Month: March 2016

El modelo de vida de muchos es diseñado para beneficio de pocos /

Estuve en Francia poco después de la revolución organizada en mayo del 68 por grupos estudiantiles de protesta contra la sociedad de consumo, la cual arrojó a las calles de París a una de las manifestaciones multitudinarias más grandes de Francia y quizá también en la historia de Europa occidental. Allí me tocó vivir de cerca la resaca de una huelga general secundada por unos 9 millones de trabajadores en todo el país.

En los años siguientes y como respuesta a la impactante provocación de la juventud y los sindicatos contra un sistema orientado a beneficiar a las cúpulas industriales y financieras, el gobierno francés estrechó sus métodos de vigilancia ciudadana en las calles, en donde se comenzaron a exigir los documentos de identidad con especial dedicatoria a quienes pudieran haber protagonizado esas revueltas callejeras.

En esos días se produjo un cambio fundamental en la visión del desarrollo y de la libertad individual, que aún perdura. La marea provocada por los jóvenes franceses se extendió con fuerza hacia América Latina, en donde solo faltaba la chispa para encender a una juventud cuya visión del futuro no coincidía con la de sus gobernantes, ni con los marcos valóricos en los cuales se debatían sin encontrar respuesta a sus demandas ni perspectiva a sus sueños.

Viendo el panorama en retrospectiva y los sistemas bien atornillados del capitalismo y la economía de mercado que rigen actualmente la mayoría de países del hemisferio, las revueltas de París adoptan el tono surrealista de sueños no alcanzados y quimeras absurdas por su alcance poético. La libertad, esgrimida como una bandera primordial, se ha convertido hoy en la mayor amenaza contra un sistema en el cual no caben las manifestaciones individualistas.

En un capitalismo cuya consigna ha sido el rechazo al comunismo uniformador de las aspiraciones humanas, se ha impuesto el modelo uniformador de las aspiraciones humanas a través de marcos educativos diseñados para responder a las necesidades productivas de los grandes consorcios industriales y financieros. La creatividad, por ende, se prodiga poco y solo en grupos selectos, apartados de una masa cada día más privada de medios de desarrollo.

El más significativo educador del siglo XX, Paulo Freire, lo expresa claramente cuando afirma que la pedagogía debe constituir una forma de diálogo y aprendizaje constantes, en un marco de libertad creadora. Lo contrario sucede en los actuales sistemas educativos, en donde el alumno es un recipiente en donde se van acumulando ideas y conceptos, sin mayores posibilidades de generar nuevas líneas de pensamiento que no sean las propuestas por el sistema.

Entonces se llega a la situación de la mayoría de nuestros países, fincados en los preceptos del beneficio económico por medio del desarrollo de los grandes capitales sobre la sumisión de los grupos menos privilegiados, entre cuyas filas están quienes sostienen todo el edificio. En la actualidad, exceptuando a los sectores más pobres y los más ricos, muchos de estos trabajadores son jóvenes surgidos de aulas universitarias y cargados de títulos y sueños, pero condenados a efectuar trabajos rutinarios y mecánicos en los cuales no se requiere más que disciplina y una formación básica para ejecutarlos correctamente.

No solo el sistema educativo requiere una revisión tomando en cuenta la libertad y el potencial individual. También se necesita la liberación de las estructuras institucionales, cuyos modelos responden a objetivos ajenos al bien común.

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@carvasar

El poder mal concebido es incompatible con la vigilancia ciudadana /

Las naciones más desarrolladas suelen tener instituciones sólidas como parapeto contra el abuso. Sus mecanismos son claros y sus normas, específicas. Responden pronto y sin excusas ante la demanda de información de sus ciudadanos y sus organizaciones civiles. Sus más altas autoridades tienen el respaldo de haber sido electas o nombradas en procesos intachables con el único fin de consolidar sus democracias. Sus características las convierten en ejemplo y, por supuesto, estas naciones son una excepción a la regla, pero también un modelo ideal para toda la Humanidad.

En el otro extremo del espectro, están aquellas cuyo ambiente político, económico y social se desarrolla dentro de una espesa nube de opacidad. Sus autoridades y otros centros de poder rehúyen la fiscalización ciudadana con una fiereza digna de mejores causas. O quizá no, por los enormes beneficios que les reporta el ocultamiento de sus acciones. La tradición institucional de estas naciones viene respaldada por una larga cadena de tiranías, golpes de Estado y fraudes electorales, tamizados por períodos de cambio que nunca alcanzan a concretarse en democracias auténticas.

Una de las amenazas para estos regímenes semi dictatoriales –por su carácter autoritario y su resistencia al escrutinio- son aquellos brotes de protesta ciudadana que surgen con fuerza inesperada, como respuesta a los abusos cometidos por las autoridades en el ejercicio del poder.

Cuando esto sucede, los mecanismos de defensa del sistema comienzan a actuar de manera casi automática. Se cierran los accesos a la información y se penaliza todo intento de crítica con la excusa de la sedición. Se reprimen los movimientos populares con todo el poder de la fuerza pública, para lo cual se canaliza la inversión hacia los cuerpos armados. Se impide el acceso a los registros y a los eventos institucionales como una manera de resguardar la privacidad en las decisiones oficiales y, con ello, evitar toda amenaza de señalamiento.

En muchas de las naciones del continente se ha visto este movimiento pendular cuyo efecto más importante ha sido la imposibilidad de establecer -de manera sostenible- democracias reales, participativas y cuyos mecanismos de administración sean absolutamente transparentes a la fiscalización de sus habitantes y de la comunidad internacional.

Esta debilidad en nuestras estructuras políticas ha convertido a Latinoamérica en un continente cuyo trágico pasado de dictaduras se cierne una y otra vez como una amenaza real sobre los esfuerzos por consolidar los procesos de desarrollo en libertad y la permanente búsqueda de una paz firme y duradera. La frecuente alternancia de regímenes populares con otros de extrema derecha, solo propicia una debilidad progresiva de los marcos institucionales y el retroceso en las conquistas de los pueblos, cuyas necesidades jamás se ven reflejadas en los planes, ni realizadas en la práctica, por una absoluta ausencia de coincidencia de objetivos.

Un gobierno responsable y capaz de ejecutar sus funciones dentro del marco constitucional, respetando las leyes y a sus gobernados, se vería altamente beneficiado con una política de puertas abiertas, una actitud de tolerancia hacia el disenso y una clara invitación a la participación ciudadana, ya que ésta se convierte, de ese modo, en el mejor garante de la estabilidad institucional y la democracia. La opacidad, el ocultamiento y la amenaza siempre presente de cerrar espacios a la mirada de otros protagonistas importantes, es la mejor fórmula para el fracaso.

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@carvasar

Entre la ley de la gravedad y las otras leyes…  /

Se creyeron inmunes, lo cual no es extraño, ya que -como muchos otros- estaban convencidos de que jamás pagarían las consecuencias. Era suficiente el ejemplo de gobiernos anteriores y la impunidad con la cual cerraron capítulos, para creer a pies juntillas que esa permisividad sería extensiva hasta el fin de los tiempos. Pero no contaban con el inesperado giro de los acontecimientos, o mejor dicho con la vuelta de tuerca marcada por una Cicig más comprometida, un Ministerio Público desvinculado de las órdenes presidenciales y operadores de justicia capaces, por fin, de blindarse contra sobornos y amenazas.

El panorama, a partir de la estrepitosa caída en desgracia de los anteriores gobernantes y su séquito de cómplices, tiene a la ciudadanía entre el asombro y el escepticismo. Ha sido de tal envergadura el golpe contra las organizaciones criminales incrustadas en el Estado, que resulta difícil creer en un desarrollo lógico de los procesos. Muchos piensan –y no se les puede reprochar- que de pronto todo volverá a la “normalidad” de los vicios y la manipulación para echar por tierra todo el esfuerzo y los logros alcanzados en el ámbito de la justicia.

El desfile hacia los centros de detención ha sido un espectáculo capaz de levantar los ánimos de quienes nunca lo creyeron posible. Sin embargo, aún faltan los juicios y allí es en donde se verá cuán efectivos serán los denodados esfuerzos de los abogados defensores por librar a sus clientes del castigo, pero sobre todo cuán efectivas serán las evidencias en contra de los sindicados y cuánto pesarán al momento de dictarse las sentencias.

Sin embargo, sigue pendiente el tema de las devoluciones. De acuerdo con los datos revelados por actores, testigos protegidos e investigadores del Ministerio Público y la Cicig, las sumas de dinero saqueadas a las arcas del Estado son de volumenes difíciles de concebir. Esto alcanza relieves de espanto cuando se confrontan con los presupuestos escatimados a los servicios fundamentales como educación, salud, alimentación y vivienda, cuyas deficiencias tienen un impacto muchas veces letal en la vida de la ciudadanía.

Para quienes observan el desarrollo de las audiencias y tienen la oportunidad de ver y escuchar a los sindicados de delitos como cohecho activo, tráfico de influencias o defraudación tributaria -los más frecuentes en estos casos de alto impacto- ha de ser gratificante constatar que no importa el nivel de poder e influencia de un empresario, político o profesional, cuando se trata de aplicar la justicia de manera correcta, tal y como lo mandan la Constitución y las leyes.

Entre las lecciones aprendidas durante los últimos meses, una de las más valiosas es el efecto de la ley de Newton aplicada a las acciones humanas. Es el retorno de la masa cuando se eleva sin una plataforma que la sostenga en las alturas, como sucede con tanto funcionario inepto y corrupto cuyo ascenso reposa débilmente sobre una burbuja de influencias y compadrazgos. Cuando caen, traen de vuelta toda la inercia de su incapacidad y sus malos manejos para estrellarse estrepitosamente en el suelo, tal y como sucede actualmente en las salas de audiencias de la torre de tribunales.

La justicia bien aplicada es la última esperanza de Guatemala para iniciar la reconstrucción de su sistema democrático sobre bases sólidas. Pero en esa dirección deben actuar todas las fuerzas institucionales y civiles, muy especialmente sus gobernantes. Si estos no tienen la visión y la decisión de enderezar su rumbo, todo el esfuerzo realizado habrá sido un mero espejismo.

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@carvasar

Las políticas de paridad surgen como reparación de la injusticia /

Las reformas legislativas para establecer normas de paridad en los sistemas electorales y el marco político, no son un invento chapín. Solo en América Latina 14 países introdujeron, desde 1991, acciones afirmativas de género a nivel de cuotas y paridad, las cuales se tradujeron en una mayor presencia femenina en las cámaras y otros espacios de decisión. Sin embargo, existe una fuerte resistencia al cambio en algunos foros parlamentarios, como el de Guatemala, bajo la excusa de que esos espacios solo deben abrirse por mérito y no por ley.

Aquí, resulta pertinente insistir en el hecho de que no existe el concepto de mérito alguno en el actual sistema electoral, ya que los puestos en los listados de candidatos están abiertos a un mercado de oferta y demanda, manejado a conveniencia de las cúpulas partidarias. Los resultados están a la vista.

Los avances en la conquista de los derechos de las mujeres ha sido un camino empedrado y sembrado de obstáculos. Es una batalla desigual en la cual de un lado están quienes tienen las llaves del poder y de la elaboración de leyes y, en el otro, la mitad de la población sujeta a un régimen de sumisión obligatoria. Un tema por demás apropiado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y echar un vistazo a sus luchas por la igualdad.

Desde el voto femenino, el derecho al aborto, el ingreso a las universidades hasta la práctica del deporte en arenas olímpicas, la mujer ha tenido que pelear sus espacios a brazo partido. Esto le ha costado descrédito, prisión, muerte y destierro. Sus ambiciones han sido calificadas de ridículos intentos de colocarse a nivel del hombre, cuya ilegítima autoridad ha estado amparada por leyes destinadas a preservar sus privilegios.

En la actualidad ya no se discute la capacidad de las mujeres para aportar sus conocimientos, experiencia y calidad de trabajo en los ámbitos político y administrativo, pero los candados siguen cerrados para su acceso a cargos de elección y posiciones de poder. Las reformas a leyes opuestas a la norma constitucional, las cuales ponían obstáculos al libre ejercicio de los derechos de las mujeres, costaron años de argumentaciones por parte de este sector. Lo mismo sucedió con la Ley Contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, a cuya aprobación se resistía la mayoría de representantes, quienes veían en ella una fuerte amenaza a su estatus. Hoy esos avances son una realidad.

La legitimidad del sistema democrático depende, entonces, de una participación igualitaria de todos los sectores de la sociedad. Ante eso no puede existir la menor duda, al quedar demostrado que la marginación de la mujer responde a una estrategia de dominación patriarcal en sistemas diseñados con ese fin. En países como los nuestros, en donde la población más pobre está compuesta mayoritariamente por mujeres, niñas, niños y adolescentes, se hace imperativo introducir cambios radicales en el modo de administrar los recursos del Estado y establecer políticas públicas en consenso con todos los sectores.

Guatemala posee una riqueza inmensurable en recurso humano, creatividad y capacidad de producción, bienes actualmente desperdiciados y convertidos en una carga social por falta de oportunidades de desarrollo. Una mayor presencia de las mujeres en todas las instancias de decisión, pero fundamentalmente en el organismo legislativo, pondría un acento nuevo y el equilibrio indispensable para el ejercicio de un gobierno más dinámico, mejor administrado y con la posibilidad de consolidar las relaciones humanas sobre una plataforma más justa y democrática.

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