Month: February 2022

Nada es tan inquietante como el hecho de ignorarlo todo.

“Aprendeher la realidad sumergiéndose de lleno en ella” era el lema de Ryszard Kapuscinski, el gran reportero polaco cuyo paso por este planeta dejó huellas profundas en el periodismo y en la manera de comprender al mundo. Su trayectoria, impecable y cargada de valores humanos, viene a recordarnos una vez más la existencia de una vocación imprescindible: un periodismo en cuyo ejercicio deben primar el compromiso, la verdad y la sensibilidad ante la tragedia de los pueblos sometidos a la violencia incomprensible de la guerra.

Para Kapuscinski, el secreto reside en prestar atención a las pequeñas cosas, porque en ellas reside el secreto mismo de la vida. Asimismo, asumir sin restricciones un voto de honestidad para evitar caer en la sobre dimensión del ego y así mantener los pies bien asentados sobre la tierra, porque no somos más que transmisores de la palabra de los más necesitados, los más vulnerables y quienes experimentan, de primera mano, la crueldad de los poderosos.

Por eso es importante recordarlo ahora, cuando el mundo observa otro enfrentamiento entre potencias frente a los medios internacionales, como un conejo alucinado por los faros de un automóvil, olvidando otras agresiones todavía más cruentas, en donde también hay seres humanos aplastados por la violencia de otras guerras y otros conflictos geopolíticos o territoriales tan injustos como prolongados.

Kapuscinski nos habló de ética y de valores, pero el periodismo ha tomado la ruta de la conveniencia y el bienestar económico de sus propietarios. Hoy tenemos cadenas bajo la batuta de conglomerados empresariales desde donde se manejan los hilos de la política y las presiones de las grandes potencias y de grupos de interés. Los pueblos han quedado solos y sus tragedias se reflejan en las pantallas como parte de una realidad inevitable de la cual podemos desprendernos con solo cambiar de canal.

El modelo de reportaje periodístico apegado a los hechos y, sobre todo, sumergido hasta el fondo en la realidad de quienes no tiene voz, debe ser la norma y no la excepción, como sucede en nuestros días. Es una profesión sobre la cual se asientan valores tan fundamentales como el respeto por los derechos humanos, la democracia, la justicia y la búsqueda exhaustiva de la verdad. Por ello no es sorprendente constatar el temor de los gobernantes ante comunicadores valientes, contra quienes apelan al recurso de la amenaza, la extorsión y, como sucede alrededor del mundo, el secuestro y la muerte.  

Frente al actual conflicto en Ucrania, exhibido ante el mundo como si se tratase de una serie de televisión, hemos de comprender hasta qué punto una amenaza de guerra es capaz de transformar la vida de millones de personas en una antesala al infierno, trastornando sus hábitos de vida, comprometiendo su capacidad de supervivencia, destruyendo su entorno y privándoles de derechos. Para quienes lo vemos a la distancia es un fenómeno incomprensible y, por ello, reporteros conscientes de su papel y capaces de ejercerlo con independencia, resultan imprescindibles para aprehender esa realidad en toda su dimensión.

El mundo es más pequeño de lo que quisiéramos creer y las repercusiones derivadas de cualquier agresión armada -las cuales representan un negocio próspero para las grandes potencias- fácilmente pueden llegar a nuestras puertas. ¿Qué diría Kapuscinski?

La ética en el periodismo es una obligación, no un gesto amable.

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Mientras el gobierno de Giammattei asfixia a la justicia, el imperio calla.

La red tejida por el Pacto de Corruptos es fuerte y compacta; sus operadores -sector político, cúpula empresarial, Ejército, sistema judicial y organizaciones criminales- actúan en estrecha coordinación con el propósito de ahogar cualquier intento de restablecer el estado de Derecho en Guatemala. Para ello cuentan con el silencio de una ciudadanía temerosa, una red de medios de comunicación vendidos a sus intereses y la pasiva anuencia de colegios profesionales y universidades.

En la galería, observando el espectáculo, se encuentran el Departamento de Estado, la Organización de Estados Americanos y, por supuesto, la Organización de las Naciones Unidas con su principal operador, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, cuyo representante en ese país no ha pasado de ser otra más de las presencias diplomáticas carentes de incidencia. Esta última institución, entre cuyos objetivos están “erradicar la pobreza y reducir la desigualdad”, ha sido incapaz de imponer su misión en el país más corrupto y empobrecido del continente. 

La asfixia del sistema jurídico es una amenaza a la democracia, pero también a la vida de sus mejores operadores y se ha transformado en un espectáculo penoso y descarado del Pacto de Corruptos liderado por el Presidente y sus acólitos. Con casi una veintena de operadores de justicia en el exilio por haberse atrevido a investigar y procesar los escandalosos casos de corrupción; y con periodistas e investigadores éticos amenazados por revelar los detalles de sus delitos, Guatemala se ha instalado en el poco honorable sitial de las democracias en vías de extinción.

Sin embargo, esto que sucede en el ámbito doméstico tiene un impacto importante a nivel regional. Si Estados Unidos y la ONU, como uno de los organismos en los cuales posee una influencia de primer nivel, no parecen interesados en apoyar los esfuerzos locales por restablecer el estado de Derecho, la sospecha se centra en intereses mucho más relevantes, como conservar a Guatemala entre el grupo de naciones sometidas a sus políticas neoliberales. El temor, en esas instancias de poder, es la perspectiva de que finalmente en Centroamérica se instale otro gobierno popular, tal como ha sucedido en Honduras y, para evitarlo, no les quita el sueño la destrucción de su institucionalidad. 

La traición de quien se considera el epítome de la libertad y la democracia en el mundo nada tiene que ver con libertad ni democracia. Todo lo contrario, se asienta firmemente en un liderazgo geopolítico y económico en el cual los derechos humanos y el bienestar de los pueblos no tienen cabida. Menos aún les preocupa la cooptación de la justicia y la persecución y criminalización de sus mejores jueces, fiscales y comunicadores sociales. 

La lucha, por lo tanto, ha de ser interna y sin cuartel. La guerra contra la justicia no solo se libra en las Cortes, sino en todas las instancias políticas, económicas e institucionales y su podredumbre abarca cualquier ámbito de la sociedad. Los espacios de decisión -Cortes, Congreso e instituciones del Estado- han sido tomados a la fuerza por un grupo criminal cuyo poder se consolida gracias al silencio de una ciudadanía orillada a contemplar cómo saquean su patrimonio y acaban con sus recursos. Todo depende de la respuesta del pueblo y de cuánto tarde en reaccionar ante este proyecto de dictadura.

El futuro de Guatemala solo depende de una positiva respuesta ciudadana.

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Sentada en la cuneta en esa noche helada, esperé al siguiente remezón.

Eran las 3 de la madrugada del 4 de febrero de 1976, cuando me despertó la primera sacudida violenta. Algo me indicó que no era uno de esos temblores que pasan sin consecuencias; esa sensación me despejó de golpe. Mi hija, de 7 años, dormía en la habitación de al lado, con su cama junto a un enorme ventanal de vidrio, de suelo a techo; mi primer pensamiento fue correr a sacarla de inmediato. Intenté entrar en su dormitorio pero el suelo se sacudía de tal manera que me impedía avanzar. Nunca tuve tanto miedo. Solo recuerdo haber salido finalmente con ella sin haber rodado por las escaleras y alcanzar la calle en medio de la incertidumbre y el pánico.

El muro de adobe que rodeaba el jardín vecino se desplomó con el segundo remezón, invadiendo el aire con una nube de polvo amarillento que quedó suspendida durante largo rato, convirtiendo el espacio en un escenario de pesadilla. Poco imaginábamos en esos primeros momentos el alcance de la tragedia que sumiría a Guatemala en un profundo duelo durante largo tiempo. Fueron miles las víctimas y más de un millón de familias perdieron su hogar en una peores catástrofes del continente.

De eso, han pasado ya 46 años, y cada vez que sucede un evento similar en algún punto de este continente, el cual se encuentra posado sobre una red activa de importantes fallas geológicas y sembrado de volcanes igualmente activos, cuesta comprender por qué, ante tal cúmulo de amenazas naturales, todavía se producen tragedias evitables. Es cuando tenemos la obligación de dudar de la capacidad de los gobernantes para dirigir las políticas públicas en países tan vulnerables a los eventos naturales y a los efectos del cambio climático, dada la criminal ausencia de controles y medidas de prevención, para las cuales cada año se escatiman recursos. Esta es una realidad cruda y puntual y demuestra la escasa atención general sobre la importancia de la vida y el establecimiento de normas para protegerla. 

Aun cuando la amenaza de una catástrofe se encuentra latente en la mayoría de nuestros países, del mismo modo puede apreciarse la escasa información sobre medidas de prevención en escuelas, colegios, instituciones y empresas, la falta de señalética en edificios públicos y privados y la razonable duda de si se construyeron respetando a cabalidad los códigos y normas de construcción. ¿Cuántos cines, restaurantes, discotecas y centros comerciales poseen sistemas de alerta o salidas de emergencia accesibles y bien identificadas? ¿Existe algún mapa de riesgo a nivel nacional, utilizado como herramienta de planificación urbana o vial? ¿Están conscientes las autoridades de la necesidad de fortalecer a las instituciones de socorro?

Recuerdo el terremoto devastador de Guatemala como si hubiera sido ayer. Me veo sentada en la cuneta frente a la casa en donde vivía, combatiendo el frío de la madrugada con una botella de ron y el miedo constante a una devastación que, dadas las condiciones precarias de la mayoría de la población, sería dantesca.

La naturaleza dinámica de nuestro continente no perdona. Conscientes de vivir sobre un territorio inestable, es imperativo y urgente establecer la institucionalización de modernos sistemas de prevención, educar a la población sobre conductas y procedimientos de seguridad y, por encima de todo, fiscalizar el proceder de las autoridades en cuanto al respeto de normas de construcción y ordenamiento urbano. La vida es primero.

La seguridad de la ciudadanía depende de autoridades honestas y transparentes.

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Hemos sido condicionados para creer, no para ejercitar la reflexión.

La mayoría de las acciones proyectadas desde cualquier ámbito de autoridad de nuestro entorno social, nos obligan a aceptar mitos, pensamientos o decisiones basadas en una verdad sobre la cual, por lo general, no tenemos constancia. La manera como se nos entrena desde la infancia para recibir instrucciones y modelar nuestros pensamientos y creencias de acuerdo con preceptos supuestamente inamovibles y correctos, va dejando su impronta en el transcurso de nuestro paso por distintas etapas de la vida. Es así como nos convertimos en parte de una comunidad, cuya característica principal es la coincidencia de valores, normas y una concepción determinada de la verdad. Todo lo cual, implica la aceptación tácita de su condición como fundamento de aquello en lo que basamos nuestra conducta.

La fuerza derivada de una posición de autoridad, en los sistemas imperfectos de sociedades como las nuestras, entrañan enormes peligros. Uno de ellos es la confusa relación entre distintos centros de poder -político, religioso, económico- cuyas escalas de valores se encuentran distorsionadas y sujetas a una concepción de sus objetivos y sus postulados ajena al interés y al bienestar de sus pueblos. Es así como, en pleno siglo de la tecnología y las ciencias, el poder se apoya en el progresivo debilitamiento de las capacidades intelectuales, físicas y psicológicas de las sociedades desde las cuales se alimenta su fuerza.

Desde tiempos remotos, las autoridades del ámbito espiritual -cuyo imperio se considera indiscutible- invocan la sumisión y la obediencia ciegas a preceptos asociados con otros estamentos de poder, como apoyo incondicional a sistemas verticales de discriminación, explotación e injusticia; y, para ello, apelan a la capacidad humana de aceptar la inconmensurable fuerza de la fe como parapeto contra la fuerza de la razón. Del miedo a lo desconocido y la aceptación de la pobreza como inevitable condena divina, las estrategias concebidas desde las naciones más poderosas consiguen invadir los espacios espirituales de países del tercer y cuarto mundos. Estrategias cuya efectividad ha consistido en la sumisión de los más pobres en recursos intelectuales, económicos e ideológicos, con el objetivo de mantener un estatus establecido desde los poderes político y económico.

El debilitamiento progresivo de las políticas públicas en el ámbito educativo es una de las formas más perversas de un Estado para someter a la población a una incapacidad de análisis y reflexión provocada a propósito; estas valiosas herramientas intelectuales son consideradas, desde los centros de poder, como una amenaza a cualquier proyecto de gobernanza. De ahí la dicotomía existente entre los postulados políticos y la realidad de las gestiones gubernamentales en la mayoría de países en desarrollo. Como apoyo a ese debilitamiento de la fuerza popular, se instaura de manera paralela una serie de obstáculos al acceso a la salud, a la alimentación y a sus capacidades para gestionar organizaciones comunitarias. 

La fe suele definirse como aceptación en una creencia, como una convicción que admite lo absoluto. Mientras, la razón se funda en la evidencia. La deformación de los fundamentos que dan sentido a la fe, tal y como se ha evidenciado a lo largo de la historia y, recientemente, de la crisis sanitaria que experimenta el mundo, constituyen una evidencia de los profundos alcances de la manipulación y el engaño ejercido desde esos ámbitos de poder en contra de la razón y el interés público. 

Así como se deforma el concepto de verdad desde el discurso político, escondido tras el sermón religioso, de igual modo se compromete el derecho a la salud y a la vida de millones de seres humanos, cuya carencia endémica de recursos de análisis y reflexión la condenan a aceptar como ciertos los conceptos vertidos desde los ámbitos de autoridad. Por eso, nuestras supuestas democracias nacen desprovistas de la fuerza necesaria para consolidarse y por eso, también, los más pobres se enfrentan a una realidad en donde la fe se confunde con la más injusta resignación.

Los pueblos se debaten entre las esperanzas vanas y las realidades crudas.

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