Month: November 2015

En el Día del Periodista, abrazo a mis colegas.

Feliz coincidencia esta de publicar mi columna justo en la fecha dedicada a celebrar el fascinante oficio de las palabras, la investigación, el debate, la búsqueda de la verdad y la construcción de un mundo en donde todos seamos libres de opinar y compartir nuestro pensamiento. Porque de eso, esencialmente, se tratan la democracia y su eterno aliado, el periodismo.

He tenido el enorme privilegio de recorrer estos caminos por más de medio siglo, pasada una niñez inmersa en la vertiginosa actividad de la prensa, seguida por una adolescencia atada de corazón a un periódico popular y contestatario como ninguno: el Clarín chileno. Desde esos remotos tiempos se me infiltró, como un virus resistente a toda medicina, la necesidad de expresar mi pensamiento.

Por supuesto, entonces no comprendía la dimensión de la actividad periodística, sólo sabía de su emocionante dinámica y los desafíos de mantener una mente capaz de procesar un flujo abrumador de nuevos hechos. Con el tiempo, se fueron añadiendo el sentido de responsabilidad, la realidad de los riesgos, las decepciones y el avance indetenible de un sistema capaz de cambiar por completo su naturaleza.

De acuerdo con mi concepto tradicional e inmutable de los valores de la comunicación social, uno de sus fundamentos es la riqueza de perspectivas en el enfoque de la actualidad, así como la pluralidad de pensamiento –uno de los pilares básicos de la democracia- ambos factores con capacidad para estimular el debate en una ciudadanía más ilustrada en la medida de la diversidad de propuestas que sea capaz de asimilar.

Desde ahí surge el pilar que sustenta el peso de la comunicación: la responsabilidad social de los medios de prensa. Atada indefectiblemente a su realidad como empresas con fines de lucro, esa característica tan particular en su naturaleza institución/empresa les exige conservar un equilibrio basado más en los intereses de sus diferentes audiencias que en los propios, lo cual finalmente conducirá a su éxito como representantes de un sector de enorme influencia en la sociedad.

En Guatemala, el oficio periodístico ha sobrevivido a muchas amenazas contra su integridad, su libertad de expresión e incluso la vida de sus valientes exponentes. La historia reciente ha sido duramente jalonada por asesinatos de comunicadores cuya única misión ha sido relatar los hechos, comentar sus incidencias y seguir el hilo de los acontecimientos a pesar de las amenazas. Personas como usted y como yo, con un hogar al cual siempre se desea regresar después de una dura jornada de trabajo. Con una familia integrada o no, pero pertenecientes a una comunidad capaz de avanzar a pesar de los avatares.

Por eso y mucho más –en especial por la enorme trascendencia de la comunicación en un país cuya democracia siempre está bajo amenaza- expreso mi más profunda admiración por esos reporteros, fotógrafos, dibujantes, diagramadores y columnistas cuyo esfuerzo se refleja en los más notables avances de esta sociedad. Su palabra esencial es una guía inteligente e indispensable en el camino hacia los objetivos comunes.

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La dimensión del horror de un femicidio, y de todos los demás.

María Mercedes no cumplía aún los 4 años cuando desapareció su madre. Su hermano, Roberto José, recién había celebrado su 7º cumpleaños, en el inicio de una etapa llena de incertidumbre y desarraigo familiar que los ha convertido, también a ellos, en víctimas de uno de los males sociales más extendidos en el planeta: la violencia doméstica y el femicidio.

Cristina Siekavizza Molina era una joven madre y esposa como hay muchas, con valores arraigados y un mundo de ilusiones para su futuro y el de su familia. Casada con Roberto Barreda, creyó firmemente en la solidez de su relación y soportó el cambio gradual pero sistemático de una actitud aparentemente protectora hacia un estado de control absoluto sobre sus actos, sus vínculos familiares, su círculo de amistades, su actividad profesional y su acceso al ingreso familiar.

Aislada por medio de una estrategia de manipulación y restricciones conocida como el síndrome del Bonsai -el cual consiste en cortar sus vínculos internos y externos para ejercer un completo control sobre la víctima- privada de auxilio sufrió toda clase de vejámenes en un cuadro típico de violencia machista por parte de su pareja. Años de maltrato, desprecio por su integridad psicológica, económica y física, desembocarían en su desaparición en julio de 2011, detonando a partir de entonces uno de los casos criminales más emblemáticos conocidos en Guatemala relacionados con la violencia femicida.

Si el presunto asesinato y subsiguiente desaparición de Cristina alcanzó la enorme cobertura mediática vista hasta hoy, no se debió a un factor de elitismo social. En este caso de enorme impacto, uno de los elementos clave ha sido la presunta complicidad en los hechos de una ex Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, su suegra, quien habría participado directamente en el ocultamiento de las pruebas condenatorias. Una mujer cuya carrera judicial le valió un prestigio hoy manchado por la gravedad de las acusaciones en su contra.

Hasta esta fecha, un prolongado proceso de investigaciones ha llevado al Ministerio Público, al Inacif y a la Fundación Sobrevivientes –en su calidad de querellante adhesivo- a buscar el cuerpo de Cristina por casi todo el territorio nacional, realizando innumerables e infructuosas excavaciones a partir de indicios difíciles de comprobar. Sin embargo, aun cuando no aparezca, existen otras señales cuya fuerza puede sentar precedente para delitos de femicidio que esperan justicia.

Mientras tanto, para María Mercedes y Roberto José el futuro ha quedado marcado por sus primeros años en un hogar en donde el amor materno no logró impedir que les impactara la violencia ejercida por su padre, algo presente en todos los peritajes psicológicos realizados en ambos niños. Los esfuerzos de sus abuelos paternos –ambos con poder y contactos privilegiados en el mundo de las Cortes- por desviar el curso de la justicia y garantizar la impunidad en este crimen los coloca, asimismo, como cómplices pero sobre todo les quita todo resto de legitimidad como miembros de una profesión clave en la administración de justicia y en el imperio del estado de derecho.

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Muchas campañas, mucho insistir, pero todavía falta

Pasado mañana se celebrará el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, un día cargado de actividades cuya finalidad es hacer visible una situación endémica de inequidad de nuestras sociedades. La forma de vida actual, en la cual hemos aprendido a crecer y desarrollarnos, está empapada de costumbres, tradiciones, estilos de vida y un racimo de estereotipos sexistas que en nada contribuyen a erradicar falsos conceptos sobre nuestro género.

La Procuradora Adjunta de los Derechos Humanos, licenciada Hilda Morales Trujillo, quien ha trabajado durante años en este tema, mencionaba en las redes sociales el hecho de haberse consumado ya más de 600 asesinatos de mujeres en el transcurso del 2015. Crímenes de una alevosía difícil de describir: niñas, adolescentes y mujeres violadas, estranguladas, descuartizadas, incineradas, amarradas con alambres de púas o sencillamente acribilladas en cualquier momento de su actividad cotidiana.

Las han eliminado por múltiples razones: no quisieron pagar la extorsión, se resistieron a ser violadas, no aceptaron una condición de esclavitud, exigieron el pago de la pensión alimenticia, pidieron el divorcio, o sencillamente pasaban por el lugar. Pero en esencia las asesinaron porque asesinar a una mujer es fácil y ese acto vil contra la vida de otro ser humano tiene todas las probabilidades de quedar en la impunidad.

El hogar, ese supuesto refugio de amor y seguridad, también es un ámbito de violencia muchas veces extrema en contra de las féminas de cualquier edad. Allí reina un sistema patriarcal ilegítimo y cruel por no responder a un derecho adquirido –lo cual también sería injusto- sino a una imposición de fuerza. Es el terreno en donde la mujer es sometida, desde el “orden establecido”, a renunciar a su libertad, pasando por otros derechos fundamentales entre los cuales está el de la independencia económica.

Pocas saben –y son menos aún quienes lo asumen- el valor intrínseco de su trabajo doméstico, una labor no remunerada. Pocas ejercen su derecho de acceso al ingreso familiar, considerado por la mayoría como un derecho exclusivo de quien lo genera, a pesar de lo consignado en las leyes. Pocas se empoderan del valor de su papel fundamental en el mantenimiento y desarrollo de un núcleo familiar del cual depende en gran medida el tejido social del país, con las derivaciones culturales y educativas que ello conlleva.

La conquista de los espacios vedados a las mujeres ha tomado toda una vida y ya instalados en un nuevo siglo, todavía falta camino. La mujer –en todas las etapas de su existencia- se enfrenta a diversas agresiones no importando el nivel social y económico, en cualquier contexto de su existencia. Esa violencia muchas veces solapada en la falsa gracia del acoso callejero, en el monopolio de cuotas de poder político y económico e incluso en el uso de un lenguaje sexista (¡cuánta falta hace Luz Méndez de la Vega!) nos coloca frente a un camino largo y difícil en la conquista de la dignidad plena de nuestro sexo. Llevará toda una vida, pero eso es nada comparado con la justicia implícita en ello.

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El combate al femicidio no es prioridad para el sistema.

El femicidio, ese crimen alevoso contra una mujer por el solo hecho de serlo -uno de los más recurrentes del prontuario criminal- parece ser irrelevante para el actualsistema de administración de justicia. Esto parecen expresar los magistrados de la Corte Suprema, quienes con un golpe de tintero han echado por tierra los esfuerzos realizados con la creación de los Tribunales Especializados en delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer, uno de los más importantes avances de la región y del continente con relación a esta clase de crímenes.

Con el acuerdo número 29-2015 de la Corte Suprema de Justicia, se tacha de un plumazo la especialización y se les añade a estos tribunales la carga adicional de conocer los delitos de violencia sexual y explotación y trata de personas. Esto, aun cuando aparenta ser otra forma de violencia contra la mujer, constituye todo un capítulo de enorme exigencia para estas instancias, cuyo trabajo se verá sobrepasado, con la consecuencia directa de perder su eficacia en aquellos casos específicos de femicidio que nunca antes fueron individualizados como corresponde.

De acuerdo con el Decálogo Iberoamericano “Calidad para la Justicia”, documento suscrito por las Cortes Iberoamericanas, entre ellas la de Guatemala, la justicia debe cumplir con “establecer la eficacia y la eficiencia como requisitos para una Justicia confiable y de calidad. La concepción de un Estado Social y Democrático de Derecho, lleva intrínseca la existencia de un sistema de Justicia eficiente donde las personas usuarias tengan la garantía de la tutela de sus derechos. La calidad debe integrar los conceptos de eficiencia y eficacia. El primero de ellos, hace referencia a la optimización de los resultados alcanzados en relación con el uso de los recursos disponibles e invertidos en su consecución. Por otro lado la eficacia, es el logro de los objetivos, metas y estándares orientados a la satisfacción de los requerimientos y expectativas de la persona usuaria.”

¿Cuánta “eficiencia y eficacia” podrán demostrar los Tribunales cargados con procesos de tanta complejidad y magnitud como los de Femicidio, Violencia Sexual, y Explotación y Trata de Personas? ¿Acaso no es pertinente para los señores magistrados especializar la justicia para casos de Femicidio, en un país cuyos indicadores de este delito están entre los más elevados del mundo?

La decisión resulta, más que lamentable, amenazante para un importante sector de la población cuya vida se encuentra bajo constante amenaza. Peor aun cuando vea que estos juzgados antes especializados, deban diluir su atención para atender otra clase de delitos los cuales, de todos modos, terminarán engrosando la interminable lista de los casos pendientes de resolución, alimentando así el capítulo de la impunidad que hoy alcanza cifras de escándalo.

Con esas 14 firmas al pie de un Acuerdo se termina de poner el pomo sobre un avance que enorgulleció en su momento a Guatemala y a su Corte Suprema de Justicia, por haberle entrardo de lleno a uno de los temas menos atendidos en el ámbito judicial.

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El discurso es puro aire si no se apoya en acciones concretas.

Debería haber un registro de palabras dichas, promesas electorales y juramentos lanzados en el calor del momento por todos esos funcionarios electos cuyas aparentes buenas intenciones van deslizándose con muy poco disimulo hacia el territorio del oportunismo, los intereses personales y las torceduras legislativas. Ahora los escándalos de corrupción parecen haberse ido decantando hacia la condena pública y el linchamiento mediático de unos cuantos protagonistas de las revelaciones de la Cicig y el MP, mientras un buen grupo sigue haciendo cuentas de cuánto le tocará en los negocios que vienen.

¿Cómo alguien en su sano juicio puede dudar de la opacidad implícita en una ley que permita a los funcionarios ser contratistas del Estado? En ese pequeño acápite de la Ley de compras y contrataciones subyace todo un universo de actos de corrupción que tienen al Estado al borde de la quiebra y han provocado un fuerte oleaje social contra los sectores involucrados en los abusos cometidos durante décadas.

También debería quedar estampada en letras de molde la prohibición para los financistas de las campañas, quienes una vez pasadas las elecciones usufructuan de los privilegios de esa línea de negocios, dada la obvia relación de compadrazgo con los recién electos. Pero toda esta corrección a la letra es poco menos que un sueño de opio dadas las negociaciones cerradas con candados en territorios tan poderosos como las farmacéuticas, los agroquímicos, la minería o el sector de la construcción, entre muchos otros.

La depuración exigida por la sociedad comenzó un camino espectacular con la defenestración de los titulares del Ejecutivo y un inesperado cambio de gobierno, pero parece haberse quedado centrado en un objetivo único, en un grupo bien identificado de funcionarios, amigos, parientes y compadres, cuando en realidad las investigaciones dejaron en evidencia una podredumbre extendida por todos los ámbitos de la vida nacional, abarcando a sectores muy cuidadosos en el resguardo de su imagen pública.

Es vergonzoso presenciar cómo los legisladores, ante la posibilidad de perder la oportunidad de enriquecerse por la vía de contratos con el Estado, se retuercen como fieras ante la amenaza de una disposición que se los impida. Esa, sin duda, ha sido la gallinita de los huevos de oro. Y esos huevos, cuyo resplandor pudo haber salvado la vida de millones de ciudadanos a través de hospitales bien abastecidos, cárceles seguras, sistemas de protección ciudadana eficientes, transporte público decente y funcional, se han ido diluyendo en cuentas en el exterior, mansiones en la periferia, fincas y casas de descanso, yates y joyas.

Bastaría un buen examen de conciencia de esta casta de aprovechados –de entre los cuales son muy pocos quienes se salvan de la definición- para que el país retomara un rumbo hacia la corrección legislativa y, por consiguiente, la corrección política tan necesaria y urgente. La población lo exige, pero esas voces no parecen afectar la codicia de quienes tienen en sus manos el futuro de la nación. Quizá esperan que las aguas se calmen y la ciudadanía vuelva a caer en la inercia que tanto los ha beneficiado.

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Los estudios sobre la psicología de los agresores sexuales abundan. Hay quienes atribuyen los orígenes de esa conducta a las experiencias vividas durante la infancia, otros consideran la agresión sexual como una táctica de guerra con el objetivo de destruir el tejido social del enemigo. Sea cual sea la razón por la cual millones de niñas, niños, adolescentes y mujeres adultas son violadas cada día, nada justifica el dolor, la humillación y las consecuencias físicas y psicológicas de ese acto vil.

Entre las notas periodísticas publicadas ayer, se comprueba una vez más el peligroso entorno en donde se desarrolla la vida de las víctimas de violación, quienes a pesar de sufrir agresiones recurrentes se inhiben de denunciar por temor, vergüenza, dependencia o, simplemente, porque no saben cómo hacerlo. Y muchas de ellas continúan compartiendo la mesa y el entorno familiar con sus victimarios.

Este cuadro no solo persiste, sino parece haberse incrementado con los años, aun cuando muchas organizaciones han creado campañas de información y prevención. La violencia sexual, una de las manifestaciones más viles de la conducta humana, no parece haber despertado el menor interés en el sector político, que por influencia de instituciones religiosas persiste en su resistencia a implementar programas serios y consistentes sobre educación sexual y reproductiva, los cuales de ser orientados hacia una visión integral de respeto por los derechos humanos y otras formas de convivencia pacífica, podrían transformar la visión de las nuevas generaciones sobre un tema tan fundamental para su vida adulta.

En la actualidad, el machismo ya no es una forma de vida tolerada por la población femenina como un castigo divino. Hoy existe mejor y más información sobre esa desviación social y política que ha convertido a las mujeres en ciudadanas de segunda categoría, impidiéndoles una plena participación en todos los aspectos de la vida social y familiar. Ya se considera perverso –por lo menos en sectores de cierta influencia- controlar su acceso a las oportunidades de desarrollo y mantenerlas sometidas a un régimen esclavizante, pero no se ha alcanzado una toma de conciencia capaz de equilibrar la balanza para erradicar la discriminación.

Muchos dirán que las cosas han cambiado para mejor y sí, es cierto. Sin embargo, también lo es que la actual polarización de la sociedad en términos de extrema riqueza y extrema pobreza afecta fundamentalmente a las niñas y mujeres en sus posibilidades de acceder a la educación, a la salud, a un empleo digno y a un proyecto de vida con perspectivas de prosperidad. También actúa en su contra la realidad de violencia criminal cuya persistente presencia constituye una amenaza mayor contra este sector vulnerable, lo cual se refleja en las estadísticas con absoluta crudeza.

El imparable desfile de niñas y niños cruzando las fronteras en un asqueroso comercio de trata, es otro de los temas acallados por la enorme influencia de las redes criminales en sectores de poder, y sigue siendo uno de los más graves temas pendientes.

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Guatemala sufre una enfermedad con riesgo de muerte institucional.

La salud de una nación se manifiesta en sus indicadores -los verdaderos, no aquellos manipulados por las instancias oficiales- sobre salud, nutrición, vivienda, educación y empleo. La calidad de vida de la población, por lo tanto, se verá reflejada en su acceso a estos servicios fundamentales garantizados por la Constitución, pero también en su aporte a la economía nacional en un juego de toma y daca propio de cualquier sociedad organizada.

Al echar una mirada alrededor, se pueden constatar los graves quebrantos de salud que sufre Guatemala. Con un elevado porcentaje de su población en la pobreza, más de la mitad de la niñez sufriendo desnutrición crónica, el sector de juventud abandonado a su suerte, índices injustificables de muertes maternas e infantiles, deficiencia en cobertura de salud y, por encima de eso, una corrupción rampante en todos los estratos de la administración pública y el sector empresarial, resulta imposible predecir una recuperación en el mediano plazo, pese a los esfuerzos realizados por algunas instituciones para desinfectar la casa.

Un ejemplo de la telaraña cuya fuerza obstaculiza cualquier avance, es la perspectiva de éxito en el cambio a la Ley del Código Civil sobre la edad mínima para contraer matrimonio, la cual favorece a niñas y niños por igual al fijarla en 18 años. Si vamos a la realidad, habría necesidad de eliminar toda fisura capaz de insertar por ahí una excepción a la norma con la sola firma de un juez. Para hacerla funcional, sería muy del caso vigilar el cumplimiento del acceso a la educación para toda niña y niño hasta –por lo menos- cumplir el ciclo básico. Pero eso también depende de la capacidad económica de las familias, un panorama bastante desolador en todo el territorio nacional.

Para que esas niñas y niños estén protegidos, es preciso contar con la vigilancia de padres, maestros y autoridades. Sin embargo, existen evidencias documentales de la prevalencia del abuso sexual y violencia contra este segmento vulnerable por parte de quienes les rodean en el hogar y en la comunidad, supuestamente los guardianes de su seguridad. En otras palabras, un gran porcentaje de infantes se encuentra a merced de sus victimarios. Pero esto es solo un ejemplo entre muchos otros de normas legales que chocan con la realidad.

La sociedad deberá realizar esfuerzos monumentales para restañar heridas y curar cánceres terminales en su tejido esencial. Sus instrumentos de fiscalización y control están en manos de sus peores enemigos, unos tras prebendas, privilegios fiscales y negocios millonarios a costa del patrimonio nacional, otros haciéndoles los favores y participando de las ganancias desde sus cargos oficiales, en una auténtica borrachera de poder. Las evidencias están ahí, todos los días, en las páginas de los periódicos y las imágenes de los noticiarios.

Guatemala presenta un abrumador mapa de patologías que podrían llevarla a la muerte institucional y la influencia de gobiernos extranjeros no seá la cura para sus males. La única vía posible para frenar el deterioro está en manos de su gente y en la voluntad colectiva de limpiar a fondo la podredumbre.

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El matrimonio queda restringido a mayores de 18

Pasada la euforia por la aprobación del Decreto 8-2015 sobre las reformas al Código Civil que elevan la edad del matrimonio a 18 años para hombres y mujeres por igual, es el momento de iniciar un proceso de reflexión sobre la norma y sus implicaciones en el futuro inmediato. Esta victoria de las organizaciones encargadas de velar por los derechos de la niñez sobre una asamblea legislativa cuya actitud no parecía proclive a aceptar un cambio tan radical del estatus actual, es solo el paso inicial en la consolidación de una transformación sustancial en la vida de niñas y mujeres.

Este avance no ha dejado satisfechos a todos los seguidores del tema. Por supuesto, los legisladores se cuidaron muy bien de mantener algunas opciones abiertas, las cuales podrían ser utilizadas para evadir el mandato legal y continuar con tradiciones machistas y discriminatorias características de la sociedad actual. Sin embargo, también representa una esperanza de cambio al limitar de manera estricta la costumbre ancestral de casar a las niñas con hombres adultos en una práctica de trato de personas humillante y perversa.

Durante la sesión en la cual se aprobó de urgencia nacional el Decreto 8-2015, fueron 15 los diputados opuestos al cambio que favorece a las niñas de Guatemala. Estos diputados, cuyos intereses parecen haberse desviado de objetivo, pertenecen a los bloques del PP, Lider, Podemos, Creo y Une. Algo que llamó la atención fue el voto de rechazo de dos mujeres: Beatriz Canastuj y Daniela Beltranena, a quien aparentemente no le importa quedar inscrita en los anales por esta desafortunada y única participación.

En la historia del país, las oportunidades de las mujeres para optar a cargos de elección popular o posiciones políticas relevantes, han sido mínimas y llenas de obstáculos. Los temas fundamentales de discusión, no obstante, tocan aspectos de enorme trascendencia para el sector femenino, el cual se encuentra sub representado en todas las instancias de decisión.

Por ello es decepcionante observar, en las pocas mujeres que han tenido acceso a esas instancias, actitudes abiertamente discriminatorias contra su propio género, a sabiendas de que esas decisiones significarán un retroceso en los escasos avances alcanzados con mucha dificultad a través de los años. La ley que fijaba la edad de matrimonio en 14 años para las niñas y 16 para los niños no solo era inconstitucional –por ser discriminatoria- sino atentaba contra la integridad física y emocional de un sector carente de poder de decisión sobre su propio futuro y constituía una amenaza para las perspectivas de desarrollo social de la nación, por lo cual su aprobación era un acto de justicia.

Las reformas decretadas no serán la panacea y el acuciante problema de violaciones, embarazos de niñas y adolescentes, explotación sexual y trata, continuarán existiendo como una de las peores lacras de esta sociedad. Pero también se abren las posibilidades de iniciar una labor de toma de conciencia y educación –ya con base en una ley que establece los límites- cuyos alcances y resultados podrían ser determinantes para un cambio de vida de miles de niñas actualmente en riesgo.

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No aparecen entre las prioridades, solo en las estadísticas. /

Ahora cuando se discute la aprobación del Presupuesto para el 2016, viene muy del caso colocar sobre la mesa ciertos temas cuya importancia para la población no parece coincidir con las prioridades de los sectores político y empresarial. Entre ellos, el sempiterno déficit en educación y salud, cuyo impacto en la calidad de vida y oportunidades de desarrollo resulta más que obvio.

Durante décadas, todos los análisis, propuestas, discusiones y aprobaciones de los presupuestos del Estado han permanecido fuera del ojo público. Por muchas razones, entre ellas una persistente desincentivación de la fiscalización ciudadana por medio de candados sobre la información oficial, estrategias para desviar la atención mientras se tejen los acuerdos y una secretividad que solo puede justificarse por la opacidad de esas negociaciones.

Pero ya viene siendo la hora de conocer los detalles y para eso se requiere de la voluntad y el esfuerzo coordinado de una ciudadanía mucho más alerta y consciente de su papel como dueña y soberana del país y sus instituciones. Cuánto se destinará y cómo se va a gastar, es algo de importancia vital para el futuro del país. También debe realizarse un estudio sensato sobre las partidas presupuestarias para no caer en el error de creer en las maniobras ideológicas del sistema de libre mercado, cuya eterna propuesta es reducir el tamaño del Estado para aprovechar la oportunidad de privatizar todo lo privatizable. Todo lo contrario, el Estado debe contar con un presupuesto suficiente para hacer su tarea y cumplir con los mandatos constitucionales, así como para propiciar el desarrollo en una plataforma de equidad y justicia.

A lo que se debe poner el ojo –y rectificar cuanto antes- es a aquellas leyes que favorecen la evasión, como subsidios y fundaciones creados para no pagar impuestos sobre las ganancias, enfocar la atención en la corrupción y opacidad en el sistema de compras y contrataciones, así como en múltiples espacios abiertos a la rapiña como ha sido la ejecución del presupuesto a través de las municipalidades y los Consejos de Desarrollo.

Algo importante de destacar es la inconsistencia entre el discurso político y la realidad pura y llana cuando de dinero se trata. A la niñez, aquella tan útil como adorno durante las campañas, la están dejando sin escuelas. Serán 300 mil las niñas y niños cuyo derecho a la educación será violado, impidiéndoles el acceso a las aulas. El sistema educativo estatal tampoco recibirá beneficio alguno, porque el presupuesto para 2016 no contempla el menor incremento a la educación –el propuesto resulta ridículo frente a las necesidades- y, por lo tanto, la capacitación de maestros y el estado de la infraestructura seguirán en constante deterioro.

Quizá todo se resolvería de golpe y porrazo si las autoridades tuvieran el valor de aplicar la Ley de Extinción de Dominio –de inmediato- a las fortunas obscenas de ex funcionarios y otros individuos quienes con total descaro han robado los impuestos tributados por una población cada día más empobrecida. De acuerdo con las leyes del país, eso se puede realizar sin mayor trámite, dado que son fondos no justificables.

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