El rostro de un país abandonado

Un sistema corrupto de gobierno afecta a todo el tejido social, sin excepciones.

Las estadísticas solo muestran números y estos, por lo general, no provocan emociones ni reflejan el verdadero impacto de las decisiones políticas, sociales y económicas sobre una nación. Esto marca la diferencia entre el desempeño político y la misión de quienes tenemos la obligación, como comunicadores, de traducir esos mensajes en clave y ponerlos al alcance de la ciudadanía. Sin embargo, cuando un país se encuentra en manos de grupos capaces de coartar los derechos y libertades de la población impidiéndole tener acceso a una educación de calidad y a la información sobre el desempeño de sus autoridades, se alteran estas correlaciones de manera radical creando las condiciones perfectas para el establecimiento de gobiernos dictatoriales y represivos.

Uno de los momentos clave en el ejercicio democrático es la celebración de los comicios electorales para elegir a las autoridades de gobierno. Guatemala estuvo ayer inmersa en esa dinámica y fue posible constatar cuánto daño ha ocasionado a ese país la sucesión de gobiernos corruptos comprometidos con sectores de poder económico y bajo la bota siempre presente de un ejército involucrado en crímenes de lesa humanidad. Los prolegómenos de las elecciones marcaron la tónica con un desempeño turbio de las autoridades electorales y otras instituciones –como el Ministerio Público y las Cortes- totalmente aliadas con los sectores que han impedido el desarrollo del país haciendo del Estado un botín para satisfacer ambiciones personales y de grupo.

Es probablemente esa la razón por la cual las estadísticas en las cuales se demuestra la degradación de los indicadores de desarrollo social no llegan a la conciencia de sus habitantes. La abstracción de la miseria en la cual se hunde más de la mitad de la población es y ha sido un instrumento político para convencer a una ciudadanía poco informada de cómo la situación es culpa de las víctimas. La desnutrición infantil es, de acuerdo con este tipo de mensaje, un resultado “natural” de la poca educación de las madres y los asesinatos de mujeres y jóvenes, una consecuencia de sus malos pasos y no del abandono criminal de gobiernos cuyo único interés ha sido debilitar el tejido social para aprovecharse del patrimonio nacional.

El drama de la emigración de miles de habitantes –especialmente desde las comunidades más abandonadas- es considerado por los políticos un hecho divorciado de su desempeño. Es decir, no solo no asumen su responsabilidad en el empobrecimiento de la población y en el dramático incremento de la violencia, sino además adjudican a las víctimas de sus delitos todo el peso de una situación ya insostenible de injusticia y violaciones de los derechos humanos contra quienes han resultado los chivos expiatorios de los desmanes del gobierno. Mientras tanto, en los sectores urbanos de clase media se profundiza la influencia de organizaciones religiosas fuertemente aliadas con los gobernantes quienes se resisten a perder sus privilegios, cuyos mensajes fundamentalistas adormecen el sentido común y se prenden fuertemente de la ignorancia de sus adeptos.

Las posibilidades de transformación de las condiciones de privación y subdesarrollo acelerado en las cuales se encuentra Guatemala chocan de frente con un poderoso muro construido desde la época colonial para evitar toda oportunidad de cambio. De darse el salto hacia una auténtica revolución democrática con la abolición de esos espacios de poder que han explotado la riqueza para su propio beneficio, sería un milagro: uno de esos momentos históricos capaces de marcar un antes y un después, una ventana hacia el futuro. De no darse (esto fue escrito antes de los resultados) Guatemala habrá dado otro paso hacia su destrucción.

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En la recta final

A pocos días de las elecciones, los guatemaltecos permanecen en la incertidumbre.

 Las baquetas siguen guardadas; y en lugar del entusiasmo propio de un evento de gran participación ciudadana, se respira un ambiente de dudas y temores. Es que en Guatemala los preámbulos de las elecciones para nombrar presidente, diputados y alcaldes han estado sembrados de trampas, manipulación y sorpresas desagradables, dejando un mal sabor en la ciudadanía. Entre las campañas anónimas llamando al voto nulo, la participación de candidatos con señalamientos tan graves como narcotráfico, alianzas con organizaciones criminales o financiamiento electoral ilícito y la pasividad del Tribunal Supremo Electoral ante algunas de estas irregularidades, los votantes enfrentan el enorme desafío de hacer valer su voluntad política emitiendo un voto bien pensado.

Sin embargo, en medio de la confusión provocada por las dudosas actuaciones de las autoridades electorales y la inoportuna e inexplicable ausencia del fiscal del Ministerio Público encargado de investigar –precisamente- los delitos electorales, algunos movimientos políticos de nuevo cuño han comenzado a marcar su espacio de manera contundente, como respuesta a la urgente necesidad de cambios de fondo y del establecimiento de una nueva manera de hacer política: un ejercicio del poder más incluyente, más transparente y sobre todo con propuestas bien articuladas y acorde con las necesidades básicas de una población que ha sido marginada durante siglos.

En medio de los cierres de campaña y el entusiasmo de jóvenes activistas cuyas esperanzas por una mejor Guatemala los ha convencido de participar, se han cernido sobre el país algunos nubarrones amenazantes de regreso al pasado, propiciados por el equipo de militares que dirige la política gubernamental, cuyo temor ante una posible victoria de los nuevos partidos les ha hecho quitarse la careta y amenazar, sin tapujos, con actos de violencia y bloqueos en el día de los comicios.

La manipulación de este evento desde las cúpulas del poder –el ya bien conocido pacto de corruptos integrado por el equipo de gobierno, empresarios y militares- no ha dejado nada a la imaginación. Se han lucido entorpeciendo candidaturas “inconvenientes” y amparando otras marcadas por delitos graves. Han apretado las tuercas alrededor de las Cortes con el fin de garantizarse las mayores ventajas posibles, coartando las posibilidades de participación de quienes podrían constituir una amenaza el día que pierdan inmunidad y con el mayor descaro han montado una red de centros de mensajes cuya tarea ha sido invadir las redes sociales con toda clase de basura, mentiras, noticias falsas y ataques a los candidatos y partidos opositores al régimen. Por supuesto, todo eso financiado por los fondos públicos cuyo control y ejecución se mantienen herméticamente cerrados al escrutinio público.

El domingo 16 de junio será la prueba de fuego, cuando la ciudadanía acuda a los centros de votación a emitir su voto. Esa jornada podría significar para Guatemala el inicio de una nueva era de cambios profundos; un abrir caminos a la participación de quienes han vivido en la marginación y el desencanto, observando cómo sus oportunidades se pierden en las cuentas bancarias y las propiedades de lujo de quienes han empeñado el futuro de Guatemala. Esa jornada será digna de pasar a la historia como el rescate de la democracia, siempre y cuando el voto popular posea la impronta de una conciencia renovada sobre el poder ciudadano y sin el tufo del temor por el cambio; esto último, algo que ha marcado a una tras otra, todas las malas elecciones del pasado reciente.

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Carrera con obstáculos

Se necesita una ciudadanía consciente y alerta para seguir la ruta correcta y vencer.

 La cartelera de candidaturas para la presidencia, las diputaciones y alcaldías en el proceso electoral desarrollado en Guatemala es una muestra fehaciente de la falta de participación de la ciudadanía en la depuración de sus instituciones, incluyendo entre ellas a una de las más importantes a la hora de elegir representantes, como son los partidos políticos. Creados y organizados en su mayoría por personajes poderosos pero de dudosas intenciones, los partidos poseen el monopolio del poder político gracias a una ley mediante la cual se obstaculiza la participación de líderes populares independientes y se imponen listados elaborados a conveniencia de sus dirigentes.

El ambiente electoral, sin embargo, comienza a calentarse por la inédita efervescencia alrededor de una candidata quien, además de ser mujer, pertenece a la históricamente marginada población indígena de Guatemala. No es de extrañar, por lo tanto, el estupor de cierta sociedad capitalina, urbana, ladina y profundamente racista, cuyos parámetros para medir “lo correcto y aceptable” no permiten admitir los derechos de una importante parte de la población a dirigir los destinos del país al cual pertenece. Es decir, los marginados no solo deberían continuar en ese estado, sino además aceptar en silencio y sin protesta las normas impuestas por un puñado de poderosos empresarios y políticos cuya incidencia en asuntos de Estado ha sido catastrófica para todos, excepto para ellos.

Es lógico suponer el temor que despierta en cierto sector de la sociedad la perspectiva de un cambio tan rotundo en el escenario político. La historia del país ha estado jalonada de abusos y regida bajo un sistema cuyos resultados están a la vista: saqueo de fondos públicos; robo de territorio ancestral de las comunidades indígenas; exclusión de casi la mitad de la población; explotación laboral a niveles de esclavitud; legislación excluyente para la población no ladina; desnutrición aguda y crónica en la niñez indígena y rural; muerte materna y una persecución constante contra la organización comunitaria, al extremo del asesinato de sus dirigentes y la cárcel por defensa del territorio y los recursos naturales.

Desde hace mucho tiempo los analistas más lúcidos vienen predicando la necesidad imperiosa de realizar cambios profundos en el modo de gobernar Guatemala. Hoy, con un crecimiento inesperado de la intención de voto por una candidata indígena cuya personalidad y programa de gobierno ha conquistado un espacio importante en el escenario electoral, queda demostrado el hecho de que el abuso de poder tiene un límite, por más obstáculos se opongan a la reacción popular. En esta ocasión, el rechazo a las obscenas maniobras de los corruptos para impedir la expresión libre de la voluntad del pueblo comienza a marcar las jornadas previas al evento.

La incógnita es cómo se van a desarrollar los pactos y acuerdos entre quienes representan la corriente “anti-corrupción” y cuántos candidatos tendrán los arrestos de renunciar a sus pretensiones presidenciales para acuerpar a uno solo y dar el golpe de timón a la situación de extrema fragilidad en la cual se encuentra la democracia en Guatemala. Por ahora, algunos se han pronunciado en tal sentido pero falta muy poco para abrir las urnas y votar. Por ello, no será suficiente con concertar un pacto; para alcanzar el éxito será imprescindible llegar al corazón de la ciudadanía con un mensaje de unidad capaz de despertarla del letargo en que se encuentra: Una tarea titánica sin el concurso de los medios masivos de comunicación, cuya mayoría (sobre todo la televisión abierta) se encuentran dedicados a mentir y apañar los abusos del Pacto de Corruptos.

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Los analistas diagnosticaron desde hace mucho la necesidad de un cambio radical.

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Los deberes de un alcalde

Dedicar fondos a adornar la ciudad sin atender problemas esenciales, es un fraude.

 Una ciudad es un espacio dinámico y complejo en donde concurren innumerables factores para ofrecer a sus habitantes los servicios y sistemas adecuados que les permitan vivir en un ambiente saludable y de ese modo dedicar tiempo, esfuerzo y creatividad a desarrollar otras actividades para contribuir al bienestar colectivo. Quien dirige la orquesta –es decir, el conjunto de entidades encargadas de distintas áreas de atención- no solo debe poseer la capacidad y el liderazgo para inyectar en su equipo la energía y el compromiso necesarios para sus distintas labores, sino también poseer la visión de futuro que le permita proyectar de manera inteligente las rutas de crecimiento urbano en todos los órdenes: servicios básicos, transporte, tratamiento de desechos, infraestructura y tecnología adecuados para crecer al ritmo de una población en constante movimiento y acelerada expansión.

Un alcalde es el servidor público por excelencia. Al ser responsable de temas de tanta importancia como el abastecimiento de agua o la extracción y tratamiento de millones de toneladas de basura producida por cualquier ciudad de regular tamaño, entre otras muchas obligaciones, su desempeño es contantemente evaluado por los vecinos y, del mismo modo, sujeto a una estrecha fiscalización; ya que nada es más importante en una ciudad, un vecindario o un hogar, como la provisión adecuada de los servicios que permitan a los pobladores dedicar su energía a producir en otras áreas y les ofrezcan calidad de vida a cambio de su obligatorio aporte económico. 

El desarrollo equilibrado de un complejo urbano es uno de los puntos esenciales en un plan bien estructurado de gobierno municipal. Por ello, para otorgar cierta legitimidad a la inversión en proyectos cosméticos o dirigidos a embellecer algunas privilegiadas zonas residenciales o comerciales en donde se concentra la mayor riqueza económica, estos se deben efectuar después de haber realizado los más esenciales en toda la extensión del complejo urbano. Porque es absurdo pretender engañar al público con trabajos superficiales si la gente carece de lo más elemental como agua potable, alcantarillado, calles pavimentadas, sistemas modernos de tratamiento de desechos o un sistema de transporte colectivo seguro y confiable.

El gobierno municipal, por lo tanto, tiene la absoluta obligación de transparentar sus finanzas y poner toda información relacionada al alcance de los vecinos, dado que parte importante de sus fondos proceden, precisamente, de sus aportes. Esta forma de proceder debe ser no solo un gesto de buena voluntad por parte de las autoridades del municipio, sino una exigencia seria y consistente por parte de la ciudadanía y de los medios de comunicación cuyo deber es, también, informar al público sobre el desempeño de quienes manejan ese delicado y complejo sistema de administración.

Un alcalde y su equipo, al ser electos por los habitantes del municipio y financiados por ellos en una buena proporción, tienen la absoluta obligación de rendirle cuentas de manera periódica y con total transparencia. Su actitud ha de ser de servicio y no de imposición, toda vez que son servidores públicos y su misión trasciende el marco temporal de su administración para afectar de manera decisiva el futuro del conjunto urbano bajo su cargo. La calidad de una administración municipal se refleja con la mayor precisión en la calidad de vida de sus habitantes: en la fluidez del tráfico, en servicios públicos eficientes y en el desempeño de sus equipos de apoyo especializado; no en las flores de los arriates.

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La maldición de Sísifo

“…Pensaron que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza”. (Albert Camus)

 Sísifo fue sentenciado por los dioses a cargar una enorme piedra hasta la cima de la montaña, desde donde esta volvería a caer por su propio peso para que Sísifo nuevamente la cargara y así, repitiera su castigo hasta el infinito… Un mito cuya lección habla de lo absurdo del esfuerzo sin perspectivas; como una maldición convertida en el leit motiv de la vida moderna, en donde millones de seres humanos repiten la historia (sin conocerla) en un círculo vicioso de esfuerzo y fracaso gracias a un sistema impuesto por otros dioses, los del Hades corporativo cuyas decisiones son inapelables.

Esto trae a mi mente el estrecho callejón de las decisiones políticas en un país castigado sin tregua y transformado en el ejemplo más ilustrativo de cómo se repite la maldición una, y otra, y otra vez. Guatemala está a punto de celebrar –si acaso es posible llamar celebración al doloroso proceso de elegir autoridades sin muchas opciones de cambio- las elecciones para presidente, diputados y alcaldes. En un proceso marcado por las trampas sembradas en todos los pasos de la ruta institucional, una vez más la población se enfrenta a la devastadora perspectiva de elegir a quienes no solo han legislado para beneficiarse del poder, sino además se han apoderado de la voluntad de jueces y magistrados en su afán de perpetuar su reino de la corrupción.

Guatemala es ejemplo para el mundo de lo que no debe ser. Las sólidas alianzas entre empresarios, militares, políticos y cárteles de narcotráfico y de trata de personas han tejido redes inexpugnables alrededor de las altas cortes y, de ese modo, con la abierta complicidad de algunos medios de comunicación –la televisión abierta a la cabeza- manipulan y engañan a su gusto a una ciudadanía indefensa y empobrecida hasta el extremo de la más profunda miseria.

En el escenario de opciones, sin embargo, han surgido movimientos de oposición liderados por ciudadanos capaces, honestos y conscientes del momento histórico que atraviesa el país. Muchos de ellos han experimentado en carne propia la profunda impotencia de encontrarse –como Sísifo- acarreando la piedra hasta la cima de la montaña para verla, nuevamente, caer. Pero también han comprendido que con ese esfuerzo y quizá con el concurso de otros como ellos, sea posible conjurar la maldición de ver a Guatemala sumida nuevamente en el círculo vicioso de la corrupción y del sistema colonialista impuesto por un empresariado miope y codicioso, capaz de cualquier abuso con tal de conservar sus privilegios.

La unión, por lo tanto, es imperativa en el momento actual. Un frente unido de esa gran masa ciudadana cansada de la corrupción y de los excesos del poder, es el único camino para anular el castigo histórico que ha llevado a un país rico y próspero hasta lo más profundo del subdesarrollo político, social y económico. Un movimiento colectivo de rechazo al sistema actual y a las organizaciones criminales que lo lideran debería dar el golpe de timón definitivo, llevando al poder a ciudadanos capaces de retomar el rumbo de una institucionalidad sólida y un respeto irrestricto al estado de Derecho. Sin embargo, eso dependerá de la voluntad decidida de abolir los personalismos, las ambiciones propias y las divisiones ideológicas. Además, de echar abajo los prejuicios racistas y comprender que solo la unión de las fuerzas vivas y positivas de la nación pueden levantar la roca y colocarla, firme y sólida en la cima de la montaña, para iniciar una nueva era.

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La cabra tira al monte

Es absurdo esperar cambios de fondo en candidatos cuyas trayectorias están a la vista.

 Para el evento electoral cuya celebración se avecina en Guatemala, han surgido candidaturas que ni siquiera deberían ser tomadas en cuenta por la ciudadanía; y no solo por representar lo peor de una sociedad golpeada por las organizaciones criminales, la corrupción política y la falta de valores del empresariado, sino por un simple prurito de dignidad. La población guatemalteca ha sido castigada una y otra vez por quienes controlan los poderes del Estado, sin tener siquiera el ímpetu indispensable para levantarse, reorganizar sus fuerzas y actuar como corresponde ante los abusos de un sistema diseñado para aprovecharse de sus debilidades.

El circo electoral está que arde y de hecho debería hacerlo, por si después surge de sus cenizas la depuración que necesita con urgencia. En el escenario actual y sin el menor disimulo desfilan los ejemplares más nefastos del entorno político y los electores comienzan el consabido proceso de evaluar los alcances de su participación, sin entusiasmo alguno y más bien con el escepticismo que ha acompañado a todas las elecciones de autoridades desde el retorno a la democracia con la elección de Vinicio Cerezo, cuyo triunfo despertó grandes expectativas y resultó provocando grandes decepciones.

Sin embargo, ante dados cargados gracias a una ley electoral que los maneja a su antojo, la percepción general es de una profunda desconfianza y esta alcanza, de refilón, a las pocas candidaturas honestas que podrían generar un atisbo de esperanza. Pero aun cuando la ciudadanía conoce los antecedentes de algunas candidatas y candidatos poco aptos para ejercer la primera magistratura de la nación, administrar una alcaldía o integrar una asamblea legislativa, lo cierto es que incluso los peores capturan la atención pública gracias a mañas mercadológicas siempre eficaces con un pueblo poco dado al análisis y al cuestionamiento de sus ofertas y, dadas sus graves carencias, también proclive a aceptar la generosidad con la cual los financistas de campaña fijan sus apuestas.

Que la cabra tira al monte no es un simple refrán popular, es una verdad contundente. El comportamiento de algunas candidatas y candidatos empecinados en retorcer las leyes y amordazar a la prensa y a sus opositores, debería despertar todas las alarmas. Si desde una candidatura lanzan amenazas y violan los preceptos constitucionales, es posible imaginar cuánto podrían hacer desde una posición de poder como, por ejemplo, la presidencia de la república. Adicionalmente, sus candidaturas huelen a delito desde el momento que existen investigaciones y evidencias de acciones anómalas en torno al financiamiento de sus campañas, aun cuando sus huestes opongan toda clase de recursos para evitar la acción de la justicia.

El escaparate de las ofertas electorales está plagado de ejemplares nefastos quienes, con un descaro total, lanzan amenazas de regreso a las dictaduras; de falsos cristianos cuyas intenciones deshonestas saltan a la vista; de auténticos dinosaurios del pasado con largas colas de mentiras y corrupción y todo ello como un salto cuántico hacia un pasado que ya se suponía superado. Para los electores, este proceso se ha transformado en un juego de eliminatorias en donde la ficha ganadora podría significar la muerte de la incipiente democracia por la cual se ha trabajado con tanta ilusión y con grandes pérdidas humanas. Por ello, el refrán en referencia debe servir como una guía valiosa para no volver a caer en un agujero negro como el que hoy identifica al país ante el mundo.

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Un plan macabro

La crueldad de las organizaciones criminales golpea a la infancia con especial saña.

 Aliado con las iglesias y grupos de extrema derecha, el Congreso de Guatemala pretende criminalizar toda manifestación de libertad de las mujeres respecto de su sexualidad y estatus familiar por medio de la iniciativa 5272, la cual cuenta ya con dictamen favorable de la comisión de legislación y puntos constitucionales presidida por uno de los diputados más retrógrados que ha pasado por el hemiciclo.

Esta iniciativa lleva como pomposo e inocente título “Ley para la protección de la vida y la familia”. Sin embargo, su intención es consolidar el control absoluto sobre la salud, la vida íntima y las preferencias sexuales de la población con especial énfasis en niñas, mujeres y otros grupos de la sociedad cuyas decisiones en la materia se salen del marco convencional. Con absoluto desprecio por la naturaleza independiente de un Estado laico con respecto de las doctrinas religiosas, ciertos legisladores –con plena complicidad del Ejecutivo- pretenden imponer restricciones a las libertades consagradas por la Constitución y de ese modo crear un ámbito vulnerable a medidas represivas de carácter fundamentalista.

Entre algunas de sus propuestas, la iniciativa plantea la “necesidad de incrementar la pena y reestructurar figuras penales relacionadas al aborto” (sic); también entre sus modificaciones arguye que la diversidad sexual debe ser considerada “incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”, clasificando de este modo a la homosexualidad como una patología indeseable a la cual se debe combatir desde el ámbito de las leyes.

Es importante señalar que Guatemala es uno de los países más atrasados en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, a pesar de ser uno de los países más golpeados por la violencia sexual contra niñas y mujeres. Los escasos indicadores confiables –por ser este un tema tabú del cual se desconocen estadísticas reales- muestran niveles espeluznantes de violaciones de niñas con resultados de embarazos no deseados y de alto riesgo. La indiferencia del Estado de Guatemala ante esta situación se refleja sin disimulos en el abandono de políticas públicas de salud sexual y reproductiva, pero también en la crueldad con la cual se impide a niñas de entre 10 y 14 años o a mujeres víctimas de violencia sexual interrumpir de manera segura un embarazo que a muchas les costará la vida.

Asimismo se manifiesta en la nula atención prestada por las instituciones de gobierno a las denuncias diarias de desaparición de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de las redes de trata de personas, las cuales operan en el territorio con absoluta impunidad. Pero la perversa visión de los políticos no para allí. En plena campaña electoral, un candidato lanza la propuesta de persuadir a las víctimas de embarazos no deseados, de completarlo con vistas a entregar a sus bebés en adopción desde el vientre. Esta ha sido en el pasado otra de las crueles formas de explotación humana y uno de los negocios más fructíferos para los tratantes de bebés guatemaltecos, por lo cual es una iniciativa que debería ser investigada por las autoridades correspondientes.

En nuestros países, ser mujer es una desventaja desde el nacimiento. Por lo tanto aquellos que pretenden crear más cerrojos para limitar sus derechos humanos y su libertad de decisión cometen el delito de abuso de autoridad al operar desde instituciones del Estado cuya misión es atender a los problemas más graves de la sociedad –como el de la violencia sexual contra niñas y mujeres y el tráfico de humanos- en lugar de hacer gala de su falsa moral para conseguir votantes. 

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