Mi Quinto Patio: El Quinto Patio

Mi Quinto Patio: El Quinto Patio

Primero en el mundo

Todavía resuena la euforia futbolística por la clasificación de la selección sub’20.

Catalogada como histórica, la victoria de Guatemala frente a la selección estadounidense abrió las puertas hacia el Mundial Sub’20 en Colombia creando una ola de entusiasmo deportivo en el límite del paroxismo. Comprensible, dada la mediocridad del fútbol nacional. Y oportuna también, dadas las circunstancias actuales de violencia y escepticismo en las cuales se debate el futuro del país.

Esta semana, como imagen contrastante con la algarabía de los fanáticos, se publicaron las declaraciones de Rafael Señán, representante de la Unión Europea en Guatemala, quien sin ambages habla sobre los problemas de seguridad alimentaria que colocan al país en primer lugar latinoamericano y quinto mundial en desnutrición infantil. Ante sus declaraciones, el presidente Colom justifica esta situación atribuyéndola al abandono institucional y a las desigualdades históricas, dos importantes componentes de sus promesas incumplidas de campaña.

El tema de la desnutrición crónica que padece más de la mitad de la población infantil de Guatemala parece no existir para los círculos políticos. Hoy se habla del aumento del salario de los maestros y del posible incremento del presupuesto de gastos solicitado por el Ejecutivo, Q2 mil millones que probablemente servirán para reforzar la candidatura oficial. En cuanto a programas dirigidos a paliar el gravísimo problema del hambre de niñas y niños guatemaltecos, nada.

La manipulación descarada de los fondos de la nación para favorecer una candidatura fuertemente cuestionada desde el punto de vista legal constituye, a estas alturas de la administración, una prueba fehaciente de la falta de interés del gobernante y su partido por el bienestar de la población. El hecho de que se comiencen a producir rupturas en la cúpula de la UNE revela, además, que la supuesta unidad comienza a rajarse por fuertes pugnas internas, lo cual desgastará aun más la empobrecida imagen del partido de gobierno.

Si al jefe del Ejecutivo le queda un poco de sentido común, en caso de obtener la ampliación presupuestaria debería invertir esos fondos en programas sostenibles destinados a paliar la deficiencia nutricional de la población más pobre, sin recurrir a una asistencia internacional cuestionable y poco efectiva. La niñez guatemalteca tiene pleno derecho a exigir la asistencia efectiva y oportuna del Estado, tal como lo consigna la Constitución Política de la República, y a recibir atención prioritaria para sus necesidades nutricionales, de educación y de salud.

Más propaganda del gobierno sería un gasto innecesario para su irreparable imagen, pero también un despilfarro inmoral que podría costar al mandatario y su cuestionada candidata presidencial un serio descenso de popularidad.

16.04.2011

Los rostros de la política

Es curioso cómo la población se acostumbra de rápido a prescindir de propuestas serias. 

Se ha tratado con mucha abundancia el tema de las candidaturas a cargos de elección popular, sobre todo desde la perspectiva de las alianzas y las posiciones posibles en las papeletas de votación. Se discute sobre las posibilidades de los aspirantes por sus posibles impedimentos legales y se insiste en traer una y otra vez a colación las incidencias del divorcio presidencial. Sin embargo, no parece haber debate respecto de los programas de gobierno.

Los eventos electorales no pueden estar tan vacíos de sentido. Es casi un insulto a la integridad de la democracia plantear candidaturas carentes de bases programáticas –llevar a la selección al mundial de fútbol no lo es, créanlo o no- y se banaliza algo tan trascendental como la elección de quien lleve las riendas de la administración de un país al borde del Estado fallido.

Guatemala necesita con urgencia políticos capaces de debatir seriamente sobre su futuro inmediato porque se acabó el tiempo de las especulaciones idealistas. Lo que se necesita hoy es actuar con determinación y valentía en términos de la recuperación de espacios ya perdidos. Es de urgencia nacional restaurar un complejo institucional cuya integridad se ha visto amenazada por el clientelismo y la corrupción, la pérdida de prestigio y la mala elección de sus integrantes. A esta cúpula pertenecen el Congreso, las Cortes y otras instancias de enorme incidencia en el estado de salud de la democracia.

Los rostros de la política necesitan mucho más que cirugía estética y trucos de photoshop para lucir tersos y rozagantes en los mupis y las vallas panorámicas. Resulta más que vergonzoso, ofensivo, este afán por reducir la competencia a caras con sonrisas fingidas y frasecitas cliché. Guatemala en estos momentos críticos de su historia no se va a recuperar gracias a una señora más o menos bondadosa y sometida al canon de “esposa de”, ni a un político provinciano que pretende alegrar la miseria de este pueblo con utópicos triunfos futbolísticos. Tampoco a una promesa de mano dura que sólo traerá más confrontación que progreso.

Programas serios y consistentes, realistas y agresivos, planes de recuperación de una soberanía perdida y la reintegración de un país fragmentado, eso es lo que se requiere con urgencia. Las propuestas deben orientarse hacia la construcción de una democracia con énfasis en la educación de sus niñas, niños y adolescentes sin distinción alguna, en la erradicación del femicidio, en la inclusión de todos los sectores abandonados para sentar las bases de un desarrollo sostenible.

De no existir esta plataforma de nada servirá todo el dinero invertido en propaganda, el cual sólo servirá para pavimentar el camino hacia más explotación, miseria y corrupción con la pérdida definitiva de control sobre la integridad de la nación.

11.04.2011

El crimen como industria

Es difícil cuantificar los volúmenes de dinero que se mueven alrededor del crimen. 

Una buena porción de la economía nacional ha de estar subordinada a las redes organizadas del crimen. Esto, no solo con relación al dinero blanqueado por medio de la construcción y compraventa de inmuebles, adquisición de joyas de alto valor, piezas de arte, vehículos y toda clase de bienes suntuarios, sino también por medio del tráfico de armas de alto poder y, según investigaciones recientes, del pingüe negocio del alquiler de armamento a bajo costo, lo cual promueve el incremento de la demanda.

Guatemala ha cambiado y también lo ha hecho su escala de valores, pero entre las transformaciones más evidentes está la de su segmentación social con el advenimiento de nuevas fortunas acumuladas alrededor de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, la trata de personas –incluidas en este grupo las adopciones irregulares- el contrabando, las extorsiones y otras menos agresivas pero igualmente ilegales como la venta libre y abierta de copias pirata de películas, música y programas de informática.

Hoy los nuevos ricos son, por lo general, hombres jóvenes que apenas rebasan la treintena y quienes de pronto aparecen luciendo aperos de millonario. En un país con un nivel mínimo de controles fiscales, esto no sería posible al detectarse con facilidad las irregularidades en movimientos bancarios inusuales, carencia de registros contables, transferencias misteriosas desde el extranjero y muchos otros indicios de que las cosas no han ido por el camino correcto.

El impacto de este dinero que entra y sale en cantidades astronómicas ha de provocar algún trastorno en el sistema bancario y, en general, en la economía del país como un todo. Sin embargo, no se habla del tema y aún más, parece que se omitiera deliberadamente entrar en esa clase de detalles, probablemente porque en un sistema institucionalmente débil resulta muy fácil que se contaminen todos los componentes. Es decir, resulta pertinente especular que esos millones de dólares de los grupos criminales pasan a través de entidades legítimas en su proceso de lavado, porque ese es justamente el procedimiento a seguir.

La cuestión es tan compleja que no parece posible encontrarle una respuesta concreta, pero sí despierta muchas interrogantes. Por ejemplo, ¿será posible retornar al país a un estado de legalidad en el futuro mediato? ¿Cual será el costo social de un intento de esa naturaleza y cuánto tiempo podría llevar? ¿Hasta dónde influye en esta permeabilización de la economía la falta de controles en otros países, por ejemplo, aquellos que reciben gustosamente el dinero de las actividades ilegales?

No existe almuerzo gratis, dicen por ahí y es cierto. Esta ausencia de controles fiscales cuando se trata de grandes fortunas, está cavando un gran agujero en una economía que fue una de las más sólidas de la región. ¿Quién se atreverá a poner ese cascabel?

09.04.2011

La reina del ajedrez

Muchos se preguntan por qué el gobierno no logra controlar la inseguridad. 

Entre las estrategias políticas, la inseguridad ciudadana es la reina del ajedrez. Constituye la pieza clave en el control de los vaivenes de la noticia y sirve muy eficientemente para enfocar la atención de la ciudadanía lejos de aquellas acciones verdaderamente peligrosas para la supervivencia de la democracia. Treta perversa, sí, pero absolutamente ligada a toda política orientada a manipular las riendas del poder.

No es sorprendente, entonces, que Guatemala continúe inmersa en una guerra interna y en esa lucha siga perdiendo vidas valiosas, con una abundancia sólo comparable a la de un conflicto armado. Hay que reconocer que las artimañas del crimen organizado resultan burdas y evidentes si se las observa desde una perspectiva real. Su dominio de los centros carcelarios y de las fronteras no es justificable para un Estado cuyos recursos tecnológicos y humanos le permitirían aplicar candados y evitar muchas de las acciones delictivas emanadas desde esos lugares.

Lo mismo se puede deducir de la falta de voluntad de los legisladores para controlar la actitud permisiva y negligente del Ejecutivo en estos temas, aun teniendo en sus manos los mecanismos para corregir sus deficiencias. Esto permite colegir la existencia de un pacto de silencio, un acuerdo bajo la mesa para dejar hacer y dejar pasar los horrores de la delincuencia hasta que la ciudadanía clame por una dictadura militar o una tiranía civil, hasta que se someta a un estado de sitio con tal de acabar con la pesadilla actual.

En medio de ese caldo de tiburones, la población se siente impotente y no sabe hacia dónde orientar sus preferencias electorales, uno de los pocos recursos de participación que le dejan las tácticas malévolas de sus líderes políticos. En esta ruta está todavía por verse cómo se va a desarrollar la campaña en los meses que faltan para los comicios y cuántos ciudadanos perderán la vida como chivos expiatorios de esta cruenta batalla.

La propaganda gubernamental intenta convencer a la ciudadanía de sus esfuerzos por erradicar el crimen y la violencia, pero la propaganda altera la verdad en el acto mismo de formularla y su contenido es siempre contradictorio con la realidad. Por lo cual, mientras el discurso oficial dice una cosa, en las calles y en los hogares se vive otra y el desencanto y la frustración aumentan de manera sostenida.

Ya no hay excusa para la inacción de las autoridades en el tema de seguridad. Si tanto es el poder de los carteles mexicanos de la droga infiltrados en el país, y tanta la astucia de los funcionarios vinculados con las mafias, entonces es imperativo organizar un frente de resistencia capaz de retomar el control de la nación en todos sus ámbitos, empezando por una verdadera toma de conciencia entre los representantes de la población en el Congreso de la República.

04.04.2011

Paliativos condicionados

El gobierno conoce bien las estratagemas electoreras. 

“¡Ala… qué buena onda! Este gobierno es el primero que se preocupa por nosotros”, dirá probablemente un joven beneficiado con el cheque de 1,000 quetzales que recibirá a través del ministerio de Trabajo. Lo que ese joven no sabe es que, mientras el gobierno compra su voto con la mano derecha, con la izquierda destruye sus esperanzas de alcanzar un mejor futuro, ya que esos fondos irán en desmedro de planes estructurales mediante los cuales podría construirse un mejor sistema educativo y, por ende, crear oportunidades para el segmento joven de la población.

Los problemas del país no se resolverán repartiendo bolsas con víveres ni dinero en efectivo. Esa es una estrategia de emergencia para un gobierno prácticamente colapsado y carente de otros objetivos que no sean conseguir la continuidad en el poder. Un país alcanza el desarrollo sobre una plataforma de programas con alcance nacional, cuyas acciones sean de largo plazo y estén enfocadas en la creación de estructuras autosostenibles.

Los resultados y las pretensiones están a la vista: ¿qué ha conseguido el gobierno con la aplicación de los programas asistencialistas? Adeptos. ¿Qué pretende conseguir con la repartidera de quetzales entre los jóvenes desempleados? Votos. ¿Cuál ha sido el aporte de la administración de la UNE para el desarrollo nacional? Ninguno relevante. La seguridad de la nación ha sufrido el peor deterioro de los últimos 20 años. La infraestructura escolar está colapsada, igual como lo está la de salud.

Políticas públicas para la atención de los grupos más vulnerables, como la niñez y la adolescencia, el sector de mujeres, los ciudadanos en edad de retiro y la población agrícola y campesina, son inexistentes. El término más descriptivo de la actitud de este gobierno es “asistencialismo electorero”, dado que sus programas -dirigidos en su mayoría a los más necesitados- han tenido como objetivo primordial mantenerse en el poder y consolidar sus redes de influencia y no cambiar las condiciones de vida de ese grupo poblacional.

Lo que falta por ver es cuál será la metodología en la aplicación de este plan de empleo mínimo para jóvenes en situación de vulnerabilidad. El Presidente afirma no conocer los detalles, como si alguien pudiera creer semejante vacío de información. De hecho, si efectivamente no los conoce, significa que no está haciendo su trabajo y permite iniciativas fuera de su control. De cualquier modo, un análisis somero indica que esta estratagema costará cara a quienes pagan sus impuestos y restará fuerza a programas con visión de futuro, más coherentes con una democracia firme y duradera basada en la equidad de oportunidades.

02.04.2011

Pacto de honor

Hay un pacto entre medios de comunicación para el tratamiento de la noticia. 

No cabe duda de que el crimen organizado ha cambiado la manera de ver el mundo, las relaciones y el estilo de vida de millones de habitantes en este pequeño planeta. En los últimos días, ha despertado apasionadas discusiones la noticia de la firma de un pacto entre más de 700 medios de comunicación mexicanos. Muchas de ellas a favor de la medida, otras en contra, pero la mayoría bien fundadas en sólidos argumentos.

El pacto, inserto en la Iniciativa México, en síntesis llama a los medios a tratar con responsabilidad las noticias sobre actos delictivos, respetar a las víctimas en el manejo de la información y no publicitar de manera sensacionalista las acciones relacionadas con estos grupos al margen de la ley, estableciendo criterios para determinar los espacios y no exagerar su difusión.

Hasta ahí el acuerdo no sólo parece lógico sino muy civilizado, dado que el amarillismo en la prensa –uno de los aspectos a eliminar en el tratamiento de la noticia- no hace más que horadar la credibilidad de los medios y, al mismo tiempo, crear una coraza de acostumbramiento en la mente de la ciudadanía que sigue el curso de los acontecimientos a través de las distintas plataformas informativas.

El problema surge cuando se apunta sobre la diferencia entre medios y periodistas. Aun cuando pareciera existir un vínculo muy estrecho entre ambos sectores, es importante diferenciar entre los propietarios de las empresas periodísticas –quienes conforman el grupo de “medios”- y aquellos trabajadores que ejercen la profesión desde esas organizaciones.

Uno de los reparos al acuerdo vendría desde la perspectiva de estos últimos, enfocados sobre el derecho a la libertad de expresión, el cual además de irrenunciable es absolutamente individual. Es decir, un periodista debería tener el derecho a auto regular el tono de sus notas y no a depender de una directriz superior que le impida ejercer ese derecho fundamental. Sin embargo, una cosa es recabar y elaborar la noticia y otra muy distinta publicarla sobre un soporte físico o virtual que no le pertenece y sobre el cual no tiene control.

Otra consideración es el posible compromiso de ciertos medios con esas organizaciones, ya sea por conveniencia económica, presiones o miedo a las represalias. No se puede desconocer el enorme poder que el crimen organizado ha adquirido en toda la región, demostrado a diario con actos de una violencia descomunal. El tema es nuevo, ya que el pacto se firmó recién el jueves 24 y ya cobró su primera víctima con el secuestro y asesinato de José Luis Cerda, presentador de noticias de Televisa en Monterrey. Está por verse qué sucede en los otros países que integran el pasadizo de la droga.

28.03.2011