Month: June 2018

Guatemala necesita un sacudón político para derribar las viejas estructuras.

 El sistema creado por las organizaciones criminales ensartadas en la institucionalidad del Estado guatemalteco –incluido el núcleo formado por el presidente y sus ministros- les permitirá continuar cometiendo actos de corrupción en tanto no exista una oposición ciudadana capaz de romper el cerco de la impunidad. Para ello, resulta indispensable derribar las barreras del miedo y la indecisión, así como asumir que sin participación y exigencia desde el ámbito civil solo se consigue ceder espacios de poder con la consiguiente pérdida de oportunidades de desarrollo para el país.

Algo al parecer incomprendido por la población urbana y ladina es el poder de la unidad y la necesidad urgente de un trabajo conjunto desde distintos sectores para construir objetivos comunes a toda la ciudadanía, sin excepción alguna. Las estrategias divisionistas de quienes se han aprovechado históricamente de los beneficios y las riquezas nacionales han dado resultados y crearon una nación fragmentada en constante enfrentamiento, permeada por prejuicios racistas y conflictos de clase. Justo el cuadro ideal para dominar económica y políticamente a todo un país.

Tanto como un ejercicio de unidad nacional, es importante comenzar un proceso de análisis de todo el marco jurídico cuyos resquicios han permitido la clase de abuso extremo presente en el gobierno actual y en las anteriores administraciones. El saqueo y las negociaciones ilícitas (pero legales) han debilitado a tal punto la integridad del Estado y sus recursos, que para recuperar lo perdido se necesitarían varias generaciones de gobernantes abiertamente revolucionarios. El subsuelo y sus riquezas, vaciados con total impunidad por compañías extranjeras asociadas con empresarios guatemaltecos que han vendido a su patria para enriquecerse a niveles obscenos, constituye un bien colectivo cuya explotación debería estar sujeta a procesos de consulta nacional y sistemas transparentes de gestión.

Los acontecimientos recientes, entre ellos la inconcebible actitud del gobierno guatemalteco frente a la separación de las familias en la frontera estadounidense y su perversa indiferencia ante la tragedia humana derivada de las erupciones del volcán de Fuego marcan, sin lugar a dudas, un límite a la pasividad de la ciudadanía y ponen de manifiesto la necesidad de sacudir de una vez por todas el complejo de “subordinación a la autoridad”, especialmente cuando esa autoridad ha dejado de serlo para transformarse en el peor de los enemigos de la nación y sus habitantes. Lo mismo sucede respecto de un sistema económico basado en los moldes medievales de explotación de los más pobres para beneficio de los más ricos.

Guatemala posee todos los atributos para salir del actual estado de colapso político y económico. Tiene ciudadanos de enorme valía, cuyas capacidades bien aprovechadas representarían un nuevo renacer. Pero eso exige un esfuerzo ciudadano para romper barreras, recuperar cuotas de poder, cerrar divisiones étnicas y comprender que sin unidad será virtualmente imposible enfrentar a las mafias enquistadas en el Estado.

Las nuevas generaciones de guatemaltecos merecen ese esfuerzo y mucho más para dejar de ser las víctimas de un país que los expulsa de su tierra y los empuja a enfrentar las vicisitudes de una emigración tan injusta como peligrosa. Guatemala es un país rico y podría ofrecer a sus habitantes un futuro promisorio, para ello bastaría un compromiso de quienes, con la capacidad y ética necesarias, pueden erradicar los males que hoy la tienen en la lista de los países peor catalogados.

Las nuevas generaciones merecen un esfuerzo ciudadano real y concreto.

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En Guatemala la vida se ha vuelto una prueba de resistencia contra adversidades.

 Al clausurar la zona devastada por las recientes erupciones del volcán de Fuego por ser de alto riesgo, las autoridades guatemaltecas ponen un sello a la búsqueda de víctimas y con ello impiden a los deudos cerrar su duelo. La tragedia, por lo tanto, continuará para cientos de familias sumidas en la incertidumbre y el dolor de haber perdido no solo sus hogares sino también a familiares, vecinos y amigos. Para quienes no hemos experimentado una pérdida semejante resulta imposible comprender la dimensión del drama de estas personas quienes, además de quedar a la deriva, se enfrentan a la dura realidad de depender de un Estado incapaz de ofrecer el apoyo mínimo que corresponde en estos casos.

Guatemala se ha convertido en zona de desastre y no alrededor de un volcán, sino alrededor de un congreso y un palacio de gobierno. Los extremos de ineptitud, indolencia y rapacidad (literal: adicto al robo y la rapiña) de sus autoridades han socavado las bases mismas de la institucionalidad y transformado al Estado en un monumento a la perfidia política. Hoy es imposible remontar hacia una ejecución transparente del presupuesto nacional o a la hipotética implementación de políticas públicas favorables al desarrollo de los sectores más necesitados. Quienes claman por un giro de timón de un presidente ausente e incapaz saben de antemano que no hay salida digna para esta administración, más que una renuncia en masa.

Para hacer el cuadro más ilustrativo del estado de la Nación hay que echar un vistazo al sector justicia, un pilar fundamental para la sostenibilidad del estado de Derecho en cualquier país del mundo. Las presiones descaradas contra los pocos jueces probos e incorruptibles dan testimonio del pánico presente entre los empresarios y políticos cuyas acciones han llevado al país al extremo de inestabilidad en el cual se encuentra. El avance de los procesos contra ex gobernantes, militares y miembros prominentes del sector empresarial ha sido torpedeado con recursos legales pero ilegítimos gracias a las trampas pergeñadas por los congresistas desde ya hace muchas décadas.

El acoso descarado de los magistrados de la Sala Tercera contra la jueza Erika Aifán, quien tiene a su cargo casos paradigmáticos contra la impunidad y la corrupción, demuestra sin lugar a dudas el nivel de pánico de quienes se ven afectados por el desempeño ético y probo de una representante del poder judicial y es una prueba contundente de los extremos a los cuales es capaz de llegar un pacto de corruptos cuyo único propósito es apoderarse de todos los estamentos del Estado y eliminar cualquier posibilidad de recuperación de la integridad institucional.

En Guatemala se habla de colapso del Estado, pero la realidad es una ausencia de Estado en toda su extensión. Es como si este hubiera sido reemplazado por una estructura paralela con intereses totalmente ajenos y opuestos al bienestar de la población, enseñando claramente cuáles son sus planes para la apropiación total de cualquier espacio de poder político y económico. La catástrofe no se avecina, ya está presente en el país y cualquier posibilidad de reversión de las malas decisiones ha sido bloqueada nada menos que desde las más altas instancias del gobierno. Se podría formular una ecuación matemática con los componentes actuales del poder (gobierno militar con careta civil) y desde ahí calcular las perspectivas de salir de la crisis actual sin perder del todo las oportunidades de consolidar un sistema democrático ya medio ausente del escenario. La crisis no viene, ya está instalada y solo queda buscarle la salida.

Las fumarolas anuncian desastre desde las instituciones mismas del Estado.

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Nunca la degradación de un gobierno guatemalteco había sido tan contundente como ahora.

 En la conducta de los gobernantes hay extremos imposibles de ignorar. Retrocesos capaces de aplastar no solo la dignidad de las personas sino también su integridad física y moral. Actos de tal magnitud como para despertar todas las alarmas, en especial si son cometidos por quienes están supuestos a administrar con ética y transparencia los bienes del Estado. El ejemplo más ilustrativo de tales desmanes está ahí, en Guatemala, y a la vista del mundo.

Alguna vez creí haber visto los extremos de la perversidad en los círculos del poder. Pero lo sucedido antes y durante la erupción del Volcán de Fuego la semana pasada ha sobrepasado todo lo imaginable. Las hordas gubernamentales no tardaron en organizarse, pero no para alertar a la población en riesgo, sino para apoderarse del flujo de ayuda recolectada por la ciudadanía y fingir, por medio de actos indignos de seres humanos, que esta provenía del gobierno. No contentos con esa farsa, algunos alcaldes han asumido un poder ilegítimo para prohibir la entrega directa de víveres y otros insumos a la población damnificada, obligando a los donantes a depositarlos en sus bodegas, quizá con el propósito de utilizarla a su favor en alguna próxima campaña electoral.

Pero lo más aberrante ha sido la actitud de las autoridades en su trato a la población infantil guatemalteca refugiada; son niños y niñas que lo han perdido todo. Son las víctimas de siempre, la infancia desprotegida por pobre, indígena y campesina. Tengo en la memoria la inconcebible imagen de la repartición de bananos y la marca con tinta en la frente de esos niños para que no osaran pedir otro. ¿Es acaso la instauración del Último Reich en Guatemala? ¿Coinciden estas atrocidades con las perversas intenciones del congreso, cuyo propósito es marginar legalmente toda diversidad sexual mediante oscuros pactos en medio del caos? ¿Es parte del nuevo régimen dictatorial legislar para eliminar las penas por crímenes de lesa humanidad? ¿Con qué autoridad esas pandillas arremeten contra los pequeños avances alcanzados en la búsqueda de una sociedad justa e igualitaria?

En medio del dolor y la rabia es imposible pasar por alto que un funcionario aparentemente no identificado tuvo el gesto de alertar a primeras horas de la mañana del domingo a la gerencia de un exclusivo club de golf  porque ahí se hospedaban personas importantes. Evacuaron las instalaciones del club a las 10 de la mañana. Todos se salvaron. Mientras tanto, la Comisión para la Prevención de Desastres emitía un comunicado afirmando que no era necesaria la evacuación. ¿Acaso otra estrategia contra la población indígena? Cientos de víctimas fatales merecen ahora investigación, justicia y reparación por parte de un gobierno que les negó el derecho de tener una oportunidad de sobrevivir, aunque fuera mínima.

Viví el terremoto de 1976 y vi con mis propios ojos cómo el glorioso ejército se apropiaba de la ayuda internacional. Carpas de lujo, hospitales de campaña, mantas, víveres, ropa, medicinas… Cuando se firmaron los Acuerdos de Paz pensé que jamás volvería a suceder semejante despojo pero he aquí la historia repetida con calculada maldad, solo que en esta ocasión con mayor desparpajo, si eso es posible. Médicos voluntarios clamando por medicinas porque las autoridades las embodegaron y no les permite el acceso a ellas. Rostros de cientos de ciudadanos solidarios marcados por la impotencia y el cansancio, siempre prestos a ofrecer lo poco que tienen para salvar la vida de otros, quedarán como imagen imborrable en nuestra memoria.

 ¿Es Guatemala un ensayo en probeta para repetir los desmanes del nazismo?

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Negar la situación de la niñez guatemalteca es un insulto inaceptable.

En Prensa Libre se publicó un reportaje-denuncia sobre el estado de la niñez en el país y de inmediato surgieron voces negando esa realidad cuyos efectos están a la vista de todos. Haber nacido en Guatemala es un castigo inmerecido para millones de niñas y niños cuya infancia permanece sumergida en la miseria, la desnutrición y la falta de acceso a lo que la Constitución promete y sus gobernantes ignoran. No es solo salud y educación la promesa violada, es protección integral en todos los aspectos del desarrollo.

Suelo revisar cuidadosamente las expresiones compartidas por internautas en redes sociales. Son variadas y reflejan en muchos aspectos la profunda crisis del Estado de Guatemala y de todas sus instituciones, públicas y privadas. Allí se estampa con prístina claridad el efecto catatónico provocado por un conflicto armado interno cuyos métodos represivos fueron científicamente calculados por los entrenadores estadounidenses para no dejar posibilidad alguna de rebelión en una sociedad acallada por el miedo.

La forma selectiva como se perpetraron los asesinatos de líderes y pueblos indígenas no fue un arrebato irracional de la soldadesca, sino una estrategia diseñada en el marco de la Guerra Fría. Esos métodos no han desaparecido y están patente en las estadísticas luctuosas de un país supuestamente democrático y en paz. Lo vivido en estas últimas décadas y sobre todo en el reciente año muestra cómo esa pasividad temerosa de la ciudadanía tiene un efecto directo en el empoderamiento de los sectores más corruptos y destructivos de la sociedad.

El impacto de las decisiones pergeñadas en los círculos poderosos de las organizaciones empresariales, el ejército, el Congreso de la República y el poder ejecutivo va directo al corazón mismo de la Nación. Guatemala es un país saqueado vilmente y sin el menor recato. Los acuerdos y compromisos internacionales son ignorados por los centros de poder y, peor aún, se emiten y modifican leyes cuyo único propósito es resguardar la impunidad de quienes cometen delitos desde esas instancias. Ante este escenario la ciudadanía espera a que alguien descienda de la Vía Láctea, tome la iniciativa y suceda el milagro del cambio.

Sin embargo, mientras eso suceda la niñez agoniza a la vista de todos. La pobreza, en Guatemala, es un crimen de lesa humanidad porque en Guatemala la riqueza abunda a manos llenas. El drama humano de la desnutrición, de la falta de vivienda, de la destrucción planificada de la infraestructura con fines de privatización, de la apropiación de bienes del Estado, del abandono de los migrantes y muchos otros actos abiertamente delictivos lleva al país hacia la pérdida total de la poca soberanía que aún le queda.

El nombramiento de amigos y cómplices en los puestos clave del gobierno incide de manera directa en la degradación ambiental, en el ocultamiento del saqueo, en garantías de impunidad para los involucrados en delitos fiscales y electorales, pero sobre todo en la cruda realidad de ese desfile interminable de niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres de todas las edades hacia las fronteras, quienes prefieren arriesgar la vida en ese trayecto que hacerlo en su propia tierra. Claudia Patricia –la joven de Guatemala a quien asesinó de un disparo en la cabeza un agente de la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos–es el símbolo de otras miles de jóvenes ansiosas por alcanzar un sueño fuera de su patria, porque en ella la han condenado a la miseria por mujer, pobre e indígena. Así es como Guatemala le responde a su pueblo. Lo más perverso de esta política de exclusión, es que al reducir drásticamente las perspectivas de desarrollo los expulsa del territorio para que, desde el norte, alimenten las arcas desde las cuales los gobernantes y su círculo de amigos obtienen su riqueza mal habida.

Si la gente buena espera a que suceda un milagro, terminará quedándose sin país.

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