La “insoportable levedad” de la política

Las alturas tienen como característica una acentuada falta de oxígeno.

El mundo está patas arriba. No solo como producto de los eventos provocados por el cambio climático o la absurda e irresponsable manera de destruir lo que ha sido puesto a nuestro cuidado. Simplemente, por la pérdida de sensatez de la abrumadora mayoría de gobernantes, políticos y empresarios cuyo único objetivo en la vida es acumular poder, riqueza y capacidad de maniobra para hacer de otras naciones un cobijo para sus actos de corrupción. Cuando señalamos a los títeres de nuestros países en decadencia, no debemos olvidar quienes jalan de los hilos. Como consecuencia de esta miopía se pierden valiosas oportunidades para reforzar los valores humanos y aquellos de las utópicas democracias.

Los aires de las alturas ocasionan pérdida del sentido de la realidad, alucinaciones, sensación de invulnerabilidad y un desapego absoluto hacia la consecuencia de las acciones. Este síndrome lo conocen bien los políticos, los multimillonarios y, por supuesto, los montañistas -aunque estos últimos recuperan el sentido común en cuanto bajan de las cimas- y sus efectos tienen impacto sobre decisiones capaces de cambiar el rumbo de la Historia. Eso sucede con tal abundancia en los círculos elevados del poder que, cuando algunos de esos potentados actúan con inteligencia, parecen héroes de leyenda.

Los miserables gobernantes de Centroamérica -Guatemala, El Salvador y Nicaragua- son por el momento y para el resto de los latinoamericanos, un ejemplo penoso de esa pérdida de capacidad humana. No solo se han apoderado de todas las instancias creadas para proteger los valores democráticos y las leyes; también se han transformado en déspotas con ínfulas de poseer el poder absoluto para garantizarse la impunidad por sus crímenes de lesa humanidad, por sus delitos económicos, por su evidente incapacidad y, de paso, para crear una valla infranqueable contra los esfuerzos por contener la corrupción.

Aunque este sea el ejemplo local de mala gestión y perversas intenciones, también en los demás continentes las ambiciones por el poder compiten por los primeros lugares en sus afanes por conseguir el control geopolítico del planeta, no importando cuántas vidas inocentes se aniquilen al paso de sus tropas, sus misiles y sus negociaciones indecentes por mantener el control económico. Para ello se crean instituciones de alto nivel mundial como instrumentos de coerción, cuya naturaleza escapa a cualquier tipo de control, incluidos los abundantes tratados y convenciones suscritos para defender los derechos humanos y de la naturaleza. 

Quizás por este ambiente de caos, cuyas incidencias acaparan la atención de enormes conglomerados empresariales a los cuales pertenecen las mayores entidades de prensa del mundo, los minúsculos ciudadanos -quienes poblamos los países menos desarrollados- jamás tendremos la visión exacta de cómo funcionan las políticas globales y tampoco por qué ninguna potencia se interesa por nuestro insignificante destino. 

Los discursos sobre libertad y democracia mueren de muerte natural en cuanto rozan nuestras fronteras y se convierten en palabras vacías ante las provocaciones de los gobernantes más corruptos del orbe. El único mecanismo de protección está, por lo tanto, en manos de pueblos hambrientos, condenados a la ignorancia y sometidos al abuso constante de sus gobiernos; y son estos, también, quienes reciben los golpes más duros del sistema que nos rige.

El control absoluto del poder es capaz de destruir todo el andamiaje legal que nos protege.

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Cargas de profundidad

El debilitamiento de las democracias es una estrategia de larga data.

Quien haya sido aficionado a las películas de guerra, sabrá cómo funcionan las cargas de profundidad contra los submarinos enemigos. Utilizadas con profusión durante las batallas navales de la Segunda Guerra Mundial, estas bombas explotaban a cierta profundidad, mas que con el objetivo de destruir, con la intención de desgastar tanto a la coraza de la nave como a su tripulación. Algo similar sucede con la política en nuestro continente: poco a poco y sin pausa, los mecanismos diseñados para proteger a las instituciones dedicadas a consolidar los sistemas democráticos, han ido perdiendo su fuerza debido a los embates de fuerzas enemigas difícilmente reconocibles.

Desde las políticas intervencionistas de Estados Unidos y sus aliados incondicionales se ha tejido una malla de protección, cuyos efectos operan como si por encima de nuestros Estados existiera un gobierno supranacional, exento de límites legales y, obviamente, dedicado a proteger intereses ajenos al bienestar de los pueblos. Ese colonialismo, cuyas características se asemejan a los de las oligarquías criollas y, de paso, se alían con ellas, previene cualquier intento de rebelión por parte de las capas menos privilegiadas de las sociedades latinoamericanas.

Las cargas de profundidad que debilitan nuestros cimientos vienen en distintos colores: desde los tratados comerciales hasta los golpes de Estado, pasando por las presiones diplomáticas para incidir en los textos constitucionales y la emisión de leyes. Además, cuentan con el apoyo de medios de comunicación de alcance masivo, desde donde se propaga un ideario ad hoc, capaz de consolidar movimientos ciudadanos opuestos a las libertades y derechos humanos. A ello se añade, como corolario, una serie de políticas restrictivas, pero contradictorias, que han convertido a nuestro continente en un territorio de producción y tráfico de drogas.

Hoy, las cargas de profundidad han debilitado la resistencia de los pueblos a los abusos de gobernantes títeres sospechosamente protegidos por el silencio de la comunidad internacional y, lo cual es aún más tenebroso, aliados a supuestos líderes espirituales cuyo mensaje gira en torno a la sumisión. Al haberse debilitado el concepto mismo de democracia, nos vemos enfrentados a una situación de debilitamiento extremo de la ciudadanía en la mayoría de nuestras naciones. Privadas de acceso a las decisiones de gobierno y ante legislaciones diseñadas por asambleas mayoritariamente aliadas con la corrupción, el territorio de las democracias es uno de guerra solapada en el cual la voz del pueblo es impotente.

Las estrategias del imperio se han instalado cómodamente para convertir a nuestros países en proveedores de materias primas, mano de obra barata, cúpulas políticas obedientes y élites económicas dispuestas a transar con el hambre de sus conciudadanos. En esos términos, las democracias tan pregonadas como utópicas se han convertido en parte de un discurso ajeno a la realidad. Los sectores más castigados han perdido no solo su espacio de participación, sino también gran parte de su energía vital. Así funcionan las cargas de profundidad lanzadas bajo el agua con tanta profusión como malas intenciones. Así funcionan las colonias y, así también, los gobiernos capaces de cooptar al Estado con el objetivo de limitar los derechos, a sabiendas de contar con la aquiescencia de los dueños del poder.

La cooptación del Estado es el instrumento antidemocrático por excelencia.

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Guatemala: Un zarpazo a la democracia

El miedo de un gobernante con mucho que perder, se traduce en dictadura.

El presidente guatemalteco y sus aliados han cometido ya todos los delitos del catálogo político: obstrucción a la justicia; saqueo de las arcas públicas; complicidad con las organizaciones criminales y los cárteles de narcotráfico; persecución y cárcel contra operadores de justicia, líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y quien se oponga a sus abusos y, por si eso fuera poco, el ataque furibundo contra la prensa independiente, con amenazas explícitas hacia periodistas y líder de opinión valientes y capaces de desvelar sus maniobras. 

El tamaño de sus ofensas contra la democracia va a parejas con el miedo a perder el control del poder y verse enfrentado a la posibilidad de pagar por sus crímenes.  De ahí la cooptación del Ministerio Público, al sostener en su máxima jefatura a quien tiene la potestad de convertirse en el brazo vengador y retorcer impunemente la aplicación de sus funciones. El aparato judicial, por su parte, ha sido invadido por jueces y magistrados corruptos, tal y como sucede con un Congreso mayoritariamente aliado, que apoya incondicionalmente sus decisiones. Los fondos del Estado son su caja chica con el objetivo de llevar a cabo, sin oposición alguna, sus planes de concretar la destrucción total de la institucionalidad en el país.

La captura del periodista José Rubén Zamora Marroquín, director de elPeriódico, medio que ha investigado y desvelado los mayores escándalos de las recientes administraciones, se consumó rodeada de un escandaloso aparataje policial; esta captura lleva un mensaje evidente hacia todo miembro de la prensa que ose continuar con las denuncias y el destape de las fechorías del equipo de gobierno. El violento operativo de allanamiento de la vivienda de Zamora Marroquín y de las oficinas de elPeriódico no dejan resquicio a duda con respecto a los planes de este proyecto de dictador, dado que amedrentar a la prensa independiente es y ha sido el cobarde instrumento de los traidores.

Guatemala ha vivido tiempos oscuros durante su historia. Experiencias dolorosas y extremas que culminaron con un viraje inevitable hacia un sistema democrático. Sin embargo, las raíces del mal persistieron en instituciones infiltradas por elementos corruptos y organizaciones criminales. La depuración institucional quedó como un tema pendiente, lo cual ha dejado abiertas las oportunidades de revertir el esquema hacia un cuadro de excesos como el que vive hoy Guatemala. En síntesis, la democracia tan anhelada por la ciudadanía, no terminó de cuajar.

El panorama de ese país no puede ser más desalentador. Con una población temerosa de la violencia estatal y acallada por el hambre y la miseria, el plato está servido. Sin embargo, aun con las amenazas y persecuciones, las investigaciones y denuncias publicadas por elPeriódico y otros medios -así como las columnas de opinión opuestas a los abusos de la cúpula política- han dejado muy en evidencia el serio peligro que amenaza a todo el sistema político, económico y social de ese país centroamericano. 

La comunidad internacional, por su parte, concentrada en atender sus propios problemas, solo parece echar una mirada tangencial sin mayor impacto en el desarrollo de los acontecimientos. Esto significa que, sin la intervención de las fuerzas vivas del país, de su ciudadanía consciente y comprometida con la democracia, nada cambiará.

El derecho a la información es un derecho humano inalienable.

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Los daños ocultos

Pocas sensaciones resultan tan amenazadoras como la incertidumbre.

La población mundial ha entrado en un círculo interminable de temor por su vida, por la integridad de su estado de salud y, en consecuencia, por su futuro. De un modo nunca antes experimentado, una invasión viral se ha instalado como un escenario nuevo e inevitable del cual todavía se desconocen sus verdaderas dimensiones. Una y otra vez, como en un mar embravecido, se suceden las olas con distinto nombre, con diversas consecuencias, con la fuerza que les otorgan sus características ocultas. Es un entorno al cual -como en toda nueva realidad- los humanos comienzan a habituarse, obligados por la necesidad de conservar cierta estabilidad emocional.

Los esfuerzos estériles por contener los contagios -una situación patente en la mayoría de países- chocan de frente con la actitud resignada y progresivamente descuidada de la población. Esta, no acostumbrada a mantener las incómodas precauciones recomendadas por las autoridades sanitarias, las cuales les alejan física y emocionalmente de su entorno cotidiano y de sus seres queridos, prefieren el riesgo y olvidan las mínimas acciones capaces de contener los contagios. La mente juega la peligrosa partida del olvido cuando el miedo se hace presente. En tales circunstancias, ya queda claro cómo el esfuerzo por regresar a cierta normalidad resulta inevitable.

Un aspecto muy importante y poco atendido de la actual situación sanitaria del globo, es la salud mental. Sometida a una amenaza constante y en un estado general de ignorancia con respecto a lo implícito en este estallido viral, la población se ve orillada a buscar un nuevo marco de conducta para no perder del todo el contacto con la realidad. Si este desafío resulta duro y complicado para la población adulta, se vuelve un trastorno mucho más impactante para quienes dependen de las decisiones de otros, es decir: niñas, niños y adolescentes.

En la mayoría de países, en especial los menos desarrollados, el impacto de las oleadas de la pandemia ha dejado una fuerte cauda de actos de violencia, dirigidos de manera muy puntual contra este segmento tan vulnerable de la población. El resultado se ha visto en un incremento de delitos sexuales con el resultado de embarazos en niñas y adolescentes, aumento de las agresiones dentro del seno familiar y, sobre todo, en cifras de suicidio de jóvenes como una de las consecuencias del aislamiento y las condiciones en las cuales se debate la mayoría de núcleos familiares.

Ante este desolador panorama, los gobiernos -ya abrumados por su escasa capacidad de enfrentar el nuevo panorama sanitario- han abandonado por completo uno de los temas fundamentales: la atención prioritaria de la salud mental- por la costumbre atávica de marginarlo en sus políticas tradicionales. Atrapados en un contexto tan hostil, las nuevas generaciones no solo han perdido espacio físico para desarrollar sus distintas habilidades, sino también aquellas libertades capaces de proporcionarles un entorno más apropiado para su crecimiento social y emocional. 

Estas carencias, provocadas por una situación que sobrepasa a la capacidad de adaptación, sin duda tendrán fuertes consecuencias futuras para quienes, por su edad y su condición de vulnerabilidad, recién comienzan a asomarse a los desafíos que les esperan. Por ello, la atención enfocada a proveer un ambiente de protección para este segmento de la población, debería contar entre las prioridades de quienes deben responder por su bienestar. 

La mente tiende a olvidar cuando el miedo se hace presente.

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Violencia, un juego para niños

Hay que ingresar al mundo virtual para entender cómo se entrena a las nuevas generaciones.

Me resulta chocante el modo como se desarrollan los mal llamados “juegos virtuales”; porque es, en realidad, todo un sistema de fantasía creado por mentes retorcidas para enseñar a niños y adolescentes a afinar la puntería, a identificar las armas más letales, a perseguir a las víctimas escogidas -aquellas a quienes se eliminará de la manera más sangrienta posible- y a marcar diferencias de género en donde la masculinidad representa fuerza y poder, mientras la feminidad se ilustra con los códigos machistas de costumbre. Los juegos virtuales nos representan en esta etapa histórica de extremo subdesarrollo social y nos regocijamos de ello.

No dejo de pensar en lo afortunada que he sido al tener una hija para la cual eso nunca existió mientras crecía. Me cuesta imaginar el impacto visual y psicológico de esas imágenes para un infante que ni siquiera ha aprendido aún a atarse los zapatos. Es, sin duda, bastante inquietante observar a madres y padres orgullosos de ver a sus hijos de biberón sostener un aparato tan complejo como un teléfono inteligente para “entretenerse” descubriendo sus secretos. Un hábito que permanecerá a lo largo de la infancia, sustituyendo actividades cuyo potencial de desarrollar su creatividad, su capacidad motriz, su fantasía y su contacto con la naturaleza le brindaría acceso a un mundo lleno de posibilidades.

Quienquiera esté en contacto con el mundo virtual, ha tenido en su monitor abundantes ofertas de juegos cada cual más violento; por lo general, con mucha sangre y una abrumadora selección de técnicas y armas para eliminar a otros seres humanos. Quizás eso que nos repugna a quienes hemos conocido de cerca hasta dónde es capaz de llegar la mente humana en su afán por destruir, a niños y jóvenes en sus primeros pasos por este planeta les parezca emocionante además de ilustrativo. No parece ser suficiente la sombra trágica de la guerra, el hambre y la pérdida de valores, hay que ponerla al alcance de la niñez con el diseño más realista para acercarla, como un juego más, a su vida cotidiana.

La dedicación de quienes actúan detrás de esos sistemas virtuales para eliminar contenidos de carácter político o sexual, parece frenar en cuanto se refiere al asesinato y a la tortura. Es como si en el fondo existiera una estrategia perversa para imprimir en la mente de las nuevas generaciones un filtro anestésico frente a la destrucción de los otros. Transitar por esos pasadizos en donde se cruza toda clase de material, ese universo del cual solo conocemos una ínfima porción, posee el inmenso poder de seducir con su infinita oferta de fantasía. Si para los adultos transitar por esos sitios ricos en información resulta una tentación, es fácil deducir cómo impacta en la mente menos experimentada y mucho menos crítica de un niño o un adolescente.

La falta de cuidado al poner estos dispositivos en manos de un ser incapaz de discriminar entre lo positivo o aquello potencialmente peligroso, constituye un enorme riesgo en el proceso de desarrollo educativo y social durante los primeros años de vida. La violencia no es un juego para niños. Pero ahí es en donde se requiere una gran capacidad de reflexión para comprender nuestro papel en la construcción de un sistema de valores, en la inserción positiva de la niñez en sociedades cada vez más complejas y en la visión correcta de nuestro espacio en el mundo que nos rodea. 

La creatividad también tiene sesgo negativo, en especial si se dirige a la niñez.

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El poder de la palabra

La palabra escrita, potente herramienta capaz de transformar la realidad.

La palabra -esa breve serie de letras que da forma al pensamiento- es la base sobre la cual descansa la civilización entera.  Y así como puede construir puentes entre comunidades de diferente cultura, también convertirse en la herramienta para destruir los fundamentos de una sociedad. Para la prensa, tal y como sucede con la literatura o la poesía, la palabra es la vida misma.  Sin condiciones, sin límites más que los propios de la ética y la razón, la palabra constituye el vehículo por medio del cual se mantiene a la sociedad informada y, sobre todo, el medio para expresar las ideas y comunicarse con los demás seres humanos.

Por eso es tan peligroso cuando se utiliza como arma ofensiva para distorsionar la verdad, para inducir al engaño y como una potente herramienta de manipulación, estrategia particularmente dañina y peligrosa en sociedades sumidas en el silencio impuesto por la fuerza de las armas y el capricho de los dictadores.  Porque luego de un prolongado encierro político -casi una condena a muerte a cualquier expresión libre- cuando finalmente se comienza a vislumbrar cierto atisbo de libertad, el abuso y la distorsión del mensaje pueden levantar un muro allí donde ya se había derribado el anterior, condenando a la sociedad a un silencio aún más ominoso e injusto. 

La manipulación a través de la palabra es una afrenta contra los derechos humanos, pero también un retroceso en la ruta hacia el conocimiento y la comprensión de las fuerzas que definen a las sociedades. El imperio de la verdad, ese valor inasible cuya existencia depende de la voluntad y la ética, constituye una piedra fundamental para la construcción de un marco de derecho y justicia, justamente el hito en donde se concentran los mayores ataques contra la libertad y el respeto por los derechos humanos.

Este es un pecado de lesa humanidad de incalculables dimensiones, si se considera el daño que ocasiona a un proceso democrático, cuya solidez sólo necesita de un chispazo irresponsable para saltar hecho pedazos. La palabra parece un elemento inocuo, pero no lo es.  Penetra en la conciencia de las personas, las hace experimentar reacciones diversas, las compromete a tomar decisiones y ejecutar acciones impulsada por las ideas que transmite.  Por ello, resulta tan tentador el hecho de poseer las riendas de ese poder -desde medios de comunicación con alcance masivo o desde distintas plataformas políticas- cuya incidencia sobre la colectividad tiene la capacidad de cambiar la ruta de la historia. 

La Historia, precisamente, nos ha enseñado con particular abundancia, cómo un discurso potente y hábil posee el poder de transformar el pensamiento de todo un pueblo apelando a sus impulsos básicos, aprovechándose de sus carencias, conduciendola hacia la acción. La legitimidad de este recurso -siempre y cuando el poder de esa palabra posea un valor positivo- reside en la intención detrás de ese llamado. En tiempos pasados, tanto como en el mundo que nos rodea hoy, seguimos dependiendo de aquello que otros nos comunican. Se puede afirmar que bajo el fluir de la palabra, escrita u oral, subyace la necesidad de creer en ella. Por eso, al carecer de recursos infalibles para discriminar entre la verdad y la mentira, somos una masa maleable para quienes poseen el control de la información y la propiedad de las plataformas desde donde la transmiten al mundo. 

La fuerza del discurso incide con énfasis en el pensamiento de los pueblos.

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Las oportunidades perdidas

La acción ciudadana es el arma mas efectiva contra el abuso de autoridad.

La posibilidad de generar cambios en un sistema político, económico y social, como los imperantes actualmente en nuestros países, que avanzan de modo tan precario bajo regímenes pseudo capitalistas, incapaces de generar oportunidades de desarrollo y menos aún de beneficiar a todos los sectores de la sociedad, depende en gran medida de la voluntad de los pueblos. Si estos tomaran al toro por los cuernos con el propósito de incidir en las decisiones que les afectan de manera directa, enfrentando a los poderes que lo reprimen, otro sería el escenario. 

Sin embargo, es evidente cómo esta falta de músculo político ha sido consecuencia de una estrategia combinada de manipulación ideológica y creación de obstáculos aparentemente legales para tener acceso a información veraz y confiable; pero, sobre todo, de marcos jurídicos diseñados para elevar muros contra una participación efectiva de la población en el quehacer político y en rutas cada vez más estrechas para su propio desarrollo.

La influencia decisiva de los medios de comunicación masiva, los cuales en su inmensa mayoría se encuentran en manos de grandes consorcios empresariales estrechamente comprometidos con el poder económico, ha sido uno de los factores determinantes para alejar del debate público y de la participación partidista a sectores tan importantes  como la juventud y las mujeres, cuya acción directa tendría el potencial suficiente para cambiar el rumbo de la historia de sus pueblos. A partir de políticas hábilmente diseñadas para desinformar, manipular y, de paso, satanizar a los movimientos populares, los grandes medios también han instalado -desde tiempos inmemoriales- un acendrado odio entre clases sociales. A ello se suma el ambiente de desprestigio de la función pública, el cual socava uno de los derechos fundamentales de la sociedad, como es el involucramiento en el desarrollo de sus sistemas democráticos.

En nuestra América han sido muchas las oportunidades perdidas frente a un sistema blindado contra los cambios de fondo, cambios estructurales imprescindibles para abrir caminos de desarrollo en sociedades igualitarias y verdaderamente democráticas. A pesar de nuevas políticas en naciones con gobiernos progresistas, las raíces del mal se mantienen inamovibles: los sectores más pobres quedan apartados de la ruta del progreso, junto con quienes alimentan a todo el sistema: el sector rural y campesino, en donde confluye la mayoría de las etnias originarias de nuestro continente.

Las razones son muchas y variadas; pero sin lugar a dudas uno de los mayores obstáculos contra el ejercicio pleno de una democracia efectiva, ha sido la excesiva concentración de la riqueza en manos de un círculo cada vez más estrecho y poderoso, cuya capacidad para imponer sus intereses por encima de los de las mayorías viene amparado por una cúpula ubicua de fuertes ramificaciones en el escenario mundial. Luchar contra ese monstruo ha significado, para nuestro continente, además de golpes de Estado y establecimiento de dictaduras, la pérdida de oportunidades únicas para transformar su destino y asumir los grandes desafíos implícitos en ese movimiento trascendental. Los pasos decisivos vienen de la mano de un nuevo marco jurídico a partir de conceptos integradores, nuevos textos constitucionales y leyes sólidas que garanticen los derechos para todos, sin excepción.

La depuración de las instancias políticas es fundamental para la democracia.

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Un antiguo campo de batalla

“El problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres” Simone de Beauvoir.

En los días recientes, tres decisiones de la Corte Suprema estadounidense han delineado la ruta de un retroceso radical en cuestión de derechos, pero también la constatación de una postura reiteradamente contradictoria en cuanto la defensa de la vida y la libertad. La derogación del derecho al aborto, al eliminar la histórica decisión Roe vs Wade, de 1973, la cual consagraba esta opción como un derecho constitucional, deja a millones de mujeres estadounidenses desprotegidas y sujetas a enfrentar serios riesgos para su salud, pero sobre todo expuestas como objeto de control político bajo la pobre excusa del derecho a la vida. Esta decisión de la Corte constituye otra de las formas de violación de los cuerpos de las mujeres, semejantes a las perpetradas en cualquier escenario bélico y, para más ironía, con los mismos propósitos.

La segunda decisión de la Suprema viene a ratificar el cinismo de los grupos de extrema derecha en ese país, al anular las restricciones sobre la tenencia de armas en la vía pública en el Estado de Nueva York. Es decir, mientras por un lado se restringen los derechos de las mujeres, por otro se relajan las normas sobre uno de los derechos constitucionales más peligrosos para la vida humana. Y la tercera decisión viene a confirmar una vez más la doble moral de las altas instancias jurídicas -reflejo, claro está, de toda una tradición de fundamentalismo- abriendo la puerta para subsidiar con fondos del Estado el adoctrinamiento religioso en las escuelas, lo cual contraviene la tradicional separación entre Iglesia y Estado.

Como espejo de este regreso a un marco normativo que vulnera gravemente derechos ya consagrados, se establece de modo agresivo un retorno a las prácticas restrictivas para grupos específicos de la sociedad -mujeres y niñez- desbaratando de golpe una labor de largo aliento que ha costado muchas vidas. La violencia implícita en estas decisiones delinea un giro histórico hacia un fascismo solapado, vestido de moral. Toda decisión dirigida a eliminar derechos ya conquistados a un grupo específico de la sociedad, es una práctica inmoral y carente de verdadera sustentación jurídica, toda vez que representa un acto de discriminación.

El cuerpo de las mujeres es y ha sido siempre un antiguo campo de batalla. Destruirlo físicamente -o destruir su esencia- equivale a aniquilar una parte fundamental del tejido social. Es por ello que la lucha por los derechos de las mujeres se mantiene siempre vigente: porque jamás estarán garantizados mientras existan bajo un sistema patriarcal, de dominación económica y política, en donde su sitio no tiene sustento sólido. Esta es una realidad en cualquier sociedad, no importa cuán elevado sea su nivel de desarrollo. 

El discurso pro vida, institucionalizado con fervor por gobiernos cuyos líderes amparan los crímenes de guerra bajo la bandera de intereses corporativos, choca de frente con iniciativas destinadas a poner un cepo contra la seguridad, la vida y la libertad de más de la mitad de su población. La intromisión de las doctrinas religiosas en esta muestra escandalosa de cinismo y abuso, incluso en países cuyos textos constitucionales establecen una división estricta de sus espacios de intervención, deja muy en claro cuánto impacto tendría la plena libertad de las mujeres en un sistema capaz de reconocer sus talentos y sus valores. Este, todavía es un tema pendiente.

La plena libertad para la mujer es un tema pendiente en todas las sociedades.

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El efecto de un bicho diminuto

Privados de información precisa y confiable, la pandemia sigue avanzando.

De nada sirven las alertas cuando nuestro impulso vital es regresar a la normalidad, reunirnos con las amistades y la familia o disfrutar de las actividades culturales que habíamos dejado a un lado. Eso es precisamente lo que me ha sucedido. A pesar de haberle hecho el quite al contagio durante toda la pandemia, hasta hace un par de días comencé a experimentar los síntomas y tomé conciencia de mi descuido. Al fin, estoy viviendo sus efectos. Sin embargo y pese a las advertencias sobre la alta incidencia del contagio, reconozco cómo la falta de certeza sobre sus alcances y la escasa información constante y actualizada nos han hecho relajar las medidas de precaución de manera progresiva, como un modo de olvidar esta amenaza viral.

¿Qué sabemos con certeza sobre el diminuto virus? Al volcarnos hacia los sitios especializados y, de paso, también hacia aquellos no tan apegados a la ciencia, nos damos de narices con las contradicciones, las hipótesis, los contrastes entre quienes proponen tratamientos y quienes afirman que no sirven para nada. Al final del día estamos tan desorientados como al principio, mientras nuestro organismo se prepara para la batalla.

Este es el panorama personal, aunque depende de cada quien la manera como lo gestiona, lo cual nos enfrenta a la realidad de nuestra ignorancia sobre el tema. Pero hay otro lado de la medalla, y es el panorama en nuestros países, cuyo bajo nivel de desarrollo condena a la población a ver cómo se las apaña, sin el consuelo de una infraestructura sanitaria adecuada para cubrir las emergencias. En algunos de ellos -los más corruptos y, por ello, carentes de una plataforma seria y confiable, pero también privados de políticas públicas adecuadas- los sectores que sobreviven por debajo de la línea de la pobreza no solo están fuera de los presupuestos estatales, sino también incapacitados, por motivos estructurales, para obtener un mínimo alivio a sus problemas de salud. 

Los ejemplos abundan: gobernantes que se han llenado los bolsillos con los presupuestos para afrontar la pandemia; sistemas sanitarios incapaces de resolver el desafío de los programas de vacunación y tratamiento; y, peor aún, la ignorancia a la cual han condenado a la ciudadanía por no tener siquiera información actualizada. Con el propósito de planificar un adecuado plan de contingencia, enfrentar a la pandemia y no negar su existencia, es indispensable un esfuerzo institucional capaz de superar la voracidad de nuestros gobernantes y sus círculos de aliados. Es criminal la irresponsabilidad de quienes tienen en sus manos el poder para gestionar los mecanismos de control de la pandemia. Otro de los grandes obstáculos para conocer los verdaderos alcances de esta situación es la pobreza de medidores estadísticos, por medio de los cuales tener una idea de cómo afrontar los efectos devastadores de esta emergencia en términos de pérdida de empleos, colapso de la economía familiar, violencia doméstica -especialmente contra niñas, niños y adolescentes- y el impacto directo especialmente duro contra los sectores menos favorecidos.

Es difícil tener una idea de cómo nos afectará esta nueva ola de contagios, pero el mensaje sigue vigente: cuídense, utilicen los recursos de prevención y no confíen con tanta ligereza en la seguridad del contacto con otras personas. A mí ya me pasó la cuenta.

En el tema de salud, la responsabilidad personal es la mejor protección.

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El sutil engaño de las redes

Hemos llegado a la tecnología con un bajo nivel de entendimiento.

Las redes sociales nos tienen deslumbrados. Creemos, en nuestro estrecho margen de familiaridad con el mundo de la comunicación virtual, en una ilusión de influencia hacia un universo del cual desconocemos su magnitud, pero también su profundidad. En ese embobamiento en el cual hemos caído -por el mero hecho de tener un instrumento capaz de conectarnos con el mundo- olvidamos algo tan básico como la importancia de la acción directa y, en ese actuar, la responsabilidad que nos cabe hacia nuestro entorno inmediato.

De ese modo, lo que debería representar una participación activa en el sistema del cual formamos parte, se vuelca hacia un remedo de ejercicio ciudadano en mensajes, comunicados y protestas incorpóreas de monitor a monitor, todo lo cual muere al ritmo de nuevos mensajes, nuevos comunicados y nuevas protestas. En este flujo incesante cabe todo: desde los llamados a una acción que no se produce, hasta la ilusión de haber generado algún tipo de reacción entre quienes nos escuchan a la distancia.

En este transitar desde el sillón frente al ordenador, hemos olvidado lo más importante: y es que esas redes que tanto nos fascinan, no nos pertenecen. Son sistemas manejados desde sitios remotos por seres anónimos, altamente entrenados, divorciados por completo de nuestras ansias y preocupaciones, y muy conscientes de su poder. Esas redes, esos sistemas de alta tecnología que cruzan el mundo virtual están totalmente fuera de nuestro alcance y, por obvias razones, fuera de nuestra capacidad de ejercer sobre ellos ningún tipo de influencia.

Esto no significa alejarse de este recurso, el cual ha demostrado su enorme utilidad. Sin embargo, sí es importante tener presente que no sustituye, en ningún caso, el ejercicio ciudadano directo; aquel en cuyas acciones descansa todo el engranaje del sistema político y, por ende, nuestras débiles democracias. La presencia ciudadana nunca puede ser solamente virtual; es, no solamente física, sino también imponente, ruidosa y exigente de sus derechos. 

La capacidad humana de habituarse a distintos entornos -tal como sucede hoy con la tecnología- tiende a crear ilusiones y a perder de vista la realidad. Es imperativo comprender la urgencia de poner los pies sobre la tierra y luchar por la justicia y los derechos desde la misma plataforma desde donde se violan a diario. Esa es la enseñanza fuerte y vital desde los pueblos que, por su condición de pobreza, no tienen acceso a ese recurso tan sofisticado como discriminatorio.

La dependencia creada por estrategias de mercado agresivas y seductoras desde el mundo de la alta tecnología debe mantenerse bajo control, por su capacidad para alienarnos de nuestra realidad. La presencia en redes sociales, a la cual adjudicamos más importancia de la que corresponde, es una buena forma de comunicación, pero no el recurso mágico para generar cambios estructurales en sistemas políticos que han degenerado en abusos y corrupción. Dejarnos engañar por su dudosa efectividad es una forma de eludir un cúmulo importante de responsabilidades.

La fuerza de una ciudadanía consciente reside en su presencia, en su voz y su capacidad para imponer su autoridad, como se ha demostrado a lo largo de la Historia. Nada puede sustituir el poder de las masas cuando estas asumen la autoridad que les pertenece por derecho.

Nada puede sustituir el poder de la presencia física de una ciudadanía consciente.

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La semilla rebelde

La violencia contra los pueblos originarios solo los ha hecho más fuertes.

En toda nuestra América, pero también en el resto del mundo, el acoso y la violencia criminal en contra de comunidades autóctonas que no ceden ante la invasión de sus territorios, ha causado millones de víctimas inocentes. Esta guerra constante, herencia de las invasiones colonizadoras cuya bandera de raza y estirpe impera sin sonrojo, ha marcado en ellas, a lo largo de las generaciones, la huella de la pobreza, la desigualdad y la injusticia. En pleno siglo veintiuno podemos observar el aniquilamiento de poblados enteros e incluso macabros planes estatales destinados a apoderarse de sus tierras.

En la Amazonía, en la región de la Araucanía, o en las estepas del norte de Canadá, los habitantes llevan en su historia el sino de la persecución y la pérdida de sus diversas expresiones culturales. Pero, además, el peso de una existencia privada de los derechos ancestrales sobre los territorios que les han pertenecido. En síntesis, el colonialismo, de cuya arrogancia y desprecio por la vida están saturados los tratados de historia, permanece intacto; fortalecido por un sistema depredador capaz de anteponer las ventajas para un puñado de entidades industriales, agrícolas o comerciales, por encima de la vida de millones de seres humanos.

La constante y despiadada manipulación de la imagen pública de los pueblos originarios, inyectada en el imaginario colectivo de las clases medias gracias al trabajo minucioso de los medios de comunicación aliados con el poder, contribuye de modo rotundo en la pérdida de identidad, en la creación de estereotipos -capaces de poner una división indestructible entre sectores sociales- y en la división de una ciudadanía que termina siendo instrumentalizada con ese propósito. Sin embargo, en ellos aún persiste la semilla rebelde que los ancla a su territorio.

Este milenio, con sus crisis migratorias, sus conflictos bélicos por el dominio geopolítico y la voracidad insaciable de las multinacionales, será la prueba de fuego para innumerables comunidades indígenas que aún logran sobrevivir a pesar de las agresiones y los intentos por exterminarlas. Las estrategias varían y se desplazan desde el ataque violento -como en la región mapuche o la Amazonía brasileña- hasta esos planes de “integración” forzada la cual, en esencia, significa la destrucción del tejido social y cultural de comunidades ricas en expresiones propias.

Estamos ingresando a la etapa más dura de la guerra por el agua y los alimentos. El escenario incluye los efectos devastadores del cambio climático, por un lado, y la visión deshumanizante de la comunidad internacional sobre las poblaciones privadas de recursos, por otro. Los pueblos originarios, que alguna vez tuvieron soberanía sobre sus territorios pero fueron colonizados y expoliados por imperios que hoy se ufanan de sus riquezas, no tienen derecho a decidir sobre su futuro y menos aún sobre su presente. Los “desplazados forzosos”, esas personas obligadas a abandonar su hogar y su tierra, ya son cien millones; cien millones de seres humanos perdidos en la nada social.

Cien millones entre los cuales predominan los grupos étnicos que no encajan con el sistema capitalista y tampoco con los preceptos de los marcos teóricos de las sociedades urbanas, tan adictas al ejercicio de la discriminación y sus variadas formas de dar a cada quien su lugar, en este mundo de infinitos estratos.

Cien millones de seres humanos caminando por el mundo sin rumbo y sin futuro.

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El Juez Gálvez y su cita con la Historia

La misión de un juez guatemalteco cuyo compromiso con la justicia reta a las mafias.

La captura del Estado del Guatemala, perpetrado por las mafias en el poder, es total y pública. Los tres poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- ya han sido invadidos por quienes pretenden transformar una débil democracia en una dictadura, pero no con el propósito de gobernar, sino con la perversa intención de destruir por completo su institucionalidad en pleno. Para ello, cuenta con un sicariato organizado desde oscuras huestes militares y empresariales, cuyo empeño consiste en revivir los violentos tiempos que llevaron a ese país al conflicto armado interno que duró más de 36 años.

Las amenazas contra quienes todavía intentan detener esa debacle, cruzan todos los espacios públicos con un absoluto descaro; y los atentados contra la vida de operadores de justicia, periodistas, activistas sociales y organizaciones civiles son parte de un nuevo orden de cosas. Como consecuencia inmediata está el exilio de muchos de ellos, obligados a abandonar su hogar y su país para salvar su vida.

En medio del caos, el honorable juez Miguel Ángel Gálvez se ha transformado en uno de los últimos bastiones del estado de Derecho en Guatemala. Armado con su sólido conocimiento de las leyes, una rectitud a toda prueba y un profundo compromiso con la justicia, enfrenta algunos de los procesos de mayor impacto de los últimos años. Entre ellos, los dolorosos casos de las mujeres indígenas violadas en Sepur Zarco y del Diario Militar -el archivo de la muerte con las fichas de miles de detenidos, desaparecidos y asesinados entre 1983 y 1985- los cuales involucran a ex miembros del Ejército y constituyen estremecedoras evidencias de los horrendos crímenes cometidos por el Estado con la complicidad de la cúpula empresarial, ante el silencio de la comunidad internacional.

El hecho de ligar a proceso a un grupo importante de ex militares de alta graduación representa un acto de valentía extrema en un país invadido por las mafias en todas sus instancias, pero especialmente en aquellas como el Ministerio Público y las Cortes de justicia, desde donde se apaña la corrupción y la impunidad. Esto ha significado la condena a muerte -hecha pública por uno de los allegados al poder- para un juez íntegro como Miguel Ángel Gálvez, así como significó el exilio de operadores de justicia cuyo impecable desempeño puso en evidencia a las redes de corrupción que socavan al estado de Derecho.

La pérdida de las bases institucionales no ha sido totalmente evaluada por la ciudadanía. Si los sectores de mayor poder y los estratos urbanos de clase media creen que con la impunidad y la vía libre para perpetrar toda clase de actos de corrupción el país puede sobrevivir, están equivocados. Las últimas dos administraciones rompieron récord y acabaron con cualquier posibilidad de retorno de la democracia. 

Lo que ahora corresponde es una rotunda reacción ciudadana ante semejante pérdida. Acompañar al honorable juez Miguel Ángel Gálvez es un deber ciudadano. Este Quijote de la justicia ha tenido más de una cita con la Historia durante el desempeño de su difícil labor como jurista, dejando la marca indeleble de la honorabilidad, la ética y el amor por el país. Para Guatemala, la posibilidad de su exilio sería como cerrar el último capítulo, declarar oficialmente la muerte del Estado y entregar así todo el mando a sus peores enemigos.

El honor reside en el compromiso, la ética y la convicción de hacer lo correcto.

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La brevedad de la vida

Lo que las estadísticas no muestran: los efectos duraderos de la pobreza extrema.

América Latina es un continente rico. Eso lo sabemos cuando los medios nos enseñan la prosperidad de los más poderosos y del modo mañosamente legalizado como se apropian de aquellos recursos vitales -como el agua, las tierras y los minerales- para explotarlos y construir sus grandes imperios. Todo ello, sostenido por la dependencia económica de los sectores más necesitados. Los gobiernos, por su parte, son sus aliados incondicionales al haberse apoderado de los centros de control político gracias a leyes casuísticas en las cuales no figuran límites al financiamiento de sus campañas ni a la manipulación de la justicia. Agazapadas en la oscuridad, las organizaciones criminales se benefician de este singular sistema.

En estos paraísos de corrupción, los más afectados son los niños, niñas y adolescentes cuya existencia no marca prioridades en las agendas políticas. Utilizados como instrumento emocional en las propuestas electorales, son relegados al último lugar de los programas gubernamentales porque, obviamente, no tienen voz ni voto como miembros de la sociedad. Este abandono tiene consecuencias de largo plazo; una de ellas es cómo miles de niños y niñas, condenados a la desnutrición, a la pérdida de sus capacidades físicas y mentales, a la violencia derivada de sus entornos de miseria, son expuestos a una vida breve.  Además de aquellos que perecen por falta de nutrientes, hay muchos más quienes, como resultado de esa condición, terminan sirviendo de mano de obra barata sin posibilidad alguna de progresar en la vida.

La respuesta a una cuestión tan obvia la tiene el sistema político y la manera como se administra el Estado. La perspectiva, desde los estamentos políticos, no ha alcanzado la madurez suficiente para consolidar políticas públicas fundamentales y presenta fuertes deficiencias en su visión humanitaria o como quiera se le llame al más elemental sentido de responsabilidad con respecto de las obligaciones hacia la población más necesitada de ayuda. Por lo general, el típico discurso político sobre la desnutrición infantil se reduce a enseñar cifras y a mostrar satisfacción si el porcentaje es uno o dos puntos menor que el año anterior; así, el hecho de señalar avances insignificantes les parece un éxito aún cuando el número de niños muertos no tenga visos de desaparecer.  

Se supone que luego de tantos estudios elaborados por los organismos internacionales, las secretarías, las comisiones y los expertos contratados para ejecutar los planes, a estas alturas podría existir programas bien estructurados de tolerancia cero contra la desnutrición crónica a nivel continental, así como asignaciones eficaces y transparentes de recursos con acciones orientadas hacia mejorar políticas de desarrollo sostenible en las áreas de mayor incidencia. 

Los parámetros de desarrollo -en países con riquezas tan enormes como sus sectores de pobreza- deberían estar sustentados en indicadores válidos y técnicamente correctos sobre políticas para erradicar la desnutrición crónica infantil. Para ello, los programas de asistencia alimentaria deben independizarse de las estrategias propagandísticas gubernamentales y funcionar de manera conjunta con organizaciones de la sociedad civil que les sirvan de aval. La sociedad, si se involucra y desecha sus prejuicios, sería capaz de cambiar esta atroz realidad de la infancia. 

El hambre no es una maldición, es producto de la corrupción de los gobernantes.

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La mujer marcada

La intolerancia religiosa impuesta a las mayorías asemeja otra forma de fascismo.

La condena a 30 años de prisión contra una mujer salvadoreña por un aborto involuntario, revela de modo explícito el profundo desprecio de un Estado -bajo régimen dictatorial- por los derechos de una parte mayoritaria de su población. El solo hecho de marcar una administración con el sello del autoritarismo extremo, persiguiendo a los jóvenes y castigando a las mujeres, constituye una peligrosa señal para otras naciones latinoamericanas que siguen esa tendencia.

En nuestro continente, el tema del aborto ha ido imponiéndose en las agendas como un modo de rescatar los derechos de las mujeres, tradicionalmente sometidos a la imposición machista e intolerante de las instituciones eclesiásticas y legislativas. Pero, sobre todo, como un intento de colocar el tema en la agenda de salud pública que le corresponde, en países en donde supuestamente existe separación entre iglesia y Estado. Sin embargo, el poder inquisitorial de estos sectores ha permeado en otras instancias y va dejando su huella en un debate ciego, según el cual ninguna mujer es dueña de su vida ni de su cuerpo. 

Foto: Niña con globos, de Linda Forsell

Ya lo afirmó hace tiempo el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, quien aseveró en un documento oficial que: “Es una aberración y una ignorancia culpable, afirmar que la mujer es dueña de su cuerpo y que se puede deshacer del feto que lleva en su seno. Este no es responsable de los deslices de la madre”. Con ello, el obispo Arizmendi automáticamente asume varios conceptos, dándoles el carácter de válidos e irrebatibles.  El primero, es que la mujer no es dueña de su cuerpo. De ese modo, el religioso legitima toda política de sometimiento de la mujer como sujeto de la sociedad a un papel subordinado, negándole por principio su derecho al libre albedrío y al goce de todos los derechos inherentes al ser humano sin distinción de sexo, raza ni condición social. Y luego, que el embarazo es producto de un “desliz”.

El debate sobre la despenalización del aborto, por tanto, polariza a las sociedades por el poder emanado de los púlpitos, estableciendo un vínculo estrecho entre las doctrinas religiosas y las leyes que rigen a las sociedades desde sus textos constitucionales. De este modo, se pretende establecer de manera tajante la condición subordinada de la mujer como ente reproductor, sin mayores derechos sobre su propia existencia como ser humano.

Uno de los pretextos para condenar el aborto es calificarlo como una “solución fácil”, para eliminar los resultados de una vida de excesos, o como un método de control de la natalidad, pasando un conveniente borrador por las escandalosas cifras de pedofilia, violaciones sexuales de niñas, adolescentes y mujeres, víctimas de trata y de otras formas de violencia. Tampoco parece tener un espacio, en las reflexiones de los sectores más conservadores, la escandalosa cifra de abortos inseguros en Latinoamérica, que según la OMS alcanzan a 3 millones 700 mil cada año. 

La negación del derecho de la mujer sobre su cuerpo es un tema antiguo y de enorme impacto social. Unos de sus más reveladores capítulos fueron los ensayos sobre reproducción obligatoria con el propósito de “perfeccionar” la raza, perpetrados contra víctimas inocentes durante el régimen nazi en Alemania. Pero no son los únicos. La postura radical y absoluta contra la práctica del aborto -sin distinción de causales- en algunos de nuestros Estados, no se aleja mucho de esa imposición, también ella dictada bajo el amparo de la ley.

La separación entre Iglesia y Estado es una condición fundamental en la democracia.

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La cultura del olvido

El cerebro humano posee un mecanismo capaz de eliminar el recuerdo del dolor.

Durante el transcurso de los años, los acontecimientos más decisivos de la historia de la Humanidad van adquiriendo el tinte sepia de las viejas fotografías. Se transforman poco a poco en leyendas o, en el mejor de los casos, en acontecimientos aislados a los cuales se ha desprovisto de su impacto en la realidad actual. Así es como se los enseña en las clases de historia, quizá con el propósito de aislarlos en una cápsula de tiempo para esterilizar su trascendencia. 

Sin embargo, esos hitos representan momentos en los cuales la ruta se ha torcido para marcar un camino nuevo, aunque no siempre mejor. En la medida como las sociedades avanzan presionadas por los desafíos de la supervivencia, sus momentos de dolor y de pérdida van quedando rezagados en una bruma propicia para el olvido, lo cual representa el enorme riesgo de repetir el ciclo una y otra vez abandonando, a lo largo de esa huella, los sueños y ambiciones de crear sociedades más justas y humanas. Es la cultura del olvido, una enfermedad colectiva que, como un virus maldito nos ha condicionado a dejar atrás las lecciones más valiosas.

Una de las consecuencias de este fenómeno colectivo es el rebrote de movimientos marcados por el racismo y la violencia fascista en países que experimentaron lo peor del nazismo durante las mayores y mas crueles cacerías humanas de la historia, pero también extendidos al resto del planeta. Es un ejercicio de poder y perversión cuyo germen pareciera estar presente en el núcleo mismo de la especie humana, tal y como se manifiesta en otras cacerías, perpetradas bajo unas reglas que segmentan a las comunidades entre quienes poseen el derecho de vivir y quienes han de ser exterminados.

Un proceso similar se produce frente al agotamiento de los recursos, la destrucción de los ecosistemas y la mortal indiferencia de quienes tienen el poder de intervenir para cambiar el curso de los hechos. Las comunidades humanas -parte del problema y también de la solución- solo observan, con actitud escéptica y conformista, cómo se destruye su mundo. Las evidencias sobre la extinción de especies, consecuencia del afán de riqueza y poder, van de la mano con las imágenes de civiles -convertidos en “daños colaterales” en medio de ataques bélicos de enorme magnitud- cuyo único propósito es el control económico y geopolítico para quienes tienen el poder.

Los mecanismos de eliminación de la memoria se activan en cuanto la realidad comienza a estorbar nuestro pequeño mundo cotidiano y a causarnos molestias en la conciencia. Es la manera de sacudir de nuestra mente algo sobre lo cual no tenemos modo de incidir; es el mecanismo del cangrejo que busca una concha vacía en la playa para esconderse de sus depredadores y seguir adelante con su vida. El problema es que no tenemos un refugio para protegernos de la destrucción de esos elusivos marcos de convivencia en los cuales hemos basado nuestra confianza. Entre ellos, la idea purificada y abstracta del significado de democracia.

En la ruta del olvido y la conformidad hemos terminado por abandonar nuestro papel activo como miembros de sociedades organizadas. Nos han cambiado las reglas del juego y seguimos jugando sin conocer los trucos del adversario, porque tampoco sabemos quién es. Como el cangrejo, buscamos el refugio precario en el olvido. Y, como el cangrejo, nos creemos inmunes al ojo entrenado de los depredadores que nos rodean.

   Estamos expuestos a los efectos del pasado cada vez que intentamos olvidarlo.

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