Yesmin y los migrantes

El factor común del drama humano centroamericano es la corrupción y la miseria. 

La muerte de Yesmin, una niña guatemalteca de 2 años afectada desde su gestación por la desnutrición presente en más de la mitad de la población de ese país, es solo un caso más entre millones de niñas y niños cuyo destino se rifa a diario en negocios turbios y crímenes de Estado perpetrados por políticos, empresarios y organizaciones criminales, cuyo poder se consolida gracias a un sistema de administración de justicia corrupto y complaciente.

Yesmin pudo ser una de las niñas de la caravana de migrantes que huye de Honduras por las mismas razones que a ella la condenaron a muerte: una pobreza endémica, falta de oportunidades de trabajo, impunidad, abuso de poder y el abandono del Estado en toda la red de servicios públicos. Yesmin fue una víctima, entre millones, cuyo paso por la vida estaba marcado por las carencias comunes al subdesarrollo: ausencia de infraestructura sanitaria, saqueo del patrimonio nacional y toda clase de delitos relacionados con el manejo de la cosa pública. Es decir, el estilo de gobierno de países como Guatemala y Honduras, cuyas banderas figuran en las gráficas de los indicadores de desarrollo humano como las peor situadas.

Guatemala y Honduras son países hermanos. Pero esa hermandad de los pueblos se manifiesta, en los gobiernos, por medio de la complicidad criminal para acabar con la democracia, fortalecer el poder de las organizaciones criminales que alimentan las caletas de militares, políticos y empresarios, permitir el despojo abierto y sin disimulo de la riqueza natural -operado por los grandes consorcios nacionales e internacionales- e ignorar de manera sistemática los reclamos de la población, aplicando en su contra todo el aparato represivo, paradójicamente financiado por quienes reciben los golpes. 

Las escenas de la caravana de migrantes hondureños que atraviesa Guatemala en su ruta hacia Estados Unidos, dejan claro cómo los gobiernos de estos dos países se confabulan para hacerle el favor al imperio. Sometidos a las órdenes del Departamento de Estado y su exigencia de detener a los migrantes, arremeten con todo su arsenal –policíaco y militar- en contra de familias enteras que solo buscan una oportunidad de vida más allá de sus fronteras. Las escenas son estremecedoras y ponen de manifiesto que las leyes internacionales, para estos gobiernos, valen tanto como las locales violadas a diario. 

En la página de la OEA se puede leer lo siguiente: “Todos los migrantes, en virtud de su dignidad humana, están protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, sin discriminación, en condiciones de igualdad con los ciudadanos, independientemente de su situación administrativa o de su condición. Sin embargo, a pesar del marco jurídico existente, los migrantes en todo el mundo siguen sufriendo abusos, explotación y violencia.” Entonces, es pertinente preguntarle a los directivos de esa organización, cuya reputación sigue manchada por acciones a favor de los golpes de Estado, cómo es posible su indiferencia ante la violencia ejercida por las fuerzas armadas guatemaltecas en contra de una caravana pacífica a la cual, en lugar de darle palos, hay que darle apoyo.

Asimismo, el trato prodigado por los medios de comunicación a este sensible tema debe estar en concordancia con ese postulado, y abstenerse de alimentar juicios basados en la discriminación y la xenofobia tan propios de una opinión pública insensible a la tragedia de los más pobres, como suele suceder. Los “migrantes” somos todos, más temprano o más tarde. El derecho de emigrar es un derecho humano consagrado por las leyes internacionales y es de humanos respetarlo.

Los migrantes somos todos, más temprano o más tarde.

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En carne propia

El patético espectáculo del Capitolio deja una lección: no hay democracia inmune.

Lo experimentado por los miembros del Senado en Estados Unidos ha sido una muestra breve e ilustrativa de lo provocado por esa poderosa nación en otras alrededor del mundo. Convencidos de poseer una democracia a prueba de balas –literalmente- y de constituir un ejemplo de institucionalidad incorruptible ante el resto de la comunidad internacional, a los gobernantes de ese país –sin excepción- no les ha temblado el puño para desestabilizar democracias en otras latitudes bajo el pretexto de eliminar los riesgos de una posible independización de otros Estados, en términos económicos y políticos.

Dura lección para quienes han invadido otros territorios con una bandera que hoy lleva la mancha del extremismo doméstico. Lo que en estos días aprendieron los parlamentarios es el valor de la estabilidad, del diálogo y de la correcta aplicación de las leyes, tanto para su país como para el resto del planeta. Solo falta que lo apliquen. Las expresiones de incredulidad ante la violenta batida de las huestes de Trump dentro del “sagrado” recinto del Capitolio, han de tener más de una lectura. Para empezar, las instancias políticas de ese país han sido confrontadas con la fragilidad de un sistema considerado indestructible y, luego, con el hecho de constatar la fuerza de un sector de la sociedad que no cree en la democracia.

Los partidarios del presidente Trump, un maníaco hinchado de poder, no son solo esos cientos de manifestantes que invadieron el Capitolio para amenazar a los senadores y destruir todo a su paso. No. También están los millones de votantes que favorecieron a uno de los presidentes más cuestionados, no solo por su tendencia fascista sino por su personalidad megalomaníaca y abiertamente racista. Es decir, casi la mitad de los votantes apoya las políticas de un individuo cuya inestabilidad psicológica ha llevado a una división profunda a nivel nacional.

El lamentable espectáculo transmitido en directo desde Washington debería servir como piedra angular de un cambio sustancial en la política exterior estadounidense. Aquello considerado una muestra inaudita de atentado contra la integridad institucional, equivale a las innumerables tácticas de rompimiento del orden constitucional perpetradas por el Departamento de Estado y sus agencias de inteligencia en países del tercer y cuarto mundos, las cuales han jalonado la historia de sus relaciones internacionales destruyendo gravemente las oportunidades de desarrollo de esas naciones. 

Lo sucedido en Washington con el vandalismo de los grupos afines a Trump choca de frente contra esa especie de ingenuidad colectiva que considera los valores democráticos como verdades estampadas en piedra. La verdad es que no hay democracia capaz de resistir el embate de la violencia extremista y menos cuando esta es propiciada desde el centro del poder. La democracia es un proceso, un camino que se abre y se consolida con acciones positivas, no un ideario abstracto. La democracia se funda en el respeto por el derecho de los demás y en la estricta aplicación de las leyes, sin excepciones.  

Quizás a partir de ahora se produzca en la clase gobernante estadounidense un necesario y profundo cambio de perspectiva sobre sus políticas y acciones en otros países. Las naciones en desarrollo necesitan espacio para respirar y crecer, política y económicamente; de eso depende la consolidación de democracias débiles y vulnerables, las cuales hasta ahora viven en la dependencia y la sumisión, sumidas en la pobreza, la corrupción y el caos institucional.

Lo sucedido en Washington deja una valiosa lección de humildad.

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El síndrome de la resignación

Una cadena de decepciones desemboca, sin remedio, en la aceptación del fracaso.

El año viene cargado de incógnitas. Aun cuando el cambio de dígito no refleja más que una necesidad de orden en el tiempo y una referencia para medir algo tan etéreo como nuestro viaje por la vida, solemos usarlo como parámetro de reinicio. Cada doce meses nos enfocamos en un listado hipotético de prioridades, realización de lo postergado y un verdadero torrente de buenos deseos. Sin embargo, lo más importante: aquello que marca nuestro paso por el planeta en forma de aportes sustanciales a la calidad de vida –propia y de los demás- queda siempre relegado, porque somos incapaces de enfrentar la necesidad del cambio fundamental: el nuestro. 

¿En dónde hemos contribuido –en estos países abandonados por la justicia y la equidad- a crear sociedades más solidarias y humanas? Aceptamos como inevitable todos los vicios y delitos de un sistema cuya principal característica es la explotación de unos para beneficio de otros. Toleramos -sin que siquiera se nos arrugue el ceño- la limpieza social a base del sacrificio de millones de seres humanos sumidos en la miseria y el abandono. Toleramos el asesinato selectivo de líderes indígenas, activistas sociales y ambientales, comunidades que luchan por su derecho a la vida; la constante agresión contra niños, niñas y mujeres sometidas al maltrato y la violencia, víctimas de trata, de abuso sexual y femicidio.

Nos hemos resignado a elevar, como si fueran auténticos líderes, a individuos corruptos cuyo único mérito es haberse vendido a empresarios corruptos para transformar a nuestras instituciones en centros para el enriquecimiento ilícito y la destrucción de los valores que alguna vez existieron. Mientras tanto, la riqueza inacabable de nuestras naciones, en lugar de convertirse en escuelas, universidades, sistemas de salud pública de primer mundo, garantías de seguridad ciudadana, infraestructura para el desarrollo, ha ido a parar a cuentas bancarias y caletas escondidas, a lujos ofensivos en medio de tanta pobreza.

Toleramos, como si fuera lo más natural del mundo (o lo más inevitable) el circo de las campañas políticas financiadas por la droga y los dineros robados por la casta empresarial a los fondos públicos. Sobornos a políticos, jueces y magistrados son moneda corriente y ¡claro!… observamos con falsa indignación los entresijos del quehacer parlamentario, en donde nuestros derechos tienen precio, pero no valor. Somos estrictos e intolerantes con quienes se atreven a desafiar el marco de principos pre definidos por las organizaciones religiosas, pero incapaces de cuestionarlos y confrontarlos con los derechos humanos fundamentales, violados de forma consuetudinaria por esas mismas doctrinas. 

La resignación no es válida cuando somos capaces de ver, sin estremecernos, el desfile de niños, niñas y mujeres retratados en las alertas de personas desaparecidas. Cuando podemos seguir habitando nuestra burbuja de comodidad aunque muchas de ellas sean halladas asesinadas, con señales de violación y tortura. Cuando muchas terminan como material comercial en prostíbulos y víctimas de trabajos forzados. ¿Qué esperamos del año, después de todo? ¿O será que acaso el año espera de nosotros una pizca más de conciencia? ¿Un poquito de saludable rebeldía y la decisión –finalmente- de contribuir a un cambio radical del estatus? No deseo para nadie un feliz año nuevo, sino uno de esfuerzo. Deseo, en cambio, el inicio de una revolución personal capaz de desembocar en la construcción de una sociedad más humana, equitativa y capaz de reinventarse sobre la base de la justicia.

Vemos con indiferencia la miseria de otros, como algo natural.

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Las olvidadas

Intentamos ignorar una realidad que, a cada vuelta del reloj, estalla en la cara…

Vale preguntarse cuál es el afán de mantener la lucha, si no parece dar frutos concretos. Lo que para unos es un esfuerzo psicológico e intelectual poner en argumentos razonados la pertinencia de combatir la violencia contra la mujer y la niñez, para otros es arremeter contra un muro de estereotipos, prejuicios y costumbres arraigadas desde los estamentos más antiguos: religión y política. La frustración es constante. Cada día, millones de niñas y mujeres alrededor del mundo experimentan la realidad de ser ciudadanas de segunda, sin acceso a la libertad ni a la justicia.

Es pertinente preguntarse, por lo tanto, de qué han servido tratados y convenciones destinados a proteger los derechos de este sector, si todavía los países firmantes de esos textos de buenas intenciones –verdaderos poemas cargados de fantasía- son exportadores de esclavas para explotación en redes de trata, y sus sistemas de seguridad y justicia son incapaces de actuar en defensa de niñas y mujeres agredidas, asesinadas o desaparecidas. Las espeluznantes cifras, especialmente en países en desarrollo como los nuestros, hablan por sí solas y revelan la inexplicable nube de indiferencia sobre los crímenes de femicidio.

Las olvidadas por la justicia pertenecen a todas las capas de la sociedad. En temas de violencia doméstica, femicidio o agresiones sexuales, no hay diferencia entre ricas y pobres, habitantes de las ciudades o del campo, ciudadanas de países desarrollados o de los rincones más olvidados del planeta. El fenómeno, acallado por los medios durante siglos -aun cuando despunta desde hace algunos años- es aún un tema tabú motivo de controversia y descalificación por los sectores más conservadores. Hoy, revisando archivos encontré una columna escrita en 2011, en la cual consigné un texto literal del recurso legal contra la Ley de Femicidio y Otras Formas de Violencia en Guatemala presentado por el abogado y notario Romeo Silverio González Barrios. La cito por ser una pieza de antología merecedora del oprobio público. El profesional del derecho afirmaba en ella: ““D) La ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, es discriminatoria aunque se haya promulgado con la intención de proteger a la mujer o de elevarla a la condición del hombre(sic)”. Asimismo, en los preámbulos, haciendo gala de su desprecio por el laicismo del Estado y, por ende, de la libertad de culto consagrada en la Constitución de la República, describe a la familia como creación de Dios y la violencia como consecuencia de los actos relatados en el Génesis, en los cuales coloca a la mujer como ser subordinado a la voluntad y autoridad del marido (…”y él se enseñoreará de ti”). 

Ese vínculo tan estrecho entre fe y sometimiento de las mujeres -para convertirlas en objeto de uso y abuso- ha permeado incluso a sectores poco afines a los dictados de las doctrinas religiosas. Es decir, se consolidó como una forma de convivencia aceptada por conveniencia del sistema patriarcal, cuyo interés social, político y económico se basa en el dominio y control de una porción mayoritaria de la población. La liberación de este importante sector, por lo tanto, sigue siendo una amenaza al sistema y, consecuentemente, todos sus esfuerzos por alcanzar la igualdad en esos tres ámbitos constituyen una afrenta para el estatus. Es importante estar consciente de que los tiempos que corren –con la pandemia y otras crisis mundiales- contribuyen de manera importante a frenar el avance en derechos y oportunidades para niñas y mujeres, retroceso que lleva implícito un alto costo para el desarrollo de las sociedades y una inaceptable forma de violencia para todas.

El desarrollo depende de justicia para todos, privilegios para ninguno.

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Por la fuerza de la costumbre

No estamos programados para responder con inteligencia a los nuevos desafíos.

El ser humano es un animal de costumbres. Eso afirma la cultura popular y la dinámica de nuestro entorno lo ratifica. Nunca el planeta había experimentado una amenaza sanitaria de tanto poder como para transtornar de modo rotundo la vida cotidiana de la Humanidad en pleno. El Covid19 nos da una lección que aún no estamos preparados para aceptar y mucho menos para comprender. Hoy, nuestros hábitos tan profundamente arraigados nos impulsan, una y otra vez, a desafiar la lógica y romper el cerco impuesto por esta amenaza invisible y poderosa. 

Las guerras y el hambre nos tienen habituados a abstraer la muerte y convertirla en cifras y estadísticas carentes de sentido. Preferimos observar la desgracia de otros desde nuestro pequeño rincón y asumir que la responsabilidad es ajena –no sabemos de quién ni cuánto- con el objetivo de no enturbiar nuestro pedazo de mundo y sufrir lo que no nos corresponde. Pero la ola nos está tocando de cerca y no solo por la fuerza de un cambio climático real y catastrófico, sino por habernos transformado en piezas independientes de un mecanismo social incapaz de funcionar como un todo.

En unos pocos días, una parte del mundo celebrará otra Navidad y otro fin de año, rodeado de la amenaza sanitaria más extrema a la cual nos hayamos enfrentado jamás. Sin embargo, henos aquí planificando cómo hacerle el quite a las restricciones e ignorando los consejos y advertencias de los expertos. Las reuniones de las próximas dos semanas –queramos aceptarlo o no- tendrán consecuencias importantes en letalidad y colapso de la infraestructura hospitalaria durante los próximos meses y esta amenaza, aun cuando nos parezca una exageración, en realidad se ha manifestado como un círculo vicioso de aperturas y restricciones desde el inicio de la pandemia.

Los países desarrollados ya cierran sus puertas una vez más ante el incremento sostenido de contagios y decesos. En los países en desarrollo, la vulnerabilidad institucional, política y económica ha puesto en grave riesgo a las grandes masas de ciudadanos privados de asistencia social, de alimentación, de vivienda y acceso a los servicios básicos. Ahí estamos nosotros, observando desde nuestro pequeño reducto doméstico cómo se desmorona lo poco que resta de seguridad y especulamos, sin mayor información, sobre el efecto milagroso de una vacuna que tardará meses en llegar a cubrir a toda la población y de la cual nada nos consta.

El impulso de reunirse con la familia en estos días quizá lleva el ingrediente –consciente o no- de celebrar lo que podría ser una última ocasión. En el fondo, sabemos que la amenaza es real, pero la fuerza de la costumbre es mucho más poderosa y nos llevará a desafiar al destino asumiendo tanto un riesgo personal como ajeno, ya que nuestros padres, abuelos, hijos y nietos serán expuestos por un exceso de sentimentalismo en una celebración que, por creer la última, con nuestra irresponsabilidad la convertiremos precisamente en eso.

Es imperativo entender el riesgo implícito en la ruptura del cerco. El único mecanismo comprobado hasta ahora para detener a un virus que se extiende como mancha de aceite, es evitar el contacto con otras personas, mantener un estricto protocolo de limpieza y desinfección, usar una mascarilla eficaz de la manera correcta y aceptar el hecho tan inquietante de que hemos perdido muchos de nuestros derechos y libertades por un fenómeno imposible de comprender en toda su magnitud. El mundo al cual estábamos acostumbrados ha cambiado y con ello también enfrentamos un escenario totalmente desconocido. Quedémonos en casa.

Romper el cerco nos puede inducir a arriesgar la vida de otros.

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La vacuna de la discordia

Asumido el hecho de estar todos bajo la amenaza del contagio, surgen otras decisiones.

Entre promesas y dudas, datos comprobados y especulaciones, opiniones científicas y ofertas políticas, la #vacuna hace su aparición y abre de pronto la puerta hacia un hipotético regreso a lo que considerábamos “la normalidad”: esto es, un cierto estado de libertad en un ambiente desprovisto de la amenaza viral a la cual estamos expuestos. Los debates sobre la efectividad, los riesgos y la postura ética de laboratorios conocidos por su orientación mercadológica, han rebasado la capacidad de absorción de tanta información contradictoria, y el público permanece a la espera de obtener respuestas claras y garantías mínimas.

El mundo científico está dividido frente a este recurso de emergencia y su incertidumbre comienza a infiltrarse hacia una población lega, ansiosa de creer en el remedio mágico de una vacuna cuyos efectos de mediano y largo plazo aún no han sido probados. Pero las dificultades no paran ahí. Uno de los mayores obstáculos presentados a los países comprometidos a iniciar las vacunaciones entre sus habitantes es la complicada logística en el almacenamiento, distribución y aplicación de la vacuna en forma masiva. 

La desarrollada por el laboratorio #Pfizer, por ejemplo, requiere de una cadena de frío inexistente en la mayoría de países del mundo. Es decir, para mantener el producto en perfectas condiciones, necesita una infraestructura que le garantice su conservación a -70 grados Celsius, un nivel de frío semejante a la temperatura del ártico. Sin embargo, aseguran los expertos que esta exigencia tampoco es insuperable, ya que en la República Democrática del Congo se pudo inmunizar contra el #ébola a más de 300 mil personas con una vacuna que exigía requerimientos de temperaturas semejantes a las de Pfizer contra el Covid19. 

Antes de cantar victoria con un recurso de emergencia como las vacunas desarrolladas en tan corto tiempo, es preciso comprender que los obstáculos presentados por las comunidades alejadas de los centros urbanos –los cuales tampoco poseen los recursos necesarios, sobre todo en países en desarrollo- en donde predominan la pobreza, la falta de agua y de infraestructura sanitaria, colocan a sus habitantes en una situación de riesgo extremo. Y es importante señalar que este segmento de población vulnerable es la inmensa mayoría de la población mundial. Por tal motivo, además del tiempo requerido para crear un sistema suficientemente eficaz para inmunizar a un porcentaje mayoritario, las esperanzas de un freno efectivo a la pandemia se reducen a ciertos núcleos urbanos favorecidos por su acceso a los beneficios de un mayor nivel de desarrollo.

Aun cuando la discusión sobre la efectividad y la seguridad de las vacunas desarrolladas por los más importantes laboratorios está planteada -tanto en círculos científicos como políticos- la realidad es que la población está ansiosa por aceptar como buena una solución que le permita retomar sus actividades normales y le prometa brindarle un efectivo parapeto contra el virus. La gente está cansada de vivir una realidad incómoda, limitante y precaria. Está, además, razonablemente temerosa por la pérdida de sus derechos civiles ante decisiones arbitrarias de ciertos gobiernos que se aprovechan de la crisis para adoptar medidas dictatoriales. 

Es importante tomar en cuenta, de paso, que los países más ricos se adjudicaron ya la provisión prioritaria de vacunas, por lo cual los más pobres deberán esperar varios meses antes de obtener la cantidad suficiente para asegurar la inmunización de un porcentaje mayoritario de su población. 

Una puerta hacia la normalidad, esa es la promesa de la vacuna.

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El enemigo invisible

La pandemia tiene efectos solapados, cuyas consecuencias se verán con el tiempo.

Estamos viviendo una de las etapas más extrañas de la historia reciente. Han cambiado los conceptos de libertad, así como las reglas del juego en el ámbito personal y en los entornos social, laboral y de entretenimiento, experimentándose un cambio radical al cual no estamos habituados. Aquello considerado normal hace menos de un año, hoy es visto como una conducta irresponsable contra las normas de convivencia impuestas por un virus invisible y potencialmente mortífero. Este nuevo marco de responsabilidad colectiva ha favorecido, por lo tanto, cambios en la vida cotidiana y en el ambiente político, en donde la imposición de limitaciones a la voz de la ciudadanía desde los centros de poder se ha consolidado gracias a medidas de emergencia dictadas por los gobiernos.

Las restricciones sociales establecidas para hacer frente a la pandemia, aun cuando han sido necesarias para organizar las acciones sanitarias respectivas, han creado un ambiente de incertidumbre ante el cual los derechos y libertades individuales perdieron supremacía. Sumado a ello, los esfuerzos para contener la propagación del virus no solo han resultado infructuosos en la mayoría de naciones, también han dejado en evidencia el estado deficiente de los sistemas de salud pública y el enorme impacto de la situación en la economía de los países. La realidad ha quitado el velo sobre las políticas públicas de los gobiernos –sobre todo en naciones en desarrollo- cuya negligencia en la creación de planes de protección para sus habitantes ha tenido ya un enorme costo, no solo de vidas, sino también en la pérdida de medios de subsistencia y, por lo tanto, de oportunidades de salir indemnes y en un plazo razonable de la actual crisis.

Del mismo modo como el enemigo resulta invisible, también es casi imposible percibir las consecuencias de mediano y largo plazos, producto de una transformación tan abrupta del escenario cotidiano. Las prioridades cambian a diario como resultado de un ambiente incierto, en donde las grandes mayorías caminan a ciegas sin certeza de cual será el siguiente paso y cómo enfrentarlo. Mientras la vida familiar intenta retomar cierto viso de normalidad, los efectos de las restricciones se han hecho sentir en un aumento sustancial de casos de violencia doméstica, con la cauda de agresiones sexuales contra niñas, niños y adolescentes, femicidios y violencia económica. Los nuevos sistemas de trabajo y estudio en línea también constituyen un giro de ciento ochenta grados en ese entorno íntimo, no acostumbrado a la presencia constante de los integrantes del grupo familiar. 

La naturaleza humana no parece ser capaz de soportar largos períodos de inmovilidad y restricciones. El impulso natural lo lleva a buscar el retorno a sus costumbres cotidianas y a desestimar todo aquello que le resulte difícil de comprender. Eso, y la necesidad de continuar con sus actividades laborales, de estudio o de entretenimiento han relajado sustancialmente las medidas de precaución cuyas secuelas prolongarán la pandemia –con las fiestas de fin de año en perspectiva- por un período de tiempo muy difícil de calcular. Los avances en la producción de una vacuna para hacer frente a la poderosa ola de contagios del Covid19, aun cuando ha abierto una puerta de salida a la crisis, todavía resulta insuficiente para garantizar la protección de millones de personas en situación de pobreza extrema, marginadas por sistemas de gobierno -como los nuestros- en cuyas agendas los derechos humanos figuran solo como consigna del bando enemigo. 

La resistencia al cambio de escenario es una condición humana.

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El peligro de no saber

Es enorme el valor de una prensa libre, independiente, ética y con capacidad investigativa.

Una de las principales estrategias de las dictaduras –explícitas, solapadas o en plena evolución- es atacar a la prensa independiente para cercenar de un certero golpe la capacidad de reflexión, análisis y convocatoria de la ciudadanía ante los abusos de sus gobernantes. La prensa correctamente orientada hacia el ejercicio irrestricto de la libertad de expresión y el derecho del pueblo a ser informado, es el instrumento indispensable en la consolidación de las democracias. Esto lo saben bien quienes aspiran a ejercer el poder sin fuerzas opuestas, en un ambiente controlado al cual no tenga acceso la mirada pública.

Los ataques a reporteros en las manifestaciones de protesta solo siguen un instructivo propio de regímenes absolutistas; al igual como la infiltración de elementos criminales en el corazón de acciones pacíficas con el objetivo de generar miedo, dudas y deserciones, el ataque físico contra los elementos de la prensa se dirige puntualmente a evitar la divulgación de la noticia veraz y la denuncia de abusos policiales contra la población indefensa. Los ejemplos de Guatemala, Francia, Hong Kong, Chile y otros países en plena ebullición política muestran de modo explícito cuán importante es para los proyectos anti democráticos silenciar a los periodistas independientes, mientras engrasan la mano de los mercaderes de la prensa con millones de dólares en publicidad y sobornos.

El precio de no saber es demasiado elevado como para ignorar ese peligro. La población jamás debe permanecer ajena al flujo de la información sobre los planes, acciones y riesgos implícitos en el actuar de sus instituciones. Por eso la represión y los ataques contra la prensa desde gobiernos aliados con organizaciones criminales, como sucede en Guatemala; o dirigidos hacia el expolio total de las riquezas nacionales, como en Chile; o hacia la destrucción de valores humanistas, fundamentos de una de las democracias más sólidas, como en Francia. 

El ejercicio periodístico está bajo enormes presiones y una de las más riesgosas es el debilitamiento de sus fuentes de financiación. El marco tradicional de periódicos y noticiarios de televisión con grandes plantillas de reporteros, editores, fotógrafos y diagramadores comenzó a disgregarse paulatinamente con el acceso fácil a la información desde las redes sociales y los medios digitales y hoy son miles los periodistas desempleados. Sin embargo, esta realidad que golpea fuertemente a los profesionales de la prensa también es un hachazo al derecho de la ciudadanía a ser informada.

El peligro de no saber es real y, de hecho, ha tenido gran influencia en la profunda ignorancia de algunas sociedades sobre la verdad de su pasado, así como los peligros de su presente y de su futuro. Esta es la realidad de muchos países en manos de grupos de poder corruptos, pero premunidos de un sistema de propaganda casi infalible, mediante el cual -y gracias al recurso de contratos millonarios con medios aliados- engañan a un pueblo desinformado y logran su objetivo de consolidar posiciones en cada proceso electoral, elevando al poder a los individuos más nefastos.

El derecho a la información pública es inalienable en cualquier sistema democrático. Sin embargo, quienes lo ejercen todos los días para dar a la ciudadanía un reporte veraz y exhaustivo sobre las decisiones que afectan su vida, su economía y el futuro de su familia, han de luchar contra fuerzas opuestas arriesgando su vida en el proceso. Respaldarlos y contribuir a mantener esa independencia es hoy una importante tarea de las sociedades, por su propia supervivencia.

Apoyar a la prensa independiente es una forma de ejercer ciudadanía.

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El miedo y sus consecuencias

Cuando se alcanza el límite de tolerancia, cualquier cosa puede suceder. 

Guatemala es un país en plena destrucción: sus instituciones, cooptadas por las mafias; su infraestructura, abandonada con fines de privatización; su patrimonio natural, entregado a la agroindustria, la minería y las hidroeléctricas sin respeto por las consultas a las poblaciones afectadas; sus niñas, niños y adolescentes condenados a una vida de hambre y privaciones; sus fronteras, administradas por el narcotráfico; y sus instancias jurídicas, políticas y empresariales, hundidas en la corrupción más abyecta. Pocos países han caído tan profundo en tan breve tiempo.

Cuando por fin la tolerancia ciudadana terminó por colapsar impulsando a los guatemaltecos a salir a las calles para manifestar su repudio por las aberraciones cometidas por sus representantes en el Congreso -orquestadas estas por el presidente y su círculo inmediato- todo el aparato represivo se puso en marcha para aplastar este primer intento de ejercicio ciudadano. Premunidos de toda clase de recursos para dejar bien clara su intención de llegar hasta las últimas consecuencias, la policía y los agentes antimotines no tuvieron el menor reparo en agredir a manifestantes pacíficos con una violencia excesiva y totalmente injustificada.

Tal como ha sucedido en otros países, el gobierno guatemalteco utilizó las estratagemas ya conocidas de infiltrar a sus miembros de fuerzas de seguridad para cometer actos de vandalismo y adjudicárselos a los manifestantes. Aun cuando es innegable la posibilidad de que algunos grupos se excedieran en su manera de actuar, resulta más que obvio que hechos mayores –como la quema del edificio del Congreso- ya habían sido planificados desde los despachos oficiales. Todo esto acompañado del coro obediente de algunos adeptos, quienes comenzaron de inmediato a condenar en redes sociales la vandalización del patrimonio como si la destrucción de un edificio tuviera mayor relevancia que la de su institucionalidad y la vida de sus habitantes.

El presidente de Guatemala ya había enfrentado un proceso por ejecución extrajudicial. Se salvó por voluntad de un sistema judicial corrupto, así como se han salvado de condenas otros actores políticos y empresariales capaces de financiar generosamente su impunidad. Sin embargo, su débil naturaleza y su deuda con sus financistas en la cúpula empresarial, lo inducen a actuar como un pequeño dictador, sin reparo alguno en violar el marco constitucional con el único objetivo de disfrutar de un poder que no le corresponde, ya que el pueblo le ha manifestado su rechazo de manera explícita.

Este presidente sufre de un miedo patológico. No hay otra explicación a su conducta irracional. Es tal su incapacidad que ha evitado toda forma de diálogo y consenso, continuando de manera descarada una ruta de decisiones erráticas y el aprovechamiento de su poder para enriquecerse personalmente y permitir a su círculo más cercano utilizar al Estado como una caja de caudales a su disposición. Ante esta realidad, era lógico que la ciudadanía actuara para exigir el veto a un presupuesto de la Nación orientado hacia la quiebra económica y moral. Esa exigencia fue respondida con un despliegue de violencia policíaca pocas veces vista en los centros urbanos. 

Ahora le toca a la ciudadanía poner las cosas en su lugar y recuperar los espacios perdidos durante muchos años de pasividad y tolerancia. Los señalamientos de algunos interesados en deslegitimar las protestas no deben detener el flujo de la historia, porque esa puerta recién abierta no debe cerrarse hasta recuperar la democracia perdida.

Solo el miedo de perder provoca acciones tan desesperadas.

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El valor de la belleza

Sumidos como estamos en el vértigo de lo inmediato, olvidamos lo esencial.

Mi amiga Ana Cordero me compartió un vídeo en donde aparecen los que yo llamo “animales de viento” del genial Theo Jansen, artista holandés cuyas obras muestran una extraordinaria fusión entre arte e ingeniería; en realidad, son esculturas kinéticas creadas con materiales ligerísimos, como tubos de plástico y tela, capaces de caminar por las playas, movidas por la brisa marina gracias a un ingenioso sistema de construcción. Sus preciosos y extravagantes animales de aire se elevan o deslizan con exquisita cadencia dando la impresión de gigantescas figuras prehistóricas. Es belleza pura. El comentario de Ana me pareció tan pertinente como para citarlo en esta columna: “…en estos días, cuando el mundo está sumido en la enfermedad, la corrupción y la ambición, ver que alguien dedica su vida a crear belleza, me encantó…”.

Crear belleza y disfrutar de ella es una de nuestras actividades más trascendentales. Después de satisfacer sus necesidades inmediatas, el ser humano –desde tiempos inmemoriales- ha encontrado en el arte la mejor expresión para exhibir su capacidad creadora, su particular e íntima visión del mundo y su indispensable proyección espiritual. Crear arte, observar la naturaleza y transformarla en palabras, colores, imágenes o sonidos es una labor compleja capaz de transmutar la realidad y llevarnos a una esfera más allá de nuestra cotidianidad. Pero lo estamos perdiendo… Las nuevas generaciones han de luchar contra los intereses de un sistema obtuso, orientado con todos sus recursos a la producción masiva de bienes de consumo, por su derecho a crear lo esencial –que es el arte- y vencer esa demanda que les impide el desarrollo integral por medio de una educación bien enfocada.

El sistema impuesto por el materialismo extremo que nos ha conducido hacia la producción en masa para el consumo masivo, sin contemplación alguna ha reducido los espacios vitales del arte para imponer a las generaciones nacientes una dependencia patológica de una tecnología en donde todo está hecho. Imágenes y sonidos de partida, perfectas para adormecer las capacidades creativas desde la infancia. Sumado a ello, la limitación de espacios para el desarrollo de las artes en colegios e institutos para reemplazarlos por materias “prácticas”, las cuales no contemplan la necesidad de proporcionar la indispensable formación estética a la nueva juventud.

Lo vemos por todos lados; en las prioridades establecidas dentro de los presupuestos gubernamentales y en la persistente idea conservadora de que dedicar tiempo al arte es un desperdicio. Desde la infancia es posible observar la necesidad vital de la expresión artística, pero también cómo los sistemas educativos cercenan de tajo esos instintos creadores. Nuestros países, inmersos en un sistema capitalista mal enfocado hacia un materialismo crudo y duro, todavía no aceptan que el desarrollo de las disciplinas artísticas -desde la más tierna infancia- se manifiesta en una mayor capacidad de análisis, así como en una mejor comprensión de las matemáticas y las ciencias naturales. Es decir, una puerta hacia generaciones más inteligentes y productivas en el mejor sentido del término.

La inversión en educación, con enfoque amplio y correctamente orientado hacia la satisfacción de todas las capacidades humanas y no solo aquellas convenientes para el sistema imperante, podría generar una comunidad humana con mejores herramientas para comprender el mundo que la rodea y, por lo tanto, con una visión holística de sus infinitas posibilidades. El espíritu necesita el alimento tanto como el cuerpo, por lo cual la formación debe contener todos los elementos para desarrollar una sociedad capaz de comprender cuál es su papel en este mundo.

El arte no es un desperdicio de tiempo, es una función fundamental.

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Guatemala

El Quinto Patio

Mis columnas, encuadernadas hasta 2015, me recuerdan algo más que las experiencias de mi paso por Guatemala. Me traen la certeza del modo tan intenso como viví todas esas décadas, enamorada de su pueblo y de su impactante belleza natural.
Antes de salir le regalé un juego completo a María Eugenia Gordillo, esa extraordinaria guardiana y conservadora de la Hemeroteca Nacional, uno de los más importantes centros para la investigación de la historia de Guatemala. Lo hice para dejar una pequeña huella impresa. 
A veces las releo, aunque muy de vez en cuando. Al hacerlo, vuelvo a sentir cuánto de ese país tengo todavía prendido en la piel.

El origen de la catástrofe

No fue el huracán lo que ha destruido la vida de miles de familias guatemaltecas

Guatemala es un país golpeado al extremo de haber perdido toda oportunidad de desarrollo durante las últimas décadas. Sus gobernantes la han traicionado con premeditación y alevosía, tal y como se califica un homicidio en primer grado. El país sangra por sus cuatro costados mientras sus políticos, empresarios y militares de alto rango se reparten su riqueza con la abierta complicidad de las organizaciones criminales que hacen su agosto con los negocios más viles. Secuestro, tráfico de personas –niñas, niños, adolescentes y mujeres como su principal mercancía- y, por supuesto, el sicariato ante la vista de las fuerzas del orden.

Resulta imposible comprender cómo ha sido posible una destrucción de la institucionalidad en un marco supuestamente democrático y a la vista de la comunidad internacional. La degradación política ha alcanzado tal nivel como para colocar a Guatemala como el peor de los ejemplos de la región, solo por encima de Haití en algunos de sus indicadores más importantes de desarrollo humano. Su presidente –si es que aún puede ostentar ese título- no es más que un monigote puesto en el sillón de mando para proteger los intereses de una casta empresarial depredadora y venal. La corrupción de su gobierno, como la de sus antecesores, es de récord mundial. Quizá apenas superada por algunas repúblicas africanas del siglo pasado.

Castigada por un sistema neoliberal impuesto desde Estados Unidos y transformado por la pirámide criolla en una herramienta de enriquecimiento y autoritarismo sin límites, esta república centroamericana ha perdido a lo largo de las décadas la gran oportunidad de convertirse en un ejemplo de desarrollo, perdiendo el control sobre sus innumerables riquezas. Sus gobiernos -supuestamente democráticos- han transformado la limosna en una práctica corriente para ganar adeptos durante las campañas electorales y, una vez instalados en el poder, han reducido hasta el límite de lo posible la inversión pública, abandonando al país a una destrucción segura de su infraestructura con fines de privatización.

Por eso las tragedias que azotan a Guatemala cada año cobran miles de víctimas. Porque a su gente le han robado hasta la esperanza. La destrucción del hábitat por la ausencia de políticas de Estado para la conservación de los ecosistemas es una de las causas de graves deslaves, inundaciones y destrucción de puentes y caminos. Mientras los empresarios roban ríos y destrozan carreteras sin asumir responsabilidad alguna, las comunidades ven con impotencia cómo se van reduciendo sus posibilidades de supervivencia. Hoy, el inquilino del palacio de gobierno, quien en menos de un año ha quedado en evidencia como la peor lacra que ha pasado por el despacho presidencial, pretende elevarse como un dictador negando de manera constante toda responsabilidad en el deterioro acelerado de la vida de sus conciudadanos. 

Ni siquiera el Covid ha superado el nivel de amenaza vital que significa el actual gobierno. Este se ha declarado explícitamente incapaz para manejar no solo la gestión pública, sino también la pandemia, y ahora amplía los alcances de su incapacidad para decir que no puede socorrer a las víctimas de Eta, mientras la población se moviliza como puede para ayudar a quienes lo han perdido todo. Indudablemente algo muy malo pasa cuando una nación resulta impotente para recuperar la integridad de sus instituciones y se deja gobernar por una casta político-empresarial con tal nivel de miopía e incompetencia. 

Guatemala pierde oportunidades por la traición de sus políticos.

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Chile: El día después

Luego de una campaña intensa y cargada de emociones, viene el golpe de realidad.

El 25 de octubre pasado, más de 7 millones y medio de chilenos acudieron a las urnas para decidir entre la continuidad del sistema político-constitucional actual o un cambio en las reglas del juego. El cambio ganó con casi un 80 por ciento de aprobación, legitimando las exigencias de una sociedad en pie de lucha, cansada de los abusos del neoliberalismo crudo y duro implantado en Chile desde el golpe de Estado perpetrado por el general Pinochet y respaldado con dinero y logística por Estados Unidos. Esta victoria del movimiento de protesta, gatillado por los estudiantes secundarios en octubre del año pasado, ha abierto una ruta de esperanza, pero también de fuertes desafíos.

Uno de los primeros obstáculos a vencer es esa sensación de victoria rotunda que podría transformarse en una peligrosa actitud de triunfalismo en algunos sectores de la ciudadanía. La voluntad de redactar una nueva Constitución y, para ello, conformar una asambles ciudadana relativamente independiente de las estructuras políticas actuales, las cuales han perdido una buena cuota de credibilidad durante los años recientes, exigirá una enorme cuota de madurez y reflexión en la ciudadanía.

Las dificultades naturales de consolidar una plataforma inclusiva, representativa y claramente democrática, así como pueden ser un ejemplo de civismo para el mundo, también se pueden convertir en una trampa de recelos, rivalidades y ruptura de consensos. Lo más importante, en el inicio de la nueva etapa de cambios, será conservar la sensatez y abrir los caminos a un debate de altura entre los protagonistas de esta oportunidad histórica. Así como los políticos tradicionales han de ceder espacios a representantes de la ciudadanía organizada, también la sociedad habrá de aceptar la importancia de contar con la experiencia de políticos conocedores de los entresijos de la administración del Estado y, de paso, observar el correcto desarrollo del proceso.

Chile comienza un camino plagado de desafíos; aun cuando el plebiscito demostró a las claras que el pueblo está cansado de las falsedades y abusos de un sistema impuesto para favorecer a un pequeño puñado de familias enriquecidas a fuerza de privilegios y corrupción, llegar a los acuerdos necesarios para preservar los espacios ganados no será fácil en un engranaje diseñado con trampas y compartimentos estancos. Son muchas décadas de frustraciones como para restañar, de la noche a la mañana, esas heridas profundas a una democracia funcional y consolidada.

En el proceso será indispensable incluir las voces de la generación que puso sus ojos, su energía y su valor en la vanguardia callejera; esa juventud, sin retroceder ni un paso, hizo de la plaza de la Dignidad un símbolo mundial de protesta legítima. Esa generación de jóvenes –adolescentes, muchos de ellos- expusieron, sin espacio para interpretaciones arbitrarias, una exigencia por un cambio profundo que les garantice un futuro de desarrollo y bienestar. Lucharon por la educación, lucharon por la salud, por el respeto a los pueblos originarios y por el derecho al agua. Lucharon por la vida y merecen un espacio en la toma de decisiones.

Chile ya vivió su jornada, ya triunfó la decisión por el cambio de la Constitución y se ha iniciado la cuenta regresiva del proceso. Lo que se logre en esa trayectoria dependerá de la madurez democrática de sus protagonistas y del respeto por la legitimidad de la diversidad de posturas que van a participar en esa plataforma de consensos. De su fortaleza cívica dependerá el resultado de este nuevo comienzo. 

De una actitud madura y democrática dependerá el éxito del proceso.

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Por la fuerza de la razón

Chile enfrenta un cambio trascendental en un plebiscito exigido por el pueblo.

A 10 días del aniversario de la mayor manifestación de protesta ciudadana de las últimas décadas en Chile, la ciudadanía acudió este domingo a votar en un plebiscito cuyo resultado podría desencadenar un cambio sustancial en ese país andino. Un primer esbozo de la demanda ciudadana por el cambio ha sido la asistencia a los centros de votación, a pesar de las campañas oficialistas y de los sectores más conservadores por evitar una transformación del sistema actual, diseñado y conservado en formol por medio de una Constitución ad hoc escrita bajo la influencia del pinochetismo.

La batalla por el cambio, sin embargo, no solo ha sido una explosión mediática de repercusión internacional, sino ha tenido la fuerza interna suficiente para aglutinar a sectores diversos y conformar un movimiento ciudadano excepcional, sin bandera política y cada vez más consciente de que Chile no saldrá de su crisis sin una transformación de fondo y la participación de todos sus integrantes. El mecanismo que hace un año apenas era un sueño de opio, ya echó a andar con un plebiscito que marca el inicio de un proceso de profundos cambios y la perspectiva de recuperar una plataforma democrática inclusiva, enfocada en el interés común y se limiten los abusos de un sistema neoliberal cada vez más envilecido.

Para el gobierno de Sebastián Piñera, el escenario no es el más propicio. Enfrentado a una pérdida de popularidad catastrófica –lo cual le resta toda credibilidad- y con dos de sus ministros más importantes sometidos a acusación constitucional por mal manejo de la pandemia y por violaciones de derechos humanos contra la ciudadanía por parte de las fuerzas del orden, no tiene salida digna a menos que renuncie y se retire a reflexionar sobre sus múltiples y graves equivocaciones, algo impensable para un gobernante que ha demostrado una incapacidad patológica para evaluarse a sí mismo.

La jornada de ayer se presentó llena de desafíos. El primero de ellos fue la asistencia a las urnas en plena pandemia para que esta demanda por una nueva Constitución tenga plena validez. Es decir, la asistencia y la votación por el Apruebo debería sobrepasar cómodamente los votos mediante los cuales se eligió al presidente actual. De otro modo, podría establecerse un ambiente de duda sobre la pertinencia de un cambio tan rotundo y trascendental. Sin embargo, de acuerdo con la información hasta este momento (media mañana del domingo) se vive una jornada marcada por el entusiasmo y la decisión de participar.

A partir de los resultados, si estos indican una victoria contundente para la ciudadanía que aspira al cambio, debería revisarse con mucha seriedad la participación política de la juventud. Este sector estudiantil, que inició con lucidez y valentía los movimientos ciudadanos que han desembocado en un hecho de tanta magnitud, está excluido de manera injusta del proceso actual por no tener derecho a voto. Camilo Morales, en Palabra Pública, U. de Chile, lo expresa con claridad: “…el proceso constituyente también (…) aloja una contradicción que no puede soslayarse, toda vez que queda de manifiesto la marginación, en diferentes niveles, de un grupo fundamental para la sociedad, pero que históricamente ha quedado excluido de tomar parte en este tipo de acontecimientos políticos, a saber, niñas, niños y adolescentes quienes a la fecha no podrán participar de este hito democrático trascendental para nuestro país.” En todo caso, aun sin ese elemento crucial para consolidar una plena democracia, la suerte está echada y el cambio –cualquiera sea este- será inevitable.

El cambio de Constitución, una deuda política para un Chile nuevo.

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La inocencia interrumpida

Las consecuencias de un embarazo temprano repercuten por el resto de la vida.

Los embarazos en niñas y adolescentes –de entre 9 y 18 años- cuyas cifras alarmantes se mantienen al alza en todos nuestros países, constituyen una de las más graves patologias sociales y la segunda causa de muerte en ese grupo etario. Dada la visión estrecha y patriarcal de quienes establecen la pertinencia de las políticas públicas, así como de sociedades cuyos marcos valóricos manifiestan una fuerte influencia de doctrinas religiosas, este sector de la población es uno de los más desatendidos y, por lo tanto, carente de palancas políticas para hacer valer sus derechos. Una de las principales causas de la vulnerabilidad en la cual se desarrolla la infancia es la preeminencia de la absoluta autoridad de los adultos en su entorno y, consecuentemente, la total indefensión de la niñez.

La inmensa mayoría de mujeres adultas –si no la totalidad- aun cuando muchas intenten negarlo, hemos sufrido el impacto de un sistema cuyas normas marginan a niñas y mujeres como si fuera una ley de la naturaleza. Los acosos y agresiones sexuales, tanto dentro del hogar como en el vecindario, en las calles o en la escuela, han sido una constante de abrumadora incidencia al punto de transformarse en una especie de maldición inevitable para esta mitad de la población. De tales agresiones, una de las más graves consecuencias son los embarazos en una etapa precoz del desarrollo. 

Las instituciones encargadas de salvaguardar la seguridad de este importante segmento, sin embargo, han sido incapaces de protegerlas; ya sea por falta de políticas públicas o, simplemente, nulo interés por la integridad de un sector caracterizado por su escaso poder de incidencia política. Cautivas en un sistema que las castiga por su condición de niñas, las condena a embarazos, partos y maternidades para los cuales no están preparadas física ni psicológicamente, con riesgo de muerte y el desafío de afrontar una marginación familiar y social cuyo impacto les causará aislamiento, pobreza, pérdida de autoestima, patologías físicas y emocionales irreversibles y un sinnúmero de amenazas contra su normal desarrollo de vida.

A pesar del trabajo de algunas organizaciones preocupadas por hacer de este sensible tema un motivo de acción, resulta evidente la ausencia de mecanismos de protección para evitar los abusos y las consecuencias devastadoras de tales agresiones. Las sociedades aún son incapaces de captar las dimensiones de su responsabilidad en un problema de tal trascendencia y se hacen a un lado cuando se plantea la urgente necesidad de establecer parámetros legales –como el derecho al aborto y a la oportuna educación sexual y reproductiva- frente a esta terrible pandemia de embarazos tempranos, todos ellos resultado de violaciones.

Una niña no es un juguete sexual ni un objeto a disposición de los hombres de su entorno, pero miles de ellas terminan por perder su inocencia de golpe en una de las formas más crueles imaginables y sus victimarios –la mayoría de veces personas “de confianza”, como padres, hermanos, tíos, pastores y sacerdotes, maestros y vecinos- las transforman en sus esclavas sexuales bajo amenaza, sin la mínima posibilidad de defenderse. Es de preguntarse ¿en dónde están las instancias supuestas a protegerlas? ¿En dónde la justicia, los sistemas de educación y salud, en dónde sus familias? El drama persiste y las cifras aumentan a diario; las niñas desaparecen en redes de trata o sus cadáveres son desechados como basura en cualquier barranco, sin que a la sociedad eso le sea motivo suficiente para reaccionar.

Los derechos de la niñez continúan como tema pendiente.

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