Peso muerto

(Publicado el 30/05/2009 en Prensa Libre)

La corrupción dentro de las instituciones del Estado ejerce la fuerza suficiente como para neutralizar cualquier intento de depuración.

Es difícil saber qué pasó por la mente del señor Insulza cuando emitió su informe ante la asamblea de la OEA, afirmando su total confianza en la fortaleza institucional de Guatemala; porque, si hay algo débil en este país, son precisamente sus instituciones.
En esa línea, hay que empezar por analizar la conducta del Congreso de la República, cuyos representantes han sido incapaces de actuar de manera unánime para exigir el fortalecimiento del sector justicia –no digamos adoptar una postura firme en relación con la actual crisis- ni han tenido la estatura moral para exigir transparencia en la administración de los asuntos públicos, incluidos los suyos propios.
La impunidad reinante en este país no es un accidente ni una percepción equivocada de los desestabilizadores de siempre. Es la consecuencia directa del clientelismo político, la anarquía institucional, la absoluta falta de ética en los operadores de justicia, el crimen enquistado en las fuerzas de seguridad, las negociaciones entre partidos a espaldas de la ciudadanía, todo lo cual se traduce en un permanente abuso perpetrado a nivel institucional en contra de toda una sociedad debilitada en sus mecanismos de defensa cívica.
¿Es ésa la institucionalidad estable de la cual habla el señor Insulza? La realidad es que la institucionalidad debe fortalecerse y no es tapando el sol con un dedo como eso se va a lograr. Aquí es urgente enfrentar el problema de fondo, comprender que la crisis actual no es producto de un video sino de muchos años de corrupción y de la ausencia de un verdadero estado de derecho. Por supuesto, no es ése el discurso diplomático.
Para comenzar a retomar el camino democrático, primero hay que terminar con las violaciones a los derechos humanos, incluída en este aspecto la falta de acceso de las mayorías a salud, educación y trabajo.
Hay que proteger los derechos de las mujeres, de la niñez y la juventud, erradicando la discriminación y el abuso contra estas minorías. Hay que reducir los vergonzosos índices de desnutrición crónica que afecta a más de la mitad de la población y dejar de explotar los pocos avances con afán propagandístico. Hay que erradicar la corrupción en la administración pública y transparentar las finanzas del Estado respetando la ley de acceso a la información. Hay que luchar contra el narcotráfico y su influencia en todos los estamentos públicos, sin importar la influencia de los involucrados.
Contrario a la impresión de Insulza, Guatemala debe iniciar una cruzada nacional por la recuperación de su institucionalidad. Para ello, tendrá que sacudirse el peso muerto, ese lastre moral que, enquistado en sus máximas instancias, no la deja avanzar.

El lado positivo

(Publicado el 25/05/2009 en Prensa Libre)

De acontecimientos trágicos que desembocaron en la peor crisis política de los últimos tiempos, algo positivo se rescata.

Uno de los efectos más estimulantes de una crisis como la actual es la reacción institucional –en este caso del Congreso de la República- hacia la corrección política. La aprobación en tercera lectura de la ley de comisiones de postulación, la cual permite aspirar a un proceso más transparente en las elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cortes de Apelaciones, fiscal general y contralor general de cuentas, constituye un hito de enorme trascendencia para el futuro del país.
Las mencionadas instancias son la base fundamental de un sistema de justicia funcional capaz de restaurar la confianza de la población y detener, gracias a acciones apegadas a derecho, la violencia y la impunidad que en la actualidad se encuentran totalmente fuera de control.
La sola posibilidad de contar con magistrados, jueces y fiscales responsables y cuidadosos al momento de emitir sentencias y de investigar casos, alimenta la esperanza de cambio y, a la vez, obliga a quienes violan la ley de manera consuetudinaria a revisar su conducta.
El efecto de una decisión acertada tiene impacto multiplicador. No cabe duda de que las repercusiones de los señalamientos en el video grabado por el abogado Rosenberg poseen muchos matices, uno de los cuales ha sido un cambio en la línea de acción de algunos políticos, un mayor énfasis en las investigaciones para detectar irregularidades en ciertas instituciones bancarias y gremiales, un poco más de mesura en la publicidad de la información sobre estos casos y quizás menos tolerancia hacia actos ilegales cometidos por funcionarios o elementos pertenecientes a las fuerzas del orden.
Al final de cuentas, el caso que ha puesto al país de cabeza ha sido un pequeño huracán el cual, aún cuando no ha tenido la fuerza suficiente para romper estructuras, sí las ha puesto a temblar.
Lo esencial en este momento es aprovechar la ocasión para corregir y exigir la corrección de aquellas patologías administrativas expuestas al escrutinio público, sin convertirla en excusa para promover el divisionismo, para atacarse unos a otros ni para transformar el momento en el preludio de una crisis mayor con el convenientemente añadido odio de clases.
Uno de los efectos más positivos de este vendaval de acusaciones es el hecho de que la juventud decida romper su apatía para sumarse a una recuperación de valores cívicos. Aún cuando es demasiado prematuro suponer que eso incidirá en una sociedad más participativa, no deja de ser un paso promisorio que antes no se había producido, pero que resulta muy bienvenido en un país cuya población es mayoritariamente joven.

La integridad no está obsoleta

(Publicado el 23/05/2009 en Prensa Libre)

Parece que los valores hubieran pasado de moda. Hoy se trata de perseguir el enriquecimiento fácil y rápido. No importa cómo.

Aunque parezca cuento de viejos, en el pasado sí hubo épocas de un ejercicio político inteligente, estratégico, idealista y enfocado en el engrandecimiento del país. La codicia y la corrupción –tan normal para los políticos actuales- era mal vista y quien se enriquecía a costa del abuso de poder se exponía a ser señalado públicamente. Por supuesto, corruptos siempre hubo.
Las cosas han cambiado y actualmente se tiende a creer que la integridad es una limitación innecesaria en la realización de un proyecto de vida. Así se han ido delineando los nuevos modus operandi políticos, empresariales y profesionales. El abogado más tramposo es el más “buzo” y quien no utiliza los trucos del chantaje, el soborno y la extorsión, es considerado un baboso.
Así como sucede con los profesionales de las leyes, también se observa entre quienes ejercen la medicina o se mueven en el ámbito de las finanzas, porque la degradación moral no tiene especialización y se cuela por todos los resquicios de la sociedad.
En el ámbito político, la mentira se ha entronizado como estrategia de comunicación, con el aval de todos los estamentos oficiales. La propaganda de gobierno –la cual debería ser ilegal por constituir un despilfarro innecesario de fondos públicos- está llena de inexactitudes. Los gobernantes de turno colocan su rúbrica en cada obra que se construye, en cada tragante que se limpia, en cada chorrito que se instala. Buscan el reconocimiento personal en un trabajo que no es más que su obligación e intentan construir imagen a costa del esfuerzo y el dinero de otros.
Esta distorsión de los valores no es poca cosa. A partir de una práctica viciada del poder se van corrompiendo una tras otra las instituciones fundamentales para el ejercicio democrático y, a partir de ese punto, deja de existir el Estado de Derecho.
Lo que hoy se vive en Guatemala, la confrontación entre sectores, patrocinada y avalada por el gobierno, el distanciamiento entre los políticos y sus electores y la falta de credibilidad que todo ello provoca, es sólo una muestra de lo profundo del desgaste que experimenta el sistema. A ello se agrega la descomposición del sector justicia y de las fuerzas del orden, con lo cual el cuadro está completo.
Urge una vuelta al orden, una depuración efectiva de los organismos del Estado y un retorno a los valores que dieron sentido al establecimiento de la democracia. De otro modo no existirá la menor probabilidad de superar la crisis actual ni de salir adelante con un proyecto de Nación coherente, sólido y con mínimas expectativas de éxito. El país lo merece, pero sobre todo lo merecen sus habitantes honestos y trabajadores.

El Día de los Museos

(Publicado el 18/05/2009 en Prensa Libre)

En 145 países se celebra el Día Internacional de los Museos, una oportunidad para destacar su valor e importancia.

Hablemos de museos. De esos vetustos edificios cuya existencia constituye en algunos países una especie de mal necesario -especialmente en aquellos donde el concepto de desarrollo cultural es ajeno a los intereses burocráticos- pero que a nivel mundial son referente de la evolución de los pueblos.
En Guatemala, quienes hemos observado la lucha por establecer mínimos estándares de calidad y acompañado de cerca el trabajo de personas conscientes que han realizado grandes esfuerzos por lograr la consolidación de una infraestructura capaz de alimentar y sostener el quehacer artístico y cultural, nos damos cuenta del abandono y la indiferencia que rodea a esta parte esencial de la historia nacional, cuyas bodegas guardan tesoros invaluables de su patrimonio.
La relevancia de la actividad museística abarca no solamente un afán de conservación de los tesoros nacionales y universales, sino también –y sobre todo- el estudio, el análisis y la interpretación de los procesos evolutivos de las civilizaciones y el aporte a una mejor relación humana con su entorno y con su pasado. Los museos no son los mausoleos del arte y la historia, como algunos pretenden clasificarlos, sino centros de encuentro con la diversidad de las culturas en el mundo al cual pertenecemos.
El apoyo al engrandecimiento de esta parte esencial de la identidad nacional no constituye en modo alguno un despilfarro innecesario de recursos del Estado. Es una inversión a futuro para la construcción de una comunidad humana identificada con su historia, consciente de su papel en el establecimiento de una sociedad democrática y capaz de romper barreras en un proceso de crecimiento intelectual propio de los pueblos libres y soberanos.
No es casualidad que en los países más desarrollados los museos sean objeto de algo cercano a la veneración. No sólo poseen un compendio de su gloria artística e histórica, sino también constituyen centros de encuentro, atractivos turísticos fundamentales para el desarrollo económico y son lugares de referencia cuya función educativa es vital en esas sociedades.
Quienes hayan tenido la fortuna de visitar los grandes museos del mundo, han podido observar el efecto poderoso que ejercen sobre la comunidad que los rodea y sobre los millones de turistas que hacen largas colas para ingresar a sus instalaciones. El trabajo minucioso y especializado de sus curadores no se limita, como muchos parecen creer, a quitar el polvo de las esculturas. Es una labor incansable de investigación y un aporte fundamental al acervo cultural del mundo al cual pertenecemos. Hoy visitemos uno de ellos.

El verdadero líder

(Publicado el 16/05/2009 en Prensa Libre)

Un verdadero líder debe ser respetuoso de los principios y valores inherentes a su posición, en todos los actos de su vida.

El liderazgo no es algo que se compra en el mercado. Se construye a través de una conducta personal coherente, un actuar intachable y un irrestricto respeto por los derechos de los demás. Por eso no puede otorgarse esa calidad a un dictador ni a un personaje de dudosa reputación, quienes podrán quizás presumir de caciquismo pero jamás de liderazgo.
En circunstancias como las que atraviesa Guatemala, lo peor que pueden hacer las autoridades es creer que ser líder es asumir una actitud revanchista, usando el poder y los recursos públicos para generar confrontación entre ciudadanos, sólo porque algunos sectores manifiestan su descontento con la actual administración y exigen cambios.
La Constitución de la República, al garantizar la libertad de acción (Artículo 5°), limita cualquier acto de persecución oficial contra las personas, en tanto las opiniones y acciones de éstas no infrinjan la ley, por mucho que estas acciones y opiniones molesten a los funcionarios en el poder.
Por ello, la detención de un joven técnico en informática por haber enviado un tweeter con un mensaje alusivo a Banrural –operativo ejecutado con todo el escándalo mediático propio de los canales afines al oficialismo- resulta una maniobra desproporcionada y más parece un mensaje de intimidación dirigido a la sociedad, además de una abierta amenaza a la libertad de expresión.
El Presidente tiene problemas y uno de ellos es su falta de asesores calificados. Millones de televidentes observaron con estupor la entrevista en CNN con la periodista Patricia Janiot, quien durante varios minutos lo mantuvo contra las cuerdas asestándole uno tras otro los golpes certeros de preguntas directas que el mandatario guatemalteco apenas logró responder.
Durante los últimos días, las decisiones desde su despacho se han vuelto más y más confusas, alimentando un fuerte rechazo en amplios sectores de la sociedad que exigen justicia. Pero esta demanda de transparencia ya no sólo se refiere a los casos Musa y Rosenberg, sino a todos aquellos que reflejan la negligencia, el tráfico de influencias, la corruptela política, las oscuras transacciones en el Congreso, la sospechosa conducta de fiscales, jueces y magistrados y todo el entorno que envuelve la cosa pública.
De haberse cumplido siquiera una parte mínima de las promesas de campaña –por ejemplo, aquellas relativas a justicia, seguridad y transparencia- ni él ni sus allegados se verían envueltos en semejante resaca política. Quizás lo único positivo de toda esta debacle sea el despertar de una sociedad harta de muerte, mentiras y corrupción.

Amenazadas

(Publicado el 11/05/2009 en Prensa Libre)

La acción valiente y decidida de algunas mujeres, quienes enfrentan la amenaza constante de grupos clandestinos, ha cambiado la faz de Guatemala.

Los mensajes amenazadores contra las activistas de derechos humanos Iduvina Hernández y Claudia Samayoa, representantes de SEDEM y UDEFEGUA, confirma la efectividad de su trabajo y ratifica la importancia de unir a la sociedad en torno a su plataforma de lucha, dado el impacto que comienza a tener en los grupos armados semi clandestinos.
La confrontación entre defensores de derechos humanos y organizaciones de corte golpista no es un asunto de izquierdas políticas. Es un tema para todas y todos los ciudadanos conscientes de que, sin una estructura limpia capaz de hacer funcionar la democracia, vamos todos juntos al fracaso.
La actitud casi suicida de las mujeres guatemaltecas –aquellas que sin garantía ni padrinazgo alguno se han alzado contra la violación de los derechos de todos- merece ser reconocida no sólo por romper el silencio y la sumisión, sino por haber cambiado el rumbo de la historia nacional. De esa perseverancia, comprometida única y exclusivamente con la justicia, han surgido sentencias paradigmáticas contra altos oficiales del ejército, quienes amparados en su inmenso poder abusaron de él sin obstáculo alguno.
Aún cuando estas lideresas han contado, por supuesto, con el apoyo de hombres dignos y conscientes de la necesidad de un cambio en las estructuras de poder, fueron punta de lanza en la lucha contra la impunidad. Por ello hoy constituyen un blanco perfecto para los esbirros que aún se escudan tras las redes institucionales, decididos a detener los procesos de investigación de los actos criminales de los cuales son culpables.
En países como los nuestros, la imagen delicada y vulnerable de la femineidad, tan típica de los estereotipos paternalistas, debe revisarse. La entereza de la mujer guatemalteca es digna de admiración y respeto, comenzando por aquellas madres-niñas capaces de mantener a su familia con enorme esfuerzo personal y sin apoyo alguno, hasta las brillantes profesionales que han puesto en jaque a lo más granado del crimen organizado existente dentro y fuera de las estructuras del Estado.
El trabajo de Claudia Samayoa e Iduvina Hernández, así como la incansable labor de otras muchas lideresas de las áreas urbanas y de las comunidades del interior de la República quienes, decididas a cambiar la faz violenta de Guatemala se han unido contra el abuso y la impunidad, está dando frutos. De ahí el miedo que reflejan las amenazas proferidas en su contra, los ataques y las intimidaciones. Unir filas es lo que resta por hacer.

La verdadera calamidad

(Publicado el 09/05/2009 en Prensa Libre)

El gobierno ha declarado estado de calamidad pública en todo el territorio nacional, basado en un caso de contagio.

Es cada vez más difícil separar la paja del grano y aterrizar en una hipótesis coherente con respecto a la supuesta pandemia sobre la cual la gente emite tanta conjetura: que si se trata de una nueva fase de guerra bacteriológica, que si es negocio de Donald Rumsfeld, que si la mega industria farmacéutica está detrás de la liberación del virus en México o si responde a una estrategia política para debilitar a nuestro vecino del norte. En fin, las dudas son razonables y, si algo es cierto, es el derecho de la población a desconfiar de las declaraciones oficiales.
En Guatemala, país fronterizo con el epicentro de la pandemia, se había confirmado hasta ayer sólo un caso de contagio, en una niña de 11 años. El virus que acapara las portadas y editoriales de todos los medios de comunicación, el cual parece establecer una consigna internacional de conducta y ha desatado una furiosa ola de rechazo y discriminación contra ciudadanos mexicanos en el mundo entero, no se ha convertido en una amenaza de salud tan real como se pretende hacer creer.
Sin embargo, supongamos que de pronto –a pesar de que México ya declaró la epidemia bajo control- explotara en Guatemala una ola de contagio masivo. Supongamos que el N1H1 ingresara por el Suchiate a nado o montado en un cayuco, con toda la intención de acabar con los guatemaltecos… ¿por dónde empezaría a actuar? La respuesta es evidente: en aquellos grandes sectores de la población cuya situación de supervivencia es tan precaria que ni siquiera se puede defender de una gripe común o de una diarrea, mucho menos de un virus mutante de categoría internacional.
En realidad, el estado de calamidad pública a nivel nacional ha dejado de ser una decisión de Estado. Tampoco responde a una estrategia sanitaria. El estado de calamidad es una realidad palpable, cuyos efectos sobre la salud y la vida de los guatemaltecos ha producido más muertes que la guerra y muchas más, sin duda, que cualquier epidemia.
La desnutrición crónica de nuestro pueblo, especialmente entre niñas, niños, mujeres y personas de edad avanzada, es un hecho desde hace ya muchos años, aunque para las autoridades esa realidad pareciera haberse fundido en el deforestado paisaje chapín perdiendo toda relevancia.
Que ahora, por un caso confirmado de contagio de esta nueva cepa de virus, se declare estado de calamidad pública, más parece responder a la conveniencia de liberar a algunas dependencias de la obligación de convocar a licitación pública y gozar de la libertad de comprar vacunas y tratamientos a cualquiera de sus proveedores amigos, sin rendirle cuentas a nadie.