Month: May 2021

Niñas, niños y adolescentes encajan el cambio sin derecho a opinar ni a elegir.

Si hay un segmento de la sociedad carente de autoridad sobre su vida es el de niñas, niños y adolescentes, las grandes mayorías en prácticamente todos los países de nuestra América. Somos sociedades jóvenes y en crecimiento; sin embargo, la visión imperante entre quienes recae la responsabilidad de propiciar un desarrollo basado en la justicia, equidad y el mejor aprovechamiento de todos los recursos, suele ir en contraposición con aquello que dicta la razón y cuya esencia plasmó el filósofo estadounidense Jhon Dewey: “La educación no es preparación para la vida; la educación es la vida en sí misma.”

La historia de nuestros pueblos nos ha enseñado que somos sobrevivientes de sistemas adversos, hostiles e incapaces de comprender el enorme potencial implícito en el cambio generacional. Vemos a la niñez y la juventud como una carga impuesta y no una oportunidad maravillosa para generar transformaciones de gran escala, lo cual debería conducir a una consolidación de valores con la misión de fortalecer el tejido social. Y todo ello, con la educación como leit motiv de cualquier sistema de gobierno. De modo automático, asumimos la autoridad del adulto como si esta fuera una forma válida de actuar sobre quienes dependen de nosotros en la línea familiar o social, y lo hacemos sin cuestionar la validez de una autoridad muchas veces impuesta de manera legal, aunque su aplicación resulte, en muchos casos, ilegítima.

Al observar los efectos de la situación excepcional en la cual estamos inmersos desde hace ya año y medio, es posible constatar la situación riesgosa en la cual viven niñas, niños y adolescentes al enfrentarse a una pérdida de sus vínculos sociales y, simultáneamente, a un encierro obligado con adultos poco preparados para ofrecer un ambiente seguro, enriquecedor y libre de violencia. El ser adulto a cargo de personas jóvenes cuya custodia nos ha sido confiada por ley, no significa de ningún modo que tengamos el derecho para imponer nuestra voluntad de manera arbitraria ni para descargar en ellas nuestras frustraciones, sino más bien nos da una oportunidad para reforzar lazos de conocimiento mutuo, respeto y colaboración. 

Sin embargo, la violencia emocional generada por el forzoso cambio de hábitos y las limitaciones provocadas por las restricciones a la movilidad, al trabajo y al estudio, cobran sus mayores víctimas entre las nuevas generaciones, por estar estas sometidas a una situación sobre la cual no poseen voz ni voto. La impunidad imperante en casos de violencia doméstica es un elemento adicional, aunque poderoso, al trastorno psicológico ocasionado por la pérdida de lazos sociales, la falta de actividad lúdica y la tensión natural provocada por un fenómeno de alcance global sobre el cual no tenemos control.

En tanto no se recobre un cierto estado de normalidad, es imperativo aprovechar la ocasión para prestar atención a este enorme contingente de nuevas y nuevos ciudadanos, cuya vida y futuro dependen, en gran medida, de quienes están a cargo de su bienestar físico y emocional, así como de propiciarles una educación de calidad. El tema no es menor: la niñez y la juventud han sido los eternos marginados en nuestras sociedades y el impacto de esa agresión -naturalizada por un concepto equivocado de la autoridad de los adultos que les rodean- tiene secuelas de largo plazo en la pérdida de oportunidades de desarrollo, pero también en forma de abuso y marginación. No repitamos el cliché de que constituyen “el futuro de la patria” mientras no seamos capaces de honrar esa promesa.

La juventud tiene todo el potencial, pero de nosotros depende abrirles el camino.

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Dignidad: “Gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse” (RAE).

La palabra surge veloz, cual fórmula mágica para conjurar la amenaza de enfrentarse con la verdad. Está presente con abundancia en el discurso público, aunque también destaca pronto en el ámbito privado, cada vez que la contradicción se instala entre los actos y las intenciones. Los adultos ya deberíamos saber, a ciencia cierta, que la dignidad es un valor absoluto; porque no existe la opción de ser más o menos digno y tampoco la de jugar con el concepto como si este fuera un atributo flexible y acomodaticio. Lo que no tenemos muy claro es cómo cultivarla y mantenerla, si acaso alguna vez la hemos incluido en el tejido complejo de nuestro carácter y personalidad, pero sobre todo de nuestra conducta y modo de vida.

Lo más duro de aceptar ha sido, sin embargo, constatar cómo este importante concepto, gracias al cual nos garantizarnos una posición decorosa en nuestro entorno íntimo y social, se deforma debido a una actitud progresiva de aceptación de las más groseras iniquidades; de agresiones abiertas y descaradas de quienes, al gobernarnos o poseer los mecanismos del poder, son capaces de corromper nuestros valores y hacer tambalear la poca autoestima y dignidad que aún tratamos de conservar, pero también de derrumbar el entarimado de nuestras utopías.

Un pueblo digno lucha por su integridad. Un pueblo digno no permite la humillación de presenciar la destrucción de sus instituciones, el asesinato impune de sus líderes ni el despojo de sus riquezas. Sus valores constituyen una fuerza poderosa, indispensable para anular el poder de quienes destruyen, tanto como para reconstruir las bases sobre las cuales se sustentan esos valores. Aceptar con mansedumbre las violaciones a derechos consagrados por leyes consensuadas y sólidamente asentadas en el respeto por la integridad individual y social, representa una rendición y, por tanto, la aceptación tácita del fracaso.

En nuestros países, aun cuando han pasado muchas décadas, la impecable estrategia de la Guerra Fría dejó raíces vivas en el tejido político y económico, pero también muchas otras de carácter ideológico, todavía presentes en el imaginario colectivo, íntimamente enraizadas en el concepto de nación que nos quisieron vender: Un concepto de nación dependiente por conveniencia de intereses foráneos, fortalecido a lo largo del tiempo con la píldora de una globalización también orientada hacia el despojo del patrimonio natural de los continentes sometidos. 

Por eso es conveniente revisar cómo concebimos la dignidad y, también, muy ligadas a ese concepto, la soberanía y la independencia. Porque en realidad creemos en valores abstractos cuya mención no nos exige el menor esfuerzo de reflexión para ponerlos en perspectiva, por lo tanto los aceptamos como un hecho. Los damos por válidos y los traicionamos a diario. Estamos tan convencidos de su perpetuidad que no caemos en la cuenta de haberlos convertido en una moneda de intercambio cada vez que callamos por temor a no perder la ilusión de nación. 

La dignidad, integridad e independencia de una nación no se reflejan en un rectángulo de tela con símbolos. Tampoco se encarna en esos símbolos cuando estos dejan de ser un referente de identidad para un pueblo. Los atributos propios de un concepto de nación deben proceder de una sociedad tan consciente de su responsabilidad como capaz de responder a ella. Esa fortaleza no responde a la sumisión ante el abuso de poder, sino a la capacidad de enfrentarlo y recuperar la dignidad como el mejor ejemplo para las nuevas generaciones.

Vivimos bajo la ilusión de valores perdidos, que damos por válidos.

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De nada sirven la frustración y la lucha callejera si se retrocede a las puertas del cambio.

De un modo solapado, el sistema impuesto por el gran capital internacional sobre los países falsamente llamados “en desarrollo” ha calado hondo en las bases de sus instituciones y del imaginario colectivo respecto de la democracia, la independencia y la libertad, hasta el extremo de condicionar de manera absoluta sus expectativas de futuro. Es como el mito de Sísifo: un esfuerzo sobrehumano, con cauda de integridad y vidas perdidas, para retroceder justo cuando se está a punto de alcanzar la victoria. El plan es mantener las esperanzas, pero no soltar las riendas y conservar así el remedo de justicia y democracia.

Los pueblos latinoamericanos conocen mucho de este incierto destino; la mayoría, por haberse enfrentado a algunas de las peores y más crueles dictaduras, seguidas por intentos de reconstruir el tejido institucional. Sin embargo, estos arrestos de cambio son tolerados únicamente cuando no pretenden cambiar de manera rotunda las reglas del juego, pero sobre todo si no representan la amenaza de establecer auténticos proyectos de independencia. Los esfuerzos ciudadanos, traducidos en protestas callejeras y organización de sectores sociales inconformes con el estatus y con el desempeño de las autoridades, resultan en música disonante en los oídos de quienes poseen las riendas del poder y también todos los medios para acallarla.

Si nuestros países estuvieran seriamente caminando por las “vías del desarrollo”, sería impensable la indiferencia de los sectores político y económico ante la real situación de las grandes mayorías. En apariencia, algunas naciones del continente poseen un estatus privilegiado por sus impresionantes cifras y su posición en algunos de los más importantes indicadores socio económicos. Pero en realidad, detrás del maquillaje solo existe un abismo profundo de inequidad, discriminación y miseria en donde están reflejados los auténticos índices, aquellos que jamás remontarán sin la abolición de las estructuras que hoy impiden a las capas más desfavorecidas salir de la pobreza.

El sacrificio de vidas humanas en la búsqueda de nuevos horizontes para los pueblos se estrella una y otra vez contra un esquema diseñado y fortalecido por los grandes capitales internacionales, con el férreo soporte de los gobiernos del primer mundo. Los sueños de independencia, por lo tanto, no tienen la menor oportunidad de consolidarse mientras esas estructuras no lo permitan. La manera como se engaña a los pueblos con medidas cosméticas de gobiernos espurios, cuya obediencia a consignas ajenas a los intereses nacionales es, más que una traición a la patria, un retroceso histórico a sus esperanzas de desarrollo, incomprensiblemente se ha transformado en un estilo de gobierno.

Ante esta realidad, el Sísifo que llevamos dentro decide salir a las calles para ofrecer sus flancos a la fuerza brutal de los cuerpos represivos y termina por sacrificar su integridad sólo para comprobar cómo le han engañado con el espejismo de la voluntad popular. Una y otra vez vuelve a la carga y, una y otra vez, la verdad le estalla en la cara. Los cambios indispensables para reparar los inmensos vacíos de la autoridad ciudadana no dependen de las redes de poder insertas en las instituciones, sino de su completo reemplazo por un contingente político y jurídico ético y comprometido con el cambio. En otras palabras –esas que a muchos provocan escalofríos- para retomar la ruta de la democracia, se necesita romper las estructuras e iniciar una auténtica revolución, una vuelta de tuerca a la política nefasta que nos gobierna.

Una verdadera rebelión solo funciona cuando provoca cambios de fondo.

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La máquina política nos pilló fuera de forma, desactualizados y desprevenidos.

Convencidos de que las libertades ciudadanas estaban grabadas en piedra y eran inamovibles, hemos dado por hecho el goce de ese estatus ideal. Casi sin sentirlo, poquito a poco ha calado el desarrollo –sin pausas- de una ideología divorciada de los fundamentos de la democracia, con los falsos abalorios del bienestar económico y una reformulación de los entes políticos y económicos hacia la concentración casi absoluta del poder, con todo lo que ello significa en pérdida de derechos. 

Hay que reconocer que la estrategia es brillante. Tanto es así, que aquellos partidos políticos de izquierda, tan poderosos a mediados del siglo pasado, se han transformado paulatinamente en clubes sociales en donde se juega el juego de la derecha; aunque no al extremo de perder del todo la identidad, sí lo suficiente para no alterar el marco hegemónico del sistema neoliberal. Este sistema, que amarra con sus recursos a los países dependientes gracias a organismos financieros expertos en el arte de la negociación artera y condicionan incluso sus políticas públicas, ha dirigido durante décadas a los gobiernos desde el anonimato corporativo.

El problema es el cambio solapado de la polaridad. El pueblo ya no manda en nuestros países. De hecho, los gobernantes de extrema derecha han declarado la guerra a la ciudadanía y, con lujo de fuerza y haciendo caso omiso de sus mandatos constitucionales, prohiben a la población manifestar su descontento por los actos de sus gobernantes. Para ello cuentan con la potencia de sus ejércitos y sus cuerpos de policía, entrenados a fondo y con equipo bélico, enviados a apagar de una vez y para siempre el fuego de la protesta ciudadana dejando muy en claro cuáles son las reglas. En esta contienda desigual, la juventud resulta doblemente sacrificada en aras de un nuevo orden de cosas, en donde actuar en conciencia es un delito penado por la ley.

En este escenario de retrocesos, otra de las libertades bajo la bota es la de prensa. La mayoría de medios de comunicación masivos, aquellos de carácter empresarial cuyos intereses se encuentran estrechamente vinculados a los poderes político y económico, callan ante los abusos y se doblegan ante las presiones del estatu quo al cual pertenecen. Ese silencio ha obligado a muchos periodistas éticos a abandonar las grandes salas de redacción para conformar sus propios espacios de comunicación alternativa, asumiendo el riesgo de trabajar bajo la presión de las amenazas, la persecución y los intentos de sacarlos de circulación por medios violentos. En nuestro continente, la cifra de reporteros asesinados por su trabajo investigativo es de terror.

Hoy, la consigna desde la cúpula del poder es mantener silenciado al pueblo, impedirle cualquier forma de ejercicio ciudadano y blindar a los centros de poder con la complicidad de sus aliados en prensa, instituciones religiosas y organizaciones empresariales. Al mismo tiempo, se alinean los canales oficiales para limitar el acceso a las fuentes de información. De ese modo, se cierran espacios con el propósito de conservar un ámbito hermético en donde cualquier acto de corrupción goce de impunidad garantizada y sea fácil cooptar a los entes institucionales. El panorama nos demuestra que nuestros países nunca serán libres en tanto sus instituciones políticas –los partidos, verdadera cocina de la democracia- sean el laboratorio en donde se cometen los peores actos de corrupción, discriminación y abuso, con el único fin de impedir la participación del pueblo en los asuntos de su competencia. 

Hoy la consigna, desde la cúpula del poder, es aplastar al pueblo.

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Los protocolos bélicos han cambiado. Ahora el arma más poderosa es el hambre.

La pandemia solo ha venido a favorecerlos. Ahí están, como pirañas, los grupos de poder marchando victoriosos hacia la apropiación absoluta y definitiva de los mecanismos creados con el propósito de sostener democracias tan débiles como engañosas. Esos mecanismos –llamémosles “institucionales”- en donde se administran la justicia, los derechos humanos, la riqueza de los pueblos y las oportunidades de desarrollo, han caído uno tras otro en manos de las élites económicas y de los conglomerados industriales ante la complicidad de organismos internacionales, supuestos estos a dar un tinte humanitario a la depredación.

No vemos el bosque porque los árboles ya se yerguen imponentes para ocultar la verdadera naturaleza de la devastación y la miseria a la cual han condenado a los territorios y los pueblos. La persecución de líderes, la violencia represiva contra las protestas populares, las tácticas de amedrentamiento contra todo aquel que se levante para denunciar los abusos; y los inconcebibles actos de traición de los políticos en las asambleas representativas de la voz popular, se multiplican a lo ancho y lo largo de este planeta en proceso de destrucción.

¿En qué momento perdimos de vista la trascendencia del ejercicio ciudadano? ¿Cómo permitimos el ascenso de seres tan nefastos y corruptos como quienes gobiernan aquí, en nuestro continente, y en países aparentemente mucho más desarrollados? Esos vacíos, permitidos por pura negligencia, se han ido rellenando gracias a sobornos producto del robo de nuestro patrimonio. El inmenso poder de los más acaudalados de la lista de Forbes no se reduce a la acumulación de capital; ellos también deciden nuestro destino. La muestra más palpable, en estos tiempos, es la negativa a liberar las patentes de las vacunas contra el Covid para hacerlas llegar a todos los rincones del planeta a precios accesibles y al más corto plazo, porque es una veta comercial que multiplica sus ingresos a un ritmo vertiginoso.

Los indicios del no tan nuevo orden de cosas venían dados desde el siglo pasado, cuando los tratados de libre comercio y los términos de las relaciones comerciales bilaterales pasaban primero por los despachos de los grandes consorcios. Ahí se cocinaban las vidas humanas y el destino de los pueblos, ahí se escogía a los dictadores obedientes al poder económico y ahí también se decidía quién vivía y quién no; cuándo invadir y cómo justificarlo, sin que pareciera otra cosa que una acción inevitable en defensa de los valores democráticos. Y ahí, también, se elaboraban los discursos para justificar las masacres de civiles –como “efecto colateral”- en esa carrera frenética para apoderarse de las materias primas necesarias para seguir dominando al mundo.

Hoy el proceso es casi irreversible y la perspectiva no es otra que más hambre para quienes ya lo han perdido todo, pero también para las capas medias a las que aún les sostiene la esperanza de mejores días. Esta guerra solapada y cruel avanza gracias a la fuerza de las armas esgrimidas sin el menor reparo en contra de pueblos indefensos, en contra de ciudadanos indignados pero incapaces de defender lo suyo sin caer en el intento. La farsa de las dictaduras del nuevo orden mundial: esas que aparentan ser lo que no es, pero actúan como lo que son, no tienen ni siquiera la decencia de fingir un carácter humanitario. Ante ellas, y sin ninguna protección desde los organismos internacionales creados para defender los derechos de la Humanidad, terminamos por ceder todos los espacios. Para recuperarlos, no bastará con el acto simbólico pero inefectivo de enarbolar banderas.

El poder económico mundial no tiene rostro, pero sí garras afiladas.

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