Month: September 2020

La historia nos ha enseñado la amarga verdad: el cuerpo femenino como un bien colectivo.

En días recientes Dawn Wooten, enfermera estadounidense, ha denunciado la práctica de esterilizaciones forzadas practicadas contra mujeres migrantes en el centro de detención del condado de Irwin, Georgia. Sus alegatos han levantado polvo: por un lado, acusaciones de quienes intentan desacreditar a la denunciante y, por otro, la exigencia –desde altas instancias en la Cámara de Representantes- de profundas y extensas investigaciones sobre estas posibles violaciones contra los derechos humanos de las víctimas. 

Las esterilizaciones forzadas en los cuerpos de mujeres indígenas o de las capas más pobres de los países latinoamericanos y africanos no es novedad alguna. En la década de los años 60, los Cuerpos de Paz estadounidense actuaron como misioneros para imponer por la fuerza el control demográfico en nuestro continente, con la graciosa anuencia de los gobiernos locales. Esa práctica de una crueldad inaudita nunca mereció juicios ni condenas y las mujeres castradas de manera tan salvaje como injusta tampoco recibieron reparación alguna.

La perspectiva oficial generada desde los ámbitos políticos en relación con los derechos de las mujeres sobre su cuerpo, no ha cambiado. Las asambleas legislativas dominadas por el pensamiento hegemónico de una masculinidad mal entendida siguen imponiendo su agenda cargada de restricciones sobre más de la mitad de la población; y, de ese modo, se impide el ejercicio de ese derecho mediante castigos extremos. En la mayoría de nuestros países se condena a mujeres, niñas y adolescentes que buscan asistencia sanitaria para interrumpir embarazos o, simplemente, cuando se presentan en los hospitales con emergencias obstétricas. Es decir, se les veda no solo el derecho de recibir atención sino también de optar por una solución humanitaria a su situación crítica.

Las mujeres, por el hecho de haber nacido como tales, son así declaradas un bien público por sociedades regidas bajo códigos estrictamente patriarcales. Ya avanzado el siglo veintiuno se perciben retrocesos aberrantes en la perspectiva de género, como por ejemplo en Francia, en donde han comenzado a agredir en las calles a jóvenes mujeres por vestir falda. Actos de extremo salvajismo en un país supuestamente igualitario, avanzado, culto y en donde paradójicamente nació el pensamiento fundamental que consagra los derechos de la ciudadanía: Libertad, Igualdad, Fraternidad. 

El retorno a prácticas misóginas en países que habían logrado superar esas barreras, dicen mucho de cómo ha persistido, a través de los siglos, esa super valoración de la masculinidad contra la visión de un sexo femenino asociado a la sumisión, la obediencia, la inferioridad y la función subordinada de aportar su cuerpo como instrumento de beneficio social por medio de la reproducción controlada. Los movimientos feministas han alcanzado grandes avances en términos prácticos, pero ni siquiera han llegado a rozar el núcleo mismo del sistema, cuya principal característica es un profundo temor al poder de las mujeres en ámbitos tradicionalmente masculinos como la política, la economía y la justicia.

Las mujeres gozan de iguales derechos y responsabilidades, de acuerdo con tratados y convenciones de efecto obligatorio. Sin embargo, derribar las barreras opuestas a su pleno desarrollo es todavía un tema pendiente que impide la evolución de la sociedad hacia estadios superiores de convivencia y, para ello, será necesario derribar los marcos valóricos obsoletos que nos rigen. A partir de ahí, comenzar de nuevo con una plataforma igualitaria, justa y de mutuo respeto. 

El temor por el poder femenino es el mayor de los obstáculos. 

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La separación entre Iglesia y Estado representa una garantía de corrección política.

Las agresiones sexuales contra niñas, adolescentes y mujeres han sido la manera como se manifiesta con toda su fuerza un sistema de dominación patriarcal y, por lo tanto, la existencia de normas opuestas al ejercicio pleno del derecho sobre su cuerpo, constituye una abierta violación a su integridad. De ahí que las limitaciones legales a una interrupción segura del embarazo, en lugar de proteger la vida de niñas, adolescentes y mujeres, las coloca en alto riesgo con el agravante de imponerles castigos extremos aun cuando el aborto se haya producido de manera natural y espontánea. Es importante señalar, entonces, que la decisión de dictar leyes para criminalizar e impedir esa intervención quirúrgica -muchas veces en un contexto de riesgo vital- no ha reducido en nada la práctica clandestina de interrupir un embarazo, la cual por lo general se produce en pésimas condiciones poniendo en peligro la vida de quienes se someten a ella.

De acuerdo con estudios realizados en el marco del Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Seguro y Legal, celebrado cada 28 de septiembre, expertos indican que anualmente más de 47 mil mujeres mueren por complicaciones debidas a la práctica insegura de la interrupción del embarazo, procedimiento que alcanza la cifra de 22 millones de abortos inseguros en el mundo, cada año. Especialistas en derechos humanos también son enfáticos al señalar que esta denegación de servicios dentro del marco legal y penalización del procedimiento, constituye una de las formas más perjudiciales de instrumentalización del cuerpo de las mujeres y claramente es una expresión de la discriminación por género.

Es un hecho que en estas leyes han intervenido con exclusividad instituciones de estructura vertical no democrática regidas por hombres, en las cuales el papel de la mujer es secundario y marginal, cuando no inexistente. En este tema, las doctrinas religiosas han jugado un papel predominante y su enorme influencia sobre los Estados –sobre todo en países tercermundistas- se ha enfocado básicamente en la restricción de libertades; sin embargo, estas limitaciones no responden tanto a una postura moral como a la necesidad de consolidar su fuerza política con el propósito de mantener su hegemonía entre los grupos de poder. Por lo tanto la voz de las mujeres, en un asunto que les compete de manera directa, ha sido silenciada e ignorada con la complicidad de las principales instituciones de estos Estados.

De los 194 países reconocidos por la ONU solo 5 tienen restricción absoluta contra la práctica del aborto, no importando la circunstancia. Eso refleja un avance, pero no suficiente para asegurar el pleno respeto por el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Pero también refleja otra realidad, y es que las leyes jamás deberían ser condicionadas por instituciones ajenas a los intereses de las mayorías y mucho menos cuando no responden a las convenciones y tratados creados para proteger y garantizar el respeto por los derechos humanos.

El tema de la interrupción voluntaria del embarazo, por lo tanto, merece una discusión amplia en todos los sectores, principalmente entre quienes son directamente afectados: las mujeres y los profesionales de la salud. Para ello, es preciso abordarlo con inteligencia, empatía y un alto grado de apertura. Las decisiones impuestas por influencia de algunos sectores o por criterios personales nunca podrán encajar sin provocar escisiones en sociedades democráticas e inclusivas, como deben ser las del presente siglo.

Las leyes deben ser una garantía de orden, no de discriminación. 

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Las reacciones desde el poder ejecutivo no dejan lugar a dudas: tienen miedo.

Atacar a la prensa ha sido una larga y funesta tradición en Guatemala. Incapaces para enfrentar las críticas y señalamientos derivados de investigaciones acuciosas de equipos periodísticos, tanto políticos como empresarios en el poder atacan con lo que tienen a mano; es decir, mediante los cuerpos policiales, de inteligencia y paramilitares que cumplen para ellos sus más sucios encargos. Las agresiones a la Prensa nacional y sus miembros no son nada nuevo, el buen trabajo periodístico, aquel que no se vende, ha representado una amenaza constante para la casta política que se ha erigido en un círculo de intocables en cuyas manos están las llaves de la caja fuerte y, algo aún más sensible, la capacidad de cambiar las reglas del juego mediante un trabajo legislativo clientelista.

La reacción del Ejecutivo no es más que una manifestación explícita del miedo que le domina. Se ve acorralado por el rechazo de la ciudadanía ante su evidente incapacidad para llevar el control del gobierno, para coordinar políticas racionales en momentos tan críticos como los actuales y para responder a las demandas de un pueblo que -a menos de un año de gobierno- ya comprendió el inmenso error cometido al escoger a un títere del empresariado y cómplice de un ejército represor. Guatemala vuelve al escenario de los 80 con un presidente completamente ajeno a la realidad, transformado en enemigo declarado de la democracia.

La reciente captura del periodista Sonny Figueroa es un chiste que se cuenta solo. Junto con su colega Marvin del Cid, publicó una exhaustiva investigación sobre el aparato administrativo supra ministerial que ilegítimamente (y probablemente también fuera del marco legal) ha tomado el control de las acciones del Ejecutivo bajo el mando de un joven protegido del mandatario. Un fuerte financiamiento cubre los caprichos de este Centro de Gobierno cuyo propósito más evidente es blindarse contra cualquier intento de fiscalización. Por lo tanto, las investigaciones y publicaciones de Figueroa y Del Cid le ocasionaron un escozor que solo podía calmarse con una persecución abierta y descarada.

Sin embargo, al presidente y su protegido les salió el tiro por la culata por la torpeza de su reacción y solo provocaron una inmediata y fuerte protesta del gremio periodístico y de numerosos miembros de la sociedad civil. Lo que hoy vive Guatemala es un evidente retroceso hacia las dictaduras del siglo pasado y eso se puede observar cada día en las medidas desesperadas y erráticas del mandatario, quien para dar una impresión de autoridad -de la cual carece- ha recurrido a tácticas reñidas con el marco democrático. Ansioso por derribar obstáculos a sus ambiciones dictatoriales ha dado golpes arteros a la institucionalidad y, por supuesto, al derecho a la libertad de prensa, el mayor de los avatares para cualquier dictador improvisado.

Es imperativo subrayar que sin una prensa independiente, un país cae indefectiblemente en un estado de tiranía y en el colapso del estado de Derecho. El ejercicio del periodismo es, por tanto, un baluarte de las libertades y facultades de las mayorías, ya que la libre expresión no solo es privilegio de la prensa, sino es un derecho inalienable del pueblo a conocer en detalle las decisiones y los actos de sus gobernantes para, de ese modo, ejercer uno de los principios fundamentales de la democracia: la fiscalización del uso de los recursos nacionales y la ruta correcta de las políticas públicas, con el objetivo de garantizar la observancia y pertinencia en el ejercicio del poder. Por eso y mucho más, le temen tanto a una prensa que no se deja amedrentar.

Cuando el miedo se instala, lo primero que se nubla es la razón. 

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Para calmar la ansiedad, buenos son los pactos.

En días recientes, uno de los temas candentes ha sido la supuesta apertura de diálogo entre el gobierno salvadoreño y los pandilleros, grupos criminales temidos por la sociedad centroamericana dado su poder y la extrema crueldad de sus actos. Imágenes de jóvenes tatuados y semi desnudos en filas perfectas o hacinados en jaulas, recorren las redes sociales y los medios de comunicación para poner ante la mirada colectiva a una de las grandes amenazas contra la paz social. Incapaz de comprender la dimensión del problema y mucho menos de digerir las causas de su origen, la ciudadanía cierra filas para condenar y exigir medidas extremas tendentes a “acabar con la peste”.

Numerosos han sido los estudios e investigaciones dirigidos a entender por qué esos niños, adolescentes y jóvenes adultos ingresan a las pandillas. Aun cuando resulta obvio que se trata de un cuadro de abandono, pobreza e incapacidad del sistema para satisfacer las necesidades más urgentes de las nuevas generaciones, quienes observan el fenómeno desde la distancia suelen ser más proclives a condenar que a buscar los orígenes de este drama humano. Sin embargo, basta echar una mirada al escenario en el cual se desarrolla esta patología social para comprender cuánta responsabilidad recae en la sociedad por su actitud permisiva hacia la corrupción campante de sus autoridades y de quienes manejan los entresijos del poder económico.

Carentes de oportunidades de educación y, por lo tanto, de la posibilidad de ganarse de la vida de manera digna, estos niños y jóvenes son fácilmente reclutados por grupos criminales –algunos de los cuales son incluso coordinados por elementos de la policía y el ejército- con la promesa no solo de ganarse el sustento sino también de tener la protección del grupo. En los países que conforman el corredor de la droga, las pandillas controlan barrios enteros en donde se concentran el menudeo y el sicariato, actividades administradas por organizaciones vinculadas a personajes clave en esferas más elevadas y, por lo tanto, intocables.

Al analizar la dimensión y el alcance del problema planteado por este fenómeno de las pandillas, una primera consideración es cómo un gobierno podría alcanzar un acuerdo de paz sin ir al origen mismo, reparando de manera contundente todos los vacíos y los abandonos cuyas consecuencias han generado una división tan profunda como letal en las sociedades centroamericanas. Porque no se trata de calmar el cáncer con agüita de toronjil, sino de iniciar un proceso amplio de reparación profunda de las heridas causadas a estas sociedades marcadas por la miseria sobre grandes segmentos de su población y, sobre todo, con un enfoque de integración -por parte de las instituciones de Estado- hacia las nuevas generaciones.

Con el propósito de iniciar un proceso de sanación de la sociedad, es imperativo comprender que las pandillas no nacieron por generación espontánea, sino son producto de la corrupción imperante en el sistema político y económico impuesto por otras clicas interesadas: un empresariado irresponsable, un sistema de justicia inoperante, una asamblea legislativa aliada con quienes sangran a sus países y gobernantes incapaces de comprender los alcances de su responsabilidad con el futuro de su nación. Ante este enorme desafío, cualquier pacto ha de ir al fondo del problema con una perspectiva de largo plazo y el compromiso de hacer los cambios necesarios para que nunca más un niño tenga que asesinar para comer.

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Las pandillas no nacieron por generación espontánea. Son producto del sistema.

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