Month: June 2016

No estamos entendiendo que los embarazos en niñas son producto de violación.

Sin duda mi columna ya les parece disco rayado, pero si no menciono en este espacio a Mariela Vásquez Díaz, su existencia pasará inadvertida porque una niña embarazada no es noticia hasta cuando muere. Mariela era una adolescente de 15 años. “No lloren por mí, tomé la decisión porque estaba embarazada” reza la escueta nota con la cual explica su decisión de suicidarse. El mismo procedimiento de colgarse de una soga fue utilizado por Diana Marisol Carrillo López, de 18 años y con siete meses de gestación, quien decidió poner fin a su vida en mayo del año pasado.

Así como Mariela y Diana, miles de menores son abusadas sexualmente por hombres de su entorno cercano, algunas desde sus primeros años de vida. Lo excepcional en estos casos es haber tomado la decisión de acabar con su vida. A muchas otras víctimas de violación la vida se les acaba más lentamente y de distinto modo: convirtiéndose en adultas sin haber disfrutado su niñez, cargando con un hijo cuando ni siquiera tienen conciencia de su propia infancia, enfrentando un futuro cortado de tajo por un adulto abusador cuyos crímenes quedarán impunes al ser tolerados por una sociedad patriarcal que mira hacia otro lado.

¿Recuerdan a la niña de 11 años rescatada por la Procuraduría General de la Nación hace pocos días, presuntamente embarazada por su padrastro? ¿Y otra de 13 años, originaria de Quiché, ingresada al hospital Roosevelt con 28 semanas de gestación? Son solo ejemplos de un problema de enormes dimensiones poco advertido por la ciudadanía. De acuerdo con el Observatorio de Salud Reproductiva, Osar, Guatemala registró aproximadamente 58 mil embarazos en niñas y adolescentes durante los primeros siete meses de 2015 y 71 mil en 2014. Por si fuera poco, de las 680 denuncias registradas en 2014 por abuso sexual contra menores, apenas se resolvieron 40 con condenas. Esos números tan marcadamente desiguales constituyen ya de por sí la evidencia de impunidad en uno de los delitos más recurrentes y perturbadores de esta sociedad. Se supone que el sub registro en este tema alcanza dimensiones dantescas, dadas las cifras de embarazos que los superan largamente.

Pero algo sucede que el Estado se abstiene de tomar acciones correctivas para reducir o eliminar esta pandemia de abusos contra la niñez guatemalteca. Si es presión de las instituciones eclesiásticas o simple desidia de las autoridades, no está tan claro, más parece una poderosa combinación de ambas con un componente adicional: el desprecio por esta importante mitad de la población conformada por niñas, adolescentes y mujeres adultas.

Al no tener voz ni voto en las decisiones concernientes a su vida, su salud, su acceso a la educación, se encuentran en una tremenda desigualdad de condiciones en un sistema que las ha marginado históricamente y continúa haciéndolo por obra y gracia de una casta política corrupta y clientelista.

El sistema –con su paredón de influencias capaz de bloquear cualquier iniciativa paritaria- provoca un daño irreversible a estas generaciones de nuevas ciudadanas cuyo destino está sujeto a la desvalorización de su sexo, el desprecio por su esencia femenina, la discriminación profunda desde las bases de la cultura en la cual nacieron. Los intentos por desarrollar campañas de educación destinadas a erradicar la ignorancia sobre salud sexual y reproductiva se estrellan una y otra vez contra un machismo pasado de siglo. Es hora de entender que no es un asunto de moral sino de justicia y supervivencia. Y que de políticas correctas de un Estado laico depende la vida de miles de seres humanos.

elquintopatio@gmail.com

@carvasar

 

La modestia no figura entre las cualidades de los corruptos.

“Sobre la injuria, la ofensa” reza el dicho cuando se desea aludir a los extremos del descaro en actos contra la dignidad humana. Así ha de sentirse la ciudadanía guatemalteca cuando observa el desfile de individuos cuya posición de poder y privilegio les facilitó el acceso a los fondos públicos, de los cuales hicieron feria de la manera más descarada. Bien trajeados y pulcros, las lociones francesas pueden olerse a través del televisor.

El espectáculo que tiene perpleja a la opinión pública nacional e internacional –por lo inesperado y extenso de sus alcances- da material abundante para hacer comparaciones entre los déficit financieros de las dependencias estatales –hospitales, escuelas, programas de alimentación- y el derroche obsceno en costosos regalos para la pareja presidencial defenestrada, cuya ambición rebasa todo lo imaginable.

Los contrastes van mucho más allá. Atendiendo a presiones de las instituciones religiosas –cuya pasividad ante los desmanes de los gobernantes da mucho en qué pensar- los programas destinados a proveer a mujeres y adolescentes de métodos de planificación de embarazos y otros conocimientos en salud sexual y reproductiva, fueron sistemáticamente rezagados en las políticas públicas, cuando no eliminados del todo.

Esto no solo ha significado un incremento en embarazos de niñas y adolescentes, también es un factor de discriminación al comprometer el futuro de un amplio sector de la población cuyo destino queda marcado por una maternidad no deseada, producto de violaciones pocas veces investigadas.

Desde esas políticas restrictivas por razones doctrinarias, se obliga a las víctimas a conservar embarazos producto de actos de violencia sexual aun cuando ello represente un peligro de muerte, sin darles opción alguna de reparación de los daños físico, emocional y social derivados del hecho. Para ello no hay recursos.

Al observar la prepotencia de algunos sindicados concentrados en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, es posible colegir el nivel de influencia de estos personajes siniestros en una estructura diseñada y construida con el único objetivo de servir a sus intereses particulares, sin consideración alguna por el estado del Estado.

Es decir, sus posiciones de poder no solo les llevaron a las más altas cumbres del enriquecimiento ilícito, sino en proporción directa profundizaron las carencias de una ciudadanía abandonada a una suerte marcada por la violencia en un sistema creado para mantenerla ajena a las decisiones de los centros de poder político y económico.

En este escenario no resulta ajeno el destino de miles de hombres, mujeres, niñas y niños inocentes, asesinados por estructuras criminales cuyo papel es crear inestabilidad y caos. Así, los ataques cotidianos a la seguridad de las personas contribuyen a consolidar propuestas de sectores cuyo papel en la historia del país se ha caracterizado por el secuestro de las libertades fundamentales y los derechos humanos.

La vigilancia ciudadana es vital para rescatar la gobernabilidad y reestructurar sus instituciones, actualmente en crisis de credibilidad. Esa tarea titánica no puede realizarse sin la participación de esa masa crítica de ciudadanos cuya visión por fin empieza a aclararse a fuerza de denuncias y escandalosas revelaciones.

Este juego de contrastes entre la ostentación de unos y la miseria de otros debe ser el punto de partida para darle un giro rotundo al quehacer político, evitando acciones orientadas hacia un regreso al mismo punto cero.

elquintopatio@gmail.com

@carvasar

Algunas revelaciones provocan mayor indignación que otras.

Los jueves de Cicig y MP se han convertido en un punto de convergencia de la atención ciudadana. La sucesión indetenible de escándalos revelados con lujo de detalles por la Fiscal General y el Comisionado de la Cicig, junto con el ministro de Gobernación, en algunos casos, y los fiscales encargados del trabajo de base, constituyen una novedad en este país de los ocultamientos.

La transparencia con la cual han procedido las instancias encargadas de las investigaciones y el armado de los expedientes dista mucho de las manipulaciones usuales cuando los involucrados son individuos de gran poder político o económico, como en estos casos. Quizá ese ha sido uno de los factores que ha motivado a la población a volver a la plaza.

Sin embargo, duele constatar que algunas denuncias incluso más graves en incidencia y alcance pasen casi inadvertidas para la ciudadanía. Entre ellas, la de la trata de personas que afecta a miles de niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres, cuyo destino incierto a veces se decanta por la prostitución forzada, el tráfico de órganos, la esclavitud o la muerte.

Pero si devanamos los hilos llegaremos a la conclusión de que todo está conectado de un modo u otro. Veremos que los actos de corrupción no han sido solo el saqueo de los recursos del Estado por medio de argucias administrativas o descarados robos de caja, sino también una estrategia perversa de asesinato masivo de la institucionalidad en todos sus niveles. Amarrar las cosas de tal modo que la cooptación del Estado echara sus raíces para siempre en un sistema garante de la impunidad para sus amplias organizaciones criminales.

Los objetivos resultan cada vez más claros si nos remitimos a los inicios de la campaña que llevó al poder a esta clica criminal, aunque es indispensable incluir en la fórmula a toda la casta política y a sus jefes directos: los financistas. Esa mirada en perspectiva permite captar en toda su dimensión la profunda podredumbre mental y espiritual de quienes han gobernado al país con el único fin de servirse de ese privilegio para sus beneficios personales y de grupo.

La trata de personas, uno de los crímenes de lesa humanidad más repugnantes que conciba la mente humana, ha pasado por debajo del agua gracias al poder de sus redes. La inmensa estructura construida gracias al increíble capital amasado en esta actividad y al tráfico de influencias en sectores de decisión, tiene un alcance operativo que trasciende al de otras actividades delictivas –aunque asociadas- como el narcotráfico.

Por qué el informe divulgado por la Cicig, junto con el Ministerio Público y Unicef sobre el negocio de la trata no convocó a una plaza, resulta incomprensible. Cuando nos adentramos en la descripción de las experiencias de una sola de las víctimas de este negocio maldito cuesta comprender cómo es posible tanto silencio. Cómo las víctimas escogidas por esas redes aparezcan a diario en las alertas y no haya reacción masiva de la sociedad: niñas y niños que deberían estar seguros en sus hogares, asistir a la escuela y vivir felices y protegidos, perdidos muchas veces de manera definitiva en manos de explotadores, ellos sí acunados por el sistema.

¿Alguien lo recuerda? 33 personas captadas diariamente, 64 por ciento de ellas niñas y mujeres ofrecidas “por categoría” y obligadas a atender unos 30 servicios sexuales por día. Y esos son los casos denunciados o captados por quienes se han tomado la molestia de investigar. Hay, sin duda, muchos más perdidos en esta vorágine interminable de escándalos. ¿Qué haremos por ellos?

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@carvasar

Blog de la autora: https://carolinavasquezaraya.com

 

Los esfuerzos de la Cicig y el Ministerio Público requieren apoyo ciudadano.

Habría que ser muy ciego para sorprenderse por los hallazgos que la dupla Cicig-MP han revelado durante el tiempo transcurrido desde la revelación de los escándalos protagonizados por Pérez y Baldetti. Aun cuando anteriormente no hubiera evidencias concretas, la sospecha rondaba por el aire y abundaban los comentarios sobre los abusos de la pareja presidencial y sus adláteres.

Ese conocimiento no oficial –o, por decirlo de otro modo: las sospechas razonables- constituye motivo más que suficiente para provocar una respuesta ciudadana rotunda, categórica, poderosa, capaz de imponer un modo distinto de participación política a través de la denuncia y el involucramiento.

La pasividad deja de tener lugar en el escenario político cuando la estabilidad de una nación depende de acciones correctivas en aquellas instancias que sostienen los pilares de la democracia. Esto aplica muy especialmente cuando esa democracia ha sido casi mortalmente herida por un sistema diseñado para garantizar la impunidad de los carteles de la corrupción y, de forma paralela, la incapacidad de respuesta de una ciudadanía amansada.

En medio de la tormenta desatada por instituciones destacadas por su voluntad de imponer la depuración y aplicar la justicia, llama la atención el incesante incremento de hechos criminales en todos los rincones de Guatemala. La manera como se cometen feminicidios y ataques contra niños y adolescentes, violaciones sexuales, trata de personas, abuso contra niñas así como el nivel de saña de los asesinatos y la elección aparentemente aleatoria de víctimas, hablan de una estrategia específicamente diseñada para intimidar imponiendo una política de terror típica de sectores antidemocráticos.

Las capturas de corruptos y corruptores constituye un enorme avance en la búsqueda de cambios sustanciales en las estructuras de poder político y económico. Lo que falta es un soporte institucional capaz de hacer de esa limpieza profunda una política de Estado, a modo de consolidar una nueva forma de hacer las cosas. La barrida de una administración todavía deja en el aire a los corruptos y corruptores de las demás. Y aún faltan mecanismos capaces de prevenir los actos ilícitos de presentes y futuros gobernantes.

Es ahí en donde la ciudadanía debe jugar el papel que le corresponde, fiscalizando, denunciando y colocándose en el lado positivo de la ecuación aunque ello le signifique perder ciertos privilegios creados y sostenidos a propósito para burlar las leyes. En síntesis, una ciudadanía cuya labor será rechazar y abandonar el sistema corrupto actual para ayudar a construir uno transparente y apegado a la ética.

En ese esfuerzo monumental no solo se benefician las finanzas del Estado, también impacta con fuerza en la construcción de una nueva manera de ejercer ciudadanía y de hacer política. Una democracia fortalecida cierra naturalmente espacios a las organizaciones criminales que actualmente se sostienen de las columnas institucionales para florecer. Solo ese avance permitiría establecer sistemas de protección para la vida de las personas, muy espacialmente niños, niñas y mujeres quienes son actualmente las víctimas propiciatorias de esas redes infames del crimen organizado.

La democracia no existe aún. Ese sueño constituye una idea imposible de concretar mientras existan estructuras criminales desde los despachos oficiales, amparadas por un concepto viciado del quehacer político. Por eso es preciso construirla desde las bases, aprovechando los espacios abiertos por la Cicig y el MP para involucrarse y participar de esa nueva visión.

@carvasar

Blog de la autora: https://carolinavasquezaraya.com