La paz no es la antítesis de la guerra. La paz lo abarca todo.
El ejemplo de algunos líderes mundiales como Nelson Mandela, Martin Luther King o Mahatma Gandhi nos dejó grandes enseñanzas. Una de ellas es que la búsqueda de la paz nunca está exenta de violencia. Perseguidos y encarcelados por pregonar ideas contrarias al sistema establecido, su fuerza moral los sostuvo durante años de persecuciones y campañas de desprestigio por parte de los círculos de poder. Dos de ellos –Gandhi y Luther King- fueron asesinados en un inútil y tardío afán de callarlos.
De esa capacidad de resistencia, de esa solidez intelectual y humana surgió el mensaje de estos pensadores, cuya esencia transformó de manera radical la manera de ver al mundo y dejó para la posteridad el mensaje de que el respeto de los derechos humanos de las grandes mayorías es el único camino posible hacia la paz y el desarrollo.
La resistencia pacífica fue, coincidentemente, una de las estrategias utilizadas por estos tres personajes de la historia del siglo veinte. De ella emanó la certeza de que sin perseverancia, sin una conciencia clara del porqué de la lucha y sin la convicción de cuál es el camino correcto para transformar las condiciones de vida, no hay esperanza de cambio. Pero además, constituyó todo un ejemplo para las generaciones del futuro respecto de la importancia de buscar la paz a través de la verdad como única manera de lograr la reconciliación. En ese camino hacia el entendimiento, todos los senderos pasan por la justicia. Por ello un sistema diseñado para favorecer a unos pocos en desmedro del resto de la población, se interpondrá de manera inevitable en la búsqueda de la paz.
Para restablecer el imperio de la justicia, el conocimiento es básico. La búsqueda de la verdad en países agobiados por la violencia pasada y presente, con una historia de conflicto bélico y un gran porcentaje de sus habitantes viviendo bajo la línea de la pobreza, implica un proceso de catarsis, revelación y recuperación de la identidad alterada por décadas de silencio y represión. La reconciliación y el perdón, por lo tanto, constituyen ingredientes básicos en esta fórmula cuyo objetivo es la reconstrucción del tejido social para conformar una sociedad más justa e igualitaria.
La consecución de estos objetivos chocará frontalmente con la resistencia feroz de quienes sostienen en sus manos las riendas del poder político y económico, al considerar como una amenaza la participación de la población en procesos de cambio incluyentes, capaces de abrir las estructuras de poder para garantizar una auténtica democracia. Es una guerra solapada contra cualquier intento de democratización de las instituciones que conforman la base del sistema. El miedo los lleva a cerrar filas en contra el cambio y, de paso, a crear mecanismos destinados a deslegitimar esos esfuerzos.
La paz, tal como nos enseñaron esos grandes líderes, representa la culminación de procesos radicales y profundos de transformación social. Significa la plena aceptación de los derechos de los otros, la reivindicación de su sitio en la sociedad, el respeto a las diferencias y el combate a la injusticia. No hay otro modo de alcanzarla.
Los sueños de paz chocan contra los grandes poderes que lo definen todo.
Las fiestas de independencia celebran el mayor mito de la Historia.
Las fechas representan únicamente un referente simbólico en el transcurso de la historia, por ello las fiestas de Independencia, celebradas en estos días de septiembre en algunos países del continente, deberían convertirse en un punto de inflexión; en un golpe de timón hacia la dirección correcta y el inicio de una nueva era para los pueblos que observan, con una mezcla de envidia y esperanza, los avances en otros rincones del planeta.
Latinoamérica ha sufrido dictaduras genocidas, invasiones extranjeras marcadas por intereses económicos y geopolíticos, desvalorización y aniquilamiento de sus culturas milenarias, expoliación de sus riquezas naturales y una constante intervención en sus planes de desarrollo por parte de organismos financieros controlados por las grandes potencias mundiales. Sin embargo, la fortaleza moral y el anhelo de libertad de sus pueblos constituyen los recursos decisivos para consolidar esa independencia real y concreta que todos anhelan.
Los ejemplos de desarrollo económico, industrial y cultural en algunas de nuestras naciones demuestran cómo un valor potencial puede volverse una realidad tangible, siempre y cuando los actos políticos de sus líderes estén sustentados en el firme propósito de luchar por su patria. En este sentido, resultan esenciales la defensa y el respeto a la norma constitucional, la consolidación del estado de Derecho, el reconocimiento de los valores humanos y culturales intrínsecos de sus comunidades y el propósito firme de lograr la unidad latinoamericana, única forma posible de enfrentar los desafíos de la globalización.
Presumir de independencia cuando nuestras castas políticas son capaces de negociar el futuro de las generaciones con entidades cuyos intereses son totalmente opuestos al desarrollo -como el Banco Mundial- y sometidos a las condiciones arbitrarias de gobiernos poderosos, enfocados en sacar el mayor partido de sus debilidades institucionales y políticas, es un insulto a la inteligencia. Por tanto, resulta imperativo actualizar conceptos y comprender que la libertad de un país para decidir sobre su presente y su futuro es un tema pendiente en todo el tercer mundo.
La celebración de la independencia patria se ha establecido como un recurso populista y debe ser objeto de una profunda revisión. Los desfiles militares, tan propios de esa imagen de fuerza y poder impresa en el imaginario colectivo, resultan hoy una de las más graves ofensas contra pueblos que han experimentado la represión cruel de las dictaduras militares, una sombra oscura que mancha la historia de todos nuestros países. El orgullo patrio no debe descansar sobre las armas ni la violencia, sino sobre la cultura, las tradiciones y el respeto irrestricto de los derechos humanos.
La carga nefasta de la explotación y el saqueo de las riquezas mal distribuidas es un peso histórico cuya influencia en el retraso, la miseria y el abandono cuenta como argumento indiscutible para rechazar las pretensiones de independencia y libertad de las castas gobernantes, las primeras responsables por las condiciones vergonzosas en las cuales se sume el futuro de los pueblos.
Sin desarrollo sostenible para todos no es válido presumir de independencia.
Los primeros pasos en la vida llevan la brújula de las sociedades y definen su destino.
Desde la segura comodidad de una vida regulada por una posición de privilegio, ya sea por el simple hecho de tener un trabajo digno, un ingreso garantizado o acceso a la educación, la idea formada sobre los demás nos tiende a distribuirlos en distintos nichos y diversas escalas sociales. Son recursos útiles para ubicarnos en donde nos corresponde o para intentar ingresar en ese espacio ideal al cual deseamos pertenecer. Es esta una acción natural de los conglomerados sociales y pocos individuos, muy pocos, pueden presumir de poseer una visión desprovista de prejuicios, de racismo o de estereotipos con los cuales segmentar a los demás de manera arbitraria y acomodaticia.
Percibimos a la sociedad como una pirámide. En su base están los más pobres y, en su pequeño ápice, reunidos los ciudadanos poderosos, quienes determinan el presente y futuro de la gran masa sobre la cual descansan y de la cual obtienen su riqueza y su poder. Ellos también dictan las reglas que regulan al resto, con lo cual equilibran las fuerzas que les permiten sostener sus posiciones. Visto así, la manera como solemos juzgar a quienes no se encuentran en nuestro pequeño ámbito social surge espontánea y ese juicio, por lo general implacable, se dirige con especial énfasis contra quienes se encuentran por debajo del nivel al cual supuestamente pertenecemos.
Esto me hace recordar la ligereza con la cual se adjudicaron vicios y delitos a las niñas y adolescentes víctimas de violaciones, abuso, tortura y muerte quienes, por muy distintos motivos, se encontraban recluidas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en Guatemala. Esas niñas fueron víctimas de abuso, violaciones y trata de personas con fines de tráfico sexual por parte del Estado a través del personal destinado a administrar ese centro. Sin embargo, amplios sectores las catalogaron -sin la menor evidencia- como “prostitutas, delincuentes, viciosas, revoltosas”.
Es decir, culpables y merecedoras del fin al cual fueron salvajemente destinadas y justificando de ese modo cualquier acto de violencia en su contra. Sin paliativos, sin juicio y, por supuesto, sin el menor beneficio de duda. Este trágico episodio, en el cual 41 de ellas sufrieron una muerte atroz en medio de las llamas, obliga a reflexionar sobre los riesgos de la institucionalización de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo pero, mas allá de una mera aproximación a ese procedimiento de carácter judicial, realizar un profundo análisis sobre la realidad de esas instituciones, su pertinencia y sus métodos.
Foto: Mariela Castañón
Someter a una niña, niño o adolescente a una permanencia prolongada en una institución de esta naturaleza ha sido objeto de innumerables estudios. Lo más importante, sin embargo, es comprender cómo un ser en proceso de formación -quien, por alguna razón: abandono, maltrato u orfandad tiene como destino la reclusión obligada- es destinado por decisión de un sistema jurídico determinado a permanecer por tiempo indefinido en un sitio cuyas características carecen de las calidades y capacidades para proveer el cuidado personalizado y correcto de acuerdo con cada caso.
El drama de la niñez en países tales como los nuestros proviene de su débil incidencia en la agenda pública. Este importantísimo sector de la sociedad suele ser considerado como un apéndice improductivo y no como un protagonista vital en los procesos de desarrollo. Esta falencia se refleja en el total abandono desde las más altas instancias, cuyas prioridades están centradas en la conquista y conservación de los poderes político y económico, por medio de maniobras muchas veces reñidas con la ley. Amparando esa opacidad en el manejo de la cosa pública, las sociedades actúan como una membrana capaz de invisibilizar el extenso drama de la niñez abandonada.
Resulta del todo impensable considerar, siquiera, un cambio radical en la visión colectiva sobre la realidad de la niñez. Hay países, como Guatemala, en donde sus habitantes de entre 0 y 12 años asciende a un tercio de la totalidad de la población y ni siquiera tienen una mención privilegiada entre las políticas públicas o el presupuesto de ingresos y egresos que las sostiene. Un país en donde el 90 por ciento de jóvenes entre 13 y 30 años carece de acceso a un servicio de salud, público o privado y en donde casi el 70 por ciento está fuera del sistema educativo. A eso, añadir el índice de desnutrición crónica en más de la mitad de la población infantil, con toda la carga que ello implica en deficiencias físicas, neurológicas y de oportunidades de vida.
Este escenario es el caldo de cultivo en donde se macera lentamente una sociedad empobrecida, debilitada e incapaz de construir futuro. Su fuerza laboral viene señalada por las carencias y eso constituye uno de los principales motores del incremento de la violencia, la emigración y las patologías asociadas a un entorno en donde la ley no se respeta ni la justicia impera. Es allí en donde la infancia suele recibir los mayores golpes y en este entorno enfermizo, niñas, niños y adolescentes enfrentan a diario el vacío y el abandono.
Una de las razones por las cuales jamás pensamos seriamente en la vida de los otros, es esta miseria que nos rodea y a la cual oponemos trucos psicológicos para no enfrentarla porque, de hacerlo, estaríamos obligados a actuar. Ya es hora de abrir los ojos y la conciencia para salvarnos a nosotros mismos, porque esa infancia aparentemente lejana es el germen del futuro que nos espera.
La violencia contra la mujer es manifestación de una eterna guerra por el poder.
El dominio del patriarcado constituye la marca oscura de una lucha atávica, por medio de la cual la mujer intenta conquistar su independencia -cada vez con mejores armas- y construir una vida de libertad. Este eterno enfrentamiento no trata de costumbres ni tradiciones, sino de una guerra de guerrillas librada por un sector de la población -premunido de toda clase de armas: legales, físicas y doctrinarias- contra otro que solo posee la certeza de su razón. Y así han transcurrido los siglos.
Para empezar a comprender la dimensión de este sistema de dominación, es preciso ir más allá de las apariencias y medir el enorme impacto sobre la vida de más de la mitad de la población del planeta. Esto no solo se traduce en una violencia aparente en el maltrato físico, social y psicológico, cuya constante presencia impide el desarrollo pleno de niñas, adolescentes y mujeres adultas, sino también en la manera solapada como se las condena a la dependencia económica gracias a la influencia nefasta de una visión de maternidad y de familia, distorsionada y marcada por una autoridad ilegítima.
A partir de un esquema de injusticia histórica de tal magnitud, se comprende la manera cómo las sociedades toleran el abuso, la tortura, la marginación y la crueldad extrema en contra de las mujeres por el solo hecho de serlo. Baste echar una mirada a las estadísticas en donde se refleja de manera transparente cuán frágil es su estatus y de qué modo se le impide alcanzar un pleno dominio sobre su vida y su cuerpo. En países sumidos en el subdesarrollo, esta realidad es abrumadora y estampa una visión aberrante de lo femenino como débil -física e intelectualmente- y naturalmente subordinado, tanto desde lo jurídico como desde las doctrinas religiosas.
De ahí que cada intento por avanzar y despejar el camino hacia el desarrollo pleno del sector femenino haya encontrado los mayores obstáculos, incluso desde su propio ámbito. El hecho de que, al haberse visto en la necesidad de conquistar cada pedazo de libertad con la ruptura -muchas veces violenta- de los obstáculos religiosos, sociales y legales para ocupar un sitio en el mundo real haya sido objeto de burla, rechazo y condena, es motivo suficiente para reflexionar sobre esta absurda estructura del poder. En los ámbitos domésticos, laborales y sociales, la mujer todavía ocupa un espacio sujeto a la condescendencia y a la corrección política y no al pleno derecho.
Este retrato no obedece a una visión distorsionada de la realidad. Es un hecho patente en las aberrantes cifras de feminicidios, secuestros, desapariciones, tráfico y violaciones contra niñas, adolescentes y mujeres, crímenes impunes que pocas veces -o casi nunca- llegan a la etapa de investigación y condena. Ellas son las ausentes en sociedades indiferentes a su condición de seres humanos, con todo lo que ello implica en respeto, autonomía y capacidades. Ellas son quienes han experimentado en carne propia el desprecio de sus pares y el abandono de la sociedad.
En el trasfondo de este drama de injusticias está la eterna lucha por el poder. De ella se desprende la enorme maquinaria del patriarcado, cuya preeminencia descansa sobre una autoridad impuesta por la fuerza y las enormes ventajas de tener a su disposición a todo un contingente de mujeres capaces de aportar, por la fuerza de la tradición, su trabajo no remunerado, su riqueza creativa y su inacabable resistencia al dolor. La lucha por reivindicar sus derechos enfrenta -por obvias razones- una feroz resistencia.
El lugar de la mujer en la sociedad es, todavía, un tema pendiente.
En países empobrecidos por la corrupción y el abandono, la niñez es la primera de las víctimas.
Un ejercicio interesante para conocer cuál es la visión sobre la niñez en un país como Guatemala, cuyos indicadores de desarrollo socio económico están entre los más bajos, no solo de todo el continente sino del resto del mundo, es ingresar al buscador de Google y escribir “Guatemalan children”, así, en inglés. Allí aparecen 11 millones de respuestas. Si nos tomamos la molestia de ir buscando página por página, de entre las primeras 100, aproximadamente el 90 por ciento hacen referencia a la desnutrición crónica, a la emigración forzada, datos sobre violencia y abuso contra este sector de la población y a la pobreza extrema que les afecta con especial dedicación. Ninguna hace mención a logros en educación, deportes, arte o cultura.
Ese es el panorama real y la proyección de Guatemala hacia el mundo, a pesar de los pesares y también de las estrategias de imagen de gobiernos ineficientes, corruptos y dedicados a transformar a las instituciones del Estado en bastiones para el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias. El negocio floreciente de la trata de personas –cuyas víctimas son en abrumadora mayoría niños, niñas, adolescentes y mujeres- revela una ruptura grave del tejido social y una total incapacidad del Estado para combatir ese flagelo. Guatemala es, para las organizaciones criminales dedicadas a esa actividad criminal, un auténtico paraíso.
Luego, también cambian las referencias y se encuentra la estampa triste de una Guatemala sórdida en donde se ha de recurrir a la limosna de ciudadanos extranjeros para acudir en auxilio de una niñez abandonada a su suerte, hambrienta y sujeta a toda clase de riesgos en un entorno carente de seguridad alimentaria, de oportunidades de educación, de servicios de salud adecuados y, por supuesto, de un entorno familiar capaz de protegerla. Esto, en uno de los países centroamericanos más ricos en recursos y más desiguales en el reparto de esa inmensa riqueza.
Cómo es ser un niño pobre en un país rico
Guatemala tiene una de las tasas más elevadas (49 por ciento) de desnutrición crónica a nivel mundial. Este indicador, el cual se ha mantenido más o menos inalterable durante décadas y que durante el período de la pandemia probablemente se haya incrementado debido a las dificultades creadas por la emergencia en cuanto al acceso al trabajo y a los precarios servicios de salud, podría superar esa frontera inadmisible en donde se marca el total abandono del Estado por el respeto al derecho a la vida del segmento más numeroso de su población.
Pero, ¿cuál es la razón de tanto abandono? ¿Por qué Guatemala figura ya entre aquellas naciones que han caído al punto de compartir con Honduras, Haití y algunas de las naciones africanas las estadísticas más extremas en todos sus aspectos? Si se hurga en el pasado, se podrían encontrar respuestas múltiples y diversas en una historia plagada de muerte y violencia. Sin embargo, el presente también constituye un obstáculo insalvable para esos millones de seres humanos menores de dieciocho años, cuya seguridad de todo tipo: alimenticia, de vivienda, de salud, de educación, de resguardo de su integridad física, nunca ha sido prioridad para los representantes del pueblo, los mismos que juraron ante la bandera respetar la Constitución, y quienes siguen prometiendo en vano cambiar las cosas.
El abuso de menores ha sido un hábito inveterado durante generaciones. Algo tan profundamente arraigado, que llega a ser considerado como una práctica socialmente aceptable, un destino insoslayable para quienes aún no poseen la fuerza ni la protección de la ley para defender sus derechos. Peor aún, hay quienes aún se resisten a aceptar que esos derechos existen.
De acuerdo con una investigación periodística de Carmen Quintela en Plaza Pública, (2017) “hay 260 personas en Guatemala cuya riqueza equivale a 23 veces la inversión pública en Salud, 21 veces la inversión en Educación y el 56 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) del país. Para ganar lo que cada una de estas personas gana en un mes, un ciudadano con bajos ingresos debería trabajar 387 años. Esas 260 personas son parte del uno por ciento de la población con unos ingresos mensuales que equivalen a los salarios del 42 por ciento con menos recursos. Los datos, ejemplo de la desigualdad en la que permanece sumergido el país, los presentó la organización Oxfam, que destacó a Guatemala como uno de los lugares de América Latina con un acceso más precario a buenas condiciones de vida.”
Las niñas-madres
Una de las consecuencias más devastadoras de la indefensión en la cual sobreviven las niñas en Guatemala, es la pavorosa cifra de embarazos y partos a edad temprana. De acuerdo con una de las instituciones dedicadas a monitorear este tema –el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva, OSAR- se produjeron 57 mil quinientos setenta y ocho embarazos en niñas y adolescentes entre 10 y 18 años, durante el primer semestre de 2021. De entre ellos, cerca de 3 mil corresponden a niñas de 10 a 14 años. Es decir, un período en el cual una niña aún no ha desarrollado plenamente su cuerpo y en quien un embarazo supone un riesgo de vida elevado.
Adicionalmente a la violencia implícita en la violación y sus consecuencias físicas y psicológicas, un embarazo a esa temprana edad significa la pérdida de derechos a todo nivel y el sometimiento a un régimen de vida duro, restrictivo y sometido a la autoridad de los adultos de su entorno. A ello se suma la prohibición legal absoluta de interrumpir el proceso de gestación, aún cuando se trate de una niña cuyo cuerpo no reuna las condiciones para sostenerlo y llevarlo a término. Es decir, la ley, en Guatemala, condena a la víctima a partir de una visión de Derecho influenciada por doctrinas religiosas y un sistema patriarcal sólidamente establecido.
Visto como parte normal de la vida -especialmente en las comunidades rurales- el embarazo en adolescentes es una de las más graves consecuencias de la pobreza y la marginación en la cual vive y se desarrolla una gran parte de la población femenina. Asediadas por un concepto patriarcal de la vida y del deber, miles de niñas acaban siendo víctimas de abuso sexual desde antes de alcanzar la pubertad, convirtiéndose en madres en etapas tan tempranas de su desarrollo que incluso pierden la vida en el proceso. Indefensas ante la presión del autoritarismo ejercido por padres, hermanos y otros hombres de su entorno, sumado a la falta de protección por parte del resto de la comunidad, las niñas-madres terminan agotando la etapa de la infancia sin haberla vivido, para enfrentar la dura realidad de una existencia de miseria.
Ante esta situación, derivada de patrones culturales absolutamente viciados, las niñas se ven obligadas a arrastrar la humillación de una sexualidad no deseada, no consentida y de graves repercusiones para su salud física y psicológica, en un entorno de irrespeto a sus derechos humanos que les veda el derecho a experimentar las etapas normales de su desarrollo.
Los programas asistencialistas propuestos por los gobiernos para combatir el hambre y la pobreza ni siquiera rascan la superficie del verdadero mal de esta sociedad. Las estrategias han sido, por lo general, orientadas a reducir estadísticas con el objetivo de mejorar la posición del país en los indicadores internacionales de desarrollo y así enseñar una mejor cara a los organismos financieros mundiales. La situación puntual de los grupos afectados por la pobreza, sin embargo, se difumina al punto de desaparecer del foco de las iniciativas oficiales, perdiéndose de vista en las grandes cifras.
En estos escenarios, las niñas-madres no han llegado a formar parte de las prioridades de atención de las autoridades. Éstas ven los casos de embarazo en niñas y adolescentes como una expresión más del subdesarrollo y no como los actos criminales de abuso sexual que realmente son. El mensaje que envía esta clase de aproximación al problema es de conformismo ante el sometimiento de uno de los grupos sociales más vulnerables y menos tomados en cuenta en las políticas públicas de los gobiernos de turno.
La ausencia de medidas eficaces de protección para la niñez guatemalteca constituye uno de los factores que ha permitido la impunidad en casos de abuso sexual, violencia de género y de otros crímenes de lesa humanidad, como el tráfico de personas, el cual afecta con especial dedicatoria a este segmento poblacional. La niñez y la juventud de Guatemala suman casi la mitad de su población, pero tiene menos influencia en las decisiones de Estado que cualquier otro sector. Son invisibles ante los estamentos de poder, son impotentes ante la justicia y sus esperanzas son rotas constantemente por la indiferencia de una ciudadanía apática. Las niñas-madres, en medio de este cuadro de costumbres, representan el epítome de la marginación y del olvido.
Esos miles de niñas y adolescentes cuyo cuerpo mal alimentado y endeble apenas puede cargar con el peso de su propia existencia, dan a luz en condiciones miserables, en medio de la indiferencia de las autoridades y soportando el rechazo de su propia familia. Así es su vida, así es el entorno social y ese el resultado de una cultura que las condena al eterno subdesarrollo. De ahí que esos embarazos precoces dan como resultado una criatura de bajo peso y una madre-niña desangrada.
Los estudios realizados por el sistema de las Naciones Unidas y otras instituciones han demostrado hasta el cansancio que una niña educada se fortalece y deriva en una mujer adulta responsable y consciente. Guatemala es, en esta época de la historia, un ejemplo de lo que no debe ser. El Estado tiene la obligación de proteger a la niñez y no lo hace por las razones por todos conocidas: negligencia, incapacidad y corrupción. No quisiéramos pensar que condenarlas a esa vida de miseria y abandono sea una política misógina y perversa de control social.
El Quinto Patio 