Month: June 2019

Una comunicación manipulada y tendenciosa es tan peligrosa como una dictadura.

Hace pocos días apareció en mi pantalla un interesante artículo sobre las tácticas publicitarias de las compañías tabacaleras a mediados del siglo pasado. Estas consistían principalmente en atraer a un sector consumidor no tradicional: las mujeres. Pero no cualquier mujer, sino muy especialmente aquellas pertenecientes a segmentos de clase media que comenzaban a rechazar de modo paulatino el molde patriarcal y las estrictas normas que las relegaban de vuelta –después de una guerra que les abrió oportunidades laborales- al cuidado de sus hogares y de sus familias.

Para ello, montaron campañas millonarias sobre la base de la liberación femenina mostrando cómo el hecho de atreverse a fumar en público era un signo de sofisticación extrema pero, más importante aún, una señal de independencia. Esas campañas dispararon las ventas de las tabacaleras y su impacto perdura hasta nuestros días. De algún modo, esto sucede en la actualidad con los medios noticiosos internacionales, cuyas agendas definidas desde centros corporativos nos quieren vender la ilusión de la libertad de prensa del mismo modo como Estados Unidos nos ha querido vender, por medio de una propaganda bien diseñada, la ilusión de progreso, democracia y respeto por los derechos humanos.

Las libertades ciudadanas en países desarrollados, regidos bajo un sistema neoliberal, también han ido perdiendo terreno de manera paulatina, lo cual se manifiesta en masivos actos de rechazo popular pero sobre todo en el fortalecimiento de cuerpos represivos con amplias facultades para someter a los ciudadanos y neutralizar sus protestas dentro de un marco de violencia institucional legalizada, contra el cual la resistencia es casi imposible. De este modo, las directrices que definen hacia dónde se encaminan las políticas públicas se encuentran protegidas por una institucionalidad férrea cuya agenda responde a los intereses de centros de poder económico ubicuos y prácticamente anónimos, lo cual los blinda contra el limitado poder popular. En países en desarrollo, este cuadro se traduce en gobiernos obedientes sometidos a la voluntad extraterritorial de quienes administran a las agencias financieras internacionales, intermediarias entre quienes poseen la riqueza y quienes la producen, pero no la gozan.

La ilusión de democracia manipulada por quienes la diseñan, dosifican y reproducen es, entonces, la trampa en donde se atrapan las ambiciones de independencia y libertad de los pueblos; y en ese contexto, los medios globales de comunicación –cuyos intereses corporativos predominan por sobre la ética periodística- constituyen la herramienta ideal para convencer a grandes sectores poco instruidos, pero decisivos a la hora de elegir a sus autoridades, de las bondades de un sistema cuyos beneficios chocan directamente contra los derechos de enormes conglomerados humanos alrededor del mundo. Quienes dominan las comunicaciones influyen en las decisiones más importantes de los ciudadanos y controlan no solo la calidad de la información sino también los mecanismos de censura aplicados de acuerdo con sus intereses y con aquellos provenientes de los centros internacionales de poder financiero.

De ahí que los sistemas de comunicación por medio de plataformas digitales se convierta en una alternativa importante para la difusión de noticias y material informativo de calidad, libre de la censura y las limitaciones de los medios tradicionales. Sin embargo, su impacto resulta extremadamente limitado en países cuya ausencia de políticas públicas en educación y sus carencias en el ámbito de la tecnología impiden la masificación del acceso a estos contenidos. En estas naciones, muy especialmente en América Latina, existen poderosos monopolios informativos con enorme impacto en regiones de bajo desarrollo, en donde imperan las emisiones de radio y televisión abierta cuyas frecuencias, cargadas de basura, están en manos de magnates extranjeros aliados con gobiernos corruptos y altamente influyentes durante las campañas electorales.

En conclusión, si para los países desarrollados la libertad de prensa pasa por los centros de decisión de grandes conglomerados editoriales convirtiendo la ilusión de libertad informativa en una trampa ideológica, en las naciones menos desarrolladas y cuyos gobiernos responden a intereses corporativos internacionales este derecho humano de acceso ilimitado a una información ética, responsable y apegada a la verdad, es una auténtica rareza. De ahí la importancia de impulsar plataformas informativas independientes cuyos contenidos contribuyan al desarrollo de un debate más abierto de los problemas sociales, pero sobre todo alimenten aquellas capacidades de análisis y reflexión, adormecidas por estrategias diseñadas específicamente para evitarlo.

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Un pueblo que lee es capaz de analizar, reflexionar y luego decidir con inteligencia.

El hábito de la lectura es un arma poderosa contra la opresión. Eso explica por qué en muchos países latinoamericanos se erigen, desde los centros de poder político y económico, obstáculos a la educación de sus pueblos con el objetivo de mantener a la población sometida a regímenes de explotación y carente de las herramientas cognitivas que pudieran proporcionarle los espacios críticos y de reflexión propios de una ciudadanía activa. Los ejemplos abundan, sobre todo en naciones como Guatemala, Brasil o Chile, con gobiernos conservadores aliados de un sistema neoliberal diseñado a la medida de los intereses de sus cúpulas de poder económico. En ellos, el recorte de programas de enseñanza y la falta de inversión en educación responden a la agenda de quienes definen esas políticas desde la clase empresarial.

Algo predominante en el discurso gubernamental de la mayoría de nuestros países es la explicación del fenómeno de la pobreza a partir de variables sociales y económicas. Es decir, de acuerdo con su elaboración de la realidad la gente pobre es pobre porque así está estratificada la sociedad. En ningún caso entra en discusión el tema fundamental: el acceso al aprendizaje a través de políticas públicas orientadas a fortalecer el acceso a la educación desde los sectores más necesitados con infraestructura adecuada, redes de bibliotecas y programas educativos actualizados y eficaces, complementados con actividades de promoción de la lectura con el propósito de crear el hábito desde la niñez, uno de los ejercicios fundamentales para el desarrollo de la mente y de las capacidades intelectuales.

En un ambiente de privación de recursos educativos y de entretenimiento, por lo tanto, una actividad como la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) es un soplo de oxígeno para una atmósfera contaminada. Este año, declarado por la ONU como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, la Feria está dedicada al gran poeta k’iche’ Humberto Ak´abal (1952-2019) y tiene la presencia de México como país invitado. En su amplio programa de actividades, Filgua 2019 ofrecerá al público el próximo mes de julio –especialmente a la niñez y juventud de Guatemala-  la oportunidad de vivir una serie de experiencias de enriquecimiento intelectual y de explorar el amplio universo literario ofrecido por este evento que ya cumple su XVI edición.

Filgua es una de las escasísimas iniciativas de carácter popular para la promoción de la lectura en la sociedad guatemalteca, a la cual tienen acceso miles de estudiantes de todos los niveles. Sus salones ofrecen una enorme variedad de actividades de interés para distintos grupos y se ha ido consolidando a través de los años como un centro de encuentro para lectores, escritores, académicos y artistas. Como uno de los países de América Latina con la más pobre inversión estatal en cultura, esta iniciativa de la Gremial de Editores representa una ventana importante hacia el mundo del conocimiento y las letras.

La niñez y juventud de Guatemala merece mucho más y la ciudadanía tiene la obligación de exigir a sus autoridades el pago de una deuda histórica en educación y apoyo a las artes como una de las columnas sobre las cuales se erige una nación libre y democrática, una nación cuyos habitantes sean parte del proyecto. Un pueblo sin cultura, privado del acceso al conocimiento y sin las capacidades intelectuales básicas para incidir en su futuro será incapaz de dar la vuelta de tuerca y traspasar con seguridad los límites que le han impuesto tan injustamente.

La lectura es una herramienta de poder y es preciso tener acceso a ella.  

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Un sistema corrupto de gobierno afecta a todo el tejido social, sin excepciones.

Las estadísticas solo muestran números y estos, por lo general, no provocan emociones ni reflejan el verdadero impacto de las decisiones políticas, sociales y económicas sobre una nación. Esto marca la diferencia entre el desempeño político y la misión de quienes tenemos la obligación, como comunicadores, de traducir esos mensajes en clave y ponerlos al alcance de la ciudadanía. Sin embargo, cuando un país se encuentra en manos de grupos capaces de coartar los derechos y libertades de la población impidiéndole tener acceso a una educación de calidad y a la información sobre el desempeño de sus autoridades, se alteran estas correlaciones de manera radical creando las condiciones perfectas para el establecimiento de gobiernos dictatoriales y represivos.

Uno de los momentos clave en el ejercicio democrático es la celebración de los comicios electorales para elegir a las autoridades de gobierno. Guatemala estuvo ayer inmersa en esa dinámica y fue posible constatar cuánto daño ha ocasionado a ese país la sucesión de gobiernos corruptos comprometidos con sectores de poder económico y bajo la bota siempre presente de un ejército involucrado en crímenes de lesa humanidad. Los prolegómenos de las elecciones marcaron la tónica con un desempeño turbio de las autoridades electorales y otras instituciones –como el Ministerio Público y las Cortes- totalmente aliadas con los sectores que han impedido el desarrollo del país haciendo del Estado un botín para satisfacer ambiciones personales y de grupo.

Es probablemente esa la razón por la cual las estadísticas en las cuales se demuestra la degradación de los indicadores de desarrollo social no llegan a la conciencia de sus habitantes. La abstracción de la miseria en la cual se hunde más de la mitad de la población es y ha sido un instrumento político para convencer a una ciudadanía poco informada de cómo la situación es culpa de las víctimas. La desnutrición infantil es, de acuerdo con este tipo de mensaje, un resultado “natural” de la poca educación de las madres y los asesinatos de mujeres y jóvenes, una consecuencia de sus malos pasos y no del abandono criminal de gobiernos cuyo único interés ha sido debilitar el tejido social para aprovecharse del patrimonio nacional.

El drama de la emigración de miles de habitantes –especialmente desde las comunidades más abandonadas- es considerado por los políticos un hecho divorciado de su desempeño. Es decir, no solo no asumen su responsabilidad en el empobrecimiento de la población y en el dramático incremento de la violencia, sino además adjudican a las víctimas de sus delitos todo el peso de una situación ya insostenible de injusticia y violaciones de los derechos humanos contra quienes han resultado los chivos expiatorios de los desmanes del gobierno. Mientras tanto, en los sectores urbanos de clase media se profundiza la influencia de organizaciones religiosas fuertemente aliadas con los gobernantes quienes se resisten a perder sus privilegios, cuyos mensajes fundamentalistas adormecen el sentido común y se prenden fuertemente de la ignorancia de sus adeptos.

Las posibilidades de transformación de las condiciones de privación y subdesarrollo acelerado en las cuales se encuentra Guatemala chocan de frente con un poderoso muro construido desde la época colonial para evitar toda oportunidad de cambio. De darse el salto hacia una auténtica revolución democrática con la abolición de esos espacios de poder que han explotado la riqueza para su propio beneficio, sería un milagro: uno de esos momentos históricos capaces de marcar un antes y un después, una ventana hacia el futuro. De no darse (esto fue escrito antes de los resultados) Guatemala habrá dado otro paso hacia su destrucción.

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A pocos días de las elecciones, los guatemaltecos permanecen en la incertidumbre.

 Las baquetas siguen guardadas; y en lugar del entusiasmo propio de un evento de gran participación ciudadana, se respira un ambiente de dudas y temores. Es que en Guatemala los preámbulos de las elecciones para nombrar presidente, diputados y alcaldes han estado sembrados de trampas, manipulación y sorpresas desagradables, dejando un mal sabor en la ciudadanía. Entre las campañas anónimas llamando al voto nulo, la participación de candidatos con señalamientos tan graves como narcotráfico, alianzas con organizaciones criminales o financiamiento electoral ilícito y la pasividad del Tribunal Supremo Electoral ante algunas de estas irregularidades, los votantes enfrentan el enorme desafío de hacer valer su voluntad política emitiendo un voto bien pensado.

Sin embargo, en medio de la confusión provocada por las dudosas actuaciones de las autoridades electorales y la inoportuna e inexplicable ausencia del fiscal del Ministerio Público encargado de investigar –precisamente- los delitos electorales, algunos movimientos políticos de nuevo cuño han comenzado a marcar su espacio de manera contundente, como respuesta a la urgente necesidad de cambios de fondo y del establecimiento de una nueva manera de hacer política: un ejercicio del poder más incluyente, más transparente y sobre todo con propuestas bien articuladas y acorde con las necesidades básicas de una población que ha sido marginada durante siglos.

En medio de los cierres de campaña y el entusiasmo de jóvenes activistas cuyas esperanzas por una mejor Guatemala los ha convencido de participar, se han cernido sobre el país algunos nubarrones amenazantes de regreso al pasado, propiciados por el equipo de militares que dirige la política gubernamental, cuyo temor ante una posible victoria de los nuevos partidos les ha hecho quitarse la careta y amenazar, sin tapujos, con actos de violencia y bloqueos en el día de los comicios.

La manipulación de este evento desde las cúpulas del poder –el ya bien conocido pacto de corruptos integrado por el equipo de gobierno, empresarios y militares- no ha dejado nada a la imaginación. Se han lucido entorpeciendo candidaturas “inconvenientes” y amparando otras marcadas por delitos graves. Han apretado las tuercas alrededor de las Cortes con el fin de garantizarse las mayores ventajas posibles, coartando las posibilidades de participación de quienes podrían constituir una amenaza el día que pierdan inmunidad y con el mayor descaro han montado una red de centros de mensajes cuya tarea ha sido invadir las redes sociales con toda clase de basura, mentiras, noticias falsas y ataques a los candidatos y partidos opositores al régimen. Por supuesto, todo eso financiado por los fondos públicos cuyo control y ejecución se mantienen herméticamente cerrados al escrutinio público.

El domingo 16 de junio será la prueba de fuego, cuando la ciudadanía acuda a los centros de votación a emitir su voto. Esa jornada podría significar para Guatemala el inicio de una nueva era de cambios profundos; un abrir caminos a la participación de quienes han vivido en la marginación y el desencanto, observando cómo sus oportunidades se pierden en las cuentas bancarias y las propiedades de lujo de quienes han empeñado el futuro de Guatemala. Esa jornada será digna de pasar a la historia como el rescate de la democracia, siempre y cuando el voto popular posea la impronta de una conciencia renovada sobre el poder ciudadano y sin el tufo del temor por el cambio; esto último, algo que ha marcado a una tras otra, todas las malas elecciones del pasado reciente.

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Se necesita una ciudadanía consciente y alerta para seguir la ruta correcta y vencer.

 La cartelera de candidaturas para la presidencia, las diputaciones y alcaldías en el proceso electoral desarrollado en Guatemala es una muestra fehaciente de la falta de participación de la ciudadanía en la depuración de sus instituciones, incluyendo entre ellas a una de las más importantes a la hora de elegir representantes, como son los partidos políticos. Creados y organizados en su mayoría por personajes poderosos pero de dudosas intenciones, los partidos poseen el monopolio del poder político gracias a una ley mediante la cual se obstaculiza la participación de líderes populares independientes y se imponen listados elaborados a conveniencia de sus dirigentes.

El ambiente electoral, sin embargo, comienza a calentarse por la inédita efervescencia alrededor de una candidata quien, además de ser mujer, pertenece a la históricamente marginada población indígena de Guatemala. No es de extrañar, por lo tanto, el estupor de cierta sociedad capitalina, urbana, ladina y profundamente racista, cuyos parámetros para medir “lo correcto y aceptable” no permiten admitir los derechos de una importante parte de la población a dirigir los destinos del país al cual pertenece. Es decir, los marginados no solo deberían continuar en ese estado, sino además aceptar en silencio y sin protesta las normas impuestas por un puñado de poderosos empresarios y políticos cuya incidencia en asuntos de Estado ha sido catastrófica para todos, excepto para ellos.

Es lógico suponer el temor que despierta en cierto sector de la sociedad la perspectiva de un cambio tan rotundo en el escenario político. La historia del país ha estado jalonada de abusos y regida bajo un sistema cuyos resultados están a la vista: saqueo de fondos públicos; robo de territorio ancestral de las comunidades indígenas; exclusión de casi la mitad de la población; explotación laboral a niveles de esclavitud; legislación excluyente para la población no ladina; desnutrición aguda y crónica en la niñez indígena y rural; muerte materna y una persecución constante contra la organización comunitaria, al extremo del asesinato de sus dirigentes y la cárcel por defensa del territorio y los recursos naturales.

Desde hace mucho tiempo los analistas más lúcidos vienen predicando la necesidad imperiosa de realizar cambios profundos en el modo de gobernar Guatemala. Hoy, con un crecimiento inesperado de la intención de voto por una candidata indígena cuya personalidad y programa de gobierno ha conquistado un espacio importante en el escenario electoral, queda demostrado el hecho de que el abuso de poder tiene un límite, por más obstáculos se opongan a la reacción popular. En esta ocasión, el rechazo a las obscenas maniobras de los corruptos para impedir la expresión libre de la voluntad del pueblo comienza a marcar las jornadas previas al evento.

La incógnita es cómo se van a desarrollar los pactos y acuerdos entre quienes representan la corriente “anti-corrupción” y cuántos candidatos tendrán los arrestos de renunciar a sus pretensiones presidenciales para acuerpar a uno solo y dar el golpe de timón a la situación de extrema fragilidad en la cual se encuentra la democracia en Guatemala. Por ahora, algunos se han pronunciado en tal sentido pero falta muy poco para abrir las urnas y votar. Por ello, no será suficiente con concertar un pacto; para alcanzar el éxito será imprescindible llegar al corazón de la ciudadanía con un mensaje de unidad capaz de despertarla del letargo en que se encuentra: Una tarea titánica sin el concurso de los medios masivos de comunicación, cuya mayoría (sobre todo la televisión abierta) se encuentran dedicados a mentir y apañar los abusos del Pacto de Corruptos.

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Los analistas diagnosticaron desde hace mucho la necesidad de un cambio radical.

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