Month: July 2021

El fiscal Juan Francisco Sandoval ha perdido una batalla en medio del silencio. 

Con una trayectoria impecable en su labor de investigador para esclarecer los casos más impactantes de tráfico de influencias, corrupción e impunidad, el fiscal Juan Francisco Sandoval –quien emprendía una lucha frontal contra los intentos de frenar sus investigaciones dentro del Ministerio Público- fue destituido de su cargo por la Fiscal General de Guatemala, persona quien en descarada alianza con las organizaciones criminales en el poder, ha saboteado todos los esfuerzos en pro de la justicia en ese país.

El fiscal Sandoval no solo ha contado con el respaldo de organizaciones sociales en su territorio, sino también ha recibido reconocimientos por parte de entidades internacionales en el ámbito de la justicia y los derechos humanos. Con su destitución, queda clara la posición de las autoridades guatemaltecas en su decisión de transformar de golpe a esa dependencia en un refugio para garantizar la impunidad de los delitos del presidente, sus ministros, sus allegados, de empresarios corruptos y de una buena parte de la asamblea legislativa y el organismo judicial, todos quienes actúan bajo la premisa del silencio y la complicidad. 

La acción -presuntamente ilegal, según indican expertos en la materia- realizada por la máxima autoridad del Ministerio Público, constituye la piedra fundamental para el establecimiento de un sistema de gobierno cooptado por el narcotráfico y el crimen organizado, bajo la sombrilla oportunista de un sector empresarial cuyo único afán es perpetuar sus privilegios a costa de la seguridad y la vida del resto de la población. La ciudadanía, ajena a los entretelones de la mañosa estructura consolidada durante las pasadas administraciones y reforzada por un ambiente de excesiva tolerancia, no ha sabido reaccionar con la firmeza esperada después de este golpe artero a la justicia.

Entre las investigaciones emprendidas por la fiscalìa contra la impunidad liderada por Juan Francisco Sandoval, se encuentra una atingente al mandatario sobre el oscuro negocio de las vacunas y el cual, supuestamente, ha sido la causa primaria de la destitución de este fiscal. Resulta bastante obvio que su labor ha representado, más que una piedra en el zapato, una seria amenaza contra quienes violan las leyes amparados por el poder. 

El miedo imperante entre quienes han abusado de manera descarada de los mecanismos legales para impedir la aplicación de la justicia, es hoy una real amenaza contra la débil estabilidad de los fundamentos institucionales en Guatemala. Ha quedado meridianamente claro que los corruptos –reunidos en un pacto perverso- son capaces de cometer cualquier violación a la Constitución y las leyes con tal de conservar sus bienes mal habidos y los privilegios conquistados a fuerza de abusos. Ellos no solo han entorpecido la labor de los investigadores, también han establecido un clima de terror y persecución contra jueces probos, periodistas éticos e independientes, activistas de derechos humanos y líderes de las distintas comunidades, quienes arriesgan su vida en la defensa de la justicia, sus territorios y sus derechos. 

Como un Quijote solitario se despide de su cargo uno de los mejores fiscales que han pasado por el Ministerio Público, pero las manifestaciones de repudio por su destitución no son suficiente. Es urgente una toma colectiva de conciencia para comprender, en toda su magnitud, la catástrofe institucional a la cual ha conducido al país el pacto de corruptos y, por lo tanto, actuar en consecuencia.

El miedo de los corruptos es un peligro inminente contra la democracia.

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Semejante a los círculos de poder en el ámbito privado, así funcionan los Estados.

Sin que ello represente una gran novedad, el fortalecimiento de los estamentos oficiales en la mayoría de países ha venido a constituir un cambio sustancial en las relaciones entre gobernantes y gobernados. Más o menos conscientes de que el poder máximo procede de los círculos económico-empresariales, los pueblos empiezan a percibir cómo sus derechos y el entorno jurídico en el cual se ha desarrollado su existencia, derrapa de la ruta conocida para adentrarse en terrenos mucho más pantanosos e inciertos. Los nuevos parámetros para contener una pandemia se van asemejando a las normas estrictas del más puro fascismo.

Los pueblos, sobre todo aquellos pertenecientes a países menos desarrollados, han comenzado a perder derechos reconocidos en sus textos constitucionales, observando cómo sus gobiernos aprovechan la coyuntura para cometer toda clase de abusos amparados por un estado de emergencia en el cual cabe casi todo: enriquecimiento ilícito, manipulación de las leyes, fortalecimiento de los cuerpos policiales y castrenses y, como consecuencia inmediata, el completo abandono de las políticas públicas referentes a la protección de la ciudadanía en aspectos vitales, como salud y nutrición. Estas políticas públicas, de las cuales depende en gran medida la supervivencia de grandes sectores son, desde hace mucho, territorio invadido por intereses corporativos.

El nuevo escenario pueblo-gobierno también se ha instalado en naciones poderosas, en donde sectores radicales adversos al poder ciudadano comienzan a marcar territorio y a instalar nuevos modelos de relación entre los estamentos políticos y la población. Visto desde la perspectiva de la necesidad innegable de imponer normas estrictas de conducta para detener la pandemia, estas adquieren un viso de pertinencia, lo cual hace que amplios sectores de la ciudadanía las acepten sin rechistar. Sin embargo, en ese nuevo estatus se deslizan, con demasiada frecuencia, medidas que afectan a derechos civiles históricamente reconocidos, tales como el derecho a manifestarse o el de escoger libremente opciones frente a la salud individual. 

La actitud de los gobiernos comienza a revelarse como un regreso a épocas de autoritarismo y represión, aun en países de fuerte raigambre democrática y en donde los derechos ciudadanos han constituido la columna toral de su institucionalidad. Este nuevo orden de cosas –también en Europa- comienza a despertar el temor a un regreso a las oscuras épocas del fascismo y fortalece a grupos extremistas que aspiran al poder. Esto provoca de manera inevitable la reacción de una ciudadanía decidida a proteger los valores democráticos, pero puesta contra las cuerdas por una situación sanitaria innegable y un nuevo marco reglamentario que le impide expresarse libremente.

El futuro inmediato, por lo tanto, constituye un enigma de proporciones épicas dada la manera como se mezclan en el mortero el deber ciudadano, la responsabilidad frente a los demás, la inconsistencia de muchas decisiones políticas y la ausencia de certeza con respecto a la verdad científica. En esa nebulosa, conveniente para ciertos sectores de poder, se desarrolla actualmente una relación perversa entre gobernantes y gobernados quienes, por una parte, buscan consolidar el poder contra aquellos que aspiran a conservar los derechos y libertades considerados justos e inviolables. Tras esta dicotomía, subyace un elemento aún más perverso: los intereses económicos de una cúpula corporativa de proporciones planetarias capaz de incidir, sin el menor escrúpulo, en el derecho a la vida.

El individuo, ante un poder sin límites, pierde todos sus derechos.

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“El arma de los imperialismos es el hambre. Nosotros, los pueblos, sabemos lo que es.” (Evita)

Con retraso en el crecimiento, peso inferior al 60 por ciento del previsto para la edad, escasa o nula grasa subcutánea, extremidades delgadas, diarrea, infección respiratoria, tuberculosis y signos de otras carencias nutricionales como deficiencia de micro nutrientes, se manifiestan algunas características de un cuadro de desnutrición en la infancia. En nuestro continente, un continente rico en recursos pero sometido a un sistema económico y político criminal, discriminatorio y deshumanizante, las grandes mayorías enfrentan la peor de las pandemias: el hambre. 

El hambre, definido como el producto de la escasez generalizada de alimentos básicos que padece la población de forma intensa y prolongada, es una violación de un orden jurídico cuya premisa principal es la protección de la persona contra el abuso de autoridades, servidores públicos y particulares. Esta especie de patología política contraviene las garantías de los textos constitucionales y se encuentra presente con diferente intensidad y extensión en todos nuestros países, respondiendo a un sistema de reparto injusto de la riqueza pública y a la acumulación del patrimonio común en manos de una élite explotadora. La paradoja, es que el empobrecimiento resultante provoca un inevitable colapso de las capacidades productivas de la comunidad y, por ende, una disminución progresiva de los atributos intelectuales y físicos del recurso humano que pudiera contribuir al progreso de esa misma élite.

En América Latina, la pobreza impuesta de manera tan implacable a las grandes mayorías podría definirse como una fórmula estratégicamente concebida por los genios del sistema neoliberal: A mayor pobreza, menor poder ciudadano y, por ende, más oportunidades de enriquecimiento y concentración del poder para el sector privilegiado. La aplicación de esta norma perversa alcanza sus mayores cotas en países centroamericanos, en donde la carencia nutricional ha colocado a millones de niñas, niños y adolescentes ante un escenario de privaciones, enfermedad, dolor y muerte precoz por la carencia de algo tan básico como el alimento.

Para las élites en el poder, el hambre no es un problema. Es una realidad supuestamente inevitable reflejada en estadísticas más o menos manipuladas y asépticas, mediante las cuales la tragedia humanitaria se reduce a números. Esto, con el propósito de justificar políticas públicas sesgadas e ineficaces y así, mediante el uso de su poder mediático, endosar la responsabilidad en quienes lo padecen. De ese modo, para las castas políticas se abren nuevas oportunidades de enriquecimiento ilícito a través de donaciones de la comunidad internacional, préstamos cuyos fondos van a caletas y paraísos fiscales y otras argucias estratégicamente creadas con el mismo propósito. 

En un escenario ideal, el hambre como tragedia humanitaria no debería existir. El planeta tiene recursos suficientes para satisfacer esa necesidad y, de no imperar los intereses corporativos que obligan a desechar millones de toneladas de alimentos cada año, con el único propósito de mantener los precios de mercado, nadie debería morir por falta de nutrientes. En la realidad, la vida de la niñez condenada al peor de los destinos, tiene menos importancia para las clases privilegiadas que los índices económicos, sólidamente asentados sobre la base de la injusticia y el despojo. Nuestros países necesitan con urgencia un relevo político capaz de construir las bases de un sistema inclusivo y justo para todos, pero sobre todo la actuación de líderes inteligentes, capaces de comprender y asumir el desafío de romper las estructuras y construir auténticas naciones.

Para las élites en el poder, el hambre es un fenómeno “inevitable y natural”.

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Cada mañana, la sociedad enfrenta el enorme desafío de descubrir la verdad.

El virus ha marcado de manera rotunda un cambio de era a lo largo y ancho de este planeta. Ese parteaguas se ha producido a raíz de la invasión ocasionada por un accidente –premeditado o no- cuyo resultado ha sido la liberación de este elemento mortífero desde un centro de investigación cuyas consecuencias, a la par de las sanitarias, han devenido en un nuevo estatus social, político y económico. Ha sido entonces cuando el mundo se ha sumergido en una batalla comunicacional de dimensiones épicas y, para mayor confusión, con carencia de recursos para profundizar en las verdaderas causas y consecuencias de tan impactante fenómeno.

La verdad se nos escapa y, para mientras, nos entretenemos en desarrollar cuanta hipótesis se nos cruza por la cabeza para mantener cierto nivel de lucidez frente al caos y a la pérdida de algunos derechos civiles que creíamos inviolables. En el transcurrir de los meses, inmersos en esta broma macabra, nos hemos sometido a regañadientes a normas restrictivas cuya pertinencia es objeto de debate, pero que han adquirido fuerza de ley sin derecho a protesta. Es justo reconocer que la pandemia ha requerido medidas draconianas contra la libertad de la ciudadanía; sin embargo, la opacidad de la información al alcance de los pueblos provoca una enorme desconfianza hacia quienes poseen el poder para controlar la situación y manipular los mecanismos legales.

En este sentido, no es ningún misterio cómo algunos gobernantes han aprovechado de manera ilícita y con marcado sesgo criminal este riesgo sanitario, cuyos efectos no solo amenazan la salud sino han enlutado a millones de hogares alrededor del mundo, tanto en países ricos como en naciones pobres. Las estratagemas funcionan gracias al ocultamiento de la información sobre el manejo de fondos públicos, pero también con respecto de los sistemas de vacunación –otro tema cargado de misterio- y la atención de emergencia para las víctimas del contagio. A ello hay que sumar la carencia de recursos hospitalarios y, como uno de los mejores mecanismos de control social, el miedo colectivo.

El debate sobre la efectividad y características de las distintas vacunas es el gran tema del día. En corrillos de amigos, colegas o simples desconocidos, entusiasmados por aportar sus muy variadas teorías, las vacunas se han convertido en un sujeto propicio para evadir el hecho de que, por abundante y válida que sea la información captada en distintos medios físicos y virtuales, es contundente la ignorancia en la cual nos mantienen tanto autoridades como centros de investigación. Es imposible rebatir el hecho de que nuestros conocimientos sobre la materia derivan de un universo informativo susceptible de ser condicionado por cúpulas de poder político y económico, las mismas que han transformado a nuestros países en ejemplos de subdesarrollo. Nuestro acceso a la verdad es, por tanto, inexistente o muy reducido; y, por nuestra propia salud mental, hemos de asumir ese hecho. 

¿Cuál sería entonces la manera de tomar el control de nuestro papel en el escenario? Aun cuando existe una enorme dificultad para obtener información sobre las verdaderas características de las vacunas, todavía en desarrollo, y el único parapeto contra el poderoso virus, hay otros temas como el manejo de fondos públicos para hacer frente a esta emergencia y cuyos entretelones han de ser del dominio general. La realidad nos ha demostrado cómo las restricciones han abierto las puertas al saqueo y al completo abandono de la población y es en ese terreno en donde aún se puede luchar por la verdad.  

La opacidad de la información nos impide ejercer nuestros derechos.

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