Month: November 2016

Se acaba de conmemorar por el Día de la No Violencia Contra la Mujer con el propósito de hacer conciencia sobre este profundo cisma social, cuyas consecuencias impactan en la vida de millones de seres humanos en el planeta. La igualdad de derechos, considerada uno de los temas más conflictivos y menos aceptados por las mayorías, nos remite a la urgente necesidad de emprender una campaña intensa de educación con el fin de romper las barreras de la incomprensión y el odio.

¿Cómo revertir la absurda tendencia de establecer categorías humanas incluso entre hermanos? ¿Cómo propiciar el cambio de mentalidad necesario para transformar una inveterada costumbre de dominio e imposición en una actitud de compromiso y consenso? El machismo y la misoginia inscritos en la mente de las generaciones por un afán derivado de una retorcida idea de la moral, constituyen la condena a la servidumbre, la frustración, la esclavitud e incluso la muerte de millones de niñas, adolescentes y mujeres incapacitadas de ejercer sus derechos, aún en temas tan básicos como su derecho a la propiedad, a la educación o a la salud.

De su libertad, ni hablar. Cercenados sus mecanismos de defensa por obra y gracias de leyes y costumbres discriminatorias, están sujetas a la voluntad y a los términos de otros para sobrevivir. La discusión se centra, entonces, en cómo generar el cambio necesario desde los orígenes del problema. Es decir, desde el mensaje primario de la madre al recién nacido, los códigos secretos durante el proceso de crianza, los gestos y acciones capaces de romper el paradigma de la inequidad entre sexos cuya potencia perdura durante la vida entera.

En sociedades de grandes desigualdades sociales y económicas, como Guatemala, esta es una tarea de orden generacional y de una magnitud difícil de medir. Además del trauma que representa un cambio de paradigmas en cualquier proceso transformador, uno tan radical significa una ruptura de valores anticuados y deshumanizantes derivado de doctrinas enfocadas en la sumisión espiritual de las masas como una estrategia de control político y, por ende, la preservación de las estructuras de poder.

El cambio, por lo tanto, debería generarse desde las bases mismas de la sociedad, como un acto supremo de liberación. El respeto mutuo entre sexos equivale a romper cadenas atávicas de dominación, para hombres y mujeres por igual. La demarcación de roles ha sido un invento humano y la ruptura también debe proceder de una conciencia renovada de otra forma de convivencia. Pero la sociedad actual no está preparada ni lo estará en tanto no exista un sistema de relaciones sociales, económicas y políticas capaz de eliminar barreras entre sectores y procurar la nivelación que conduzca a la construcción de una sociedad educada y solidaria.

Lo que hoy rige la vida de nuestras sociedades deviene de formas de pensamiento opuestas a toda forma de democracia. La violencia de género, la cual por definición afecta a las mujeres de cualquier edad y condición, es una de las muchas patologías de una sociedad cívicamente enferma desde el punto de vista de la incapacidad de grandes sectores para ejercitar sus derechos básicos.

La conmemoración del 25 de noviembre no es más que un recordatorio de nuestra incapacidad de establecer relaciones humanas saludables. Nos indica cuán alejados estamos de proveer a nuestros hijos y nietos de un mínimo nivel de certeza en un cambio positivo. Nos recuerda que miles de niñas, adolescentes y mujeres, hoy son víctimas inocentes de una absurda forma de pensamiento.

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Uno de los mayores obstáculos para el combate de la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres adultas es un vacío conceptual cuya dimensión supera largamente cualquier esfuerzo por desarrollar una sociedad igualitaria. La contraofensiva ante las denuncias de violencia de género se apoyan en argumentos como “los hombres también sufren violencia”, equivalente a colocar bajo un mismo rasero dos realidades opuestas, una de las cuales se sustenta en un poder de la masculinidad establecido a través de los tiempos y perpetuado en las sociedades modernas casi intacto.
Pero esto hay que ponerlo en términos mucho más sencillos si se desea permear esa resistencia a la aceptación del fenómeno. Lo primero es explicar por qué los hombres no sufren violencia de género. La definición de este tipo de violencia debería ser suficiente para aclarar el concepto, pero mejor es ir al detalle y obtener un panorama más amplio, remitiéndonos a la generación misma del trato diferenciado entre hombres y mujeres. Es decir, el momento mismo desde el cual se marca la escala de valor: la perspectiva del sexo del nonato.

En todas las civilizaciones antiguas y modernas las expectativas ante el nacimiento de un nuevo miembro de la familia tienden a favorecer al género dominante, es decir, el masculino. Durante el proceso de crianza en el núcleo familiar, a los niños varones se les inscribe en un estatus superior de autoridad y privilegios en comparación con sus hermanas, lo cual refleja como un espejo las relaciones de la pareja. El hombre debe ser proveedor, protector e independiente. La mujer debe ser obediente (mandato dado desde la ceremonia nupcial) y dependiente de la autoridad masculina. Su papel limitado a servir y dedicarse a la crianza de sus hijos.

Es ahí, en ese preciso instante, en donde se plasma el modelo de violencia y discriminación que perdurará durante el crecimiento y desarrollo de la personalidad. Es la convicción de superioridad impresa en un género, contrastada con la inferioridad del otro. La mujer dócil, sumisa y obediente será el prototipo de lo femenino, mientras el hombre fuerte, agresivo y dominante será la contraparte masculina en un modelo supuestamente ideal.

Esta manera de marcar roles no solo constituye una limitación evidente en el desarrollo de las niñas; también encierra a los niños en un chaleco de fuerza muchas veces contrario a su natural evolución, transformando a ambos en seres incompletos y frustrados.

La violencia, entonces, termina por ser una forma casi inevitable de expresión inducida por la visión limitada establecida por estereotipos sociales y culturales de cómo deben ser y manifestarse las relaciones entre ambos sexos, así como la manera “correcta” de definir sus características. Entonces, el dominio de un género por sobre el otro se manifiesta sin más límites que los impuestos por la forma de crianza, la educación y el autocontrol. Las leyes, por lo general, han sido tan permisivas ante la violencia de género como la sociedad en la cual se desarrollan estas relaciones.

La única manera de reducir la violencia de género, por lo tanto, reside en un esfuerzo legal y educativo enfocado en este fenómeno cuya dimensión, precisamente por ser connatural a la cultura imperante, pasa inadvertido para la mayoría. La igualdad de derechos es mucho más que una parte del discurso correcto. Es un cambio de mentalidad y un compromiso incondicional de respetarla en todos los aspectos de la vida. Es comprenderla en toda su enorme complejidad.

Parece novela negra, pero en realidad sucede en las narices de una sociedad que muchas veces prefiere no enterarse de estos temas tan desagradables para no sentirse mal. Pero ahí están sus nuevas generaciones, las promesas de un futuro mejor, los receptores de una identidad nacional en proceso de quiebre. Son las niñas, niños y jóvenes en la flor de su desarrollo a quienes se debe el respeto y el cuidado que cualquier comunidad humana medianamente civilizada ofrece a sus descendientes. Ahí están, abandonados a su suerte, desnutridos, abusados y muchas veces asesinados como daño colateral de una situación de violencia.Para paliar las carencias y reparar los daños sufridos por la numerosa niñez en riesgo se crearon hogares seguros –uno de ellos el Hogar Virgen de la Asunción, motivo de esta columna- como establecimientos destinados a sustituir en lo posible las carencias de niños y niñas sin hogar, abandonados o privados del goce de sus derechos. En teoría, estos sitios especialmente construidos proporcionarían seguridad y atención profesional con personal capacitado en distintas disciplinas, para cumplir el propósito de dar a estos infantes la formación y el cuidado necesarios y prepararlos para una vida adulta productiva y, en lo posible, feliz.

La realidad es otra. Las revelaciones de las últimas semanas -gracias a un profundo y extenso trabajo periodístico- pusieron en alerta a la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio Público y a la prensa en general, dibujando un escenario dantesco de las condiciones reales en las cuales sobreviven las niñas, niños y adolescentes rescatados e internados en este supuesto hogar seguro, dependiente de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y, por extensión, en otros de similares características administrados por el Estado.

Las denuncias debieron haber generado una reacción inmediata de las autoridades encargadas y de la población. Sin embargo, quedó en un tibio intento de aplacar los señalamientos aduciendo dificultades financieras, sobrepoblación del hogar, limitaciones de todo tipo. Insuficiente respuesta a las sospechas de abusos de enorme envergadura, como violaciones sexuales y negocio de trata con las y los adolescentes internos. Allí es preciso no solo investigar a fondo al personal, sino trasladar a los grupos afectados a refugios verdaderamente seguros, a salvo de represalias.

A la ciudadanía en general este problema no parece haberle afectado. Las niñas, niños y adolescentes rescatados de situaciones de violencia son cosa de otros, son asuntos ajenos a sus propios intereses y no le quitan el sueño más que a los directamente involucrados. Pero estamos hablando de miles de víctimas de abusos; desde la privación de su identidad, la falta de acceso a la educación, la desnutrición crónica, la pérdida del hogar, hasta los maltratos más crueles como las violaciones sexuales y la obligación de prostituirse para el beneficio económico de adultos con plenos poderes y autoridad para disponer de estos infantes como les plazca, como si fueran sus esclavos.

Aquí vale recalcar que sí es competencia de la ciudadanía velar por la seguridad, la integridad y el respeto de los derechos de la niñez. Desentenderse, en el fondo, es una evidencia de lo corrompido del sistema individualista y permisivo en el cual estamos inmersos. Así como con la niñez y la juventud, así también se ha fallado en el ejercicio del poder ciudadano a partir de valores sólidos para controlar los desmanes de los gobernantes. En este contexto, la niñez está más desprotegida que nunca antes.

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Para paliar las carencias y reparar los daños sufridos por la numerosa niñez en riesgo se crearon hogares seguros —uno de ellos el Hogar Virgen de la Asunción, motivo de esta columna— como establecimientos destinados a sustituir en lo posible las carencias de niños y niñas sin hogar, abandonados o privados del goce de sus derechos. En teoría, estos sitios especialmente construidos proporcionarían seguridad y atención profesional con personal capacitado en distintas disciplinas, para cumplir el propósito de dar a estos infantes la formación y el cuidado necesarios y prepararlos para una vida adulta productiva y, en lo posible, feliz.
La realidad es otra. Las revelaciones de las últimas semanas —gracias a un profundo y extenso trabajo periodístico— pusieron en alerta a la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio Público y a la prensa en general, dibujando un escenario dantesco de las condiciones reales en las cuales sobreviven las niñas, niños y adolescentes rescatados e internados en este supuesto hogar seguro, dependiente de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y, por extensión, en otros de similares características administrados por el Estado.
Las denuncias debieron haber generado una reacción inmediata de las autoridades encargadas y de la población. Sin embargo, quedó en un tibio intento de aplacar los señalamientos aduciendo dificultades financieras, sobrepoblación del hogar, limitaciones de todo tipo. Insuficiente respuesta a las sospechas de abusos de enorme envergadura, como violaciones sexuales y negocio de trata con las y los adolescentes internos. Allí es preciso no solo investigar a fondo al personal, sino trasladar a los grupos afectados a refugios verdaderamente seguros, a salvo de represalias.
A la ciudadanía en general este problema no parece haberle afectado. Las niñas, niños y adolescentes rescatados de situaciones de violencia son cosa de otros, son asuntos ajenos a sus propios intereses y no le quitan el sueño más que a los directamente involucrados. Pero estamos hablando de miles de víctimas de abusos; desde la privación de su identidad, la falta de acceso a la educación, la desnutrición crónica, la pérdida del hogar, hasta los maltratos más crueles como las violaciones sexuales y la obligación de prostituirse para el beneficio económico de adultos con plenos poderes y autoridad para disponer de estos infantes como les plazca, como si fueran sus esclavos.
Aquí vale recalcar que sí es competencia de la ciudadanía velar por la seguridad, la integridad y el respeto de los derechos de la niñez. Desentenderse, en el fondo, es una evidencia de lo corrompido del sistema individualista y permisivo en el cual estamos inmersos. Así como con la niñez y la juventud, así también se ha fallado en el ejercicio del poder ciudadano a partir de valores sólidos para controlar los desmanes de los gobernantes. En este contexto, la niñez está más desprotegida que nunca antes.

Las condiciones de vida para unas tres cuartas partes de la población guatemalteca han descendido de manera sostenida desde hace unas 3 décadas. Este fenómeno ha condenado a la pobreza a más de la mitad de las familias y se debe a la corrupción rampante de sus autoridades, baja ejecución de planes de desarrollo cuando los hay, generalizado clientelismo en la asignación de puestos, pero sobre todo el saqueo sistemático de una riqueza cuya envergadura es aún desconocida.

El sistema bajo cuyas normas se desarrolla la vida financiera, política y social del país parece haber sido diseñado con el fin de mantener en necesidad extrema a una gran masa poblacional, a la cual un salario de hambre le resulte una bendición divina en comparación con el desempleo. En este contexto las familias sobreviven gracias al esfuerzo combinado de todos sus miembros en condiciones de extrema necesidad, lo cual repercute en un ambiente poco propicio para su desarrollo integral.

Sumado a esto, la falta de oportunidades en educación, empleo, salud y vivienda dignas contribuye de manera poderosa a provocar la eclosión familiar y un clima de violencia cuyas consecuencias se pueden observar en las elevadas cifras de denuncias de feminicidio, abandono del hogar, violaciones, incesto y ruptura de los lazos familiares. Como uno de sus efectos más graves, el abandono de las nuevas generaciones en busca de satisfacer sus carencias vitales en la calle, en las maras o emigrando hacia la peligrosa ruta del norte.

En este contexto insano y degradante viven miles de niñas y niños relegados, violentados y forzados a soportar toda clase de carencias vitales. Entonces es cuando se requiere de un sistema de rescate –desde un Estado cuyas características lo han convertido en el principal responsable del problema- con el fin de proveer a esta niñez en crisis de una solución a la medida de sus necesidades en educación, alimentación, recreación, atención en salud mental y física para garantizarles un desarrollo adecuado.

Este sistema aparentemente ideal, cuyo costo de operación figura en el presupuesto del Estado, en la realidad se ha convertido en una amenaza para la integridad de esos niños, niñas y adolescentes necesitados de protección. Salidos de un ambiente muchas veces degradante y de alto riesgo para su integridad física y psicológica, han ido a dar a verdaderas cárceles de castigo en donde se siguen violando sus derechos. Es el drama constante de ser menor de edad en un país en donde la niñez es la última de las prioridades y en donde para llamar la atención sobre un problema tan grave como la trata de personas, es preciso hacer un escándalo mediático para que las autoridades le presten atención.

Otro tanto sucede con las mujeres violentadas en sus derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad. Es tan elevado el nivel de violencia contra ellas que ya se considera parte de la costumbre, se acepta el odio de género hasta el extremo del desmembramiento como algo que les sucede a otras personas menos afortunadas, no algo a lo cual existe la obligación humana de denunciar alto y claro porque es inadmisible, porque no puede seguir sucediendo.

Las niñas, niños y adolescentes recluidos en hogares de rescate no son parias, son seres humanos con derechos. Tratarlos como a tales es obligación del Estado, porque la falta de principios del sector político, cuyos miembros han sentado sus reales en la administración pública, les ha robado la posibilidad de vivir una vida libre de amenazas y con oportunidades de progreso. La deuda con la sociedad está pendiente y debe pagarla en sus nuevas generaciones.

elquintopatio@gmail.com

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Blog de la autora: http://www.carolinavasquezaraya