Month: January 2016

La Corte de Constitucionalidad, como protagonista de la transformación…

 

Si algo plantea enormes desafíos para el sistema de justicia de Guatemala, es la envergadura y la cantidad de casos de corrupción, a través de los cuales se han perdido miles de millones de dólares de los fondos públicos. Desde la Presidencia de la República hasta la última de las dependencias estatales, pero también desde las más importantes entidades empresariales hasta el pequeño comercio, la evasión de tributos, la manipulación contable, el soborno o el contrabando se han establecido como una práctica normal.

En las calles se ofrecen abiertamente productos ilegales como las copias pirata de películas, música y vídeos pornográficos en las narices de las autoridades, quienes no parecen inmutarse. Y el público los compra sin ningún reparo, quizá porque la oferta bien vale cerrar los ojos y participar del negocio.

La reconstrucción de un sistema de legalidad en todos los niveles de la sociedad parece demandar, por un lado, la reeducación de la ciudadanía para hacer conciencia sobre cuál sería la vía correcta para iniciar un proceso de depuración de otras instancias, y por otro el establecimiento de un proceso de cambio sustantivo en aquellas instituciones de las cuales depende la transparencia de la gestión pública.

En este sentido, la elección de candidatos a magistrados para integrar la Corte de Constitucionalidad se presenta como una oportunidad valiosa para ir consolidando la independencia y probidad de esa dependencia clave, cuya misión es la defensa y el restablecimiento del orden constitucional y del estado de Derecho, marco fundamental para garantizar la sostenibilidad de la democracia.

Uno de los actores en este importante proceso –junto con representantes de los 3 poderes del Estado y la Universidad de San Carlos- es el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, cuyo papel como entidad gremial tiene un fuerte impacto en el sistema de justicia del país y, por lo tanto, en la consolidación de los valores fundamentales que sustentan a todo el aparato jurídico.

La gran ola de participación ciudadana de los últimos meses ha conseguido despertar un inusitado interés sobre los asuntos administrativos y los procesos iniciados contra un buen número de ex funcionarios de gobierno, magistrados, jueces, miembros del Ejército y otros personajes, quienes han cometido delitos en el marco de sus funciones. Pero también es fundamental para esta masa ciudadana mantener la vista atenta en el proceso de selección de quienes, desde la más alta instancia legal del país, decidirán sobre amparos, impugnaciones y conflictos de ley, de manera definitiva e inapelable.

En este sentido, tanto los representantes de los poderes del Estado y la Universidad nacional, como los votantes del Cang, tendrán que actuar de manera consciente y responsable porque ahora tienen encima la atenta mirada de una ciudadanía más enterada de su papel fiscalizador y de su poder para ejercerlo. Esa ciudadanía mayoritariamente joven será la cuarta protagonista de ese proceso del cual depende en gran medida la estabilización de un progresivo fenómeno de cambio en toda la estructura del Estado.

Razones para elegir correctamente a los magistrados titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad hay muchas, pero entre las más importantes están frenar el abuso de los mecanismos legales para impedir el avance de los procesos, evitar el tráfico de influencias, garantizar la correcta interpretación del texto constitucional a favor de una administración transparente de la justicia y, con ello, evitar la discrecionalidad en la aplicación de la ley.

@carvasar

A 48 horas del traspaso de mando, la ciudadanía manifestó por la transparencia.

El presidente Jimmy Morales ya disfrutó de los honores en una tediosa ceremonia de traspaso de mando, rodeado por una corte pródiga en halagos y parabienes. También tuvo la satisfacción de caminar al compás de La Granadera –sin duda uno de los sueños más acariciados por los políticos- y compartir con un buen número de visitantes extranjeros, cuya presencia le dio mayor realce a tan trascendental jornada.

Pero mientras eso sucedía en las esferas del gobierno, la ciudadanía se mantenía seria, ajena, apática, apartada del bullicio propio de la asunción del mando por parte del equipo de gobierno. Eso deja ver la falta de motivación suficiente como para aplaudir la llegada de su nuevo líder, para quien no hubo canciones ni vítores en la Plaza de la Constitución, ni desfiles para celebrar, tampoco cohetes para demostrar al mundo el entusiasmo ciudadano por un cambio largamente deseado.

Esta actitud expresa mucho más que cualquier proclama. Con claridad meridiana le dice al nuevo mandatario una verdad incontestable: “No estamos convencidos, esperamos resultados y estaremos vigilantes. No creemos, ni vamos a confiar así como así.”

Y luego, 48 horas después de todo aquel barullo ceremonial, una manifestación pacífica destinada a despejar cualquier duda sobre el verdadero sentimiento ciudadano. La convocatoria aun cuando no llenó la plaza, como algunas del año pasado, sí logró el cometido de lanzar una advertencia al nuevo gobierno desde una plataforma más coherente y puntual.

Este acto de ejercicio ciudadano se manifiesta como un nuevo orden de cosas, una relación de mayor poder y menos sumisión por parte de la población y sus grupos organizados, sus líderes y especialmente su juventud. Es una manera de hacerse presente para recordar a las nuevas autoridades que no van a gobernar solos ni a escondidas, porque hay una comunidad humana capaz de participar pero, sobre todo, deseosa de hacerlo.

Esta nueva relación de poder todavía carece de la fuerza suficiente para obligar a ciertos sectores de gran poder e influencia a desistir de cometer actos de corrupción y otros delitos. Sin embargo, es como una suave marea capaz de anunciar un tsunami si se la provoca lo suficiente. Es un murmullo en clave creciente, cuya presencia constituye algo más que una molestia auditiva para quienes han convertido sus posiciones de privilegio en una cueva de ladrones.

Coincidentemente con los primeros días del año, el ejercicio de analizar, evaluar y someter a escrutinio a los nuevos funcionarios deberá extenderse hacia todos los sectores de la sociedad. No existe un solo puesto en el gobierno cuyas acciones no toquen de manera directa o indirecta los intereses de la ciudadanía y principalmente sus oportunidades de desarrollo. La población debe cuidar el futuro de sus hijos e hijas, exigiendo el cumplimiento estricto de los juramentos pronunciados en público y ante el mundo entero –establecidos por ley como condición para asumir un cargo oficial- durante los actos de toma de posesión para presidente, vicepresidente, diputados, secretarios, ministros, alcaldes y otros funcionarios.

Esos juramentos, constantemente irrespetados por los sectores de poder político y económico, constituyen un compromiso sancionado por la ley, e implican una obligatoriedad absoluta. Quienes los hayan pronunciado deberán estar conscientes de encontrarse bajo la mirada fiscalizadora de una sociedad más alerta, involucrada y dispuesta a actuar por la defensa, la integridad y el futuro de su país.

@carvasar

No es difícil predecir el futuro inmediato del nuevo gobierno guatemalteco, para ello basta echar una mirada a los indicadores de desarrollo –¿o quizá sería más correcto hablar de indicadores “de subdesarrollo”?- los cuales trazan un boceto claro e indiscutible de las condiciones en las cuales transcurre la vida de la población de este país.

Por ejemplo, ahí están las cifras de la desnutrición crónica abarcando a la mitad de las niñas y niños de Guatemala, quienes ya de por sí agrupan a casi un tercio de la población total. Esta situación se ha visto agravada durante los últimos años de manera significativa por la falta de implementación de políticas públicas, a lo cual se suma una sangría constante de las arcas nacionales.

Esto no habría podido mantenerse durante tanto tiempo de no haber sido por la pasiva complicidad de otros sectores como el empresarial, cuyos intereses van en sentido divergente al bienestar general de la ciudadanía. Esto se evidencia de manera indiscutible en su búsqueda constante de privilegios, exenciones tributarias y explotación al límite de su poder de maniobra en el ámbito político.

La reducción de la desigualdad, así como la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, dos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que Guatemala no cumplió, constituyen la tara de una serie de administraciones caracterizadas por la corrupción y el clientelismo. En el tema de la salud, este país centroamericano ha visto colapsar sus hospitales por falta de insumos tan básicos como vendas y jeringas, jabón o alcohol. Ni qué decir del estado de sus instalaciones sanitarias, carentes de los elementos esenciales para dar una atención digna a quienes no tienen más remedio que acudir a ellas.

Al escarbar un poco más profundo en esta área, se encuentra una cantidad de víctimas mortales entre los pacientes, especialmente entre enfermos renales, personas con VIH/Sida, diabetes y otras enfermedades catastróficas como el cáncer, para quienes no hay suficientes medicinas ni equipos para tratamientos especializados, debido a actos de corrupción en el sistema de compra de insumos y malversación de fondos correspondientes al sector salud.

La educación no va por mejor camino. Durante el año que recién terminó, de acuerdo con declaraciones del ministro de educación, más de 80 mil niños desertaron del nivel primario y más de 60 mil del nivel secundario. Esto, por diversas causas, entre ellas la falta de recursos de sus familias, la falta de incentivo para permanecer en los establecimientos educativos –ausencia del personal docente, mal estado de las instalaciones, desnutrición- lo cual representa un retroceso importante de los pocos avances alcanzados en años anteriores.

En Guatemala, la macroeconomía está saludable y muchos se aferran a esos indicadores para afirmar que el país está en pleno desarrollo. Sin embargo, la realidad es que Guatemala es un país rico lleno de gente pobre, y las clases más poderosas no han comprendido aún el peligro implícito en esa verdad. Si un país no puede salir del atasco social por mantener un sistema esclavizante y basado en la discriminación y el racismo, difícilmente podrá generar desarrollo. Todo indicador de bienestar y progreso se mide de acuerdo a la satisfacción de las necesidades de las personas, de los habitantes en cuya fuerza de trabajo reside la riqueza de cualquier nación.

Para Guatemala el escenario no ofrece espacio al optimismo en tanto quienes tienen el poder de decidir no lo hagan con visión de futuro, con conciencia social y la inteligencia para saber que allí se encuentra la única salida viable.

@carvasar

 

Hace un año nadie hubiera vaticinado el triunfo de un total desconocido en las arenas políticas. Quien se alzó con la victoria en las elecciones generales de Guatemala era un personaje de comedia en un programa popular de la televisión, a quien difícilmente se le consideraba una carta ganadora en ese escenario tan disputado como nebuloso de la lucha por el poder. Empresario y productor, su única experiencia en un proceso electoral fue la candidatura a la alcaldía de Mixco hace 4 años.

Sin embargo, Jimmy Morales se fue afianzando a lo largo de los meses con una barra ascendente en las encuestas, mientras se desarrollaban en paralelo los escándalos de corrupción del gobierno de Otto Pérez Molina, con el desenlace de su renuncia y la de su vice presidenta, Roxana Baldetti. Esta fue, probablemente, la plataforma de lanzamiento de un contendiente desconocido, nuevo y con un manejo de cámara muy propio de quien ha tenido una larga trayectoria en el medio televisivo. Su ventaja más obvia: su falta de presencia en la política tradicional.

De pensamiento ultra conservador, evangélico practicante y con formación académica en administración de empresas, Jimmy Morales se lanzó a la aventura con el apoyo del partido FCN, creado en 2008 por un grupo de ex militares de extrema derecha. Sin embargo, aun cuando el ya electo presidente ha afirmado en reiteradas ocasiones su independencia de pensamiento bajo el lema “ni corrupto ni ladrón”, analistas han señalado sus estrechos vínculos con este grupo del ala dura de la institución castrense, muchos de ellos bajo investigación por delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado interno.

Morales basó su campaña en mensajes bíblicos y arranques de humor, persuadiendo a los votantes de ser la mejor opción para rescatar al país de la profunda crisis de credibilidad de sus instancias políticas. Negó haber recibido financiamiento de grandes empresarios y prometió combatir la corrupción hasta erradicarla por completo.

En sus discursos de campaña, se declaró “nacionalista cristiano” y en algunos de sus postulados se pronunció en contra del aborto, pero a favor de la pena de muerte. Rechaza la legalización de las drogas y del mismo modo se decanta por la familia tradicional, descartando su aprobación al matrimonio homosexual. Esto, en un país profundamente religioso, fue una carta bien utilizada.

Con su ofrecimiento de transparencia y ante dos candidatos controversiales, una (Sandra Torres) por sus antecedentes políticos; el otro (Manuel Baldizón) por su opacidad financiera y ambos por su arrogancia, este personaje habitual en los televisores de muchos hogares canalizó de manera natural y sin mayor esfuerzo, la decepción y el rechazo de la ciudadanía por quienes no generaban confianza ni simpatía, garantizándose una ventaja progresiva durante los meses que duró la campaña.

Quizá con el fin de matizar su posición política de derecha conservadora, escogió como aliado en la vice presidencia a Jafeth Cabrera, ex rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala y conocido por su posición progresista. Sin embargo, hasta el momento de escribir este artículo, a dos días de asumir la Presidencia de la República, Jimmy Morales se ha negado a dar a conocer al gabinete de ministros que lo acompañará durante el inicio de su gestión. Una decisión ampliamente criticada y considerada una muestra de debilidad política de quien llevará el timón del país durante los proximos 4 años.

@carvasar

 

El gobierno de Jimmy Morales, quien asumirá el poder en Guatemala el próximo jueves 14 de enero, se iniciará en medio de un panorama poco promisorio y cargado de incógnitas. Los prolegómenos de su gestión han tenido de todo: renuncia del presidente Otto Pérez Molina y la vice presidenta Roxana Baldetti, acusados de liderar una poderosa red de defraudación tributaria –conocida como La línea– quienes guardan prisión preventiva en espera de los juicios respectivos, en compañía de prácticamente toda la cúpula de su gobierno y, a partir de ahí, las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, quien en conjunto con el Ministerio Público y siguiendo el hilo de la trama, han logrado desarticular otras redes incrustadas en distintas dependencias del Estado.

Sin embargo, en este espectacular giro de los acontecimientos incidió de manera determinante la ciudadanía, movilizada de manera fulminante por medio de las redes sociales y potenciada por un escenario de escándalos de tal magnitud, que no le dejó otra opción más que lanzarse a las calles exigiendo justicia y transparencia. Estas protestas masivas, hecho insólito en una población poco acostumbrada a manifestarse y temerosa de las consecuencias, se dieron no solo en la capital sino también en las principales ciudades del país.

En ese contexto se realizó el proceso electoral, en el cual participaron 14 binomios presidenciales, quedando en los primeros lugares el partido FCN Nación con Jimmy Morales a la cabeza, actor cómico de un popular programa de televisión; UNE con Sandra Torres, una política sagaz y experimentada, ex cónyuge del ex presidente Álvaro Colom; y Lider, con Manuel Baldizón, un ambicioso empresario quien invirtió una enorme fortuna para asegurarse el mando del país. Estos dos últimos, muy cercanos en las encuestas.

Los resultados dieron pase a Torres y Morales hacia un balotaje difícil de predecir, el cual finalmente dio una estrecha victoria a un sorprendido Jimmy Morales, cuya elección se interpreta como la máxima expresión de repudio a la clase política y la esperanza de una población decepcionada y escéptica que apuesta por una posible perspectiva de cambio.

Los demás protagonistas

En otros espacios del escenario figuran diversos agentes de poder: las cámaras empresariales, cuyos privilegios y poder de maniobra las mantiene constantemente en la mesa de negociación; las organizaciones sindicales del sector público, en constante pie de batalla por consolidar sus conquistas económicas; Estados Unidos por medio de su embajada, presente durante toda la crisis de gobierno como uno de sus principales protagonistas; ciertas instituciones del Estado, como las Cortes Suprema y de Constitucionalidad, en cuyas manos están las decisiones fundamentales del proceso de justicia; y, de manera incipiente, una población empoderada y dispuesta a hacerse oír ante los abusos del sector político.

El papel antes protagónico de los medios de comunicación, sin embargo, por primera vez tuvo una contrapartida inesperada en las plataformas digitales, las cuales se convirtieron en el mecanismo de movilización popular por excelencia gracias al uso masivo de dispositivos inteligentes en todos los estratos de la población.

Pero uno de los sectores más influyentes es el militar, especialmente la vieja guardia conformada por oficiales de alto rango en situación de retiro –muchos de ellos organizados en Avemilgua, una asociación de veteranos militares del ala dura de la institución armada, quienes fundaron su partido en 1995, un año antes de la firma de los Acuerdos de Paz, plataforma política del presidente Morales. Muchos de estos oficiales, quienes han permanecido en posiciones estratégicas cerca de los más altos círculos de poder, han sido señalados de tener estrechos vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, y nada menos que una semana antes de la toma de posesión del nuevo mandatario de la nación, este sector se ha visto afectado de manera sorpresiva por la captura de 18 de sus miembros, todos en situación de retiro, acusados por crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado, el cual dejó en Guatemala más de 200 mil muertos y desaparecidos y uno de cuyos principales líderes, Efraín Ríos Montt, ha sido declarado culpable de genocidio.

El escenario de la toma de posesión de Jimmy Morales, en resumen, presenta pocos indicios de certidumbre a una sociedad que ha ido de decepción en decepción, testigo de una cadena de administraciones a cual más corrupta, pero sobre todo carentes de la voluntad política para consolidar una democracia endeble y un sistema de privilegios que la socava. 2016 será, sin duda, la prueba de fuego para un presidente novato al mando de una nave que hace agua.

@carvasar

 

Un cambio de gobierno no siempre significa cambio de ruta

 

El contexto no podía haber sido más complicado para la celebración de la ceremonia de relevo de las autoridades para el próximo período de gobierno. La captura de importantes militares en situación de retiro, acusados por crímenes de lesa humanidad, le resta brillo al brindis del futuro presidente, cuya campaña y posterior elección tuvo el apoyo cercano de ex miembros del ala dura del Ejército, lo cual no deja de arrojar una sombra de duda sobre la capacidad del nuevo mandatario para asumir una posición de respeto absoluto por la independencia del sector justicia.

En cuanto a los aspectos positivos de esta nueva etapa del quehacer político, el más relevante es la actitud ciudadana de vigilancia y fiscalización, la cual, aun cuando es incipiente y no ha alcanzado su madurez, es un inicio de cambio respecto de su pasividad acostumbrada. Este despertar, de mantenerse y crecer, podría representar el pivote sobre el cual gire el timón político. La sociedad deberá trabajar sobre estos nuevos términos y asumir su papel como contralor externo de un sistema usualmente corrupto y mediocre de administración del Estado.

Lo más urgente a partir del 14 a las 14 debería ser la revisión de los pesos y contrapesos en todo el sistema político y económico del país. Comenzar a revisar con lupa y machete los privilegios, los subsidios, los gastos de las distintas dependencias y los sistemas de control financiero, para que el poco dinero disponible se utilice en donde se necesita y no se vaya por las alcantarillas hacia los bancos nacionales y extranjeros, en cuentas privadas.

Con la misma acuciosidad con la cual el equipo de gobierno se acomoda en sus despachos, debe reenfocar las políticas públicas hacia el desarrollo integral del país, poniendo especial énfasis en los sectores de menores ingresos y en las nuevas generaciones. Guatemala no tiene por qué ser un país de tercer orden con una clase trabajadora semi o totalmente esclavizada por obra y gracia de malas prácticas legislativas, cuando con un acertado giro de su sistema educativo podría tener el talento suficiente para trascender como una nación productora de tecnología.

Del mismo modo como sucedió con las administraciones anteriores, esta tendrá a partir del jueves el futuro del país en sus manos. Si sigue la tradición y se monta al carro del tráfico de influencias, de las negociaciones bajo la mesa, de los privilegios fiscales, de la protección a los monopolios y realiza una selección de funcionarios basada en el clientelismo, el compadrazgo y el pago de favores –como suele suceder- entonces el fracaso está marcado y será uno más de los gobiernos señalados por la historia como gestores de miseria y subdesarrollo.

De proceder con inteligencia y visión de nación, podría convertirse en la primera administración capaz de alcanzar las metas de desarrollo mínimas para propiciar el avance en los indicadores de desarrollo social, actualmente en el sótano de las estadísticas y vergüenza nacional ante el resto de la región y el mundo.

Durante 2015 hubo cambios significativos en la dirección correcta. El comportamiento de algunas instituciones como el Ministerio Público y el sistema de administración de justicia con la apertura de investigaciones y juicios emblemáticos contra personajes señalados por corrupción y otros delitos, las muestras de incorruptibilidad de algunos funcionarios, la decidida acción de la ciudadanía en sus demandas de transparencia, han sido una luz prometedora de nuevos logros. Que no se retroceda, que el avance se consolide con un ejercicio honesto y de compromiso real con el país y sus habitantes.

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Quién hubiera dicho que su vida dejaría de pertenecerle… 

Los embarazos en niñas y adolescentes son siempre forzados. Si no por la fuerza física, son consecuencia de un sistema patriarcal que las somete a la voluntad de otros en un círculo cerrado de decisiones ajenas. De ahí surgen los matrimonios de niñas con hombres adultos, sacralizados por una sociedad cuyos valores tienden a preservar los privilegios de quienes poseen el control económico y político en sus comunidades. La población, entonces, es incapaz de proteger a este sector tan importante al cual no se le reconoce derecho alguno a pesar de existir un marco jurídico rico en leyes cuyo fin es preservarlo del abuso y garantizar su desarrollo pleno, libre de violencia.

La mirada cínica del sector político sobre el grave problema de los embarazos precoces en Guatemala se traduce en expresiones de una profunda ignorancia, cuyo tono e intención señalan a las víctimas y justifican a los victimarios. Las violaciones sexuales, una práctica habitual en hogares, escuelas, campos deportivos e incluso en templos e iglesias, perpetrados por hombres acostumbrados a hacer su voluntad sin temor a las consecuencias, es el centro neurálgico de uno de los factores de retraso social más importantes del pais.

Una niña embarazada es una niña violada. Y una niña violada ha perdido no solo su integridad física sino también el equilibrio emocional y, por ende, su capacidad de administrar sus emociones para llevar una vida saludable. Pero hay otras consecuencias muy difíciles de asimilar por los estamentos políticos. Son las secuelas de un embarazo en un cuerpo inmaduro.

Se presenta anemia, infecciones urinarias, duplicación del riesgo de muerte materna en comparación con una mujer adulta, problemas de crecimiento intrauterino, bebés de bajo peso, hemorragia, complicaciones en el parto y otros trastornos asociados, a lo cual se suma la pérdida de oportunidades de educación que por lo general la reducen a realizar trabajos domésticos por el resto de su vida con el consiguiente freno en su desarrollo humano integral.

Por ello no es posible celebrar el parto de una niña a sus 17. Porque ello supone aceptar como válido un hecho patológico de una sociedad que no supera los obstáculos impuestos por un sistema de castas y privilegios, un sistema en el cual la corrupción se ha llevado a la banca extranjera los sueños y oportunidades de más del 50 por ciento de su población, el cual concentra a la juventud menor de 18 años.

Los embarazos en niñas menores de 18 aumentan de manera exponencial, en un ritmo similar a la violencia intrafamiliar, pero también en directa proporción con la pérdida de interés del Estado sobre planes destinados a proporcionar a este grupo los elementos indispensables para asegurarle un desarrollo adecuado para realizar sus sueños de vida. Es decir, si el entarimado institucional funcionara con la orientación social mínima para ejecutar planes derivados de buenas políticas públicas, los embarazos en niñas y adolescentes se reducirían de manera significativa.

Ninguna niña quiere ser madre a los 10, 11 o 17 años. Ellas no son estúpidas, saben que en la educación está su futuro y no en una maternidad forzada por presión de la comunidad y de las autoridades. Comprenden –porque muchas de ellas lo han vivido a través del ejemplo materno- que un embarazo es el fin de sus sueños y el principio de una ruta de esfuerzo y privaciones que no termina jamás. Si tiene la suerte de pertenecer a un estrato más privilegiado, de igual modo el hecho de tener un hijo significa la interrupción de una vida activa y con perspectivas personales de crecimiento y prosperidad, para entrar en un círculo de obligaciones propias de una mujer adulta.

elquintopatio@gmail.com

Puede ser pura ignorancia, pero es más probable la idea de que la vida nos pertenece venga de muy atrás, procedente de una ideología primitiva y fanáticamente centrada en el hombre como dueño absoluto de todo cuanto le rodea.

Por eso es que termina por no ser tan evidente el deformado sentido de propiedad que marca nuestra educación, iniciado desde la infancia, con el pollito de la piñata, descuartizado porque el niño quería ver “cómo funcionaba”, pero que, al fin y al cabo, sólo es un pollito descuartizado que se tira a la basura ¡y listo!… y aquí lo único que ha pasado es que papá ría de las gracias de su pequeño monstruo y mamá diga “no más pollitos de piñata”…. Pero del pollito, ¿qué? ¿qué sucede con esa vida cercenada en su primer día de existencia? Nada. Con ella podemos hacer lo que se nos dé la gana, porque al fin y al cabo, nos pertenece, y a nadie le importa.

Así, de la misma manera arbitraria e incomprensible, nos pertenece la vida del árbol que estorba la vista desde el balcón, pronto derribado por el jardinero, quien en un instante transformó en leña verde e inservible ese pujante almendro cargado de retoños. “Lástima, pero es mi jardín y es mi árbol. Y lo corto cuando quiero” es la respuesta.

Con los animales sucede otro tanto. Como es la moda tener perritos finos o gatos de exhibición, tengamos uno. No importa lo que hagamos con él, mientras nos pertenezca. Podremos llevarlo al campo si molesta mucho en casa y ahí que se encarguen los empleados. Y entonces, ahí va un ser vivo perteneciente a otros seres vivos no tan nobles pero con el poder suficiente para hacer de su pequeña vida un infierno o un paraíso. Sin embargo la vida, ese concepto con el poder para movilizar al máximo las neuronas de filósofos, de artistas, de científicos y de teólogos en todas las épocas, continúa siendo un misterio, un arcano que se nos escabulle y nos deja siempre perplejos ante su milagro.

Quizás de este trastocado sentido de propiedad, ha derivado también la costumbre de menospreciar la vida de las criaturas llamadas “inferiores” por cuestiones de fuerza física. Y ahí entran niños, ancianos y mujeres. ¿De qué protocolo machista deriva el estereotipo de que los seres físicamente más débiles son inferiores? Volviendo al pollito de la piñata. ¿cómo podemos aceptar que un ser vivo sea entregado a otro ser vivo para que practique sus juegos de poder y dominación?

No es necesario ir muy lejos para extraer de esta posición de prepotencia muchas de las peores acciones bélicas de todos los tiempos, y prácticamente todos los sistemas de esclavitud aún predominantes en países modelo de democracia.

La vida de los demás no nos pertenece. Si queremos ser depositarios de ella, como en el caso de los animales domésticos, o pretendemos disfrutar de su belleza, como sería el caso de las plantas, no estaría demás que comenzáramos a pensar en que al poseerlos adquirimos el compromiso de respetar su integridad y proveer los recursos más adecuados de subsistencia.

El caso de la familia es igual. No es “mi familia, y con ella hago lo que se me da la gana”. Es un grupo de seres interdependientes física y socialmente, quienes conviven pero no forman parte del patrimonio del más fuerte, como se estila creer en muchas de nuestras sociedades.

Al final de cuentas, resulta que los experimentos de clonación lo único que vienen a hacer, es a ratificar ese pretendido sentido de propiedad sobre la vida, sobre ese proceso misterioso del cual no poseemos ni siquiera los rudimentos de una respuesta.

Esta actitud eminentemente masculina y, por lo tanto, patriarcal, es uno de los factores más decisivos en el debilitamiento moral de la comunidad humana. El poder absoluto sobre la vida ajena es la vía más rápida hacia la pérdida de valores y la consolidación de un materialismo que justifica el horror de las guerras de exterminio, las acciones bélicas fundamentadas en el racismo, y cuya estrategia hacernos creer que los más fuertes cometen los peores crímenes  para protegernos, a los más débiles, de nosotros mismos.