Month: February 2016

Una sociedad democrática requiere un sistema incluyente, no políticas miopes y represivas /

En países como Guatemala, Honduras y El Salvador –el conflictivo triángulo norte de Centroamérica- el concepto de juventud dejó de tener, desde hace tiempo, el aura positiva de crecimiento, oportunidad y desarrollo naturalmente implícito en ese segmento de la población. En estos países, dadas sus características socio políticas y sistemas económicos orientados hacia el fortalecimiento de sus cerrados círculos de poder, las aspiraciones de los jóvenes se estrellan contra la dura realidad de un entorno hostil.

De ahí el incremento de las actividades delictivas entre una población cada vez más joven –en Guatemala aumentan cada año los crímenes cometidos por niños y adolescentes de ambos sexos- a lo cual se añade, como colofón y sin duda también como una de sus causas, el empobrecimiento acelerado de las familias, la mayoría de las cuales no alcanzan a ganar lo suficiente para cubrir las necesidades más elementales de vivienda, alimentación y vestuario.

La imagen de una juventud pujante y entusiasta, por lo tanto, es cada día más un estereotipo muy alejado de la realidad para ese contingente menor de 18 años que, por razones diversas, no logró un nivel educativo mínimo capaz de garantizar su desarrollo integral y permitirle el lujo de soñar con un futuro mejor.

Esta degradación de la calidad de vida de la población en general y del sector más joven, en particular, se acentúa de manera progresiva, en perfecta sintonía con el envilecimiento de una administración pública cuyos vacíos han ocasionado la debilidad del Estado hasta el punto de colapsar algunas de sus principales instancias, en un vórtice de corrupción y malos manejos. Por supuesto, los grupos más afectados por el fenómeno resultan ser la niñez, la juventud y las mujeres. Una potente bomba de tiempo en poblaciones cuyo promedio de edad desciende de modo sostenido.

¿Qué porvenir encuentra un adolescente privado de acceso a un centro educativo de calidad, gratuito y en cuyas aulas se le respete y proporcionen las herramientas para labrarse un futuro promisorio? El sistema actual lo coloca ante la disyuntiva de salir a las calles a conseguir un salario de hambre o ingresar a una clica que le ofrezca un sustancioso ingreso. Difícil elección, en la cual el entorno familiar también juega un papel decisivo.

Y ahí está el siguiente elemento de la fórmula: un contexto familiar históricamente privado de oportunidades de educación –porque el tema no es nuevo- con el desafío de mantener a una familia numerosa, carente de recursos para ofrecerle mejores perspectivas, con un concepto patriarcal de las relaciones interpersonales y, por tanto, alto nivel de violencia doméstica.

Las medidas represivas del Estado en contra de los jóvenes que delinquen, por lo tanto, no solo no resuelven los problemas de fondo, sino además los agravan al enfrentarlos a un sistema ciego, sin rutas de rehabilitación capaces de ofrecer nuevas oportunidades de vida. A eso se añade un ámbito laboral no apto para jóvenes rescatados de un contexto de pobreza, violencia y criminalidad.

Las políticas públicas indispensables para revertir esta tendencia no suelen incluir medidas de fondo, como sería un incremento significativo del presupuesto destinado a la educación pública, así como programas sostenibles dirigidos exclusivamente a la niñez y la juventud de menores ingresos. Esos, de acuerdo con el pensamiento político actual, son lujos que los países en desarrollo no pueden costear. Un argumento insostenible ante el despilfarro y la manipulación constante de los fondos públicos y el pésimo manejo de los casi inexistentes programas de desarrollo. Esto da para una seria reflexión ciudadana.

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@carvasar

 

Un educador prejuicioso y kaibiles impartiendo cursos de sexualidad. /

Si algo tenemos que agradecerles a los nuevos funcionarios –y también a los viejos políticos- es haber despertado, con sus prejuicios y desatinos, el debate siempre acallado sobre la sexualidad. Hoy, como pocas veces se ha visto, los medios y las redes abundan en certeras reflexiones tendentes a desvelar los conceptos y quitar telarañas allí en donde se han acumulado por los siglos de los siglos.

La mirada paternalista hacia una juventud y una niñez carentes de oportunidades de desarrollo, debe sustituirse por la definición correcta de políticas públicas destinadas a reducir las desigualdades y las inconsistencias de los programas emanados desde las instituciones del Estado, los cuales se elaboran a partir de una visión sesgada sobre los derechos de esos sectores vulnerables.

Cuando un funcionario de Gobierno sugiere en su discurso la validez de la autoridad del hombre por sobre la vida de la mujer, automáticamente plantea una posición de Estado, como hizo hace algunos días el viceministro de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa (¡nada menos!) en un acto de graduación, en donde dejó bien sentadas sus ideas sobre los (no)derechos de la mujer, entre otras perlas de una alocución que ha corrido por las redes y puede encontrarse en YouTube.

Pero eso, al final de cuentas, refleja un estereotipo social sólidamente asentado en el imaginario colectivo, el cual se replica con fuerza en todas las capas sociales como parte de los discutibles valores que la sustentan. Un marco cuya prevalencia ha provocado, además de horrorosos crímenes de lesa humanidad y un ambiente de extrema violencia, muchos de los problemas que actualmente frenan el desarrollo de la niñez, la juventud y el gran sector de mujeres, cuyo estatus de marginación se mantiene in crescendo.

La actitud y las palabras del viceministro están mal, muy mal. Y aunque el funcionario pretenda desmentirlas, ahí están las grabaciones para sostenerlas. Pero no es el único que resbala fuertemente en su propio caldo de prejuicios, ahí están los diputados tránsfugas y otros nada transparentes, elaborando discursos sobre valores como si la ciudadanía a la cual afectan con sus manipulaciones hubiera perdido la memoria.

Pero la cereza sobre el pastel en esta tierra de Nunca Jamás, es la publicación de la Brigada Fuerzas Especiales Kaibil en Facebook, en donde aparece un soldado impartiendo una conferencia sobre prevención de embarazos ante una audiencia de niñas, niños y adolescentes, en una escuela de Poptún, Petén. Este hecho no tendría mayor importancia ¡todo lo contrario! si las clases sobre el tema de la sexualidad fueran parte de la currícula escolar y todos los maestros contaran con abundante material y la posibilidad de compartirlo con sus alumnos.

Sin embargo, las políticas públicas de educación sexual y reproductiva han sido engavetadas administración tras administración, con el consiguiente abandono de la iniciativa y del mandato derivado de los acuerdos internacionales sobre el tema. Guatemala, como muchos otros países, pero aún con mayor incidencia, presenta grados ascendentes de embarazos en niñas y adolescentes, violaciones sexuales desde el seno familiar y el entorno cercano, trata de personas –especialmente niñas y niños- y una multiplicidad de formas de violencia sexual que convierten al país en uno de los más riesgosos para el desarrollo de la infancia. Y considerando su sistema democrático, es una total contradicción que la enseñanza de un tema tan sensible provenga de uno de los cuerpos más represivos del Ejército.

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Cómo navegar en las corrientes cruzadas de la represión y el instinto /

Muchas cosas han pasado durante las semanas recientes, que han puesto a la sexualidad humana en la mesa de discusión. Entre ellas, una ley de la juventud insuficiente para alcanzar sus objetivos de crear un marco de protección y desarrollo para ese importante sector de la sociedad y un juicio histórico en donde se persigue castigar los crímenes cometidos por el Ejército contra las mujeres de Sepur Zarco, sometidas por la institución armada a la esclavitud sexual y laboral después de haber destruido sus familias y sus hogares.

Pero también está la postura pretendidamente moral de la mayoría de candidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos, quienes han dedicado muchas de sus intervenciones en los debates públicos a esgrimir argumentos en contra de la diversidad sexual, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto, en un afán de retomar posiciones de conservadurismo extremo, al parecer con la intención de satisfacer a cierto sector de la ciudadanía que se resiste a aceptar los cambios inevitables de la evolución social.

La relación entre estos hechos no resulta evidente, pero de algún modo existe. Es el nexo ancestral que vincula a los sistemas de control político -en un marco patriarcal de dominio absoluto sobre las normas que rigen a lo más primario de las comunidades humanas: su sexualidad y la manera de ejercerla- con la antigua estrategia de condicionar la libertad hasta en lo más elemental de su esencia, a través de la culpa y la soberanía de su papel como ente reproductor.

Pero esta visión incide y limita especialmente a las mujeres, consideradas una especie de “repositorio genético” cuya responsabilidad es hacer de su cuerpo y su sexualidad una suerte de ofrenda social que no solo la sobrepasa, sino prácticamente la convierte en objeto bajo el dominio de otros.

Las nuevas generaciones -esa juventud actual enfrentada a un mundo conflictivo, hostil y nada propicio para facilitar su desarrollo- habrán de determinar cuáles son sus objetivos de vida y, a partir de ellos, buscar la manera de incidir en las normas y leyes que regirán su futuro y el de sus hijos, dejando a un lado los prejuicios y la ignorancia que han condicionado y satanizado durante siglos el ejercicio libre y maduro de su sexualidad.

La visión ideal desde una perspectiva retrógrada y conservadora, pero sobre todo desde los parámetros del control político, es una juventud sumisa y apegada a normas institucionales. Una juventud “decente y pudorosa”, incapaz de rebelarse contra los cánones existentes. No deliberante, con la cual sea posible mantener las reglas de un juego que en nada la favorece. Para ello, privar a las nuevas generaciones de una educación de calidad, es prioritario. Negarle asimismo el acceso a mecanismos de control de su propia sexualidad es una forma adicional de restringirle sus derechos y de tal modo someterla a las decisiones de otros.

Política y religión no se mezclan, eso es lo que se dice en un afán de corrección política absolutamente abstracto. La verdad es que política y religión no son más que dos caras del mismo espejo en donde se refleja el mundo actual y los modos de regirlo. Es el espejo en donde nos reflejamos al tomar decisiones y también al no tomarlas, porque sus valores –diseñados por otros para conveniencia de alguien más- nos indican siempre cuál es el camino a seguir.

A la juventud actual no le queda más que una opción y es, como bien lo ilustró la muestra fotográfica de Daniel Hernández-Salazar, despojarse de las vestiduras y exhibirse desnudos ante el mundo.

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El difícil consenso sobre el aborto por motivos de salud y sobrevivencia/

Una espina en el ojo no sería más molesta para los gobiernos de la región, como el planteamiento hecho por la ONU sobre permitir el derecho al aborto y el acceso a métodos anticonceptivos para las mujeres que viven en países en donde actualmente se presenta una fuerte incidencia de casos de zika, como es el caso de América Latina.

La prevalencia de la doctrina católica en los países latinoamericanos, cuya influencia ha sido estampada hasta en los textos constitucionales –aun cuando la mayoría de Estados se autodenomina laico- constituye un obstáculo aparentemente infranqueable para uno de los problemas sociales de mayor impacto en estos países de población mayoritariamente pobre y sin acceso a la salud, y mucho menos a la educación sexual y reproductiva.

De ahí que el temor de un incremento incontrolado de abortos clandestinos con consecuencias fatales surja como derivado de restricciones a la práctica del aborto en establecimientos sanitarios legales y bien equipados. Esto, considerando que el entorno en el cual se desarrolla la vida de estas comunidades es de tal vulnerabilidad y marginación, que en el futuro cercano no existen mayores perspectivas de acciones eficaces para evitar la propagación del zika, ni del chikungunyá, ni del denge y tampoco de la malaria. Pero, adicionalmente, del hambre y la desnutrición, la falta de acceso a servicios de salud y la indiferencia de los gobiernos.

Se estima que unos 25 millones de mujeres carecen de acceso a métodos anticonceptivos en el continente latinoamericano, pero es probablemente mayor el número de quienes, a pesar de tenerlo, no los utilizan por razones religiosas o desconocimiento. También se conoce la tremenda prevalencia de violencia intrafamiliar, violaciones sexuales, incesto y trata de personas a quienes el sistema actual deja al margen de la protección de los Estados. Esto significa un problema de enormes dimensiones y requiere más de una visión humanitaria, sanitaria y de derechos, que de un manifiesto doctrinario.

Las víctimas de la mayoría de enfermedades transmitidas por los mosquitos se encuentran en áreas rurales o en zonas marginales, desprotegidas y sujetas a la voluntad de autoridades locales, quienes usualmente han sido electas por medio de campañas financiadas a través de acuerdos financieros y políticos. Estas autoridades muchas veces carecen de los conocimientos técnicos y legales para tomar decisiones de tanta responsabilidad, por lo cual los Estados de la región se sostienen en una cadena llena de eslabones rotos. Su tarea –titánica, por ciento- es diseñar e implementar políticas sanitarias coherentes y ajustadas a las emergencias del momento, como esta probable pandemia de zika que asola a los pueblos y a sus nonatos.

Los síntomas de las enfermedades transmitidas por los mosquitos son ampliamente conocidos por haber sido divulgadas por todos los medios de comunicación, pero principalmente por quienes tienen acceso a ellos. Sin embargo, las medidas de protección son relativas a las condiciones de vida de las personas, o no existen o son prácticamente imposibles de implementar para evitar las peores consecuencias de estos males, una de las cuales es la microcefalia en los bebés y el síndrome de Gillian Barret, para ninguna de las cuales existe cura conocida.

De no responsabilizarse los Estados de la región de manera congruente con su mandato de proteger a la persona y a la familia –común para todos, sin duda- se encontrarán con una crisis humanitaria fuera de proporción. El momento de las decisiones, aun cuando es difícil, resulta inevitable.

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@carvasar

La niña más bonita de la aldea será también la más infeliz

 

No se necesita un escenario de guerra para observar las múltiples amenazas que rodean, como si se tratara de algo natural, la vida de niñas, adolescentes y mujeres impidiéndoles desarrollarse de manera plena para gozar de su vida en libertad y con todas las garantías propias de un sistema de legalidad. Este tema es la denuncia constante de activistas de derechos humanos, académicos y estudiosos del fenómeno social en países en desarrollo y de quien quiera detenerse a echar una mirada curiosa en aldeas, caseríos y ciudades de nuestra América Latina.

Niñas embarazadas es la constante. Sus familias, pobres y privadas de todo beneficio por obra y gracia de un sistema de privilegios, prefieren entregar a sus hijas en matrimonios precoces –la mayoría forzados- en aras de quitarse el peso de alimentar una boca más, pero hacerlo de modo de evitar el bochorno ante el resto de la comunidad. Para ello las negocian con hombres maduros que ofrecen cualquier prebenda a cambio de esa niña cuya voluntad no cuenta en la transacción y cuyo destino es marcado con la huella estampada en el acta de matrimonio.

Los datos son espeluznantes y van en aumento. Pero no solo en matrimonios a temprana edad, sino en uniones forzadas, secuestros, violaciones y trata de niñas menores de 14 años, perpetrados tanto por sus familiares cercanos, quienes las consideran un sub producto útil para transar, como por autoridades de las comunidades en donde nacen y se desarrollan. Pero a esto se han sumado también las organizaciones criminales, cuyos territorios abarcan todo lo abandonado por los Estados de la región en términos de seguridad, protección de la infancia y establecimiento del estado de Derecho.

Esos matrimonios constituyen una patología social de larga data y para erradicarlos por completo no bastará una normativa legal que ponga un límite de edad para contraer nupcias. Y tampoco es cuestión de establecer castigos severos a los infractores, la mayoría de los cuales ni siquieran comprenden el concepto de estas restricciones, porque vienen a cuestionar una norma de vida comunitaria desde tiempos de sus ancestros.

El trabajo de cambiar la visión tiene desafíos casi imposibles desde el punto de vista logístico y eso lo saben todas las entidades nacionales e internacionales cuya misión es propiciar una transformación profunda de este estado de cosas. Los estudios de campo muestran un escenario, incomprensible para quienes tienen una perspectiva urbana e intelectual, en el cual tanto hombres como mujeres de sectores marginales, pobres y mayoritariamente rurales, consideran estas prácticas como algo perfectamente aceptable.

En aras de darle un vuelco de 90 grados a la situación de las niñas en condición de pobreza y exclusión -las principales víctimas de este tráfico muchas veces legalizado- la educación es la única herramienta posible. Pero la educación solo será efectiva en un contexto de respeto por los derechos humanos y una administración de gobierno capaz de priorizar las políticas orientadas a satisfacer las necesidades de este sector de la población.

El pensamiento patriarcal, patente y soberano en todas las instancias de las sociedades latinoamericanas, deberá dejar paso a un sistema de justicia social, el mismo que en la actualidad representa una amenaza para las naciones más desarrolladas. La triste suerte de millones de niñas, aunque a simple vista no lo parezca, es otro de los hilos de la trama de un sistema capitalista despiadado y voraz.

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@carvasar