente en áreas rurales marginales, en donde ni siquiera hay presencia de Estado –mucho menos de justicia- guarda en su interior un gran reservorio de talentos cuya participación activa podría transformar la realidad actual. Abrir caminos de progreso para la niñez y la juventud de esas regiones no es, por lo tanto, un acto de caridad, sino uno de la más elemental justicia.

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Un país secuestrado

Contrabando de drogas, eliminación de opositores, crímenes y mentiras a granel…

El Estado de Guatemala está tomado por los cárteles de la droga y por un ejército que ha traicionado la naturaleza de su misión, claramente descrita en la Constitución como “…una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor  de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior” (CPR).  Dedicado durante más de 65 años a fortalecer su poder haciendo el trabajo sucio de los sectores de mayor influencia económica y política, ha logrado entronizarse sólidamente tras el sillón presidencial buscando no solo la cobertura de la impunidad, también la libertad y los medios para depredar al país en las actividades ilícitas más diversas.

Dueños de una buena –e inexplicable- porción del presupuesto de la nación gracias a su presión sobre los gobernantes de turno, los integrantes de la alta cúpula militar mantienen a la tropa con salarios de miseria y sufriendo la carga de su trabajo en condiciones infrahumanas. Expuestos estos frente a los cárteles de la droga y las organizaciones criminales de tráfico y trata de personas, cuyos nexos con altas autoridades les permiten premunirse de un equipo bélico infinitamente superior al de los soldados que a ellos se enfrentan, estos efectivos se cuentan también entre las víctimas de la codicia de una institución cuyos objetivos se han divorciado de manera radical de su misión original.

Por estas razones es comprensible, entonces, la debilidad endémica de la oposición política cuyas filas han sido sistemáticamente golpeadas por la represión y la persecución en todos los ámbitos. Amparados por un Estado débil, corrupto y vulnerable a las presiones externas, miembros de la alta oficialidad del ejército han aparecido con una frecuencia pavorosa como protagonistas en secuestros, desapariciones, organizaciones de robo y tráfico ilegal de vehículos, asesinatos de líderes políticos y comunitarios, genocidio, contrabando de piezas arqueológicas, invasión de territorios con expulsión de las comunidades que los ocupaban y un sinnúmero de otros delitos.

Por lo tanto, pretender aparecer como héroes ante una ciudadanía consciente de la verdadera naturaleza de sus operaciones no solo es indignante, también es una burla ante el dolor de quienes han perdido a sus seres queridos por la violencia de la represión, sin tener el consuelo de darles una digna sepultura. El proceso experimentado por Guatemala desde el regreso a la democracia ha tenido indefectiblemente esa sombra negra del poder castrense sobre todas sus instituciones. Esta ha sido una forma de continuum de una dictadura solapada y nefasta, cuyos efectos en la psiquis de la ciudadanía se percibe en su temor a manifestarse, a opinar, a actuar de manera decidida y abierta contra los desmanes de sus autoridades. Más aún, su actitud pasiva frente a la participación política, se ha transformado en un factor capaz de abortar cualquier iniciativa de recuperación de la institucionalidad y la corrección política, de la justicia y el estado de Derecho.

El escenario solo deja una salida y es un nuevo despertar de la juventud, un renacer de la conciencia política y una mirada crítica a un sistema colapsado por los delitos y la complicidad de sus representantes en las Cortes, en el congreso y en todas las instituciones de cuyo desempeño depende el cumplimiento del orden constitucional, un ejercicio indispensable para salir de la ruta actual de pérdida de derechos civiles y libertades ciudadanas. La Constitución es, en la actualidad, letra muerta en un país que regresa a las épocas más oscuras de su historia. Una medida recomendable es leerla.

Leer la Constitución Política es lo mínimo que debe hacer un ciudadano consciente.

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Un huracán categoría 5

El fin de la lucha contra la impunidad será tan destructivo como el más poderoso de los huracanes.

En Guatemala se vivió un período extraordinario durante el cual salieron a la luz, por primera vez y con evidencias contundentes, las redes intocadas de corrupción e impunidad entre los sectores político y empresarial. Las escandalosas revelaciones de negocios ilícitos desde las organizaciones del sector privado y funcionarios públicos –algunas de las cuales se sospechaban desde mucho antes- abrieron un boquete en el sistema blindado construido por quienes poseen la riqueza y quienes operan los poderes del Estado. Este tsunami de denuncias, la mayoría de las cuales desembocaron en procesos judiciales y cárcel para un número inaudito de intocables, despertó la conciencia de la ciudadanía y sacudió una modorra de siglos.

Las investigaciones llevadas a cabo por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, en conjunto con el Ministerio Público, recibidas con expectación y esperanza por un pueblo agobiado por la pobreza, la injusticia y los abusos desde los círculos de poder fueron, sin embargo, el detonante que puso en marcha todos los recursos de las mafias.  Estas, conscientes de la amenaza que significaba la permanencia de la Comisión, utilizaron hábiles estrategias para dividir a la opinión pública debilitando así cualquier intento de movimiento popular capaz de poner en peligro sus planes. De este modo y de manera irregular, violando acuerdos internacionales, pusieron fin a la misión de la Cicig consolidando así su reino de la total impunidad.

Lo que espera a Guatemala a partir de la elección de un equipo de gobierno cuyo perfil revela el continuismo del sistema, es el acelerado empoderamiento de un sector económico enfocado en la explotación máxima de su influencia sobre las políticas públicas y la protección de sus redes en todos los estamentos del Estado, incluyendo por supuesto al sector justicia. Para el pueblo de Guatemala la salida de la Cicig –forzada por el gobierno más corrupto y descaradamente destructivo de los últimos tiempos- será un regreso a los períodos oscuros de los regímenes autoritarios, con la pérdida de libertades y derechos ciudadanos como primera medida de las nuevas autoridades.

Si la presencia de la Cicig fue dolorosa para las organizaciones criminales enquistadas en la institucionalidad, su ausencia constituye la amenaza de un huracán categoría 5 para la precaria sostenibilidad de los entes en donde se apoya el débil sistema democrático y la vida social, económica y política de ese país centroamericano. A ello es preciso añadir la amenaza implícita en el absurdo acuerdo de declarar “tercer país seguro” al más inseguro, peligroso y empobrecido de la región y convertirlo en centro de concentración para migrantes pobres, desesperados y perseguidos, cuyas mínimas perspectivas de conseguir la visa de ingreso a Estados Unidos auguran una estancia prolongada.

La contradicción entre los intereses de grupo y los de todo un país quedan en evidencia al observar cómo las huestes defensoras del sistema de privilegios y saqueo de los recursos nacionales han reaccionado ante el cierre de operaciones de la Comisión, pero especialmente ante el fin de la misión del Comisionado Iván Velásquez, quien representó para esas estructuras el mayor de los peligros. Sin embargo lo hecho, hecho está; y será muy difícil hacerse el desentendido ante un panorama que gracias a profundas y bien desarrolladas investigaciones, denuncias y procesos, es ya parte de la historia política y jurídica de Guatemala.

La Cicig marcó un antes y un después en la historia de Guatemala.

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