Salud pública y religión

La separación entre Iglesia y Estado representa una garantía de corrección política.

Las agresiones sexuales contra niñas, adolescentes y mujeres han sido la manera como se manifiesta con toda su fuerza un sistema de dominación patriarcal y, por lo tanto, la existencia de normas opuestas al ejercicio pleno del derecho sobre su cuerpo, constituye una abierta violación a su integridad. De ahí que las limitaciones legales a una interrupción segura del embarazo, en lugar de proteger la vida de niñas, adolescentes y mujeres, las coloca en alto riesgo con el agravante de imponerles castigos extremos aun cuando el aborto se haya producido de manera natural y espontánea. Es importante señalar, entonces, que la decisión de dictar leyes para criminalizar e impedir esa intervención quirúrgica -muchas veces en un contexto de riesgo vital- no ha reducido en nada la práctica clandestina de interrupir un embarazo, la cual por lo general se produce en pésimas condiciones poniendo en peligro la vida de quienes se someten a ella.

De acuerdo con estudios realizados en el marco del Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Seguro y Legal, celebrado cada 28 de septiembre, expertos indican que anualmente más de 47 mil mujeres mueren por complicaciones debidas a la práctica insegura de la interrupción del embarazo, procedimiento que alcanza la cifra de 22 millones de abortos inseguros en el mundo, cada año. Especialistas en derechos humanos también son enfáticos al señalar que esta denegación de servicios dentro del marco legal y penalización del procedimiento, constituye una de las formas más perjudiciales de instrumentalización del cuerpo de las mujeres y claramente es una expresión de la discriminación por género.

Es un hecho que en estas leyes han intervenido con exclusividad instituciones de estructura vertical no democrática regidas por hombres, en las cuales el papel de la mujer es secundario y marginal, cuando no inexistente. En este tema, las doctrinas religiosas han jugado un papel predominante y su enorme influencia sobre los Estados –sobre todo en países tercermundistas- se ha enfocado básicamente en la restricción de libertades; sin embargo, estas limitaciones no responden tanto a una postura moral como a la necesidad de consolidar su fuerza política con el propósito de mantener su hegemonía entre los grupos de poder. Por lo tanto la voz de las mujeres, en un asunto que les compete de manera directa, ha sido silenciada e ignorada con la complicidad de las principales instituciones de estos Estados.

De los 194 países reconocidos por la ONU solo 5 tienen restricción absoluta contra la práctica del aborto, no importando la circunstancia. Eso refleja un avance, pero no suficiente para asegurar el pleno respeto por el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Pero también refleja otra realidad, y es que las leyes jamás deberían ser condicionadas por instituciones ajenas a los intereses de las mayorías y mucho menos cuando no responden a las convenciones y tratados creados para proteger y garantizar el respeto por los derechos humanos.

El tema de la interrupción voluntaria del embarazo, por lo tanto, merece una discusión amplia en todos los sectores, principalmente entre quienes son directamente afectados: las mujeres y los profesionales de la salud. Para ello, es preciso abordarlo con inteligencia, empatía y un alto grado de apertura. Las decisiones impuestas por influencia de algunos sectores o por criterios personales nunca podrán encajar sin provocar escisiones en sociedades democráticas e inclusivas, como deben ser las del presente siglo.

Las leyes deben ser una garantía de orden, no de discriminación. 

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El miedo, mal consejero

Las reacciones desde el poder ejecutivo no dejan lugar a dudas: tienen miedo.

Atacar a la prensa ha sido una larga y funesta tradición en Guatemala. Incapaces para enfrentar las críticas y señalamientos derivados de investigaciones acuciosas de equipos periodísticos, tanto políticos como empresarios en el poder atacan con lo que tienen a mano; es decir, mediante los cuerpos policiales, de inteligencia y paramilitares que cumplen para ellos sus más sucios encargos. Las agresiones a la Prensa nacional y sus miembros no son nada nuevo, el buen trabajo periodístico, aquel que no se vende, ha representado una amenaza constante para la casta política que se ha erigido en un círculo de intocables en cuyas manos están las llaves de la caja fuerte y, algo aún más sensible, la capacidad de cambiar las reglas del juego mediante un trabajo legislativo clientelista.

La reacción del Ejecutivo no es más que una manifestación explícita del miedo que le domina. Se ve acorralado por el rechazo de la ciudadanía ante su evidente incapacidad para llevar el control del gobierno, para coordinar políticas racionales en momentos tan críticos como los actuales y para responder a las demandas de un pueblo que -a menos de un año de gobierno- ya comprendió el inmenso error cometido al escoger a un títere del empresariado y cómplice de un ejército represor. Guatemala vuelve al escenario de los 80 con un presidente completamente ajeno a la realidad, transformado en enemigo declarado de la democracia.

La reciente captura del periodista Sonny Figueroa es un chiste que se cuenta solo. Junto con su colega Marvin del Cid, publicó una exhaustiva investigación sobre el aparato administrativo supra ministerial que ilegítimamente (y probablemente también fuera del marco legal) ha tomado el control de las acciones del Ejecutivo bajo el mando de un joven protegido del mandatario. Un fuerte financiamiento cubre los caprichos de este Centro de Gobierno cuyo propósito más evidente es blindarse contra cualquier intento de fiscalización. Por lo tanto, las investigaciones y publicaciones de Figueroa y Del Cid le ocasionaron un escozor que solo podía calmarse con una persecución abierta y descarada.

Sin embargo, al presidente y su protegido les salió el tiro por la culata por la torpeza de su reacción y solo provocaron una inmediata y fuerte protesta del gremio periodístico y de numerosos miembros de la sociedad civil. Lo que hoy vive Guatemala es un evidente retroceso hacia las dictaduras del siglo pasado y eso se puede observar cada día en las medidas desesperadas y erráticas del mandatario, quien para dar una impresión de autoridad -de la cual carece- ha recurrido a tácticas reñidas con el marco democrático. Ansioso por derribar obstáculos a sus ambiciones dictatoriales ha dado golpes arteros a la institucionalidad y, por supuesto, al derecho a la libertad de prensa, el mayor de los avatares para cualquier dictador improvisado.

Es imperativo subrayar que sin una prensa independiente, un país cae indefectiblemente en un estado de tiranía y en el colapso del estado de Derecho. El ejercicio del periodismo es, por tanto, un baluarte de las libertades y facultades de las mayorías, ya que la libre expresión no solo es privilegio de la prensa, sino es un derecho inalienable del pueblo a conocer en detalle las decisiones y los actos de sus gobernantes para, de ese modo, ejercer uno de los principios fundamentales de la democracia: la fiscalización del uso de los recursos nacionales y la ruta correcta de las políticas públicas, con el objetivo de garantizar la observancia y pertinencia en el ejercicio del poder. Por eso y mucho más, le temen tanto a una prensa que no se deja amedrentar.

Cuando el miedo se instala, lo primero que se nubla es la razón. 

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Agüita de toronjil

Para calmar la ansiedad, buenos son los pactos.

En días recientes, uno de los temas candentes ha sido la supuesta apertura de diálogo entre el gobierno salvadoreño y los pandilleros, grupos criminales temidos por la sociedad centroamericana dado su poder y la extrema crueldad de sus actos. Imágenes de jóvenes tatuados y semi desnudos en filas perfectas o hacinados en jaulas, recorren las redes sociales y los medios de comunicación para poner ante la mirada colectiva a una de las grandes amenazas contra la paz social. Incapaz de comprender la dimensión del problema y mucho menos de digerir las causas de su origen, la ciudadanía cierra filas para condenar y exigir medidas extremas tendentes a “acabar con la peste”.

Numerosos han sido los estudios e investigaciones dirigidos a entender por qué esos niños, adolescentes y jóvenes adultos ingresan a las pandillas. Aun cuando resulta obvio que se trata de un cuadro de abandono, pobreza e incapacidad del sistema para satisfacer las necesidades más urgentes de las nuevas generaciones, quienes observan el fenómeno desde la distancia suelen ser más proclives a condenar que a buscar los orígenes de este drama humano. Sin embargo, basta echar una mirada al escenario en el cual se desarrolla esta patología social para comprender cuánta responsabilidad recae en la sociedad por su actitud permisiva hacia la corrupción campante de sus autoridades y de quienes manejan los entresijos del poder económico.

Carentes de oportunidades de educación y, por lo tanto, de la posibilidad de ganarse de la vida de manera digna, estos niños y jóvenes son fácilmente reclutados por grupos criminales –algunos de los cuales son incluso coordinados por elementos de la policía y el ejército- con la promesa no solo de ganarse el sustento sino también de tener la protección del grupo. En los países que conforman el corredor de la droga, las pandillas controlan barrios enteros en donde se concentran el menudeo y el sicariato, actividades administradas por organizaciones vinculadas a personajes clave en esferas más elevadas y, por lo tanto, intocables.

Al analizar la dimensión y el alcance del problema planteado por este fenómeno de las pandillas, una primera consideración es cómo un gobierno podría alcanzar un acuerdo de paz sin ir al origen mismo, reparando de manera contundente todos los vacíos y los abandonos cuyas consecuencias han generado una división tan profunda como letal en las sociedades centroamericanas. Porque no se trata de calmar el cáncer con agüita de toronjil, sino de iniciar un proceso amplio de reparación profunda de las heridas causadas a estas sociedades marcadas por la miseria sobre grandes segmentos de su población y, sobre todo, con un enfoque de integración -por parte de las instituciones de Estado- hacia las nuevas generaciones.

Con el propósito de iniciar un proceso de sanación de la sociedad, es imperativo comprender que las pandillas no nacieron por generación espontánea, sino son producto de la corrupción imperante en el sistema político y económico impuesto por otras clicas interesadas: un empresariado irresponsable, un sistema de justicia inoperante, una asamblea legislativa aliada con quienes sangran a sus países y gobernantes incapaces de comprender los alcances de su responsabilidad con el futuro de su nación. Ante este enorme desafío, cualquier pacto ha de ir al fondo del problema con una perspectiva de largo plazo y el compromiso de hacer los cambios necesarios para que nunca más un niño tenga que asesinar para comer.

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Las pandillas no nacieron por generación espontánea. Son producto del sistema.

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Entre ovejas te veas…

Nuestros gobiernos hablan de inmunidad de rebaño y nos envían al matadero.

Entre los términos científicos para explicar los diferentes aspectos de la pandemia que nos tiene encerrados y temerosos, se ha comenzado a difundir el concepto de inmunidad de rebaño (o inmunidad de grupo) como una posible solución para detener la expansión del contagio con el virus SARS-CoV-2, nombre técnico del coronavirus responsable de la pandemia. Es la estrategia de emergencia ante la imposibilidad de realizar una campaña masiva de vacunación, dado que esa vacuna aún está lejos en el horizonte, o por lo menos inalcanzable para miles de millones de seres humanos en el planeta.

La inmunidad de rebaño, de acuerdo con un artículo publicado por los doctores Esperanza Gómez-Lucía y José Antonio Ruiz-Santa-Quitería, ambos investigadores del departamento de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid, “se da cuando un número suficiente de individuos están protegidos frente a una determinada infección y actúan como cortafuegos impidiendo que el agente alcance a los que no están protegidos.”. Es decir, para que la estrategia funcione sin la aplicación de una vacuna –lo cual sería ideal- deben haberse contagiado de la enfermedad suficientes personas. Para más claridad, la mayoría de la población. Esto tendría el efecto de desarrollar una barrera inmunológica capaz de proteger a los más vulnerables; sin embargo para que esto suceda también debe haber transcurrido un largo tiempo, sobre todo en países que han aplicado y mantenido severas medidas de restricción.

Otra de las condiciones indispensables para garantizar el éxito de esta aparente solución de carácter colectivo, es poseer una infraestructura sanitaria sólida y eficiente capaz de atender los numerosos casos que se van a producir a partir de la apertura de las restricciones impuestas desde el inicio de la pandemia. Es decir, cuando todo el mundo comience a recuperar la dinámica normal de escuelas abiertas, restaurantes, bares, cines, centros de trabajo y demás, los contagios se multiplicarán de manera exponencial bajo la consigna de la inmunidad de rebaño, llegando con especial dureza a los segmentos de población susceptibles a sufrir la enfermedad con todos sus devastadores efectos: niñez desnutrida (alrededor del 50 por ciento de la población infantil en algunos países centroamericanos), adultos mayores con enfermedades crónicas, personas carentes de seguridad social y de medios para costear la atención hospitalaria.

En países cuya infraestructura y servicio sanitario han sufrido los embates de sistemas políticos y económicos opuestos a satisfacer las necesidades de la población con el objetivo de privilegiar a sectores empresariales de enorme poder, se carece de los recursos mínimos para aplicar una estrategia de tan elevado riesgo para las mayorías. De acuerdo con el documento mencionado, en el caso del Covid19, la inmunidad de rebaño se alcanza cuando el 70 por ciento de la población está protegida y, como indican sus autores, “la inmunidad de grupo, para ser eficaz, necesita que haya un único hospedador (en este caso las personas), que la infección se transmita de persona a persona (sin intermediación de vectores) y que la transmisión o vacunación induzca una inmunidad sólida. En el caso de SARS-CoV-2 no hay suficientes datos como para entender aún la epidemiología de la infección, y además el grado de inmunidad adquirido tras la infección está por determinar.”

En países como los nuestros, con gobernantes opuestos a apoyarse en la ciencia, no se puede hablar de “inmunidad de rebaño” sino de algo mucho más real y específico: el “sálvese quien pueda” de los incapaces.

El “sálvese quien pueda”, la consigna de los corruptos.

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La mala palabra, la palabra prohibida

Aborto: Interrupción de un embarazo (Diccionario panhispánico del español jurídico).

La prevalencia de doctrinas religiosas en los países latinoamericanos, cuya influencia ha sido estampada hasta en textos constitucionales, constituye un obstáculo aparentemente infranqueable para uno de los problemas sociales y de salud pública de mayor impacto en países de población mayoritariamente pobre: el derecho a la interrupción de embarazos de alto riesgo o producto de violaciones. Así, las muertes evitables en niñas, adolescentes y mujeres por la práctica clandestina de este procedimiento, terminan siendo resultado de decisiones políticas destinadas a privar a los menos privilegiados de acceso a la educación y a servicios básicos, como la máxima expresión de un sistema patriarcal de dominación y control.

En los países de nuestro continente, se estima que unos 25 millones de mujeres carecen de acceso a métodos anticonceptivos; pero la cifra se queda corta al sumar a quienes, a pesar de tenerlos, no los utilizan por razones religiosas, por desconocimiento o por imposición de los hombres en su círculo inmediato: pareja, padre, hermano o alguna autoridad de su comunidad. También se conoce la tremenda prevalencia de violencia en el ámbito familiar, violaciones sexuales, incesto y trata de personas, a cuyas víctimas el sistema deja a merced de sus agresores. Esta amenaza se cierne sobre las mujeres, la niñez y la juventud, sometidas desde el inicio de su vida a un sistema de estricto control masculino que les priva de su derecho a una vida sin violencia y acceso a las oportunidades en igualdad de condiciones.

Para ilustrar la dimensión del drama humano enfrentado por este sector, baste constatar que las cifras de embarazos en niñas y adolescentes, de entre 10 y 14 años, en un solo país y durante los primeros cuatro meses de 2020, ascienden a cerca de mil 500; estas, reportadas por el Observatorio de los Derechos de la Niñez en Guatemala, Ciprodeni. Sin embargo, Guatemala –al igual como muchos otros países de América Latina-, carece de un sistema confiable de estadísticas y registro, ya sea por la ausencia de instituciones del Estado en una buena parte de su territorio, ya sea porque muchos casos son ocultados por la familia de las víctimas, por lo cual los datos presentados podrían ser solo una muestra parcial de esta tragedia.

Estas niñas agredidas y violadas son, por decisión política, sometidas a la tortura de llevar su embarazo a término y, adicionalmente, exponerse a perder la vida y, de sobrevivir, a perder las mínimas oportunidades que el sistema les podría brindar. Es decir, quedan sujetas a un régimen de absoluta privación de todo aquello que presta valor a su existencia. La interrupción del embarazo para estas pequeñas víctimas de un sistema aberrante de poder patriarcal, debería ser una prioridad en el sistema de salud y también derribar de una vez por todas los absurdos prejuicios que rodean a esta práctica sanitaria. Del mismo modo, poner el procedimiento al alcance de quienes lo necesiten ya sean niñas, adolescentes o adultas, tal y como se brinda en hospitales privados a mujeres de círculos sociales privilegiados que lo requieren y lo reciben en un ambiente sanitario adecuado.  

La negativa de esos mismos sectores de privilegio a poner al alcance de las familias la educación sexual y los métodos para planificar los embarazos, evitando así tanta muerte innecesaria no responde, por lo tanto, a una postura ética sino a una política de control y prevalencia de un sistema arcaico de dominación social, instrumentalizado por medio de doctrinas religiosas y restricción del acceso a la educación para las grandes mayorías. 

Las restricciones sanitarias castigan con especial dureza a la niñez.

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El elusivo sueño de la paz

La integridad del sistema de justicia, única garantía para alcanzar la paz y el desarrollo.

Los ataques contra las Cortes, en Guatemala, constituyen una forma de suicidio, institucional y colectivo. Guatemala es un ejemplo de esta dura realidad; un país en donde se firmaron los Acuerdos de Paz y antes de secar la tinta ya se habían amarrado los compromisos para neutralizar sus efectos. Un país cuyas estructuras políticas, militares y empresariales han sido protagonistas de las peores atrocidades contra la ciudadanía –y muy especialmente contra los pueblos originarios- y en donde cualquier intento por imponer normas, administrar justicia y reparar los errores históricos que han llevado a ese país a la ruina, está condenado a ser combatido desde el Estado y sus aliados, hasta la total anulación.

El ejemplo de algunos líderes mundiales como Nelson Mandela, Martin Luther King o Mahatma Gandhi nos dejó grandes enseñanzas. Una de ellas es que la búsqueda de la justicia y la paz no está exenta de violencia. Perseguidos y encarcelados por pregonar ideas contrarias al sistema establecido, su fuerza moral los sostuvo durante años de persecuciones y campañas de desprestigio por parte de los círculos de poder. Dos de ellos –Gandhi y Luther King- fueron asesinados en un inútil y tardío afán de callarlos. De esa capacidad de resistencia, de esa solidez intelectual y humana surgió el mensaje de estos pensadores, cuya esencia transformó de manera radical la manera de ver al mundo y dejó para la posteridad el mensaje de que el respeto de los derechos humanos de las grandes mayorías es el único camino posible hacia la paz y el desarrollo.

La resistencia pacífica fue, coincidentemente, una de las estrategias utilizadas por estos tres personajes de la historia del siglo veinte. De ella emanó la certeza de que sin perseverancia, sin una conciencia clara del porqué de la lucha y sin la convicción de cuál es el camino correcto para transformar las condiciones de vida, no hay esperanza de cambio. Pero además, constituyó todo un ejemplo para las generaciones del futuro respecto de la importancia de buscar la paz a través de la verdad como única manera de lograr la reconciliación. En ese camino hacia el entendimiento, todos los senderos pasan por la justicia. Por ello un sistema diseñado para favorecer a unos pocos en desmedro del resto de la población, se interpondrá de manera inevitable en la búsqueda de la paz.

Para restablecer el imperio de la justicia, el conocimiento es básico. La búsqueda de la verdad en países agobiados por la violencia pasada y presente, con una historia de conflicto bélico y un gran porcentaje de sus habitantes viviendo bajo la línea de la pobreza, implica un proceso de catarsis, revelación y recuperación de la identidad alterada por décadas de silencio y represión.

Sin embargo, la consecución de estos objetivos chocará frontalmente con la resistencia feroz de quienes sostienen en sus manos las riendas del poder político y económico, al considerar como una amenaza la participación de la población en procesos de cambio incluyentes, capaces de abrir las estructuras de poder para garantizar una auténtica democracia. El riesgo de esa democratización de las instituciones que conforman la base del sistema, con las Cortes a la cabeza, los lleva a cerrar filas contra cualquier intento de cambio y, de paso, a crear mecanismos destinados a deslegitimar esos esfuerzos.

Solo la justicia garantiza la posibilidad de efectuar procesos radicales y profundos de transformación social. Significa la plena aceptación de los derechos de los otros, la reivindicación de su sitio en la sociedad, el respeto a las diferencias y el combate a la injusticia. No hay otro modo de alcanzarlos más que con acciones contundentes para exigir y defender su integridad.

Solo un sistema sólido de justicia puede conducirnos hacia la paz.

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El detalle que faltaba

Acabar con todo resto de institucionalidad, el objetivo final de las mafias.

El tema de la cooptación de las Cortes del sistema de justicia en Guatemala no es objeto de gran atención por parte de la ciudadanía de ese país. De hecho, en estos meses, cuando la población se encuentra sumergida en el mundo surrealista de una amenaza viral de dimensiones planetarias con la perspectiva de perder el empleo, ver reducidos sus ingresos y temerosa del contagio, pocos son los temas que alcanzan a penetrar en su pensamiento y adquirir cierta preponderancia. Por ello, lo que se negocia actualmente en el Congreso de Guatemala con relación a la elección de las Cortes y los intentos de cooptar, neutralizar y finalmente eliminar a la Corte de Constitucionalidad -cuyo desempeño aún se mantiene dentro de los parámetros del orden legal- son hechos que fácilmente escapan a la atención de la ciudadanía, lo cual aun siendo comprensible, es altamente peligroso.

Guatemala ha sufrido una violencia extrema –física y psicológica- de larga duración; el conflicto armado marcó con sello indeleble a más de una generación y creó una atmósfera espesa de miedo y desconfianza cuya presencia incide, aún después de tantos años de intentos de democracia, en la actitud apática y poco proclive a la participación política dentro de la sociedad civil. Los abusos de poder y los vínculos entre los cárteles del narcotráfico y las esferas empresariales, políticas y castrenses, han dado como resultado la consolidación de las mafias en las instituciones del Estado, con especial énfasis en el aparato de justicia, del cual dependen las garantías de impunidad para quienes cometen toda clase de delitos bajo la salvaguarda del poder.

Una de las razones por las cuales existe esa apatía en relación con el desempeño de las instituciones del Estado es, precisamente, el absurdamente elevado índice de impunidad en el sistema de administración de justicia, en donde quienes se animan a denunciar delitos en su contra suelen ser objeto de represalias y de pérdidas económicas producto de un desempeño pobre del aparato de justicia. Este ha sido históricamente marcado por el soborno, las presiones desde centros de poder y de las mafias en la elección de jueces y magistrados. Ante este escenario, la población está indefensa y sobre todo impotente frente a un aparato poderoso cuyos entresijos le resultan incomprensibles. Una de las causas de esta falta de comprensión respecto de uno de los pilares del sistema democrático ha sido el bloqueo sistemático de los grupos de poder hacia la educación de calidad –una de las herramientas fundamentales para el empoderamiento ciudadano- y las restricciones al derecho de acceso a la información.

Estas limitaciones a la formación ciudadana y a la información han sido cruciales para mantener a la población ajena a las maniobras de sus legisladores quienes, además, han sido electos de acuerdo con una ley diseñada ad hoc para impedir la participación plena de la ciudadanía y, por lo tanto, aun cuando su presencia en la asamblea sea legal, en el fondo es ilegítima. Todo esto se traduce en una dinámica de círculos concéntricos por medio de la cual los grupos cuyos nexos y acuerdos han logrado capturar todos los hilos del poder, pretenden consolidar el secuestro total de las más importantes instituciones del Estado y así neutralizar, de modo definitivo, todo intento de reforzar la incipiente democracia actual. Por si faltaba algún detalle en este cuadro escabroso sobre la elección de las Cortes, es importante añadir que algunos de los personajes más influyentes en ese proceso se encuentran actualmente guardando prisión preventiva por gravísimos actos de corrupción.

La cooptación del sistema de justicia es el primer paso hacia la dictadura.

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La pandemia que nos define

Las relaciones de poder se consolidan en medio de un ambiente fuera de control.

De manera paralela a los efectos del Covid-19, una de las consecuencias del confinamiento obligado es el incremento de actos de violencia contra niños, niñas y mujeres. Sin embargo, las agresiones perpetradas desde el machismo y la misoginia constituyen una conducta normalizada a partir de una educación con sesgo sexista y un sistema que ampara a los agresores por una visión deformada de la justicia; por lo tanto –aunque esta pandemia ha empeorado la situación- esas conductas han existido desde siempre. Los ejemplos abundan, pero ni así logran llegar a la conciencia de la sociedad, dado que esta todavía considera la violencia machista como “un asunto privado” y da vuelta la cara para no saber.

En esta lucha sin cuartel, emprendida por quienes comprenden a cabalidad cuál es el alcance de los estereotipos insertos en la conciencia colectiva, las iniciativas por un cambio de paradigmas se estrellan contra la indiferencia de una sociedad convencida de que el reparto del poder es un tema cerrado. De modo instintivo adjudican la autoridad en quienes han concentrado el control sobre diferentes aspectos de la vida económica, política y social, sin pararse a pensar en la desigualdad implícita en ese sistema que margina los derechos de más de la mitad de la ciudadanía.

Los esfuerzos por transformar las bases sobre las cuales se erige todo un estilo de vida, no suelen ser bienvenidos cuando amenazan con echar abajo todo un conjunto de estereotipos, normas y formas de relación entre sexos. Tampoco es fácil alcanzar logros sobre la necesidad de fortalecer los sistemas de justicia, en cuyos ámbitos se suele sellar el destino de las víctimas de violaciones, agresiones y asesinatos, dándose por hecho la existencia de una causal que exime al victimario y también una culpa que justifica la agresión contra la víctima. Los niveles de impunidad en crímenes de feminicidio, por lo tanto, reafirman la indefensión de las mujeres al no ser castigados.

Para comenzar a transformar las relaciones humanas, primero es preciso derribar un sólido entarimado de valores y normas definidas desde una masculinidad mal entendida, la cual privilegia el poder por sobre la equidad. Impreso en códigos y doctrinas religiosas desde siempre y en todo el mundo, se impuso una jerarquía ilegítima, cuyo principal propósito ha sido mantener la jurisdicción sobre la condición femenina de reproductora de la especie y, para ello, restarle toda posibilidad de independencia y ejercicio de su plena libertad. Así, incluso en las sociedades más desarrolladas del planeta, para eliminar restricciones sobre el derecho de la mujer sobre asuntos relacionados con su cuerpo y con su vida, los resultados de esas batallas tienen apenas medio siglo.

La situación de vulnerabilidad de niños, niñas y mujeres en el contexto de la actual pandemia, por lo tanto, reside en las limitaciones impuestas por los códigos establecidos para la conformación de la familia y su repartición de poderes. Millones de mujeres, privadas del derecho de gozar de iguales derechos que su pareja tanto en el aspecto económico como por los sesgos legales del contrato matrimonial o de convivencia, están sujetas a tolerar una relación de violencia que en muchos casos acaba con la muerte.

En este escenario de pandemia sobre pandemia, el papel de las instituciones –incluida la prensa- debe ser asumir la responsabilidad de velar por la seguridad de niños, niñas y mujeres, aboliendo de paso los paradigmas del injusto y mal concebido sistema patriarcal.

Las instituciones deben velar por la seguridad de los más vulnerables.

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El regreso a clases ¿una decisión correcta?

La niñez es uno de los grupos más vulnerables y menos beneficiados de la sociedad.

La discusión en torno del regreso a clases se plantea, por lo general, desde el interés económico, ya que mientras los padres deban permanecer en casa para cuidar a sus hijos, los países parecen encontrarse en un estado de parálisis laboral casi absoluta. Por ello, los gobiernos en su empeño por regresar a una normalidad todavía utópica, apuestan por la apertura de escuelas, colegios y universidades con la ilusión de haber vencido –o por lo menos reducido- los efectos de la pandemia. Enviar a los estudiantes a los establecimientos educativos permitiría a los padres regresar a sus puestos de trabajo, con lo cual se daría el impulso necesario a la productividad para evitar un total colapso de los indicadores económicos.

Sin embargo, este tipo de acciones afirmativas no necesariamente se basan en los intereses prioritarios de la niñez. Es decir, este segmento de la población resulta, en estos casos, un factor secundario; y los efectos que pueda sufrir al exponerlo a situaciones de vulnerabilidad, suelen ser vistos como consecuencias marginales ante la preponderancia de la puesta en marcha de la maquinaria productiva. En países como los nuestros, la infraestructura educativa es débil y carece, por lo general, de las condiciones de seguridad sanitaria adecuadas. La mayoría de escuelas públicas –urbanas y rurales- en donde estudia el grueso de la población infantil, están desprovistas de recursos para garantizar el bienestar y la salud del alumnado, al extremo de ni siquiera contar con una provisión segura de agua potable e instalaciones sanitarias. En los países menos desarrollados, además, ni alumnos ni maestros cuentan con la tecnología ni los recursos para utilizar una plataforma virtual capaz de reemplazar la presencia física en las aulas, por lo tanto de no acudir a clases quedan totalmente marginados del sistema educativo.

Por otro lado, se plantea la necesidad de abrir los establecimientos educativos con el propósito de paliar los efectos de la violencia doméstica, la cual ha incrementado de manera significativa como efecto del encierro obligado de los últimos meses. Niñas, niños y adolescentes se ven expuestos a un sistema de relaciones familiares que limita su capacidad de defensa ante agresiones físicas, sexuales, económicas y psicológicas en el interior de su hogar. Por lo tanto, el regreso a clases se presenta como una opción interesante entre dos situaciones puntuales de riesgo: la violencia versus el contagio. De acuerdo con datos de World Vision y de ONU Mujeres, los llamados de auxilio por violencia doméstica durante la pandemia han aumentado entre 25 y 40 por ciento en la mayoría de países en todo el mundo, lo cual demuestra la extrema indefensión de los grupos vulnerables: niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Esto que hoy revela el ataque sorpresivo de una pandemia capaz de transtornar la vida en todos sus aspectos, es hasta dónde se han marginado los intereses de las nuevas generaciones; hasta qué extremo se les ha convertido en meros instrumentos de campaña política, abandonándolos a su suerte una vez conseguidos los resultados electorales. Las promesas vanas de invertir y priorizar los programas destinados a nutrición, salud y educación han condenado a los sectores más desprotegidos de nuestras sociedades y, por conveniencia de los grandes grupos económicos, los destina a ser un simple vivero de trabajadores mal pagados. La educación es la herramienta más poderosa para alcanzar el desarrollo y garantizar el bienestar en todos los demás aspectos de la vida humana. ¿Abrir o no? El dilema está planteado.

Las decisiones sobre la niñez deben estar enfocadas en su bienestar.

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Amor incondicional

#DíaMundialDelPerro

Desde cuando descubrí, hace ya mucho tiempo, lo maravilloso que es gozar de la compañía de mis mascotas, aquella paz e independencia que consideraba la mejor parte de mi vida dejó de existir y comencé a apreciar la belleza de compartir mi espacio y mi energía con animales. Fue un proceso gradual que cambió mi vida para siempre.

Rosina

Rosina1993

Primero llegó Rosina, una Schnauzer de pura raza que encontré vagando una noche por la calle, sucia y maloliente. No quise apropiarme de ella sin averiguar primero a quién pertenecía. Cuando lo logré -después de una investigación casi detectivesca- descubrí que vivía en la casa de una familia acomodada, sufriendo el maltrato de sus moradores.

Me la regalaron. Era evidente que la bella Rosina se había acostumbrado, en unos pocos días, al cariño que de inmediato nos unió. Vivió a mi lado hasta su muerte.

Salomé y Lindoro

Salomé

Rosina vivía cuando me trajeron a Salomé y luego, de la camada de la perrita favorita de Ingrid Klüssman, recibí a Lindoro. Dos cachorros jóvenes e inquietos que de inmediato pusieron a prueba a Rosina, quien entonces ya había perdido la vista y comenzaba a habituarse a sus limitaciones. Salomé y Lindoro vivieron conmigo durante más de un año, en el transcurso del cual el travieso Lindoro se comió las patas mis sillas y las orillas de mis alfombras. Aunque deseaba conservarlos a ambos, Rosina sufría mucho con sus travesuras, por lo cual se fueron a casa de unos queridos amigos de La Antigua, en donde vivieron muy felices y enamorados.

Dido

La princesa Dido

De los amores de Salomé y Lindoro nacieron 5 perritos hermosos. Encontraron rápidamente un nuevo hogar, pero dejaron atrás a una cachorra negrita como el carbón, a quien nadie prestó atención. Mis amigos antigüeños de inmediato pensaron en mí. Como yo les había regalado a la pareja, era natural que conservara a uno de sus cachorros. La bauticé como la princesa Dido. Era tan pequeñita que encajaba perfectamente en la bandeja entre los asientos delanteros de mi auto. Dido comenzó a crecer y a transformarse en una maravillosa Schnauzer con el brillo de la plata en su pelaje sedoso. Su mezcla de Schnauzer y Yorkshire le dio una prestancia especial. Vivió en casa, consentida como nadie, durante maravillosos 17 años y, de todas mis mascotas, fue la única que llegó sin haber sufrido traumas.

Eneas

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A Eneas lo encontré vagando, también, por las calles de Vista Hermosa. Era una cosa peluda, enredada y pegajosa que saltó dentro de mi auto al nomás abrirle la puerta. Decidí no investigar y me lo llevé a casa. Primero, intenté bañarlo. Me di cuenta de inmediato de su carácter huraño y para no estresarlo más de la cuenta le pedí al veterinario que le quitara los enredos y le diera todo el tratamiento de rigor: vacunas, baño, remedio para las pulgas. Pocas horas después Eneas resplandecía. Pero su carácter -propio del Lhasa Apso, perro vigilante de la región del Himalaya- nunca cambió y aunque fue siempre cariñoso con nosotros y con su adorada Dido, al enfrentar desconocidos se transformaba en una diminuta fiera. Dido y Eneas estaban enamorados y por lógica consecuencia tuvieron a 5 hermosos cachorros, adoptados por amigos amantes de los perros, entre los cuales estaba Enyi, una hermosa perrita igual a su papá. Ambos murieron de viejitos después de una vida feliz.

Blacky

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La muerte de Eneas fue un fuerte golpe para Craig, mi marido. De modo que con la ayuda de mi amiga Lía, comencé a buscar reemplazante. La dependienta de una clínica veterinaria nos informó de un par de Schnauzer que vivían en su vecindario, sufriendo un cruel maltrato. Los tenían en un patio pequeño del cual no salían jamás, totalmente abandonados. Pedimos que nos dieran la posibilidad de adoptar a uno de ellos y le concedimos a Dido, quien todavía vivía, la oportunidad de elegir a su nuevo amigo. Ella fue directa hacia Blacky. El pobre había perdido toda prestancia y mostraba una total pérdida de autoestima. Pocos meses después de vivir con nosotros el cambio era radical, lucía sus rasgos de raza y se erguía con todo el orgullo de su herencia canina. Blacky también cruzó el arcoiris por fallas propias de su edad. Fue un perrito cariñoso y consentido.

Tosca

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Tosca fue un caso extremo. La encontraron encerrada en la casa de unos traficantes de droga al menudeo, en un barrio marginal. Era una perra de la calle que se encontró enclaustrada probablemente por error de quienes hicieron la requisa. Pasó allí más de 10 días, sin agua ni comida, hasta ser rescatada por AMA, la Asociación de Amigos de los Animales. Suzanne Rivera me llamó para contarme de ese caso y me pidió que por lo menos la alojara unos días mientras le encontraban un hogar. Fui a la veterinaria para conocerla y encontré a una perra escuálida, totalmente deprimida. Acepté y la llevé a casa. Fue una época de cuidados intensivos: cirugías, medicinas y un proceso de recuperación de su autoestima perdida. Tosca fue un ejemplo de amor y resistencia. Duró poco más de un año, durante el cual floreció convirtiéndose en una de las perras más bellas que hemos tenido. Fue la prueba viviente del efecto del amor sobre un ser abandonado.

Don Juan

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El hermoso Don Juan fue otro caso extremo. Un día, estando en mi oficina, Julieta Ordóñez, nuestra fotógrafa, vino a buscarme para ir a rescatar a un perro que agonizaba a la vuelta de la esquina. Era un perro grande, con las orejas comidas por las moscas, totalmente raquítico y con pocos signos de vida. Los transeúntes le hacían el quite al pasar a su lado y parecía acercarse rápidamente a su fin. Con Mariana García, otra colega, lo subimos al carro y lo llevamos de inmediato a la clínica veterinaria, en donde lo bajaron en camilla porque no podía caminar. Quedó hospitalizado, bajo un tratamiento intenso, a pesar de que los dos médicos tratantes lo daban por perdido. Nunca he insistido tanto, como en esa ocasión, por salvar su vida. Pasaron los días y fui a visitarlo a diario. Me recibía con una mirada esperanzada a pesar de su debilidad. Diez días después, el doctor Johnston lo trajo a casa porque no podía tenerlo más en su establecimiento. Don Juan aullaba toda la noche y los vecinos reclamaban. Decidimos recibirlo, aunque no sabíamos cuál sería el resultado. Durmió como un bebé esa primera noche, en una caseta instalada en la terraza. A partir del día siguiente durmió dentro de la casa en una colchoneta junto a mi cama y desde entonces comenzó una de las convivencias más hermosas con un perro rescatado. Don Juan, que al principio parecía un callejero cualquiera, comenzó a mostrar toda la belleza de su raza. Era un pastor alemán que llegó a pesar más de 100 libras, con un pelo abundante lleno de brillo y un carácter cariñoso y noble. Fue un perro amado desde el primer momento y vivió a nuestro lado durante 4 maravillosos años. En esta larga ruta de amores perrunos, tengo que agradecer el acompañamiento siempre generoso de la doctora Jimena De Aguirre, quien ha sido una amiga constante en el cuidado de nuestros amores perrunos.

Mimi

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IMG_0865Dido ya no estaba y en nuestro hogar, la paz era perfecta con Blacky y Don Juan, hasta que llegó Mimi. Un día la trajo Suzanne para pedirme que la adoptara. En realidad, no pensábamos en otra mascota; pero al verla, la duda duró lo que un pestañeo. Era tan, pero tan tierna y hermosa que no pude resistirme. Mimi pertenecía a una camada de 9 cachorros que, apretados en una caja de cartón y recién nacidos, fueron abandonados a la puerta de una clínica veterinaria. Mimi era la más pequeña de la camada y nadie la había querido. Su nombre original era Norberta y no dudé ni un minuto en sustituirlo. Se quedó. Y se comió una buena parte de mis alfombras, pero su carácter travieso y alegre nos conquistó desde el primer momento. Mimi fue la única de todos que mostró un fuerte trauma que le impide salir de casa y enfrentar la calle. Tan extremo es su temor -a la calle y a algunas personas- que ha vivido todos estos años protegida contra esa limitación. Sin embargo, aunque le cuesta aceptar a desconocidos, al poco rato se convierte en una perra mansa y cariñosa.

Pelusa

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Blacky ya estaba muy enfermo y débil cuando nos disponíamos a mudarnos a Ecuador. Y falleció justo en esos días. Por lo tanto nos trasladamos con Mimi, sola y sin manada por primera vez, a lo cual no estaba acostumbrada. Entonces, decidimos adoptarle a un o una compañera. Y apareció Pelusa en una feria de adopciones, en el Parque de la Madre. A pesar de que nos aconsejaron adoptar a un macho para evitar la rivalidad entre dos hembras, Pelusa nos conquistó nada más verla. Excelente decisión. Mimi y Pelusa son ahora las mejores amigas y nuestro hogar, una vez más, está completo. Esta larga experiencia con perros rescatados del maltrato y el abandono nos ha regalado las mejores experiencias y jamás nos hemos arrepentido de asumir el reto cuando este se presenta, ya que solo hemos recibido la mejor de las recompensas: el amor incondicional de estos seres maravillosos.

La letra, con sangre entra

Sustitución de paradigmas: el desafío planteado en función de un cambio inevitable.

Las sociedades necesitan reglas, de acuerdo con las cuales funcionan a partir de cierto orden y bajo determinados conceptos. En casos excepcionales, cuando se produce una repentina transformación de los sistemas vigentes o la ruptura de una línea establecida de normas y acuerdos, es preciso repensar los paradigmas –o el cuerpo de creencias, presupuestos, reglas y procedimientos que definen el comportamiento humano en todos los campos: la ciencia, la espiritualidad, las relaciones sociales- con el propósito de no perderse en una situación de caos y conflicto.

Hoy, la comunidad humana necesita reflexionar, como pocas veces, sobre las bases de su relación con el mundo, con sus semejantes y con su propia esencia. Su existencia ha experimentado un sacudón de enormes proporciones y, a pesar de no tener todavía la suficiente capacidad para captar la dimensión de su impacto sobre la vida presente y futura, sabe por intuición que se encuentra en un proceso de transformaciones radicales, aún desconocidas. Para las grandes mayorías es imposible abarcar la visión del bosque; de modo que, para conservar su estabilidad emocional, se enfocan en el árbol más cercano. De este modo, lo inmediato y lo conocido se convierte en una tabla de flotación ante la inmensidad de lo imponderable.

El desafío mayor ante el ataque de una pandemia capaz de poner de cabeza un sistema de vida considerado inamovible y cuyas bases de pronto parecen desaparecer, es comprender la necesidad de crear un nuevo orden de cosas. La crisis actual ha quitado muchos velos y, aunque ya sabíamos que ahí estaban, hemos intentado ignorarlos. Entre ellos, la poderosa influencia de un sistema económico rapaz y perverso, cuyos intereses resultan prioritarios e indiscutibles aun cuando las consecuencias de sus decisiones constituyan el sacrificio de millones de vidas humanas. Un sistema injusto al cual nos hemos plegado por comodidad. Por lo tanto, se nos plantea la urgencia de pensar, analizar, reflexionar y finalmente comprender que nuestro mundo ya no volverá a ser el mismo. Pero, sobre todo, cómo vamos a abrazar y conducir este cambio.

“La letra con sangre entra” o “Escena de escuela” es un cuadro pintado por Francisco de Goya y Lucientes entre 1780 y 1785, en donde el artista español escenifica un modelo de educación basado en la efectividad del castigo. Es, guardando las distancias, aquello que nos ha impuesto hoy eso que llamamos pandemia –conspirativa o no- de la cual deberemos extraer una dura lección: que no estamos en control de nuestro mundo. De hecho, lo que hemos intentado ignorar para tener una vida más gratificante y con visos o certezas de seguridad, hoy nos golpea en lo más preciado de nuestro entorno: la libertad relativa, la familia, la estabilidad económica.

Sin embargo, como de este fenómeno hemos de salir con un surtido de recursos más adecuados para el ejercicio de supervivencia, es imperativo comenzar por el cambio de paradigmas y, muy especialmente, un ejercicio de reeducación indispensable para reforzar nuestra salud mental, sin la cual ningún esfuerzo futuro resultará exitoso. En esta ruta se perderá, posiblemente, la noción de individualidad a la cual estamos tan acostumbrados, para sentar otro paradigma: que vivimos en un mundo de vasos comunicantes y dependemos de manera forzosa de las interrelaciones implícitas en un tejido social dinámico, sin las cuales nos será imposible superar el desafío del cambio.

No importa quién nos gobierne, si sabemos conducir el cambio.

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Guatemala: La dictadura perfecta

El sistema está diseñado para arrebatar al pueblo toda posibilidad de defensa.

Si Guatemala ha cruzado por abusos extremos contra su pueblo, con un conflicto armado interno por más de cuatro décadas y el atroz genocidio contra los pueblos indígenas, hoy enfrenta una de las pruebas más duras y definitorias de su historia reciente. Atrapados en un sistema que no deja espacio alguno a la participación ciudadana, los guatemaltecos observan cómo –gracias a un pacto perverso- las cúpulas empresariales y políticas echan por tierra, con el respaldo del ejército, todo viso de institucionalidad y prácticamente declaran el establecimiento de otra dictadura más a esa historia plagada de delitos contra el pueblo.

El presidente no preside. Es un títere del sector empresarial organizado que ha secuestrado el poder por décadas a través de una entidad desde la cual utiliza toda clase de mecanismos para proteger sus privilegios, a costa del desarrollo del país. Mientras tanto, el sector político se aferra a una ley electoral y de partidos políticos, LEPP, elaborada con toda la intención de impedir una elección verdaderamente popular y democrática de las autoridades; y para garantizar la continuidad de un sistema podrido hasta la médula. De ese modo han sido capaces de retorcer la justicia apoderándose de las cortes, así como establecer pactos con el Departamento de Estado con el propósito de evitar la “amenaza” de un cambio de dirección política hacia un sistema más justo.

El panorama de hoy pone la cereza sobre ese pastel al confinar a la ciudadanía frente a la amenaza de un contagio viral. El pacto de corruptos tiene la mesa servida para ejecutar –literalmente- toda clase de maniobras con la finalidad de eliminar de un golpe la sombra de democracia que aún resiste. El escenario en ese país se asemeja a las peores catástrofes humanitarias de países en guerra. Las inmensas sumas de dinero procedentes del narcotráfico blindan a ciertos políticos contra cualquier intento de depuración y se filtran fácilmente hacia el sistema jurídico con el fin de evitar un intento de frenar sus abusos.

La parálisis ciudadana se ve hoy agravada por la enfermedad y la muerte. Carentes de atención sanitaria de calidad –y, peor aún, carentes del todo en gran parte del territorio- millones de personas están condenadas a su suerte por orden presidencial. El gobierno, incapaz de ejecutar los fondos destinados a atender a la población y establecer medidas de contención contra la pandemia, se declara abiertamente incompetente y la deja abandonada a su suerte. En un país en donde la miseria ha sido política de Estado y en donde más de la mitad de la población infantil padece desnutrición crónica, los efectos del coronavirus se asemejan a un incendio devastador. Solo cenizas quedarán.

El cinismo de los gobernantes –desde los tres poderes del Estado- es una realidad contra la cual no se observa reacción alguna del pueblo, más que la frustración y la ira expresadas en redes sociales. Sin embargo, esa ira acumulada no tiene una salida efectiva debido a la división cultural, social, económica y étnica de la ciudadanía; y debido también a que se la ha privado de acceso a una educación de calidad capaz de prestarle herramientas de análisis. Esto último ha permitido la infiltración de entidades desde las cuales se la ha convencido de que la salvación reside en la fe. Una manipulación espiritual convertida en pingüe negocio para las iglesias pentecostales. Hoy, el pueblo necesita recuperar la dignidad que le han arrebatado durante su historia y para ello requiere valor, pero sobre todo comprender la importancia de su papel en ese proceso.

Un Estado capturado por la corrupción deja de ser legítimo.

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Las dudas elementales

Durante estos meses se ha perdido hasta el disimulo en las trampas del juego político.

A los gobiernos latinoamericanos se les ha caído la careta y muestran el cinismo abierto de su codicia desmedida y un afán evidente de engañar a los pueblos. Ninguno se salva; están en plena competencia ocultando ante la comunidad internacional –extra continental- los resultados de la catástrofe social, económica y sanitaria provocada por décadas de saqueo, privatizaciones espurias y explotación de la clase trabajadora. Esta pandemia ha dejado a la vista el esqueleto del sistema y ya resulta imposible disimular las intenciones detrás de las supuestas medidas para hacer frente a la crisis. Lo más triste del caso es ver cómo algunos profesionales, conocidos por su impecable reputación, caen en esos juegos de malabar político y terminan apoyando a los gobernantes más corruptos.

A nuestras sociedades las han callado con el fantasma del contagio que, aun siendo real, ha terminado por convertirse en un parapeto tras el cual se perpetra toda clase de delitos. Es posible imaginar la alegría de los gobernantes al constatar cómo el pueblo vive callado y temeroso, sin haber tenido necesidad de mover un dedo. O, para más claridad, sin necesidad de mover a sus esbirros anti-choques. Hoy, se divierten viendo cómo los ciudadanos más corajudos vierten su frustración en las redes sociales, lo cual al final del día es una catársis inocua para sus planes de dominación de las estructuras del Estado, las cuales de todos modos ya están cooptadas desde hace tiempo.

Sin embargo, un pueblo sumiso y callado ya no puede ni debe ser parte de este juego, dado que se está rifando la vida y la de su familia y, de no reaccionar ante los abusos de sus gobiernos, será parte del proceso de destrucción de esa democracia que durante décadas le costó sangre y pérdidas humanas. El proceso de convertir a nuestros países en dictaduras setenteras ya está en marcha y las protestas tibias e ineficaces por medio de las redes no tendrán el menor efecto. Por ello, es imperativo comenzar a exigir claridad sobre algunas dudas elementales para ir trazando el mapa actual y obtener alguna claridad respecto –por lo menos- de las medidas contra la pandemia.

Entre las dudas elementales que asaltan a la población y sobre las cuales no se logra respuesta alguna de las autoridades, los gobernantes están en la obligación de responder sobre cuáles son sus planes para controlar la pandemia; el pueblo tiene derecho a conocer los detalles puntuales sobre la ejecución de los abultados presupuestos destinados a tal fin; los encargados de las comisiones específicas para enfrentar la pandemia están en la obligación de explicar por qué en los decesos no se incluye a los contagiados por Covid 19 fallecidos en su domicilio; también es imperativo transparentar cuánto presupuesto han destinado a cubrir las regiones más alejadas de las capitales, en donde la infraestructura sanitaria es prácticamente inexistente.

Por otro lado, tienen la obligación de explicarle a la ciudadanía cómo intentan frenar los contagios cuando los sectores económicos siguen presionando para realizar una apertura tan inoportuna como peligrosa, cuando entidades de la sociedad civil ya han demostrado el incremento del riesgo a pesar de las medidas actuales y cuando cada día es más evidente la falta de pertinencia de las normas impuestas a los sectores más afectados. El pueblo tiene derecho a saber y las autoridades tienen la absoluta e indiscutible obligación de rendir cuentas claras. La participación virtual puede ser un apoyo, pero la verdadera palanca está en demostrar de manera rotunda que con la vida humana no se especula.

Los gobernantes deben explicar lo que los pueblos quieren saber.

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Quédate en casa (si puedes)…

La clase trabajadora, la más castigada en estos meses de pandemia.

Te exigen quedarte en casa y no puedes evitar echar una mirada a tu alrededor con una creciente sensación de inseguridad; estás consciente de que ese mandato tiene muchas aristas y abandonar tus actividades no es una posibilidad real. Para empezar, si tu familia tiene la inveterada costumbre de comer todos los días, para abastecerse de alimentos es preciso salir de casa. Si tu jefe (o tú mismo) está ansioso y angustiado por sostener su negocio a pesar de las restricciones, es preciso salir de casa. También debes hacerlo cuando laboras en una institución fundamental, como los servicios de salud, en donde tu trabajo es vital. Salir de casa, cuando no hay otra opción, es lo que al final del día permite a otros mantener su reclusión sin mayores problemas.

Esto, porque existe un intrincado engranaje de actividades esenciales de las cuales dependemos todos y sin cuya dinámica enfrentaríamos serios obstáculos para sobrevivir. Es un hecho indiscutible nuestra dependencia del trabajo de los demás, sobre todo si ese trabajo nos provee de alimentos, de energía para procesarlos, de una rutina para eliminar los desechos producidos a diario en los hogares, de la entrega a domicilio cuando podemos gozar de esos servicios, de todos y cada uno de los aspectos que garantizan una cierta estabilidad en el orden de la vida cotidiana.

Por eso el mandato de quedarte en casa tiene sus bemoles, dado que no cualquiera puede atender a tan sabia precaución. Sin embargo, ese confinamiento semi voluntario ha comprobado ser el único mecanismo posible para alcanzar los objetivos -tan abstractos como incomprendidos- de “aplanar la curva”, reducir los contagios y así romper la secuencia ascendente que se cierne sobre la población como una amenaza ubicua y perversa. La pandemia ha demostrado en estos meses su inmenso poder sobre todo lo que hemos considerado más o menos inamovible: ha destrozado nuestra capacidad de confiar y nos obliga a evaluar hasta qué punto somos capaces de sobreponernos a una realidad diferente, a un cambio de rutinas, a un encierro forzoso, a una transformación sutil y progresiva en nuestra manera de ver el mundo.

Durante el transcurso de este fenómeno, no solo nuevo sino también difícil de comprender, hemos sido dirigidos por mandatos no siempre basados en el sentido común, muchas veces contradictorios, en numerosas ocasiones orientados a favorecer a ciertos sectores en desmedro de la salud de la población y con un manejo muy deficiente de la información. Esto ha provocado un ambiente de rebeldía, especialmente entre los segmentos más jóvenes y otros cuyos intereses específicos –políticos o económicos- terminan por desembocar en una abierta actitud de rechazo hacia las normas de contención de la epidemia.

Aun cuando las consecuencias no han tardado en manifestarse en repuntes de contagios y pérdida de vidas humanas, la restricción contra libertades personales empiezan a verse como un sacrificio que sobrepasa la capacidad de tolerancia. En este proceso, la falta de confianza en las autoridades ha jugado un papel fundamental; sobre todo, en desmedro de un tejido social que empieza a mostrar sus debilidades y de sistemas de gobierno poco acostumbrados a enfrentar la realidad de sus profundas fallas. Aquello que nos golpea hoy es, más que un virus, una enfermedad social endémica evidenciada en la pérdida de sentido de nación y de todo lo que eso implica. Quedarse en casa no es más que un recurso de protección eventual. Lo más importante vendrá cuando salgamos de ella.

Difícil contener los deseos de salir, de regresar a la normalidad.

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Nada claro en el horizonte

Con la incertidumbre como telón de fondo y la precariedad como amenaza.

Así estamos. Acechados por la amenaza de la opacidad de los gobiernos, en cuyos cuadros no parece reinar el sentido común y, menos aún, la sensibilidad humana. Nos ocultan datos para obligarnos a vivir en una especie de limbo, gris y engañoso, cuya superficie se quiebra en pedazos cuando la enfermedad y la muerte nos toca de cerca. Entonces, aun si nos esforzamos por escarbar en la escasa información disponible, sabemos muy bien cuánto se nos oculta y entonces la amenaza que nos mantiene en estado de alerta se transforma en un peligro mucho más inmediato y real.

Las autoridades ya ni siquiera intentan disimular sus incapacidades para enfrentar una pandemia que sin duda se llevará a la tumba a millones de personas cuyo único pecado es ser pobres, vivir bajo regímenes económicos y políticos en los cuales la corrupción es la norma o en Estados capturados por un sistema económico voraz. Entre estos países no solo entran los más vulnerables y subdesarrollados. Están algunos tan poderosos e influyentes como las ricas naciones de primer mundo en donde la administración de recursos para enfrentar la pandemia se rige por los intereses corporativos y las ambiciones políticas, relegando a sus ciudadanos al papel de meros espectadores, sin voz ni voto en las decisiones de las cuales depende su supervivencia.

Durante estos meses he concentrado mi atención en los dos países que marcaron mi vida de manera indeleble: Chile y Guatemala. Uno, con reputación de haber alcanzado un alto grado de desarrollo y, el otro, en el foso del más crudo abandono. Ambos, ricos en recursos y ambos también, experimentando el golpe certero de un sistema político y económico que –a pesar de las distancias aparentes de sus realidades- los equipara. Solo faltaba un ataque viral de enormes proporciones para que se cayeran los velos que cubrían sus fachadas y pudiéramos observar cuánto camino les falta para convertirse en auténticas democracias, con todo lo que de superior en respeto por los derechos humanos eso implica.

Tanto en uno como en el otro, las autoridades han decidido ocultar los alcances de los contagios y de las muertes por Covid19. Y ambos han decidido hacerlo no por evitar el pánico colectivo, sino por mantener una imagen de falso control hacia una comunidad internacional la cual, al fin de cuentas, tampoco los ayudará a salir del paso. En Guatemala y también en Chile, las autoridades se han negado –como hace Trump, su patrón- a escuchar a la comunidad científica, a los expertos en control de epidemias y a los especialistas en manejo de datos. En ambos casos también, han abandonado la infraestructura sanitaria estatal para beneficiar a sus sectores económicos con privatizaciones y convenios altamente sospechosos y perjudiciales para el Estado.

A estas alturas y después de varios meses de confinamiento –cuando se puede- y de trabajar en condiciones de riesgo –cuando no queda otra opción- la población se encuentra sometida a decisiones políticas carentes de bases sólidas y, en la mayoria de casos, surgidas de consideraciones ajenas al bien común. ¿Qué nos espera en el horizonte? Después del impacto de la pandemia en la situación laboral y económica de millones de familias, de la precariedad en la atención sanitaria, de la falta de alimentos para satisfacer las demandas de una población castigada desde todos los ángulos, no se puede esperar una recuperación milagrosa e inmediata. Pasarán meses y probablemente años para recuperar todo lo que la situación nos ha quitado. Con la salvedad, claro está, de quienes ya no lograron sobrevivirla.

Decisiones vitales se basan en meras consideraciones econímicas.

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