El presidente 6 por ciento

Sebastián Piñera ha alcanzado el récord más bajo de aceptación para un mandatario.

Cuando el nivel de aprobación de un gobernante se reduce hasta índices tan bajos como el 6 por ciento alcanzado por el presidente de Chile, Sebastián Piñera, el restante 94 por ciento debe interpretarse como un franco rechazo a su administración. Esto lo entiende cualquier lego. Sin embargo, la tozudez de este empresario -cuyo afán de aferrarse al mando denota su ambición desmedida por el poder- mantiene a ese país en un constante estado de emergencia, paralizado por las protestas en las cuales se pueden observar reiteradas violaciones de los derechos humanos cometidas contra la población con total impunidad por las fuerzas policiales.

En el escenario mundial, la contundencia de las manifestaciones ciudadanas a todo lo largo de Chile ha despertado una enorme ola de solidaridad con ese pueblo. Por primera vez en su historia, la población ha llegado a constituirse como un cuerpo sólido integrado por habitantes de todos los sectores, capaz de poner en jaque al más depredador de los sistemas económicos –el neoliberalismo- y haciendo tambalear el poder hegemónico de los círculos de poder al plantarse de frente contra sus abusos. El estado de total negación de Piñera, por lo tanto, constituye una trasgresión a las bases mismas del sistema democrático al transformar el suyo en un régimen similar a la dictadura pinochetista con desapariciones forzadas, tortura, asesinatos y secuestros a mansalva.

El caso no es único. También el presidente francés, la actual dictadura boliviana y la administración autoritaria y de extrema derecha de Brasil, entre otros, se encuentran arrinconados con un mínimo porcentaje de aprobación, del mismo modo como otros mandatarios cuyas prioridades se alejan de los intereses de la ciudadanía para proteger los de las clases dominantes y las grandes multinacionales. Lo que está en juego, entonces, es la supervivencia de los Estados democráticos, asediados desde hace mucho por una especie de súper gobierno ejercido por la cúpula económica mundial bajo la sombrilla siempre alerta del Departamento de Estado.

El mayor peligro de este sistema depredador es la pérdida progresiva del poder ciudadano. Es decir, los sistemas se han modificado con el propósito de garantizar beneficios a sectores poderosos por medio de una legislación ad hoc cuyo objetivo es reducir las posibilidades de participación de las grandes mayorías en las políticas públicas; uno de los más importantes espacios en donde se aplican estas tácticas es la privación de acceso a educación de calidad y a servicios básicos, dado que en una ciudadanía informada y activa reside el mayor peligro para los planes hegemónicos de los grupos de poder. Por el contrario, una población reducida a la supervivencia jamás tendrá la energía ni el tiempo necesarios para ocupar el lugar que le corresponde en los asuntos públicos.

El caso de Chile se eleva como un ejemplo de cómo los abusos de poder logran sacar al pueblo de un estado de apatía para transformarlo en un fuerte protagonista en los asuntos que le competen. Es preciso resaltar el papel fundamental de la juventud chilena, cuya fortaleza y perseverancia ha sido capaz de poner en jaque al poderoso sistema que a lo largo de los años le ha ido quitando espacios de participación para mantener un estatus orientado a satisfacer intereses corporativos y guetos políticos contrarios a las más importantes iniciativas de desarrollo social. Otras naciones en similares circunstancias ven hacia el Sur como un espejo en donde aspiran reflejarse.

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La juventud es la protagonista indispensable en todo proceso de cambio.

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Un negocio muy privado

La transmisión de mando refleja ausencia de calidad moral. Mal fin para una mala comedia.

Las comedias suelen tener finales hilarantes. La que finaliza mañana en Guatemala, en cambio, es el epílogo de uno de los períodos presidenciales más catastróficos en ese país y más bien provoca un sentimiento de amargura y decepción. Se cierra un período durante el cual se consolidaron las organizaciones narco criminales, se cercenó el mejor y mayor esfuerzo para erradicar la corrupción en el seno de las instituciones con el cierre de la Cicig, se fortalecieron los pactos siniestros entre el sector privado, el ejército y los mandos políticos y se profundizó la brecha entre ricos y pobres, cobrándose muchas vidas humanas de líderes comunitarios y ambientalistas y condenando a la niñez a una despiadada vida de miseria.

Todas las instituciones –incluyendo aquellas de mayor credibilidad, como el Tribunal Supremo Electoral, TSE- fueron sistemáticamente permeadas por efectos del clientelismo, las presiones políticas y un conflicto de intereses capaz de dañar la esencia misma de su naturaleza, al extremo de haber perdido la confianza de la ciudadanía y creado un ambiente de incertidumbre sobre el futuro del sistema democrático. A ello se sumó la preeminencia de intereses particulares en la labor legislativa de uno de las asambleas más cuestionadas de las últimas décadas y la oscura injerencia del ejército en las decisiones del Ejecutivo.

Lo que viene no parece diferenciarse de lo que se va, en términos de respeto por los derechos humanos y una visión de nación. Todo lo contrario, el nuevo discurso se asemeja demasiado a la dura huella de las dictaduras militares de tiempos pasados, con un autoritarismo divorciado del marco democrático y la promesa de más represión desde las instituciones armadas. A eso se añade una actitud mesiánica del nuevo mandatario, quien a pesar de haber alcanzado la meta de resultar electo después de varios intentos, logró su objetivo en un proceso dudoso y opaco, lo cual le resta solidez a su futuro desempeño.

Aun en esas condiciones, la ciudadanía espera algo mejor para los próximos cuatro años porque la administración que abandona el palacio de gobierno ha dejado un sentimiento de frustración sin precedentes, al haber echado por tierra algunos de los modestos avances logrados en las distintas dependencias del Estado y haberse erigido como el mayor de los obstáculos contra el desarrollo del país. El más inepto de los presidentes se ha lucido al destruir la integridad de su investidura sometiéndose sin vacilaciones a pactos nefastos –locales e internacionales- cuyo propósito es regresar al país a los tiempos del humillante colonialismo del que comenzaba a resurgir.

No es posible terminar el “panegírico” sin mencionar a las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción asesinadas por este gobierno saliente. Ese episodio siniestro le quitó definitivamente la careta a quienes detentan el poder y evidenció que la vida humana -para políticos, empresarios y jueces- es desechable cuando viene de los estratos en donde no existe ni siquiera la sombra de la justicia. El retroceso marcado por el gobierno saliente no podrá remontarse en los próximos cuatro años, a menos que el nuevo gobierno comience por reparar las fisuras que ponen en peligro a todo el sistema democrático, algo que no se percibe en el nuevo discurso y se reafirma en el modo de celebrar la transmisión de mando prohibiendo la presencia de la prensa, como si fuera un evento privado, lejos de la mirada de los verdaderos amos de la fiesta. Si así sucede, queda claro que gobernar no es más ni menos que un negocio sumamente productivo.

El nuevo gobierno inicia sobre una base institucional sumamente frágil.

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La divina ultraderecha

Bajo la consigna de dominar a través de la fe, se consolidan las doctrinas de diseño.

A partir de la segunda mitad del siglo pasado se produjo un crecimiento repentino de los cultos protestantes y pentecostales en todos los países de América Latina; este fenómeno tuvo su origen en estrategias de dominio geopolítico establecidas por Estados Unidos como una forma de incidir en los movimientos sociales de nuestro continente y neutralizar –en el marco de la Guerra Fría- todo brote de subversión en los sectores más pobres. Con una novedosa estrategia mercadológica nunca antes vista, estas sectas lograron llegar a la población por medio de programas de televisión, marchas, grandes concentraciones en sitios públicos y una labor de zapa, casa por casa, para conquistar nuevos adeptos.

El terreno estaba abonado; la iglesia católica -con su preeminencia indiscutible en las sociedades y gobiernos latinoamericanos- nunca se preocupó gran cosa por defender y aumentar su influencia, dado que esta se consideraba garantizada. Por lo tanto, su actitud monárquica le jugó la mala pasada y poco a poco su feligresía fue desgranándose para migrar hacia un culto más cercano a sus intereses y necesidades. Las estructuras elitistas del catolicismo conservador no pudieron evitar el auge de esta nueva ideología de la prosperidad cuya influencia fue creciendo a medida que aparecían por todos lados pequeños templos con una oferta más atractiva y cercana a los sectores populares.

Esta ideología representa uno de los instrumentos más audaces del sistema neoliberal para convencer al pueblo de la existencia de una relación entre su comunión con Dios y los beneficios materiales, generalmente destinados a enriquecer a su pastor y, por tanto, a engrandecer a su iglesia. De ahí procede la idea de que la prosperidad debe provenir del esfuerzo personal y no de una adecuada redistribución de la riqueza del país desde la administración del Estado. Otro de los fundamentos de estos credos es el énfasis en la negación de toda forma de equidad: de género, diversidad sexual, derechos sexuales y reproductivos, feminismo y todo cuanto signifique un desafío a sus doctrinas ultra conservadoras.

Esta estrategia -exitosa y eminentemente territorial- es hoy una amenaza contra los derechos civiles en la mayoría de países latinoamericanos, en donde se puede observar la infiltración de estas sectas en la política, hasta el extremo de determinar el rumbo de las decisiones que afectan a la ciudadanía en su conjunto; en cuenta, los derechos a la libertad de culto y la naturaleza laica de los Estados, establecidos en los textos constitucionales. La manipulación de la fe –fenómeno facilitado por restricción del acceso de los pueblos a una educación de calidad- es una de las formas más nefastas de neutralizar su participación consciente y analítica en los eventos políticos más decisivos de su país y ejercer así una ciudadanía consciente y responsable. 

Los sectores de extrema derecha, cuyo pensamiento siempre ha estado enfocado en obtener los mayores beneficios posible de un sistema depredador, injusto e individualista, se han subido a esta plataforma haciendo gala de una falsa religiosidad, por medio de la cual influyen en procesos electorales y en una labor legislativa cuyo propósito es ir eliminando espacios de participación de las grandes mayorías. Esto, con el fin de consolidar el sistema político-económico establecido desde hace décadas por Estados Unidos para los países de su patio trasero. Esos espectáculos de oración en los despachos de empresarios y gobernantes corruptos, rastreros y codiciosos, tan comunes en estos tiempos, constituyen la peor de las ofensas.

Los textos constitucionales establecen la laicidad de los Estados.

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La política de la tortura

El maltrato extremo es una forma cruel y degradante de hacer política y establecer límites.

El 10 de diciembre de 1984 la Asamblea General de la ONU adopta y abre -a la firma, ratificación y adhesión- la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Un título suficientemente explícito para invitar a los líderes políticos a poner fin a los abusos de los Estados y sus instituciones contra las personas, en cualquier circunstancia, y con el propósito de obligarlos a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Treinta y seis años después resulta evidente el desprecio de los Estados parte por un compromiso tan elemental como indispensable, cuyo propósito es erradicar la violencia y propiciar un camino hacia la paz.

La década cierra con un panorama progresivo de tortura y violación de derechos humanos convertidos en la herramienta estratégica de las potencias y sus aliados. Las manifestaciones ciudadanas contra los abusos de poder de los gobernantes son atacadas con una fuerza más propia de situaciones de guerra que de conflictos políticos surgidos dentro del marco civil. El propósito no puede ser más claro: la violación de los derechos de la población queda establecida como una acción disuasiva no sujeta a la ley y como una prueba de la permisividad de los gobiernos sometidos a presiones de poderosos sectores económicos locales e internacionales.

Los protocolos para enfrentar conflictos ciudadanos y fenómenos como las masivas olas de migrantes, resultado estas últimas de la violencia debida a la corrupción, el crimen organizado o acciones bélicas e invasión de otros Estados por intereses puramente geopolíticos y económicos de las potencias, son ignorados; y, por lo tanto, las fuerzas represivas y de orden actúan con total desapego a las convenciones que norman este tipo de situaciones, a pesar de la ratificación de esos países y su obligación de atender las disposiciones establecidas por ellas.

En suma, el siglo muestra su tendencia a la impune violación de toda ley existente sobre el trato digno y el respeto por los derechos humanos, desde un sistema global cuya prioridad es el expolio de la riqueza de las naciones, la eliminación de cualquier obstáculo en la consecución de esos objetivos –en cuenta el despojo de tierras y la agresión armada contra los pueblos originarios- y la institucionalización de la tortura como instrumento de control ciudadano, una estrategia sumamente efectiva para someter a los pueblos a la voluntad de gobernantes corruptos y dictaduras solapadas bajo marcos constitucionales elaborados a medida.

Uno de los ejemplos más claros de esta degradación en el respeto por leyes internacionales y convenciones firmadas y ratificadas por los Estados –como la ya mencionada Convención contra la Tortura- es lo actuado por el gobierno de Estados Unidos en relación con la niñez migrante. No es necesario ir muy lejos para comprobar las violaciones ejecutadas por las autoridades de migración, quienes obedeciendo disposiciones del mandatario estadounidense han separado a las familias, han internado a niñas, niños y adolescentes de toda edad y condición en campos de concentración, privándoles de todo contacto con su familia y sometiéndolos a un trato cruel e inhumano. En el caso de menores, la privación de su entorno familiar constituye el más claro ejemplo de tortura y una violación indiscutible de la Convención por los Derechos de la Niñez. Así termina el año y comienza otro menos promisorio y con enormes desafíos para los pueblos del mundo.

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Las felices navidades

Finaliza el año con manifestaciones de protesta y violenta represión policial.

“Por qué voy a enfrentarme con Carabineros sabiendo que no hay una movilización autorizada” fue la declaración que la ministra Karla Rubilar, secretaria general del gobierno de Sebastián Piñera ofreció a la prensa. La ministra justifica de este modo de manera implícita el actuar del cabo Ofriciano Mauricio Carrillo Castillo, el carabinero que literalmente aplastó al joven Oscar Pérez entre 2 vehículos blindados ocasionándole graves heridas internas y 4 fracturas de pelvis. El vídeo del momento del atropello perpetrado por Carrillo con toda intención, ha circulado por las redes y los medios de comunicación generando indignación y rechazo en el mundo entero contra la estrategia de violencia extrema instaurada por Sebastián Piñera como política de gobierno.

Es importante señalar que el carabinero en cuestión tiene antecedentes de cuasidelito de homicidio de un trabajador y lesiones en otras dos personas mientras se desempeñaba como miembro de la institución policial en la ciudad de Concepción. Su prontuario delictivo reviste especial importancia por el hecho de haberse incorporado nuevamente a un cuerpo encargado de la seguridad ciudadana, el cual supuestamente debería ser integrado por personas intachables. Sin embargo, Carabineros de Chile ha transitado durante años y sin el menor obstáculo hacia convertirse en un auténtico ejército de control ciudadano eximido de toda responsabilidad criminal, desde los escándalos de corrupción de su cúpula hasta la brutalidad con la cual agreden a la población desarmada.

Llama la atención la inercia y el silencio sostenido por las autoridades encargadas de mantener los marcos institucionales –parlamento, sistema de justicia- cuyo papel es resguardar los mecanismos de la democracia y velar por el correcto desempeño de todas las instancias involucradas en la administración del gobierno. Las manifestaciones de protesta de la ciudadanía han sido criminalizadas en una absoluta ruptura del marco constitucional que las ampara y el gobierno chileno ha transformado su debilidad en una guerra sucia, vil y sangrienta contra el pueblo, utilizando para ello a todos los cuerpos represivos que tiene a mano, mintiendo de manera descarada para descalificar y adjudicar a una supuesta intervención extranjera la lucha incansable y valiente de los millones de chilenos que siguen en las calles decididos a hacerse oír.

A estas alturas resulta muy difícil hacer un diagnóstico sobre el desarrollo de los acontecimientos en un Chile que de pronto ha salido del silencio y ha emprendido una lucha franca y decidida contra el modelo neoliberal que le está costando tan caro. De hecho, le cuesta vidas y una profunda frustración por la traición de sus cuadros políticos, históricamente responsables por el colapso social y económico en donde se encuentra actualmente. Lo que fue el modelo latinoamericano –gracias a una bien montada campaña internacional de imagen- ha mostrado todas sus hilachas y hoy sus “bienes de exportación” como las administradoras de fondos de pensiones, AFP, revelan su opacidad y experimentan el rechazo masivo de la población al quedar en evidencia cómo esos empresarios acumulan riqueza mientras los pensionados mueren de hambre, sin acceso a los ahorros de toda su vida laboral.

Las navidades chilenas vienen marcadas por la indignación popular contra los abusos de su gobierno. Niñas, niños y jóvenes experimentan, quizá por primera vez, la urgencia de rebelarse contra un sistema injusto, depredador y violento, por lo tanto su regalo para estas fiestas deberá venir envuelto en una nueva Constitución, con la renuncia de su Presidente.

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Los señores presidentes

Radicalización de derechas y mentiras sin disimulo: la política latinoamericana.

La criminalización de las protestas ciudadanas en el mundo ha sido la respuesta de los centros de poder económico y político, amenazados con la pérdida de privilegios y espacios de decisión. Las calles han hablado claro y, como respuesta, han recibido los duros golpes de la represión. Sin embargo, los diques van cediendo cada vez más y aquella ciudadanía indecisa y acomodada comienza ya a decantarse por la protesta. Sin embargo, aun cuando los cuerpos institucionales armados y entrenados para contener la frustración de los pueblos han causado muertes y daños severos a quienes expresan su descontento con el sistema, la dinámica es ya difícil de contener a pesar de tácticas represivas más propias de situaciones de guerra que de contención de manifestaciones ciudadanas.

Ante esta realidad, se han disparado desde el corazón del imperio neoliberal los mecanismos de la nueva Guerra Fría y, sin disimulo alguno, los presidentes sumisos al poder económico abren las compuertas y permiten la intervención de elementos capaces de hacerles la tarea sucia: acallar las protestas y fortalecer a esos gobiernos, no importando cómo ni a qué precio. Hoy Chile es un espejo en donde se puede ver la mano externa que viene al rescate de un sistema caduco y fracasado. Por supuesto, cuenta con la indudable complicidad del puñado de familias poderosas y sus círculos de influencia, aterrados con la perspectiva de ver afectados sus intereses en el corto plazo.

El presidente chileno, uno de los hombres más acaudalados del continente y también uno de los más despreciados en su propio país, se ha revelado en toda su pequeñez al sabotear la COP25, importante cumbre sobre el cambio climático, en donde el gobierno chileno dejó en evidencia su decisión de sacrificar el futuro del planeta en una balanza cuyo peso mayor es el beneficio particular de los sectores corporativos, en cuyas operaciones reside el mayor peso de la degradación ambiental del globo. La fracasada intervención de Chile en el evento y su presentación de un texto alejado de los Acuerdos de París fue la ratificación de una postura contraria a las evidencias científicas, pero sobre todo su indiferencia ante la creciente preocupación de los pueblos por los nocivos efectos de las emisiones de carbono provocadas por la industria.

En otros países de la región se comienza a perfilar un retroceso a los años de la Guerra Fría, cuando la estrategia de intervención desde Estados Unidos era totalmente abierta y descarada. En Bolivia, por ejemplo, puso a funcionar a su títere mayor –la OEA- hasta conseguir sacar del poder al único mandatario del continente que había realizado un trabajo sorprendente en uno de los países más golpeados y desiguales de América Latina. Esto, quizá, como respuesta a su fracaso en las elecciones de Argentina, en donde la balanza hacia el socialismo le asestó un duro revés. Mientras tanto, el discurso moralista –democracia, derechos humanos y lucha contra las drogas- no resiste el menor análisis cuando se observa la manera como el Departamento de Estado actúa frente a los crímenes cometidos por gobiernos mucho más débiles y corruptos, como el guatemalteco, para asegurarse el uso del territorio de esa nación en su política anti inmigrantes. Estos peleles, obedientes ante el poder supremo de las grandes corporaciones y los gobiernos del primer mundo, son incapaces de comprender los alcances de su traición y arrastran a sus naciones sin el menor escrúpulo, hacia la miseria y la destrucción.

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El dolor que no duele

Sin el conveniente refugio de la alienación quizá seríamos más humanos.

Acostumbrados como estamos a vivir la vida contemplándola a través de las pantallas, hemos logrado crear eficaces anticuerpos contra el dolor, pero sobre todo contra la necesidad de involucrarnos en aquello capaz de trastornar nuestro espacio personal. Ya somos maestros en el truco de abstraer cuanto pudiera destruir esa ilusión de seguridad que nos permite ir por senderos pavimentados, en donde tocamos la realidad tangencialmente gracias a que nos la presentan fraccionada en cápsulas fáciles de digerir. La tragedia ajena, entonces, puede ser observada sin ese molesto prurito de culpa que –de ser más potente- nos obligaría a actuar.

Este sistema, diseñado para darnos la ilusión de participar activamente, utiliza a los grandes medios de comunicación, que han jugado un papel fundamental por su capacidad de ingresar a nuestro hogar, el espacio personal más íntimo y seguro. Durante la segunda mitad del siglo pasado, la cobertura mediática de las guerras e invasiones -en donde se comenzaron a utilizar recursos cinematográficos de enorme impacto visual y psicológico- tuvo el efecto de convertir la destrucción y la muerte de otros en un espectáculo capaz de absorber nuestra atención sin afectar de manera significativa nuestros sentimientos ni trastornar nuestro sentido de la realidad. Es más: la abundancia de imágenes e información editados a propósito para empujarnos a tomar partido sin darnos la posibilidad de escarbar más a fondo en la búsqueda de la verdad, nos convirtió en meros espectadores.

Hoy seguimos la tendencia marcada desde entonces; y ese hábito de observar sin sentir la obligación de participar activamente, se ha potenciado de manera importante con el uso de las redes sociales, desde donde mostramos ante un público desconocido una faceta pulida y maquillada de nuestra verdadera personalidad. En ellas somos revolucionarios, sin serlo. En ellas nos tomamos la libertad de opinar sin la responsabilidad de responder por ello ante nadie, porque al final de cuentas “son mis espacios y pongo en ellos lo que me viene en gana porque tengo el derecho de gozar de mi libertad de expresión”; y gracias a ese truco mágico de las plataformas digitales, nos erigimos como participantes legítimos de los acontecimientos que estremecen al mundo.

Sin embargo, hay quienes sí lo hacen; sí participan activamente y defienden sus derechos saliendo a las calles a enfrentar la represión para exigir cambios. Son otros –no nosotros- a quienes no les bastan las redes sociales como forma de protesta, porque desde ellas saben que nada cambiará, porque saben reconocer un paliativo mental y no están dispuestos a conformarse con ello. Otros a quienes vemos caer a lumazos, asfixiados por los gases y víctimas de toda clase de abusos por una única razón: enfrentar a un sistema cruel, inhumano y depredador creado para el beneficio de unos en desmedro de las amplias mayorías ciudadanas.

Pero ellos, al fin y al cabo, forman parte del espectáculo que otros consumen ávidamente aun cuando padecen de los mismos males. Quizá ya sea el momento de involucrarse y luchar por valores tan elementales como el imperio de la justicia y el respeto por la vida humana. Luchar para no ver en la pantalla la agonía de un niño migrante, y desviar la mirada. Luchar por salir de la seguridad de la palabra y hacer un pacto con la conciencia; asumir la autoridad de todo ciudadano ante el dolor de los demás, ese dolor que hoy no duele porque se matiza con los colores de una película de ficción de la cual no somos –ni queremos ser- protagonistas.

El espectáculo no basta. Es imperativo participar y sentir el dolor de otros.

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