Month: March 2023

Los prolegómenos de la justa electoral en Guatemala rebasan todo límite.

Si durante la campaña electoral que ha comenzado -incluso desde antes de dar el toque de salida- el pueblo tuviera una bola de cristal capaz de mostrar el futuro, probablemente exigiría que los comicios se declararan desiertos, como se hace con los concursos en los cuales ninguno de los competidores tiene nada bueno que ofrecer. Es lo mínimo que puede esperarse de una ciudadanía harta de los abusos pero que no logra hacerse escuchar, ya sea porque su voz es inaudible o porque, simplemente, ni siquiera se ha manifestado explícitamente sobre la amenaza que se cierne sobre su destino.

Ya no es vergonzoso. Es aberrante la manera como algunos funcionarios, mientras saquean al país, se dan maña para construir todo un entarimado -supuestamente legal- con el propósito de impedir la inscripción de candidatos idóneos para los cargos de elección popular. ¿El motivo detrás de esas maniobras escandalosas? Muy simple: es porque esas opciones constituyen una amenaza contra sus intentos de mantenerse libres de una más que merecida acción de la justicia por los delitos cometidos a la sombra del poder.

Quienes han jurado defender la Constitución y las leyes, justifican sus actos de corrupción bajo el argumento de ser víctimas de persecución política, aun cuando es más que evidente cómo, durante las sucesivas etapas de mandatos presidenciales y parlamentarios, han logrado acabar con la poca credibilidad de las instituciones, apañar los delitos de sus cómplices en otras instancias y, lo que es aún más grave, han usado todos los mecanismos a su alcance para perpetuar su dominio sobre los recursos del Estado. 

Las amenazas y atentados contra la libertad de prensa, por lo tanto, no son una mera casualidad, han surgido como respuesta a investigaciones y denuncias sobre los delitos cometidos por funcionarios públicos durante su gestión, así como las maniobras perpetradas a la sombra -dado que ni siquiera se cumple con el libre acceso a la información pública- con las cuales se pretende ocultar delitos cuyos castigos -de existir justicia- llevarían al Presidente, su gabinete y sus cómplices en las Cortes, directo a la cárcel.

Mientras el gobierno de Guatemala se blinda contra cualquier intento de retornar hacia un régimen democrático, como demuestra el esfuerzo de partidos de oposición para llevar a las elecciones a candidatos con un perfil acorde con las necesidades de cambio, el mandatario y sus huestes protegen a lo más granado de la podredumbre política: candidatos aliados con las organizaciones criminales (narcos, traficantes de personas, saqueadores del Estado y otras joyas de catálogo). Eso, porque ha sido tal el abuso de poder de las dos últimas administraciones, que solo transando con ese tipo de candidatos mantendrán la impunidad sobre sus actos.

Por eso y mucho más, su arma se ha centrado en el encarcelamiento o el exilio forzoso de quienes -desde la prensa o desde el sistema de justicia- representan voz de alerta, denuncias basadas en hechos comprobables o acciones decididas contra quienes han hecho de los actos de corrupción un remedo de gobierno. Guatemala merece una limpieza a fondo de las lacras que la conducen al desastre total. Los listados de candidatos a cargos de elección popular demuestran que el país ha alcanzado ya la más profunda degradación política. 

Guatemala se debate impotente ante la realidad de un sistema colapsado.

AUDIO:

elquintopatio@gmail.com 

@carvasar

www.carolinavasquezaraya.com

El 8 de marzo de 2017 se perpetró uno de los crímenes de Estado más crueles contra un grupo de niñas privadas de derechos.

Para mí, el 8 de marzo no es un día de saludos y parabienes. Es un día para conmemorar una de las tragedias más crueles e impactantes ocurridas en nuestro continente: la condena a muerte de 56 niñas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en Guatemala, perpetrada por el Estado guatemalteco bajo la presidencia de Jimmy Morales, quien dio directamente la orden de mantenerlas encerradas y de ese modo las condenó a una muerte atroz, quemadas vivas.

Ese día, el Congreso permaneció en silencio. También la Corte Suprema de Justicia, la Policía y el Ministerio Público. Todos cómplices de un acto incalificable. Las pantallas de televisión lo mostraron todo en detalle pero, hasta la fecha, los culpables han escapado a la acción de la justicia, comenzando por el ex mandatario.

Durante los días subsiguientes, los comentarios se dividían entre quienes experimentaban el horror por la tragedia y quienes, haciendo eco de los prejuicios atávicos de una sociedad dividida, culparon a las víctimas por su propio holocausto.

Esas niñas, como había denunciado la periodista Mariela Castañón en detallados reportajes en el diario La Hora, eran víctimas de abusos en una institución administrada por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de Guatemala, cuya misión es proteger a niños y adolescentes de una situación de maltrato y abandono.

En denuncias posteriores, se comprobó que las niñas eran violadas y sufrían castigos extremos, además de privación de alimentos y atención en salud y educación. También se denunció que ese centro se había transformado en un sitio de tráfico sexual, en donde las internas eran sometidas a la prostitución y el silencio.

Esto sucedió un 8 de marzo y no podemos olvidarlo. Ese día 41 niñas murieron calcinadas y apenas 15 sobrevivieron, si acaso se puede llamar supervivencia a la condena de vivir cubierta de quemaduras y con graves consecuencias físicas y psicológicas y quienes, como colofón al abuso sufrido, han recibido amenazas para impedir que hablen sobre los verdaderos hechos que las llevaron a protestar.

El 8 de marzo no es un día de felicitaciones ni mensajes edulcorados. Es una fecha para recordar cuánto camino falta para alcanzar la igualdad de derechos, para detener el abuso contra mujeres, adolescentes y niñas en un marco de sociedades patriarcales indiferentes a su situación de inequidad. El 8 de marzo es un día para avergonzarnos por nuestra sumisión ante un sistema patriarcal, retrógrado y perverso.

Es hora de asumir nuestra responsabilidad en este escenario de injusticia y luchar contra la falta de sensibilidad humana de quienes, desde el poder, permiten tragedias como esta.

El acto más revolucionario que una persona puede realizar, es decir la verdad.

Ciegos de rabia e impotencia, el presidente de Guatemala y sus huestes instaladas en las instancias de poder, han abandonado el disimulo para lanzarse en picada -y con todo el arsenal jurídico en sus manos- contra la prensa de ese país. Ya no hay resquicios en donde esconder el miedo que les domina cada vez que aparece en los medios una denuncia por sus descarados actos de corrupción y abuso. Amparados por una cúpula empresarial incapaz de medir el alcance de sus delitos, persiguen y acosan a miembros de la prensa tal y como persiguen a jueces, magistrados y fiscales dignos y valientes, quienes a pesar de la intimidación y las amenazas han sido capaces de investigar a fondo sus delitos.

La instalación de una dictadura en Guatemala no es una teoría de conspiración. Es un hecho consumado. El mandatario, sus aliados en el Congreso, sus acólitos en el Ministerio Público y sus cómplices en las Cortes y en el Tribunal Supremo Electoral, han puesto un sello a las libertades ciudadanas y a los derechos civiles de una población paralizada e incapaz de reaccionar. En medio de ese panorama, no son muchos los valientes cuya lucidez les impulsa a actuar de frente y, entre ellos, mujeres y hombres dedicados a divulgar la verdad de los hechos por medio de sus diferentes plataformas de comunicación. 

En su intento por emular la furia dictatorial de su colega nicaragüense, el presidente guatemalteco se ha paseado por encima del texto constitucional, transformando al Estado en una cueva de ladrones en donde corre el dinero a manos llenas para asegurar el fortalecimiento de un pacto de corruptos que tiene al país yendo directo a convertirse en el ejemplo vivo de la quiebra moral de una nación. La manipulación de las leyes, la amenaza a quienes intentan decir la verdad y el soborno descarado de los congresistas y jueces no hablan de poder, sino de una cobardía tal como para llevarlos a lanzarse en picada -y sin medir las consecuencias- contra todo aquel valiente que les presente oposición. 

Toda la podredumbre de la administración pública -con su rastrera sumisión ante el crimen organizado que les acaricia los bolsillos con sus inmensas fortunas- tiene su réplica en las calles y los caminos de ese castigado país, en donde los matones se abren paso a balazos contra una población condenada al silencio. Los niveles de impunidad ante la criminalidad desatada a lo largo y ancho de Guatemala, responden a una especie de pacto cuya meta es colocar en la primera magistratura a quien se pliegue a continuar con la línea trazada y quien evite, por supuesto, cualquier intento de llevar a los culpables ante una justicia capaz de actuar con transparencia.

La persecución contra la prensa -incluido en ella el trabajo de opinión editorial realizado por columnistas de distintos sectores e ideologías- demuestra la debilidad de estas estructuras criminales ancladas en las instancias públicas, pero sobre todo el desprecio por el derecho de la población de ser informada -en detalle y con veracidad- sobre los actos de sus gobernantes. La violación de este derecho está claramente tipificada en las leyes y en la Constitución Política de la República, en cuyas páginas se garantiza aquello que hoy pisotean: la libertad de prensa. 

Restar derechos constitucionales es un tiro en el pie. Tarde o temprano, pagarán por ello.

elquintopatio@gmail.com 

@carvasar

www.carolinavasquezaraya.com