Author: elquintopatio

Los prolegómenos de la justa electoral en Guatemala rebasan todo límite.

Si durante la campaña electoral que ha comenzado -incluso desde antes de dar el toque de salida- el pueblo tuviera una bola de cristal capaz de mostrar el futuro, probablemente exigiría que los comicios se declararan desiertos, como se hace con los concursos en los cuales ninguno de los competidores tiene nada bueno que ofrecer. Es lo mínimo que puede esperarse de una ciudadanía harta de los abusos pero que no logra hacerse escuchar, ya sea porque su voz es inaudible o porque, simplemente, ni siquiera se ha manifestado explícitamente sobre la amenaza que se cierne sobre su destino.

Ya no es vergonzoso. Es aberrante la manera como algunos funcionarios, mientras saquean al país, se dan maña para construir todo un entarimado -supuestamente legal- con el propósito de impedir la inscripción de candidatos idóneos para los cargos de elección popular. ¿El motivo detrás de esas maniobras escandalosas? Muy simple: es porque esas opciones constituyen una amenaza contra sus intentos de mantenerse libres de una más que merecida acción de la justicia por los delitos cometidos a la sombra del poder.

Quienes han jurado defender la Constitución y las leyes, justifican sus actos de corrupción bajo el argumento de ser víctimas de persecución política, aun cuando es más que evidente cómo, durante las sucesivas etapas de mandatos presidenciales y parlamentarios, han logrado acabar con la poca credibilidad de las instituciones, apañar los delitos de sus cómplices en otras instancias y, lo que es aún más grave, han usado todos los mecanismos a su alcance para perpetuar su dominio sobre los recursos del Estado. 

Las amenazas y atentados contra la libertad de prensa, por lo tanto, no son una mera casualidad, han surgido como respuesta a investigaciones y denuncias sobre los delitos cometidos por funcionarios públicos durante su gestión, así como las maniobras perpetradas a la sombra -dado que ni siquiera se cumple con el libre acceso a la información pública- con las cuales se pretende ocultar delitos cuyos castigos -de existir justicia- llevarían al Presidente, su gabinete y sus cómplices en las Cortes, directo a la cárcel.

Mientras el gobierno de Guatemala se blinda contra cualquier intento de retornar hacia un régimen democrático, como demuestra el esfuerzo de partidos de oposición para llevar a las elecciones a candidatos con un perfil acorde con las necesidades de cambio, el mandatario y sus huestes protegen a lo más granado de la podredumbre política: candidatos aliados con las organizaciones criminales (narcos, traficantes de personas, saqueadores del Estado y otras joyas de catálogo). Eso, porque ha sido tal el abuso de poder de las dos últimas administraciones, que solo transando con ese tipo de candidatos mantendrán la impunidad sobre sus actos.

Por eso y mucho más, su arma se ha centrado en el encarcelamiento o el exilio forzoso de quienes -desde la prensa o desde el sistema de justicia- representan voz de alerta, denuncias basadas en hechos comprobables o acciones decididas contra quienes han hecho de los actos de corrupción un remedo de gobierno. Guatemala merece una limpieza a fondo de las lacras que la conducen al desastre total. Los listados de candidatos a cargos de elección popular demuestran que el país ha alcanzado ya la más profunda degradación política. 

Guatemala se debate impotente ante la realidad de un sistema colapsado.

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El 8 de marzo de 2017 se perpetró uno de los crímenes de Estado más crueles contra un grupo de niñas privadas de derechos.

Para mí, el 8 de marzo no es un día de saludos y parabienes. Es un día para conmemorar una de las tragedias más crueles e impactantes ocurridas en nuestro continente: la condena a muerte de 56 niñas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en Guatemala, perpetrada por el Estado guatemalteco bajo la presidencia de Jimmy Morales, quien dio directamente la orden de mantenerlas encerradas y de ese modo las condenó a una muerte atroz, quemadas vivas.

Ese día, el Congreso permaneció en silencio. También la Corte Suprema de Justicia, la Policía y el Ministerio Público. Todos cómplices de un acto incalificable. Las pantallas de televisión lo mostraron todo en detalle pero, hasta la fecha, los culpables han escapado a la acción de la justicia, comenzando por el ex mandatario.

Durante los días subsiguientes, los comentarios se dividían entre quienes experimentaban el horror por la tragedia y quienes, haciendo eco de los prejuicios atávicos de una sociedad dividida, culparon a las víctimas por su propio holocausto.

Esas niñas, como había denunciado la periodista Mariela Castañón en detallados reportajes en el diario La Hora, eran víctimas de abusos en una institución administrada por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de Guatemala, cuya misión es proteger a niños y adolescentes de una situación de maltrato y abandono.

En denuncias posteriores, se comprobó que las niñas eran violadas y sufrían castigos extremos, además de privación de alimentos y atención en salud y educación. También se denunció que ese centro se había transformado en un sitio de tráfico sexual, en donde las internas eran sometidas a la prostitución y el silencio.

Esto sucedió un 8 de marzo y no podemos olvidarlo. Ese día 41 niñas murieron calcinadas y apenas 15 sobrevivieron, si acaso se puede llamar supervivencia a la condena de vivir cubierta de quemaduras y con graves consecuencias físicas y psicológicas y quienes, como colofón al abuso sufrido, han recibido amenazas para impedir que hablen sobre los verdaderos hechos que las llevaron a protestar.

El 8 de marzo no es un día de felicitaciones ni mensajes edulcorados. Es una fecha para recordar cuánto camino falta para alcanzar la igualdad de derechos, para detener el abuso contra mujeres, adolescentes y niñas en un marco de sociedades patriarcales indiferentes a su situación de inequidad. El 8 de marzo es un día para avergonzarnos por nuestra sumisión ante un sistema patriarcal, retrógrado y perverso.

Es hora de asumir nuestra responsabilidad en este escenario de injusticia y luchar contra la falta de sensibilidad humana de quienes, desde el poder, permiten tragedias como esta.

El acto más revolucionario que una persona puede realizar, es decir la verdad.

Ciegos de rabia e impotencia, el presidente de Guatemala y sus huestes instaladas en las instancias de poder, han abandonado el disimulo para lanzarse en picada -y con todo el arsenal jurídico en sus manos- contra la prensa de ese país. Ya no hay resquicios en donde esconder el miedo que les domina cada vez que aparece en los medios una denuncia por sus descarados actos de corrupción y abuso. Amparados por una cúpula empresarial incapaz de medir el alcance de sus delitos, persiguen y acosan a miembros de la prensa tal y como persiguen a jueces, magistrados y fiscales dignos y valientes, quienes a pesar de la intimidación y las amenazas han sido capaces de investigar a fondo sus delitos.

La instalación de una dictadura en Guatemala no es una teoría de conspiración. Es un hecho consumado. El mandatario, sus aliados en el Congreso, sus acólitos en el Ministerio Público y sus cómplices en las Cortes y en el Tribunal Supremo Electoral, han puesto un sello a las libertades ciudadanas y a los derechos civiles de una población paralizada e incapaz de reaccionar. En medio de ese panorama, no son muchos los valientes cuya lucidez les impulsa a actuar de frente y, entre ellos, mujeres y hombres dedicados a divulgar la verdad de los hechos por medio de sus diferentes plataformas de comunicación. 

En su intento por emular la furia dictatorial de su colega nicaragüense, el presidente guatemalteco se ha paseado por encima del texto constitucional, transformando al Estado en una cueva de ladrones en donde corre el dinero a manos llenas para asegurar el fortalecimiento de un pacto de corruptos que tiene al país yendo directo a convertirse en el ejemplo vivo de la quiebra moral de una nación. La manipulación de las leyes, la amenaza a quienes intentan decir la verdad y el soborno descarado de los congresistas y jueces no hablan de poder, sino de una cobardía tal como para llevarlos a lanzarse en picada -y sin medir las consecuencias- contra todo aquel valiente que les presente oposición. 

Toda la podredumbre de la administración pública -con su rastrera sumisión ante el crimen organizado que les acaricia los bolsillos con sus inmensas fortunas- tiene su réplica en las calles y los caminos de ese castigado país, en donde los matones se abren paso a balazos contra una población condenada al silencio. Los niveles de impunidad ante la criminalidad desatada a lo largo y ancho de Guatemala, responden a una especie de pacto cuya meta es colocar en la primera magistratura a quien se pliegue a continuar con la línea trazada y quien evite, por supuesto, cualquier intento de llevar a los culpables ante una justicia capaz de actuar con transparencia.

La persecución contra la prensa -incluido en ella el trabajo de opinión editorial realizado por columnistas de distintos sectores e ideologías- demuestra la debilidad de estas estructuras criminales ancladas en las instancias públicas, pero sobre todo el desprecio por el derecho de la población de ser informada -en detalle y con veracidad- sobre los actos de sus gobernantes. La violación de este derecho está claramente tipificada en las leyes y en la Constitución Política de la República, en cuyas páginas se garantiza aquello que hoy pisotean: la libertad de prensa. 

Restar derechos constitucionales es un tiro en el pie. Tarde o temprano, pagarán por ello.

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Una campaña “Goebbeliana” de enorme difusión y gran impacto, seduce a las masas.

Somos observadores de uno de los fenómenos propagandísticos mas impactantes de los últimos tiempos: el deslumbramiento colectivo ante una campaña propagandística hábil, cuyo propósito es convertir a un dictador emergente en uno de los líderes mas populares de la década; todo un ejemplo a seguir para los torpes gobernantes de nuestro hemisferio. Alabado por su embestida contra las maras en El Salvador, Bukele ha traspasado los límites de la legalidad para transformar a su personaje -el político milenial, joven y que no teme a nada- en un campeón mundial contra la delincuencia.

Algo que no han considerado quienes lo siguen y lo admiran, alucinados por su carisma, es el peligro de caer nuevamente bajo el influjo de la propaganda y cerrar los ojos ante las violaciones de derechos humanos y cooptación de la justicia cometidos durante su gobierno; olvidar el indispensable ejercicio de reflexión, para pasar por alto el significado de este estilo de dictadura renacido de los manuales de Joseph Goebbels -el responsable de la propaganda nazi que llevó a Hitler al poder absoluto- y escoger a gobernantes represivos y corruptos en su afán por reproducir el sistema.

De acuerdo con una acusación de la Fiscalía de Estados Unidos presentada ante una Corte Federal del Estado de Nueva York, Bukele habría negociado entre 2019 y 2021 con los líderes de la MS-13, una maniobra que involucraría a dos altos funcionarios del gobierno salvadoreño y en cuyos acuerdos se habría concedido beneficios a la organización criminal a cambio de una reducción de homicidios y de favorecer -dentro de su área de influencia- la elección del actual Presidente. 

En esta supuesta guerra contra las pandillas, de la cual los detalles se mantienen en estricto secreto y en cuyos entretelones parecen existir acuerdos bajo la mesa, se han utilizado profusamente las imágenes de los internos cubiertos de tatuajes, formando una imagen perfecta de rendición en los patios carcelarios. Estas imágenes han reforzado la idea de un gobierno eficaz, capaz de manejar la política interna de seguridad con mano de hierro mientras en el resto de América Latina y otros países del mundo, los espectadores de tales hazañas aplauden con entusiasmo.

Al “dictador más cool del mundo mundial” como se autodefine Bukele, no le ha temblado la mano para transformar, mediante la imposición de medidas legislativas que le benefician, el sistema de pesos y contrapesos institucional con lo cual se asegura la posibilidad de la reelección -que antes de su administración era prohibida- y el debilitamiento de cualquier frente de oposición a sus intentos por establecer una dictadura con miras a perpetuarse. Las esperanzas de sus admiradores fuera de las fronteras salvadoreñas, que han caído bajo el influjo de una de las campañas de imagen política más efectivas en términos de popularidad -con su ingrediente de ceguera colectiva- es reproducir el ejemplo para sus respectivos países, abrumados por la delincuencia y la corrupción. 

Lo que presenciamos hoy es un regreso -muchos más sofisticado- a las prácticas de los años 70 y 80, los tiempos más oscuros de América Latina con su secuela de asesinatos de líderes populares y de ciudadanos enfrentados en situación de inferioridad a las huestes de los dictadores de turno. Las dictaduras solo han dejado un saldo de muerte y retrocesos institucionales que todavía constituyen el mayor obstáculo para el desarrollo de nuestras naciones.

La seducción del culto a la personalidad no debe obviar el necesario ejercicio del análisis.

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El delito de acoso sexual es una de las agresiones mas solapadas y perversas.

En estos días, se debate en España la modificación de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, conocida como la ley de “solo sí es sí”, considerada uno de los instrumentos legales más avanzados en la materia. Esta ley surgió como consecuencia del caso de “la manada”, cuando 5 hombres violaron a una joven de 18 años en un portal durante las fiestas de San Sebastián en Pamplona. La modificación de la ley de acoso, impulsada por el gobierno español, implica establecer el consentimiento pleno antes de cualquier encuentro sexual. Esto significa que la agresión no está necesariamente rodeada de violencia, ya que la víctima puede encontrarse en un estado de pánico, intimidación o inhibida de defenderse por cualquier otra causa.

Sin embargo, la nueva ley ha abierto una salida para que algunos agresores se beneficien con una reducción de penas, cuyas condenas mayores la nueva legislación reduce a un máximo de 4 años de prisión. Este escenario ha puesto nuevamente en la balanza un tema sensible y es la situación de riesgo inherente a la condición femenina, por ello para tipificar el delito de acoso sexual primero hay que analizar el fondo de los estereotipos que marcan la conducta de hombres y mujeres dentro de una sociedad patriarcal. Las leyes, aunque constituyen un importante avance en el establecimiento de normas de respeto entre individuos, no van al fondo del problema.

El acoso sexual es consecuencia directa de patrones culturales consolidados a través de los siglos, incluso impresos en códigos y leyes sexualmente discriminatorias en un marco de relaciones patriarcales, predominante en casi todas las naciones del mundo. Para combatir esta deformación institucional, aceptada hasta ahora como un elemento inherente a las relaciones entre los sexos, es indispensable comprender que no existen mecanismos transparentes ni herramientas que garanticen una aplicación justa de la ley.

Por lo tanto, para la gente común, es una extraña medida coercitiva que limita los derechos de las personas, exageración legalista que pretende imponer normas de conducta que sólo competen a los involucrados dentro del ámbito de su vida privada. Es decir, una medida considerada por efecto de estereotipos y tradiciones machistas, absurda y represiva. Esto, porque de acuerdo con las costumbres ancestrales, es permitido invadir el terreno íntimo de una persona que está en calidad subordinada, ya sea por razón de su sexo o de su posición en la estructura social.

El hostigamiento sexual, por razones de carácter cultural se refiere primordialmente a la mujer, porque ella ha sido la gran perdedora en la batalla de los sexos. De ahí proviene la fijación de los roles masculino y femenino como el dominante y el dominado, el fuerte y el débil, el activo y el pasivo. Y entonces, la sociedad acepta estas reglas del juego que le indica claramente su lugar en el orden social.

Para hacer de una ley contra el acoso sexual un elemento eficiente, se debe atacar a fondo el origen de las ambigüedades conceptuales, porque pocas violaciones a esta ley se dan ante testigos. Ello se presta a confusiones que pueden resultar aún más humillantes para las víctimas y las coloca frente a su victimario -palabra contra palabra-  en un duelo degradante que no propicia un desenlace justo ni garantiza un avance de la sociedad contra el prejuicio y la ignorancia.

El papel de los sexos en el contexto de sociedades patriarcales, está definido por los hombres.

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El Sur de Chile en llamas es la evidencia de como el sistema neoliberal destruye y arrasa.

Incapaces de detener el latrocinio de los bosques nativos y, muy por el contrario, convertidos en cómplices de su destrucción, los sucesivos gobiernos de Chile han apañado y consentido la invasión de los grandes terratenientes y sus maniobras contra uno de los más prístinos entornos naturales de nuestro continente. En estos primeros días de febrero, mas de 250 focos de incendios -presuntamente provocados- envuelven en llamas enormes extensiones en las regiones de Maule, Ñuble, Bio Bio y la Araucanía, dejando a su paso desolación y muerte.

La pregunta es: ¿A quiénes beneficia tanta destrucción? Para comenzar a entender el origen de la tragedia, es preciso remontarse a los tiempos de la dictadura, cuando el gobierno de Pinochet decidió “incentivar la economía” por medio de un decreto, cuyo objetivo era impulsar la industria papelera destinando enormes extensiones a los cultivos de eucalipto y pino. La iniciativa consistía en bonificar a los terratenientes con el 75 por ciento de los costos de esas plantaciones durante un plazo de 10 años. Así fue como inició la desaparición paulatina de las especies nativas con su fauna asociada, pero también la sequía y la acidificación de los suelos, en donde ya no queda señal de nutrientes y en donde no se puede cultivar nada más.

Sin embargo, es importante señalar que los principales encargados de llevar a cabo el plan del gobierno eran también parte interesada de las empresas beneficiadas. Al vencer el plazo otorgado por la dictadura, los presidentes de la Concertación decidieron extenderlo; entre ellos, Frei, Piñera y Bachelet, esta última quien consideró importante mantenerlo por su “contribución a la lucha contra los gases de invernadero”. Es decir, gobiernos cuyos principios social demócratas fueron ignorados por presiones de los grandes consorcios empresariales.

Lo que queda hoy en ese Sur magnífico poblado de Olivillo, Tepa, Ulmo, Arrayán, Alerce, Coigüe, Raulí, en cuyas ramas habitaban abundantes colonias de aves y mamíferos propios de la región, es un páramo carbonizado; aldeas quemadas hasta los cimientos; personas desaparecidas y otras muertas; la imagen misma de la desolación, evidencia de hasta dónde puede llegar la ceguera de las autoridades y la codicia de sus grupos de poder.

Haciendo gala de su complicidad con el sistema que ampara estos abusos, la prensa chilena se mantiene firme en su postura de silencio y manipulación, con la intención de adjudicar al gobierno actual la culpa sobre la tragedia que viven esas regiones. El poder de las familias más acaudaladas de Chile, aquellas que fundaron sus grandes consorcios sobre las ruinas de una democracia que no les era propicia, ha sido el motor para impedir, entre otros hechos, un cambio en la Constitución de ese país propuesto con el objetivo de retomar los valores de un sistema capaz de trabajar en beneficio de las grandes mayorías.

Chile no solo pierde sus bosques milenarios al enriquecer a un puñado de empresarios incapaces de comprender el alcance de sus actos; también el continente pierde un paraíso de biodiversidad irrecuperable, la incalculable variedad de su fauna y la belleza de su entorno. El sur de Chile, ese paisaje lejano e inspirador, no podrá recuperar su integridad en las próximas centurias, a menos que la depredación se detenga hoy.

Si los gobernantes se someten ante el dinero y la prensa calla, el pueblo debe hablar.

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En el Perú, Dina Boluarte no es más que una marioneta de quienes han usurpado el poder.

Impresionan la crueldad, la estulticia y el cinismo de Dina Boluarte, la mujer que, respaldada por la clase económicamente dominante del Perú, ha abierto la compuerta de la violencia extrema en contra del pueblo peruano. Ya son más de cincuenta los manifestantes asesinados a sangre fría por las fuerzas armadas, cuyos elementos pertenecen a la misma clase marginada y empobrecida que reprimen. Los discursos de Boluarte, cargados de odio y mentiras, representan la debilidad común a las oligarquías latinoamericanas, cuya respuesta a las demandas de justicia y equidad son siempre las balas.

En Perú se repite el esquema del doble rasero impuesto por Estados Unidos a todo nuestro continente: sus discursos por la democracia y la libertad naufragan en cuanto el fiel de la balanza se inclina hacia la elección de gobiernos progresistas, cuyas propuestas se alejen de los intereses del imperio y sus multinacionales. El destino de los países del tercer mundo está condicionado por ese parámetro neoliberal que les impide superarse, porque la superación y la independencia significan una reducción de los privilegios de quienes dominan el planeta. El mejor ejemplo de ello es el circo del Foro Económico Mundial en Davos, en donde se codea lo mas excelso de la aristocracia económica rifándose con mucho estilo el porvenir de los pueblos mientras se reparten, entre ellos, la riqueza ajena.

La guerra declarada en el Perú no escapa a ese esquema. Boluarte, la gran traidora, es solo una pieza del rompecabezas y su patético papel se define por acatar ciegamente los dictados de la cúpula económica de su país. Lo mismo sucede en otras naciones latinoamericanas, en donde el olor a colonialismo satura cualquier iniciativa por imponer un modelo más humano, rescatar el beneficio por la explotación de sus riquezas naturales y respetar la autonomía de sus pueblos originarios. El gran enemigo es, en definitiva, el sistema instalado por obra y gracia de un imperio que también, por su parte, está lleno de fisuras.

Los muertos por la violencia en las calles de las ciudades peruanas constituyen una evidencia de la debilidad del gobierno y del descrédito de sus autoridades. La ciudadanía exige mejores condiciones de vida y eso, tanto en el Perú como en todos nuestros países, es una demanda cuyas consecuencias van desde la represión más extrema hasta la instalación de una dictadura, tal como sucede en estos momentos en el país andino. Los instrumentos para consolidar a esos gobiernos represivos extienden sus tentáculos con una eficacia sorprendente, creando una cúpula de silencio alrededor de las atrocidades cometidas por los dictadores, en este caso por los excesos cometidos por las fuerzas armadas bajo las órdenes de Dina Boluarte. De esa guisa, se instala el silencio cómplice de organismos internacionales supuestamente creados para defender la democracia, la paz y la justicia, elevando los motivos de la infamia como justificación válida para las atrocidades. 

En medio de este escenario de violencia, la prensa calla; apaga sus cámaras, vuelve su atención hacia los temas de una agenda mediática impuesta por los países poderosos y deja sus valores de lado para responder a intereses ajenos a su verdadera misión. Lo que suceda en el país sudamericano se cubre de un filtro neutro para no opacar otras campañas mediáticas de interés geopolítico y económico de los países poderosos. 

Las demandas de los pueblos son una bofetada imperdonable para las clases dominantes.

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Anclada frente a la incertidumbre, las dudas y el escepticismo, busco la fantasía.

Inmersos en un tráfago del cual no podemos evadirnos y del cual, de algún modo, somos rehenes voluntarios, vivimos bajo una sucesión de información cierta o falsa que nos ha transformado paulatinamente en víctimas de nuestra necesidad de saber. Para quienes hemos participado en la batalla de las ideas y, por un prurito de honestidad, nos vemos enfrentados a la duda, la mentira y las trampas del sistema, abandonar el escenario parece ser la respuesta mas acertada. Las bambalinas resultan cada día más atractivas y, de algún modo, aun cuando sea una manera poco elegante de escapar, llega un momento en el cual consideramos seriamente la retirada.

En mi caso, y pese a que no voy a desistir aún, ya son más de tres largas décadas de vaciar mi mente cada semana en un diálogo con mi conciencia. Esa historia de mi paso por las páginas de los medios ha sido, quizás, lo más estable de mi trayectoria y he disfrutado de esta catarsis cada vez que pongo punto final a una página. Sin embargo, no todo ha sido gratuito: el esfuerzo de componer, en un texto breve, todo un capítulo capaz de expresar mi pensamiento, ha sido un ejercicio cuya mezcla de frustración, dolor y esperanza lleva una impronta de enorme responsabilidad, a la vez de una gran cuota de entrega personal. 

Nunca como hoy nos habíamos enfrentado a un mundo tan desconcertante. Con un entorno global que nos demuestra cada día su capacidad para movernos el piso y dejarnos ante un gran montón de dudas sabemos, porque no hay otra opción, que hemos de reaccionar y encontrar una respuesta, pero sin la menor idea de cómo empezar a buscarla.  Ese es nuestro escenario hoy, coincidiendo con un nuevo dígito en el calendario -pura casualidad, porque estos falsos inicios son tan falsos como los buenos propósitos- y nos vemos en la necesidad de aceptarlo porque son los parámetros de una nueva forma de existencia. 

Los acontecimientos que hoy nos impactan han sido, sin embargo, temas de literatura desde hace siglos. Las guerras por el poder económico, el engaño de los líderes, la manipulación de la verdad y el sacrificio de los más débiles en beneficio de los más poderosos nunca había estado más a la vista como en este nuevo realismo mágico, que nos tiene obnubilados e incapaces de encontrar una salida. Nos han ido quitando -gracias a un sistema neocolonial disfrazado de desarrollo- las pocas herramientas con las cuales contábamos para enfrentar los abusos de poder. Entre ellas, la educación y la salud.  

Quizás por esa razón me he volcado en la lectura de libros -un tesoro que cada día aprecio con mayor gratitud- y me alejo paulatinamente de las fuentes de información, de aquellas en las cuales ya no creo y también de las que me merecen dudas. ¿Escepticismo o evasión? Todo es posible, pero a estas alturas de mi aventura ya no importa caer en esas irresponsabilidades, sino encontrar un rincón de paz en los tesoros de la mente humana, que al decir de Borges, son infinitos. 

Mi consejo, si acaso les sirve de algo, es hallar ese espacio íntimo y aislado para escapar de una realidad que ni comprendemos, ni nos permite ejercer el derecho de cambiarla. Quizás en ese absorber los pensamientos de otros lleguemos a aprehender la inmensidad del daño ocasionado a nuestro pequeño mundo por haber sido incapaces de convivir en armonía. Por habernos creído superiores. Por haber abandonado todos los ideales.

Busca ese espacio íntimo para disfrutar de una lectura que te conecte contigo mismo.

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