Esperando a Godot

El señor Presidente espera… pero aun no sabe qué. 

El presidente Colom da declaraciones a la prensa y se encarga de que la ciudadanía sepa cuán consciente es de la situación crítica que atraviesa el país. A la pregunta de cajón: ¿y entonces, qué va a hacer? Responde con parsimonia: “esperamos el momento oportuno”.

Es probable que esta frase pase a la historia. También es probable que pasen, junto con la frase, el proceso democrático, el estado de Derecho, la soberanía nacional, la independencia de poderes y todos los sueños de justicia del pueblo de Guatemala. Es difícil establecer si Colom ve la matanza de 27 campesinos inocentes como “el momento oportuno” o si no lo pensó antes de decirlo. En todo caso, nunca se había visto un panorama tan nefasto bajo un gobierno que carece de una política coherente ante el peor embate del crimen organizado en los últimos años.

Aun cuando no es un asunto de broma, esto parece extraído de la famosa obra de Samuel Beckett, uno de los mejores exponentes del teatro del absurdo. Guatemala se ha pasado esperando. Esperó a que terminara una guerra insensata que diezmó a la población más vulnerable. Esperó a que con el fin del conflicto y una nueva Constitución, el país enderezara el rumbo. Esperó a que, con cada cambio de gobierno, se acabara la corrupción. Esperó a que los elegidos cumplieran sus promesas. Y sigue esperando que en el próximo período las cosas mejoren.

Y nada sucede ni sucederá, porque el sistema es el mismo y los protagonistas también. El problema es que ya Guatemala no puede seguir esperando, porque el camino es el equivocado y por allí no vendrán los cambios que el país necesita. Una de las medidas fundamentales para revertir la caída es reestructurar a la PNC, reforzar al Ministerio Público de manera sustancial, respetar la independencia del organismo judicial y de las demás instituciones del Estado y convertir al Ejército en un cuerpo efectivo para el combate del narcotráfico y el resguardo de las fronteras.

Pero también es urgente el combate a la pobreza extrema con políticas de largo plazo que propicien un desarrollo sostenible y una repartición justa de la riqueza. El juego perverso de favorecer a los empresarios que pagan su cuota para financiar las campañas ha transformado a la nación en su feudo, y es imperativo cambiar la ley electoral si es que existe voluntad de dar a la democracia una posibilidad de supervivencia.

Es notable cuán alejado está el mandatario de la realidad del pueblo al cual ha engañado durante estos cuatro años. No parece tener idea del sufrimiento de las familias que pierden a diario a sus integrantes por extorsiones, asaltos a mano armada, venganzas o simplemente la mala suerte de encontrarse en el momento y lugar equivocados. ¿Un acuerdo nacional? No es mala idea, pero entonces urge dejar de esperar.

30 años atrás

La campaña electoral que se realiza hoy es una vergüenza para Guatemala. 

¡Cuánta razón contiene la columna de ayer de Gustavo Berganza! Guatemala se ha convertido en el epítome de la corrupción política y hoy vemos una competencia electoral tachonada de estrellas negras atropellándose por figurar en primera fila, pavoneándose por la impunidad de sus hazañas y mofándose de la población desde vallas, muppies, spots de televisión y páginas de prensa.

No contentos con eso, se atropellan en las antesalas de los financistas elaborando, cada quien, las más atractivas promesas de privilegios para conseguir el ansiado cheque, amparados en una ley que les protege contra señalamientos o investigaciones incómodas las cuales les pondrían en aprietos en cualquier país respetuoso del estado de Derecho.

Esta carrera por los cargos de elección popular se caracteriza por una total falta de respeto por la ciudadanía. Esa ciudadanía impotente, que se limita a especular sobre la inconveniencia de elegir a alguno de ellos, o por la conveniencia de entorpecer el paso de algún otro, pero incapaz de escoger a un candidato sin tacha porque ese no existe.

Esta carrera es de galgos bien entrenados en el arte de mentir y negociar la soberanía nacional por pedazos.

Y entonces ¿qué sucede con los líderes auténticos y legítimos? ¿qué pasa con las mujeres que aspiran a competir en igualdad de condiciones pero resistiéndose a vender sus postulados programáticos? Nada. No pasa nada. De hecho, este sector de la ciudadanía que se niega a hacer concesiones por respeto a su integridad, es marginado y expulsado del ruedo por quienes concentran la fuerza política y económica gracias a negociaciones fraudulentas y acuerdos secretos con grupos de poder.

Es válido repetirlo una y otra vez: las mujeres y los hombres cabales están siendo marginados de estas elecciones por los dirigentes de los partidos, porque amenazan el tráfico de influencias y constituyen un obstáculo para la corrupción, el clientelismo y los acuerdos con el crimen organizado.

Si ese es el escenario actual, ¿qué le espera a este país en los próximos años? No se requiere una bola de cristal para saberlo, se puede predecir la profundización de la miseria extrema, el ensanchamiento del foso que separa a las clases más ricas del resto de la población y el empobrecimiento acelerado de la clase media.

Es curioso que en la medida que avanzan las décadas, el país retrocede en el tiempo. Creo que este evento electoral será más sucio que cualquiera de los realizados durante el conflicto armado, pero por una razón bien marcada: hoy existe un sistema jurídico sostenido por un estado de Derecho. La conducta solapada y la burla que hacen los líderes políticos de la ética y la decencia, muestran que aún después de más de 30 años Guatemala no se ha ganado el honor de ser llamado un país democrático.

Cuidado con los extremos

Del total anonimato sobre el uso de teléfonos celulares, al control absoluto. 

Uno de los aspectos más importantes al proponer el establecimiento de medidas capaces de afectar la información privada de las personas, es quién tendrá acceso a ella. La propuesta de unificar el registro de identificación con la numeración telefónica puede ser muy interesante en países con un estado de Derecho funcional, pero es preciso ser muy cuidadoso en donde no existe una administración pública profesional controlada por un sistema adecuado de servicio civil.

En la actualidad, cada cuatro años se practica un relevo de prácticamente todos los puestos de importancia en la burocracia estatal, los cuales son ocupados bajo la premisa de premiar la fidelidad a las nuevas autoridades, la amistad o el parentesco con el mandatario, la afiliación al partido o la ayuda que se haya prestado durante la campaña. Los méritos y la capacidad técnica y profesional para ocupar una plaza determinada no se cuentan entre los factores de decisión.

Imaginemos que este procedimiento de control de identidad vinculado a la telefonía celular se estableciera en Guatemala, en donde la burocracia y las fuerzas de seguridad –entre las cuales es preciso incluir los cuerpos de investigación encubiertos- están tachonadas de elementos corruptos, muchas veces vinculados con el crimen organizado. ¿Qué garantía tendría cualquier ciudadano de que sus llamadas no fueran escuchadas, de que su ubicación física no estuviera bajo la mirada de algún criminal o sus datos personales no fueran convertidos en capital de intercambio entre pandillas?

Sin duda, esta medida reduciría de manera importante las estadísticas de robo de celulares. Sin embargo, podría incrementar significativamente el de extorsiones, precisamente por la vulnerabilidad a la cual se sometería a toda la población. Las redes criminales, al no ser ajenas al aparato burocrático -y eso lo saben muy bien los representantes en el Congreso de la República- cada día afianzan más su poder . Por lo tanto, proponer que se legisle sobre el tema y el nuevo sistema se imponga a nivel nacional debe ser precedido por acuciosos estudios que justifiquen el cambio y garanticen su transparencia.

Para controlar en parte el problema de los asaltos y el robo de celulares hay medidas mucho más accesibles y menos onerosas, como exigir a las compañías de telecomunicaciones que no se active ningún aparato cuya procedencia sea dudosa. Estas compañías transnacionales controlan el servicio estratégico por excelencia –las comunicaciones- y eso las obliga a privilegiar la seguridad del país en donde operan por encima de sus cuantiosos beneficios económicos, acumulados gracias a sus muy bien negociados privilegios.

Buscando empleo

Los políticos olvidan a quienes les deben su empleo y sus privilegios económicos. 

La campaña de carteles iniciada por la organización “El dueño de Guatemala soy yo” me parece oportuna, bien pensada y totalmente justificada. Ya va llegando la hora de la rendición de cuentas y de la fiscalización pública de los candidatos a cargos de elección popular. No es posible mantener la tradición nefasta del secretismo que sólo ha propiciado corrupción, compradrazgo y malas prácticas políticas y administrativas.

Un candidato a cualquier puesto de la administración pública tiene la absoluta obligación de presentar sus antecedentes y sus calificaciones personales y profesionales ante el pueblo, para garantizar una elección basada en los atributos reales de cada uno de los postulantes. En Guatemala se han visto casos tan inconcebibles como la elección de diputados y alcaldes con antecedentes penales o contra quienes se habían presentado solicitudes de antejuicio por diferentes delitos, entre los cuales el menor de ellos es corrupción.

Ya existe el antecedente de un expresidente acusado por asesinato y otro con una demanda por fraude. Presidentes del organismo legislativo con prontuario de genocidio y corrupción comprobados. Es decir que la historia de este país se está construyendo con ladrillos rajados, lo cual constituye una amenaza grave a su institucionalidad.

No pueden, entonces, venir los políticos a tachar de vandalismo una campaña perfectamente legítima realizada por un grupo de ciudadanos cansados de tanto abuso. Quienes tienen derecho a manifestarse son los electores, y los candidatos harían mejor en responder a sus cuestionamientos sin poses arrogantes de “dueños de la finca”. Estoy segura de que muchas personas han sonreido con satisfacción al ver los humildes carteles de cartón sobre los elegantes muppies de alta tecnología.

El dinero que están derrochando a manos llenas en una campaña que, por anticipada, ya rompió las normas legales, es un insulto para un pueblo hambriento y abandonado como el que irá a votar el 11 de septiembre. La gente merece algo mejor que candidatos vacíos de propuestas, vacíos de calidad humana y vacíos de conocimiento sobre los problemas del país.

Este no es un territorio en disputa entre carteles, que es en lo que se están convirtiendo los partidos. La participación popular es la primera de las prioridades si se desea reconstruir el tejido social sobre una plataforma democrática real. Por lo tanto, es imperativo que los políticos en la arena y sus financistas en la oscuridad pongan más atención a las demandas de sus potenciales electores.

¡Bravo! para quienes idearon la campaña de “Busco empleo”, por pertinente y oportuna. Sólo hay que ver los rostros que coronan esos carteles para darse cuenta de cuán relevante es indagar sobre sus antecedentes y calidades.

25 de Pie, Blog de Diseño

25 de Pie, Blog de Diseño

Tendré que emigrar

Lástima por mi blog, pero el hecho de ser un sitio gratuito lo deja a merced de la pauta comercial y estoy viendo que en mi blog, algo que en algún momento tuve la ilusión de tener bajo control -por lo menos en su contenido- hay un enorme y destacado anuncio del PAN con el retrato de Gutiérrez.
Eso me trajo de golpe a la realidad de esta dependencia de los servicios sin costo que, de otro modo, terminan saliendo caros.
Así es que en cuanto tome la decisión de a dónde ir, voy a emigrar con mi quinto patio. Ya les avisaré a los cuatro (¿o tres, quizás?) amigos que me leen en esta solitaria página.

Mujeres al ruedo

Es fundamental garantizar la participación de la mujer en las próximas elecciones. 

La resistencia a la participación femenina en política tiene muchas facetas. Una de ellas, sutil y poderosa, es el temor de las propias mujeres a enfrentar la oposición de su pareja, de su familia o de su comunidad y, de hacerlo, a pagar las consecuencias por su rebeldía. La cultura patriarcal tiene fuerte raigambre en amplios sectores de la sociedad y constituye un valladar importante para el desarrollo pleno de la democracia, la cual no existe mientras no haya participación igualitaria de la otra mitad de la población.

Cada vez que se plantea la posibilidad de establecer un sistema de cuotas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, se escuchan los argumentos a favor y en contra de una medida considerada radical. Aún cuando esta política existe y se aplica en muchos países del mundo, en Guatemala los círculos de la política tradicional la rechazan por inconveniente, poco oportuna y difícil de implementar.

El fondo de la cuestión es un asunto de poder. Durante años se ha observado el tono despreciativo, peyorativo y sexista usado por los políticos para referirse a sus colegas mujeres. A las activistas políticas y a quienes han logrado puestos relevantes se las juzga por su condición de mujer y no por los resultados efectivos de su labor.

En la campaña actual, se percibe desde el interior de los partidos políticos una fuerte oposición a la participación femenina y a concederles espacios importantes en los listados para cargos de elección popular, los cuales se negocian entre los de siempre, quienes cierran filas para consolidar sus posiciones de privilegio.

La lucha de las mujeres por su derecho legítimo –garantizado, además, por la Constitución Política de la República- no debería ser una misión de alto riesgo. En la actualidad, se observa con preocupación que aquellas mujeres valientes y decididas a participar en representación de sus comunidades enfrentan amenazas contra su vida, intimidación y rechazo de oponentes ferozmente decididos a cerrarles el paso.

La mujer involucrada en el destino de su patria es, por lo general, más responsable, transparente y eficiente en su trabajo, como lo han demostrado la mayoría de diputadas y funcionarias en cargos de gran responsabilidad. El hecho de colocarles valladares a su intención de contribuir al desarrollo de la nación no es más que el miedo a perder esos anillos de complicidad que han llevado al país a convertirse en un paradigma de corrupción.

No se debe confundir con el hecho de que esta vez haya varias mujeres compitiendo por la presidencia, porque ése es un tema distinto que merece un análisis de fondo. Aquí hablamos de los impedimentos reales de esta sociedad machista contra el derecho de las mujeres a postularse para gobernadoras, alcaldesas, diputadas o dirigentes de los partidos políticos. Estamos en el siglo veintiuno, es tiempo de cambiar.