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Un aporte esencial para la comunidad, pocas veces apreciado como corresponde.

La nueva forma de productividad ha venido a trastornar uno de los aspectos básicos de la vida humana: el trabajo. En este año y medio se ha producido un cambio profundo, no solo en el acceso al empleo –y todo lo que eso implica en términos de subsistencia- sino también en las relaciones laborales, ya desde siempre complicadas y frecuentemente rayanas en la injusticia; pero, sobre todo, en las estructuras sobre las cuales se sostienen la legalidad y legitimidad del trato entre las partes: es decir, entre quienes ofrecen su aporte en experiencia, conocimiento y esfuerzo físico, y quienes pagan por ello.

En estos meses ha quedado evidenciada la elasticidad de esos contratos. La necesidad de obtener los medios para subsistir ha llevado a millones de seres humanos a replantearse el valor de su aporte. De ahí surge un nuevo estilo de relación laboral, de acuerdo con el cual los nuevos métodos de trabajo en línea –gracias a las facilidades tecnológicas actuales- han sustituido, en algunos casos de manera definitiva, el esquema presencial al cual estábamos totalmente acostumbrados. Sin embargo, en esta nueva modalidad se establece una relación cuyas características vulneran el trato justo que debería primar entre las partes.

Se entiende de manera tácita que trabajar gratis y no pagar por el trabajo son dos extremos que se tocan. En ambos hace falta un elemento fundamental: la ética. Dado que el trabajo es una forma de intercambio a través del cual una persona entrega su energía, experiencia y conocimientos a cambio de una retribución económica, ofrecerlo sin ella por temor al despido, lo devalúa y traiciona la esencia del contrato. Esto sucede cada vez con mayor frecuencia en el nuevo esquema, al hacerse evidentes un par de elementos capaces de degradar la relación: el miedo a perder el empleo, por un lado; y la certeza sobre el poder para abusar, del otro.

Es importante reflexionar sobre la complejidad de esta relación productiva entre personas y entidades de diversa índole. Las actividades laborales, cualesquiera sean sus características, implican mucho más que el esfuerzo puntual para realizar una tarea. Detrás de ese acto hay tiempo invertido en la elaboración y transformación de los elementos indispensables para alcanzar un grado de desarrollo y eficiencia determinados; por ello, al dar ese esfuerzo de manera gratuita se cae en un acto de minusvaloración, aceptando que aquello que hacemos bien, no vale nada. Este esquema aplica de manera específica en los casos cada vez más numerosos del trabajo desde el hogar, para el cual la definición de horario laboral se pierde en una mezcla indeseable con el derecho a la privacidad doméstica, mezclándolo todo.

La obligación de ganarse la vida trabajando podría considerarse una maldición bíblica, sobre todo cuando –como sucede cada vez con mayor frecuencia- el esfuerzo es mucho mayor que la recompensa, o también cuando el trabajo incumple la premisa romántica de dignificar a quien lo realiza. O, para ir un poco más cerca de la realidad, cuando representa una forma de violación de ciertos derechos fundamentales de la persona. Esto último comienza a predominar e invadir espacios laborales antes regulados por un sistema de garantías legales, el cual en estos días comienza a perder su incidencia. La vigilancia de estas relaciones se percibe como una medida de urgencia durante la emergencia sanitaria, en donde la explotación laboral –incluido un desprecio injustificado por el esfuerzo de quienes aportan su experiencia y conocimientos- es la modalidad de los nuevos tiempos.

Es importante vigilar de cerca las relaciones laborales bajo la pandemia.

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Llega el momento cuando los lazos de amistad profunda se vuelven indispensables.

Las relaciones de amistad son muy complejas. Por eso es difícil juzgar las actitudes de personas que consideramos incondicionales –o creemos deberían serlo- a la luz de nuestras necesidades afectivas. Por lo general, nos preparamos para elegir a las amistades entre aquellas personas capaces de aportarnos algo; para ello fuimos entrenados desde la infancia y rara vez fallamos el objetivo. A partir de esta visión, nos empeñamos por obtener un beneficio emocional o social de esa relación, aunque nunca se llegue a plantear como un asunto de conveniencia.

Al desarrollarse la amistad e ir descubriendo, según su dinámica, aspectos nuevos que no estaban ahí originalmente, vamos seleccionando a las amistades que mantienen un nivel aceptable de compatibilidad con nuestras expectativas y forma de ser o, en el peor de los casos, con las exigencias de nuestro entorno social. Sin embargo, con alguna frecuencia terminamos decepcionados. En especial, cuando actuan al margen del conjunto de reglas impuestas al inicio de la amistad para dar cierto ordenamiento al juego. Reglas que, en algunas circunstancias, nos arrogamos el derecho de transgredir unilateralmente, quizás por creernos dueños de la relación, amos y señores de los sentimientos compartidos. En otros casos, las viejas normas han perdido vigencia con el correr del tiempo y la adquisición de nuevas experiencias, provocando una escisión profunda que culmina con un alejamiento definitivo.

Lo que a veces lamentamos en los amigos es algo que refleja nuestras propias carencias: un acomodo emocional según el cual, ese equilibrio entre fortaleza y debilidad, dependencia e independencia, empatía y manipulación, se rompe y pierde todo su significado, igual como sucede en las relaciones amorosas. Esto hace que la amistad –ese lazo dorado tan indispensable en nuestra vida- dependa de ese balance de mutua conveniencia en donde cada quien recibe la satisfacción de un vínculo capaz de sobrevivir a los inevitables cambios a lo largo de los años, anclado en la lealtad y el amor incondicional.

Pero muchas veces ese refugio de seguridad construido con tanta confianza se rompe y, cuando ese quiebre se produce, provoca un dolor de pérdida semejante al de la muerte: una especie de traición capaz de devorar la estabilidad emocional y socavar cualquier posibilidad de reparación. Esto, porque nuestras expectativas del otro son siempre extremas y, por lo general, ajenas a los delicados entresijos y a las debilidades propias de la naturaleza humana. En muchas ocasiones –tal vez, la mayoría- esos lazos dorados de la amistad son infinitamente más sólidos que los vínculos familiares y representan una base casi perfecta sobre la cual se sostienen nuestras necesidades afectivas y en donde se desarrolla una gran parte de nuestra valoración como seres humanos.

En estos tiempos de extrema inestabilidad, cuando estamos enfrentados a situaciones absolutamente inéditas y con el poder de alterar nuestra visión del futuro, la amistad –la verdadera- juega un papel fundamental en la reparación de nuestros quiebres emocionales. A veces mucho más que cualquiera otra relación, ese refugio de confianza y apoyo compartido encarnado en las amistades profundas –sobre todo aquellas de larga data capaces de sortear todas y cada una de las amenazas implícitas en todo vínculo afectivo- constituye una tabla salvavidas cuyo inestimable valor no podemos ni debemos ignorar. 

Revalorar y cuidar esos lazos significa mucho más que una simple revisión de la relevancia de nuestras prioridades sociales. Representa un valioso oasis en medio de este caos. 

La amistad verdadera representa mucho más que una mera relación social.

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Cerca de medio millar de niñas, niños y adolescentes cruzan la frontera norte cada día.

Una de las grandes violaciones de derechos contra la niñez y la juventud se perpetra ante los ojos del mundo, sin provocar el menor movimiento de reparación ni la búsqueda urgente de soluciones. Para esta enorme cantidad de niñas, niños y adolescentes que huyen de sus países de origen buscando refugio lejos de su hogar, no hay resguardo. Con independencia de lo que motiva este éxodo, ha quedado claro ante la comunidad internacional cómo las autoridades estadounidenses desenfocaron su mirada y, bajo las políticas racistas y xenófobas del ex presidente Donald Trump, convirtieron las instalaciones fronterizas en un campo de concentración al estilo de las prisiones de Guantánamo.

Niñas, niños y adolescentes de todas las edades han sido recluidos en estas inmensas bodegas, separados de sus padres y sin atención psicológica, como una forma de desincentivar la inmigración, enviando ese duro mensaje a quienes pretenden buscar su supervivencia en el país del norte. La nueva administración se enfrenta ahora a la tarea monumental de deshacer los nudos legales anti inmigración instalados por el gobierno de Donald Trump, cuyas decisiones han ocasionado un daño irreparable en miles de familias centroamericanas que solo buscan un refugio contra la criminalidad desatada en sus países, perpetrada principalmente por las autoridades de turno.

Mientras la niñez es sacrificada en aras de la corrupción y la desidia de quienes gobiernan sus países de origen –especialmente Guatemala, Honduras y El Salvador- estos líderes políticos han cerrado los ojos ante la inconcebible violación de los derechos humanos de su población más joven y la abandonan a su suerte, concentrados en acumular riqueza personal y utilizar los fondos públicos para la consolidación de sus redes de influencia. En esta tarea no están solos: cuentan con el irrestricto apoyo de las poderosas organizaciones empresariales y el respaldo de militares, congresistas, jueces y magistrados, cuya influencia en asuntos de Estado ha corrompido hasta la médula a los entes políticos y judiciales.

Antes de señalar con tanta dureza a las familias desde las cuales desertan estos miles de niñas, niños y adolescentes, es importante arrojar una mirada a la situación en la cual viven estas poblaciones. Privadas de atención estatal, de servicios básicos, de seguridad sanitaria y de fuentes de trabajo debido al derroche ofensivo y descarado de quienes tienen la responsabilidad y la decisión sobre las políticas públicas en educación, salud y alimentación, se encuentran acorraladas en un círculo vicioso de violencia del cual es imposible escapar. A ello se debe sumar la desnutrición crónica infantil, cuyo efecto sobre más de la mitad de la niñez la condena a una muerte lenta; y también la amenaza constante de las redes de tráfico de personas y de drogas, cuyas impunes operaciones cuentan con la protección de los gobiernos.

Para las sociedades de estos países, la situación de la niñez errante no es prioridad. Concentrada en asuntos que le tocan mucho más de cerca, como la propía supervivencia, tiene una mirada selectiva cuando de niñas, niños y adolescentes de sectores pobres se trata. Esta indiferencia es también un factor decisivo en el destino de este gran conglomerado, dado que sus problemas y carencias no afectan de manera contundente la sensibilidad colectiva, y la sociedad prefiere enfocarse en temas que le atañen de manera directa. Esta es una de las razones del abandono: la falta de incidencia en los asuntos del Estado y la escasa voluntad de luchar por recuperar la integridad de sus instituciones. En este escenario, la niñez tiene todas las de perder.

La niñez carece de oportunidades en donde su bienestar no es prioritario .

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Decidir sobre la propia salud es un acto de libertad y debe ser respetado. 

Desde los centros de poder político, económico y mediático nos intentan convencer de que las medidas de contención para frenar la pandemia, son las adecuadas. No dan razones, pero la ciudadanía observa con justificada desconfianza cómo estas estrategias se aplican de manera aleatoria y muchas veces en contradicción con el más elemental sentido común. Algo parecido sucede con la efectividad de las vacunas las cuales, todavía en proceso de investigación, ya se distribuyen masivamente.

Cuando alguien expresa dudas a partir de información divulgada por medios de comunicación y redes sociales –algunas veces desde fuentes no confiables, pero también desde la opinión calificada de científicos reconocidos por su trayectoria- de inmediato surge la reacción adversa para calificar estas reflexiones como “teorías conspiracionistas” de quienes no aceptan como válidas las explicaciones sobre la seguridad de estos recursos inmunitarios. A lo largo de la historia, ha sido innegable la efectividad y aporte de las vacunas que han pasado por procesos de investigación profundos y de larga data, cuyos resultados han constituido un aporte esencial a la salud pública desde cuando fueron descubiertas. Pero durante esta pandemia, también es una realidad que el proceso de elaboración ha sido demasiado breve y todavía sujeto a ensayos. De ahí la resistencia de personal sanitario, sobre todo en países de primer mundo, presumiblemente bien informados y con experiencia en su campo, a aceptar las nuevas vacunas y su inoculación masiva. 

La vida y la salud de la población mundial están en juego y, desde su escaso conocimiento sobre el tema sanitario, esta observa cómo a pesar de las medidas de confinamiento que van y vienen sin razones explícitas, los casos aumentan y también los decesos. Los gobiernos, especialmente de nuestros países tercermundistas, han convertido el tema de vacunas en una herramienta de negociación política y privilegios, dejando por un lado su enorme responsabilidad hacia la población a la cual están obligados a servir y responder. A eso se suma la falta de campañas de información para explicar de manera sencilla cuáles son las características, riesgos y condiciones de las vacunas, con el objetivo de facilitar una toma de decisión consciente por parte de la ciudadanía.

En este sentido, las grandes multinacionales farmacéuticas tienen la obligación de compartir información confiable –a pesar de su dudosa reputación como gigantes industriales de ética flexible- y abstenerse de participar en actos de corrupción con algunos gobiernos cuyas claras intenciones van hacia convertir las vacunas en un negocio próspero y privado, condenando a los más pobres a un destino incierto. Si la vacunación es la respuesta más razonable para consolidar la inmunidad de rebaño y detener esta emergencia sanitaria que ya dura más de un año, entonces debe ejecutarse bajo la consigna del derecho a la salud, suscrita en todos los textos constitucionales, así como a la información responsable sobre riesgos y beneficios. 

Para imponer este derecho sin excepciones, será necesaria la participación activa de las organizaciones ciudadanas y del ámbito sanitario, con el propósito de evitar lo que ya se perpetra, que es una grotesca manipulación en la información, distribución y aplicación de las vacunas, transformadas en instrumentos de proselitismo y discriminación. Oponerse a ello no es conspiración, sino un elemental ejercicio ciudadano. 

El acceso a información confiable sobre medidas sanitarias, es un derecho.

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Llevamos un año enfrentados al encierro, miedo al contagio e incertidumbre sobre el futuro.

Nietzsche afirmaba que todos los acontecimientos: pasados, presentes y futuros, se repetirán continuamente, de manera inevitable, en un ciclo de eterno retorno. Es decir, la Humanidad se mantiene atada y fiel a su naturaleza y, aun cuando logra avances espectaculares en ciencia y tecnología, tiende a repetir sus errores y a aferrarse a un pensamiento hegemónico que le impide romper la tendencia al retroceso. Por su parte, Andre Gunder Frank, sociólogo germano-estadounidense quien propuso la teoría de la dependencia desde 1960, explica cómo la trayectoria de los países en desarrollo –o subdesarrollados- diverge de la recorrida por naciones que han alcanzado una evolución notable en su economía y, por tanto, es incorrecto extrapolar esas experiencias por tener una diferente ejecutoria. 

Quizá sea necesario volver a repasar la historia de los pueblos para comprender mejor al mundo que nos rodea y aprender algo más sobre las limitaciones humanas. Hoy enfrentamos una peste globalizada de la cual ignoramos casi todo. Nuestra falta de conocimiento nos lleva por caminos aleatorios para explicar, de algún modo medianamente razonable, el absoluto transtorno que nos ha golpeado. De ahí se deriva la diferencia, entre uno y otro país, en las normas impuestas para encarar la emergencia sanitaria y que los pueblos se encuentren sometidos a regulaciones muchas veces opuestas al sentido común, como surgidas de una novela de Kafka.

Pero la pandemia no solo ha golpeado la salud pública; ha tenido su mayor impacto en la cotidianidad, en la rutina doméstica, en las relaciones interpersonales y en el derecho a las libertades ciudadanas al impedir, desde las instancias oficiales, la continuidad de la vida a la cual estamos acostumbrados. Hoy la salud, además de ser un tema de políticas públicas, se ha transformado en un peligroso instrumento de poder en manos de gobernantes indeseables. El proceso de desarrollo y distribución de las vacunas, elemento indispensable para detener la extensión del mal, se rodea de misterio y de maniobras discriminatorias, a lo cual se añade la incertidumbre sobre el alcance de su cobertura y el destino que espera a países incapaces de administrarla.

Volviendo a Gunder Frank y a su afirmación de que el subdesarrollo de las naciones es una política de dominación desde países desarrollados –Estados Unidos a la cabeza- para mantener la dependencia de nuestros Estados, la actual coyuntura deja en claro cómo la supervivencia de los pueblos del tercer mundo se encuentra sometida a la limosna de las potencias y a la pobre capacidad de reacción de los gobernantes, a los cuales estas potencias han apoyado y financiado para conservar su hegemonía. En este sentido, aun cuando existen países del continente que han logrado avanzar en políticas positivas ante la pandemia, la mayoría de naciones en desarrollo se encuentran en un limbo provocado por la carencia de planes de contingencia, la inmoral desviación de recursos hacia las cuentas personales de sus gobernantes o, simplemente, por su absoluta incapacidad de ejecución.

Si el eterno retorno es un fenómeno inevitable, se hace necesaria una revisión de cómo enfrentar sus manifestaciones y plantearse la tarea de romper la tendencia al fatalismo. No es necesario cometer los errores pasados, una y otra vez. Para ello hay que instruirse; estudiar la historia y no aceptar las erráticas decisiones oficiales con resignación, perfecto mecanismo de dominación de quienes nos quieren atrapados y sumisos; por el contrario, prepararse para participar en un sensato regreso a la normalidad.   

El mundo no escapa a la constante repetición de su historia.

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La tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción fue un crimen de Estado.

El Día Internacional de la Mujer, fecha simbólica para reflexionar sobre la violencia contra las mujeres, fue marcada hace cuatro años con la terrible muerte y graves lesiones sufridas por 56 niñas y adolescentes recluidas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en Guatemala. Durante el tiempo transcurrido desde esa fecha, las autoridades de ese país han eludido toda responsabilidad por el trágico suceso y tampoco su sistema de justicia ha dado respuesta pronta y cumplida a los reclamos de organizaciones de la sociedad civil y de los familiares de las víctimas. 

Las adolescentes calcinadas en el incendio que puso en evidencia los sórdidos entretelones de ese hogar y los turbios negocios allí realizados no solo sufrieron una muerte atroz; también la sociedad, conservadora y proclive a juzgar de manera superficial a los menos afortunados, terminó de victimizarlas calificándolas de delincuentes y revoltosas, cargándoles sin el menor titubeo el peso de la culpa por los eventos de ese día y obviando la historia personal de cada una de ellas. Durante estos años, sin embargo, han sido periodistas conscientes y comprometidos con la búsqueda de la verdad quienes han realizado exhaustivas investigaciones y dado seguimiento a los casos, con el fin de desvelar la oscura historia detrás de esos auténticos centros de tortura y trata de personas en que se han transformado los establecimientos administrados por el Estado. La serie de reportajes realizados por Mariela Castañón ya había puesto en evidencia las condiciones infrahumanas en esos centros.

Es muy del caso insistir en la verdadera naturaleza de la acción política en una nación. Porque la manera como se ha prostituido la actividad política y cómo los centros de poder se han vendido al mejor postor, cada día aleja a los gobernantes de metas, fundamentos éticos y mandatos constitucionales. El abandono en el cual se encuentran grandes sectores de la ciudadanía –mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores- demuestra a las claras la degradación de la actividad gubernamental y pone de manifiesto el peligro que amenaza a nuestras débiles democracias. A este cuadro de carencias y malos manejos se suman los efectos devastadores de una pandemia mal manejada y, muy probablemente, utilizada como palanca para establecer dictaduras y normativas de carácter discriminatorio.

Este Día Internacional de la Mujer nos recuerda la importancia de mantener una estrecha vigilancia sobre los gobiernos y sus decisiones; el retroceso actual en el goce de derechos civiles debido a nuevas normas de conducta frente a la pandemia, tiene un especial impacto en los grupos mencionados, especialmente en los derechos de las mujeres y la niñez, las principales víctimas ante cualquier transtorno del escenario social. Los gobiernos tienen la absoluta obligación de orientar sus planes y propuestas hacia el bienestar y la prosperidad de sus habitantes y, muy especialmente, atender las necesidades de los sectores más vulnerables. 

Asimismo, quienes ostentan altas posiciones en los tres principales poderes de un Estado son responsables directos por los actos cometidos por quienes se desempeñan en sus distintas instancias. Por lo tanto, la seguridad y la vida de sus habitantes recae directamente sobre sus hombros y están obligados a responder ante la ciudadanía cuando han traicionado su misión. Este 8 de marzo es una fecha para jamás olvidar; es el día señalado para volver la mirada hacia las 56 niñas guatemaltecas víctimas de un Estado fracturado, cooptado por las mafias y en inminente peligro de convertirse en el vivo ejemplo de país fracasado. 

Repasar la historia es el mejor modo de aprender y tomar conciencia.

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La infancia debe ser una etapa feliz; un portal hacia el desarrollo y la realización de los sueños.

Tomás tenía 3 años y le sonreía a la vida cuando salió de su hogar acompañado de su tío abuelo. Iba con la confianza y la alegría propias de un niño saludable y feliz que encuentra, a cada paso, un nuevo descubrimiento, una nueva experiencia. Fue su último paseo; lo encontraron muerto en mitad del campo con señales de abuso, nueve días después. Durante ese lapso, la búsqueda fue intensa por tierra y aire mientras todo Chile clamaba por su aparición. No hay palabras para describir tanta atrocidad contra la niñez en cualquier lugar del planeta. La crueldad extrema implícita en el abuso sexual, la tortura y la impunidad que rodean a esos crímenes contra la niñez se encuentra, por lo general, avalada por un sistema de protección ineficiente y caduco, enmarcado en la absurda creencia de que ese importante segmento goza de la mayor protección en el hogar, la escuela, la iglesia o el vecindario. 

Así como Tomás salió de casa y nunca regresó, miles de niños, niñas y adolescentes alrededor del mundo son violentados física y psicológicamente por el solo hecho de encontrarse bajo la autoridad de otros, sin ningún mecanismo de defensa. En la mayoría de países centroamericanos, especialmente aquellos gobernados por políticos corruptos en complicidad con las organizaciones dedicadas al negocio de la trata de personas, cientos de ellos desaparecen sin alterar el sueño de las autoridades, pero tampoco el sueño de esas sociedades acostumbradas a la tragedia y a la violencia provocada por un sistema que ha destruido por completo la institucionalidad, abandonando a la población en un ambiente de absoluto caos y anarquía.  

La violencia sexual, una patología social de enorme impacto en nuestras sociedades, es consentida de modo directo o indirecto por la ineficacia de los sistemas de administración de justicia, pero sobre todo por el sistema patriarcal. Este, aún con pruebas a la vista, minimiza los abusos y otorga privilegios a los perpetradores, especialmente cuando esos crímenes son cometidos contra adolescentes y mujeres adultas. Casos extremos como el de Tomás, el niño de Lebu, se multiplican amparados por el silencio y la complicidad de quienes les rodean, bajo la consigna de mantener la reputación familiar aunque el crimen cometido destruya por completo la vida y el futuro de la víctima.

Está probada y comprobada nuestra incapacidad, como sociedad, de proteger a las nuevas generaciones de la violencia en cualquiera de sus formas. Preferimos engañarnos acudiendo a instituciones corruptas a las cuales entregamos a cientos o miles de víctimas propiciatorias, como sucede con los “hogares seguros” en los cuales se institucionaliza a una niñez que merece protección, pero administrados por delincuentes dedicados a la trata y a la prostitución de menores.

El fracaso de un país se mide por el trato dado a la niñez y, por lo tanto, debemos declararnos fracasados a nivel planetario. No hay rincón del mundo en donde la niñez y la adolescencia gocen de una total protección contra los abusos. Estos abusos, en la mayoría de casos, tienen impacto certero en diferentes patologías que esos seres sufren a lo largo de su vida, muchas veces reproduciendo en otros los efectos de sus sórdidas experiencias. Hemos creado una verdadera cultura de abuso, propiciada por la indefensión de unos ante la aparente autoridad de otros. Es así como, aún en el siglo de las maravillas tecnológicas, se mantienen los prejuicios sexistas y las estructuras de privilegios para los agresores, destrozando el futuro de los más indefensos.

Somos sociedades enfermas de machismo, violencia sexual y misoginia.

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Las condiciones impuestas por los gobiernos limitan el acceso a la educación.

Entre los efectos más graves de la pandemia y sus restricciones, está el limitado acceso a la educación y el consiguiente enclaustramiento de los segmentos infantil y juvenil de la sociedad. En los países menos desarrollados y en donde se observan grandes desigualdades, el tema de las políticas públicas para la educación ha sido manipulado, no solo desde la conveniencia política de mantener a la ciudadanía incapacitada para comprender, evaluar y participar de forma activa y consciente en los procesos de gobernanza, sino también para instalar un sistema laboral a beneficio del sector económico. Es decir, a menor educación, más mano de obra barata y dispuesta a aceptar condiciones mínimas de trabajo.

Quienes terminan siendo sacrificados –como chivos expiatorios- son las nuevas generaciones. Si la educación pública en la mayoría de nuestros países ha sido deficiente y cada vez más escasa, la pandemia ha venido a poner en evidencia la miserable infraestructura educativa y la pobreza de todo el sistema. Las condiciones de los establecimientos son de terror y, definitivamente, imposibles de utilizar en un ambiente de emergencia sanitaria. Muchas de las escuelas carecen de servicios tan básicos como agua potable y sanitarios decentes, por lo cual enviar a los niños a la escuela sería condenarlos, a propósito, a un contagio seguro.

Las opciones, sin embargo, tampoco son la panacea para ese enorme contingente de niñas, niños y adolescentes en proceso de recibir instrucción. Los gobiernos empiezan a proponer medidas como la educación a distancia, sin considerar que, para una fuerte mayoría de hogares, la tecnología es inalcanzable por vivir en situación de pobreza y no haber tenido nunca acceso a ella. Pero esta realidad no solo afecta a la niñez, tampoco es una solución válida para miles de madres, padres y maestros incapaces de ingresar a un campo de códigos virtuales totalmente nuevo y desconocido. Por lo tanto, las soluciones planteadas desde las cúpulas resultan únicamente factibles para un porcentaje minoritario de la gran población estudiantil.

Sumado a ello está el confinamiento de este segmento, para el cual el ejercicio, el entretenimiento y el contacto con sus pares ha sido limitado al extremo de provocar depresión, alteración de la conducta y, en algunos casos, hasta intentos de suicidio por vivir encerrados en ambiente de violencia doméstica. Los niños, niñas y adolescentes necesitan el juego y el contacto social como una de las actividades más importantes para su desarrollo. Privarlos de ese factor fundamental durante un tiempo prolongado tendrá efectos de corto, mediano y largo plazos, con el agravante de provocar, como efecto colateral, una inevitable tensión en el seno del hogar.

Es imperativo poner la educación y los derechos inalienables de la niñez y la juventud en el centro del debate político y no subestimar el impacto que esto tendrá en la vida y el desarrollo de las naciones. Dado que es un sector históricamente marginado, cuyas demandas suelen ser acalladas por la fuerza y la represión, otorgarles un espacio de participación en la toma de decisiones podría representar un cambio positivo y necesario para encontrar alguna salida a la crisis actual. En países tan proclives a privilegiar los intereses del sector empresarial por encima de los intereses de la ciudadanía, los gobiernos se han sometido a la regla de “a menos educación, menos participación política” y, por lo tanto, menos peligro de perder cuotas de poder. Ya es hora de cambiar la polaridad política en la dirección correcta.

El confinamiento de la niñez y la juventud genera un grave problema social.

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En Guatemala se aplica la estrategia del terror en el cuerpo de niñas, niños y adolescentes.

Guatemala transita por uno de los episodios más negros de su historia reciente. Desamparada e impotente ante el poder de las mafias, la población se paraliza ante la realidad de un Estado secuestrado por organizaciones criminales que operan en connivencia con las más altas autoridades y la condenan al miedo y a la sumisión. Los esfuerzos de estos grupos por apoderarse del último bastión de la justicia –la Corte de Constitucionalidad- lleva un siniestro mensaje: la democracia, que tanta sangre y dolor ha costado desde los tiempos de las dictaduras, está a punto de ser aplastada por un pacto entre políticos, élites empresariales y militares ignorantes, codiciosos, obtusos y sedientos de poder.

El escenario actual parece haber sido planificado en detalle para borrar hasta el último intento de oposición ciudadana y comienza a delinearse como un intento de acabar con cualquier resquicio de respeto por la Constitución y sus mandatos. La ciudadanía –ese conglomerado en donde supuestamente reside el poder- se encuentra sitiada y niñas, niños, adolescentes y mujeres parecen haber sido cuidadosamente escogidos como víctimas propiciatorias de esta escandalosa maniobra, diseñada para acallar toda rebelión, silenciar a las masas y obligarlas a aceptar lo inaceptable. 

Los secuestros, desapariciones, violaciones y asesinatos de niñas, niños y adolescentes han alcanzado niveles de terror. Los mensajes de alerta se han convertido en un cuadro cotidiano y, por lo mismo, han dejado de provocar reacciones, creándose un ambiente de acostumbramiento a los peores actos de violencia contra el sector más inofensivo y vulnerable de la sociedad. Guatemala se presenta ante la comunidad internacional como un país de impunidad, como una nación en donde el crimen organizado impera y decide los destinos de la patria. Como un territorio carente de justicia, en donde la ley opera dependiendo del tamaño del soborno.

Esta vergüenza de nivel planetario no afecta el negocio de las mafias, pero constituye un lastre inmenso y una constante amenaza para el futuro del país, cuya población observa impotente cómo se van por el barranco sus escasas oportunidades de alcanzar un desarrollo que, hasta ahora, ha sido sistemáticamente saboteado por sus élites empresariales y los cuadros políticos más retrógrados y corruptos. Cualquier intento por revertir este estado de cosas -perfectamente consolidado para mantener los privilegios de estos sectores- requiere la intervención directa de la ciudadanía. Pero la gente tiene miedo y ese miedo representa el pase libre para los criminales en el poder.

A las niñas, niños y adolescentes les está secuestrando, violando y asesinando el sistema. Para estas vidas inocentes no existe justicia; su destino, depende de instituciones capturadas por individuos nefastos coludidos con los victimarios, cuya indiferencia e inoperancia parecen ser parte del pacto criminal. Las niñas y niños no se violan, no se tocan, no se asesinan. Quienes cometen estas atrocidades al amparo de una justicia apática y corrupta merecen castigos ejemplares y definitivos. Asimismo, quienes pretenden –con actitud paternalista y condescendiente- someter a niñas, niños, adolescentes y mujeres al encierro para no ser víctimas de estas acciones viles, se convierten en cómplices de los criminales. Pretender adjudicarles la culpa por los ataques siniestros que sufren en todos los espacios es una absoluta aberración. Las calles, escuelas, templos y hogares deben ser santuario de protección para lo más valioso de la sociedad y no rincones propicios para el abuso. 

El encierro de niñas, niños y adolescentes no es la respuesta.

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La estrategia neoliberal se basa en la cooptación de los poderes de los Estados. 

Los centros de poder económico, a lo largo y ancho del continente, nos están demostrando claramente cómo se manejan los intereses en función de la consolidación de un Estado cautivo. A lo largo de la historia se ha comprobado cómo, desde el centro mismo del Estado, se tejen las redes diseñadas específicamente para anular la voluntad de los pueblos por medio de artimañas institucionalizadas, hechas ley y transformadas en el cepo de las débiles democracias latinoamericanas. Los eventos electorales se han constituido en un remedo de ejercicio ciudadano, en los cuales la decisión de la población se limita a votar por el menos peor y en donde, en muy raras ocasiones, existe un proceso transparente sin el escandaloso derroche de recursos de los más poderosos.

El gran capital no cede y, probablemente, se defenderá con uñas y dientes de cualquier giro intempestivo en contra de su hegemonía. Amparado durante décadas por un sector político desprestigiado, corrupto y engañoso, con el respaldo de ejércitos dispuestos a intervenir ante el menor peligro de una rebelión popular y el apoyo indiscutible de los sectores más conservadores de la comunidad internacional -con Estados Unidos a la cabeza- las opciones para generar cambios profundos del estatus resultan prácticamente nulas. Sumado a ello, la manera fraudulenta de administrar los fondos del Estado para consolidar privilegios y mantener a la ciudadanía contra las cuerdas, ha sido la herramienta clave para los gobiernos del continente.

Pocas y raras son las excepciones y, cuando se producen, esos intentos de refundación se enfrentan con impotencia a la amenaza de invasiones, golpes de Estado y uso de la represión. Todo ello, con la entusiasta anuencia de organismos diseñados ad hoc, como la OEA. Los pueblos de América Latina han pasado desde tiempos de la Colonia por las más duras experiencias: desde dictaduras de terror como las de Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y otras que registran los archivos históricos, hasta atrocidades incalificables como el genocidio perpetrado en Guatemala contra las comunidades mayas. Sin embargo, nada de eso ha conseguido destruir por completo las esperanzas de recuperación de derechos y libertades, por lo tanto los pueblos ponen sus expectativas en la recuperación de cualquier pequeño resquicio de verdadera independencia. 

Una de las estratagemas más perversas de estas cúpulas poderosas ha sido la compra de voluntades en los tres poderes del Estado. Mantener la obediencia del Ejecutivo –por quien apostaron un enorme capital en propaganda electoral- es el primer paso para garantizar la inmunidad frente a la ley. El segundo paso es repartir billetes a mansalva entre los legisladores, para poner el punto decisivo con la obediencia de jueces y magistrados. El golpe es certero y nada puede revertir el esquema, a menos que una población empobrecida y maltratada decida salir de la apatía y reaccione, arriesgando la vida en el intento. 

América Latina vive en un constante ciclo de avances y retrocesos. Su dependencia de políticas externas y la profunda degradación de las bases institucionales de sus Estados, constituyen una amenaza tan cierta como constante. El debilitamiento de políticas públicas como las de educación, salud, empleo y protección de la niñez, reflejan con prístina claridad cómo los grupos de poder económico, en lugar de ser una fuerza productiva y una herramienta de desarrollo, constituyen una amenaza constante contra la integridad y los derechos fundamentales de los pueblos.

El poder económico compra su pase de inmunidad en cada elección.

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Pese al desconocimiento general sobre los entresijos de la justicia, esta compete a todos.

Es probable que al pasar frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia, menos del uno por ciento de los transeúntes conozca a cabalidad lo que se cocina ahí adentro. La población, al no haber recibido una instrucción profunda en educación cívica –la mayoría ni siquiera conoce el texto de la Constitución- carece de los elementos necesarios para analizar y reflexionar sobre la trascendencia de una elección de magistrados. Tampoco conoce el impacto que esas elecciones tienen para su vida, su futuro y la integridad del sistema democrático. Es decir, lo ignora todo.

Ignora, por ejemplo, que un evento aparentemente tan lejano y abstracto como una elección de integrantes a las Cortes sea capaz de afectar de manera decisiva su futuro personal, el de su familia y el de su país. Que depender de la decisión de instituciones dominadas por organizaciones vinculadas al crimen organizado –tales como los organismos ejecutivo y legislativo- es una de las más graves amenazas a los derechos humanos consagrados por la Constitución y las leyes internacionales. Se preguntará por qué… Muy sencillo: de las Cortes depende la idoneidad de los jueces que en algún momento de su vida, tomarán decisiones tan cercanas a usted, en resoluciones sobre violencia doméstica, violaciones sexuales, migración, protección de la niñez, pensiones alimenticias, divorcios o división de bienes mancomunados y mil y un asuntos de diferente magnitud. Es decir, prácticamente entran a su hogar y le afectan de manera directa.

Pero eso no es todo. De jueces y magistrados dependerá, en última instancia, la protección de la riqueza nacional y la posibilidad de conservar el régimen democrático. Unas Cortes sólidamente fincadas en la ética, la transparencia y la honestidad son el parapeto contra el cual se estrella la corrupción de los políticos de turno y la codicia del sector empresarial organizado. Para ello, los procesos de selección de candidatos deben ser públicos, abiertos, transparentes y al alcance de la lupa de una ciudadanía consciente y enterada de sus detalles. 

En el proceso desarrollado actualmente para la elección de magistrados en Guatemala, por ejemplo, es fácil ver cómo el cáncer ha invadido todos los espacios y pudre desde adentro a las más importantes instituciones del Estado. Individuos vinculados al narcotráfico y, por ende, poseedores de un caudal incalculable de recursos económicos, compran el voto de legisladores, abogados y miembros de la academia en una especie de circo público, sin provocar la indispensable reacción de la ciudadanía para frenar semejante disparate.

Como en un espectáculo surrealista, desfilan por la pasarela ante las Cortes los delincuentes más connotados: aquellos cuyas acciones han destruido con precisión quirúrgica los restos del estado de Derecho y se han apoderado de una institucionalidad ya debilitada por décadas de abusos de poder. El sistema de administración de justicia es un recurso de inmenso valor para proteger los derechos de la ciudadanía. Entregarlo a las organizaciones criminales es un suicidio nacional y hay que detenerlo. La fila de personajes oscuros frente a las puertas de la Corte esperando conseguir el pase para obtener impunidad y poder sobre los destinos del país, no deja resquicio a la duda. Están ahí para transformar la ley en una herramienta de enriquecimiento ilícito, en una llave maestra para proteger a sus cómplices y a las más peligrosas organizaciones criminales del continente y para dejar claro que en Guatemala los poderes del Estado les pertenecen. Ahora ya sabe. De usted depende.

El sistema de administración de justicia es garante de la democracia.

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¿En dónde están las niñas, niños y adolescentes separados de su hogar? El Estado de Guatemala se encuentra en manos de un gobierno negligente y criminal, incapaz de velar por sus habitantes. En sus ciudades, pueblos y caseríos, las organizaciones criminales han encontrado el territorio abierto para llevar a cabo el negocio más cruel y perverso de todos: la trata de personas secuestrando a niñas, niños y adolescentes, a mujeres y hombres para comercio sexual, trabajos forzados o tráfico de órganos. Amparadas por un gobierno corrupto y la ausencia total de acciones contra el crimen, estas organizaciones han establecido alianzas con fuerzas de seguridad, políticos y militares para enriquecerse a costa de la tortura y la muerte de seres humanos desprotegidos y vulnerables.

Aun cuando no todas las desapariciones se relacionen con el negocio de la trata, es evidente que en el país la seguridad de la niñez está en una crisis de extrema gravedad. Es el momento de la intervención de la ciudadanía para exigir respuestas, investigaciones, protocolos de protección para la niñez abandonada o en ambiente de violencia doméstica. Ya es hora de actuar. Ninguna niña, niño o adolescente escapa de un hogar feliz.

Esto es solo una muestra de la amenaza cotidiana que acecha a la niñez guatemalteca. Estas son las Alertas Alba-Kenneth del 1 al 25 de enero de 2021. Noventa y cinco alertas de desaparición en 25 días.

Alejandro Sales Ordoñez (7 años) – Gliriam Rubidia Ruiz Sandoval (15 años) – Cristian Isai Perdomo Jimenez (9 años) – Alma Brigitte Hernandez Mendoza (13 años) – Alisson Adriana de Leon Hernandez (3 años) – Merly Nayely Mendez Cruz (13 años) – Amanda Xiomara Brizuela Fuentes (15 años) – Yesbely Ana Mabeli Castillo Garcia (12 años) – Erick Alejandro Zepeda (9 años) – Jhennifer Jhudith Morales Zavala (16 años) – Jose Abraham Palma Marin (11 años) – Karla Suleyda Chavac Nij (14 años) – Emili Alexandra Gutierrez Turnil (3 años) – Daniela Escarleth Ramirez Gutierrez (4 años) – Jefferson Agustin Arias Castillo (7 años) – Hector Ramiro Emanuel Arias Castillo (4 años) – Angel Guillermo Andres Yoc (1 año) – Melamy Crismely Equite Lopez (16 años) – Maria Rosalinda Velasquez Marroquin (15 años) – Ingrid Yanira Ramirez Diaz (13 años) – Iker Alejandro Lopez Macario (6 meses) – Enma Yojana Contreras Ramirez (15 años) – Jackeline Mishell Aroche Hernandez (15 años) – Cristel Dadiana Britney Morales Guzman (15 años) – Carlos Manuela Garcia Morales (12 años) – Emma Esmeralda Mendoza Serrano (1 año) – Dania Abigail Ruano Hernandez (15 años) – Katerine Mishell Rodriguez (17 años) – Britany Alexandra Mejia Morales (12 años) – Emanuel De Jesus Cojti Lares (15 años) – Erick Alexander Ortiz Gomez (12 años) – Brandon Jose Rodas Recinos (13 años) – Ilsy Yulissa Lopez Bolan (14 años) – Yohana Amavilis Santos Lopez (15 años) – Maryori Martinez Galicia (12 años) – Aylin Clarita Analy Can Herrera (10 años) – Alheida Eunice Nahomy Can Herrera (6 años) – Miriam Izabel Tucubal Raymundo (12 años) – Sheily Mishell Chan Caal (15 años) – Iann Stephany del Cid Aviche (6 años) – Willy Fredy Orozco Velasquez (13 años) – Mateo Diego Pascual (17 años) – Alba Rossemery Giron Hicho (17 años) – Yaneli Edelmira Santos Revolorio (4 años) – Jorge Estuardo Rosales Garcia (15 años) – Wueslin Alexis Martinez (8 años) – Patricia Guadalupe Rivera Ramirez (10 años) – Rodrigo Alejandro Muñoz (9años) – Perla Elizabeth Arana Morales (13 años) – Carlos Alexander Betancourt Ortiz (9 años) – Cristian Neftali Herrera Jimenez (1 año) – Joel Alberto Diaz Perez (16 años) – Elda Yanira Cortez y Cortez (16 años) – Edwin Samuel Gutierrez Serrano (17 años) – Jasmine Sarai Sosa Galiz (15 años) – Hillary Sarai Arredondo de Leon (3 años) – Cecilia Nohemy Velasco Diaz (1 año) – Linda Michel Chuyuch Garcia (15 años) – Jose Humberto Rodriguez Abrego (9 años) – Jesus David Fuentes Perez (17 años) – Geovanna Lisseth Albi Grajeda (14 años) – Dinora Alexandra Solares Lopez (14 años) – Prescila Schmitt Delengue (17 años) – Arnold Antonio Garcia Ruiz (17 años) – Tania Yanet Solis Vietman (15 años) – Telma Marina Juarez Vasquez (15 años) – Alma Heithzell Briggite Salazar Barrios (13 años) – Angel Misael Flores Sosa (15 años) – Kristel Vanesa Jocol Cruz (15 años)- Estefany Azucena Chaj Perez (16 años) – Sayra Celeste Arroyo Lopez (15 años) – Naomi Odet Melendrez Aceytuno (12 años) – Daniela Fernanda Huete Ordoñez (15 años) – Deysi Magaly Lopez Vasquez (15 años) – Thania Pamela Chavez (17 años) – Lesly Briseida Escobar Juarez (14 años) – Yurleni Yumari Sanchez Jaime (13 años) – Delmy Karina Victoria Sajvin Miculax (15 años) – Jatciri Mariciel De Leon Solis (16 años) – Amada Maria Jose Del Cid Perez (16 años) – Jose Carlos Morales Oliva (15 años) – Edgar Josue Sanchez Acevedo (16 años) – Gilda Beatriz Garcia Perez (17 años) – Taylor Leonel Tayuy Garcia (6 meses) – Jerardyn Yasmin Zapeta Ruiz (13 años) – Leydy Orselia Sique García (17 años) – Fernney Ardani Roldan Gonzales (2 años) – Miguel Augusto Canel Quej (3 años) – Ana Beatriz Canel Quej (3 meses) – Nathan Alexander Sutuj Pacheco (4 años) – Brandon Valdemar Ochoa Garcia (12 años) – Leyser Josue David Marroquin Gonzalez (13 años) – Zulmy Julissa Santos Sirin (16 años).

El quinto patio

Los primeros años de vida son un período crucial para el desarrollo del cerebro.

Sentir el cuerpo y experimentar el espacio exterior son algunos de los fenómenos de la primera infancia, período cuya trascendencia suele ser subestimada por los adultos. Los primeros cinco años de vida, un poco más si se cuenta la etapa intrauterina, los seres humanos desarrollan una inmensa cantidad de conexiones con el mundo que les rodea. Para ello, es vital poseer los elementos nutricionales adecuados para alimentar a un cuerpo en crecimiento y a un cerebro con el poder suficiente para procesar tal cúmulo de información. Pero la alimentación no es el único factor para el desarrollo saludable durante esos primeros años. También están las relaciones con su entorno: las caricias, el juego, la energía positiva y el orden en la enseñanza de nuevas rutinas, de nuevos encuentros.

En algunos de nuestros países, más de la mitad de niñas y niños carecen de todos estos elementos. Nacen de una madre pobremente alimentada, muchas veces una adolescente cuyas oportunidades de vida se perdieron en la ruta de un embarazo mal atendido, una mujer-niña cuya ignorancia sobre el cúmulo de conocimientos necesarios para enfrentar la tarea de criar a un nuevo ser resulta decisiva en ese proceso. A esto se suma un entorno hostil, en donde predomina la violencia doméstica en su amplia gama de expresiones y grados. Agresión física y sexual, violencia económica y psicológica, pérdida del control de su propia vida y un estado patológico de dependencia.

En ese enorme segmento de la población de países mal gobernados se encuentra la niñez abandonada,  “el futuro de la Nación” para cada campaña electoral, pero en realidad el germen del peor desastre demográfico para cualquier país que pretenda surgir del subdesarrollo. La estrategia de las clases económicamente dominantes ha sido impedir el desarrollo físico, intelectual y educativo de las grandes masas. Generación tras generación han consolidado sus acuerdos para inyectar los fondos del Estado en las instituciones de fuerza y poder: Ejército, policía y centros de inteligencia. Todas ellas como resguardo de un poder sustentado en la explotación de una población demasiado débil para oponerse. 

En esa línea, el dominio de la mitad de la ciudadanía –el sector femenino- es crucial. Marginadas de las decisiones, no les queda más que aceptar políticas reñidas con sus intereses y sus perspectivas de desarrollo. De ese modo, ven esfumarse sus oportunidades y un futuro de independencia. A ellas les han impedido el acceso a la educación formal, pero también a toda información relacionada con su vida sexual y reproductiva, por orden de autoridades entre las cuales muy pocas veces –o nunca- figuran sus congéneres. Esta marginación, producto de un sistema misógino y discriminatorio, termina por naturalizar la degradación de las mujeres a un puesto de ciudadanas de segunda categoría, con toda la carga emocional y social que ello implica.

El desastre viene dado. Esos muros invisibles, esas vallas mentales de sociedades marcadas por doctrinas religiosas cargadas de desprecio y prejuicios medievales sobre el papel de la mujer, resultan en el deterioro permanente de un sector potencialmente productivo y capaz de mover por sí mismo los motores del desarrollo. Si las políticas públicas fueran dictadas con inteligencia y centradas en el bienestar del pueblo, los mayores recursos del Estado deberían ir directo a financiar la educación, la salud pública y a garantizar la nutrición para toda la población, como la estrategia más importante para la supervivencia de la democracia. 

El peor desastre demográfico: una niñez desnutrida.

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El factor común del drama humano centroamericano es la corrupción y la miseria. 

La muerte de Yesmin, una niña guatemalteca de 2 años afectada desde su gestación por la desnutrición presente en más de la mitad de la población de ese país, es solo un caso más entre millones de niñas y niños cuyo destino se rifa a diario en negocios turbios y crímenes de Estado perpetrados por políticos, empresarios y organizaciones criminales, cuyo poder se consolida gracias a un sistema de administración de justicia corrupto y complaciente.

Yesmin pudo ser una de las niñas de la caravana de migrantes que huye de Honduras por las mismas razones que a ella la condenaron a muerte: una pobreza endémica, falta de oportunidades de trabajo, impunidad, abuso de poder y el abandono del Estado en toda la red de servicios públicos. Yesmin fue una víctima, entre millones, cuyo paso por la vida estaba marcado por las carencias comunes al subdesarrollo: ausencia de infraestructura sanitaria, saqueo del patrimonio nacional y toda clase de delitos relacionados con el manejo de la cosa pública. Es decir, el estilo de gobierno de países como Guatemala y Honduras, cuyas banderas figuran en las gráficas de los indicadores de desarrollo humano como las peor situadas.

Guatemala y Honduras son países hermanos. Pero esa hermandad de los pueblos se manifiesta, en los gobiernos, por medio de la complicidad criminal para acabar con la democracia, fortalecer el poder de las organizaciones criminales que alimentan las caletas de militares, políticos y empresarios, permitir el despojo abierto y sin disimulo de la riqueza natural -operado por los grandes consorcios nacionales e internacionales- e ignorar de manera sistemática los reclamos de la población, aplicando en su contra todo el aparato represivo, paradójicamente financiado por quienes reciben los golpes. 

Las escenas de la caravana de migrantes hondureños que atraviesa Guatemala en su ruta hacia Estados Unidos, dejan claro cómo los gobiernos de estos dos países se confabulan para hacerle el favor al imperio. Sometidos a las órdenes del Departamento de Estado y su exigencia de detener a los migrantes, arremeten con todo su arsenal –policíaco y militar- en contra de familias enteras que solo buscan una oportunidad de vida más allá de sus fronteras. Las escenas son estremecedoras y ponen de manifiesto que las leyes internacionales, para estos gobiernos, valen tanto como las locales violadas a diario. 

En la página de la OEA se puede leer lo siguiente: “Todos los migrantes, en virtud de su dignidad humana, están protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, sin discriminación, en condiciones de igualdad con los ciudadanos, independientemente de su situación administrativa o de su condición. Sin embargo, a pesar del marco jurídico existente, los migrantes en todo el mundo siguen sufriendo abusos, explotación y violencia.” Entonces, es pertinente preguntarle a los directivos de esa organización, cuya reputación sigue manchada por acciones a favor de los golpes de Estado, cómo es posible su indiferencia ante la violencia ejercida por las fuerzas armadas guatemaltecas en contra de una caravana pacífica a la cual, en lugar de darle palos, hay que darle apoyo.

Asimismo, el trato prodigado por los medios de comunicación a este sensible tema debe estar en concordancia con ese postulado, y abstenerse de alimentar juicios basados en la discriminación y la xenofobia tan propios de una opinión pública insensible a la tragedia de los más pobres, como suele suceder. Los “migrantes” somos todos, más temprano o más tarde. El derecho de emigrar es un derecho humano consagrado por las leyes internacionales y es de humanos respetarlo.

Los migrantes somos todos, más temprano o más tarde.

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El patético espectáculo del Capitolio deja una lección: no hay democracia inmune.

Lo experimentado por los miembros del Senado en Estados Unidos ha sido una muestra breve e ilustrativa de lo provocado por esa poderosa nación en otras alrededor del mundo. Convencidos de poseer una democracia a prueba de balas –literalmente- y de constituir un ejemplo de institucionalidad incorruptible ante el resto de la comunidad internacional, a los gobernantes de ese país –sin excepción- no les ha temblado el puño para desestabilizar democracias en otras latitudes bajo el pretexto de eliminar los riesgos de una posible independización de otros Estados, en términos económicos y políticos.

Dura lección para quienes han invadido otros territorios con una bandera que hoy lleva la mancha del extremismo doméstico. Lo que en estos días aprendieron los parlamentarios es el valor de la estabilidad, del diálogo y de la correcta aplicación de las leyes, tanto para su país como para el resto del planeta. Solo falta que lo apliquen. Las expresiones de incredulidad ante la violenta batida de las huestes de Trump dentro del “sagrado” recinto del Capitolio, han de tener más de una lectura. Para empezar, las instancias políticas de ese país han sido confrontadas con la fragilidad de un sistema considerado indestructible y, luego, con el hecho de constatar la fuerza de un sector de la sociedad que no cree en la democracia.

Los partidarios del presidente Trump, un maníaco hinchado de poder, no son solo esos cientos de manifestantes que invadieron el Capitolio para amenazar a los senadores y destruir todo a su paso. No. También están los millones de votantes que favorecieron a uno de los presidentes más cuestionados, no solo por su tendencia fascista sino por su personalidad megalomaníaca y abiertamente racista. Es decir, casi la mitad de los votantes apoya las políticas de un individuo cuya inestabilidad psicológica ha llevado a una división profunda a nivel nacional.

El lamentable espectáculo transmitido en directo desde Washington debería servir como piedra angular de un cambio sustancial en la política exterior estadounidense. Aquello considerado una muestra inaudita de atentado contra la integridad institucional, equivale a las innumerables tácticas de rompimiento del orden constitucional perpetradas por el Departamento de Estado y sus agencias de inteligencia en países del tercer y cuarto mundos, las cuales han jalonado la historia de sus relaciones internacionales destruyendo gravemente las oportunidades de desarrollo de esas naciones. 

Lo sucedido en Washington con el vandalismo de los grupos afines a Trump choca de frente contra esa especie de ingenuidad colectiva que considera los valores democráticos como verdades estampadas en piedra. La verdad es que no hay democracia capaz de resistir el embate de la violencia extremista y menos cuando esta es propiciada desde el centro del poder. La democracia es un proceso, un camino que se abre y se consolida con acciones positivas, no un ideario abstracto. La democracia se funda en el respeto por el derecho de los demás y en la estricta aplicación de las leyes, sin excepciones.  

Quizás a partir de ahora se produzca en la clase gobernante estadounidense un necesario y profundo cambio de perspectiva sobre sus políticas y acciones en otros países. Las naciones en desarrollo necesitan espacio para respirar y crecer, política y económicamente; de eso depende la consolidación de democracias débiles y vulnerables, las cuales hasta ahora viven en la dependencia y la sumisión, sumidas en la pobreza, la corrupción y el caos institucional.

Lo sucedido en Washington deja una valiosa lección de humildad.

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