Month: September 2022

A diario desaparecen víctimas de una violencia feminicida, hecha cultura…

El asesinato de María Belén Bernal, en Ecuador, me retrajo directamente a aquellos días cargados de dolor e impotencia luego de la desaparición de Cristina Siekavizza, en Guatemala. Dos casos muy parecidos: dos mujeres cuyos pedidos de auxilio fueron ignorados por quienes consideraron que la situación se encuadraba como un “conflicto de pareja” y en cuya desaparición hubo complicidad de las autoridades. Casos emblemáticos ambos, cuyos ecos derribaron las compuertas y despertaron la indignación de la opinión pública, tal y como sucede en Irán por el asesinato de Mahsa Amini, torturada hasta morir en manos de la policía. 

Aun con olas de protestas y campañas destinadas a elevar la presión sobre las autoridades, queda patente cómo el sistema se protege a sí mismo, utilizando el tiempo y los medios a su favor para eludir la responsabilidad. 

Eso permite corroborar, una vez mas, que la indignación no basta si no se acompaña de acciones radicales con el propósito de cambiar esas estructuras patriarcales sólidamente insertas en una cultura de discriminación y desprecio por la mujer.

Los efectos del machismo y la misoginia, institucionalizados y elevados a la categoría de ley, persisten en nuestros países tanto como en aquellos sometidos a gobiernos con estrictas normas religiosas cuya fuerza restrictiva golpea, con especial énfasis, al segmento femenino de la sociedad. Pero nosotros, desde el falso escenario de la cultura occidental y la débil estructura de nuestras democracias, nos afanamos por condenarlos, aunque somos capaces de abandonar a niños, niñas y mujeres en manos de las redes de trata, abuso sexual y violencia machista, sin cuestionar nuestra postura moral.

Que no me digan que exagero. Que no me digan: “es culpa de las mujeres”, porque a todos nos consta la barrera de obstáculos erigida en nuestros países tercermundistas para hacer imposible las denuncias. Me consta, por haberlo visto de cerca, el trato humillante de las autoridades -policías, fiscales y jueces- ante los casos de violación, de acoso y de feminicidio, con el cual re victimizan a quienes deberían proteger, y fallan al escatimarles la garantía de una justicia pronta. No me digan que los órganos encargados de administrar esa justicia cumplen con su deber de investigar, perseguir y castigar a los culpables, porque esas instancias -como la mayoría de instituciones de nuestros países- han estado siempre al servicio de los victimarios. Para comprobarlo, basta con echar una mirada a los índices de impunidad ante este tipo de denuncias, los cuales alcanzan cifras de espanto.

No me digan tampoco que un caso es más importante que otro, solo porque la víctima pertenece a una cierta categoría social. Porque no importa el nivel educativo, económico o social, una niña o una mujer violentada tiene los mismos derechos a recibir atención prioritaria cuando se encuentra en una situación de violencia, dentro o fuera de su hogar. En ciudades, pueblos y aldeas de nuestras naciones, son miles las niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas, a quienes jamás buscan las autoridades. Las organizaciones criminales dedicadas a la trata tienen sus bases instaladas en despachos oficiales, gozan de protección, operan a sus anchas y eso es parte fundamental de la realidad incontestable que nos rodea, la cual hemos naturalizado al punto de ni siquiera reflexionar sobre ella.

Todo acto de protesta vale. El silencio, en cambio, lleva el sello del fracaso.

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Todo acto de protesta vale. El silencio, en cambio, lleva el sello del fracaso.

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Las celebraciones de septiembre omiten el verdadero concepto de Independencia.

En varios países de nuestra América resuenan, durante septiembre, las proclamas, los homenajes y las fiestas de celebración de los más de doscientos años de una declaración de independencia que cada día muestra con mayor nitidez sus agujeros. A pesar de los años transcurridos, ha quedado patente la fragilidad de nuestras estructuras sociales, en donde se ha conservado casi intacto un sistema colonial de poder basado en pueblos privados de educación, élites poseedoras de los mecanismos legales y jurídicos indispensables para garantizar su hegemonía y, como colofón, en ideologías que lo justifican.

Nos han repetido hasta el cansancio que la pobreza es cosa del destino; que más importante que rebelarse contra ella, es llevarla con dignidad. Inculcaron en el imaginario colectivo -a fuerza de sermones de púlpito- la idea de la resignación ante los designios divinos, como si la miseria y la explotación fueran pruebas anticipadas para merecer el paraíso. Nos dieron una versión edulcorada de la Historia de nuestros países en la cual dominaron las nuevas aristocracias criollas que, unidas en consenso, crearon a su medida las normas que regirían a partir de entonces y, de común acuerdo, se repartieron todos los privilegios.

El colonialismo de entonces se fue sofisticando a lo largo de los años y su enorme poder, desde el dominio de la economía hasta la injerencia en las decisiones y la conformación de los poderes de los nuevos Estados, ha logrado mantener no solo la estructura social sino también una actitud de aceptación de este sistema depredador, alejado del propósito de construir auténticas naciones independientes y soberanas. Sin embargo, en este escenario solemos pasar por alto a otros protagonistas de nuestra historia: las organizaciones criminales.

Premunidas de un poder difícil de medir, las organizaciones dedicadas al narcotráfico, a la trata de personas, al secuestro, al contrabando de los tesoros nacionales, al lavado de activos y a la manipulación de las leyes se han infiltrado con pasmosa habilidad en casi todas las instituciones de nuestros Estados -con especial énfasis en los partidos políticos- manteniendo así su capacidad de maniobra y la impunidad sobre sus operaciones. Esta es una realidad ante la cual los estamentos encargados de resguardar la paz social y la independencia de los poderes, son impotentes o han sido ya dominados y vencidos.

La independencia, sin perjuicio de lo que significa la inmensa presión de potencias extranjeras sobre nuestros gobernantes, es un mito cada vez más débil. Las celebraciones, tan esperadas por nuestros pueblos, llevan en sí el sello del silencio ante los abusos de las castas privilegiadas y sus instrumentos de represión. El concepto mismo de independencia -el cual se acepta como una realidad, sin la menor resistencia- requiere de una revisión profunda; y, como resultado, de un ejercicio colectivo de reflexión sobre los conceptos e ideas, inculcados desde la niñez, sobre los cuales se apoya este viejo mito.

La verdadera independencia descansa sobre un sistema auténticamente democrático, justo e igualitario. En tanto existan pueblos explotados, grupos sociales discriminados y criminales al mando, las celebraciones de independencia constituyen una enorme mentira y una cara distracción que pone en suspenso, por unos días, esa importante tarea pendiente.

El crimen organizado se ha infiltrado profundamente en nuestros Estados.

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La estrategia de Estados Unidos en su camino por el control total de los gobiernos.

Era muy temprano cuando oí los primeros disparos, justo frente al edificio del centro de Santiago, en donde vivía. Al encender la radio comencé a tomar conciencia de la dimensión del ataque y, en la nebulosa mental inevitable ante semejante panorama, comprendí -aun sin la menor conciencia de la envergadura de la traición- que el golpe de Estado era ya una realidad. Frente a mi ventana podía observar el movimiento de soldados y el cruce de disparos. El 11 de septiembre de 1973 se quedó grabado como una de las jornadas más dolorosas imaginable, no solo por lo que significó para el futuro de Chile, pero sobre todo por la fuerza como impactó en el resto de mi vida y de la vida de millones de compatriotas.

En los días que siguieron fue posible ir acumulando información y encajar los golpes inevitables al comprender cómo lo que hasta entonces se consideraba normal, legal y cotidiano, se había transformado en una larga lista de delitos imperdonables para la cuadrilla de militares que habían asaltado el poder. A lo largo de los años, poco a poco han ido surgiendo las respuestas a uno de los hechos más violentos contra un Estado democrático, planificado desde los despachos de la Casa Blanca y ejecutado por uno de los ejércitos mejor adiestrados en el marco institucional y operativo diseñado por el nazismo alemán.

Los ecos de la dictadura chilena siguen resonando fuerte y dividen a su pueblo, a pesar de los esfuerzos por retomar la ruta hacia una democracia de participación, justicia y equidad; una democracia cuyas fortalezas no residan en privilegiar a las clases dominantes ni en hacer de la competencia por la acumulación de riqueza un hito del desarrollo, sino una capaz de sentar las bases de la igualdad. Sin embargo, el mito de la bonanza económica del país austral permanece inalterable, tanto como una imagen de superioridad que no se sostiene a sí misma frente a la realidad de un sistema de empobrecimiento progresivo, de discriminación y de pérdida de oportunidades para su población. 

En mi caso, el golpe de Estado significó alejarme para siempre de ese Chile que ya no reconocí más. Un exilio que me llevó a Guatemala, otro país de dictaduras, injusticia y pobreza, pero una nación que me acogió con la bondad incomparable de su gente. En el fondo, ese migrar abrió una compuerta de empatía y curiosidad ante los avatares de nuestra realidad latinoamericana y me permitió indagar con una conciencia más despierta en los orígenes y las consecuencias de las decisiones que marcan nuestro destino. Ese 11 de septiembre, bajo el fuego de la artillería del ejército chileno contra su propio pueblo, es para mí el símbolo de la traición. A lo largo de los años, ha quedado patente y documentada la intervención perversa de Estados Unidos y cómo instrumentalizaron a un ejército hasta entonces orgulloso de su institucionalidad.

La corrupción de Augusto Pinochet, su familia y allegados -el secreto mejor guardado durante años- fue el toque final para poner en evidencia los alcances y la envergadura de los crímenes cometidos durante una dictadura la cual, desde otros escenarios del continente, se consideró la salvación de un país en bancarrota. La transición a la democracia en 1990 abrió muchas rutas clausuradas, pero dejó instalada la huella de la dictadura en su Carta Magna, una tarea pendiente cuya trascendencia todavía pasa inadvertida para la mayoría de los chilenos.

Chile y su texto constitucional manchado por la presencia de la dictadura.

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El país sudamericano vive una jornada histórica capaz de transformar su futuro.

Entre conservar un texto constitucional -acordado y escrito durante la dictadura- o plasmar en una nueva Constitución un marco surgido del diálogo y el consenso entre distintos sectores de la ciudadanía, se debate hoy domingo el futuro de Chile. La propuesta de cambio no solo representa un salto cuántico en la manera de plantear la ruta hacia el futuro, sino constituye también la respuesta a las aspiraciones de paz, justicia y equidad de las grandes mayorías. Ante esa perspectiva, ambos bandos -el Apruebo y el Rechazo- han dejado patente la profunda división que aún persiste en el pueblo chileno.

La campaña orquestada contra el Apruebo, desde los sectores mas conservadores, utilizó todos los recursos creados por los estrategas de la Guerra Fría para inyectar en la población el miedo y la incertidumbre. Los ecos de la dictadura y la furiosa reacción de los círculos del poder económico ha sido el detonante de una campaña llena de mentiras y amenazas. Estos sectores utilizaron su poderosa influencia mediática para espantar toda posibilidad de cambio y manipular los conceptos propuestos por las voces reunidas en la Convención Constitucional, desde donde surgió la propuesta.

El temor de la derecha chilena se refleja en su rotundo rechazo a la aprobación de un texto constitucional en el cual predomina la apertura hacia la participación de todos los sectores de la ciudadanía, incluidos los históricamente marginados grupos sociales -pueblos originarios, mujeres y juventud- así como la protección de la riqueza natural con una visión integradora hacia el desarrollo. La manera como se han gestionado y explotado los recursos durante las últimas décadas, ha generado una polarización extrema entre sectores y un empobrecimiento sostenido de las capas menos beneficiadas por el sistema neoliberal.

Los movimientos populares por el cambio en Chile tuvieron su máxima expresión durante las manifestaciones callejeras en Octubre de 2018. Ignorar su trascendencia equivale a intentar frenar las mareas. Durante meses se han debatido pública y abiertamente, con una gran transparencia, los artículos redactados para la nueva Carta Magna, contrario a lo sucedido durante el proceso de redacción de la constitución actual, pergeñada en la intimidad de los despachos de la dictadura. Ha sido un esfuerzo ejecutado por representantes de todos los sectores, contra fuertes campañas de desprestigio y desinformación desde los círculos de poder más afectados por este potencial giro de ruta.

Rescato un breve poema de Nano Stern, compartido en Twitter, porque refleja en unas pocas palabras el sentir de muchos chilenos, dentro y fuera de sus fronteras: “Cuánta sangre, cuántos ojos, /cuántas luchas, cuántos sueños, /cuántos anhelos y empeños, /cuántos años de despojos… /Es tiempo de abrir cerrojos/ y andar un camino nuevo; / se los digo y me conmuevo/ porque ya ha llegado el día:/ con esperanza, alegría y convicción, voto apruebo.” 

Lo que hoy suceda en este trascendental referéndum marcará el futuro inmediato, ya sea con una votación que abra o no la puerta hacia el cambio; porque esa marea continuará su trayectoria canalizando las demandas del pueblo chileno por un marco jurídico capaz de consolidar un sistema más equitativo, justo y definitivamente responsable; los fantasmas de la Guerra Fría y las amenazas de los sectores conservadores tienen su plazo marcado. Por eso y por mucho más, yo también voto Apruebo.

Un texto constitucional debe responder a los anhelos de justicia y equidad.

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