El miedo y sus consecuencias

Cuando se alcanza el límite de tolerancia, cualquier cosa puede suceder. 

Guatemala es un país en plena destrucción: sus instituciones, cooptadas por las mafias; su infraestructura, abandonada con fines de privatización; su patrimonio natural, entregado a la agroindustria, la minería y las hidroeléctricas sin respeto por las consultas a las poblaciones afectadas; sus niñas, niños y adolescentes condenados a una vida de hambre y privaciones; sus fronteras, administradas por el narcotráfico; y sus instancias jurídicas, políticas y empresariales, hundidas en la corrupción más abyecta. Pocos países han caído tan profundo en tan breve tiempo.

Cuando por fin la tolerancia ciudadana terminó por colapsar impulsando a los guatemaltecos a salir a las calles para manifestar su repudio por las aberraciones cometidas por sus representantes en el Congreso -orquestadas estas por el presidente y su círculo inmediato- todo el aparato represivo se puso en marcha para aplastar este primer intento de ejercicio ciudadano. Premunidos de toda clase de recursos para dejar bien clara su intención de llegar hasta las últimas consecuencias, la policía y los agentes antimotines no tuvieron el menor reparo en agredir a manifestantes pacíficos con una violencia excesiva y totalmente injustificada.

Tal como ha sucedido en otros países, el gobierno guatemalteco utilizó las estratagemas ya conocidas de infiltrar a sus miembros de fuerzas de seguridad para cometer actos de vandalismo y adjudicárselos a los manifestantes. Aun cuando es innegable la posibilidad de que algunos grupos se excedieran en su manera de actuar, resulta más que obvio que hechos mayores –como la quema del edificio del Congreso- ya habían sido planificados desde los despachos oficiales. Todo esto acompañado del coro obediente de algunos adeptos, quienes comenzaron de inmediato a condenar en redes sociales la vandalización del patrimonio como si la destrucción de un edificio tuviera mayor relevancia que la de su institucionalidad y la vida de sus habitantes.

El presidente de Guatemala ya había enfrentado un proceso por ejecución extrajudicial. Se salvó por voluntad de un sistema judicial corrupto, así como se han salvado de condenas otros actores políticos y empresariales capaces de financiar generosamente su impunidad. Sin embargo, su débil naturaleza y su deuda con sus financistas en la cúpula empresarial, lo inducen a actuar como un pequeño dictador, sin reparo alguno en violar el marco constitucional con el único objetivo de disfrutar de un poder que no le corresponde, ya que el pueblo le ha manifestado su rechazo de manera explícita.

Este presidente sufre de un miedo patológico. No hay otra explicación a su conducta irracional. Es tal su incapacidad que ha evitado toda forma de diálogo y consenso, continuando de manera descarada una ruta de decisiones erráticas y el aprovechamiento de su poder para enriquecerse personalmente y permitir a su círculo más cercano utilizar al Estado como una caja de caudales a su disposición. Ante esta realidad, era lógico que la ciudadanía actuara para exigir el veto a un presupuesto de la Nación orientado hacia la quiebra económica y moral. Esa exigencia fue respondida con un despliegue de violencia policíaca pocas veces vista en los centros urbanos. 

Ahora le toca a la ciudadanía poner las cosas en su lugar y recuperar los espacios perdidos durante muchos años de pasividad y tolerancia. Los señalamientos de algunos interesados en deslegitimar las protestas no deben detener el flujo de la historia, porque esa puerta recién abierta no debe cerrarse hasta recuperar la democracia perdida.

Solo el miedo de perder provoca acciones tan desesperadas.

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El valor de la belleza

Sumidos como estamos en el vértigo de lo inmediato, olvidamos lo esencial.

Mi amiga Ana Cordero me compartió un vídeo en donde aparecen los que yo llamo “animales de viento” del genial Theo Jansen, artista holandés cuyas obras muestran una extraordinaria fusión entre arte e ingeniería; en realidad, son esculturas kinéticas creadas con materiales ligerísimos, como tubos de plástico y tela, capaces de caminar por las playas, movidas por la brisa marina gracias a un ingenioso sistema de construcción. Sus preciosos y extravagantes animales de aire se elevan o deslizan con exquisita cadencia dando la impresión de gigantescas figuras prehistóricas. Es belleza pura. El comentario de Ana me pareció tan pertinente como para citarlo en esta columna: “…en estos días, cuando el mundo está sumido en la enfermedad, la corrupción y la ambición, ver que alguien dedica su vida a crear belleza, me encantó…”.

Crear belleza y disfrutar de ella es una de nuestras actividades más trascendentales. Después de satisfacer sus necesidades inmediatas, el ser humano –desde tiempos inmemoriales- ha encontrado en el arte la mejor expresión para exhibir su capacidad creadora, su particular e íntima visión del mundo y su indispensable proyección espiritual. Crear arte, observar la naturaleza y transformarla en palabras, colores, imágenes o sonidos es una labor compleja capaz de transmutar la realidad y llevarnos a una esfera más allá de nuestra cotidianidad. Pero lo estamos perdiendo… Las nuevas generaciones han de luchar contra los intereses de un sistema obtuso, orientado con todos sus recursos a la producción masiva de bienes de consumo, por su derecho a crear lo esencial –que es el arte- y vencer esa demanda que les impide el desarrollo integral por medio de una educación bien enfocada.

El sistema impuesto por el materialismo extremo que nos ha conducido hacia la producción en masa para el consumo masivo, sin contemplación alguna ha reducido los espacios vitales del arte para imponer a las generaciones nacientes una dependencia patológica de una tecnología en donde todo está hecho. Imágenes y sonidos de partida, perfectas para adormecer las capacidades creativas desde la infancia. Sumado a ello, la limitación de espacios para el desarrollo de las artes en colegios e institutos para reemplazarlos por materias “prácticas”, las cuales no contemplan la necesidad de proporcionar la indispensable formación estética a la nueva juventud.

Lo vemos por todos lados; en las prioridades establecidas dentro de los presupuestos gubernamentales y en la persistente idea conservadora de que dedicar tiempo al arte es un desperdicio. Desde la infancia es posible observar la necesidad vital de la expresión artística, pero también cómo los sistemas educativos cercenan de tajo esos instintos creadores. Nuestros países, inmersos en un sistema capitalista mal enfocado hacia un materialismo crudo y duro, todavía no aceptan que el desarrollo de las disciplinas artísticas -desde la más tierna infancia- se manifiesta en una mayor capacidad de análisis, así como en una mejor comprensión de las matemáticas y las ciencias naturales. Es decir, una puerta hacia generaciones más inteligentes y productivas en el mejor sentido del término.

La inversión en educación, con enfoque amplio y correctamente orientado hacia la satisfacción de todas las capacidades humanas y no solo aquellas convenientes para el sistema imperante, podría generar una comunidad humana con mejores herramientas para comprender el mundo que la rodea y, por lo tanto, con una visión holística de sus infinitas posibilidades. El espíritu necesita el alimento tanto como el cuerpo, por lo cual la formación debe contener todos los elementos para desarrollar una sociedad capaz de comprender cuál es su papel en este mundo.

El arte no es un desperdicio de tiempo, es una función fundamental.

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Guatemala

El Quinto Patio

Mis columnas, encuadernadas hasta 2015, me recuerdan algo más que las experiencias de mi paso por Guatemala. Me traen la certeza del modo tan intenso como viví todas esas décadas, enamorada de su pueblo y de su impactante belleza natural.
Antes de salir le regalé un juego completo a María Eugenia Gordillo, esa extraordinaria guardiana y conservadora de la Hemeroteca Nacional, uno de los más importantes centros para la investigación de la historia de Guatemala. Lo hice para dejar una pequeña huella impresa. 
A veces las releo, aunque muy de vez en cuando. Al hacerlo, vuelvo a sentir cuánto de ese país tengo todavía prendido en la piel.

El origen de la catástrofe

No fue el huracán lo que ha destruido la vida de miles de familias guatemaltecas

Guatemala es un país golpeado al extremo de haber perdido toda oportunidad de desarrollo durante las últimas décadas. Sus gobernantes la han traicionado con premeditación y alevosía, tal y como se califica un homicidio en primer grado. El país sangra por sus cuatro costados mientras sus políticos, empresarios y militares de alto rango se reparten su riqueza con la abierta complicidad de las organizaciones criminales que hacen su agosto con los negocios más viles. Secuestro, tráfico de personas –niñas, niños, adolescentes y mujeres como su principal mercancía- y, por supuesto, el sicariato ante la vista de las fuerzas del orden.

Resulta imposible comprender cómo ha sido posible una destrucción de la institucionalidad en un marco supuestamente democrático y a la vista de la comunidad internacional. La degradación política ha alcanzado tal nivel como para colocar a Guatemala como el peor de los ejemplos de la región, solo por encima de Haití en algunos de sus indicadores más importantes de desarrollo humano. Su presidente –si es que aún puede ostentar ese título- no es más que un monigote puesto en el sillón de mando para proteger los intereses de una casta empresarial depredadora y venal. La corrupción de su gobierno, como la de sus antecesores, es de récord mundial. Quizá apenas superada por algunas repúblicas africanas del siglo pasado.

Castigada por un sistema neoliberal impuesto desde Estados Unidos y transformado por la pirámide criolla en una herramienta de enriquecimiento y autoritarismo sin límites, esta república centroamericana ha perdido a lo largo de las décadas la gran oportunidad de convertirse en un ejemplo de desarrollo, perdiendo el control sobre sus innumerables riquezas. Sus gobiernos -supuestamente democráticos- han transformado la limosna en una práctica corriente para ganar adeptos durante las campañas electorales y, una vez instalados en el poder, han reducido hasta el límite de lo posible la inversión pública, abandonando al país a una destrucción segura de su infraestructura con fines de privatización.

Por eso las tragedias que azotan a Guatemala cada año cobran miles de víctimas. Porque a su gente le han robado hasta la esperanza. La destrucción del hábitat por la ausencia de políticas de Estado para la conservación de los ecosistemas es una de las causas de graves deslaves, inundaciones y destrucción de puentes y caminos. Mientras los empresarios roban ríos y destrozan carreteras sin asumir responsabilidad alguna, las comunidades ven con impotencia cómo se van reduciendo sus posibilidades de supervivencia. Hoy, el inquilino del palacio de gobierno, quien en menos de un año ha quedado en evidencia como la peor lacra que ha pasado por el despacho presidencial, pretende elevarse como un dictador negando de manera constante toda responsabilidad en el deterioro acelerado de la vida de sus conciudadanos. 

Ni siquiera el Covid ha superado el nivel de amenaza vital que significa el actual gobierno. Este se ha declarado explícitamente incapaz para manejar no solo la gestión pública, sino también la pandemia, y ahora amplía los alcances de su incapacidad para decir que no puede socorrer a las víctimas de Eta, mientras la población se moviliza como puede para ayudar a quienes lo han perdido todo. Indudablemente algo muy malo pasa cuando una nación resulta impotente para recuperar la integridad de sus instituciones y se deja gobernar por una casta político-empresarial con tal nivel de miopía e incompetencia. 

Guatemala pierde oportunidades por la traición de sus políticos.

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Chile: El día después

Luego de una campaña intensa y cargada de emociones, viene el golpe de realidad.

El 25 de octubre pasado, más de 7 millones y medio de chilenos acudieron a las urnas para decidir entre la continuidad del sistema político-constitucional actual o un cambio en las reglas del juego. El cambio ganó con casi un 80 por ciento de aprobación, legitimando las exigencias de una sociedad en pie de lucha, cansada de los abusos del neoliberalismo crudo y duro implantado en Chile desde el golpe de Estado perpetrado por el general Pinochet y respaldado con dinero y logística por Estados Unidos. Esta victoria del movimiento de protesta, gatillado por los estudiantes secundarios en octubre del año pasado, ha abierto una ruta de esperanza, pero también de fuertes desafíos.

Uno de los primeros obstáculos a vencer es esa sensación de victoria rotunda que podría transformarse en una peligrosa actitud de triunfalismo en algunos sectores de la ciudadanía. La voluntad de redactar una nueva Constitución y, para ello, conformar una asambles ciudadana relativamente independiente de las estructuras políticas actuales, las cuales han perdido una buena cuota de credibilidad durante los años recientes, exigirá una enorme cuota de madurez y reflexión en la ciudadanía.

Las dificultades naturales de consolidar una plataforma inclusiva, representativa y claramente democrática, así como pueden ser un ejemplo de civismo para el mundo, también se pueden convertir en una trampa de recelos, rivalidades y ruptura de consensos. Lo más importante, en el inicio de la nueva etapa de cambios, será conservar la sensatez y abrir los caminos a un debate de altura entre los protagonistas de esta oportunidad histórica. Así como los políticos tradicionales han de ceder espacios a representantes de la ciudadanía organizada, también la sociedad habrá de aceptar la importancia de contar con la experiencia de políticos conocedores de los entresijos de la administración del Estado y, de paso, observar el correcto desarrollo del proceso.

Chile comienza un camino plagado de desafíos; aun cuando el plebiscito demostró a las claras que el pueblo está cansado de las falsedades y abusos de un sistema impuesto para favorecer a un pequeño puñado de familias enriquecidas a fuerza de privilegios y corrupción, llegar a los acuerdos necesarios para preservar los espacios ganados no será fácil en un engranaje diseñado con trampas y compartimentos estancos. Son muchas décadas de frustraciones como para restañar, de la noche a la mañana, esas heridas profundas a una democracia funcional y consolidada.

En el proceso será indispensable incluir las voces de la generación que puso sus ojos, su energía y su valor en la vanguardia callejera; esa juventud, sin retroceder ni un paso, hizo de la plaza de la Dignidad un símbolo mundial de protesta legítima. Esa generación de jóvenes –adolescentes, muchos de ellos- expusieron, sin espacio para interpretaciones arbitrarias, una exigencia por un cambio profundo que les garantice un futuro de desarrollo y bienestar. Lucharon por la educación, lucharon por la salud, por el respeto a los pueblos originarios y por el derecho al agua. Lucharon por la vida y merecen un espacio en la toma de decisiones.

Chile ya vivió su jornada, ya triunfó la decisión por el cambio de la Constitución y se ha iniciado la cuenta regresiva del proceso. Lo que se logre en esa trayectoria dependerá de la madurez democrática de sus protagonistas y del respeto por la legitimidad de la diversidad de posturas que van a participar en esa plataforma de consensos. De su fortaleza cívica dependerá el resultado de este nuevo comienzo. 

De una actitud madura y democrática dependerá el éxito del proceso.

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Por la fuerza de la razón

Chile enfrenta un cambio trascendental en un plebiscito exigido por el pueblo.

A 10 días del aniversario de la mayor manifestación de protesta ciudadana de las últimas décadas en Chile, la ciudadanía acudió este domingo a votar en un plebiscito cuyo resultado podría desencadenar un cambio sustancial en ese país andino. Un primer esbozo de la demanda ciudadana por el cambio ha sido la asistencia a los centros de votación, a pesar de las campañas oficialistas y de los sectores más conservadores por evitar una transformación del sistema actual, diseñado y conservado en formol por medio de una Constitución ad hoc escrita bajo la influencia del pinochetismo.

La batalla por el cambio, sin embargo, no solo ha sido una explosión mediática de repercusión internacional, sino ha tenido la fuerza interna suficiente para aglutinar a sectores diversos y conformar un movimiento ciudadano excepcional, sin bandera política y cada vez más consciente de que Chile no saldrá de su crisis sin una transformación de fondo y la participación de todos sus integrantes. El mecanismo que hace un año apenas era un sueño de opio, ya echó a andar con un plebiscito que marca el inicio de un proceso de profundos cambios y la perspectiva de recuperar una plataforma democrática inclusiva, enfocada en el interés común y se limiten los abusos de un sistema neoliberal cada vez más envilecido.

Para el gobierno de Sebastián Piñera, el escenario no es el más propicio. Enfrentado a una pérdida de popularidad catastrófica –lo cual le resta toda credibilidad- y con dos de sus ministros más importantes sometidos a acusación constitucional por mal manejo de la pandemia y por violaciones de derechos humanos contra la ciudadanía por parte de las fuerzas del orden, no tiene salida digna a menos que renuncie y se retire a reflexionar sobre sus múltiples y graves equivocaciones, algo impensable para un gobernante que ha demostrado una incapacidad patológica para evaluarse a sí mismo.

La jornada de ayer se presentó llena de desafíos. El primero de ellos fue la asistencia a las urnas en plena pandemia para que esta demanda por una nueva Constitución tenga plena validez. Es decir, la asistencia y la votación por el Apruebo debería sobrepasar cómodamente los votos mediante los cuales se eligió al presidente actual. De otro modo, podría establecerse un ambiente de duda sobre la pertinencia de un cambio tan rotundo y trascendental. Sin embargo, de acuerdo con la información hasta este momento (media mañana del domingo) se vive una jornada marcada por el entusiasmo y la decisión de participar.

A partir de los resultados, si estos indican una victoria contundente para la ciudadanía que aspira al cambio, debería revisarse con mucha seriedad la participación política de la juventud. Este sector estudiantil, que inició con lucidez y valentía los movimientos ciudadanos que han desembocado en un hecho de tanta magnitud, está excluido de manera injusta del proceso actual por no tener derecho a voto. Camilo Morales, en Palabra Pública, U. de Chile, lo expresa con claridad: “…el proceso constituyente también (…) aloja una contradicción que no puede soslayarse, toda vez que queda de manifiesto la marginación, en diferentes niveles, de un grupo fundamental para la sociedad, pero que históricamente ha quedado excluido de tomar parte en este tipo de acontecimientos políticos, a saber, niñas, niños y adolescentes quienes a la fecha no podrán participar de este hito democrático trascendental para nuestro país.” En todo caso, aun sin ese elemento crucial para consolidar una plena democracia, la suerte está echada y el cambio –cualquiera sea este- será inevitable.

El cambio de Constitución, una deuda política para un Chile nuevo.

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La inocencia interrumpida

Las consecuencias de un embarazo temprano repercuten por el resto de la vida.

Los embarazos en niñas y adolescentes –de entre 9 y 18 años- cuyas cifras alarmantes se mantienen al alza en todos nuestros países, constituyen una de las más graves patologias sociales y la segunda causa de muerte en ese grupo etario. Dada la visión estrecha y patriarcal de quienes establecen la pertinencia de las políticas públicas, así como de sociedades cuyos marcos valóricos manifiestan una fuerte influencia de doctrinas religiosas, este sector de la población es uno de los más desatendidos y, por lo tanto, carente de palancas políticas para hacer valer sus derechos. Una de las principales causas de la vulnerabilidad en la cual se desarrolla la infancia es la preeminencia de la absoluta autoridad de los adultos en su entorno y, consecuentemente, la total indefensión de la niñez.

La inmensa mayoría de mujeres adultas –si no la totalidad- aun cuando muchas intenten negarlo, hemos sufrido el impacto de un sistema cuyas normas marginan a niñas y mujeres como si fuera una ley de la naturaleza. Los acosos y agresiones sexuales, tanto dentro del hogar como en el vecindario, en las calles o en la escuela, han sido una constante de abrumadora incidencia al punto de transformarse en una especie de maldición inevitable para esta mitad de la población. De tales agresiones, una de las más graves consecuencias son los embarazos en una etapa precoz del desarrollo. 

Las instituciones encargadas de salvaguardar la seguridad de este importante segmento, sin embargo, han sido incapaces de protegerlas; ya sea por falta de políticas públicas o, simplemente, nulo interés por la integridad de un sector caracterizado por su escaso poder de incidencia política. Cautivas en un sistema que las castiga por su condición de niñas, las condena a embarazos, partos y maternidades para los cuales no están preparadas física ni psicológicamente, con riesgo de muerte y el desafío de afrontar una marginación familiar y social cuyo impacto les causará aislamiento, pobreza, pérdida de autoestima, patologías físicas y emocionales irreversibles y un sinnúmero de amenazas contra su normal desarrollo de vida.

A pesar del trabajo de algunas organizaciones preocupadas por hacer de este sensible tema un motivo de acción, resulta evidente la ausencia de mecanismos de protección para evitar los abusos y las consecuencias devastadoras de tales agresiones. Las sociedades aún son incapaces de captar las dimensiones de su responsabilidad en un problema de tal trascendencia y se hacen a un lado cuando se plantea la urgente necesidad de establecer parámetros legales –como el derecho al aborto y a la oportuna educación sexual y reproductiva- frente a esta terrible pandemia de embarazos tempranos, todos ellos resultado de violaciones.

Una niña no es un juguete sexual ni un objeto a disposición de los hombres de su entorno, pero miles de ellas terminan por perder su inocencia de golpe en una de las formas más crueles imaginables y sus victimarios –la mayoría de veces personas “de confianza”, como padres, hermanos, tíos, pastores y sacerdotes, maestros y vecinos- las transforman en sus esclavas sexuales bajo amenaza, sin la mínima posibilidad de defenderse. Es de preguntarse ¿en dónde están las instancias supuestas a protegerlas? ¿En dónde la justicia, los sistemas de educación y salud, en dónde sus familias? El drama persiste y las cifras aumentan a diario; las niñas desaparecen en redes de trata o sus cadáveres son desechados como basura en cualquier barranco, sin que a la sociedad eso le sea motivo suficiente para reaccionar.

Los derechos de la niñez continúan como tema pendiente.

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Doscientas quince mil y contando…

La maternidad forzada es una carga injusta; contra las niñas, es un crimen imperdonable. #DíaInternacionalDeLaNiña

Las cifras de niñas y adolescentes madres en la región centroamericana –más de 215 mil solo en 2019, de acuerdo con instituciones oficiales y organismos internacionales- es uno de esos indicadores, como el de la pobreza extrema, excluidos de las políticas públicas prioritarias de los gobiernos. Quienes poseen las llaves del poder desde sectores privilegiados consideran estas patologías sociales como un fenómeno natural, inevitable, cuya responsabilidad recae en quienes las sufren y jamás entre quienes las provocan. 

Principal causa de muerte entre niñas y adolescentes, la maternidad forzada –hay que recordar que el sexo con menores de 18 años está tipificado como violación- constituye una condena real e inevitable a una vida de privaciones y miseria. La abrumadora mayoría de los gobiernos de la región y del continente desarrollan sus políticas bajo un sistema de administración estatal influenciada por los sectores económico y religioso de corte patriarcal los cuales, en perfecta sintonía, han permanecido inalterables desde tiempos de la Conquista incidiendo con todo su poder en la política y en la administración de justicia. 

El patriarcado no es una fantasía feminista. El patriarcado existe y está instalado desde las épocas más remotas, restando oportunidades y derechos a las mujeres –por ley, por tradición, por simple proceso de adjudicar la autoridad a una mitad de la población y prohibírsela a la otra- con el resultado de sociedades enfermas, violentas, racistas, discriminatorias e incapaces de funcionar como un todo, con iguales metas y objetivos. Resulta penoso comprobar que en pleno siglo de la tecnología y los viajes interplanetarios existan limitaciones al desarrollo de las niñas, adolescentes y mujeres por un sistema de limitaciones por cuestiones de género que pervive desde la prehistoria.

En aquellas naciones –como las centroamericanas- en donde se tolera el abuso sexual contra niñas y adolescentes con el resultado de embarazos forzados y maternidades que jamás debieron suceder, el desarrollo social es un objetivo perdido. Los impedimentos institucionales para la integración de este importante sector de la juventud al goce de los derechos fundamentales, como una educación de calidad, un desarrollo físico y psicológico adecuados, un acceso libre a todas las oportunidades de vida de las que goza la otra mitad de la sociedad, son sociopatías inaceptables cuyo alcance pone en peligro de muerte a seres tan valiosos como inocentes.

Ser mujer –y peor aún, ser niña- constituye un riesgo vital. Acechadas en las calles, en el hogar, en la escuela y en el lugar de trabajo, deben vivir a la defensiva y soportar toda clase de agresiones por el solo hecho de ser mujeres. Quienes supuestamente deben ser sus pares son, en realidad, sus superiores jerárquicos en este sistema perverso de privilegios por género. La negación de esta cadena interminable de abuso no es más que una perpetuación del sistema por medio de un acondicionamiento psicológico capaz de transformar a las víctimas en sus propios victimarios, al convencerlas de la supuesta pertinencia del marco de valores que las somete. 

Quizá por eso la sociedad no responde a la urgencia de proteger a las niñas y adolescentes de las agresiones sexuales y, en lugar de ello, las culpa por su desgracia. Numerosos son los casos de incesto y violaciones cometidas en el entorno íntimo, bajo la mirada cómplice de familiares y vecinos quienes, con esa actitud, confirman de manera rotunda su desprecio por las víctimas. Esto debe terminar.

Acechadas en todos los espacios, las niñas deben luchar por sobrevivir.

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Violeta, la transgresora

En una sociedad conservadora de mediados de siglo, Violeta Parra fue un soplo de libertad.

La obra de esta gran folclorista nacida un 4 de octubre, marcó para siempre un cambio de perspectiva sobre el valor de la expresión popular. Además, en cada etapa de su intenso paso fue dejando lecciones valiosas sobre el papel de la mujer dentro de una sociedad cuyas normas la relegaban a la domesticidad como función primordial de su sexo. Luchadora sin tregua y sin miedo para destrozar los paradigmas que ataban a sus congéneres a un marco de valores estrecho y limitante, “la Violeta” podía expresar, sin recato ni medida pero con un talento fuera de serie, un discurso de humanismo y equidad a través de su música, su poesía, su obra plástica y sus impresionantes tapices.

Innumerables son los estudios realizados sobre la vida y obra de esta mujer pionera, muchos de ellos realizados fuera de Chile, su país natal. Referente mundial como investigadora de costumbres y expresiones artísticas de las comunidades rurales y sus pueblos originarios, su legado cubre el rescate de tradiciones y leyendas populares relegadas al olvido. Viajera incansable y ávida por absorber otras culturas, su bagaje personal de experiencias le fue confiriendo un papel protagónico como ejemplo de identidad desde Chile hacia el mundo y la transformó en un personaje esencial para conocer, desde otras latitudes, la riqueza cultural de su patria.

En la obra de esta mujer notable sobresale de manera constante su mensaje contestatario, pero también está cruzada por un himno al amor: 

“El amor es torbellino
de pureza original;
hasta el feroz animal
susurra su dulce trino,
detiene a los peregrinos,
libera a los prisioneros;
el amor con sus esmeros
al viejo lo vuelve niño
y al malo solo el cariño
lo vuelve puro y sincero.”

Pero ese talento universal, esa cualidad expresiva que la llevó a la cumbre de la fama fue también un acto de libertad y denuncia impreso en poemas y canciones para la posteridad, en donde se refleja la ironía de un mundo que, en el fondo, nunca cambia:

“Miren como sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente / 

Miren como le ofrecen al sindicato, este mundo y el otro, los candidatos.

Miren como redoblan los juramentos, pero después del voto, doble tormento /  

Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante.

Miren como relumbran Carabineros para ofrecerle premios a los obreros / 

Miren como se visten cabo y sargento, para teñir de rojo los pavimentos. 

Miren como profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía / 

Miren como blanquearon mes de María y al pobre negaron la luz del día.

Miren como le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta / 

Miren como se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario.”

Violeta Parra no solo dejó un legado artístico imborrable; logró fusionar de manera inigualable lo folclórico con lo académico y formal, demostrando la exquisita sensibilidad estética de uno de los personajes más relevantes del siglo veinte.

Violeta: la memoria de un pueblo hecha canción. 

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La mujer pública

La historia nos ha enseñado la amarga verdad: el cuerpo femenino como un bien colectivo.

En días recientes Dawn Wooten, enfermera estadounidense, ha denunciado la práctica de esterilizaciones forzadas practicadas contra mujeres migrantes en el centro de detención del condado de Irwin, Georgia. Sus alegatos han levantado polvo: por un lado, acusaciones de quienes intentan desacreditar a la denunciante y, por otro, la exigencia –desde altas instancias en la Cámara de Representantes- de profundas y extensas investigaciones sobre estas posibles violaciones contra los derechos humanos de las víctimas. 

Las esterilizaciones forzadas en los cuerpos de mujeres indígenas o de las capas más pobres de los países latinoamericanos y africanos no es novedad alguna. En la década de los años 60, los Cuerpos de Paz estadounidense actuaron como misioneros para imponer por la fuerza el control demográfico en nuestro continente, con la graciosa anuencia de los gobiernos locales. Esa práctica de una crueldad inaudita nunca mereció juicios ni condenas y las mujeres castradas de manera tan salvaje como injusta tampoco recibieron reparación alguna.

La perspectiva oficial generada desde los ámbitos políticos en relación con los derechos de las mujeres sobre su cuerpo, no ha cambiado. Las asambleas legislativas dominadas por el pensamiento hegemónico de una masculinidad mal entendida siguen imponiendo su agenda cargada de restricciones sobre más de la mitad de la población; y, de ese modo, se impide el ejercicio de ese derecho mediante castigos extremos. En la mayoría de nuestros países se condena a mujeres, niñas y adolescentes que buscan asistencia sanitaria para interrumpir embarazos o, simplemente, cuando se presentan en los hospitales con emergencias obstétricas. Es decir, se les veda no solo el derecho de recibir atención sino también de optar por una solución humanitaria a su situación crítica.

Las mujeres, por el hecho de haber nacido como tales, son así declaradas un bien público por sociedades regidas bajo códigos estrictamente patriarcales. Ya avanzado el siglo veintiuno se perciben retrocesos aberrantes en la perspectiva de género, como por ejemplo en Francia, en donde han comenzado a agredir en las calles a jóvenes mujeres por vestir falda. Actos de extremo salvajismo en un país supuestamente igualitario, avanzado, culto y en donde paradójicamente nació el pensamiento fundamental que consagra los derechos de la ciudadanía: Libertad, Igualdad, Fraternidad. 

El retorno a prácticas misóginas en países que habían logrado superar esas barreras, dicen mucho de cómo ha persistido, a través de los siglos, esa super valoración de la masculinidad contra la visión de un sexo femenino asociado a la sumisión, la obediencia, la inferioridad y la función subordinada de aportar su cuerpo como instrumento de beneficio social por medio de la reproducción controlada. Los movimientos feministas han alcanzado grandes avances en términos prácticos, pero ni siquiera han llegado a rozar el núcleo mismo del sistema, cuya principal característica es un profundo temor al poder de las mujeres en ámbitos tradicionalmente masculinos como la política, la economía y la justicia.

Las mujeres gozan de iguales derechos y responsabilidades, de acuerdo con tratados y convenciones de efecto obligatorio. Sin embargo, derribar las barreras opuestas a su pleno desarrollo es todavía un tema pendiente que impide la evolución de la sociedad hacia estadios superiores de convivencia y, para ello, será necesario derribar los marcos valóricos obsoletos que nos rigen. A partir de ahí, comenzar de nuevo con una plataforma igualitaria, justa y de mutuo respeto. 

El temor por el poder femenino es el mayor de los obstáculos. 

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Salud pública y religión

La separación entre Iglesia y Estado representa una garantía de corrección política.

Las agresiones sexuales contra niñas, adolescentes y mujeres han sido la manera como se manifiesta con toda su fuerza un sistema de dominación patriarcal y, por lo tanto, la existencia de normas opuestas al ejercicio pleno del derecho sobre su cuerpo, constituye una abierta violación a su integridad. De ahí que las limitaciones legales a una interrupción segura del embarazo, en lugar de proteger la vida de niñas, adolescentes y mujeres, las coloca en alto riesgo con el agravante de imponerles castigos extremos aun cuando el aborto se haya producido de manera natural y espontánea. Es importante señalar, entonces, que la decisión de dictar leyes para criminalizar e impedir esa intervención quirúrgica -muchas veces en un contexto de riesgo vital- no ha reducido en nada la práctica clandestina de interrupir un embarazo, la cual por lo general se produce en pésimas condiciones poniendo en peligro la vida de quienes se someten a ella.

De acuerdo con estudios realizados en el marco del Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Seguro y Legal, celebrado cada 28 de septiembre, expertos indican que anualmente más de 47 mil mujeres mueren por complicaciones debidas a la práctica insegura de la interrupción del embarazo, procedimiento que alcanza la cifra de 22 millones de abortos inseguros en el mundo, cada año. Especialistas en derechos humanos también son enfáticos al señalar que esta denegación de servicios dentro del marco legal y penalización del procedimiento, constituye una de las formas más perjudiciales de instrumentalización del cuerpo de las mujeres y claramente es una expresión de la discriminación por género.

Es un hecho que en estas leyes han intervenido con exclusividad instituciones de estructura vertical no democrática regidas por hombres, en las cuales el papel de la mujer es secundario y marginal, cuando no inexistente. En este tema, las doctrinas religiosas han jugado un papel predominante y su enorme influencia sobre los Estados –sobre todo en países tercermundistas- se ha enfocado básicamente en la restricción de libertades; sin embargo, estas limitaciones no responden tanto a una postura moral como a la necesidad de consolidar su fuerza política con el propósito de mantener su hegemonía entre los grupos de poder. Por lo tanto la voz de las mujeres, en un asunto que les compete de manera directa, ha sido silenciada e ignorada con la complicidad de las principales instituciones de estos Estados.

De los 194 países reconocidos por la ONU solo 5 tienen restricción absoluta contra la práctica del aborto, no importando la circunstancia. Eso refleja un avance, pero no suficiente para asegurar el pleno respeto por el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Pero también refleja otra realidad, y es que las leyes jamás deberían ser condicionadas por instituciones ajenas a los intereses de las mayorías y mucho menos cuando no responden a las convenciones y tratados creados para proteger y garantizar el respeto por los derechos humanos.

El tema de la interrupción voluntaria del embarazo, por lo tanto, merece una discusión amplia en todos los sectores, principalmente entre quienes son directamente afectados: las mujeres y los profesionales de la salud. Para ello, es preciso abordarlo con inteligencia, empatía y un alto grado de apertura. Las decisiones impuestas por influencia de algunos sectores o por criterios personales nunca podrán encajar sin provocar escisiones en sociedades democráticas e inclusivas, como deben ser las del presente siglo.

Las leyes deben ser una garantía de orden, no de discriminación. 

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El miedo, mal consejero

Las reacciones desde el poder ejecutivo no dejan lugar a dudas: tienen miedo.

Atacar a la prensa ha sido una larga y funesta tradición en Guatemala. Incapaces para enfrentar las críticas y señalamientos derivados de investigaciones acuciosas de equipos periodísticos, tanto políticos como empresarios en el poder atacan con lo que tienen a mano; es decir, mediante los cuerpos policiales, de inteligencia y paramilitares que cumplen para ellos sus más sucios encargos. Las agresiones a la Prensa nacional y sus miembros no son nada nuevo, el buen trabajo periodístico, aquel que no se vende, ha representado una amenaza constante para la casta política que se ha erigido en un círculo de intocables en cuyas manos están las llaves de la caja fuerte y, algo aún más sensible, la capacidad de cambiar las reglas del juego mediante un trabajo legislativo clientelista.

La reacción del Ejecutivo no es más que una manifestación explícita del miedo que le domina. Se ve acorralado por el rechazo de la ciudadanía ante su evidente incapacidad para llevar el control del gobierno, para coordinar políticas racionales en momentos tan críticos como los actuales y para responder a las demandas de un pueblo que -a menos de un año de gobierno- ya comprendió el inmenso error cometido al escoger a un títere del empresariado y cómplice de un ejército represor. Guatemala vuelve al escenario de los 80 con un presidente completamente ajeno a la realidad, transformado en enemigo declarado de la democracia.

La reciente captura del periodista Sonny Figueroa es un chiste que se cuenta solo. Junto con su colega Marvin del Cid, publicó una exhaustiva investigación sobre el aparato administrativo supra ministerial que ilegítimamente (y probablemente también fuera del marco legal) ha tomado el control de las acciones del Ejecutivo bajo el mando de un joven protegido del mandatario. Un fuerte financiamiento cubre los caprichos de este Centro de Gobierno cuyo propósito más evidente es blindarse contra cualquier intento de fiscalización. Por lo tanto, las investigaciones y publicaciones de Figueroa y Del Cid le ocasionaron un escozor que solo podía calmarse con una persecución abierta y descarada.

Sin embargo, al presidente y su protegido les salió el tiro por la culata por la torpeza de su reacción y solo provocaron una inmediata y fuerte protesta del gremio periodístico y de numerosos miembros de la sociedad civil. Lo que hoy vive Guatemala es un evidente retroceso hacia las dictaduras del siglo pasado y eso se puede observar cada día en las medidas desesperadas y erráticas del mandatario, quien para dar una impresión de autoridad -de la cual carece- ha recurrido a tácticas reñidas con el marco democrático. Ansioso por derribar obstáculos a sus ambiciones dictatoriales ha dado golpes arteros a la institucionalidad y, por supuesto, al derecho a la libertad de prensa, el mayor de los avatares para cualquier dictador improvisado.

Es imperativo subrayar que sin una prensa independiente, un país cae indefectiblemente en un estado de tiranía y en el colapso del estado de Derecho. El ejercicio del periodismo es, por tanto, un baluarte de las libertades y facultades de las mayorías, ya que la libre expresión no solo es privilegio de la prensa, sino es un derecho inalienable del pueblo a conocer en detalle las decisiones y los actos de sus gobernantes para, de ese modo, ejercer uno de los principios fundamentales de la democracia: la fiscalización del uso de los recursos nacionales y la ruta correcta de las políticas públicas, con el objetivo de garantizar la observancia y pertinencia en el ejercicio del poder. Por eso y mucho más, le temen tanto a una prensa que no se deja amedrentar.

Cuando el miedo se instala, lo primero que se nubla es la razón. 

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Agüita de toronjil

Para calmar la ansiedad, buenos son los pactos.

En días recientes, uno de los temas candentes ha sido la supuesta apertura de diálogo entre el gobierno salvadoreño y los pandilleros, grupos criminales temidos por la sociedad centroamericana dado su poder y la extrema crueldad de sus actos. Imágenes de jóvenes tatuados y semi desnudos en filas perfectas o hacinados en jaulas, recorren las redes sociales y los medios de comunicación para poner ante la mirada colectiva a una de las grandes amenazas contra la paz social. Incapaz de comprender la dimensión del problema y mucho menos de digerir las causas de su origen, la ciudadanía cierra filas para condenar y exigir medidas extremas tendentes a “acabar con la peste”.

Numerosos han sido los estudios e investigaciones dirigidos a entender por qué esos niños, adolescentes y jóvenes adultos ingresan a las pandillas. Aun cuando resulta obvio que se trata de un cuadro de abandono, pobreza e incapacidad del sistema para satisfacer las necesidades más urgentes de las nuevas generaciones, quienes observan el fenómeno desde la distancia suelen ser más proclives a condenar que a buscar los orígenes de este drama humano. Sin embargo, basta echar una mirada al escenario en el cual se desarrolla esta patología social para comprender cuánta responsabilidad recae en la sociedad por su actitud permisiva hacia la corrupción campante de sus autoridades y de quienes manejan los entresijos del poder económico.

Carentes de oportunidades de educación y, por lo tanto, de la posibilidad de ganarse de la vida de manera digna, estos niños y jóvenes son fácilmente reclutados por grupos criminales –algunos de los cuales son incluso coordinados por elementos de la policía y el ejército- con la promesa no solo de ganarse el sustento sino también de tener la protección del grupo. En los países que conforman el corredor de la droga, las pandillas controlan barrios enteros en donde se concentran el menudeo y el sicariato, actividades administradas por organizaciones vinculadas a personajes clave en esferas más elevadas y, por lo tanto, intocables.

Al analizar la dimensión y el alcance del problema planteado por este fenómeno de las pandillas, una primera consideración es cómo un gobierno podría alcanzar un acuerdo de paz sin ir al origen mismo, reparando de manera contundente todos los vacíos y los abandonos cuyas consecuencias han generado una división tan profunda como letal en las sociedades centroamericanas. Porque no se trata de calmar el cáncer con agüita de toronjil, sino de iniciar un proceso amplio de reparación profunda de las heridas causadas a estas sociedades marcadas por la miseria sobre grandes segmentos de su población y, sobre todo, con un enfoque de integración -por parte de las instituciones de Estado- hacia las nuevas generaciones.

Con el propósito de iniciar un proceso de sanación de la sociedad, es imperativo comprender que las pandillas no nacieron por generación espontánea, sino son producto de la corrupción imperante en el sistema político y económico impuesto por otras clicas interesadas: un empresariado irresponsable, un sistema de justicia inoperante, una asamblea legislativa aliada con quienes sangran a sus países y gobernantes incapaces de comprender los alcances de su responsabilidad con el futuro de su nación. Ante este enorme desafío, cualquier pacto ha de ir al fondo del problema con una perspectiva de largo plazo y el compromiso de hacer los cambios necesarios para que nunca más un niño tenga que asesinar para comer.

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Las pandillas no nacieron por generación espontánea. Son producto del sistema.

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Entre ovejas te veas…

Nuestros gobiernos hablan de inmunidad de rebaño y nos envían al matadero.

Entre los términos científicos para explicar los diferentes aspectos de la pandemia que nos tiene encerrados y temerosos, se ha comenzado a difundir el concepto de inmunidad de rebaño (o inmunidad de grupo) como una posible solución para detener la expansión del contagio con el virus SARS-CoV-2, nombre técnico del coronavirus responsable de la pandemia. Es la estrategia de emergencia ante la imposibilidad de realizar una campaña masiva de vacunación, dado que esa vacuna aún está lejos en el horizonte, o por lo menos inalcanzable para miles de millones de seres humanos en el planeta.

La inmunidad de rebaño, de acuerdo con un artículo publicado por los doctores Esperanza Gómez-Lucía y José Antonio Ruiz-Santa-Quitería, ambos investigadores del departamento de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid, “se da cuando un número suficiente de individuos están protegidos frente a una determinada infección y actúan como cortafuegos impidiendo que el agente alcance a los que no están protegidos.”. Es decir, para que la estrategia funcione sin la aplicación de una vacuna –lo cual sería ideal- deben haberse contagiado de la enfermedad suficientes personas. Para más claridad, la mayoría de la población. Esto tendría el efecto de desarrollar una barrera inmunológica capaz de proteger a los más vulnerables; sin embargo para que esto suceda también debe haber transcurrido un largo tiempo, sobre todo en países que han aplicado y mantenido severas medidas de restricción.

Otra de las condiciones indispensables para garantizar el éxito de esta aparente solución de carácter colectivo, es poseer una infraestructura sanitaria sólida y eficiente capaz de atender los numerosos casos que se van a producir a partir de la apertura de las restricciones impuestas desde el inicio de la pandemia. Es decir, cuando todo el mundo comience a recuperar la dinámica normal de escuelas abiertas, restaurantes, bares, cines, centros de trabajo y demás, los contagios se multiplicarán de manera exponencial bajo la consigna de la inmunidad de rebaño, llegando con especial dureza a los segmentos de población susceptibles a sufrir la enfermedad con todos sus devastadores efectos: niñez desnutrida (alrededor del 50 por ciento de la población infantil en algunos países centroamericanos), adultos mayores con enfermedades crónicas, personas carentes de seguridad social y de medios para costear la atención hospitalaria.

En países cuya infraestructura y servicio sanitario han sufrido los embates de sistemas políticos y económicos opuestos a satisfacer las necesidades de la población con el objetivo de privilegiar a sectores empresariales de enorme poder, se carece de los recursos mínimos para aplicar una estrategia de tan elevado riesgo para las mayorías. De acuerdo con el documento mencionado, en el caso del Covid19, la inmunidad de rebaño se alcanza cuando el 70 por ciento de la población está protegida y, como indican sus autores, “la inmunidad de grupo, para ser eficaz, necesita que haya un único hospedador (en este caso las personas), que la infección se transmita de persona a persona (sin intermediación de vectores) y que la transmisión o vacunación induzca una inmunidad sólida. En el caso de SARS-CoV-2 no hay suficientes datos como para entender aún la epidemiología de la infección, y además el grado de inmunidad adquirido tras la infección está por determinar.”

En países como los nuestros, con gobernantes opuestos a apoyarse en la ciencia, no se puede hablar de “inmunidad de rebaño” sino de algo mucho más real y específico: el “sálvese quien pueda” de los incapaces.

El “sálvese quien pueda”, la consigna de los corruptos.

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La mala palabra, la palabra prohibida

Aborto: Interrupción de un embarazo (Diccionario panhispánico del español jurídico).

La prevalencia de doctrinas religiosas en los países latinoamericanos, cuya influencia ha sido estampada hasta en textos constitucionales, constituye un obstáculo aparentemente infranqueable para uno de los problemas sociales y de salud pública de mayor impacto en países de población mayoritariamente pobre: el derecho a la interrupción de embarazos de alto riesgo o producto de violaciones. Así, las muertes evitables en niñas, adolescentes y mujeres por la práctica clandestina de este procedimiento, terminan siendo resultado de decisiones políticas destinadas a privar a los menos privilegiados de acceso a la educación y a servicios básicos, como la máxima expresión de un sistema patriarcal de dominación y control.

En los países de nuestro continente, se estima que unos 25 millones de mujeres carecen de acceso a métodos anticonceptivos; pero la cifra se queda corta al sumar a quienes, a pesar de tenerlos, no los utilizan por razones religiosas, por desconocimiento o por imposición de los hombres en su círculo inmediato: pareja, padre, hermano o alguna autoridad de su comunidad. También se conoce la tremenda prevalencia de violencia en el ámbito familiar, violaciones sexuales, incesto y trata de personas, a cuyas víctimas el sistema deja a merced de sus agresores. Esta amenaza se cierne sobre las mujeres, la niñez y la juventud, sometidas desde el inicio de su vida a un sistema de estricto control masculino que les priva de su derecho a una vida sin violencia y acceso a las oportunidades en igualdad de condiciones.

Para ilustrar la dimensión del drama humano enfrentado por este sector, baste constatar que las cifras de embarazos en niñas y adolescentes, de entre 10 y 14 años, en un solo país y durante los primeros cuatro meses de 2020, ascienden a cerca de mil 500; estas, reportadas por el Observatorio de los Derechos de la Niñez en Guatemala, Ciprodeni. Sin embargo, Guatemala –al igual como muchos otros países de América Latina-, carece de un sistema confiable de estadísticas y registro, ya sea por la ausencia de instituciones del Estado en una buena parte de su territorio, ya sea porque muchos casos son ocultados por la familia de las víctimas, por lo cual los datos presentados podrían ser solo una muestra parcial de esta tragedia.

Estas niñas agredidas y violadas son, por decisión política, sometidas a la tortura de llevar su embarazo a término y, adicionalmente, exponerse a perder la vida y, de sobrevivir, a perder las mínimas oportunidades que el sistema les podría brindar. Es decir, quedan sujetas a un régimen de absoluta privación de todo aquello que presta valor a su existencia. La interrupción del embarazo para estas pequeñas víctimas de un sistema aberrante de poder patriarcal, debería ser una prioridad en el sistema de salud y también derribar de una vez por todas los absurdos prejuicios que rodean a esta práctica sanitaria. Del mismo modo, poner el procedimiento al alcance de quienes lo necesiten ya sean niñas, adolescentes o adultas, tal y como se brinda en hospitales privados a mujeres de círculos sociales privilegiados que lo requieren y lo reciben en un ambiente sanitario adecuado.  

La negativa de esos mismos sectores de privilegio a poner al alcance de las familias la educación sexual y los métodos para planificar los embarazos, evitando así tanta muerte innecesaria no responde, por lo tanto, a una postura ética sino a una política de control y prevalencia de un sistema arcaico de dominación social, instrumentalizado por medio de doctrinas religiosas y restricción del acceso a la educación para las grandes mayorías. 

Las restricciones sanitarias castigan con especial dureza a la niñez.

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