El truco de la negación

América Latina vive los efectos de una Guerra Fría que jamás terminó del todo.

Golpes de Estado, manifestaciones ciudadanas reprimidas con las feroces técnicas de contrainsurgencia (aprendidas algunas en la Escuela de las Américas y otras en centros de entrenamiento sembrados a lo ancho y largo de nuestro continente) así como estallidos de violencia cada vez más intensos, conforman el paisaje político actual en Latinoamérica. No parece ser casual el derrocamiento de un presidente de corte social en Bolivia –ya sucedió en Brasil con Dilma- ni la tozudez del mandatario chileno aferrado al poder a pesar del masivo repudio ciudadano. Todos los síntomas llevan a pensar que los aletazos en la Casa Blanca han levantado una especie de tsunami en su patio trasero, ya que a Estados Unidos no le hace ninguna gracia un retorno de los gobiernos nacionalistas y lo está demostrando con la misma falta de sutileza que lo ha caracterizado a lo largo de su historia.

Pero no todo es culpa del imperio. El Departamento de Estado ha contado con la complicidad abierta y sin disimulos en todas las naciones al Sur de su frontera. Unas más y otras menos, dependiendo de la fortaleza de sus instituciones, todas han experimentado un fenómeno similar de intervencionismo. Por supuesto, es preciso reconocer la habilidad con la cual han amarrado los intereses corporativos de sus grandes consorcios con las élites económicas locales, gracias al patrocinio generoso brindado a los círculos políticos corruptos. Contra ese entramado de influencias y leyes casuísticas –muchas de ellas diseñadas para blindar espacios de impunidad y concesión de privilegios- no hay sociedad capaz de hacer valer sus derechos sin pagar por ello un alto precio en vidas humanas y en retroceso de sus conquistas sociales.

Aun cuando parezca ser un asunto de las capas más pobres, el fenómeno toca de manera transversal a toda la sociedad incluso a aquellos sectores más o menos acomodados que, al tener algo que perder con un cambio de sistema, se aferran al actual refugiándose en una burbuja de negación que les ha servido de parapeto utilizando para ello los viejos argumentos de la Guerra Fría: criminalización de los manifestantes, así como la adjudicación de la rebelión al ubicuo fantasma del comunismo internacional y a gobiernos extranjeros, la mayoría de ellos más ocupados en sobrevivir a la agresión gringa que en meterse en los problemas de otros. Sin embargo quienes han perdido mucho conforman una inmensa mayoría y eso se hace sentir en las calles. La brutal represión de los cuerpos de seguridad del continente no logra cerrar el boquete abierto por la indignación popular y hoy es más evidente que nunca la participación de los sectores de mujeres, niñez y juventud, los más afectados por la desigualdad y la privación de derechos.

América Latina ha vivido en un péndulo constante entre dictaduras –abiertas o solapadas- con primaveras democráticas aplastadas, tarde o temprano, por presiones externas cuyo origen es eminentemente elitista –dinero y control geopolítico; es así como las grandes corporaciones y los centros de liderazgo mundial no dudan en poner todo su poder en juego a través de los gobiernos imperialistas, entre los cuales también se incluyen europeos y asiáticos, y caer sobre las riquezas de aquellos debilitados por siglos de explotación. En semejante escenario, los resultados de las protestas ciudadanas, aun siendo masivas y legítimas, continúa como una de las pruebas extremas de resistencia humana y social. Quienes persisten en negar la dimensión del conflicto suelen jugar, como siempre, contra sus propios intereses y el porvenir de sus descendientes.

La protesta social toca de manera transversal a toda la sociedad.

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El búnker de Piñera

Encerrado en su ceguera y su odio hacia el pueblo, Piñera lo pierde todo.

Acuerpado por dos instituciones armadas y entrenadas para reprimir a la población –Ejército y Carabineros- el aún presidente de Chile pretende ignorar las justas demandas de la ciudadanía y blindar un sistema neoliberal colapsado, del cual se benefició personalmente durante décadas amasando una fortuna incalculable gracias a los mecanismos instaurados por el régimen de la dictadura. Tan tramposo y superficial como irresponsable, Piñera tiene hoy al país al borde de la peor catástrofe política de su historia, reprimiendo de manera sangrienta a millones de chilenos quienes han puesto su autoridad al borde de la picota.

Las demandas de la ciudadanía no pueden ser más claras: convocar a una asamblea constituyente para redactar una Constitución acorde con las expectativas ciudadanas de justicia social, igualdad, protección de la riqueza nacional y el establecimiento de mecanismos capaces de consolidar una democracia actualmente tambaleante. Es decir, todo aquello con el potencial de garantizar el bienestar general sin los reductos de privilegio imperantes en todo el aparato gubernamental gracias a las trampas legales instaladas por la dictadura en el texto actual. Pero el presidente más cuestionado desde que Chile es Chile –con un 9 por ciento de aprobación- se ampara detrás de su biombo de papel y juega a dictador sin tener siquiera las agallas de dar la cara a quienes exigen respuestas.

El mundo observa con estupor cómo las más impresionantes manifestaciones ciudadanas –arriba de millón y medio de personas en las calles durante la semana pasada- son agredidas de manera irracional por Carabineros, quienes compiten por coronarse como la fuerza policial más sanguinaria del continente. Asesinatos a mansalva, violaciones y abusos sexuales de niñas y adolescentes, miles de heridos por balas y perdigones y algo aún más siniestro, como cientos de manifestantes ciegos por pérdida de ojos, es la cauda de una ola de violencia inaudita contra la población desarmada.

Por supuesto, no faltan quienes responden a la propaganda oficial y defienden la postura de Piñera apoyando su discurso contra el vandalismo, intentando ignorar el enorme cúmulo de evidencias en vídeos y fotografías en donde se demuestra la intervención de fuerzas del orden en muchos de estos actos. Chile es ahora un caldero a punto de estallar y mientras en las calles la juventud acompañada de una impresionante representación ciudadana exige su renuncia, Piñera se toma fotos en los patios del palacio y lanza su más reciente excusa para evadir su responsabilidad: una supuesta intervención de países extranjeros en las protestas.

Si su actitud no hubiera sido ya una afrenta para chilenas y chilenos agobiados por la injusticia del sistema, esta última declaración bastaría para quitarle ese último 9 por ciento de aprobación. Adjudicar a otros gobiernos –evidente la alusión a Cuba y Venezuela- la responsabilidad por la mayor movilización ciudadana que ha vivido Chile en su historia, no solo es un reconocimiento al poder de esos Estados; también revela la pobreza moral de un hombre incapaz de reconocer sus errores, incapaz de aceptar la derrota y, por encima de todo, carente del más elemental sentido humanitario. Apertrechado en su búnker de privilegios mal habidos y rodeado de empresarios beneficiados por el sistema neoliberal que se cae a pedazos, este ya deslegitimado mandatario sigue empeñado en defender un estatus caduco mientras el pueblo, desde las calles, le demuestra que no necesita de ayuda exterior para expresarle su rechazo y exigirle un último acto honorable: reconocer su derrota y renunciar.

La ciudadanía chilena exige a su presidente un último acto de honor.

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El crimen imperfecto

La estrategia de terror impulsada por Piñera solo añade más carbón a la hoguera.

Cuando un pueblo pierde el  miedo es cuando los gobernantes –demócratas o no- deben empezar a reflexionar sobre las causas e iniciar un proceso de cambio. Todo lo contrario hacen los dictadores: refuerzan sus dispositivos de represión, siembran el terror entre los manifestantes, asesinan, torturan y violan como modo de dejar bien establecido su poder y, finalmente, terminan por transformarse en aquello que eran desde un principio detrás de la máscara de la democracia y la institucionalidad. Esto ha sucedido con el régimen neoliberal de Chile, un sistema impuesto desde el corazón del imperio y el cual ha dejado en la miseria a millones de seres humanos alrededor del mundo.

La juventud chilena, con una trasgresión transformada en símbolo –la evasión del pago del Metro de Santiago- rompió los diques de una sociedad que se ha visto arrinconada tras decenios de abuso y marginación, empobrecimiento de sus capas medias, pauperismo en sus segmentos más pobres y el enriquecimiento ilícito –aunque legalizado- de un mínimo porcentaje de privilegiados que observan desde sus trincheras económicas cómo se hunde el país. Esa juventud, que no vivió la dictadura en carne propia, comprendió bien que la subordinación a un sistema depredador e injusto no es la vía para acceder a un futuro de bienestar y desarrollo.

Lo sucedido desde entonces, ya es historia y ha provocado una avalancha de reacciones a nivel mundial: millones de personas se congregan en inmensas manifestaciones exigiendo, por fin, el cambio necesario. Entre otras demandas, además de la renuncia del presidente y sus ministros, exige una nueva constitución para derogar los lineamientos impuestos por la dictadura, y cambios sustanciales en la administración pública, entre otros: los servicios de salud; el sistema de pensiones; el acceso al agua; al mar; la nacionalización de recursos nacionales que hoy alimentan fortunas privadas; la educación pública y, por encima de todo, la erradicación de toda clase de violencia ejercida desde el Estado contra la población.

Los muertos y heridos como consecuencia de la represión militar y de carabineros habla claro sobre el miedo del gobernante y sus huestes económicas. Temen perder los privilegios mal habidos y demuestran tal pánico a la fuerza popular que han traspasado todos los límites, convirtiendo al país en un campo de batalla en donde predominan el abuso y la violencia estatal. La presión hacia los medios de comunicación afines al régimen es solo una de sus tácticas más perversas, también han intentado satanizar las protestas iniciando una serie de ataques planificados por sus cuerpos uniformados, con el propósito de instalar una imagen de terrorismo; han acusado a otros países de haberse infiltrado provocando el conflicto, han criminalizado a la juventud y han implementado toda clase de mecanismos fascistas, como las violaciones sexuales, la tortura y los ataques armados directos contra manifestantes desarmados y pacíficos.

El Estado chileno bajo el mando del presidente Piñera está cometiendo un crimen, pero un crimen imperfecto. La máscara les ha quedado pequeña y hoy, gracias a quienes han documentado los detalles de los ataques de carabineros y militares y también a las declaraciones de algunos funcionarios que han comenzado a revelar detalles sobre las ilegalidades cometidas por las autoridades, ya la pobre reputación del gobierno de Chile se revela de cuerpo entero. Chile ha dejado de ser ejemplo para el mundo; hoy se conoce en detalle y a todo color de qué males padece el sistema dorado de su neoliberalismo.

Los muertos y heridos marcarán el colapso definitivo de un sistema injusto.

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Alguien tiene miedo

La maldad, cuando parece no tener límite, esconde un temor profundo a la justicia.

Tenía la intención de escribir sobre la situación en Chile. Lo sucedido durante los días pasados no solo merece la mayor atención del mundo, sino también un análisis ponderado y sensato sobre los posibles escenarios luego de la masiva protesta del pueblo chileno contra los abusos de un sistema que lo ha marginado durante 30 años. Pero hay otro tema fundamental que no debemos dejar pasar y es, aunque parezca mentira, otra guerra. Esta vez, contra las niñas sobrevivientes de la masacre ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción en Guatemala.

Muchos ya conocen la historia; estos “hogares seguros” -administrados por una dependencia de la Presidencia- tienen la misión de proteger y dar cobijo a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la historia es diferente: en el HSVA se comprobó que la situación de las y los internos presentaba un cuadro de abusos, maltrato, violaciones sexuales y precariedad en alimentación, salud, vestuario y condiciones de alojamiento, todo ampliamente investigado y divulgado por la periodista Mariela Castañón desde mucho antes de producirse la tragedia. Esto detonó la protesta de las niñas, la cual desembocó en el encierro ordenado por las altas autoridades y posteriormente el incendio del aula en donde habían pasado toda la noche hacinadas y en una situación de total violación a sus derechos.

En esa aula murieron calcinadas 41 niñas y 15 quedaron con graves quemaduras. Durante los días posteriores surgieron denuncias sobre la dura realidad en la cual se encontraban y, entre ellas, la de la existencia de una red de trata administrada por algunos miembros del personal del hogar. Es importante señalar que Guatemala es un paraíso para las organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas. A diario “desaparecen” niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres adultos con fines de esclavitud sexual y laboral. Para nadie es un secreto que solo se mantiene la impunidad de estas redes gracias a conexiones firmes en altas esferas, en donde los cómplices allanan obstáculos y se benefician del negocio.

Aun cuando este parece ser el escenario extremo de la perversidad, todavía faltaba el detalle para hacer del cuadro una asombrosa muestra de la bajeza humana. Una persona que ha prestado servicios profesionales a la Secretaría contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, Svet, ha presentado una demanda ante la justicia contra las sobrevivientes por los supuestos delitos de “muchedumbre, asesinato, lesiones leves, graves y gravísimas; inducción al abandono, amenazas, hurto agravado, robo agravado, incendio, incendio agravado, atentado, desobediencia, desorden público e instigación a delinquir”.

Dado el carácter surrealista de esta demanda contra las verdaderas víctimas de la violencia institucional perpetrada por el Estado de Guatemala contra niñas indefensas, es lógico suponer que se trata de una maniobra para amordazarlas, desacreditarlas y desarticular así cualquier intento de las verdaderas víctimas en la búsqueda de justicia y reparación. Por ello surge la duda de quién o quiénes serán los verdaderos impulsores de tal iniciativa. Cuánto miedo tienen a que se conozca la verdad de lo sucedido entre esos muros. Cuántos personajes poderosos podrían caer al conocerse en detalle las atrocidades cometidas contra niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad acogidos en esos hogares creados para ser seguros, bajo la protección de un Estado que ha demostrado con creces su debilidad moral.

La debilidad moral del Estado se manifiesta en la violencia contra su gente.

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Chile, en blanco y negro

Después de muchos años de rechazo al sistema, la olla de presión finalmente ha reventado.

El modelo chileno, tan admirado desde la distancia segura del ámbito mediático, finalmente ha topado la paciencia de la ciudadanía estallando en una ola de protestas expresada en manifestaciones pacíficas y cacerolazos, pero también en una serie de actos de vandalismo de extrema violencia. Difícil, a pocas horas de los acontecimientos, elaborar una hipótesis más o menos certera sobre la situación en la cual se encuentra el país sudamericano, después de una jornada que culminó con toque de queda y bajo control militar en dos de las ciudades más importantes por ser sedes de dos poderes del Estado, como son Santiago y Valparaíso.

El hecho de haberse iniciado las protestas como reacción ante el incremento del pasaje del Metro de Santiago –decisión que finalmente debió ser suspendida por el presidente Piñera- no significa en absoluto el fin del conflicto; esa medida desproporcionada contra una población que ha perdido capacidad económica de manera consistente durante décadas de gobiernos neoliberales, no fue más que la gota que derramó un vaso lleno de reclamos mucho más graves que esos 30 pesos de diferencia en la tarifa. Ni los gobiernos de la Concertación ni los de extrema derecha ejercidos por Sebastián Piñera han sido capaces de comprender en toda su dimensión la necesidad urgente de equilibrar sus políticas públicas, dando un espacio justo a las demandas ciudadanas.

No deja de ser significativo que los actos de mayor violencia se enfocaran precisamente en aquellas empresas sobre las cuales existen fuertes resquemores por ser símbolo de un sistema que margina a las mayorías: bancos, oficinas de las AFP, farmacias, supermercados, garitas de peaje y estaciones del Metro;  allí se enfocó la mayoría de hechos vandálicos, en muchos casos con destrucción total de su infraestructura, en distintas localidades del país. Por lo tanto, al parecer no se trató simplemente de una protesta por la tarifa de transporte de la capital, sino por los abusos sistemáticos de un sistema diseñado por y para el grupo económico más privilegiado, el cual deja al margen de los beneficios de la riqueza a las grandes mayorías, arrinconando con recursos legales a quienes exigen cambios de fondo.

El domingo, Chile amaneció con una fuerte resaca, pero las manifestaciones no terminaron del todo a pesar de la represión policial y la presencia del ejército en sus ciudades más importantes. A la ciudadanía no parece amedrentarla el fantasma de la dictadura ni las amenazas explícitas de las autoridades castrenses que han tomado el control. Son muchos años de reclamos y manifestaciones por el derecho a la salud y a la educación, por la eliminación de los privilegios corporativos, por la depredación sistemática de sus recursos naturales entregados a grupos empresariales, por la agresión sostenida contra el pueblo mapuche, por la privatización del agua y por la precariedad del empleo.

Las jornadas de protestas han puesto en evidencia la dura realidad de un país próspero en apariencia, pero debilitado profundamente por un sistema injusto y totalmente deshumanizado. Es el Chile en blanco y negro en donde se contrapone la imagen feliz de exportación con una realidad cada vez más precaria para la clase trabajadora, la cual vive en una deuda perpetua para poder sobrevivir, y para un amplio sector de la juventud cuyas perspectivas académicas y laborales resultan cada día más estrechas. El gobierno de Piñera, sin embargo, ha reaccionado con represión y, lejos de comprender la necesidad de diálogo y consenso, actúa contra la razón aplicando la fuerza: una falla estratégica tan profunda y extensa como la que cruza la geografía de ese hermoso país.

La ciudadanía chilena exige respuestas políticas, no represión militar.

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Pena ajena, penas propias

Los curiosos ejemplares de gobernantes impuestos por el imperio en territorio ajeno son un fenómeno de estudio.

No es preciso ser experto en política internacional para ver con meridiana claridad la manipulación obscena del grupo de países desarrollados –con Estados Unidos a la cabeza- sobre la vida institucional de las regiones bajo su estricta férula económica. Desde cuando se quitaron la careta y comenzaron las invasiones, las “guerras de diseño” -creadas con objetivos específicamente corporativos- las dictaduras y los rompimientos de aquellas incómodas democracias no afines con sus planes, el mundo ha caído en una espiral de violencia y empobrecimiento imposible de justificar con razones técnicas.

En esta incesante persecución y eliminación selectiva de líderes independentistas de países en desarrollo, ha sido notable el apoyo político, financiero y de operativos de inteligencia prestado a individuos dispuestos a traicionar a sus pueblos. Los discursos populistas previos a cada proceso electoral, han repetido una y otra vez las falacias generadas durante la Guerra Fría con el propósito de amedrentar y confundir a una opinión pública impedida de ejercer su derecho al acceso irrestricto a fuentes fidedignas de información. En esa misma tónica, el trabajo de incidencia en los organismos legislativos con el propósito de impedir cambios capaces de afectar su espacio de influencia, así como el control absoluto de los medios de comunicación, han sido parte de una de las estrategias mejor articuladas, cuya finalidad es conservar a las naciones dependientes en una dependencia aún más profunda.

No resulta, entonces, difícil comprender que la elección de gobernantes para nuestros países, apoyada desde la sede del imperio con dinero y otros trucos menos confesables, recaiga en personajes oscuros y decididos a todo con tal de conservar los favores de quienes los han colocado en esa posición de privilegio. En este juego de ajedrez juegan un papel fundamental las cúpulas empresariales de nuestros países, cómplices perfectos en los planes para blindar al actual sistema económico impuesto desde las agencias financieras y otras organizaciones mundiales, y con ello conservar intacta su carta blanca para depredar los recursos y el patrimonio de las naciones sometidas a su voluntad.

Estos gobernantes-aliados se reconocen por el intempestivo cambio de discurso en cuanto logran su elección. De paladines de la democracia, se transforman de pronto en pequeños dictadorzuelos comprometidos con las clases dominantes y enemigos declarados de las clases trabajadoras. La prédica religiosa va desde el tono humanista de la campaña hacia la sumisión fanática y la obediencia ciega a doctrinas impuestas desde el extranjero con fines de control social. Sus prioridades derivan hacia la protección de privilegios para los más ricos, con la exigencia de sacrificios para los más pobres. Dados sus compromisos, terminan por demoler estructuras institucionales y caer en un desprestigio cuyo peso también arrastra al país al cual representan.

Ante las acciones de estos gobernantes, la ciudadanía suele sentir una vergüenza inevitable por la torpeza, la falta de nivel y la estulticia de aquellos a quienes ha elegido en un proceso político iniciado con esperanza de cambio. Sin embargo, esas penas ajenas son también penas propias al comprobar una vez más el engaño de un sistema capaz de arrasar con el poder ciudadano y, por ende, con el imperio de la democracia. En esos casos, solo resta ir hacia atrás y buscar la falla en los mecanismos de organización política y los marcos legales para procesos electorales, donde precisamente se han pergeñado las trampas.

No habrá desarrollo ni democracia si no se conquista la independencia.

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El dolor de escribir

Escribir no es más un desafío intelectual. Es un reto moral que me deja exhausta.

Cada semana busco en el abrumador escenario del caos mundial ese tema crucial, esa parte de la realidad sobre la cual debería explorar conceptos, ideas, información relevante con el propósito de llegar a formar un texto suficientemente lúcido y veraz como para compartirlo. Es un parto difícil porque son muchos los monstruos que nos rodean a diario y nos colocan ante la disyuntiva de hincarles el diente o dejarlos pasar. Pero entonces surgen las dudas y las urgencias: ¿la invasión del imperio contra pueblos indefensos; el abuso del sistema económico o el creciente fenómeno de la búsqueda de justicia y libertad? Luego, pienso en cuán relevante es el papel que nos toca en este concierto desafinado de lo mediático, en donde se cruzan los intereses diversos de nuestras sociedades ante una ciudadanía carente de los recursos para separar la paja del grano porque le han enseñado a creer en lo que leen; a dudar de lo que ven y a aceptar el discurso de los poderosos porque de ahí, de esos círculos de un bien aceitado poder, depende su trabajo y, por ende, su supervivencia.

Por lo tanto, ese prurito que a veces nos hace creer en la pertinencia e importancia de nuestro pensamiento se diluye cual nube de verano al sacudir el ego y comprender, en toda su dimensión, el hecho irrebatible de que somos un elemento descartable en el juego de las grandes ligas. Un juego en donde predomina el discurso predeterminado, diseñado con el propósito de controlar la información, definir los temas prioritarios y acallar las voces independientes: ese molesto rumor de la conciencia ciudadana capaz de alterar el orden de un mundo a la medida. De ese modo, las grandes batallas como las emprendidas por la igualdad de género o el derecho al aborto, el respeto por la diversidad sexual o los derechos de los pueblos originarios, el cese de la esclavitud y de la destrucción del hábitat, pueden convertirse en un molesto -pero más o menos tolerado- ruido ambiental.

Escribir una columna de opinión es un ejercicio doloroso si la intención tras ese esfuerzo cotidiano reside en abrir una ventana a la reflexión. Al abordar un tema de actualidad y desmenuzarlo en un texto limitado por cantidad de caracteres es necesario tener muy claro el lugar que nos corresponde en este concierto: no conocemos más detalles que los permitidos; no lo sabemos todo; nuestras fuentes muchas veces tienen el agua turbia y la única herramienta confiable al alcance es nuestra fortaleza moral para elaborar un mensaje coherente, honesto y bien estructurado. Su difusión –amplia o limitada- es, finalmente, un asunto secundario.

¿Por qué esa urgencia de compartir nuestras preocupaciones ante un universo de lectores totalmente desconocido? ¿Qué nos impulsa a lanzar nuestro llamado de protesta por las aberraciones cometidas por los más poderosos contra grupos específicos y pueblos enteros alrededor del mundo pero también aquí, a nuestro lado, en nuestro entorno inmediato? ¿Es que acaso existe la posibilidad de incidir en el proceso de un cambio tan hipotético como remoto? Las inquietudes personales –porque al final de cuentas una escribe sobre sus propias batallas- van engrosando una lista interminable de actos impunes contra los cuales estrellamos las débiles lanzas de otro discurso, otra reflexión y, consecuentemente, otra frustración al comprobar cómo nuestro entorno sigue girando en la dirección equivocada. Esta digresión es solo eso: una pequeña revolución de las neuronas que todavía conservo, un vistazo breve a las dudas existenciales de esta columnista fiel.

Inútil tarea esa de intentar incidir en la ruta del pensamiento colectivo.

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