Las doctrinas religiosas deben actualizarse.

 El hombre se acercó a la mujer que manifestaba frente a casa presidencial y con aire de enojo le espetó: “Ustedes las mujeres deberían estar en su casa atendiendo sus labores domésticas, tal y como lo manda la Biblia, no tienen nada que hacer en la calle”. Luego dio media vuelta y se alejó satisfecho de haber cumplido con un deber superior.

Esto no es novedoso. Basta con asistir a una boda para escuchar cómo los estereotipos sexistas marcan la vida de una pareja desde el momento de su unión, bajo la indiscutible norma espiritual. A partir de allí se establecen las jerarquías, en las cuales la mujer siempre termina en posición secundaria, cuando no se la coloca de entrada en un peldaño inferior al de sus propios hijos en el esquema familiar.

Esta costumbre se repetía también hasta hace algunos años en la boda civil, al leer los artículos del Código relativos a la unión matrimonial, conminando a la esposa a cuidar del hogar, prohibiéndosele trabajar fuera de él sin autorización del esposo. Este Código fue reformado, pero sin duda los viejos ejemplares aun circulan y se utilizan en muchas ceremonias, ante la ignorancia de las parejas sobre la derogación de tales monstruosidades jurídicas.

Por eso, cuando se analiza la violencia de género, resulta evidente que en las estrategias para combatirla y erradicarla no pueden quedar al margen las instituciones religiosas ni los profesionales participantes en la institucionalización de las uniones. Allí debe insistirse en la toma de conciencia y la reeducación de hombres y mujeres sobre derechos y obligaciones. Es un momento oportuno para dejar estampada la igualdad con tinta indeleble. En estos tiempos y ante la violencia imperante, ese compromiso podría constituir un toque de timón hacia la dirección correcta.

Los atavismos tienen la característica de impregnar la vida casi sin sentir, son unos elementos subrepticios capaces de condenar a la miseria a todo un grupo social, escatimándole derechos a unos para otorgárselos a otros. En esos atavismos cargados de prejuicios no existe la justicia. Ni la divina ni la terrenal. Y es desquiciante vivir bajo sus parámetros.

El progreso y la actualización de los roles masculino y femenino, como los percibimos desde un centro urbano desarrollado y de costumbres cosmopolitas, no es igual al de la aldea perdida en la montaña en donde los hombres no permiten a su mujer parir por cesárea “porque ya no estará completa”. Y peor aún, en donde el personal de salud muchas veces respeta más la voluntad del esposo que la vida de su mujer.

Esas ideas primitivas de autoridad y dominio masculino inciden en los índices de violaciones sexuales y abuso en el seno de la familia. El concepto arcaico de “jefe” de hogar determina implícitamente una jerarquía sacralizada por las doctrinas religiosas y reproducida por la sociedad. ¿Por qué no se habla de “socios” en la complicada aventura de una vida en pareja? ¿Por qué no se educa en el concepto de equidad desde la más tierna infancia? ¿Por qué se sigue sacrificando un lechón cuando nace un varón y se instala una atmósfera de frustración cuando la recién nacida es una niña? Esos perversos atavismos nuestros…

¿Por qué la sociedad se encierra en su burbuja?

 Parece que la violencia criminal no fuera suficiente motivo para sacudir la modorra social. Cada nuevo hecho de violencia provoca un cierto burbujeo que dura lo que permanece la noticia en los medios, ni un día más. Luego, se calma; cada quien regresa a su rutina mascullando frustración y finalmente todo se disuelve en la nada, hasta el estallido noticioso de un nuevo crimen excepcionalmente perverso.

Las muertes por asfixia, ataque armado o tortura, violación y desmembramiento coexisten con las cuentas por pagar, el precio de la gasolina y las dificultades para encontrar estacionamiento. Parecen ser parte del estilo de vida en Guatemala y los países vecinos, con los cuales comparte esta horripilante costumbre de vivir bajo amenaza.

Pero los seres humanos no son inmunes a este ataque psicológico constante. En unos, la atmósfera de incertidumbre –(¿viviré lo suficiente para amanecer mañana?)- se manifiesta en un tono de agresividad que impregna toda su vida diaria, dirigido contra quienes le rodean: su familia, sus amistades, sus compañeros de trabajo y, sobre todo, los transeúntes o automovilistas que se cruzan en su camino, como aquel pasajero de bus que vació la tolva de su pistola matando a un hombre inocente solo porque el piloto no aceleró lo suficiente. En otros, en cambio, se convierte en puro y simple miedo de salir a la calle.

El denominador común es la impotencia. Habría que analizar a fondo cuáles son los mecanismos que liberan este sentimiento tan agobiador de no encontrar respuestas ni salidas a una situación extremadamente adversa. Pero no cabe duda de que una persona atrapada por la falta de satisfacciones a su necesidad de seguridad se convierte en un ser desequilibrado en más de un sentido.

Con estas características no hay sociedad que avance hacia sus objetivos, si es que los tiene. Se transforma en una comunidad humana apática, frenada por la atmósfera de intimidación en la cual transcurre su vida diaria y cuya visión de futuro –algo indispensable en todo conglomerado social- está siempre en duda. La familia normal en estos días invierte la mayor parte de su energía en protegerse de las amenazas, latentes o explícitas, en lugar de desarrollar su potencial y avanzar en sus logros con cierta certeza de que su vida no está en peligro.

Lo curioso es la manera como este ambiente ya pasó a ser normal. Quienes disfrutan de algún reducto seguro en el cual sus hijos salen a jugar sin peligro o tienen la dicha de pasear sin temor a ser asaltados, se consideran privilegiados. Eso que antes fue norma es ahora la excepción y todos aprendieron a aceptarlo como parte de su realidad.

No es extraño, entonces, observar una fragmentación cada vez más acentuada en la sociedad. Aun cuando se producen pequeñas explosiones de rechazo al estado de cosas, son apenas burbujas más grandes y ruidosas, sin llegar a la envergadura de una protesta colectiva ni una demanda de cambio. ¿Salir a las calles a manifestar el repudio contra la corrupción y la violencia? No. Eso aquí no sucede.

(Publicado en Prensa Libre el 26/01/2013)

La Humanidad está en retroceso, empujada por su propia voracidad.

 “No existió el genocidio”, dicen. “No hay que detener el desarrollo”, dicen. “Las organizaciones sociales son retrógradas y se oponen a la inversión privada, ¿qué tienen en contra de la minería y las hidroeléctricas?” “¡En ellas está el futuro!” Perversa manera de disfrazar la cruda realidad de la apropiación de las riquezas del planeta para el enriquecimiento de un puñado de empresas sin rostro humano.

El mundo que conocimos desaparece ante nuestros ojos. Sus bosques, su agua, su fauna y la riqueza del subsuelo ya tienen dueños, mientras las comunidades humanas que habitan los territorios son exterminadas por la violencia armada -y legalizada además por gobiernos corruptos- o simplemente por el hambre y la destrucción de sus medios de subsistencia.

Los escenarios varían, van de uno a otro continente. En Tanzania los hacendados avanzan con su maquinaria arrasando todo a su paso, tal como sucede en la Amazonia brasileña y en el gran territorio del Petén. Las reservas naturales y las grandes extensiones de bosques, algunas de cuyas funciones son proveer de oxígeno al planeta, depurar su atmósfera y brindar un hábitat adecuado a millones de especies de fauna y flora, se han convertido en el objetivo económico de los grandes consorcios explotadores y su exterminio crece de manera exponencial.

Pero esto, aun cuando no es nuevo, ya está marcando de manera directa la vida de los habitantes con sus efectos sobre el clima y la salud humana debido a la manipulación genética e industrial de los alimentos como una de las estrategias comerciales más exitosas de las últimas décadas, y por un desmedido afán de privatización.

Hoy, en un simple plato de pollo o cocido -alimento recomendado por ser saludable hace más de 20 años- una persona podría consumir altas dosis de hormonas, preservantes, colorantes y antibióticos cuyo efecto sobre el cuerpo se desconoce debido a la falta de controles de los organismos sanitarios de los países, así como gracias al magistral trabajo de cabildeo de las grandes empresas con los sectores políticos y su generosidad para conseguir una legislación que las proteja.

Ese es apenas un ejemplo. La industria de alimentos y el cartel farmacéutico mundial son el epítome de la deshumanización de la industria, cuyas estrategias se dirigen de manera explícita a la acumulación de riqueza y poder y no a propiciar la salud y el bienestar de la población de la cual obtienen esos inmensos beneficios.

La adición de vitamina A en el azúcar y de yodo en la sal constituyen medidas obligatorias por ley, destinadas a prevenir enfermedades de enorme impacto para las grandes masas de población de bajos ingresos. Sin embargo, ¿se sabe con certeza si esas medidas aun se respetan o algunos productores se ahorran ese gasto por su impacto en sus ganancias? En cuanto a sus consecuencias, tampoco existe en la sociedad una gran preocupación por conocer los efectos de la falta de esos nutrientes en la población infantil, cuyos indicadores de desarrollo revelan el abismo de carencias en el cual crecen las nuevas generaciones ¿Que el genocidio no existe? Por lo visto, eso depende de las interpretaciones.

 (Publicado en Prensa Libre el 21/01/2013)

Seis cuerpos sin vida, seis mujeres asesinadas y un país a la deriva.

 Los datos de la violencia en Guatemala parecen indicar que las estadísticas deben analizarse por períodos prolongados para establecer una curva más o menos real. Si se tabulan anualmente, como ha sucedido hasta ahora, esas ínfimas oscilaciones a la baja tienden a utilizarse para justificar políticas y hacer creer en la consecución de avances.

Pero en esto de las estadísticas también existen problemas de fondo. Sin un organismo oficial confiable, capaz de proporcionar la información real sobre los indicadores de país, se carece de una herramienta vital para diseñar políticas públicas y establecer prioridades sobre distintos temas de gran impacto social, como son los de seguridad y justicia.

Sin embargo, cuando se habla de femicidio no se trata de un simple asunto de números. Detrás de la violencia contra la mujer existe toda una cultura de opresión no reflejada en cifras. De hecho, la inmensa mayoría de abusos jamás se denuncia ni mucho menos es sujeto de sanción. Es ahí precisamente en donde reside uno de los grandes obstáculos para el avance de la democracia y la igualdad de derechos para el mayoritario segmento de la población femenina.

El vil asesinato de dos niñas, capítulo estremecedor para cualquier persona decente, pone una vez más en evidencia la falta de protección de la niñez en Guatemala. Y entre esa niñez desprotegida, son las niñas las más vulnerables. En ellas se refleja la imposición del patrón patriarcal de esta sociedad, al remitirlas al último peldaño de la escala del valor humano. Porque ellas no solo sufren abuso y carecen de mecanismos legales efectivos para defenderse por ser menores, sino también experimentan la discriminación adicional por su condición femenina, socialmente desvalorizada y, por tanto, relegada a una posición de completa marginación.

Una de las medidas políticas más urgentes es un masivo ataque contra la criminalidad que tiene a la población en vilo. Pero no mediante ejecuciones extrajudiciales como sugieren algunos ciudadanos indignados, sino por medio de la investigación oportuna y la aplicación efectiva de la justicia. Si estos individuos supieran que les espera un castigo seguro, sin duda lo pensarían dos veces antes de cometer las atrocidades a las cuales ya se han habituado, tanto como se han habituado a la impunidad.

El miedo de esta sociedad se hace más y más evidente a medida que avanzan los días. Ya se levantan voces exigiendo la pena de muerte, sugiriendo linchamientos y otras medidas de violencia extrema a través de las cuales se percibe un profundo escepticismo sobre la eficacia de las fuerzas de seguridad y de los administradores de justicia. La población ha dejado de creer en sus instituciones y ese constituye un portal propicio para la anarquía y las desviaciones oportunistas de los sectores de poder.

El miércoles fue un día aciago. No solo por los asesinatos de estas dos criaturas inocentes aun sin identificar, sino por el significado detrás del hecho mismo como una declaración de guerra, como la ratificación del poder supremo del crimen organizado sobre la vida y la muerte de la ciudadanía. 

(Publicado en Prensa Libre el 19/01/2013)

El uso de las palabras correctas sigue siendo una ciencia oculta.

 Crimen pasional. Esa fue la conclusión preliminar de los investigadores en los asesinatos de una pareja en Amatitlán. También se desliza el concepto en la investigación asesinatos de mujeres, así fue en el crimen de monseñor Gerardi y en el polémico escándalo Rosenberg. De fácil uso, la palabrita se cuela recurrentemente en los reportes policiales pero también en las notas de prensa sin ser objeto de cuestionamiento alguno.

La excusa del crimen pasional está muy bien elaborada. Sirve de maravilla para justificar un hecho de sangre -la muerte de un ser humano- facilitándole al criminal el pretexto de haberse encontrado bajo el efecto de fuerzas superiores que lo llevaron a cometer el asesinato aun en contra de su voluntad. Los celos, la rabia extrema, el despecho, aparecen como impulsos irrefrenables ante las cortes de justicia.

Bien adornados por los abogados defensores, estos motivos muchas veces logran desviar las sentencias, reducir penas y culpas para, finalmente, librar a un asesino sádico de pagar por su crimen.

El problema, sin embargo, no es solo el manejo irresponsable y descuidado de los conceptos por parte de las fuerzas del orden y los investigadores del sector judicial, también lo es la relajada actitud de los medios de comunicación al aceptar, sin mayores reservas, esa clase de explicaciones por parte de sus fuentes informativas. 

El reportero rara vez cuestiona tales afirmaciones y no obliga a sus fuentes ni a sus lectores a profundizar en el análisis. Entonces la nota se traslada a la sociedad con un deformante concepto cuya validez quedó obsoleta ya desde el siglo pasado.

En la mayoría de femicidios, la primera versión es el crimen pasional. Aun si se aceptara esa definición -lo cual no debería suceder- queda en la oscuridad el tipo de pasión al cual se refiere el suceso en cuestión. Por ello es mejor recurrir al diccionario en el cual pasión es definida, entre otras acepciones, como “cualquier perturbación o afecto desordenado del ánimo” (Drae, 21.a edición) y no necesariamente como un amor intenso e incontrolable que empuja al individuo a cometer un acto irreflexivo aun en contra de su voluntad, como se pretende hacer creer a un público ávido de emociones.

Crímenes perversos como la tortura, violación o asesinato de una mujer nunca son crímenes pasionales motivados por el amor, un sentimiento noble cuya ausencia es la nota más evidente en la escena del crimen. El uso común de esta explicación, por lo tanto, debería ser erradicado para siempre del lenguaje jurídico y policial por inexacto y contradictorio con los hechos investigados.

Utilizar las palabras correctas no es cosa fácil, pero en ámbitos cuyos límites son precisos y de enorme relevancia para la aplicación de la justicia, este debe ser un requisito obligatorio para todos sus representantes, desde el primer agente de policía que llega a la escena del crimen hasta el juez que dicta la sentencia.

No se debe permitir a los criminales el privilegio de disimular sus actos de violencia detrás de un sentimiento noble. Es así como se burlan de la justicia y hacen mofa de sus víctimas. 

(Publicado en Prensa Libre el 12/01/2013)

…me está resultando tan difícil editar aquí (detesto ese laguito de la foto) que ya me empiezo a cansar de buscarle la manera. ¿Alguna idea?

Un enorme fardo de frustraciones es la herencia de años de violencia.

La nota decía: “Antropólogos de Guatemala encontraron al menos 500 osamentas de indígenas masacrados durante la guerra civil, tras 11 meses de excavaciones en un antiguo destacamento militar donde ahora funciona un comando de operaciones de paz de la ONU”. Un destacamento militar como muchos de los instalados a lo largo y ancho del país, dedicados a ejecutar las tácticas de combate antisubversivo en el marco de la Guerra Fría, entre otras funciones.

La noticia no tuvo repercusiones excepcionales en la sociedad guatemalteca. De hecho, no mereció primeras planas, declaraciones oficiales, demanda de explicaciones por parte de la sociedad ni el indicio de alguna protesta ciudadana. Tampoco parece haber seguimiento mediático. Muy poco ruido para tantas osamentas de indígenas masacrados durante un operativo militar en una de las regiones más castigadas por el conflicto armado.

500 osamentas, un niño abandonado bajo el cadáver de su madre en una carretera solitaria, una cabeza humana hallada en un mercado de la zona 5 de Mixco, todas noticias dispersas marcando el tono para 2013. Pero ya la costumbre ha sentado sus reales apagando la protesta y consolidando la resignación como un valor más que como una actitud. Anestésico imprescindible para vivir.

Quizás, entonces, la designación de un militar, kaibil, de la línea más dura, estratega de la contrainsurgencia y amigo fiel del poder económico sea congruente con esa realidad ya delineada como un estado indefinido de posguerra del cual Guatemala no puede escapar.

¿En dónde queda entonces el deseo de reconciliación si no es en puras quimeras? ¿Qué reconciliación puede surgir en una sociedad tan profundamente dividida y temerosa de todo lo que represente involucramiento y lucha por sus derechos? La democracia exige participación ciudadana como requisito para su propia existencia. Sin ella, el quehacer político se sustenta de autoritarismo y abuso de poder, perdiendo su esencia y cualquier esperanza de desarrollo en un marco de respeto por los derechos humanos.

Los crímenes llamados “comunes” también forman parte de esa herencia de violencia política en la cual Guatemala se ha visto inmersa durante tantas décadas como precio por su tremenda debilidad frente a otras potencias y organismos mundiales desde los cuales han emanado directrices políticas y económicas que definieron su ruta. Esos crímenes comunes, esa delincuencia callejera, es producto directo de las desigualdades sociales y las fallas institucionales derivadas de la corrupción y la carencia de un concepto de nación.

Este escenario, por lo tanto, tiene una continuidad perfecta en el tiempo y conforma un complejo sistema de vasos comunicantes. Cuando se produce un acto de corrupción en una dependencia del Estado, tiene impacto directo en algún programa de desarrollo no ejecutado, en algún presupuesto reducido y en la pérdida de oportunidades para algún segmento de la población totalmente ajeno al motivo de su desgracia. Y eso, en cualquier sociedad, constituye un terrible lastre político casi imposible de sobrellevar.

Un golpe artero de quienes desean borrar las huellas del pasado.

 El gobierno, con la publicación del Acuerdo Gubernativo 370-2012,  parece tener la intención de elevar un muro de protección para quienes cometieron violaciones de los derechos humanos en los años 80 y épocas anteriores. Sin embargo, comete un error político y estratégico al provocar una ola de protestas y un renovado impulso de exigir justicia para las víctimas de esos crímenes.

Error de cálculo, quizás, o probablemente se contaba con el adormecimiento general que provocan las fiestas de fin de año en la población. Sin embargo, a pesar de que uno de los argumentos esgrimidos para marginar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los casos ocurridos antes del 9 de marzo de 1987 -fecha en la cual el Estado de Guatemala aceptó las funciones de esa Corte- es la no retroactividad, expertos aseguran que esa disposición es inconstitucional y viola acuerdos internacionales.

Esto viene a reforzar la imagen dura de un gobierno que poco a poco se aleja del concepto democrático de participación ciudadana. Estos golpes de efecto del partido en el poder anuncian un nuevo estilo de gobierno muy a tono con el autoritarismo de décadas pasadas, aunque con un ligero toque demagógico, el cual sin duda le es útil para ganar adeptos entre los sectores más conservadores de la sociedad guatemalteca.

El hecho de que al Estado de Guatemala le salga económica y moralmente caro pagar las indemnizaciones dictadas por la CIDH en casos de graves violaciones y crímenes de lesa humanidad, debería servirle a los grupos de poder como lección aprendida para no volver a cometer esa clase de abusos y readecuar sus recursos para consolidar la democracia y el estado de Derecho, en lugar de permitir a sus funcionarios y aliados políticos un enriquecimiento ilícito que solo socava esos pilares institucionales.

Aunque ha sido estimulante la reacción inmediata de la sociedad civil organizada ante la publicación del Acuerdo 370-2012,  aun falta un mayor involucramiento del resto de la ciudadanía en un asunto que al final de cuentas le compete, porque se trata de una decisión de Estado la cual incide no solo en la imagen de país en los ámbitos internacionales. También afecta la reparación del tejido social, gravemente dañado durante un conflicto que diezmó a un sector importante  de la población y dejó secuelas en las actuales generaciones.

La derogación del Acuerdo de marras podría suavizar el ambiente político, pero no bastará para despejar las dudas ya existentes sobre las intenciones políticas de este gobierno. Una vez más, se observa que las promesas de mano dura incluían acciones de corte dictatorial las cuales, en lugar de reducir las tensiones, marcan una ruta divergente con las aspiraciones ciudadanas de construir bases más sólidas para asentar los valores democráticos.

Es evidente que instaurar una democracia participativa y conservar el equilibrio político es extremadamente difícil en un país tan convulsionado. Así como conciliar los intereses de todos los sectores involucrados. Pero, señor Presidente, nadie le dijo que sería fácil.

El nuevo orden.

El actual sistema de administración de justicia impide el desarrollo. 

Es imposible pretender avanzar en la construcción del estado de Derecho si el sistema de administración de justicia es incapaz de garantizar la transparencia, la corrección en los procesos y un recurso humano inmune a la corrupción, o por lo menos resistente a su poder de seducción.

El año cierra con un incremento en las denuncias de delitos sexuales y delitos contra la vida, pero la efectividad en las investigaciones es insuficiente para frenar el aumento de estos indicadores. El Ministerio Público, aun cuando ha realizado una labor mucho más eficiente en estos últimos años que en muchas décadas anteriores, necesita blindarse contra la influencia y el poder de las organizaciones criminales cuyas acciones tienen un fuerte impacto en el desempeño de fiscales e investigadores.

Para ello es imprescindible el acompañamiento de un Organismo Judicial sólido y probo. Ya se ha visto cómo el tráfico de influencias en este sector continúa ejerciendo una presión nefasta –el caso Siekavizza es su ejemplo más reciente- cuando jueces y magistrados traicionan su juramento para beneficiar a una de las partes violando todos los preceptos jurídicos y éticos.

Un país no puede vivir sin un andamiaje institucional sólido, con una credibilidad más allá de toda duda. Si la ciudadanía conoce la porosidad de las entidades de las cuales dependen las decisiones más importantes de la sociedad, entonces tomará extravíos indeseables con el propósito de asegurarse un resultado que le favorezca. Es así como la debilidad moral de quienes establecen la ruta a seguir corrompe hasta los cimientos a una nación.

Pero la justicia no parece haber sido una prioridad para la ciudadanía guatemalteca, al extremo que la mayoría ignora incluso la estructura misma del Organismo Judicial, así como el funcionamiento y propósito de sus distintas instancias. Hace apenas unos años, no muchos, la opinión pública desconocía la importancia de la elección de su máxima autoridad y eran raros los debates sobre ese tema trascendental, a diferencia de lo que ocurre durante la elección de los presidentes de los otros dos organismos del Estado.

Es imperativo cambiar esa percepción y empezar a observar más de cerca el desempeño de ese pilar fundamental de la democracia y el estado de Derecho para exigirle resultados tangibles. De otro modo, el proceso de revertir los índices de criminalidad no avanzará lo suficiente como para estabilizar el precario equilibrio psicológico en el cual está sumida la población guatemalteca, temerosa de no sobrevivir el día.

La Fiscal General, durante su informe anual, reportó la captura de 250 funcionarios policiales, más 25 funcionarios fiscales y administrativos, señalados de delitos. Pero eso es solo el comienzo de la depuración. La experiencia ha demostrado que no son suficiente las capturas si el sistema judicial no actúa con la transparencia y rigor debidos. Ese pequeño traslape entre dependencias ha demostrado ser el salto cuántico en donde se pierde el valor de la justicia. Por eso la consolidación del sistema debe ser completo, integral, holístico. Es la vida humana lo que figura en el plato de la balanza.