Month: November 2018

No hay un solo día conmemorativo capaz de reflejar tanta injusticia.

El Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, celebrado el 25 de noviembre a nivel mundial, es una más de esas fechas conmemorativas creadas con el objetivo de llamar la atención sobre uno de los rasgos más crueles de la cultura patriarcal impuesta por las sociedades a lo largo de la historia. La violencia en contra de las mujeres de toda edad y condición está instalada en las relaciones humanas y sociales como una forma de vida. A veces sutil y otras brutal, este rasgo de las relaciones de poder representa uno de los frenos más poderosos contra la instauración de la igualdad entre sexos, pero también contra sistemas auténticamente democráticos.

En sociedades como las nuestras –países cuyos rasgos culturales están definidos por la colonización cristiana- la vida de las mujeres vale menos que la de los hombres, de acuerdo con valores establecidos por la sociedad y legitimados a través de las políticas institucionales que las marginan de manera sistemática. Y dentro de este gran segmento, la de las niñas es simplemente irrelevante.

Así se deduce en estadísticas de escolaridad, sobre todo cuando se refieren a la permanencia en los establecimientos educativos a partir del segundo ciclo escolar. Es allí  donde se produce una de las grandes migraciones de niñas hacia trabajos domésticos y otra clase de labores no calificadas impuestas por los adultos, las cuales les impiden continuar sus estudios y construir a partir de esa oportunidad de crecimiento una vida más productiva e independiente.

Esto coloca a las niñas y adolescentes en una situación de peligro y les impide disfrutar plenamente de sus derechos. Esa situación de esclavitud las expone de manera casi absoluta a decisiones sobre las cuales no tienen control. Este cuadro refleja la vida de miles de niñas en algunos de nuestros países. También incide en embarazos en niñas y adolescentes cuyos indicadores revelan una peligrosa falta de políticas públicas destinadas a protegerlas y proporcionarles una asistencia integral que garantice su seguridad física y mental.

La violencia contra las mujeres, espeluznante como es con casos extremos de asesinatos, violaciones y marginación, en las niñas tiene el agravante de una indefensión prácticamente total que las coloca a merced de quienes las rodean –familiares o extraños- con una cauda elevada de abuso sexual, agresión física y psicológica y privación de sus derechos elementales, como educación, salud, recreación y alimentación, todo lo cual depende más de la voluntad de quienes tienen su custodia que de sistemas estatales e institucionales dirigidos a garantizar sus derechos.

Un parto en niñas de entre 10 y 14 años es, de acuerdo con la legislación vigente en algunos países, producto de una violación, no importa si la menor hubiera consentido el contacto sexual o no. La ley los tipifica de ese modo, pero eso es la letra y otra cosa es la realidad. Son miles las niñas y niños violados sexualmente por personas cercanas, desde su más tierna edad. Y los casos jamás llegan a las cortes de justicia por falta de denuncia en la mayoría de ellos. Cuando se produce el embarazo en una niña y la ley no permite su interrupción oportuna, se la condena de por vida a una vida de privaciones y a un peligro real de supervivencia.

Miles de niñas y adolescentes cuyo cuerpo apenas puede cargar con el peso de su propia existencia dan a luz en condiciones miserables, en medio de la indiferencia de las autoridades y el rechazo de su propia familia; por eso el día internacional celebrado ayer lleva una especial dedicatoria a este frágil segmento de la sociedad.

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Los recursos del sistema democrático no parecen ser suficientes para impedir su colapso.

 Si algo quedó claro durante la Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Estado, es la bancarrota moral del sistema político en la mayoría de países latinoamericanos. Con democracias débiles –algunas a punto de desaparecer bajo los incesantes embates de la corrupción- y escasas perspectivas de recuperación, los gobernantes dejaron patente su incapacidad para cumplir con los objetivos planteados desde hace casi dos décadas para reducir la desigualdad, la extrema pobreza, el hambre, la desnutrición infantil, la falta de educación y otros parámetros que marcan el profundo subdesarrollo de nuestros países.

Los discursos de la Cumbre no se diferenciaron gran cosa de aquellos elaborados para otros encuentros, otras cumbres, otras asambleas; excepto, quizá, por el énfasis en las crisis migratorias. Pero los problemas fundamentales continúan hundiendo a los pueblos mientras sus líderes enfocan sus esfuerzos en librarse de investigaciones de corrupción y blindar sus fortunas mal habidas con los recursos que les ofrece un sistema diseñado para ello, arrasando con marcos jurídicos y buscando escondrijos legales.

A la par de la bancarrota moral que todo eso implica, las huestes políticas han creado las condiciones ideales para una bancarrota democrática que les daría el espacio y el poder para actuar a su antojo en las décadas por venir. Los acosos a la prensa independiente son apenas uno de los pasos mediante los cuales buscan cercenar la participación ciudadana y su posible incidencia en decisiones de Estado. Todo indica un intento de crear las condiciones para conseguir el aval ciudadano en la consolidación de regímenes dictatoriales, con el manido argumento de reducir la violencia.

Los participantes en la Cumbre –en especial quienes gobiernan los países menos desarrollados- han gozado de los beneficios del poder para consolidar sus privilegios, pero han abandonado sus promesas de cambios sustanciales para favorecer al resto de la población. Esto, porque esas promesas nunca fueron pronunciadas con otra intención más que apoderarse de espacios privilegiados desde los cuales, y con el entusiasta concurso de sectores de poder económico, es posible amasar fortunas obscenas sin pagar las consecuencias.

El tráfico de influencias y la impunidad fueron el sello de identidad de algunos presidentes presentes en la Cumbre. Con un descaro insolente se presentaron como víctimas de oscuras conspiraciones, como líderes contra la corrupción y piadosos ejemplares de pureza espiritual. En la realidad han condenado a sus pueblos a la miseria extrema, a la muerte por falta de atención sanitaria por el colapso de los hospitales públicos, a la ignorancia por el colapso del sistema educativo, a la violencia y la muerte por las debilidades injustificables del sistema de investigación y justicia.

Estos magnos eventos solo sirven, al final de cuentas, para ofender a los pueblos marginados, conscientes de su impotencia frente a los círculos de poder. Las abundantes falsedades derrochadas en discursos sobre-elaborados quedarán impresas en los informes finales y, al formar parte de documentos históricos, les restarán toda legitimidad. La verdad es otra: está en los indicadores de desarrollo humano cuyos números indican con meridiana claridad el retroceso en la lucha contra el hambre, en la mortalidad materna, en la asistencia a las escuelas, en el trabajo infantil, en las violaciones sexuales, en las ejecuciones extra judiciales y en los juicios manipulados para cubrir los actos de corrupción. Ese es el verdadero contenido del discurso que jamás se pronuncia.

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El libro, símbolo del conocimiento y la información, está bajo asedio una vez más.

 Después de tantas evidencias sobre los alcances de la guerra contra la información y el acceso a la educación y la cultura, no sorprende que en Guatemala el grupo empresarial organizado haya encontrado la manera de entorpecer una de las actividades culturales más importantes, atacando a la Gremial de Editores y pretendiendo apoderarse de los derechos legales que le otorgan la propiedad de la Feria Internacional del Libro en Guatemala. De este modo se unen al concierto orquestado por los poderes del Estado contra todo cuanto represente un espacio de libertad cívica.

Quizá los editores nunca previeron que su pertenencia a la Cámara de Industria pusiera en peligro uno de sus eventos más emblemáticos. Sin embargo, las acciones del sector empresarial aglutinado bajo la sombra del Cacif ya podían anunciar hasta dónde este grupo de poder es capaz de llegar para neutralizar toda acción tendente a fortalecer la educación y la cultura. De este modo garantiza la continuidad de su enorme influencia en decisiones de Estado y crea las condiciones ideales para someter a la ciudadanía a un régimen de privaciones intelectuales y por tanto analíticas, afín a sus intereses.

La Feria Internacional del Libro en Guatemala, Filgua, ha representado durante 18 años un centro único de difusión de la lectura en un país con bajos índices de escolaridad y fuertes limitaciones para el desarrollo intelectual y cultural de su población. En este escenario de encuentro entre lectores y autores, entre editores y artistas, ha fluido un creciente interés del público por establecer una conexión más íntima con los libros y lo que estos le ofrecen. Por sus salones desfilan miles de niñas, niños y jóvenes cuyo contacto previo con la literatura ha sido casi inexistente debido a los pobres niveles del sistema educativo, encontrando en Filgua un rico filón de entretenimiento y aprendizaje.

Las intenciones de los empresarios interesados en quitar los derechos de la organización de Filgua a los editores que la crearon no pueden ser más transparentes: revertir la influencia del evento hasta anularlo del todo. Esto, porque al sector empresarial organizado le inquieta y estorba cualquier iniciativa educativa que escape de su control. Porque una sociedad desinformada y muda es mucho mejor que una intelectualmente activa y atenta al quehacer económico y político de su nación. Porque ya llevan varios siglos de silenciarla no van a permitirle expresarse libremente. Porque les asusta el libro, ese temible fantasma de papel.

Quienes hemos tenido algún nivel de participación en la Feria –como expositores, presentadores de libros o simplemente como compradores- comprendemos bien hasta qué punto la apertura del conocimiento a las capas más jóvenes y menos privilegiadas de la población puede incidir en una ciudadanía mucho más consciente de su papel. Esos salones cada vez más llenos de visitantes reflejan un interés creciente por el acceso a la lectura y un evidente rechazo a las limitaciones impuestas por un sistema medieval y caduco de gobierno, cuyas prioridades se alejan cada vez más de las del pueblo.

Las voces de protesta por esta maniobra ilegítima de la Cámara de Industria de Guatemala deben ser escuchadas y acompañadas por una defensa activa de este importante evento cultural. Resulta casi risible que un sector históricamente opuesto a la educación y el crecimiento cultural de su país pretenda adueñarse de esta iniciativa justo cuando está alcanzando los mejores indicadores de éxito, asistencia de público y venta de libros. Filgua es patrimonio cultural y debe continuar siéndolo.

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Los gobernantes necesitan acallar las voces y aplican todo su poder para lograrlo.

Las estratagemas de los círculos de poder de corte fascista pasan por encima de los derechos civiles, aplastan los textos constitucionales, rompen el delicado tejido de los valores humanos y terminan por transformar a las sociedades en enormes masas de seres temerosos del abuso y de la violencia institucionalizada. Al final, ante ese ambiente de incertidumbre las sociedades terminan por aceptar un nuevo estado de cosas en donde su voz no incide. Las dictadoras de hoy tienen un efecto psicológico abrumador, pero sobre todo un efecto letal en la confianza respecto de los sistemas democráticos.

¿En qué momento y cómo se ha debilitado la voz del pueblo? ¿Cómo se ha permitido semejante nivel de amedrentamiento contra sociedades cuyos objetivos parecen estar enfocados en las libertades ciudadanas? En esta lucha por los derechos humanos es fácil observar cómo se empiezan a producir ciertas defecciones; por ejemplo, políticos cuyo discurso se va transformando paulatinamente en una oda al odio mediante el cual modifican la percepción ciudadana sobre las posibles soluciones a sus problemas de supervivencia. Luego, a esta ciudadanía desinformada y hábilmente manipulada se la califica de “facho pobre” sin escarbar en las profundas causas que la han llevado a ceder ante semejante atado de mentiras.

En esta ruta van cayendo una tras otra las propuestas de corte social, bajo la misma etiqueta utilizada con profusión durante la Guerra Fría. Es decir, las políticas públicas dirigidas hacia una mayor inclusión de las mayorías en decisiones de Estado, mejores presupuestos para los rubros esenciales como salud, vivienda, educación, alimentación y cultura, mayor participación de las comunidades en decisiones sobre proyectos de explotación de recursos y, sobre todo ello, una presencia más activa de las mujeres en la vida institucional y política, son vistos como retrocesos por los sectores más poderosos.

El fascismo crudo y sin disimulos enquistado en cada vez más países debería llamar a reflexionar sobre los motivos de semejante caída de los derechos ciudadanos. Es imperativo preguntarse por qué las sociedades están cayendo en la búsqueda de sistemas represivos y abiertamente discriminatorios, porque quizá ahí se encuentre la respuesta para identificar el punto de quiebre que ha llevado a las sociedades a perseguir una vía de violencia y odio, de enriquecimiento para unos y miseria para todos los demás.

En esta ruta demencial las primeras víctimas son el estado de Derecho y la justicia. A partir de ese punto, cuando estos regímenes se consolidan gracias a sus métodos represivos, vuelven su mirada hacia los sectores más débiles en términos de derechos y los anulan. Es así como el papel de las mujeres en los círculos políticos e intelectuales se empieza a estrechar hasta casi desaparecer, consolidándose de ese modo el viejo patrón patriarcal, para cuya supervivencia es esencial imponer un sistema de dominio y sumisión sobre la mayoría de la población. En ese mismo sentido, la niñez y la juventud son consideradas los viveros desde donde resulta fácil reproducir una ideología afín a las pretensiones de imponer y eternizar el sistema dominante.

La información y, por ende, la educación y la cultura son los peores enemigos del fascismo. El control de los medios, la censura sobre libros y cualquier medio de difusión de las ideas se convierte en una prioridad para estos enemigos mortales de la inteligencia y de las sociedades libres. Nuestros países ya han vivido esos infiernos y ven con horror cómo hoy regresan esos viejos fantasmas.

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