Los hijos de la guerra

Somos herederos de un sistema violento y deshumanizante del cual ignoramos casi todo.

La gran contradicción de nuestros tiempos es cómo, a pesar de la globalización, el acceso a la información y a los sistemas de comunicación eficientes y accesibles, los pueblos se encierran en la protección de su entorno cotidiano y, de manera progresiva y con profundo escepticismo, van perdiendo la capacidad de reflexión y análisis. Quizá esta es una de las consecuencias de la degradación ética y moral de las organizaciones políticas, pero sobre todo es resultado de las estrategias de inteligencia impuestas desde el extranjero, cuyo objetivo es entorpecer la participación popular en decisiones que le competen y centralizar estas en función de otros intereses. 

Desde siglo pasado, la eliminación de líderes carismáticos y comprometidos con el desarrollo de sus pueblos fue ganando impulso en los países latinoamericanos al extremo de cercenar los movimientos populares, abriendo paso a las más crueles dictaduras y obstaculizando cualquier intento de independencia de nuestros países. Al mismo tiempo, y mientras el imperio estadounidense daba un golpe de puño sobre la mesa para imponer sus intereses y los de sus consorcios, los gobernantes corruptos recibían prebendas y se les abrían las bóvedas de los bancos del primer mundo para depositar en ellas la riqueza de los pueblos.

La capacidad ciudadana para intervenir en la toma de decisiones trascendentales, de las cuales depende su presente y su futuro, fue derivando en una peligrosa apatía que permitió el traspaso de bienes públicos hacia grupos empresariales que se enriquecieron de manera grotesca con su explotación. De ese modo, se consolidaron tanto la debilidad de los Estados como el poder de los grupos económicos, favorecidos gracias a su influencia en los ámbitos político y judicial. A partir de ello, todas las políticas públicas se asociaron al nuevo sistema y, bajo la consigna de un nuevo modo de concebir el desarrollo –un neoliberalismo tropicalizado- perdieron terreno la educación, los sistemas de salud pública y las iniciativas de protección del territorio y sus riquezas.

Este nuevo modelo ha intentado apagar –con métodos violentos y también solapados- la chispa de resistencia que todavía brilla en algunos pueblos del continente. Muchos de los gobiernos, instalados en el poder por obra y gracia de los fondos recibidos de quienes se han beneficiado de la corrupción y del crimen organizado, han regido a nuestros países de manera ilegítima aunque legal –gracias a la manipulación legislativa- y han terminado por degradar hasta la idea misma de una democracia real, participativa e incluyente.

Somos hijos de la guerra. De una guerra cruel y solapada que ha condenado a las dos terceras partes de la población de nuestro continente a una miseria injusta, a la desnutrición crónica y a la pérdida de su dignidad humana. Esta masacre lenta y progresiva se ha perpetrado gracias a la eliminación física y moral de los verdaderos líderes populares; de aquellos hombres y mujeres que han puesto el pecho ante las balas y no han retrocedido ante las tácticas de desinformación y desprestigio elaboradas y divulgadas por quienes se han apropiado de nuestras tierras y de nuestras vidas. 

Los discursos populistas de las campañas que hoy culminan con elecciones de nuevos líderes en algunos países del continente no han cambiado en más de un siglo: son los cantos de sirena de un sistema deshumanizado cuyo poder se consolida a pasos agigantados, confiado en la certeza de que a la ciudadanía le han quitado todo: el último aliento de esperanza y el último arresto de rebeldía.  

El discurso populista no ha cambiado: es la mentira institucionalizada.

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El plan de gobierno

A estas alturas, es preciso comprender que los gobernantes tienen planes definidos.

Acorralar a la población como hace el presidente guatemalteco, y crear un caos artificial en la administración de las pocas vacunas disponibles porque, pese a tener los recursos, el Estado ha sido incapaz de proveerse, no parece ser un mal manejo de la situación sino una hábil estrategia, diseñada para permitir al gobernante seguir enriqueciéndose a costa de la vida de sus conciudadanos y, de paso, pagar la deuda a los financistas de su campaña. En días recientes se han visto las imágenes de cientos de adultos mayores haciendo fila durante más de 6 u 8 horas, bajo un frío intenso, para tener acceso a la primera dosis. Frustrados y dolidos por semejante trato, muchos han regresado a su hogar sin vacuna y sin explicación.

Estas imágenes han impactado a la sociedad –aunque todavía no la motivan a reaccionar ante semejante abuso- pero sí la convencen de la supuesta ineficacia del Estado en el desarrollo de los planes de vacunación presentados por el ministerio de Salud de ese país. Sin embargo, piensa mal y acertarás: el verdadero objetivo del caos es allanar el terreno para permitir la administración de las vacunas desde el sector privado, cuyos más conspicuos representantes ya se restriegan las manos viendo cómo se hace posible ese próspero negocio. 

El presidente ha sido, en sus 14 meses de gobierno, un ejemplo vivo de la más abyecta sumisión ante el sector empresarial organizado, desde donde se delinean los caminos más tortuosos para convertir al país en un despojo institucional, carente de certeza jurídica y en manos de una burocracia improvisada y corrupta. Con la pandemia en pleno desarrollo y sin salvaguardas sanitarias ni de apoyo a los sectores más afectados, resulta inconcebible la permanencia del mandatario en un puesto de tanta responsabilidad. Sus acciones durante el año transcurrido han revelado su total desconexión con la realidad nacional, pero sobre todo su férreo compromiso con quienes continúan, desde tiempos de la Colonia, apoderándose de todas las riquezas nacionales. 

Sin embargo, no ha sido el único en hacer todo lo posible por regalarle los recursos estatales al sector privado. Esa clase de saqueo ya se había perpetrado con éxito, privatizando cuanto servicio público quisieran los empresarios: la línea aérea, la telefonía, la distribución de energía, la banca estatal, el ferrocarril… Todos estos recursos –o por lo menos aquellos que sobrevivieron- pasaron de la “ineficiencia estatal” a una prestación de servicio cara, poco eficiente y monopólica, la cual tampoco significó un beneficio para la población. 

Adjudicar a la administración actual todos los problemas que afectan a la ciudadanía no es totalmente justo. En Guatemala, la secuencia de gobernantes ha sido fatal desde el regreso al sistema democrático; y las trampas legislativas -con la ley electoral y de partidos políticos a la cabeza- han impedido de manera solapada y certera la participación política desde las bases mismas de la sociedad. Gracias a leyes casuísticas, cada cuatro años es posible observar la feria de oportunidades para individuos mediocres, pero cargados de recursos provistos por el empresariado organizado y, recientemente, también por las organizaciones criminales (narcotráfico, contrabando y tráfico de personas), quienes gobiernan desde las sombras.

Esta es la realidad de un Estado fallido. Por eso, cuando se imprime en la conciencia colectiva la farsa de la “ineficiencia del Estado” y se pavimenta de ese modo el camino para mayor enriquecimiento de las castas económicas, se apuñala una vez más a esa población cautiva de la mentira y del despojo.

La repetición de la mentira acaba por convencer al pueblo.

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