La niña bonita

Es tiempo de revisar conceptos y abandonar la vieja consigna del silencio.

Hace algunos días llegó a mis manos el libro Finalmente Libre, de Amanda Midence. En él, la autora guatemalteca hace un viaje hacia el pasado y reconstruye la ruta que marcó su vida, quizá con el propósito de arrojar luz sobre los rincones oscuros de su infancia y derrotar así el estigma social impuesto por una sociedad conservadora. En esas páginas relata los episodios de abuso sexual infligidos por un pariente cercano –un tío político- y las consecuencias físicas y psicológicas derivadas de ese episodio de su vida. Amanda pertenece a una familia acomodada; no nació en una barriada marginal ni tuvo que soportar las agresiones de la pobreza. Sin embargo, como tantas niñas y niños vulnerables en sociedades patriarcales y machistas, no escapó al miedo, el dolor y la vergüenza.

Menciono este libro porque constituye una denuncia poco usual en un círculo privilegiado. Además, porque deja ver cómo el abuso sexual contra la niñez es una práctica que cruza a toda la sociedad, sin distingos de ningún tipo y no solo afecta a niñas, también a niños víctimas de prácticas perversas cometidas por padres, parientes cercanos, sacerdotes, maestros, pastores o personas con influencia vinculados a su círculo, cuyos efectos psicológicos los persiguen por el resto de su existencia. Si Amanda Midence pudo romper el silencio después de haber luchado contra sus fantasmas de infancia, hay millones de otras niñas y niños condenados a soportar callados y sumisos el dolor y la vergüenza.

Como suele suceder, aún cuando las víctimas de abuso decidan enfrentar a ese mundo de prejuicios y estereotipos sexistas que las rodean, chocan contra un muro de negación y su testimonio es esculcado con tremenda malicia en busca de la mentira o propósitos ocultos. La re victimización comienza desde el primer momento y no abandona a quien tenga la osadía de denunciar. El abuso sexual –es preciso decirlo- es una costumbre aceptada en nuestras sociedades y, por tal motivo, niñas, niños y mujeres deben luchar solas y demostrar con pruebas algo que con el pasar del tiempo solo va dejando profundas huellas psicológicas. El sistema no solo es increíblemente absurdo, sino de una perversidad extrema por castigar así a los más indefensos.

Los países menos desarrollados de nuestro continente -especialmente Guatemala- sufren, además de usos y costumbres misóginas e irrespetuosas con los derechos de la infancia y de las mujeres, del ataque constante de organizaciones criminales y redes de trata que operan al abrigo de sus influencias y complicidad con instituciones del Estado. Es decir, la infancia y las mujeres son víctima constante de toda clase de agresiones y violencia sexual, laboral y social. En estos días también he recibido información sobre el acoso sexual contra más de 15 jóvenes indígenas involucradas en movimientos sociales, agresión cometida por un abogado de gran influencia en su entorno. Esto ha impedido a las víctimas hacer la denuncia pública por temor a las posibles represalias, pero también porque ningún medio se las recibe, quizá por no provenir de un entorno influyente.

En estas sociedades ser mujer –o una “niña bonita”- es enfrentar un mundo al revés. En lugar de gozar de la protección y el respeto son objeto de toda clase de violencia, empezando desde el día de su nacimiento con la usual decepción de un padre que prefería un hijo varón y de una madre convencida de que falló en ese intento. Para salir del círculo es preciso transformar a toda una cultura de privilegios para un sexo y de sumisión para el otro.

Es preciso repensar en las consecuencias de nuestro marco de valores.

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El juego de la verdad

Estamos acostumbrados a la mentira, por eso no soportamos la verdad.

Quizá como ejercicio intelectual, un día deberíamos mirar hacia atrás y analizar cómo nos hemos adaptado a los usos y costumbres de sociedades regidas por prejuicios, estereotipos y relaciones sociales basadas en la deformación de la comunicación a partir de conceptos sexistas, racistas y de cuestionable nivel moral.  Así crecimos y de ese modo adoptamos una visión de “lo correcto” para adaptarla a una serie de estrechas normas que nos vienen cómodas, a pesar de sus limitaciones. De ese modo, fuimos formados con un filtro cuyo efecto tendría una influencia decisiva en todas nuestras relaciones futuras.

En ese sustrato contaminado nuestras sociedades cultivan, como lo más natural, la desconfianza y la violencia en las relaciones humanas desde la más tierna infancia. Aun cuando intentamos convencernos de que nuestros primeros años fueron unas vacaciones en la isla de la felicidad, sabemos muy bien cuánto sufrimiento enfrenta la niñez en espacios como el hogar y la escuela, en donde se consolidan de manera indeleble su visión del mundo y de las conexiones con sus semejantes. Quizá por ese comprensible afán de teñir el pasado con un velo de nostalgia solemos pasar por alto hasta dónde esas primeras experiencias marcaron nuestro presente.

En este aspecto, los países de nuestra América Latina –con su carga de una religiosidad restrictiva y hermética- han sido un ejemplo ilustrativo de cuánto daño han causado en las relaciones sociales y en el desarrollo de nuestras naciones esas normas incuestionables que separan a los humanos por categorías, color de piel o le aplican una gradación diseñada para y por una administración más eficaz de la separación por clases: en general, son estructuras de carácter colonialista adscritas al poder político y económico. A partir de ahí se va definiendo todo un modelo de sociedad en donde predominan valores establecidos por las clases dominantes, con todo su engranaje de falsedades y prejuicios.

Las contradicciones en la formación de la infancia comienzan desde muy temprano. Durante los primeros años de vida se suele imprimir en la mente de niñas y niños el respeto por la verdad, un valor cuyo ejercicio conlleva un alto grado de honestidad y fortaleza moral. Sin embargo, esta supuesta fortaleza se cae a pedazos en cuanto se instalan en el discurso familiar -cual importantes cualidades humanas- los prejuicios sociales, la intolerancia, el racismo y los roles de género, todas ellas deformaciones cuyas consecuencias tendrán enorme impacto en la vida de las nuevas generaciones. La mentira, entonces, se instala así como un código de conducta aceptado y propiciado desde la esfera de autoridad, con el propósito de facilitar la inserción de los nuevos miembros en una sociedad convenientemente segregada.

Esta clase de formación suele presentar sus primeras manifestaciones en conductas de extrema violencia entre niñas, niños y adolescentes. Entrenada en un ambiente de competencia, rivalidades y, muy frecuentemente, violencia física durante el período más importante de su desarrollo, la niñez se ve enfrentada a un desafío de supervivencia emocional para lo cual no está preparada y, por lo tanto, su escaso entrenamiento para lidiar con sus propias contradicciones la convierte en un objetivo fácil para toda clase de abusos. Por ello, no debería sorprendernos cuando esa frustración se descarga en formas extremas como el crimen, el suicidio y diversas formas de autodestrucción que desde nuestra estrecha perspectiva de adultos consideramos no solo inaceptables, sino también incomprensibles.

La formación de la infancia está en manos de los menos preparados.

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Niñez, la última de las prioridades

Millones de niñas y niños pagan la elevada factura de las decisiones políticas.

Una de las consecuencias directas de la degradación social es la pérdida de oportunidades de supervivencia para la niñez en la mayoría de países subdesarrollados. Los problemas de este sector, sin embargo, suelen ser abordados de manera tangencial por los gobiernos por una simple razón: la niñez no es prioridad para ninguno de ellos, dado su estatus de “población pasiva” sin derechos políticos ni sociales, ni voz para exigirlos. Aun cuando la manipulación emocional del tema es recurrente durante las campañas electorales, al asumir las nuevas autoridades desechan de un plumazo las promesas y se enfocan en sus verdaderos intereses: fortalecerse en el poder y pagar por los favores recibidos.

A las nuevas generaciones, por lo tanto, se las relega a un rincón de las políticas públicas siempre dependiente de la buena voluntad de las clases dirigentes, pero nunca en pleno control de su cuota de participación como grupo mayoritario, sobre todo en los países menos desarrollados. En ese cuadrante de la gestión gubernamental de los países políticamente débiles se agrupa a quienes están supuestos a conformar el relevo generacional. Privados de una educación de calidad, agobiados por los abusos de una generación anterior cuya niñez y adolescencia transitó por las mismas vías de abandono y pobreza, estas niñas, niños y adolescentes se ven enfrentados a una existencia precaria y a una lucha injusta contra un sistema que los desprecia.

Desde los círculos de poder -pero también desde la sociedad- la mirada es absolutamente contradictoria. Por un lado se valora a este contingente enorme de mano de obra barata cuya explotación constituye uno de los grandes beneficios del sector empresarial, pero también se le criminaliza y se le declara “indeseable”, dado que en nuestras sociedades racistas, clasistas y profundamente ignorantes la pobreza es un delito y la rebelión puede ser castigada con la muerte, de acuerdo con la ley. De este modo, países de una exuberante riqueza muestran en sus indicadores el ofensivo desequilibrio entre ricos muy ricos y pobres de miseria y, entre estos últimos son las mujeres, la niñez y la juventud las principales víctimas.

Al revisar en detalle la situación de la niñez en algunos países, se encuentra esto: Casi 3 millones de niños en grave inseguridad alimentaria; más de 1 millón con desnutrición aguda; 2,4 millones obligados a huir de sus hogares; 2 millones fuera de la escuela y, si la situación actual se mantiene, es probable que solo uno de cada 13 niños acabe la escuela primaria; unos 900 mil niños con trauma psicológico; más de 19 mil niños reclutados en las filas de las fuerzas o grupos armados; más de 2.300 niños muertos o heridos desde 2013, y cientos de casos de violaciones y agresiones sexuales. Este escenario se asemeja a cualquiera de nuestros ricos países latinoamericanos. Pero adivinen qué: esta es la situación de la niñez en Sudán, una nación en guerra bombardeada sin descanso por países poderosos que lo han convertido en su propio campo de batalla con desprecio absoluto por la vida de millones de civiles inocentes.

Es urgente reformar la gestión pública y comprender que la ausencia de iniciativas para integrar a los beneficios sociales a las generaciones de relevo, marcan de manera decisiva el futuro de las naciones. Por ello es importante la participación de una sociedad informada y comprometida con su país, con plena conciencia de que las políticas públicas y la inversión en este segmento poblacional es una apuesta afortunada y no un acto de caridad.

La niñez es la fuerza vital capaz de garantizar el desarrollo de un país.

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El presidente 6 por ciento

Sebastián Piñera ha alcanzado el récord más bajo de aceptación para un mandatario.

Cuando el nivel de aprobación de un gobernante se reduce hasta índices tan bajos como el 6 por ciento alcanzado por el presidente de Chile, Sebastián Piñera, el restante 94 por ciento debe interpretarse como un franco rechazo a su administración. Esto lo entiende cualquier lego. Sin embargo, la tozudez de este empresario -cuyo afán de aferrarse al mando denota su ambición desmedida por el poder- mantiene a ese país en un constante estado de emergencia, paralizado por las protestas en las cuales se pueden observar reiteradas violaciones de los derechos humanos cometidas contra la población con total impunidad por las fuerzas policiales.

En el escenario mundial, la contundencia de las manifestaciones ciudadanas a todo lo largo de Chile ha despertado una enorme ola de solidaridad con ese pueblo. Por primera vez en su historia, la población ha llegado a constituirse como un cuerpo sólido integrado por habitantes de todos los sectores, capaz de poner en jaque al más depredador de los sistemas económicos –el neoliberalismo- y haciendo tambalear el poder hegemónico de los círculos de poder al plantarse de frente contra sus abusos. El estado de total negación de Piñera, por lo tanto, constituye una trasgresión a las bases mismas del sistema democrático al transformar el suyo en un régimen similar a la dictadura pinochetista con desapariciones forzadas, tortura, asesinatos y secuestros a mansalva.

El caso no es único. También el presidente francés, la actual dictadura boliviana y la administración autoritaria y de extrema derecha de Brasil, entre otros, se encuentran arrinconados con un mínimo porcentaje de aprobación, del mismo modo como otros mandatarios cuyas prioridades se alejan de los intereses de la ciudadanía para proteger los de las clases dominantes y las grandes multinacionales. Lo que está en juego, entonces, es la supervivencia de los Estados democráticos, asediados desde hace mucho por una especie de súper gobierno ejercido por la cúpula económica mundial bajo la sombrilla siempre alerta del Departamento de Estado.

El mayor peligro de este sistema depredador es la pérdida progresiva del poder ciudadano. Es decir, los sistemas se han modificado con el propósito de garantizar beneficios a sectores poderosos por medio de una legislación ad hoc cuyo objetivo es reducir las posibilidades de participación de las grandes mayorías en las políticas públicas; uno de los más importantes espacios en donde se aplican estas tácticas es la privación de acceso a educación de calidad y a servicios básicos, dado que en una ciudadanía informada y activa reside el mayor peligro para los planes hegemónicos de los grupos de poder. Por el contrario, una población reducida a la supervivencia jamás tendrá la energía ni el tiempo necesarios para ocupar el lugar que le corresponde en los asuntos públicos.

El caso de Chile se eleva como un ejemplo de cómo los abusos de poder logran sacar al pueblo de un estado de apatía para transformarlo en un fuerte protagonista en los asuntos que le competen. Es preciso resaltar el papel fundamental de la juventud chilena, cuya fortaleza y perseverancia ha sido capaz de poner en jaque al poderoso sistema que a lo largo de los años le ha ido quitando espacios de participación para mantener un estatus orientado a satisfacer intereses corporativos y guetos políticos contrarios a las más importantes iniciativas de desarrollo social. Otras naciones en similares circunstancias ven hacia el Sur como un espejo en donde aspiran reflejarse.

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La juventud es la protagonista indispensable en todo proceso de cambio.

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Un negocio muy privado

La transmisión de mando refleja ausencia de calidad moral. Mal fin para una mala comedia.

Las comedias suelen tener finales hilarantes. La que finaliza mañana en Guatemala, en cambio, es el epílogo de uno de los períodos presidenciales más catastróficos en ese país y más bien provoca un sentimiento de amargura y decepción. Se cierra un período durante el cual se consolidaron las organizaciones narco criminales, se cercenó el mejor y mayor esfuerzo para erradicar la corrupción en el seno de las instituciones con el cierre de la Cicig, se fortalecieron los pactos siniestros entre el sector privado, el ejército y los mandos políticos y se profundizó la brecha entre ricos y pobres, cobrándose muchas vidas humanas de líderes comunitarios y ambientalistas y condenando a la niñez a una despiadada vida de miseria.

Todas las instituciones –incluyendo aquellas de mayor credibilidad, como el Tribunal Supremo Electoral, TSE- fueron sistemáticamente permeadas por efectos del clientelismo, las presiones políticas y un conflicto de intereses capaz de dañar la esencia misma de su naturaleza, al extremo de haber perdido la confianza de la ciudadanía y creado un ambiente de incertidumbre sobre el futuro del sistema democrático. A ello se sumó la preeminencia de intereses particulares en la labor legislativa de uno de las asambleas más cuestionadas de las últimas décadas y la oscura injerencia del ejército en las decisiones del Ejecutivo.

Lo que viene no parece diferenciarse de lo que se va, en términos de respeto por los derechos humanos y una visión de nación. Todo lo contrario, el nuevo discurso se asemeja demasiado a la dura huella de las dictaduras militares de tiempos pasados, con un autoritarismo divorciado del marco democrático y la promesa de más represión desde las instituciones armadas. A eso se añade una actitud mesiánica del nuevo mandatario, quien a pesar de haber alcanzado la meta de resultar electo después de varios intentos, logró su objetivo en un proceso dudoso y opaco, lo cual le resta solidez a su futuro desempeño.

Aun en esas condiciones, la ciudadanía espera algo mejor para los próximos cuatro años porque la administración que abandona el palacio de gobierno ha dejado un sentimiento de frustración sin precedentes, al haber echado por tierra algunos de los modestos avances logrados en las distintas dependencias del Estado y haberse erigido como el mayor de los obstáculos contra el desarrollo del país. El más inepto de los presidentes se ha lucido al destruir la integridad de su investidura sometiéndose sin vacilaciones a pactos nefastos –locales e internacionales- cuyo propósito es regresar al país a los tiempos del humillante colonialismo del que comenzaba a resurgir.

No es posible terminar el “panegírico” sin mencionar a las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción asesinadas por este gobierno saliente. Ese episodio siniestro le quitó definitivamente la careta a quienes detentan el poder y evidenció que la vida humana -para políticos, empresarios y jueces- es desechable cuando viene de los estratos en donde no existe ni siquiera la sombra de la justicia. El retroceso marcado por el gobierno saliente no podrá remontarse en los próximos cuatro años, a menos que el nuevo gobierno comience por reparar las fisuras que ponen en peligro a todo el sistema democrático, algo que no se percibe en el nuevo discurso y se reafirma en el modo de celebrar la transmisión de mando prohibiendo la presencia de la prensa, como si fuera un evento privado, lejos de la mirada de los verdaderos amos de la fiesta. Si así sucede, queda claro que gobernar no es más ni menos que un negocio sumamente productivo.

El nuevo gobierno inicia sobre una base institucional sumamente frágil.

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La divina ultraderecha

Bajo la consigna de dominar a través de la fe, se consolidan las doctrinas de diseño.

A partir de la segunda mitad del siglo pasado se produjo un crecimiento repentino de los cultos protestantes y pentecostales en todos los países de América Latina; este fenómeno tuvo su origen en estrategias de dominio geopolítico establecidas por Estados Unidos como una forma de incidir en los movimientos sociales de nuestro continente y neutralizar –en el marco de la Guerra Fría- todo brote de subversión en los sectores más pobres. Con una novedosa estrategia mercadológica nunca antes vista, estas sectas lograron llegar a la población por medio de programas de televisión, marchas, grandes concentraciones en sitios públicos y una labor de zapa, casa por casa, para conquistar nuevos adeptos.

El terreno estaba abonado; la iglesia católica -con su preeminencia indiscutible en las sociedades y gobiernos latinoamericanos- nunca se preocupó gran cosa por defender y aumentar su influencia, dado que esta se consideraba garantizada. Por lo tanto, su actitud monárquica le jugó la mala pasada y poco a poco su feligresía fue desgranándose para migrar hacia un culto más cercano a sus intereses y necesidades. Las estructuras elitistas del catolicismo conservador no pudieron evitar el auge de esta nueva ideología de la prosperidad cuya influencia fue creciendo a medida que aparecían por todos lados pequeños templos con una oferta más atractiva y cercana a los sectores populares.

Esta ideología representa uno de los instrumentos más audaces del sistema neoliberal para convencer al pueblo de la existencia de una relación entre su comunión con Dios y los beneficios materiales, generalmente destinados a enriquecer a su pastor y, por tanto, a engrandecer a su iglesia. De ahí procede la idea de que la prosperidad debe provenir del esfuerzo personal y no de una adecuada redistribución de la riqueza del país desde la administración del Estado. Otro de los fundamentos de estos credos es el énfasis en la negación de toda forma de equidad: de género, diversidad sexual, derechos sexuales y reproductivos, feminismo y todo cuanto signifique un desafío a sus doctrinas ultra conservadoras.

Esta estrategia -exitosa y eminentemente territorial- es hoy una amenaza contra los derechos civiles en la mayoría de países latinoamericanos, en donde se puede observar la infiltración de estas sectas en la política, hasta el extremo de determinar el rumbo de las decisiones que afectan a la ciudadanía en su conjunto; en cuenta, los derechos a la libertad de culto y la naturaleza laica de los Estados, establecidos en los textos constitucionales. La manipulación de la fe –fenómeno facilitado por restricción del acceso de los pueblos a una educación de calidad- es una de las formas más nefastas de neutralizar su participación consciente y analítica en los eventos políticos más decisivos de su país y ejercer así una ciudadanía consciente y responsable. 

Los sectores de extrema derecha, cuyo pensamiento siempre ha estado enfocado en obtener los mayores beneficios posible de un sistema depredador, injusto e individualista, se han subido a esta plataforma haciendo gala de una falsa religiosidad, por medio de la cual influyen en procesos electorales y en una labor legislativa cuyo propósito es ir eliminando espacios de participación de las grandes mayorías. Esto, con el fin de consolidar el sistema político-económico establecido desde hace décadas por Estados Unidos para los países de su patio trasero. Esos espectáculos de oración en los despachos de empresarios y gobernantes corruptos, rastreros y codiciosos, tan comunes en estos tiempos, constituyen la peor de las ofensas.

Los textos constitucionales establecen la laicidad de los Estados.

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La política de la tortura

El maltrato extremo es una forma cruel y degradante de hacer política y establecer límites.

El 10 de diciembre de 1984 la Asamblea General de la ONU adopta y abre -a la firma, ratificación y adhesión- la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Un título suficientemente explícito para invitar a los líderes políticos a poner fin a los abusos de los Estados y sus instituciones contra las personas, en cualquier circunstancia, y con el propósito de obligarlos a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Treinta y seis años después resulta evidente el desprecio de los Estados parte por un compromiso tan elemental como indispensable, cuyo propósito es erradicar la violencia y propiciar un camino hacia la paz.

La década cierra con un panorama progresivo de tortura y violación de derechos humanos convertidos en la herramienta estratégica de las potencias y sus aliados. Las manifestaciones ciudadanas contra los abusos de poder de los gobernantes son atacadas con una fuerza más propia de situaciones de guerra que de conflictos políticos surgidos dentro del marco civil. El propósito no puede ser más claro: la violación de los derechos de la población queda establecida como una acción disuasiva no sujeta a la ley y como una prueba de la permisividad de los gobiernos sometidos a presiones de poderosos sectores económicos locales e internacionales.

Los protocolos para enfrentar conflictos ciudadanos y fenómenos como las masivas olas de migrantes, resultado estas últimas de la violencia debida a la corrupción, el crimen organizado o acciones bélicas e invasión de otros Estados por intereses puramente geopolíticos y económicos de las potencias, son ignorados; y, por lo tanto, las fuerzas represivas y de orden actúan con total desapego a las convenciones que norman este tipo de situaciones, a pesar de la ratificación de esos países y su obligación de atender las disposiciones establecidas por ellas.

En suma, el siglo muestra su tendencia a la impune violación de toda ley existente sobre el trato digno y el respeto por los derechos humanos, desde un sistema global cuya prioridad es el expolio de la riqueza de las naciones, la eliminación de cualquier obstáculo en la consecución de esos objetivos –en cuenta el despojo de tierras y la agresión armada contra los pueblos originarios- y la institucionalización de la tortura como instrumento de control ciudadano, una estrategia sumamente efectiva para someter a los pueblos a la voluntad de gobernantes corruptos y dictaduras solapadas bajo marcos constitucionales elaborados a medida.

Uno de los ejemplos más claros de esta degradación en el respeto por leyes internacionales y convenciones firmadas y ratificadas por los Estados –como la ya mencionada Convención contra la Tortura- es lo actuado por el gobierno de Estados Unidos en relación con la niñez migrante. No es necesario ir muy lejos para comprobar las violaciones ejecutadas por las autoridades de migración, quienes obedeciendo disposiciones del mandatario estadounidense han separado a las familias, han internado a niñas, niños y adolescentes de toda edad y condición en campos de concentración, privándoles de todo contacto con su familia y sometiéndolos a un trato cruel e inhumano. En el caso de menores, la privación de su entorno familiar constituye el más claro ejemplo de tortura y una violación indiscutible de la Convención por los Derechos de la Niñez. Así termina el año y comienza otro menos promisorio y con enormes desafíos para los pueblos del mundo.

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