El presidente 6 por ciento

Sebastián Piñera ha alcanzado el récord más bajo de aceptación para un mandatario.

Cuando el nivel de aprobación de un gobernante se reduce hasta índices tan bajos como el 6 por ciento alcanzado por el presidente de Chile, Sebastián Piñera, el restante 94 por ciento debe interpretarse como un franco rechazo a su administración. Esto lo entiende cualquier lego. Sin embargo, la tozudez de este empresario -cuyo afán de aferrarse al mando denota su ambición desmedida por el poder- mantiene a ese país en un constante estado de emergencia, paralizado por las protestas en las cuales se pueden observar reiteradas violaciones de los derechos humanos cometidas contra la población con total impunidad por las fuerzas policiales.

En el escenario mundial, la contundencia de las manifestaciones ciudadanas a todo lo largo de Chile ha despertado una enorme ola de solidaridad con ese pueblo. Por primera vez en su historia, la población ha llegado a constituirse como un cuerpo sólido integrado por habitantes de todos los sectores, capaz de poner en jaque al más depredador de los sistemas económicos –el neoliberalismo- y haciendo tambalear el poder hegemónico de los círculos de poder al plantarse de frente contra sus abusos. El estado de total negación de Piñera, por lo tanto, constituye una trasgresión a las bases mismas del sistema democrático al transformar el suyo en un régimen similar a la dictadura pinochetista con desapariciones forzadas, tortura, asesinatos y secuestros a mansalva.

El caso no es único. También el presidente francés, la actual dictadura boliviana y la administración autoritaria y de extrema derecha de Brasil, entre otros, se encuentran arrinconados con un mínimo porcentaje de aprobación, del mismo modo como otros mandatarios cuyas prioridades se alejan de los intereses de la ciudadanía para proteger los de las clases dominantes y las grandes multinacionales. Lo que está en juego, entonces, es la supervivencia de los Estados democráticos, asediados desde hace mucho por una especie de súper gobierno ejercido por la cúpula económica mundial bajo la sombrilla siempre alerta del Departamento de Estado.

El mayor peligro de este sistema depredador es la pérdida progresiva del poder ciudadano. Es decir, los sistemas se han modificado con el propósito de garantizar beneficios a sectores poderosos por medio de una legislación ad hoc cuyo objetivo es reducir las posibilidades de participación de las grandes mayorías en las políticas públicas; uno de los más importantes espacios en donde se aplican estas tácticas es la privación de acceso a educación de calidad y a servicios básicos, dado que en una ciudadanía informada y activa reside el mayor peligro para los planes hegemónicos de los grupos de poder. Por el contrario, una población reducida a la supervivencia jamás tendrá la energía ni el tiempo necesarios para ocupar el lugar que le corresponde en los asuntos públicos.

El caso de Chile se eleva como un ejemplo de cómo los abusos de poder logran sacar al pueblo de un estado de apatía para transformarlo en un fuerte protagonista en los asuntos que le competen. Es preciso resaltar el papel fundamental de la juventud chilena, cuya fortaleza y perseverancia ha sido capaz de poner en jaque al poderoso sistema que a lo largo de los años le ha ido quitando espacios de participación para mantener un estatus orientado a satisfacer intereses corporativos y guetos políticos contrarios a las más importantes iniciativas de desarrollo social. Otras naciones en similares circunstancias ven hacia el Sur como un espejo en donde aspiran reflejarse.

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La juventud es la protagonista indispensable en todo proceso de cambio.

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Un negocio muy privado

La transmisión de mando refleja ausencia de calidad moral. Mal fin para una mala comedia.

Las comedias suelen tener finales hilarantes. La que finaliza mañana en Guatemala, en cambio, es el epílogo de uno de los períodos presidenciales más catastróficos en ese país y más bien provoca un sentimiento de amargura y decepción. Se cierra un período durante el cual se consolidaron las organizaciones narco criminales, se cercenó el mejor y mayor esfuerzo para erradicar la corrupción en el seno de las instituciones con el cierre de la Cicig, se fortalecieron los pactos siniestros entre el sector privado, el ejército y los mandos políticos y se profundizó la brecha entre ricos y pobres, cobrándose muchas vidas humanas de líderes comunitarios y ambientalistas y condenando a la niñez a una despiadada vida de miseria.

Todas las instituciones –incluyendo aquellas de mayor credibilidad, como el Tribunal Supremo Electoral, TSE- fueron sistemáticamente permeadas por efectos del clientelismo, las presiones políticas y un conflicto de intereses capaz de dañar la esencia misma de su naturaleza, al extremo de haber perdido la confianza de la ciudadanía y creado un ambiente de incertidumbre sobre el futuro del sistema democrático. A ello se sumó la preeminencia de intereses particulares en la labor legislativa de uno de las asambleas más cuestionadas de las últimas décadas y la oscura injerencia del ejército en las decisiones del Ejecutivo.

Lo que viene no parece diferenciarse de lo que se va, en términos de respeto por los derechos humanos y una visión de nación. Todo lo contrario, el nuevo discurso se asemeja demasiado a la dura huella de las dictaduras militares de tiempos pasados, con un autoritarismo divorciado del marco democrático y la promesa de más represión desde las instituciones armadas. A eso se añade una actitud mesiánica del nuevo mandatario, quien a pesar de haber alcanzado la meta de resultar electo después de varios intentos, logró su objetivo en un proceso dudoso y opaco, lo cual le resta solidez a su futuro desempeño.

Aun en esas condiciones, la ciudadanía espera algo mejor para los próximos cuatro años porque la administración que abandona el palacio de gobierno ha dejado un sentimiento de frustración sin precedentes, al haber echado por tierra algunos de los modestos avances logrados en las distintas dependencias del Estado y haberse erigido como el mayor de los obstáculos contra el desarrollo del país. El más inepto de los presidentes se ha lucido al destruir la integridad de su investidura sometiéndose sin vacilaciones a pactos nefastos –locales e internacionales- cuyo propósito es regresar al país a los tiempos del humillante colonialismo del que comenzaba a resurgir.

No es posible terminar el “panegírico” sin mencionar a las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción asesinadas por este gobierno saliente. Ese episodio siniestro le quitó definitivamente la careta a quienes detentan el poder y evidenció que la vida humana -para políticos, empresarios y jueces- es desechable cuando viene de los estratos en donde no existe ni siquiera la sombra de la justicia. El retroceso marcado por el gobierno saliente no podrá remontarse en los próximos cuatro años, a menos que el nuevo gobierno comience por reparar las fisuras que ponen en peligro a todo el sistema democrático, algo que no se percibe en el nuevo discurso y se reafirma en el modo de celebrar la transmisión de mando prohibiendo la presencia de la prensa, como si fuera un evento privado, lejos de la mirada de los verdaderos amos de la fiesta. Si así sucede, queda claro que gobernar no es más ni menos que un negocio sumamente productivo.

El nuevo gobierno inicia sobre una base institucional sumamente frágil.

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La divina ultraderecha

Bajo la consigna de dominar a través de la fe, se consolidan las doctrinas de diseño.

A partir de la segunda mitad del siglo pasado se produjo un crecimiento repentino de los cultos protestantes y pentecostales en todos los países de América Latina; este fenómeno tuvo su origen en estrategias de dominio geopolítico establecidas por Estados Unidos como una forma de incidir en los movimientos sociales de nuestro continente y neutralizar –en el marco de la Guerra Fría- todo brote de subversión en los sectores más pobres. Con una novedosa estrategia mercadológica nunca antes vista, estas sectas lograron llegar a la población por medio de programas de televisión, marchas, grandes concentraciones en sitios públicos y una labor de zapa, casa por casa, para conquistar nuevos adeptos.

El terreno estaba abonado; la iglesia católica -con su preeminencia indiscutible en las sociedades y gobiernos latinoamericanos- nunca se preocupó gran cosa por defender y aumentar su influencia, dado que esta se consideraba garantizada. Por lo tanto, su actitud monárquica le jugó la mala pasada y poco a poco su feligresía fue desgranándose para migrar hacia un culto más cercano a sus intereses y necesidades. Las estructuras elitistas del catolicismo conservador no pudieron evitar el auge de esta nueva ideología de la prosperidad cuya influencia fue creciendo a medida que aparecían por todos lados pequeños templos con una oferta más atractiva y cercana a los sectores populares.

Esta ideología representa uno de los instrumentos más audaces del sistema neoliberal para convencer al pueblo de la existencia de una relación entre su comunión con Dios y los beneficios materiales, generalmente destinados a enriquecer a su pastor y, por tanto, a engrandecer a su iglesia. De ahí procede la idea de que la prosperidad debe provenir del esfuerzo personal y no de una adecuada redistribución de la riqueza del país desde la administración del Estado. Otro de los fundamentos de estos credos es el énfasis en la negación de toda forma de equidad: de género, diversidad sexual, derechos sexuales y reproductivos, feminismo y todo cuanto signifique un desafío a sus doctrinas ultra conservadoras.

Esta estrategia -exitosa y eminentemente territorial- es hoy una amenaza contra los derechos civiles en la mayoría de países latinoamericanos, en donde se puede observar la infiltración de estas sectas en la política, hasta el extremo de determinar el rumbo de las decisiones que afectan a la ciudadanía en su conjunto; en cuenta, los derechos a la libertad de culto y la naturaleza laica de los Estados, establecidos en los textos constitucionales. La manipulación de la fe –fenómeno facilitado por restricción del acceso de los pueblos a una educación de calidad- es una de las formas más nefastas de neutralizar su participación consciente y analítica en los eventos políticos más decisivos de su país y ejercer así una ciudadanía consciente y responsable. 

Los sectores de extrema derecha, cuyo pensamiento siempre ha estado enfocado en obtener los mayores beneficios posible de un sistema depredador, injusto e individualista, se han subido a esta plataforma haciendo gala de una falsa religiosidad, por medio de la cual influyen en procesos electorales y en una labor legislativa cuyo propósito es ir eliminando espacios de participación de las grandes mayorías. Esto, con el fin de consolidar el sistema político-económico establecido desde hace décadas por Estados Unidos para los países de su patio trasero. Esos espectáculos de oración en los despachos de empresarios y gobernantes corruptos, rastreros y codiciosos, tan comunes en estos tiempos, constituyen la peor de las ofensas.

Los textos constitucionales establecen la laicidad de los Estados.

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