Los fantasmas de siempre

Los ecos de la Guerra Fría no se han apagado jamás. Aún persisten sus mensajes estereotipados en la memoria colectiva.

El aniversario de la quema de la Embajada de España ha traído de nuevo el debate sobre lo sucedido ese trágico día de enero. Pero lo que subyace tras la agria y eterna disputa entre quienes intentan rescatar una verdad –la suya y probablemente la histórica- y quienes pretenden descalificar todo esfuerzo por echar luz sobre los entretelones de esa masacre, es la espesa barrera construida por los genios de la propaganda anticomunista de la CIA y del Departamento de Estado durante la Guerra Fría, convenientemente divulgada por sus mensajeros locales.
Termino la frase y ya puedo sentir sus consecuencias. El legado de esa época de terror dictatorial en toda América Latina y el Caribe persiste en el imaginario colectivo en la forma de un panfleto lleno de frases hechas.
Para el común de los mortales cuya supervivencia dependía de su silencio y su mansedumbre a las consignas importadas y a las órdenes castrenses, cualquier ser humano suficientemente osado para defender una causa social, era comunista. Si alguien se erigía como líder universitario con ideas medio avanzadas, era comunista. Si una mujer exigía el respeto a sus derechos humanos, era comunista. Y yo, por poner en duda la verdad oficial, también debo serlo.
Esto no sólo se vivió en Guatemala durante los años setenta y ochenta, sino también en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, República Dominicana y todas las naciones en las cuales el poder del imperio estadounidense cambió las reglas del juego imponiendo a sus peones sanguinarios con todo el poder para manipular la información a través de cualquier medio a su alcance.
La Guerra Fría fue la época de las grandes mentiras. El intervencionismo yanqui tampoco es una fantasía calenturienta de una mente comunista, sino una realidad palpable en todo el continente que dejó huellas profundas en las estructuras políticas y económicas, así como en la psiquis de nuestros pueblos.
Fué entonces cuando se profundizaron las divisiones entre clases sociales, cuando se acalló, a punta de balas y bombas, todo intento de independencia y rescate de la dignidad de las naciones.
La verdad histórica –como sucede siempre bajo una dictadura- estaba en manos de quienes también tenían bajo su férula a los medios de comunicación, la llave de acceso a los archivos del ejército y de la policía, y la más eficiente maquinaria de inteligencia y exterminio, todo bajo el manto protector de la ley. Esta es una realidad incontestable, así como lo es que la disensión es un derecho de todos, comunistas o no.

Publicado en Prensa Libre el 02/02/2009

Preventivo cinco estrellas

Ante un cañonazo de puro efectivo no hay funcionario que se resista, menos aún agentes de seguridad mal pagados.

Uno de los mayores obstáculos para combatir a las redes del narcotráfico es su capacidad para comprar popularidad. En las áreas donde instalan sus centros de operación invierten millones de dólares en infraestructura y equipo, con lo cual generan empleo y mayores ingresos para la población local. Pobre pero efectivo consuelo para quienes sufren las consecuencias de su violento modo de vida.
El dinero a discreción es la llave del poder de estas organizaciones criminales. En países con escasa infraestructura de servicios, pocas oportunidades de desarrollo para la población y un sector mayoritario de jóvenes sin acceso a educación ni a fuentes de trabajo, las condiciones para la consolidación de su poder y la expansión de sus territorios, están dadas.
Esta situación se replica en menor escala en organizaciones de maras, cuyo método operativo se centra en robo de vehículos, secuestros, extorsiones y asesinatos a pedido. Estas pandillas juveniles parecen ser un subproducto de las redes de la droga, que probablemente las usan como mano de obra disponible y también como parte de una estrategia de debilitamiento de las entidades encargadas de la seguridad ciudadana, de las instituciones públicas y de la estabilidad social.
El sistema de administración de justicia ha sido impotente ante la avalancha de actos criminales. En estos últimos años, se ha hecho cada vez más evidente la permeabilidad de sus estructuras a la tentación del soborno y a las presiones, a la obsolescencia de las leyes y a la ineficiencia de sus operadores.
Por ello no hay que extrañarse de la debilidad del sistema carcelario como una manifestación más de las deficiencias en la seguridad ciudadana. Drogas, alcohol y tecnología de punta tienen acceso directo a las bartolinas para servir a los miembros de las maras como herramientas de entretenimiento, pero sobre todo de comunicación con el exterior para continuar con sus operaciones delictivas.
Tanto maras como organizaciones del narcotráfico parecen estar más tecnificados y, por supuesto, mejor equipados de armas de grueso calibre que el propio Estado, el cual ni siquiera ha podido hacer funcionar los aparatos de intercepción para señales de celular en las cárceles del país.
La dificultad para proponer soluciones a esta problemática está dada fundamentalmente por el debilitamiento institucional, por el fortalecimiento proporcionalmente inverso de las organizaciones criminales y por la impotencia general de la población. Sin embargo, se podría comenzar por ofrecer oportunidades de estudio y trabajo a la numerosa juventud de este país.

Publicado en Prensa Libre el 31/01/2009

Un compromiso inapelable

Las Metas del Milenio deberían convertirse en el proposito central de los gobiernos de los países en vías de desarrollo.

Es comprensible la frustracion de algunos lideres al constatar que el cumplimiento de las Metas del Milenio, en especial las relativas a la erradicación de la pobreza y el hambre, están cada vez más amenazadas por los altibajos de la economía de los países ricos provocados por la inmoral manipulación de un puñado de grandes compañías en connivencia con el gobierno de Estados Unidos.
Una vez más, el imperio ataca. Y otra vez, agrede a los más débiles con la inmisericordia propia de su ilimitado poder. La excesiva protección a los intereses de los grandes consorcios y el control ejercido por algunos gobiernos del primer mundo sobre los organismos internacionales, la banca, los legisladores y las cúpulas económicas de las naciones subdesarrolladas, ha sido el mecanismo a través del cual se ha ido profundizando de manera acelerada el empobrecimiento de las sociedades tercermundistas, alcanzando niveles nunca vistos en la historia.
En violento contraste, están las ganancias obscenas de las multinacionales, las cuales gracias a presiones sobre los políticos locales han logrado establecerse en nuestros territorios disfrutando de toda clase de granjerías y exenciones fiscales, extrayendo sus riquezas al mínimo costo y dejando sólo focos de corrupción tan profundos como los agujeros de las minas y tan extensos como sus planes de expoliación.
Es evidente que en circunstancias tan adversas para el desarrollo de los países, las Metas del Milenio se van perdiendo entre las prioridades de la agenda gubernamental –digan lo que digan los políticos- porque el contexto no les es propicio. Primero, por estar la concentración de las decisiones de Estado circunscrita a un puñado de funcionarios afines al partido que gobierna, y luego porque se comienza a definir un estilo de hacer las cosas que no tolera el disenso ni invita a la participación plural de otros sectores de la sociedad.
En suma, aún cuando en algunos aspectos se perciban ciertos avances, el panorama global dice otra cosa. Las demostraciones –abiertas, públicas y descaradas- de corrupción entre los legisladores, los administradores de justicia y los anillos que rodean a los funcionarios en cuanta dependencia existe, hablan de retroceso.
El país necesita con urgencia un cambio radical. No en el sentido en el cual se orienta, con síntomas manifiestos de concentración del poder en manos de la pareja presidencial, lo cual es obvio por mucho que les moleste el señalamiento, sino con una voluntad férrea de hacer las cosas bien, de tomar las decisiones correctas, de encaminarse por fin a la recuperación de la institucionalidad y de la maltratada dignidad nacional.

Mujeres en la agenda

Los partidos políticos guatemaltecos aún no comprenden -ni aceptan- que no puede haber democracia sin equidad de género.

Para analizar la actitud de los dirigentes políticos es imprescindible mencionar que, para la mayoría de quienes ejercen esa actividad en Guatemala, el término democracia es un concepto abstracto sin aplicación práctica. Por lo tanto, exigirles cambios en las estructuras y en los estatutos de sus partidos para dar cabida a un sistema de cuotas, jamás encontrará una respuesta positiva a menos que se apruebe una reforma en las leyes para hacerlo obligatorio.
El sistema de cuotas de participación por género en los partidos políticos, y también en los cargos públicos, ha sido la herramienta fundamental en muchos países del mundo para romper paradigmas arcaicos que aún hoy, en pleno siglo veintiuno, constituyen una barrera para el desarrollo pleno de los pueblos.
Este ha sido uno de los temas a debatir en el marco de la II Conferencia del Movimiento de los Países No Alineados que se desarrolla en Guatemala con la participación de representantes de 81 países, discusión principalmente centrada en los avances del cumplimiento de las Metas del Milenio en aquellos temas relacionados con las oportunidades de desarrollo de las mujeres.
El tema de las cuotas duele. Y esto es porque rompe una tradición patriarcal sólidamente enraizada en el país, culturalmente reforzada a través de la educación de niñas y niños, socialmente aceptada como un hecho irremediable y contra el cual se han estrellado muchas iniciativas de ley tendentes a transformarla. Sin embargo, la mayor resistencia proviene de quienes lo perciben como una peligrosa amenaza a sus cuotas de poder y sus mecanismos de corrupción, cuidadosamente estructurados y protegidos.
Es por ello fundamental la preparación política y técnica de las mujeres diputadas. El papel que representan, aún con la mísera cuota de 19 escaños en un congreso con 158, constituye una punta de lanza para iniciar una escalada numérica que ponga en la agenda no sólo los temas atingentes a su género, sino también los temas marginados de enorme impacto social, como los relativos a salud y educación, seguridad y acceso a servicios básicos.
Las mujeres diputadas no sólo tienen la obligación de despojarse de sectarismos y complejos que en nada contribuyen al desarrollo de sus funciones, sino también la responsabilidad de construir unidas una plataforma para romper barreras históricas, luchar contra la discriminación de género y contra el racismo. La sociedad espera de ellas que sepan aprovechar la oportunidad de voz que les ha sido prestada, con una actitud incluyente y un esfuerzo sostenido por convertirse en representantes auténticas del sector al cual pertenecen.

Entre clavos y reproches

La crisis de institucionalidad quedó una vez más en evidencia durante la sesión solemne del Congreso de la República.

El tono del discurso oficial no dejó lugar a dudas: el Presidente se declaró insatisfecho por las críticas de la prensa, se sintió agredido por sus opositores y denunció intentos de desestabilización promovidos por sus enemigos políticos. Además, reclamó un trato respetuoso hacia su esposa y mejor comprensión de los proyectos que están en sus manos.
El informe de su primer año de gobierno ante el pleno del Congreso en presencia de ministros y secretarios de Estado, cuerpo diplomático e invitados especiales, estuvo saturado de reproches, a veces en un tono coloquial poco adecuado a un acto solemne de carácter eminentemente protocolario. La alusión personal a Nineth Montenegro, además, constituyó un desliz imperdonable en un funcionario de tan alta investidura, cuya representatividad debe trascender lo anecdótico y remitirse a los puntos esenciales de su gestión.
Pero así como el mandatario rebasó los límites del estricto protocolo que enmarca esta clase de actos, también lo hicieron los 36 diputados que abandonaron el hemiciclo antes de su discurso. El desaire planificado por los representantes del Partido Patriota y la bancada de Libertad Democrática constituyó un acto más degradante para la institucionalidad que para el propio Presidente. Es posible que no hayan medido la dimensión de su conducta en función de la trascendencia de la sesión solemne –durante la cual se realizaba una ceremonia de juramentación de la nueva Junta Directiva del organismo al cual pertenecen- y actuaron como lo harían en un evento político partidista.
Para quienes observaron el desarrollo del evento, éste careció de solemnidad. Ni el discurso presidencial ni los aplausos estrictamente protocolarios ni la actitud de las bancadas de oposición estuvieron a la altura, como tampoco lo estuvo la organización de la ceremonia.
En las afueras del palacio legislativo, las nutridas manifestaciones populares quisieron dar un mentís a los grandes avances en materia social enumerados por el mandatario y a los invitados no les quedó más que sortear los obstáculos y sacar sus pañuelos inmaculados para no sufrir los efectos de los gases lacrimógenos usados para disolver las manifestaciones.
En suma, esta ocasión reflejó una vez más la peligrosa debilidad de las instituciones, punto vulnerable de la democracia, y aún cuando algunos de los presentes alabaron el discurso presidencial, éste no contribuyó en nada a reducir las fuertes divisiones y carencias características de la política local.

Una ciudad hostil

Es una lástima que Guatemala no haya tenido a su Haussmann. Sus principales avenidas ya no resisten la presión del tránsito.

El Barón Georges-Eugène Haussmann fue el artífice de la remodelación de Paris en pleno siglo diecinueve, uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos y futuristas de la historia. El trazo de sus grandes avenidas y los sistema de iluminación –en aquellos tiempos un avance costoso y revolucionario- acabaron con el París oscuro, sucio y medieval para convertir a la ciudad luz en la urbe más moderna del mundo.
Pero no es de Haussmann de quien se trata esto, sino de la otrora hermosa y pulcra ciudad de Guatemala, convertida hoy en un enredo caótico de calles y avenidas saturadas al extremo por la circulación a toda hora de una excesiva cantidad de vehículos.
Además del problema ya crítico del tráfico, este centro urbano muestra elevados niveles de contaminación de toda clase: del agua, del aire, por ruido y por desechos que se acumulan en una progresión imparable. Sus sistemas de drenajes ya resultan insuficientes para servir a la cantidad de habitantes que soporta, y las calles presentan un aspecto desordenado y sucio.
¿Cuál es la solución para el ordenamiento de una ciudad que crece sin un plan capaz de regir su expansión de manera organizada? Este es un enigma que parece no tener respuesta y, mientras los vecinos se quejan de los atascos cada vez más frecuentes del tráfico, el parque vehicular aumenta y no se ve una solución para el transporte colectivo, quizás la única salida al atolladero.
Hace ya tanto tiempo que el sistema de buses funciona de forma deficiente, que a aquellos ciudadanos con medios suficientes para proveerse su propio transporte ni siquiera se les cruza por la mente la posibilidad de usarlo. Contrario a lo que sucede en otras ciudades un poco más desarrolladas, en las cuales los vecinos aprovechan las ventajas de las redes de transporte colectivo, aquí subirse a un bus parece ser la última de las opciones y algo así como una maldición del destino.
Quienes tuvieron la desagradable experiencia de tener que trasladarse desde las zonas céntricas hacia el sur de la ciudad durante la semana pasada, saben a qué me refiero. Largas filas de automóviles, buses y motos que hicieron casi imposible el avance, semáforos que no servían para nada porque los cruces estaban bloqueados por vehículos detenidos a la mitad, conductores cansados, enojados, agresivos, que a esas alturas no medían las consecuencias de echarle encima el auto a cualquiera que se les cruzara, volvieron esta ciudad un verdadero infierno. Pero esto no es circunstancial, es crónico y no se atisba la posibilidad de que la situación se revierta. La única opción, entonces, es que el alcalde ponga fin al problema del transporte público de una buena vez.

Requisitos mínimos

No importando quién llegue a los puestos públicos, será imposible lograr avances mientras no exista un sistema administrativo coherente.

Una de las características de los burócratas del Estado es creer que al ser nombrados para un puesto, éste ya les pertenece. Es decir, los posee desde el principio una especie de delirio de grandeza que les provoca fiebres, alucinaciones y pérdida del sentido de la realidad, no importa si el puesto es de ministro o de oficial cuarto de alguna dependencia de tercer orden.
La carrera administrativa no existe en Guatemala, por lo tanto tampoco existe historia. Los archivos pueden destruirse o abandonarse a criterio del jefe de turno, y todos saben que cada cuatro años habrá despidos y contratación de empleados nuevos, más o menos entrenados, más o menos agradecidos de estar allí por pertenecer al partido oficial, pero muy conscientes de que el privilegio durará lo que dure el presidente en el cargo.
Una dependencia oficial sin carrera administrativa es una especie de barco al garete en un mar embravecido y en medio de los arrecifes. Es decir, va directo al desastre. Por eso resulta un poco excesivo señalar las fallas de ciertos funcionarios al mando de una de estas máquinas infernales llamadas ministerios. En cierto modo, la responsabilidad de la ineficiencia del aparato estatal viene desde hace mucho, fincada en el concepto erróneo de que el Estado pertenece al partido político que ganó las elecciones, para que haga con él lo que le venga en gana y decida quién se queda y quién se va.
El país necesita con urgencia una operación de reingeniería capaz de construir un sistema de estructuras funcionales y de largo alcance. No es posible alimentar esperanzas de desarrollo en un contexto de improvisación constante, pero sobre todo donde la posibilidad de hacer carrera esté condenada desde el principio y lo único que prevalezca sea el impulso de aprovechar al máximo el momento para hacerse de bienes y privilegios.
Contrario a lo que proponen algunos extremistas del libre mercado, el Estado es fundamental y debe ser fortalecido. No existe un solo país desarrollado que no posea un aparato estatal sólidamente estructurado, fuerte, capaz de atraer a los mejores especialistas en cada área del conocimiento, altamente tecnificado y en control de todos los procesos concernientes a sus funciones.
La mala reputación de los cargos públicos es, por lo tanto, una consecuencia más de la degradación de los sistemas político y administrativo locales, cuyos vacíos y deficiencias propician el compadrazgo, el nepotismo, el clientelismo, la corrupción y la mediocridad. Los funcionarios, ya sean o no de rango ministerial, deberían llenar requisitos mínimos para tener el privilegio de servir a su pueblo. Porque, por si no se han enterado, para eso están donde están.