Month: March 2021

Cerca de medio millar de niñas, niños y adolescentes cruzan la frontera norte cada día.

Una de las grandes violaciones de derechos contra la niñez y la juventud se perpetra ante los ojos del mundo, sin provocar el menor movimiento de reparación ni la búsqueda urgente de soluciones. Para esta enorme cantidad de niñas, niños y adolescentes que huyen de sus países de origen buscando refugio lejos de su hogar, no hay resguardo. Con independencia de lo que motiva este éxodo, ha quedado claro ante la comunidad internacional cómo las autoridades estadounidenses desenfocaron su mirada y, bajo las políticas racistas y xenófobas del ex presidente Donald Trump, convirtieron las instalaciones fronterizas en un campo de concentración al estilo de las prisiones de Guantánamo.

Niñas, niños y adolescentes de todas las edades han sido recluidos en estas inmensas bodegas, separados de sus padres y sin atención psicológica, como una forma de desincentivar la inmigración, enviando ese duro mensaje a quienes pretenden buscar su supervivencia en el país del norte. La nueva administración se enfrenta ahora a la tarea monumental de deshacer los nudos legales anti inmigración instalados por el gobierno de Donald Trump, cuyas decisiones han ocasionado un daño irreparable en miles de familias centroamericanas que solo buscan un refugio contra la criminalidad desatada en sus países, perpetrada principalmente por las autoridades de turno.

Mientras la niñez es sacrificada en aras de la corrupción y la desidia de quienes gobiernan sus países de origen –especialmente Guatemala, Honduras y El Salvador- estos líderes políticos han cerrado los ojos ante la inconcebible violación de los derechos humanos de su población más joven y la abandonan a su suerte, concentrados en acumular riqueza personal y utilizar los fondos públicos para la consolidación de sus redes de influencia. En esta tarea no están solos: cuentan con el irrestricto apoyo de las poderosas organizaciones empresariales y el respaldo de militares, congresistas, jueces y magistrados, cuya influencia en asuntos de Estado ha corrompido hasta la médula a los entes políticos y judiciales.

Antes de señalar con tanta dureza a las familias desde las cuales desertan estos miles de niñas, niños y adolescentes, es importante arrojar una mirada a la situación en la cual viven estas poblaciones. Privadas de atención estatal, de servicios básicos, de seguridad sanitaria y de fuentes de trabajo debido al derroche ofensivo y descarado de quienes tienen la responsabilidad y la decisión sobre las políticas públicas en educación, salud y alimentación, se encuentran acorraladas en un círculo vicioso de violencia del cual es imposible escapar. A ello se debe sumar la desnutrición crónica infantil, cuyo efecto sobre más de la mitad de la niñez la condena a una muerte lenta; y también la amenaza constante de las redes de tráfico de personas y de drogas, cuyas impunes operaciones cuentan con la protección de los gobiernos.

Para las sociedades de estos países, la situación de la niñez errante no es prioridad. Concentrada en asuntos que le tocan mucho más de cerca, como la propía supervivencia, tiene una mirada selectiva cuando de niñas, niños y adolescentes de sectores pobres se trata. Esta indiferencia es también un factor decisivo en el destino de este gran conglomerado, dado que sus problemas y carencias no afectan de manera contundente la sensibilidad colectiva, y la sociedad prefiere enfocarse en temas que le atañen de manera directa. Esta es una de las razones del abandono: la falta de incidencia en los asuntos del Estado y la escasa voluntad de luchar por recuperar la integridad de sus instituciones. En este escenario, la niñez tiene todas las de perder.

La niñez carece de oportunidades en donde su bienestar no es prioritario .

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Decidir sobre la propia salud es un acto de libertad y debe ser respetado. 

Desde los centros de poder político, económico y mediático nos intentan convencer de que las medidas de contención para frenar la pandemia, son las adecuadas. No dan razones, pero la ciudadanía observa con justificada desconfianza cómo estas estrategias se aplican de manera aleatoria y muchas veces en contradicción con el más elemental sentido común. Algo parecido sucede con la efectividad de las vacunas las cuales, todavía en proceso de investigación, ya se distribuyen masivamente.

Cuando alguien expresa dudas a partir de información divulgada por medios de comunicación y redes sociales –algunas veces desde fuentes no confiables, pero también desde la opinión calificada de científicos reconocidos por su trayectoria- de inmediato surge la reacción adversa para calificar estas reflexiones como “teorías conspiracionistas” de quienes no aceptan como válidas las explicaciones sobre la seguridad de estos recursos inmunitarios. A lo largo de la historia, ha sido innegable la efectividad y aporte de las vacunas que han pasado por procesos de investigación profundos y de larga data, cuyos resultados han constituido un aporte esencial a la salud pública desde cuando fueron descubiertas. Pero durante esta pandemia, también es una realidad que el proceso de elaboración ha sido demasiado breve y todavía sujeto a ensayos. De ahí la resistencia de personal sanitario, sobre todo en países de primer mundo, presumiblemente bien informados y con experiencia en su campo, a aceptar las nuevas vacunas y su inoculación masiva. 

La vida y la salud de la población mundial están en juego y, desde su escaso conocimiento sobre el tema sanitario, esta observa cómo a pesar de las medidas de confinamiento que van y vienen sin razones explícitas, los casos aumentan y también los decesos. Los gobiernos, especialmente de nuestros países tercermundistas, han convertido el tema de vacunas en una herramienta de negociación política y privilegios, dejando por un lado su enorme responsabilidad hacia la población a la cual están obligados a servir y responder. A eso se suma la falta de campañas de información para explicar de manera sencilla cuáles son las características, riesgos y condiciones de las vacunas, con el objetivo de facilitar una toma de decisión consciente por parte de la ciudadanía.

En este sentido, las grandes multinacionales farmacéuticas tienen la obligación de compartir información confiable –a pesar de su dudosa reputación como gigantes industriales de ética flexible- y abstenerse de participar en actos de corrupción con algunos gobiernos cuyas claras intenciones van hacia convertir las vacunas en un negocio próspero y privado, condenando a los más pobres a un destino incierto. Si la vacunación es la respuesta más razonable para consolidar la inmunidad de rebaño y detener esta emergencia sanitaria que ya dura más de un año, entonces debe ejecutarse bajo la consigna del derecho a la salud, suscrita en todos los textos constitucionales, así como a la información responsable sobre riesgos y beneficios. 

Para imponer este derecho sin excepciones, será necesaria la participación activa de las organizaciones ciudadanas y del ámbito sanitario, con el propósito de evitar lo que ya se perpetra, que es una grotesca manipulación en la información, distribución y aplicación de las vacunas, transformadas en instrumentos de proselitismo y discriminación. Oponerse a ello no es conspiración, sino un elemental ejercicio ciudadano. 

El acceso a información confiable sobre medidas sanitarias, es un derecho.

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Llevamos un año enfrentados al encierro, miedo al contagio e incertidumbre sobre el futuro.

Nietzsche afirmaba que todos los acontecimientos: pasados, presentes y futuros, se repetirán continuamente, de manera inevitable, en un ciclo de eterno retorno. Es decir, la Humanidad se mantiene atada y fiel a su naturaleza y, aun cuando logra avances espectaculares en ciencia y tecnología, tiende a repetir sus errores y a aferrarse a un pensamiento hegemónico que le impide romper la tendencia al retroceso. Por su parte, Andre Gunder Frank, sociólogo germano-estadounidense quien propuso la teoría de la dependencia desde 1960, explica cómo la trayectoria de los países en desarrollo –o subdesarrollados- diverge de la recorrida por naciones que han alcanzado una evolución notable en su economía y, por tanto, es incorrecto extrapolar esas experiencias por tener una diferente ejecutoria. 

Quizá sea necesario volver a repasar la historia de los pueblos para comprender mejor al mundo que nos rodea y aprender algo más sobre las limitaciones humanas. Hoy enfrentamos una peste globalizada de la cual ignoramos casi todo. Nuestra falta de conocimiento nos lleva por caminos aleatorios para explicar, de algún modo medianamente razonable, el absoluto transtorno que nos ha golpeado. De ahí se deriva la diferencia, entre uno y otro país, en las normas impuestas para encarar la emergencia sanitaria y que los pueblos se encuentren sometidos a regulaciones muchas veces opuestas al sentido común, como surgidas de una novela de Kafka.

Pero la pandemia no solo ha golpeado la salud pública; ha tenido su mayor impacto en la cotidianidad, en la rutina doméstica, en las relaciones interpersonales y en el derecho a las libertades ciudadanas al impedir, desde las instancias oficiales, la continuidad de la vida a la cual estamos acostumbrados. Hoy la salud, además de ser un tema de políticas públicas, se ha transformado en un peligroso instrumento de poder en manos de gobernantes indeseables. El proceso de desarrollo y distribución de las vacunas, elemento indispensable para detener la extensión del mal, se rodea de misterio y de maniobras discriminatorias, a lo cual se añade la incertidumbre sobre el alcance de su cobertura y el destino que espera a países incapaces de administrarla.

Volviendo a Gunder Frank y a su afirmación de que el subdesarrollo de las naciones es una política de dominación desde países desarrollados –Estados Unidos a la cabeza- para mantener la dependencia de nuestros Estados, la actual coyuntura deja en claro cómo la supervivencia de los pueblos del tercer mundo se encuentra sometida a la limosna de las potencias y a la pobre capacidad de reacción de los gobernantes, a los cuales estas potencias han apoyado y financiado para conservar su hegemonía. En este sentido, aun cuando existen países del continente que han logrado avanzar en políticas positivas ante la pandemia, la mayoría de naciones en desarrollo se encuentran en un limbo provocado por la carencia de planes de contingencia, la inmoral desviación de recursos hacia las cuentas personales de sus gobernantes o, simplemente, por su absoluta incapacidad de ejecución.

Si el eterno retorno es un fenómeno inevitable, se hace necesaria una revisión de cómo enfrentar sus manifestaciones y plantearse la tarea de romper la tendencia al fatalismo. No es necesario cometer los errores pasados, una y otra vez. Para ello hay que instruirse; estudiar la historia y no aceptar las erráticas decisiones oficiales con resignación, perfecto mecanismo de dominación de quienes nos quieren atrapados y sumisos; por el contrario, prepararse para participar en un sensato regreso a la normalidad.   

El mundo no escapa a la constante repetición de su historia.

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La tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción fue un crimen de Estado.

El Día Internacional de la Mujer, fecha simbólica para reflexionar sobre la violencia contra las mujeres, fue marcada hace cuatro años con la terrible muerte y graves lesiones sufridas por 56 niñas y adolescentes recluidas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en Guatemala. Durante el tiempo transcurrido desde esa fecha, las autoridades de ese país han eludido toda responsabilidad por el trágico suceso y tampoco su sistema de justicia ha dado respuesta pronta y cumplida a los reclamos de organizaciones de la sociedad civil y de los familiares de las víctimas. 

Las adolescentes calcinadas en el incendio que puso en evidencia los sórdidos entretelones de ese hogar y los turbios negocios allí realizados no solo sufrieron una muerte atroz; también la sociedad, conservadora y proclive a juzgar de manera superficial a los menos afortunados, terminó de victimizarlas calificándolas de delincuentes y revoltosas, cargándoles sin el menor titubeo el peso de la culpa por los eventos de ese día y obviando la historia personal de cada una de ellas. Durante estos años, sin embargo, han sido periodistas conscientes y comprometidos con la búsqueda de la verdad quienes han realizado exhaustivas investigaciones y dado seguimiento a los casos, con el fin de desvelar la oscura historia detrás de esos auténticos centros de tortura y trata de personas en que se han transformado los establecimientos administrados por el Estado. La serie de reportajes realizados por Mariela Castañón ya había puesto en evidencia las condiciones infrahumanas en esos centros.

Es muy del caso insistir en la verdadera naturaleza de la acción política en una nación. Porque la manera como se ha prostituido la actividad política y cómo los centros de poder se han vendido al mejor postor, cada día aleja a los gobernantes de metas, fundamentos éticos y mandatos constitucionales. El abandono en el cual se encuentran grandes sectores de la ciudadanía –mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores- demuestra a las claras la degradación de la actividad gubernamental y pone de manifiesto el peligro que amenaza a nuestras débiles democracias. A este cuadro de carencias y malos manejos se suman los efectos devastadores de una pandemia mal manejada y, muy probablemente, utilizada como palanca para establecer dictaduras y normativas de carácter discriminatorio.

Este Día Internacional de la Mujer nos recuerda la importancia de mantener una estrecha vigilancia sobre los gobiernos y sus decisiones; el retroceso actual en el goce de derechos civiles debido a nuevas normas de conducta frente a la pandemia, tiene un especial impacto en los grupos mencionados, especialmente en los derechos de las mujeres y la niñez, las principales víctimas ante cualquier transtorno del escenario social. Los gobiernos tienen la absoluta obligación de orientar sus planes y propuestas hacia el bienestar y la prosperidad de sus habitantes y, muy especialmente, atender las necesidades de los sectores más vulnerables. 

Asimismo, quienes ostentan altas posiciones en los tres principales poderes de un Estado son responsables directos por los actos cometidos por quienes se desempeñan en sus distintas instancias. Por lo tanto, la seguridad y la vida de sus habitantes recae directamente sobre sus hombros y están obligados a responder ante la ciudadanía cuando han traicionado su misión. Este 8 de marzo es una fecha para jamás olvidar; es el día señalado para volver la mirada hacia las 56 niñas guatemaltecas víctimas de un Estado fracturado, cooptado por las mafias y en inminente peligro de convertirse en el vivo ejemplo de país fracasado. 

Repasar la historia es el mejor modo de aprender y tomar conciencia.

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