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Repartición de culpas

La pandemia nos ha dejado en cueros, por decirlo de alguna manera.

Desconcierto es el término exacto para definir la atmósfera en la cual se hunde el mundo conocido para transformarse de golpe en una oscura repartición de culpas. El diminuto elemento que ha dejado en evidencia la pobreza de las políticas públicas, la ambición de ciertos grupos de poder y la cobardía de la mayoría de gobernantes, también despojó de velos a nuestras sociedades disfuncionales. Obligados por el miedo a un encierro voluntario o forzoso, nos encontramos a merced de decisiones en las cuales no solo no creemos, sino además nos huelen a traición y nos hacen desconfiar de nuestros pares.

El momento actual no podría ser más propicio para cerrar candados y limitar así libertades ciudadanas; las medidas restrictivas han logrado mantener aislados a grupos contestatarios, pero también han brindado oportunidades a otros mucho más agresivos y peligrosos, cuyo poder para transformar las democracias en dictaduras es facilitado por la paranoia generalizada y la parálisis ciudadana. Aprovechando este paréntesis de silencio político, no faltan las maniobras para utilizar la pandemia como mecanismo cuyo objetivo es asfixiar toda protesta y militarizar, casi sin oposición, ciudades y países víctimas del saqueo y la corrupción.

En estas circunstancias, aun cuando creemos con plena convicción haber alcanzado cierto nivel de conocimiento sobre el mal que se cierne sobre los pueblos –y sobre nosotros mismos- debemos reaccionar y comprender la dimensión del fenómeno que nos ataca, el cual no es solo un virus sino todo un tinglado diseñado en función de extraviarnos en un laberinto de rutas sin salida. De un modo perverso, grupos de poder se esfuerzan por desorientar a las grandes mayorías y, tal como si fueran un rebaño de ovejas, llevarlas directo hacia el reducto que les conviene y anular toda posibilidad de participación en las decisiones.

De ese modo, no solo dirigen el dedo acusador hacia quienes resultan ser las víctimas, sino también convierten en una potencial amenaza a los eslabones más débiles -política y económicamente hablando- de la cadena social y culpan por el caos a los trabajadores, los adultos mayores, las mujeres y los niños. Estas maniobras tienen como objetivo desestructurar a las sociedades y lanzar a unos contra otros en un ambiente de desconfianza y violencia que asemeja un retorno al medioevo. La manera cruel y deshumanizante como se ha utilizado la penosa situación de la pandemia en algunas ciudades, al extremo de que ciertos gobiernos usaran imágenes impactantes del drama humano en mensajes oficiales como ejemplo de lo que no se debe hacer, es un ejemplo claro de bajeza moral.

La situación de los pueblos latinoamericanos nunca había sido puesta tan en evidencia como en estas semanas de incertidumbre. Un continente arrasado por un sistema económico depredador cuyo poder descansa sobre estructuras de gobierno corrompidas hasta la médula, ha debilitado las funciones de los Estados al punto de carecer por completo de recursos para garantizar los derechos ciudadanos estipulados en sus textos constitucionales. De ese tamaño ha sido la traición de los cuadros políticos pero, más grave aún, la codicia desatada de sus élites económicas y de los grandes consorcios internacionales.

La evidencia de nuestros males sociales nos ha dejado al desnudo, frente a nosotros mismos. Quizá sea la única oportunidad para transformar sistemas y cerrar filas, pero sobre todo para comprender la dimensión del peligro que nos acecha: la división y la confrontación entre quienes, al final del día, hemos sido elegidos por otros como víctimas propiciatorias.

Un virus despojó de velos lo más podrido de nuestro sistema.

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El agente revelador

Tomemos un tiempo para mirar alrededor y veremos cómo, poco a poco, surge la verdad.

Hoy no es fácil escribir. Entre la confusión provocada por cruces de información y desinformación que nos llevan de un extremo a otro, de la esperanza a la paranoia, de pronto nos damos cuenta de un cambio en el mapa y en las prioridades; porque aquello considerado seguro, inamovible y trascendente es, de pronto, una imagen desvaneciéndose frente a nuestros ojos. Pero eso no es lo más duro, sino el efecto adormecedor de una situación inusual como esta de permanecer recluidos por la fuerza de los mandatos oficiales y de circunstancias propias de una película de horror. Entonces viene el truco mental de acomodarse lo mejor posible a aquello que no podemos cambiar.

Sin embargo, desde nuestro pequeño reducto terminamos por olvidar cuán afortunados somos por poseer, por lo menos, el privilegio de quedarnos en casa y tener suficiente alimento para soportar esta tensa espera. Porque en nuestros países, tan abundantes en riquezas, las grandes mayorías viven en una pobreza profunda y descarnada que los convierte en las primeras víctimas de cualquier calamidad. Atados a la rueda de molino de sus necesidades insatisfechas, millones de trabajadores terminan por ser esclavos de un sistema cuyo propósito es explotarlos al máximo y escatimarles toda posibilidad de escapar a su destino. Quizá lo único rescatable del virus que hoy nos ataca sea su función como el elemento revelador que, como en un laboratorio fotográfico, nos coloca frente a la imagen en alta definición de nuestras miserias sociales y humanas.

Es ahora cuando por fin nos pega en la cara la evidencia del engaño y la manipulación. Es en esta extraña circunstancia cuando la estulticia de nuestros gobernantes y sus anillos de influencia alcanza plena visibilidad y podemos observar en vivo y en directo cómo aprovechan el momento para reforzar sus reductos de poder, capitalizar el miedo de la ciudadanía con fines electorales, desviar fondos públicos para proteger a los más ricos y elaborar un discurso engañoso para convencer a la población sobre la bondad de sus actos. En sus declaraciones y conferencias de prensa, la gran masa de seres abandonados a su suerte no existe; no se menciona a los inmigrantes deportados, como tampoco a la niñez desnutrida y vulnerable a cualquier problema sanitario. Se hace alarde de medidas de contención, pero no se describe la situación real de los servicios de salud, históricamente abandonados por un sistema inescrupuloso.

La amoralidad de nuestros gobernantes no es un hecho fortuito sino un plan cuidadosamente trazado por quienes en realidad dirigen los hilos y poseen todos los recursos de nuestros países y nunca, quizá, había quedado tan a la vista la dicotomía entre las palabras y los hechos. La pandemia que nos ataca, la cual nos deja a merced de decisiones tomadas en un contexto opaco y sospechosamente inclinado hacia el establecimiento de nuevas restricciones a las libertades ciudadanas, debe ponernos en alerta y obligarnos a analizar con mayor detenimiento las raíces de nuestras carencias y las consecuencias de nuestro conformismo. Debe, además, despertar sentidos y conciencia para ver sin filtros discriminatorios las verdaderas causas de la miseria en la cual se hunden grandes segmentos de la sociedad y, con ellos, también nuestros sueños de prosperidad y desarrollo. Hoy hemos sido igualados en la incertidumbre, hermanados en el temor por un mañana desconocido e igualmente vulnerables ante una emergencia sanitaria de la cual lo desconocemos casi todo. Estamos frente a un auténtico cruce de caminos y de nosotros depende elegir el correcto.

Como en un revelado fotográfico, aparecen nuestras grandes debilidades.

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El peligro es otro

Una pandemia es capaz de abrir los rincones más oscuros de nuestra naturaleza.

En estos días de cuarentena, es imperioso volver la mirada hacia nuevos horizontes. Comenzar desde una postura debidamente informada para comprender la dimensión real del problema y no sacar conclusiones extraídas desde una visión generalmente distorsionada por el miedo, el fanatismo y la superstición. En ello incide todo un marco cultural que nos aleja del raciocinio para dejarnos a merced de los temores y así, de ese modo, terminamos por perder la perspectiva. Un encierro obligado por las circunstancias podría permitirnos, en primer lugar, reordenar las prioridades y evaluar hasta qué punto dependemos de los demás. Es decir, traernos de regreso hacia un contexto comunitario, abandonando el individualismo creado a partir del egoísmo endémico de nuestros sistemas sociales y políticos.

Uno de los efectos impactantes de la pandemia es cómo se nos ha reducido el planeta. Hoy echamos una mirada desconfiada hacia continentes lejanos y cerramos fronteras locales y personales para evitar contagiarnos de sus mismas dolorosas experiencias. Sin embargo, en el fondo sabemos que, a pesar de todo, este minúsculo virus ha venido a exponer las debilidades de nuestro ser y de nuestro entorno y, muy especialmente, las aberraciones del nudo político-económico que nos impone un apartheid prefabricado, mediante el cual un pequeño segmento de la sociedad lo posee todo, mientras el resto debe ver cómo sobrevive a sus carencias. Esta excepcional calamidad sanitaria también ha evidenciado, entre otros efectos, el daño enorme provocado por nuestros hábitos y costumbres en el mundo natural del cual dependemos.

La convivencia obligada de estas semanas no solo representa la única herramienta sensata para achatar la curva de la pandemia y no colapsar del todo los ya frágiles sistemas de salud pública, sino también deja en carne viva los desencuentros y las amenazas dentro del entorno familiar. En el mundo real, pocas son las ocasiones en donde todos los miembros de una familia deban permanecer en un mismo sitio durante mucho tiempo, sin otra opción. Esto, visto desde afuera, puede parecer una excelente oportunidad para compartir intereses y fomentar la unión, pero en muchos casos –demasiados, sin duda- constituye un riesgo para millones de mujeres, niñas y niños víctimas de una relación de violencia, a quienes la cuarentena coloca a merced de su agresor sin posibilidad de escapar.

Además de ello, al convertirse en Covid19 en el tema único de medios de comunicación, círculos sociales y plataformas institucionales, resulta extremadamente sensible a la manipulación y a la desinformación, dado que esta amenaza sanitaria es aún desconocida para las masas y motivo de preocupación para los científicos. En el entorno latinoamericano se ha podido observar la abundancia de comentarios en redes sociales como un espejo en donde se refleja una maravillosa solidaridad humana, pero también la profunda división expresada en mensajes de odio, discriminación y desprecio por quienes no piensan del mismo modo o pertenecen a un segmento diferente de la sociedad. Por ello, es preciso comprender que el peligro es otro. No es el virus que pasará por nuestro organismo y quizá solo deje un recuerdo amargo o la pérdida de un ser querido, sino esa combinación de creencias, supersticiones y fanatismo; ese odio por el otro; esa desconfianza capaz de provocar una respuesta agresiva ante una situación que escapa de nuestro control. Es una lección dura, pero el aprendizaje podría hacernos mejores seres humanos.

En estos días, la visión de nuestro futuro ha cambiado de golpe.

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Tiempos difíciles

Durante los recientes días, se ha trazado una línea entre el antes y el después; ese cruce sin duda definirá el futuro.

El mundo ha enfrentado pandemias a todo lo largo de su historia, pero nunca con tal abundancia de información –falsa o real- y en condiciones tan precarias para millones de seres humanos. Los escenarios varían de manera dramática entre países desarrollados y vastas regiones en donde reinan la desigualdad y la más absoluta miseria. Para los países de nuestro continente, la dura prueba podría derivar en una toma de conciencia sobre la urgente necesidad de dar un golpe de timón en las políticas públicas, especialmente en el ámbito de la salud, educación, vivienda y alimentación; en caso contrario, las consecuencias podrían desembocar en una mayor profundización de las condiciones de pobreza y falta de oportunidades para las grandes mayorías, peores aún que las actuales.

Entre los segmentos más sensibles a este desafío sanitario están los grupos históricamente vulnerables: población indígena-campesina; migrantes; cinturones urbanos de asentamientos precarios privados de servicios públicos (agua, manejo de desechos, carencia de atención sanitaria, violencia); comunidades en extrema pobreza; mujeres y un fuerte porcentaje de la niñez en condiciones de desnutrición crónica y/o aguda. La atención prioritaria a estos grupos, sin embargo, depende de decisiones dictadas por sectores de interés económico, ampliamente conocidos por su posición antagónica con respecto a las políticas de beneficio social.

Si existe algo positivo en la actual pandemia provocada por el nuevo virus, es la inevitable certeza de que ante ese peligro somos todos igualmente vulnerables y esos rangos intocables de estatus social y económico se difuminan frente a una amenaza que golpea sin excepciones. Los sistemas políticos diseñados en función del empoderamiento de pequeños círculos de poder son, por lo tanto, una de las torres del tablero que recibirán los golpes más contundentes. Esto, porque de no iniciarse una transformación de fondo hacia sistemas más justos, con Estados más fuertes y con mejoras significativas en los servicios públicos, será imposible remontar hacia la recuperación económica, ya duramente golpeada por medidas extremas que tienen al mundo prácticamente paralizado.

En este receso obligado, es de enorme importancia actuar con responsabilidad frente a sí mismos, a la familia y a la comunidad. Tomar en serio y acatar las disposiciones decretadas por las autoridades sanitarias no solo garantiza la seguridad personal, sino trasciende hacia quienes nos rodean. El impacto provocado por la paralización de actividades normales tendrá repercusiones imprevistas en la interacción entre personas y es una oportunidad valiosa para revisar actitudes y reparar relaciones. Entre estas acciones debería ser imperativa una reflexión sobre la necesidad de establecer parámetros más estrictos en la protección integral de la niñez, uno de los grupos más sensibles a cualquier crisis.

En países con profundas desigualdades, como sucede en la mayoría de naciones latinoamericanas, hoy se mostrarán con crudeza todas las debilidades endémicas presentes en los marcos políticos instaurados para beneficio de unos pocos. Por lo tanto, la revisión de estos sistemas no deberá posponerse porque, de hacerlo, se pondrá en riesgo la supervivencia de millones de habitantes. Dadas las circunstancias, las autoridades deben enfocarse en el estudio de políticas públicas adecuadas para enfrentar un escenario cargado de amenazas y transformarlas en vehículos propicios para generar cambios y, por ende, nuevas oportunidades de desarrollo para toda la población.

La cuarentena es un tiempo para reflexionar sobre nuestras decisiones.

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El catálogo de las injusticias

Así como las niñas del hogar seguro, hay miles más esperando una justicia que no llega.

Escribo esto el 8 de marzo, una fecha simbólica para conmemorar la crueldad del patriarcado. Entre mensajitos floridos y frases cliché, se cuela la verdadera dimensión de la discriminación y la impotencia en la cual viven millones de mujeres en todo el mundo, víctimas de un sistema capaz de transformar su vida en una esclavitud legalizada. Claro que hemos avanzado… Hoy podemos celebrar nuestro derecho al voto, aunque aún –en pleno siglo veintiuno- nos toca luchar por una paridad a la cual tenemos pleno derecho. Hemos avanzado porque existen leyes contra el feminicidio, pero no hemos logrado una acción consistente de los sistemas de administración de justicia para prevenirlo y sobre todo para castigarlo.

Hemos avanzado en tecnología y conocimiento, claro que sí, pero nuestras niñas son privadas de su derecho a la educación y a la atención sanitaria, condenándolas a un futuro de servidumbre sancionado por una sociedad ciega a la dimensión de esa injusticia. Hemos avanzado en conciencia sobre las inequidades y al mismo tiempo avalamos un sistema patriarcal capaz de anular las capacidades y el potencial de una mayoría silenciada por prejuicios y costumbre. Hoy, mientras escribo con la sorda indignación de saber cuánto falta para alcanzar un estatus digno para niñas y mujeres cuyos derechos son violados con total impunidad, me regresan las imágenes de las 56 niñas heridas y calcinadas por orden presidencial en Guatemala, un día como este.

Hemos avanzado, pero no importa cuánto camino hayamos recorrido mientras persista la impunidad sobre las violaciones sexuales, el incesto, la esclavitud, la tortura, el asesinato, el tráfico de personas o la discriminación en el acceso a la educación. Es imposible presumir de desarrollo cuando hemos transformado en auténticas rehenes a la mayoría de habitantes en nuestros países, privadas de derechos elementales por decisión de quienes han convertido el poder político en un gueto impenetrable, cuya apertura depende de la voluntad de quienes temen compartirlo.

Hemos avanzado porque hoy, por lo menos, se puede debatir, denunciar, protestar. Pero los muros continúan sólidos gracias a la fuerza de las tradiciones, prejuicios y costumbres instaurados desde hace siglos para monopolizar los mecanismos de control sobre nuestras sociedades. Derribarlos, por lo tanto, no es más un atentado contra lo establecido, sino un deber ciudadano y un acto de justicia. Hoy podemos decir cuánto hemos avanzado porque ya somos capaces de proclamar ante el mundo la importancia de la soberanía sobre nuestro cuerpo. Sin embargo, falta ese tramo indispensable de la batalla para alcanzar un estatus legal desprovisto de estereotipos moralistas, impuestos por doctrinas religiosas cuyo propósito es someternos y anular nuestro derecho a la libertad.

El catálogo de las injusticias es un gordo tratado de restricciones y abusos que han ido desde lo más elemental, como un estatus jurídico que ha privado a las mujeres de sus derechos cívicos, hasta las aberraciones extremas como la tolerancia al incesto, los matrimonios forzados de niñas y adolescentes, los obstáculos para su normal desarrollo y la constante desvalorización de su naturaleza, como si nacer con sexo femenino fuera un defecto biológico.

Este día 8 de marzo de 2020 dedico mi pensamiento a las 56 niñas del hogar seguro Virgen de la Asunción y a las miles de niñas y adolescentes recluidas en esos antros de miseria administrados por un Estado incapaz de velar por su integridad. Es mi homenaje y mi protesta.

Hemos avanzado, pero aún falta mucho por conquistar.

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Pobreza: la peor pandemia

La desigualdad y el abuso de poder han condenado a nuestros pueblos a la miseria.

Tan preocupados estamos por la amenaza sanitaria del coronavirus, que hemos olvidado la verdadera amenaza de nuestro entorno: mayor pobreza, menor acceso a los servicios básicos, aumento de la violencia en todas sus formas y la más cruel de ellas en el incremento sostenido de la desnutrición crónica en la infancia. Este es el verdadero problema en las naciones del cuarto mundo, naciones caracterizadas por gobiernos corruptos y el súper poder de sus grupos económicos cuyas élites han supeditado las decisiones políticas a sus intereses particulares, apoderándose de los recursos y retorciendo las leyes.

De acuerdo con los reportes oficiales de organismos internacionales, el virus que tanto nos asusta llegará más temprano que tarde. Sin embargo, el verdadero panorama de terror reside no tanto en la potencial pandemia como en la realidad apocalíptica del hambre, las carencias y los sistemas de salud ineficientes, sin recursos, manipulados por delincuentes tan poderosos como las multinacionales del sector farmacéutico, que trafican sin el menor reparo con sus influencias con el único objetivo de sacar el mayor provecho posible de las necesidades de los pueblos. En esa tónica, presionan a los gobiernos por medio de pactos comerciales interesados, apoyados como siempre por las instituciones financieras internacionales y los países más poderosos.

Los pueblos del hemisferio Sur se encuentran, por lo tanto, mucho más expuestos a un ataque de este virus que aquellos países premunidos de sistemas de salud pública capaces de enfrentar con mayor éxito una situación de emergencia como la que se experimenta en la actualidad. Solo basta echar una mirada alrededor y constatar la miseria de nuestros hospitales y centros de salud urbanos y rurales, en donde ni siquiera se cuenta con los recursos mínimos como equipo quirúrgico, medicinas, mobiliario y, muchas veces, incluso sin personal capacitado para atender adecuadamente las situaciones de emergencia.

El temor generalizado –y razonable- ante la entrada del Covid-19 nos coloca ante una situación sumamente compleja y potencialmente caótica, toda vez que nuestras naciones están sujetas a decisiones dictadas por intereses sectarios y no responden a políticas públicas elaboradas a partir de un análisis objetivo y serio de las necesidades de nuestros pueblos. Los gobiernos del continente latinoamericano, en su abrumadora mayoría, no solo son incapaces de elevarse por encima de intereses espurios, sino se han convertido en voceros y sirvientes dóciles de las corporaciones y las élites económicas actuando a espaldas de la ciudadanía y, como obvia consecuencia, condenándola a la más profunda e injusta de las miserias.

Hasta donde se ha podido observar, las autoridades de nuestros países se han limitado a contener la ola informativa llamando a la calma y buscando la colaboración de los medios de comunicación para frenar el pánico. Sin embargo, falta aún ver cómo harán para reparar el daño provocado por décadas de corrupción y abandono de la infraestructura sanitaria; por siglos de violencia contra los más pobres y por la marginación a la cual han condenado a los sectores más vulnerables como la niñez, la juventud y las mujeres. Si algo positivo se extrae de esta amenaza sanitaria, es su capacidad de poner en evidencia la estulticia y falta de humanidad de quienes están supuestos a gobernar dentro de un marco de ética y valores, así como la valentía de quienes quizá den el golpe de timón para poner atención, por fin, a las necesidades de sus pueblos.

Nuestros países carecen de recursos para enfrentar una amenaza sanitaria.

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Por el camino equivocado

Por qué no funcionan las estrategias institucionales para detener la violencia feminicida.

De nada sirve tratar de explicar los motivos detrás de la tortura, violación y muerte de niñas y niños, de adolescentes y de mujeres, los cuales suceden a diario en nuestros países. Esto, porque no existe tal cosa como un “motivo” capaz de llevar a otro ser humano a cometer semejantes atrocidades y mucho menos la recurrente justificación de los crímenes como resultado de arrebatos pasionales o situaciones de orden privado. Basta leer las noticias para constatar hasta qué punto el feminicidio y la violencia contra la niñez se han ido consolidando como un problema sin solución, como una carga cuyo peso sacude los cimientos morales y los valores de nuestras sociedades, pero para la cual nadie ofrece solución.

Algunos intentos por hacer visible la dimensión del horror chocan de frente contra una comunidad humana cuya sensibilidad se ha perdido junto con su sentido de pertenencia. Por lo general, se utiliza como excusa el desconocimiento o la desestimación de la gravedad del fenómeno, y todo se reduce a dejar pasar para no comprometerse en una lucha para la cual es necesario un acto de suprema valentía: reducir en pedazos la escala de valores caduca y deshumanizante que nos gobierna y, a partir de esa latitud cero, asumir como sociedad la tarea de reconstruir un tejido social en donde la vida ha perdido valor y la justicia es poco menos que una utopía.

Para nadie es un secreto la connivencia entre sectores de poder y organizaciones criminales. A partir de ahí, resulta casi imposible detener la incidencia de crímenes tan espeluznantes como la trata de personas, entre cuyas víctimas se encuentra toda clase de seres inocentes; desde niñas y niños recién nacidos hasta hombres y mujeres adultas capturadas por estas organizaciones para esclavitud laboral, prostitución, adopciones ilegales y toda clase de atrocidades, en un flujo indetenible que los separa para siempre de sus comunidades y sus familias.

En el origen de la degradación en el trato a niños, niñas y mujeres, se puede identificar con absoluta certeza esa visión patriarcal y machista de reducir la significación de esas vidas en una escala según la cual son prescindibles y sujetas a la propiedad de otros. Asesinar a una mujer en un arrebato de celos o violar a la hija porque “pertenece” a su padre han sido actos tolerados por sociedades inmersas en un esquema imperante durante siglos, cuyas normas permanecen activas por un sistema de poderes totalmente desequilibrado y deshumanizante. Ante esta realidad, las estrategias institucionales diseñadas por algunos gobiernos para eliminar o por lo menos reducir esta clase de crímenes, de nada servirán en tanto no exista una revisión profunda de las causas que los provocan. Esa tarea, aún pendiente, representa la eliminación de obstáculos a la integración de todos los sectores en la toma de decisiones, pero también en programas sociales ausentes en los planes políticos de la actualidad.

Sumado a ello, otro factor indignante es la manera de presentar los feminicidios y los crímenes contra la niñez en los medios de comunicación social. La forma despectiva y sensacionalista de divulgar en detalle estos actos atroces con el único fin de alimentar el morbo de sus audiencias, retrata de manera puntual una de las más graves falencias humanas de nuestras sociedades. A eso, es preciso añadir la indiferencia de esa audiencia, cuya actitud de ver y dejar pasar demuestra cuán enraizada es la tolerancia de la violencia contra las mujeres y la infancia y cuánto de esa tolerancia –aún en estos tiempos- es considerada una herencia cultural incuestionable.

La vida de niñas, niños y mujeres depende de un retorcido marco cultural.

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Tiempo de cosecha

La infancia de una niña está cargada de amenazas disfrazadas de buenas intenciones.

Eran los mejores tiempos, cuando en casa se organizaban fiestas en donde acudía lo más selecto del periodismo y la política.  Era cuando nos vestían con las mejores galas para no desentonar entre los elegantes invitados antes de enviarnos a dormir. Quizá tendría apenas 4 o 5 años pero recuerdo con absoluta claridad la experiencia de la atención de algunos invitados que me levantaban en sus brazos y con tono medio jocoso reclamaban a mi padre: “Me la vas a reservar para cuando sea más grandecita”, aprovechando para estamparme un beso húmedo en la mejilla. Así también con los tíos y el abuelo, quienes no dudaban en hacer uso de su autoridad familiar para sentarnos en sus rodillas y hacer ese mismo tipo de comentarios, aun contra nuestra voluntad.

Revolviendo recuerdos, aparecen otros de años después en las clases de religión en el colegio de niñas en donde estudiábamos mi hermana mayor y yo. Las clases eran impartidas por un sacerdote católico muy respetado en la comunidad, quien se solazaba mirando las piernas de sus alumnas; estas, conocedoras de las costumbres del profesor, solían burlarse abiertamente de sus debilidades. Al reclamar este comportamiento ante la dirección del colegio, desaparecieron como por encanto tanto el profesor como las clases de religión. Esto demuestra que existe una pedofilia de baja intensidad como parte del comportamiento social, la cual es considerada algo natural e inofensivo. Sin embargo, el hecho de que yo recuerde con prístina claridad esos episodios indica cuánto impacto producen en una niña las actitudes sexuales de los adultos.

Más de alguien podría creer que estas son experiencias poco comunes para la mayoría. Sin embargo, en la vida de las niñas abunda esta clase de acercamientos físicos como una manifestación temprana de una sexualidad que no se corresponde con la etapa de desarrollo infantil. En ellos se pone en evidencia el desequilibrio de poderes, dado que una niña en sus primeros años es incapaz de hacer valer su voluntad y, por ende, el respeto por su espacio personal. Esta última consideración pasa inadvertida aun para los padres más atentos al cuidado de sus hijas, debido a la visión patriarcal predominante en nuestras sociedades.

En la mente de muchos adultos existe la idea de que una niña es un fruto en etapa de desarrollo y algún día, no muy lejano, vendrá el tiempo de cosecharlo. Es decir, es un ser supuesto a ser aprovechado por otros para su disfrute personal. No se la aprecia como un ser completo, sujeta de derechos inalienables, ni como objeto de respeto por su integridad física y psicológica. En otras palabras, desde la infancia se produce un proceso de alienación capaz de privarlas de uno de los aspectos más importantes para el desarrollo de un ser humano: la libertad personal. Comprender este fenómeno puede abrir la puerta hacia una comprensión más racional de cómo los estereotipos de género golpean de manera brutal el desarrollo de uno de los segmentos más sensibles de la población.

El nacimiento de una niña se suele considerar un acontecimiento de menor importancia que el de un varón. Desde ahí se va imponiendo un marco lleno de restricciones y valores diseñados para colocarla en un peldaño inferior de la escala social. La revisión profunda de este sistema es una condición esencial para alcanzar un equilibrio justo en la reestructuración de nuestras comunidades, eliminando de manera radical los comportamientos que causan daños profundos y duraderos en la psiquis de este sector de vital importancia para la cultura y el desarrollo de la Humanidad.

Es preciso reflexionar sobre el daño provocado por costumbres atávicas.

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La niña bonita

Es tiempo de revisar conceptos y abandonar la vieja consigna del silencio.

Hace algunos días llegó a mis manos el libro Finalmente Libre, de Amanda Midence. En él, la autora guatemalteca hace un viaje hacia el pasado y reconstruye la ruta que marcó su vida, quizá con el propósito de arrojar luz sobre los rincones oscuros de su infancia y derrotar así el estigma social impuesto por una sociedad conservadora. En esas páginas relata los episodios de abuso sexual infligidos por un pariente cercano –un tío político- y las consecuencias físicas y psicológicas derivadas de ese episodio de su vida. Amanda pertenece a una familia acomodada; no nació en una barriada marginal ni tuvo que soportar las agresiones de la pobreza. Sin embargo, como tantas niñas y niños vulnerables en sociedades patriarcales y machistas, no escapó al miedo, el dolor y la vergüenza.

Menciono este libro porque constituye una denuncia poco usual en un círculo privilegiado. Además, porque deja ver cómo el abuso sexual contra la niñez es una práctica que cruza a toda la sociedad, sin distingos de ningún tipo y no solo afecta a niñas, también a niños víctimas de prácticas perversas cometidas por padres, parientes cercanos, sacerdotes, maestros, pastores o personas con influencia vinculados a su círculo, cuyos efectos psicológicos los persiguen por el resto de su existencia. Si Amanda Midence pudo romper el silencio después de haber luchado contra sus fantasmas de infancia, hay millones de otras niñas y niños condenados a soportar callados y sumisos el dolor y la vergüenza.

Como suele suceder, aún cuando las víctimas de abuso decidan enfrentar a ese mundo de prejuicios y estereotipos sexistas que las rodean, chocan contra un muro de negación y su testimonio es esculcado con tremenda malicia en busca de la mentira o propósitos ocultos. La re victimización comienza desde el primer momento y no abandona a quien tenga la osadía de denunciar. El abuso sexual –es preciso decirlo- es una costumbre aceptada en nuestras sociedades y, por tal motivo, niñas, niños y mujeres deben luchar solas y demostrar con pruebas algo que con el pasar del tiempo solo va dejando profundas huellas psicológicas. El sistema no solo es increíblemente absurdo, sino de una perversidad extrema por castigar así a los más indefensos.

Los países menos desarrollados de nuestro continente -especialmente Guatemala- sufren, además de usos y costumbres misóginas e irrespetuosas con los derechos de la infancia y de las mujeres, del ataque constante de organizaciones criminales y redes de trata que operan al abrigo de sus influencias y complicidad con instituciones del Estado. Es decir, la infancia y las mujeres son víctima constante de toda clase de agresiones y violencia sexual, laboral y social. En estos días también he recibido información sobre el acoso sexual contra más de 15 jóvenes indígenas involucradas en movimientos sociales, agresión cometida por un abogado de gran influencia en su entorno. Esto ha impedido a las víctimas hacer la denuncia pública por temor a las posibles represalias, pero también porque ningún medio se las recibe, quizá por no provenir de un entorno influyente.

En estas sociedades ser mujer –o una “niña bonita”- es enfrentar un mundo al revés. En lugar de gozar de la protección y el respeto son objeto de toda clase de violencia, empezando desde el día de su nacimiento con la usual decepción de un padre que prefería un hijo varón y de una madre convencida de que falló en ese intento. Para salir del círculo es preciso transformar a toda una cultura de privilegios para un sexo y de sumisión para el otro.

Es preciso repensar en las consecuencias de nuestro marco de valores.

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El juego de la verdad

Estamos acostumbrados a la mentira, por eso no soportamos la verdad.

Quizá como ejercicio intelectual, un día deberíamos mirar hacia atrás y analizar cómo nos hemos adaptado a los usos y costumbres de sociedades regidas por prejuicios, estereotipos y relaciones sociales basadas en la deformación de la comunicación a partir de conceptos sexistas, racistas y de cuestionable nivel moral.  Así crecimos y de ese modo adoptamos una visión de “lo correcto” para adaptarla a una serie de estrechas normas que nos vienen cómodas, a pesar de sus limitaciones. De ese modo, fuimos formados con un filtro cuyo efecto tendría una influencia decisiva en todas nuestras relaciones futuras.

En ese sustrato contaminado nuestras sociedades cultivan, como lo más natural, la desconfianza y la violencia en las relaciones humanas desde la más tierna infancia. Aun cuando intentamos convencernos de que nuestros primeros años fueron unas vacaciones en la isla de la felicidad, sabemos muy bien cuánto sufrimiento enfrenta la niñez en espacios como el hogar y la escuela, en donde se consolidan de manera indeleble su visión del mundo y de las conexiones con sus semejantes. Quizá por ese comprensible afán de teñir el pasado con un velo de nostalgia solemos pasar por alto hasta dónde esas primeras experiencias marcaron nuestro presente.

En este aspecto, los países de nuestra América Latina –con su carga de una religiosidad restrictiva y hermética- han sido un ejemplo ilustrativo de cuánto daño han causado en las relaciones sociales y en el desarrollo de nuestras naciones esas normas incuestionables que separan a los humanos por categorías, color de piel o le aplican una gradación diseñada para y por una administración más eficaz de la separación por clases: en general, son estructuras de carácter colonialista adscritas al poder político y económico. A partir de ahí se va definiendo todo un modelo de sociedad en donde predominan valores establecidos por las clases dominantes, con todo su engranaje de falsedades y prejuicios.

Las contradicciones en la formación de la infancia comienzan desde muy temprano. Durante los primeros años de vida se suele imprimir en la mente de niñas y niños el respeto por la verdad, un valor cuyo ejercicio conlleva un alto grado de honestidad y fortaleza moral. Sin embargo, esta supuesta fortaleza se cae a pedazos en cuanto se instalan en el discurso familiar -cual importantes cualidades humanas- los prejuicios sociales, la intolerancia, el racismo y los roles de género, todas ellas deformaciones cuyas consecuencias tendrán enorme impacto en la vida de las nuevas generaciones. La mentira, entonces, se instala así como un código de conducta aceptado y propiciado desde la esfera de autoridad, con el propósito de facilitar la inserción de los nuevos miembros en una sociedad convenientemente segregada.

Esta clase de formación suele presentar sus primeras manifestaciones en conductas de extrema violencia entre niñas, niños y adolescentes. Entrenada en un ambiente de competencia, rivalidades y, muy frecuentemente, violencia física durante el período más importante de su desarrollo, la niñez se ve enfrentada a un desafío de supervivencia emocional para lo cual no está preparada y, por lo tanto, su escaso entrenamiento para lidiar con sus propias contradicciones la convierte en un objetivo fácil para toda clase de abusos. Por ello, no debería sorprendernos cuando esa frustración se descarga en formas extremas como el crimen, el suicidio y diversas formas de autodestrucción que desde nuestra estrecha perspectiva de adultos consideramos no solo inaceptables, sino también incomprensibles.

La formación de la infancia está en manos de los menos preparados.

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Niñez, la última de las prioridades

Millones de niñas y niños pagan la elevada factura de las decisiones políticas.

Una de las consecuencias directas de la degradación social es la pérdida de oportunidades de supervivencia para la niñez en la mayoría de países subdesarrollados. Los problemas de este sector, sin embargo, suelen ser abordados de manera tangencial por los gobiernos por una simple razón: la niñez no es prioridad para ninguno de ellos, dado su estatus de “población pasiva” sin derechos políticos ni sociales, ni voz para exigirlos. Aun cuando la manipulación emocional del tema es recurrente durante las campañas electorales, al asumir las nuevas autoridades desechan de un plumazo las promesas y se enfocan en sus verdaderos intereses: fortalecerse en el poder y pagar por los favores recibidos.

A las nuevas generaciones, por lo tanto, se las relega a un rincón de las políticas públicas siempre dependiente de la buena voluntad de las clases dirigentes, pero nunca en pleno control de su cuota de participación como grupo mayoritario, sobre todo en los países menos desarrollados. En ese cuadrante de la gestión gubernamental de los países políticamente débiles se agrupa a quienes están supuestos a conformar el relevo generacional. Privados de una educación de calidad, agobiados por los abusos de una generación anterior cuya niñez y adolescencia transitó por las mismas vías de abandono y pobreza, estas niñas, niños y adolescentes se ven enfrentados a una existencia precaria y a una lucha injusta contra un sistema que los desprecia.

Desde los círculos de poder -pero también desde la sociedad- la mirada es absolutamente contradictoria. Por un lado se valora a este contingente enorme de mano de obra barata cuya explotación constituye uno de los grandes beneficios del sector empresarial, pero también se le criminaliza y se le declara “indeseable”, dado que en nuestras sociedades racistas, clasistas y profundamente ignorantes la pobreza es un delito y la rebelión puede ser castigada con la muerte, de acuerdo con la ley. De este modo, países de una exuberante riqueza muestran en sus indicadores el ofensivo desequilibrio entre ricos muy ricos y pobres de miseria y, entre estos últimos son las mujeres, la niñez y la juventud las principales víctimas.

Al revisar en detalle la situación de la niñez en algunos países, se encuentra esto: Casi 3 millones de niños en grave inseguridad alimentaria; más de 1 millón con desnutrición aguda; 2,4 millones obligados a huir de sus hogares; 2 millones fuera de la escuela y, si la situación actual se mantiene, es probable que solo uno de cada 13 niños acabe la escuela primaria; unos 900 mil niños con trauma psicológico; más de 19 mil niños reclutados en las filas de las fuerzas o grupos armados; más de 2.300 niños muertos o heridos desde 2013, y cientos de casos de violaciones y agresiones sexuales. Este escenario se asemeja a cualquiera de nuestros ricos países latinoamericanos. Pero adivinen qué: esta es la situación de la niñez en Sudán, una nación en guerra bombardeada sin descanso por países poderosos que lo han convertido en su propio campo de batalla con desprecio absoluto por la vida de millones de civiles inocentes.

Es urgente reformar la gestión pública y comprender que la ausencia de iniciativas para integrar a los beneficios sociales a las generaciones de relevo, marcan de manera decisiva el futuro de las naciones. Por ello es importante la participación de una sociedad informada y comprometida con su país, con plena conciencia de que las políticas públicas y la inversión en este segmento poblacional es una apuesta afortunada y no un acto de caridad.

La niñez es la fuerza vital capaz de garantizar el desarrollo de un país.

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El presidente 6 por ciento

Sebastián Piñera ha alcanzado el récord más bajo de aceptación para un mandatario.

Cuando el nivel de aprobación de un gobernante se reduce hasta índices tan bajos como el 6 por ciento alcanzado por el presidente de Chile, Sebastián Piñera, el restante 94 por ciento debe interpretarse como un franco rechazo a su administración. Esto lo entiende cualquier lego. Sin embargo, la tozudez de este empresario -cuyo afán de aferrarse al mando denota su ambición desmedida por el poder- mantiene a ese país en un constante estado de emergencia, paralizado por las protestas en las cuales se pueden observar reiteradas violaciones de los derechos humanos cometidas contra la población con total impunidad por las fuerzas policiales.

En el escenario mundial, la contundencia de las manifestaciones ciudadanas a todo lo largo de Chile ha despertado una enorme ola de solidaridad con ese pueblo. Por primera vez en su historia, la población ha llegado a constituirse como un cuerpo sólido integrado por habitantes de todos los sectores, capaz de poner en jaque al más depredador de los sistemas económicos –el neoliberalismo- y haciendo tambalear el poder hegemónico de los círculos de poder al plantarse de frente contra sus abusos. El estado de total negación de Piñera, por lo tanto, constituye una trasgresión a las bases mismas del sistema democrático al transformar el suyo en un régimen similar a la dictadura pinochetista con desapariciones forzadas, tortura, asesinatos y secuestros a mansalva.

El caso no es único. También el presidente francés, la actual dictadura boliviana y la administración autoritaria y de extrema derecha de Brasil, entre otros, se encuentran arrinconados con un mínimo porcentaje de aprobación, del mismo modo como otros mandatarios cuyas prioridades se alejan de los intereses de la ciudadanía para proteger los de las clases dominantes y las grandes multinacionales. Lo que está en juego, entonces, es la supervivencia de los Estados democráticos, asediados desde hace mucho por una especie de súper gobierno ejercido por la cúpula económica mundial bajo la sombrilla siempre alerta del Departamento de Estado.

El mayor peligro de este sistema depredador es la pérdida progresiva del poder ciudadano. Es decir, los sistemas se han modificado con el propósito de garantizar beneficios a sectores poderosos por medio de una legislación ad hoc cuyo objetivo es reducir las posibilidades de participación de las grandes mayorías en las políticas públicas; uno de los más importantes espacios en donde se aplican estas tácticas es la privación de acceso a educación de calidad y a servicios básicos, dado que en una ciudadanía informada y activa reside el mayor peligro para los planes hegemónicos de los grupos de poder. Por el contrario, una población reducida a la supervivencia jamás tendrá la energía ni el tiempo necesarios para ocupar el lugar que le corresponde en los asuntos públicos.

El caso de Chile se eleva como un ejemplo de cómo los abusos de poder logran sacar al pueblo de un estado de apatía para transformarlo en un fuerte protagonista en los asuntos que le competen. Es preciso resaltar el papel fundamental de la juventud chilena, cuya fortaleza y perseverancia ha sido capaz de poner en jaque al poderoso sistema que a lo largo de los años le ha ido quitando espacios de participación para mantener un estatus orientado a satisfacer intereses corporativos y guetos políticos contrarios a las más importantes iniciativas de desarrollo social. Otras naciones en similares circunstancias ven hacia el Sur como un espejo en donde aspiran reflejarse.

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La juventud es la protagonista indispensable en todo proceso de cambio.

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Un negocio muy privado

La transmisión de mando refleja ausencia de calidad moral. Mal fin para una mala comedia.

Las comedias suelen tener finales hilarantes. La que finaliza mañana en Guatemala, en cambio, es el epílogo de uno de los períodos presidenciales más catastróficos en ese país y más bien provoca un sentimiento de amargura y decepción. Se cierra un período durante el cual se consolidaron las organizaciones narco criminales, se cercenó el mejor y mayor esfuerzo para erradicar la corrupción en el seno de las instituciones con el cierre de la Cicig, se fortalecieron los pactos siniestros entre el sector privado, el ejército y los mandos políticos y se profundizó la brecha entre ricos y pobres, cobrándose muchas vidas humanas de líderes comunitarios y ambientalistas y condenando a la niñez a una despiadada vida de miseria.

Todas las instituciones –incluyendo aquellas de mayor credibilidad, como el Tribunal Supremo Electoral, TSE- fueron sistemáticamente permeadas por efectos del clientelismo, las presiones políticas y un conflicto de intereses capaz de dañar la esencia misma de su naturaleza, al extremo de haber perdido la confianza de la ciudadanía y creado un ambiente de incertidumbre sobre el futuro del sistema democrático. A ello se sumó la preeminencia de intereses particulares en la labor legislativa de uno de las asambleas más cuestionadas de las últimas décadas y la oscura injerencia del ejército en las decisiones del Ejecutivo.

Lo que viene no parece diferenciarse de lo que se va, en términos de respeto por los derechos humanos y una visión de nación. Todo lo contrario, el nuevo discurso se asemeja demasiado a la dura huella de las dictaduras militares de tiempos pasados, con un autoritarismo divorciado del marco democrático y la promesa de más represión desde las instituciones armadas. A eso se añade una actitud mesiánica del nuevo mandatario, quien a pesar de haber alcanzado la meta de resultar electo después de varios intentos, logró su objetivo en un proceso dudoso y opaco, lo cual le resta solidez a su futuro desempeño.

Aun en esas condiciones, la ciudadanía espera algo mejor para los próximos cuatro años porque la administración que abandona el palacio de gobierno ha dejado un sentimiento de frustración sin precedentes, al haber echado por tierra algunos de los modestos avances logrados en las distintas dependencias del Estado y haberse erigido como el mayor de los obstáculos contra el desarrollo del país. El más inepto de los presidentes se ha lucido al destruir la integridad de su investidura sometiéndose sin vacilaciones a pactos nefastos –locales e internacionales- cuyo propósito es regresar al país a los tiempos del humillante colonialismo del que comenzaba a resurgir.

No es posible terminar el “panegírico” sin mencionar a las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción asesinadas por este gobierno saliente. Ese episodio siniestro le quitó definitivamente la careta a quienes detentan el poder y evidenció que la vida humana -para políticos, empresarios y jueces- es desechable cuando viene de los estratos en donde no existe ni siquiera la sombra de la justicia. El retroceso marcado por el gobierno saliente no podrá remontarse en los próximos cuatro años, a menos que el nuevo gobierno comience por reparar las fisuras que ponen en peligro a todo el sistema democrático, algo que no se percibe en el nuevo discurso y se reafirma en el modo de celebrar la transmisión de mando prohibiendo la presencia de la prensa, como si fuera un evento privado, lejos de la mirada de los verdaderos amos de la fiesta. Si así sucede, queda claro que gobernar no es más ni menos que un negocio sumamente productivo.

El nuevo gobierno inicia sobre una base institucional sumamente frágil.

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La divina ultraderecha

Bajo la consigna de dominar a través de la fe, se consolidan las doctrinas de diseño.

A partir de la segunda mitad del siglo pasado se produjo un crecimiento repentino de los cultos protestantes y pentecostales en todos los países de América Latina; este fenómeno tuvo su origen en estrategias de dominio geopolítico establecidas por Estados Unidos como una forma de incidir en los movimientos sociales de nuestro continente y neutralizar –en el marco de la Guerra Fría- todo brote de subversión en los sectores más pobres. Con una novedosa estrategia mercadológica nunca antes vista, estas sectas lograron llegar a la población por medio de programas de televisión, marchas, grandes concentraciones en sitios públicos y una labor de zapa, casa por casa, para conquistar nuevos adeptos.

El terreno estaba abonado; la iglesia católica -con su preeminencia indiscutible en las sociedades y gobiernos latinoamericanos- nunca se preocupó gran cosa por defender y aumentar su influencia, dado que esta se consideraba garantizada. Por lo tanto, su actitud monárquica le jugó la mala pasada y poco a poco su feligresía fue desgranándose para migrar hacia un culto más cercano a sus intereses y necesidades. Las estructuras elitistas del catolicismo conservador no pudieron evitar el auge de esta nueva ideología de la prosperidad cuya influencia fue creciendo a medida que aparecían por todos lados pequeños templos con una oferta más atractiva y cercana a los sectores populares.

Esta ideología representa uno de los instrumentos más audaces del sistema neoliberal para convencer al pueblo de la existencia de una relación entre su comunión con Dios y los beneficios materiales, generalmente destinados a enriquecer a su pastor y, por tanto, a engrandecer a su iglesia. De ahí procede la idea de que la prosperidad debe provenir del esfuerzo personal y no de una adecuada redistribución de la riqueza del país desde la administración del Estado. Otro de los fundamentos de estos credos es el énfasis en la negación de toda forma de equidad: de género, diversidad sexual, derechos sexuales y reproductivos, feminismo y todo cuanto signifique un desafío a sus doctrinas ultra conservadoras.

Esta estrategia -exitosa y eminentemente territorial- es hoy una amenaza contra los derechos civiles en la mayoría de países latinoamericanos, en donde se puede observar la infiltración de estas sectas en la política, hasta el extremo de determinar el rumbo de las decisiones que afectan a la ciudadanía en su conjunto; en cuenta, los derechos a la libertad de culto y la naturaleza laica de los Estados, establecidos en los textos constitucionales. La manipulación de la fe –fenómeno facilitado por restricción del acceso de los pueblos a una educación de calidad- es una de las formas más nefastas de neutralizar su participación consciente y analítica en los eventos políticos más decisivos de su país y ejercer así una ciudadanía consciente y responsable. 

Los sectores de extrema derecha, cuyo pensamiento siempre ha estado enfocado en obtener los mayores beneficios posible de un sistema depredador, injusto e individualista, se han subido a esta plataforma haciendo gala de una falsa religiosidad, por medio de la cual influyen en procesos electorales y en una labor legislativa cuyo propósito es ir eliminando espacios de participación de las grandes mayorías. Esto, con el fin de consolidar el sistema político-económico establecido desde hace décadas por Estados Unidos para los países de su patio trasero. Esos espectáculos de oración en los despachos de empresarios y gobernantes corruptos, rastreros y codiciosos, tan comunes en estos tiempos, constituyen la peor de las ofensas.

Los textos constitucionales establecen la laicidad de los Estados.

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La política de la tortura

El maltrato extremo es una forma cruel y degradante de hacer política y establecer límites.

El 10 de diciembre de 1984 la Asamblea General de la ONU adopta y abre -a la firma, ratificación y adhesión- la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Un título suficientemente explícito para invitar a los líderes políticos a poner fin a los abusos de los Estados y sus instituciones contra las personas, en cualquier circunstancia, y con el propósito de obligarlos a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Treinta y seis años después resulta evidente el desprecio de los Estados parte por un compromiso tan elemental como indispensable, cuyo propósito es erradicar la violencia y propiciar un camino hacia la paz.

La década cierra con un panorama progresivo de tortura y violación de derechos humanos convertidos en la herramienta estratégica de las potencias y sus aliados. Las manifestaciones ciudadanas contra los abusos de poder de los gobernantes son atacadas con una fuerza más propia de situaciones de guerra que de conflictos políticos surgidos dentro del marco civil. El propósito no puede ser más claro: la violación de los derechos de la población queda establecida como una acción disuasiva no sujeta a la ley y como una prueba de la permisividad de los gobiernos sometidos a presiones de poderosos sectores económicos locales e internacionales.

Los protocolos para enfrentar conflictos ciudadanos y fenómenos como las masivas olas de migrantes, resultado estas últimas de la violencia debida a la corrupción, el crimen organizado o acciones bélicas e invasión de otros Estados por intereses puramente geopolíticos y económicos de las potencias, son ignorados; y, por lo tanto, las fuerzas represivas y de orden actúan con total desapego a las convenciones que norman este tipo de situaciones, a pesar de la ratificación de esos países y su obligación de atender las disposiciones establecidas por ellas.

En suma, el siglo muestra su tendencia a la impune violación de toda ley existente sobre el trato digno y el respeto por los derechos humanos, desde un sistema global cuya prioridad es el expolio de la riqueza de las naciones, la eliminación de cualquier obstáculo en la consecución de esos objetivos –en cuenta el despojo de tierras y la agresión armada contra los pueblos originarios- y la institucionalización de la tortura como instrumento de control ciudadano, una estrategia sumamente efectiva para someter a los pueblos a la voluntad de gobernantes corruptos y dictaduras solapadas bajo marcos constitucionales elaborados a medida.

Uno de los ejemplos más claros de esta degradación en el respeto por leyes internacionales y convenciones firmadas y ratificadas por los Estados –como la ya mencionada Convención contra la Tortura- es lo actuado por el gobierno de Estados Unidos en relación con la niñez migrante. No es necesario ir muy lejos para comprobar las violaciones ejecutadas por las autoridades de migración, quienes obedeciendo disposiciones del mandatario estadounidense han separado a las familias, han internado a niñas, niños y adolescentes de toda edad y condición en campos de concentración, privándoles de todo contacto con su familia y sometiéndolos a un trato cruel e inhumano. En el caso de menores, la privación de su entorno familiar constituye el más claro ejemplo de tortura y una violación indiscutible de la Convención por los Derechos de la Niñez. Así termina el año y comienza otro menos promisorio y con enormes desafíos para los pueblos del mundo.

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Las felices navidades

Finaliza el año con manifestaciones de protesta y violenta represión policial.

“Por qué voy a enfrentarme con Carabineros sabiendo que no hay una movilización autorizada” fue la declaración que la ministra Karla Rubilar, secretaria general del gobierno de Sebastián Piñera ofreció a la prensa. La ministra justifica de este modo de manera implícita el actuar del cabo Ofriciano Mauricio Carrillo Castillo, el carabinero que literalmente aplastó al joven Oscar Pérez entre 2 vehículos blindados ocasionándole graves heridas internas y 4 fracturas de pelvis. El vídeo del momento del atropello perpetrado por Carrillo con toda intención, ha circulado por las redes y los medios de comunicación generando indignación y rechazo en el mundo entero contra la estrategia de violencia extrema instaurada por Sebastián Piñera como política de gobierno.

Es importante señalar que el carabinero en cuestión tiene antecedentes de cuasidelito de homicidio de un trabajador y lesiones en otras dos personas mientras se desempeñaba como miembro de la institución policial en la ciudad de Concepción. Su prontuario delictivo reviste especial importancia por el hecho de haberse incorporado nuevamente a un cuerpo encargado de la seguridad ciudadana, el cual supuestamente debería ser integrado por personas intachables. Sin embargo, Carabineros de Chile ha transitado durante años y sin el menor obstáculo hacia convertirse en un auténtico ejército de control ciudadano eximido de toda responsabilidad criminal, desde los escándalos de corrupción de su cúpula hasta la brutalidad con la cual agreden a la población desarmada.

Llama la atención la inercia y el silencio sostenido por las autoridades encargadas de mantener los marcos institucionales –parlamento, sistema de justicia- cuyo papel es resguardar los mecanismos de la democracia y velar por el correcto desempeño de todas las instancias involucradas en la administración del gobierno. Las manifestaciones de protesta de la ciudadanía han sido criminalizadas en una absoluta ruptura del marco constitucional que las ampara y el gobierno chileno ha transformado su debilidad en una guerra sucia, vil y sangrienta contra el pueblo, utilizando para ello a todos los cuerpos represivos que tiene a mano, mintiendo de manera descarada para descalificar y adjudicar a una supuesta intervención extranjera la lucha incansable y valiente de los millones de chilenos que siguen en las calles decididos a hacerse oír.

A estas alturas resulta muy difícil hacer un diagnóstico sobre el desarrollo de los acontecimientos en un Chile que de pronto ha salido del silencio y ha emprendido una lucha franca y decidida contra el modelo neoliberal que le está costando tan caro. De hecho, le cuesta vidas y una profunda frustración por la traición de sus cuadros políticos, históricamente responsables por el colapso social y económico en donde se encuentra actualmente. Lo que fue el modelo latinoamericano –gracias a una bien montada campaña internacional de imagen- ha mostrado todas sus hilachas y hoy sus “bienes de exportación” como las administradoras de fondos de pensiones, AFP, revelan su opacidad y experimentan el rechazo masivo de la población al quedar en evidencia cómo esos empresarios acumulan riqueza mientras los pensionados mueren de hambre, sin acceso a los ahorros de toda su vida laboral.

Las navidades chilenas vienen marcadas por la indignación popular contra los abusos de su gobierno. Niñas, niños y jóvenes experimentan, quizá por primera vez, la urgencia de rebelarse contra un sistema injusto, depredador y violento, por lo tanto su regalo para estas fiestas deberá venir envuelto en una nueva Constitución, con la renuncia de su Presidente.

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Los señores presidentes

Radicalización de derechas y mentiras sin disimulo: la política latinoamericana.

La criminalización de las protestas ciudadanas en el mundo ha sido la respuesta de los centros de poder económico y político, amenazados con la pérdida de privilegios y espacios de decisión. Las calles han hablado claro y, como respuesta, han recibido los duros golpes de la represión. Sin embargo, los diques van cediendo cada vez más y aquella ciudadanía indecisa y acomodada comienza ya a decantarse por la protesta. Sin embargo, aun cuando los cuerpos institucionales armados y entrenados para contener la frustración de los pueblos han causado muertes y daños severos a quienes expresan su descontento con el sistema, la dinámica es ya difícil de contener a pesar de tácticas represivas más propias de situaciones de guerra que de contención de manifestaciones ciudadanas.

Ante esta realidad, se han disparado desde el corazón del imperio neoliberal los mecanismos de la nueva Guerra Fría y, sin disimulo alguno, los presidentes sumisos al poder económico abren las compuertas y permiten la intervención de elementos capaces de hacerles la tarea sucia: acallar las protestas y fortalecer a esos gobiernos, no importando cómo ni a qué precio. Hoy Chile es un espejo en donde se puede ver la mano externa que viene al rescate de un sistema caduco y fracasado. Por supuesto, cuenta con la indudable complicidad del puñado de familias poderosas y sus círculos de influencia, aterrados con la perspectiva de ver afectados sus intereses en el corto plazo.

El presidente chileno, uno de los hombres más acaudalados del continente y también uno de los más despreciados en su propio país, se ha revelado en toda su pequeñez al sabotear la COP25, importante cumbre sobre el cambio climático, en donde el gobierno chileno dejó en evidencia su decisión de sacrificar el futuro del planeta en una balanza cuyo peso mayor es el beneficio particular de los sectores corporativos, en cuyas operaciones reside el mayor peso de la degradación ambiental del globo. La fracasada intervención de Chile en el evento y su presentación de un texto alejado de los Acuerdos de París fue la ratificación de una postura contraria a las evidencias científicas, pero sobre todo su indiferencia ante la creciente preocupación de los pueblos por los nocivos efectos de las emisiones de carbono provocadas por la industria.

En otros países de la región se comienza a perfilar un retroceso a los años de la Guerra Fría, cuando la estrategia de intervención desde Estados Unidos era totalmente abierta y descarada. En Bolivia, por ejemplo, puso a funcionar a su títere mayor –la OEA- hasta conseguir sacar del poder al único mandatario del continente que había realizado un trabajo sorprendente en uno de los países más golpeados y desiguales de América Latina. Esto, quizá, como respuesta a su fracaso en las elecciones de Argentina, en donde la balanza hacia el socialismo le asestó un duro revés. Mientras tanto, el discurso moralista –democracia, derechos humanos y lucha contra las drogas- no resiste el menor análisis cuando se observa la manera como el Departamento de Estado actúa frente a los crímenes cometidos por gobiernos mucho más débiles y corruptos, como el guatemalteco, para asegurarse el uso del territorio de esa nación en su política anti inmigrantes. Estos peleles, obedientes ante el poder supremo de las grandes corporaciones y los gobiernos del primer mundo, son incapaces de comprender los alcances de su traición y arrastran a sus naciones sin el menor escrúpulo, hacia la miseria y la destrucción.

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El dolor que no duele

Sin el conveniente refugio de la alienación quizá seríamos más humanos.

Acostumbrados como estamos a vivir la vida contemplándola a través de las pantallas, hemos logrado crear eficaces anticuerpos contra el dolor, pero sobre todo contra la necesidad de involucrarnos en aquello capaz de trastornar nuestro espacio personal. Ya somos maestros en el truco de abstraer cuanto pudiera destruir esa ilusión de seguridad que nos permite ir por senderos pavimentados, en donde tocamos la realidad tangencialmente gracias a que nos la presentan fraccionada en cápsulas fáciles de digerir. La tragedia ajena, entonces, puede ser observada sin ese molesto prurito de culpa que –de ser más potente- nos obligaría a actuar.

Este sistema, diseñado para darnos la ilusión de participar activamente, utiliza a los grandes medios de comunicación, que han jugado un papel fundamental por su capacidad de ingresar a nuestro hogar, el espacio personal más íntimo y seguro. Durante la segunda mitad del siglo pasado, la cobertura mediática de las guerras e invasiones -en donde se comenzaron a utilizar recursos cinematográficos de enorme impacto visual y psicológico- tuvo el efecto de convertir la destrucción y la muerte de otros en un espectáculo capaz de absorber nuestra atención sin afectar de manera significativa nuestros sentimientos ni trastornar nuestro sentido de la realidad. Es más: la abundancia de imágenes e información editados a propósito para empujarnos a tomar partido sin darnos la posibilidad de escarbar más a fondo en la búsqueda de la verdad, nos convirtió en meros espectadores.

Hoy seguimos la tendencia marcada desde entonces; y ese hábito de observar sin sentir la obligación de participar activamente, se ha potenciado de manera importante con el uso de las redes sociales, desde donde mostramos ante un público desconocido una faceta pulida y maquillada de nuestra verdadera personalidad. En ellas somos revolucionarios, sin serlo. En ellas nos tomamos la libertad de opinar sin la responsabilidad de responder por ello ante nadie, porque al final de cuentas “son mis espacios y pongo en ellos lo que me viene en gana porque tengo el derecho de gozar de mi libertad de expresión”; y gracias a ese truco mágico de las plataformas digitales, nos erigimos como participantes legítimos de los acontecimientos que estremecen al mundo.

Sin embargo, hay quienes sí lo hacen; sí participan activamente y defienden sus derechos saliendo a las calles a enfrentar la represión para exigir cambios. Son otros –no nosotros- a quienes no les bastan las redes sociales como forma de protesta, porque desde ellas saben que nada cambiará, porque saben reconocer un paliativo mental y no están dispuestos a conformarse con ello. Otros a quienes vemos caer a lumazos, asfixiados por los gases y víctimas de toda clase de abusos por una única razón: enfrentar a un sistema cruel, inhumano y depredador creado para el beneficio de unos en desmedro de las amplias mayorías ciudadanas.

Pero ellos, al fin y al cabo, forman parte del espectáculo que otros consumen ávidamente aun cuando padecen de los mismos males. Quizá ya sea el momento de involucrarse y luchar por valores tan elementales como el imperio de la justicia y el respeto por la vida humana. Luchar para no ver en la pantalla la agonía de un niño migrante, y desviar la mirada. Luchar por salir de la seguridad de la palabra y hacer un pacto con la conciencia; asumir la autoridad de todo ciudadano ante el dolor de los demás, ese dolor que hoy no duele porque se matiza con los colores de una película de ficción de la cual no somos –ni queremos ser- protagonistas.

El espectáculo no basta. Es imperativo participar y sentir el dolor de otros.

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La verdad, ese bien inmarcesible

Una prensa sumisa ante la presión de grupos de interés, hace tambalear la democracia

La reciente celebración del día del periodista en Guatemala obliga a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en un panorama tremendamente conflictivo y cargado de amenazas como el que se observa en ese país centroamericano, pero también en muchos otros alrededor del mundo.  Quienes nos hemos desempeñado en este oficio sabemos, por experiencia, la envergadura de las trampas en la búsqueda de la verdad y hasta dónde se puede obtener información de calidad. Pero esto no afecta solo a los periodistas; también para la sociedad la ruta está plagada de obstáculos: se puede ir uniendo fragmentos de información para armar el rompecabezas, pero siempre faltan las piezas indispensables, esas que podrían dar una pista sobre las causas y las consecuencias de los fenómenos que nos rodean.

Los medios de comunicación –garantes de uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático- se han ido transformando en enormes monopolios cuyos intereses corporativos marginaron, de una vez y para siempre, su responsabilidad social y su misión de garantizar no solo la libertad de prensa, sino también el derecho ciudadano a la información. Esta ruta, aparentemente inevitable por la necesidad de contar con los ingresos de la publicidad comercial y condicionada por intereses particulares, ha causado un impacto negativo en su labor informativa, pero también en la integridad de las estructuras democráticas y en la manera como las sociedades se ven inducidas a tomar posición frente a los hechos políticos, económicos y sociales que les conciernen.

Ante esta realidad, los medios alternativos -cuya presencia abunda en el mundo digital- se han transformado en una solución parcial e indudablemente valiosa para quienes buscan conocer aquello que los grandes medios suelen callar por presión de los gobiernos o por defender posiciones e intereses de grupo. Esto resulta especialmente notorio en la cobertura de acontecimientos de enorme trascendencia como las protestas masivas contra gobiernos dictatoriales y corruptos alrededor del mundo, así como fenómenos de histórica data: el racismo, la visión sobre las migraciones, la discriminación por género, la naturalización de la pobreza, los femicidios y la criminalización de las organizaciones y líderes populares.

Sin embargo, estos medios alternativos solo son un paliativo cuya presencia alcanza a una élite educada y con acceso a la tecnología. En la marginación y la oscuridad quedan las grandes masas de población sometidas a la constante invasión de mensajes interesados a través de la televisión y la radio, los instrumentos de conexión con el mundo más eficientes y también los más peligrosos cuando no están comprometidos con su misión por la búsqueda y difusión de la verdad. La influencia de estos medios coludidos con los centros de poder resulta, entonces, un auténtico hachazo sobre el centro mismo de la democracia y la vida institucional de las naciones, incluso en aquellas que presumen de desarrollo, como sucede con las grandes cadenas noticiosas del primer mundo.

La palabra, ese auténtico milagro capaz de traducir las ideas para compartirlas con otros, es un instrumento cuyo poder no es valorado en toda su dimensión. Por ello, usarla de manera responsable, asumir con ello el compromiso de respetar la verdad y transmitirla a la sociedad a pesar de las presiones en contra, es un acto de fe en sociedades profundamente heridas por la traición de sus líderes y por la incalificable institucionalización de la mentira.

El milagro de la palabra no ha sido valorado en toda su dimensión.

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El derecho a la libertad

La necesidad constante de reconquistar derechos es el mayor desafío para las mujeres.

Nada está dicho. Incluso la participación política, uno de los derechos elementales en cualquier sociedad, representa un obstáculo para la mitad de la población del mundo, desde estructuras diseñadas con visión patriarcal y profundamente antidemocrática. Avanzado el siglo de la tecnología, la marginación de las mujeres sigue latente, fuera de toda lógica y en abierta contradicción con los supuestos avances de la Humanidad. Esta realidad queda plasmada en leyes restrictivas sobre uno de los aspectos más íntimos de un ser humano como es la salud sexual, pero sobre todo en una creciente influencia de doctrinas cuyos preceptos colocan a la mujer en una posición dependiente, subordinada y abiertamente inferior.

Quienes experimentan con mayor violencia el choque con la realidad impuesta a partir de este sistema son las niñas y adolescentes, enfrentadas desde su nacimiento a la discriminación y la violación de su integridad física, sexual y social. Privadas de la capacidad de defenderse contra la agresión en los diferentes escenarios de su entorno, desde muy pronto deben aceptar la desigualdad como norma de vida, aun cuando pertenezcan a un círculo privilegiado dentro de su comunidad. La misoginia y el machismo atraviesan de manera transversal a todos los estratos, en todas las culturas e incluso en países de gran desarrollo social, en donde se destacan los logros en equidad –algo que debería ser la norma- como conquistas excepcionales.

En esta fecha especial, cuando se hace énfasis en la absoluta urgencia de establecer parámetros desde los estamentos políticos y sociales para eliminar la violencia contra la mujer, nos encontramos con un escenario cada vez más restrictivo en temas como la educación en igualdad, el derecho a la interrupción de embarazos provocados por violación, el derecho a la equidad en salario, participación política, acceso al crédito, eliminación de toda forma de discriminación institucional y de cualquier otra índole y, de manera muy puntual, la protección de niñas, adolescentes y mujeres adultas contra esas limitaciones que hacen de la marginación una forma de vida.

Una de las campañas más arteras contra la libertad de las mujeres ha sido la descalificación del feminismo como un intento de transformar el concepto mismo en una afrenta contra los valores de la sociedad, como si la búsqueda de la igualdad entre mujeres y hombres constituyera una desviación moral. La férrea oposición de grupos conservadores contra los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia se ha acentuado mientras se consolidan los gobiernos dictatoriales marcados por la influencia de las doctrinas pentecostales alrededor del mundo. La intención es clara: obstaculizar la participación de la mujer en instancias de poder y decisión, ya que desde su posición podría alterar de manera significativa el fiel de la balanza y con ello redistribuir las cuotas de influencia en asuntos de impacto político y social.

Las innumerables formas de violencia en contra de la mujer, un grueso y antiguo catálogo de agresiones e injusticia, tienen como finalidad mantener un statu quo de privilegios para un sector determinado de la sociedad. Es el mismo cuadro definido por el sistema económico, impuesto por las potencias occidentales en contra de sociedades aplastadas por las desigualdades. Por lo tanto, derribar esas estructuras no provocaría necesariamente un desequilibrio en la dirección contraria, sino un cambio capaz de beneficiar a la sociedad en su conjunto, eliminando los mecanismos que actualmente le impiden alcanzar la tan ansiada paz.

El mundo necesita otro código de conducta; uno inclusivo y justo.

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El truco de la negación

América Latina vive los efectos de una Guerra Fría que jamás terminó del todo.

Golpes de Estado, manifestaciones ciudadanas reprimidas con las feroces técnicas de contrainsurgencia (aprendidas algunas en la Escuela de las Américas y otras en centros de entrenamiento sembrados a lo ancho y largo de nuestro continente) así como estallidos de violencia cada vez más intensos, conforman el paisaje político actual en Latinoamérica. No parece ser casual el derrocamiento de un presidente de corte social en Bolivia –ya sucedió en Brasil con Dilma- ni la tozudez del mandatario chileno aferrado al poder a pesar del masivo repudio ciudadano. Todos los síntomas llevan a pensar que los aletazos en la Casa Blanca han levantado una especie de tsunami en su patio trasero, ya que a Estados Unidos no le hace ninguna gracia un retorno de los gobiernos nacionalistas y lo está demostrando con la misma falta de sutileza que lo ha caracterizado a lo largo de su historia.

Pero no todo es culpa del imperio. El Departamento de Estado ha contado con la complicidad abierta y sin disimulos en todas las naciones al Sur de su frontera. Unas más y otras menos, dependiendo de la fortaleza de sus instituciones, todas han experimentado un fenómeno similar de intervencionismo. Por supuesto, es preciso reconocer la habilidad con la cual han amarrado los intereses corporativos de sus grandes consorcios con las élites económicas locales, gracias al patrocinio generoso brindado a los círculos políticos corruptos. Contra ese entramado de influencias y leyes casuísticas –muchas de ellas diseñadas para blindar espacios de impunidad y concesión de privilegios- no hay sociedad capaz de hacer valer sus derechos sin pagar por ello un alto precio en vidas humanas y en retroceso de sus conquistas sociales.

Aun cuando parezca ser un asunto de las capas más pobres, el fenómeno toca de manera transversal a toda la sociedad incluso a aquellos sectores más o menos acomodados que, al tener algo que perder con un cambio de sistema, se aferran al actual refugiándose en una burbuja de negación que les ha servido de parapeto utilizando para ello los viejos argumentos de la Guerra Fría: criminalización de los manifestantes, así como la adjudicación de la rebelión al ubicuo fantasma del comunismo internacional y a gobiernos extranjeros, la mayoría de ellos más ocupados en sobrevivir a la agresión gringa que en meterse en los problemas de otros. Sin embargo quienes han perdido mucho conforman una inmensa mayoría y eso se hace sentir en las calles. La brutal represión de los cuerpos de seguridad del continente no logra cerrar el boquete abierto por la indignación popular y hoy es más evidente que nunca la participación de los sectores de mujeres, niñez y juventud, los más afectados por la desigualdad y la privación de derechos.

América Latina ha vivido en un péndulo constante entre dictaduras –abiertas o solapadas- con primaveras democráticas aplastadas, tarde o temprano, por presiones externas cuyo origen es eminentemente elitista –dinero y control geopolítico; es así como las grandes corporaciones y los centros de liderazgo mundial no dudan en poner todo su poder en juego a través de los gobiernos imperialistas, entre los cuales también se incluyen europeos y asiáticos, y caer sobre las riquezas de aquellos debilitados por siglos de explotación. En semejante escenario, los resultados de las protestas ciudadanas, aun siendo masivas y legítimas, continúa como una de las pruebas extremas de resistencia humana y social. Quienes persisten en negar la dimensión del conflicto suelen jugar, como siempre, contra sus propios intereses y el porvenir de sus descendientes.

La protesta social toca de manera transversal a toda la sociedad.

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El búnker de Piñera

Encerrado en su ceguera y su odio hacia el pueblo, Piñera lo pierde todo.

Acuerpado por dos instituciones armadas y entrenadas para reprimir a la población –Ejército y Carabineros- el aún presidente de Chile pretende ignorar las justas demandas de la ciudadanía y blindar un sistema neoliberal colapsado, del cual se benefició personalmente durante décadas amasando una fortuna incalculable gracias a los mecanismos instaurados por el régimen de la dictadura. Tan tramposo y superficial como irresponsable, Piñera tiene hoy al país al borde de la peor catástrofe política de su historia, reprimiendo de manera sangrienta a millones de chilenos quienes han puesto su autoridad al borde de la picota.

Las demandas de la ciudadanía no pueden ser más claras: convocar a una asamblea constituyente para redactar una Constitución acorde con las expectativas ciudadanas de justicia social, igualdad, protección de la riqueza nacional y el establecimiento de mecanismos capaces de consolidar una democracia actualmente tambaleante. Es decir, todo aquello con el potencial de garantizar el bienestar general sin los reductos de privilegio imperantes en todo el aparato gubernamental gracias a las trampas legales instaladas por la dictadura en el texto actual. Pero el presidente más cuestionado desde que Chile es Chile –con un 9 por ciento de aprobación- se ampara detrás de su biombo de papel y juega a dictador sin tener siquiera las agallas de dar la cara a quienes exigen respuestas.

El mundo observa con estupor cómo las más impresionantes manifestaciones ciudadanas –arriba de millón y medio de personas en las calles durante la semana pasada- son agredidas de manera irracional por Carabineros, quienes compiten por coronarse como la fuerza policial más sanguinaria del continente. Asesinatos a mansalva, violaciones y abusos sexuales de niñas y adolescentes, miles de heridos por balas y perdigones y algo aún más siniestro, como cientos de manifestantes ciegos por pérdida de ojos, es la cauda de una ola de violencia inaudita contra la población desarmada.

Por supuesto, no faltan quienes responden a la propaganda oficial y defienden la postura de Piñera apoyando su discurso contra el vandalismo, intentando ignorar el enorme cúmulo de evidencias en vídeos y fotografías en donde se demuestra la intervención de fuerzas del orden en muchos de estos actos. Chile es ahora un caldero a punto de estallar y mientras en las calles la juventud acompañada de una impresionante representación ciudadana exige su renuncia, Piñera se toma fotos en los patios del palacio y lanza su más reciente excusa para evadir su responsabilidad: una supuesta intervención de países extranjeros en las protestas.

Si su actitud no hubiera sido ya una afrenta para chilenas y chilenos agobiados por la injusticia del sistema, esta última declaración bastaría para quitarle ese último 9 por ciento de aprobación. Adjudicar a otros gobiernos –evidente la alusión a Cuba y Venezuela- la responsabilidad por la mayor movilización ciudadana que ha vivido Chile en su historia, no solo es un reconocimiento al poder de esos Estados; también revela la pobreza moral de un hombre incapaz de reconocer sus errores, incapaz de aceptar la derrota y, por encima de todo, carente del más elemental sentido humanitario. Apertrechado en su búnker de privilegios mal habidos y rodeado de empresarios beneficiados por el sistema neoliberal que se cae a pedazos, este ya deslegitimado mandatario sigue empeñado en defender un estatus caduco mientras el pueblo, desde las calles, le demuestra que no necesita de ayuda exterior para expresarle su rechazo y exigirle un último acto honorable: reconocer su derrota y renunciar.

La ciudadanía chilena exige a su presidente un último acto de honor.

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El crimen imperfecto

La estrategia de terror impulsada por Piñera solo añade más carbón a la hoguera.

Cuando un pueblo pierde el  miedo es cuando los gobernantes –demócratas o no- deben empezar a reflexionar sobre las causas e iniciar un proceso de cambio. Todo lo contrario hacen los dictadores: refuerzan sus dispositivos de represión, siembran el terror entre los manifestantes, asesinan, torturan y violan como modo de dejar bien establecido su poder y, finalmente, terminan por transformarse en aquello que eran desde un principio detrás de la máscara de la democracia y la institucionalidad. Esto ha sucedido con el régimen neoliberal de Chile, un sistema impuesto desde el corazón del imperio y el cual ha dejado en la miseria a millones de seres humanos alrededor del mundo.

La juventud chilena, con una trasgresión transformada en símbolo –la evasión del pago del Metro de Santiago- rompió los diques de una sociedad que se ha visto arrinconada tras decenios de abuso y marginación, empobrecimiento de sus capas medias, pauperismo en sus segmentos más pobres y el enriquecimiento ilícito –aunque legalizado- de un mínimo porcentaje de privilegiados que observan desde sus trincheras económicas cómo se hunde el país. Esa juventud, que no vivió la dictadura en carne propia, comprendió bien que la subordinación a un sistema depredador e injusto no es la vía para acceder a un futuro de bienestar y desarrollo.

Lo sucedido desde entonces, ya es historia y ha provocado una avalancha de reacciones a nivel mundial: millones de personas se congregan en inmensas manifestaciones exigiendo, por fin, el cambio necesario. Entre otras demandas, además de la renuncia del presidente y sus ministros, exige una nueva constitución para derogar los lineamientos impuestos por la dictadura, y cambios sustanciales en la administración pública, entre otros: los servicios de salud; el sistema de pensiones; el acceso al agua; al mar; la nacionalización de recursos nacionales que hoy alimentan fortunas privadas; la educación pública y, por encima de todo, la erradicación de toda clase de violencia ejercida desde el Estado contra la población.

Los muertos y heridos como consecuencia de la represión militar y de carabineros habla claro sobre el miedo del gobernante y sus huestes económicas. Temen perder los privilegios mal habidos y demuestran tal pánico a la fuerza popular que han traspasado todos los límites, convirtiendo al país en un campo de batalla en donde predominan el abuso y la violencia estatal. La presión hacia los medios de comunicación afines al régimen es solo una de sus tácticas más perversas, también han intentado satanizar las protestas iniciando una serie de ataques planificados por sus cuerpos uniformados, con el propósito de instalar una imagen de terrorismo; han acusado a otros países de haberse infiltrado provocando el conflicto, han criminalizado a la juventud y han implementado toda clase de mecanismos fascistas, como las violaciones sexuales, la tortura y los ataques armados directos contra manifestantes desarmados y pacíficos.

El Estado chileno bajo el mando del presidente Piñera está cometiendo un crimen, pero un crimen imperfecto. La máscara les ha quedado pequeña y hoy, gracias a quienes han documentado los detalles de los ataques de carabineros y militares y también a las declaraciones de algunos funcionarios que han comenzado a revelar detalles sobre las ilegalidades cometidas por las autoridades, ya la pobre reputación del gobierno de Chile se revela de cuerpo entero. Chile ha dejado de ser ejemplo para el mundo; hoy se conoce en detalle y a todo color de qué males padece el sistema dorado de su neoliberalismo.

Los muertos y heridos marcarán el colapso definitivo de un sistema injusto.

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Alguien tiene miedo

La maldad, cuando parece no tener límite, esconde un temor profundo a la justicia.

Tenía la intención de escribir sobre la situación en Chile. Lo sucedido durante los días pasados no solo merece la mayor atención del mundo, sino también un análisis ponderado y sensato sobre los posibles escenarios luego de la masiva protesta del pueblo chileno contra los abusos de un sistema que lo ha marginado durante 30 años. Pero hay otro tema fundamental que no debemos dejar pasar y es, aunque parezca mentira, otra guerra. Esta vez, contra las niñas sobrevivientes de la masacre ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción en Guatemala.

Muchos ya conocen la historia; estos “hogares seguros” -administrados por una dependencia de la Presidencia- tienen la misión de proteger y dar cobijo a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la historia es diferente: en el HSVA se comprobó que la situación de las y los internos presentaba un cuadro de abusos, maltrato, violaciones sexuales y precariedad en alimentación, salud, vestuario y condiciones de alojamiento, todo ampliamente investigado y divulgado por la periodista Mariela Castañón desde mucho antes de producirse la tragedia. Esto detonó la protesta de las niñas, la cual desembocó en el encierro ordenado por las altas autoridades y posteriormente el incendio del aula en donde habían pasado toda la noche hacinadas y en una situación de total violación a sus derechos.

En esa aula murieron calcinadas 41 niñas y 15 quedaron con graves quemaduras. Durante los días posteriores surgieron denuncias sobre la dura realidad en la cual se encontraban y, entre ellas, la de la existencia de una red de trata administrada por algunos miembros del personal del hogar. Es importante señalar que Guatemala es un paraíso para las organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas. A diario “desaparecen” niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres adultos con fines de esclavitud sexual y laboral. Para nadie es un secreto que solo se mantiene la impunidad de estas redes gracias a conexiones firmes en altas esferas, en donde los cómplices allanan obstáculos y se benefician del negocio.

Aun cuando este parece ser el escenario extremo de la perversidad, todavía faltaba el detalle para hacer del cuadro una asombrosa muestra de la bajeza humana. Una persona que ha prestado servicios profesionales a la Secretaría contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, Svet, ha presentado una demanda ante la justicia contra las sobrevivientes por los supuestos delitos de “muchedumbre, asesinato, lesiones leves, graves y gravísimas; inducción al abandono, amenazas, hurto agravado, robo agravado, incendio, incendio agravado, atentado, desobediencia, desorden público e instigación a delinquir”.

Dado el carácter surrealista de esta demanda contra las verdaderas víctimas de la violencia institucional perpetrada por el Estado de Guatemala contra niñas indefensas, es lógico suponer que se trata de una maniobra para amordazarlas, desacreditarlas y desarticular así cualquier intento de las verdaderas víctimas en la búsqueda de justicia y reparación. Por ello surge la duda de quién o quiénes serán los verdaderos impulsores de tal iniciativa. Cuánto miedo tienen a que se conozca la verdad de lo sucedido entre esos muros. Cuántos personajes poderosos podrían caer al conocerse en detalle las atrocidades cometidas contra niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad acogidos en esos hogares creados para ser seguros, bajo la protección de un Estado que ha demostrado con creces su debilidad moral.

La debilidad moral del Estado se manifiesta en la violencia contra su gente.

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Chile, en blanco y negro

Después de muchos años de rechazo al sistema, la olla de presión finalmente ha reventado.

El modelo chileno, tan admirado desde la distancia segura del ámbito mediático, finalmente ha topado la paciencia de la ciudadanía estallando en una ola de protestas expresada en manifestaciones pacíficas y cacerolazos, pero también en una serie de actos de vandalismo de extrema violencia. Difícil, a pocas horas de los acontecimientos, elaborar una hipótesis más o menos certera sobre la situación en la cual se encuentra el país sudamericano, después de una jornada que culminó con toque de queda y bajo control militar en dos de las ciudades más importantes por ser sedes de dos poderes del Estado, como son Santiago y Valparaíso.

El hecho de haberse iniciado las protestas como reacción ante el incremento del pasaje del Metro de Santiago –decisión que finalmente debió ser suspendida por el presidente Piñera- no significa en absoluto el fin del conflicto; esa medida desproporcionada contra una población que ha perdido capacidad económica de manera consistente durante décadas de gobiernos neoliberales, no fue más que la gota que derramó un vaso lleno de reclamos mucho más graves que esos 30 pesos de diferencia en la tarifa. Ni los gobiernos de la Concertación ni los de extrema derecha ejercidos por Sebastián Piñera han sido capaces de comprender en toda su dimensión la necesidad urgente de equilibrar sus políticas públicas, dando un espacio justo a las demandas ciudadanas.

No deja de ser significativo que los actos de mayor violencia se enfocaran precisamente en aquellas empresas sobre las cuales existen fuertes resquemores por ser símbolo de un sistema que margina a las mayorías: bancos, oficinas de las AFP, farmacias, supermercados, garitas de peaje y estaciones del Metro;  allí se enfocó la mayoría de hechos vandálicos, en muchos casos con destrucción total de su infraestructura, en distintas localidades del país. Por lo tanto, al parecer no se trató simplemente de una protesta por la tarifa de transporte de la capital, sino por los abusos sistemáticos de un sistema diseñado por y para el grupo económico más privilegiado, el cual deja al margen de los beneficios de la riqueza a las grandes mayorías, arrinconando con recursos legales a quienes exigen cambios de fondo.

El domingo, Chile amaneció con una fuerte resaca, pero las manifestaciones no terminaron del todo a pesar de la represión policial y la presencia del ejército en sus ciudades más importantes. A la ciudadanía no parece amedrentarla el fantasma de la dictadura ni las amenazas explícitas de las autoridades castrenses que han tomado el control. Son muchos años de reclamos y manifestaciones por el derecho a la salud y a la educación, por la eliminación de los privilegios corporativos, por la depredación sistemática de sus recursos naturales entregados a grupos empresariales, por la agresión sostenida contra el pueblo mapuche, por la privatización del agua y por la precariedad del empleo.

Las jornadas de protestas han puesto en evidencia la dura realidad de un país próspero en apariencia, pero debilitado profundamente por un sistema injusto y totalmente deshumanizado. Es el Chile en blanco y negro en donde se contrapone la imagen feliz de exportación con una realidad cada vez más precaria para la clase trabajadora, la cual vive en una deuda perpetua para poder sobrevivir, y para un amplio sector de la juventud cuyas perspectivas académicas y laborales resultan cada día más estrechas. El gobierno de Piñera, sin embargo, ha reaccionado con represión y, lejos de comprender la necesidad de diálogo y consenso, actúa contra la razón aplicando la fuerza: una falla estratégica tan profunda y extensa como la que cruza la geografía de ese hermoso país.

La ciudadanía chilena exige respuestas políticas, no represión militar.

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Pena ajena, penas propias

Los curiosos ejemplares de gobernantes impuestos por el imperio en territorio ajeno son un fenómeno de estudio.

No es preciso ser experto en política internacional para ver con meridiana claridad la manipulación obscena del grupo de países desarrollados –con Estados Unidos a la cabeza- sobre la vida institucional de las regiones bajo su estricta férula económica. Desde cuando se quitaron la careta y comenzaron las invasiones, las “guerras de diseño” -creadas con objetivos específicamente corporativos- las dictaduras y los rompimientos de aquellas incómodas democracias no afines con sus planes, el mundo ha caído en una espiral de violencia y empobrecimiento imposible de justificar con razones técnicas.

En esta incesante persecución y eliminación selectiva de líderes independentistas de países en desarrollo, ha sido notable el apoyo político, financiero y de operativos de inteligencia prestado a individuos dispuestos a traicionar a sus pueblos. Los discursos populistas previos a cada proceso electoral, han repetido una y otra vez las falacias generadas durante la Guerra Fría con el propósito de amedrentar y confundir a una opinión pública impedida de ejercer su derecho al acceso irrestricto a fuentes fidedignas de información. En esa misma tónica, el trabajo de incidencia en los organismos legislativos con el propósito de impedir cambios capaces de afectar su espacio de influencia, así como el control absoluto de los medios de comunicación, han sido parte de una de las estrategias mejor articuladas, cuya finalidad es conservar a las naciones dependientes en una dependencia aún más profunda.

No resulta, entonces, difícil comprender que la elección de gobernantes para nuestros países, apoyada desde la sede del imperio con dinero y otros trucos menos confesables, recaiga en personajes oscuros y decididos a todo con tal de conservar los favores de quienes los han colocado en esa posición de privilegio. En este juego de ajedrez juegan un papel fundamental las cúpulas empresariales de nuestros países, cómplices perfectos en los planes para blindar al actual sistema económico impuesto desde las agencias financieras y otras organizaciones mundiales, y con ello conservar intacta su carta blanca para depredar los recursos y el patrimonio de las naciones sometidas a su voluntad.

Estos gobernantes-aliados se reconocen por el intempestivo cambio de discurso en cuanto logran su elección. De paladines de la democracia, se transforman de pronto en pequeños dictadorzuelos comprometidos con las clases dominantes y enemigos declarados de las clases trabajadoras. La prédica religiosa va desde el tono humanista de la campaña hacia la sumisión fanática y la obediencia ciega a doctrinas impuestas desde el extranjero con fines de control social. Sus prioridades derivan hacia la protección de privilegios para los más ricos, con la exigencia de sacrificios para los más pobres. Dados sus compromisos, terminan por demoler estructuras institucionales y caer en un desprestigio cuyo peso también arrastra al país al cual representan.

Ante las acciones de estos gobernantes, la ciudadanía suele sentir una vergüenza inevitable por la torpeza, la falta de nivel y la estulticia de aquellos a quienes ha elegido en un proceso político iniciado con esperanza de cambio. Sin embargo, esas penas ajenas son también penas propias al comprobar una vez más el engaño de un sistema capaz de arrasar con el poder ciudadano y, por ende, con el imperio de la democracia. En esos casos, solo resta ir hacia atrás y buscar la falla en los mecanismos de organización política y los marcos legales para procesos electorales, donde precisamente se han pergeñado las trampas.

No habrá desarrollo ni democracia si no se conquista la independencia.

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El dolor de escribir

Escribir no es más un desafío intelectual. Es un reto moral que me deja exhausta.

Cada semana busco en el abrumador escenario del caos mundial ese tema crucial, esa parte de la realidad sobre la cual debería explorar conceptos, ideas, información relevante con el propósito de llegar a formar un texto suficientemente lúcido y veraz como para compartirlo. Es un parto difícil porque son muchos los monstruos que nos rodean a diario y nos colocan ante la disyuntiva de hincarles el diente o dejarlos pasar. Pero entonces surgen las dudas y las urgencias: ¿la invasión del imperio contra pueblos indefensos; el abuso del sistema económico o el creciente fenómeno de la búsqueda de justicia y libertad? Luego, pienso en cuán relevante es el papel que nos toca en este concierto desafinado de lo mediático, en donde se cruzan los intereses diversos de nuestras sociedades ante una ciudadanía carente de los recursos para separar la paja del grano porque le han enseñado a creer en lo que leen; a dudar de lo que ven y a aceptar el discurso de los poderosos porque de ahí, de esos círculos de un bien aceitado poder, depende su trabajo y, por ende, su supervivencia.

Por lo tanto, ese prurito que a veces nos hace creer en la pertinencia e importancia de nuestro pensamiento se diluye cual nube de verano al sacudir el ego y comprender, en toda su dimensión, el hecho irrebatible de que somos un elemento descartable en el juego de las grandes ligas. Un juego en donde predomina el discurso predeterminado, diseñado con el propósito de controlar la información, definir los temas prioritarios y acallar las voces independientes: ese molesto rumor de la conciencia ciudadana capaz de alterar el orden de un mundo a la medida. De ese modo, las grandes batallas como las emprendidas por la igualdad de género o el derecho al aborto, el respeto por la diversidad sexual o los derechos de los pueblos originarios, el cese de la esclavitud y de la destrucción del hábitat, pueden convertirse en un molesto -pero más o menos tolerado- ruido ambiental.

Escribir una columna de opinión es un ejercicio doloroso si la intención tras ese esfuerzo cotidiano reside en abrir una ventana a la reflexión. Al abordar un tema de actualidad y desmenuzarlo en un texto limitado por cantidad de caracteres es necesario tener muy claro el lugar que nos corresponde en este concierto: no conocemos más detalles que los permitidos; no lo sabemos todo; nuestras fuentes muchas veces tienen el agua turbia y la única herramienta confiable al alcance es nuestra fortaleza moral para elaborar un mensaje coherente, honesto y bien estructurado. Su difusión –amplia o limitada- es, finalmente, un asunto secundario.

¿Por qué esa urgencia de compartir nuestras preocupaciones ante un universo de lectores totalmente desconocido? ¿Qué nos impulsa a lanzar nuestro llamado de protesta por las aberraciones cometidas por los más poderosos contra grupos específicos y pueblos enteros alrededor del mundo pero también aquí, a nuestro lado, en nuestro entorno inmediato? ¿Es que acaso existe la posibilidad de incidir en el proceso de un cambio tan hipotético como remoto? Las inquietudes personales –porque al final de cuentas una escribe sobre sus propias batallas- van engrosando una lista interminable de actos impunes contra los cuales estrellamos las débiles lanzas de otro discurso, otra reflexión y, consecuentemente, otra frustración al comprobar cómo nuestro entorno sigue girando en la dirección equivocada. Esta digresión es solo eso: una pequeña revolución de las neuronas que todavía conservo, un vistazo breve a las dudas existenciales de esta columnista fiel.

Inútil tarea esa de intentar incidir en la ruta del pensamiento colectivo.

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No matar al mensajero

Lo que está en juego es la vida del planeta, razón suficiente para que la protesta sea unánime.

La campaña mediática y los comentarios –algunos francamente indignantes y ofensivos- para descalificar la campaña de protesta y concienciación iniciada hace más de un año por Greta Thunberg, una adolescente sueca de 16 años, es uno de esos fenómenos difícilmente comprensibles. ¿Odio, miedo o simplemente rechazo a una realidad sobre la cual estamos más o menos conscientes? Quizá se pueda sumar a esta fórmula el pensamiento patriarcal, cuyo marco conceptual no solo considera a la mujer un accesorio incapaz de pensar por sí mismo, sino también coloca a la niñez y la juventud en una posición de subordinación y dependencia, cuyos límites a la libertad de expresión demarca con feroz autoridad.

Greta Thunberg dio ante la comunidad internacional una lección valiosa imposible de ignorar. Sus fuertes palabras para recriminar a los representantes de los países reunidos en la cumbre del clima en la sede de las Naciones Unidas, cayeron sobre una audiencia cuyos objetivos están determinados por la economía y el poder geopolítico, no así por la urgente necesidad de reformar sus políticas para detener el acelerado deterioro ambiental que amenaza la vida sobre la Tierra.

No es posible ignorar que un puñado de países industrializados y sus sociedades consumistas han agotado, en menos de un siglo, recursos no renovables extrayéndolos de países empobrecidos por la corrupción y los conflictos bélicos provocados para facilitar sus operaciones. Como consecuencia de esa destrucción sistemática del equilibrio natural de la vida en el planeta, la Humanidad se enfrenta a un futuro incierto y poblado de amenazas que ya es necesario atender.

Sin embargo, ese escenario resulta apocalíptico para las grandes corporaciones y los países hegemónicos que gobiernan al mundo. De establecerse parámetros estrictos de reducción de emisiones, sustitución de fuentes de energía y cese de explotación de recursos no renovables y de especies marinas, muchos serían los efectos en sus planes y perspectivas económicas, en sus políticas sociales y de consumo, pero sobre todo en un replanteamiento drástico del concepto de desarrollo. Por esa razón, observan con recelo las acciones y el impacto de una adolescente de 16 años quien, sin mayores alardes, ha levantado una oleada de protestas a nivel global exigiendo acciones urgentes para detener el cambio climático.

La situación de deterioro ambiental ha sido negada sistemáticamente por los gobiernos de países con mayores índices de consumo, por lo tanto los mayores responsables por la situación actual. Eso, porque en su carrera hacia el poder absoluto, un freno de esa magnitud echaría por tierra sus ambiciones y afectaría gravemente su hegemonía económica. De esa cuenta, el presidente de la nación más consumista del planeta no tuvo empacho en intentar descalificar la actuación de Greta Thunberg y tampoco desperdiciaron la ocasión quienes apoyan sus políticas.

Lo importante no es, en realidad, quien trae el mensaje sino lo que este comunica. Como mensajera, la joven sueca logró su cometido por la pertinencia de un tema que afecta de manera directa a la niñez y la juventud del planeta. Una juventud cuyas perspectivas de vida y desarrollo se ven limitadas por la codicia corporativa y las políticas de dominación de algunas naciones súper poderosas cuyos representantes intentaron matar –mediáticamente- a la mensajera; pero el mensaje logró infiltrarse en la conciencia de millones de jóvenes, para quienes la vida es mucho más importante que un sistema de consumo alienante, impuesto por razones ajenas al bienestar humano.

El llamado de Greta Thunberg prendió fuerte en la juventud del mundo.

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El ser inteligente

La inteligencia humana está sobrevalorada; es la única especie que destruye su hábitat.

Cuando pensamos en los alcances de la inteligencia humana solemos referirnos a los grandes avances en la ciencia, la tecnología o las disciplinas intelectuales cuyo desarrollo ha dado grandes exponentes en la filosofía y las letras. Sin embargo, rara vez vemos ese despliegue de conocimientos combinados de modo de buscar el equilibrio necesario para conseguir una mejor calidad de vida para todos sin destruir aquello que nos rodea. Por el contrario, los avances más importantes suelen estar vinculados a una búsqueda incesante de riqueza y poder.

En estos días –así como ha sucedido en muchas ocasiones sin mayor repercusión global- han vuelto a surgir los temas ambientales a partir de una visión apocalíptica del futuro que espera al planeta y sus habitantes. Es innegable, aún cuando los líderes mundiales se resistan a aceptarlo, el hecho de que a partir del uso indiscriminado de los recursos de la naturaleza, el ser humano ha ocasionado un daño irreversible al equilibrio natural y, en su afán por acumular una riqueza mal habida, no solo exterminó a miles de especies; también a millones de sus semejantes.

Esto nos lleva a comprender cómo la concentración del poder político y económico ha permanecido en manos de pequeños grupos de individuos a quienes se debería pasar un test de inteligencia para evaluar qué tan capaces son de controlar tantísimo poder. Porque es imposible creer que mentes privilegiadas puedan destruir su futuro y el de otros, únicamente por acumular una riqueza de tal envergadura, que difícilmente podrán disfrutarla en medio del caos ambiental provocado por su desmedida ambición. La gran industria, esa que nos ha convencido de necesitar lo innecesario, ha sido su afilada espada de Damocles: no hay vuelta atrás, pero tampoco las posibilidades de avanzar cuando para hacerlo es necesario destruir lo poco que queda, incluyendo a quienes habitan los espacios en donde aún existe la riqueza indispensable para seguir produciendo.

El modo como estos centros de poder han controlado a la humanidad por medio de redes de influencia y el monopolio de la información, ha dado como resultado una ceguera colectiva sobre los peligros de la degradación ambiental y sus consecuencias. Lo que hoy aparece como resultado visible de la monstruosa anarquía en el desarrollo y uso de productos –como el plástico, por ejemplo-  durante décadas jamás fue tema de preocupación ni de limitación en su uso. Todo lo contrario, nos convencieron de sus bondades y las grandes corporaciones nos lo vendieron como un importante avance tecnológico, el cual supondría la solución perfecta para nuestras necesidades cotidianas.

Como borregos, aceptamos también el argumento de la minería como foco de desarrollo para nuestros países, la explotación inmoderada de los bosques nativos con la pobre compensación de plantaciones extensas de especies foráneas incapaces de revivir a la fauna extinguida y la privatización del agua, nuestro recurso vital. Tampoco se objetó de manera masiva y consciente el uso de armas de destrucción masiva financiadas y desarrolladas por los grandes centros de la ciencia para uso de gobiernos opresores y colonialistas. Todo lo contrario, se nos convenció de que en esos espeluznantes y mortíferos recursos bélicos descansaban su sueño perfecto la paz, la democracia y la libertad.

Hoy comenzamos a despertar del letargo con muchos años de atraso y lo que se ha perdido jamás se va a recuperar. Pero por lo menos tenemos la gran oportunidad –si alcanzamos la lucidez necesaria- de conservar lo poco que nos han dejado.

La verdadera inteligencia no busca riqueza para unos, sino bienestar para todos.

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Las fronteras urbanas

Más allá del pavimento, lejos de las luces y los grandes edificios, también existe nación.

La imagen muestra una escuelita rural perdida entre aldeas y caseríos, plantíos de maíz y laderas deforestadas, en donde la niñez recibe clases en medio del lodo (cuando llueve) o del intenso calor irradiado por la lámina que medio los cubre (cuando hay sol). Los materiales escolares disponibles para sus alumnos se reducen a lo mínimo, porque la pobreza no ofrece mucho más que un remedo de establecimiento educativo con tablas y bloques de cemento para apoyar los cuadernos, en donde a pesar de las carencias los niños se esfuerzan heroicamente por aprender los rudimentos de una enseñanza insuficiente.

La experiencia de millones de nuevos habitantes de nuestro continente suele estar marcada por el hambre y la indiferencia endémica de sus gobernantes, cuyo desempeño está condicionado por los grandes capitales. El marco de referencia para estos mandatarios encumbrados gracias a sistemas clientelares y corruptos se encuentra definido por los intereses de una clase empresarial inclemente y voraz, cuya visión de la infancia es la de un contingente de futuros nuevos trabajadores sometidos a explotación y sin recursos para tener acceso a una vida digna. Los pobres son pobres porque así les tocó, dicen algunos. Es la voluntad de Dios, dicen otros. Y lo predican en los templos para acallar pensamientos rebeldes, potencialmente peligrosos.

Las condiciones de vulnerabilidad de la niñez son, entonces, algunas de las tácticas más productivas para blindar el sistema neoliberal diseñado ad hoc para los países subdesarrollados y proteger así la continuidad de los círculos de poder económico y político. Privar a las nuevas generaciones de acceso a la salud, a la alimentación y a la educación responde a planes bien estructurados de control social, tal como sucede con la invasión de doctrinas supuestamente religiosas cuyo papel fue cuidadosamente diseñado por la CIA en los albores de la Guerra Fría para aplastar, biblia en mano, toda amenaza de subversión.

Sin embargo, así como resulta conveniente abortar en su germen toda posibilidad de desarrollo intelectual y social de este enorme segmento poblacional conformado por niñas, niños y jóvenes, también es un arma de doble filo en países cuyos sistemas productivos jamás podrán trascender el marco agroexportador por falta de un recurso humano tecnológico, creativo, emprendedor y capaz de hacer ese salto indispensable hacia una economía del tamaño del siglo actual. El desafío planteado, entonces, es transformar el modelo desde sus raíces y rescatar las riquezas naturales, pero también el timón del desarrollo; y desempolvar los conceptos arcaicos coloniales para convertir a estos países-finca en auténticas naciones.

Uno de los motores esenciales para generar estabilidad social y construir nación es la distribución equitativa de la riqueza. Pero no solo hacia los centros urbanos –como suele plantearse desde los centros políticos- sino poner atención de manera muy puntual en aquellas áreas en donde nunca alumbra el sol del presupuesto de inversión pública. El potencial humano ignorado existente en áreas rurales marginales, en donde ni siquiera hay presencia de Estado –mucho menos de justicia- guarda en su interior un gran reservorio de talentos cuya participación activa podría transformar la realidad actual. Abrir caminos de progreso para la niñez y la juventud de esas regiones no es, por lo tanto, un acto de caridad, sino uno de la más elemental justicia.

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http://www.carolinavasquezaraya.com

 

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Un país secuestrado

Contrabando de drogas, eliminación de opositores, crímenes y mentiras a granel…

El Estado de Guatemala está tomado por los cárteles de la droga y por un ejército que ha traicionado la naturaleza de su misión, claramente descrita en la Constitución como “…una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor  de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior” (CPR).  Dedicado durante más de 65 años a fortalecer su poder haciendo el trabajo sucio de los sectores de mayor influencia económica y política, ha logrado entronizarse sólidamente tras el sillón presidencial buscando no solo la cobertura de la impunidad, también la libertad y los medios para depredar al país en las actividades ilícitas más diversas.

Dueños de una buena –e inexplicable- porción del presupuesto de la nación gracias a su presión sobre los gobernantes de turno, los integrantes de la alta cúpula militar mantienen a la tropa con salarios de miseria y sufriendo la carga de su trabajo en condiciones infrahumanas. Expuestos estos frente a los cárteles de la droga y las organizaciones criminales de tráfico y trata de personas, cuyos nexos con altas autoridades les permiten premunirse de un equipo bélico infinitamente superior al de los soldados que a ellos se enfrentan, estos efectivos se cuentan también entre las víctimas de la codicia de una institución cuyos objetivos se han divorciado de manera radical de su misión original.

Por estas razones es comprensible, entonces, la debilidad endémica de la oposición política cuyas filas han sido sistemáticamente golpeadas por la represión y la persecución en todos los ámbitos. Amparados por un Estado débil, corrupto y vulnerable a las presiones externas, miembros de la alta oficialidad del ejército han aparecido con una frecuencia pavorosa como protagonistas en secuestros, desapariciones, organizaciones de robo y tráfico ilegal de vehículos, asesinatos de líderes políticos y comunitarios, genocidio, contrabando de piezas arqueológicas, invasión de territorios con expulsión de las comunidades que los ocupaban y un sinnúmero de otros delitos.

Por lo tanto, pretender aparecer como héroes ante una ciudadanía consciente de la verdadera naturaleza de sus operaciones no solo es indignante, también es una burla ante el dolor de quienes han perdido a sus seres queridos por la violencia de la represión, sin tener el consuelo de darles una digna sepultura. El proceso experimentado por Guatemala desde el regreso a la democracia ha tenido indefectiblemente esa sombra negra del poder castrense sobre todas sus instituciones. Esta ha sido una forma de continuum de una dictadura solapada y nefasta, cuyos efectos en la psiquis de la ciudadanía se percibe en su temor a manifestarse, a opinar, a actuar de manera decidida y abierta contra los desmanes de sus autoridades. Más aún, su actitud pasiva frente a la participación política, se ha transformado en un factor capaz de abortar cualquier iniciativa de recuperación de la institucionalidad y la corrección política, de la justicia y el estado de Derecho.

El escenario solo deja una salida y es un nuevo despertar de la juventud, un renacer de la conciencia política y una mirada crítica a un sistema colapsado por los delitos y la complicidad de sus representantes en las Cortes, en el congreso y en todas las instituciones de cuyo desempeño depende el cumplimiento del orden constitucional, un ejercicio indispensable para salir de la ruta actual de pérdida de derechos civiles y libertades ciudadanas. La Constitución es, en la actualidad, letra muerta en un país que regresa a las épocas más oscuras de su historia. Una medida recomendable es leerla.

Leer la Constitución Política es lo mínimo que debe hacer un ciudadano consciente.

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Un huracán categoría 5

El fin de la lucha contra la impunidad será tan destructivo como el más poderoso de los huracanes.

En Guatemala se vivió un período extraordinario durante el cual salieron a la luz, por primera vez y con evidencias contundentes, las redes intocadas de corrupción e impunidad entre los sectores político y empresarial. Las escandalosas revelaciones de negocios ilícitos desde las organizaciones del sector privado y funcionarios públicos –algunas de las cuales se sospechaban desde mucho antes- abrieron un boquete en el sistema blindado construido por quienes poseen la riqueza y quienes operan los poderes del Estado. Este tsunami de denuncias, la mayoría de las cuales desembocaron en procesos judiciales y cárcel para un número inaudito de intocables, despertó la conciencia de la ciudadanía y sacudió una modorra de siglos.

Las investigaciones llevadas a cabo por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, en conjunto con el Ministerio Público, recibidas con expectación y esperanza por un pueblo agobiado por la pobreza, la injusticia y los abusos desde los círculos de poder fueron, sin embargo, el detonante que puso en marcha todos los recursos de las mafias.  Estas, conscientes de la amenaza que significaba la permanencia de la Comisión, utilizaron hábiles estrategias para dividir a la opinión pública debilitando así cualquier intento de movimiento popular capaz de poner en peligro sus planes. De este modo y de manera irregular, violando acuerdos internacionales, pusieron fin a la misión de la Cicig consolidando así su reino de la total impunidad.

Lo que espera a Guatemala a partir de la elección de un equipo de gobierno cuyo perfil revela el continuismo del sistema, es el acelerado empoderamiento de un sector económico enfocado en la explotación máxima de su influencia sobre las políticas públicas y la protección de sus redes en todos los estamentos del Estado, incluyendo por supuesto al sector justicia. Para el pueblo de Guatemala la salida de la Cicig –forzada por el gobierno más corrupto y descaradamente destructivo de los últimos tiempos- será un regreso a los períodos oscuros de los regímenes autoritarios, con la pérdida de libertades y derechos ciudadanos como primera medida de las nuevas autoridades.

Si la presencia de la Cicig fue dolorosa para las organizaciones criminales enquistadas en la institucionalidad, su ausencia constituye la amenaza de un huracán categoría 5 para la precaria sostenibilidad de los entes en donde se apoya el débil sistema democrático y la vida social, económica y política de ese país centroamericano. A ello es preciso añadir la amenaza implícita en el absurdo acuerdo de declarar “tercer país seguro” al más inseguro, peligroso y empobrecido de la región y convertirlo en centro de concentración para migrantes pobres, desesperados y perseguidos, cuyas mínimas perspectivas de conseguir la visa de ingreso a Estados Unidos auguran una estancia prolongada.

La contradicción entre los intereses de grupo y los de todo un país quedan en evidencia al observar cómo las huestes defensoras del sistema de privilegios y saqueo de los recursos nacionales han reaccionado ante el cierre de operaciones de la Comisión, pero especialmente ante el fin de la misión del Comisionado Iván Velásquez, quien representó para esas estructuras el mayor de los peligros. Sin embargo lo hecho, hecho está; y será muy difícil hacerse el desentendido ante un panorama que gracias a profundas y bien desarrolladas investigaciones, denuncias y procesos, es ya parte de la historia política y jurídica de Guatemala.

La Cicig marcó un antes y un después en la historia de Guatemala.

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La estrategia del hambre

La miseria en la cual viven millones de seres humanos no es natural ni justificable.

En mi memoria aún persiste la imagen del puerto de Valparaíso cubierto de bananos. Se retrasó el barco y entonces esa montaña de fruta en perfecto estado sería destruida a menos que los habitantes del área pudieran rescatarla. También recuerdo los miles de toneladas de productos lácteos arrojados al mar por una compañía estadounidense para “mantener el precio del producto” y proteger de ese modo un sistema comercial a la medida. El hambre, cuyos devastadores efectos cobra la vida de millones de seres humanos alrededor del mundo, no tiene justificación alguna.

En la realidad, el sistema político impuesto por un rígido marco de intereses corporativos no deja espacio a las indispensables acciones de los Estados orientadas a satisfacer las necesidades básicas de la población. A partir de esos acuerdos solapados, resulta inevitable el incremento de la masa ciudadana obligada a vivir bajo la línea de la pobreza. Entre las consecuencias de este desajuste en las prioridades de gobiernos regidos por un neoliberalismo extremo que ha echado raíces la mayoría de naciones latinoamericanas, se encuentra también la pérdida acelerada de la biodiversidad con fines de explotación de recursos, cuyos efectos no solo tienen impacto en el medio ambiente, sino también en las posibilidades de desarrollo de los países y en la calidad de vida de sus habitantes.

En la destrucción de la Amazonia brasileña –un reservorio de oxígeno y biodiversidad cuya protección debería tener la máxima prioridad del gobierno de Brasil y de los países aledaños, cuyos territorios también se ven afectados- se puede observar cómo los intereses corporativos llegan al extremo de poner en riesgo la vida misma del planeta. Es decir, en tanto los proyectos extractivos y agroindustriales tengan el poder de condicionar las decisiones gubernamentales, deja de ser importante la conservación de uno de los territorios ya considerados patrimonio de la Humanidad, pero también la supervivencia de las comunidades autóctonas que en él habitan, las cuales han sufrido persecución, desalojos y asesinatos de sus líderes.

La estrategia del hambre en los países en vías de desarrollo ha sido efectiva y ha logrado neutralizar la fuerza del factor humano, con una fórmula propicia para desarticular cualquier intento de subversión ante el sistema impuesto por los países industrializados sobre aquellos sometidos a las normas dictadas por las agencias financieras y las organizaciones empresariales multinacionales. Es decir, los dueños legítimos de los territorios han observado desde el graderío cómo las grandes corporaciones se han adueñado de su agua, de su tierra, de su aire y de todo el mineral que les resulte útil para obtener inmensas utilidades; todo ello, gracias a leyes, convenios, tratados y cantidad de recursos legales ad hoc para convertir el despojo en una buena noticia: incentivos a la inversión extranjera.

Mientras tanto, ese gran contingente ciudadano cuyas carencias lo impulsan a aceptar cualquier limosna disfrazada de programa asistencialista, ignora los detalles del negocio y por lo tanto está en una posición de dependencia, conveniente para que su gobierno tome decisiones abiertamente lesivas a los intereses nacionales, sin que la oposición –debilitada ya por la falta de soporte popular- tenga la menor incidencia en la fiscalización de esas acciones. Si hay una herramienta capaz de corregir el rumbo de las naciones, es la organización ciudadana; y comprender que si el futuro del planeta está bajo semejante amenaza, sus habitantes también lo están.

Las decisiones políticas que nos afectan surgen en los despachos de las grandes multinacionales.

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Ases bajo la manga

Jugar con ventaja es de tramposos; propio de a quienes no favorece seguir las reglas.

El panorama mundial es desalentador. Los movimientos populares surgidos en distintos puntos del globo como protesta por los abusos del sistema económico imperante se han estrellado contra un muro de represión, cuya violencia demuestra que los dueños del capital están dispuestos a cualquier extremo con tal de impedir una vuelta a sistemas más democráticos y a un reparto justo de la riqueza. Aun cuando el sistema neoliberal ha sido puesto en cruda evidencia ante los pueblos que sufren sus abusos, estos todavía carecen de los medios y del espacio para recuperar el protagonismo político ante gobiernos totalmente secuestrados por grupos económicos y financieros, locales e internacionales.

El juego, hábilmente estructurado desde los despachos de las poderosas multinacionales y los estamentos políticos del primer mundo, cuenta con la complicidad de otros centros de poder entre los cuales destacan, por su influencia, los grandes consorcios periodísticos. Sin embargo, las consecuencias de esa voracidad comienzan a golpear con fuerza a los mismos que han apostado por el desequilibrio, el incremento de la pobreza y la sobreexplotación de los recursos. Esto, debido a políticas que han desatado una ola indetenible de movimientos migratorios y cuantiosas pérdidas humanas y económicas debido a los efectos devastadores de un cambio climático cuya existencia niegan con gran énfasis.

En América Latina, un continente transformado en laboratorio de un sistema neoliberal extremo, el esquema de poderes ha ido consolidándose alrededor de personajes cuyo papel no va más allá de agachar la cabeza y aceptar las condiciones impuestas desde la Casa Blanca. Para ello, cuentan con el aval para aprovechar el período y enriquecerse con los recursos públicos, amarrar lazos con grupos de élite empresarial y buscar la protección de ejércitos entrenados para mantener el estatus quo, todo ello siempre y cuando repriman toda posibilidad de rebelión popular. Así las cosas, la población de los países administrados bajo un sistema neoliberal -cuyo objetivo reside en explotar al máximo los privilegios otorgados por gobiernos corruptos- se encuentra imposibilitada de ejercer una ciudadanía activa y, mucho menos aún, de participar políticamente en iguales condiciones.

Cuando en alguno de nuestros países se les voltea la tortilla –como está sucediendo en la República Argentina- los poderes ocultos del sistema se ponen en “modo emergencia” y comienzan a echar mano de todos los mecanismos posibles para convencer a la ciudadanía de las bondades de su estilo de administración, utilizando tácticas populistas –tardías y evidentemente falsas- y echando mano al siempre bienvenido apoyo de los consorcios periodísticos y de las organizaciones gremiales que los apoyan. Ante esa arremetida de los poderes, el riesgo de retroceso está siempre presente.

Otro ejemplo es el resultado del proceso electoral en Guatemala, celebrado el mismo día que en el país sudamericano, solo que en este caso las cartas ya habían sido convenientemente marcadas para evitar cualquier desviación de la ruta establecida desde el Departamento de Estado. Por lo tanto, gracias a esos ases bajo la manga del gobierno actual, Guatemala no solo mantiene un estatus de “cero riesgos” para el sistema de explotación de sus recursos y cooptación de sus instituciones, sino además cuenta con la ventaja de un ambiente ciudadano temeroso y psicológicamente preparado para lo que viene: cuatro años más de lo mismo y, posiblemente, en peores condiciones para el ejercicio libre de sus derechos democráticos.

Una ciudadanía observante y pasiva no podrá jamás retomar el poder.

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Guatemala: El sueño estéril de la democracia

Cuando se han perdido esperanzas de cambio, solo queda insistir para lograrlo.

Las elecciones en Guatemala han dado una dura lección a la ciudadanía y sentado las bases del retroceso histórico más duro experimentado por un país de la región. El domingo no se vivió un proceso feliz sino doloroso, y con muchas más dudas que certezas. Tanto así, que en redes sociales y en prensa abundaron mensajes de hondo pesimismo. La democracia brilló por su ausencia desde el momento mismo cuando se impuso a la fuerza la elección entre dos candidatos sospechosos de delitos electorales, de vínculos con el narcotráfico y de ejecuciones extrajudiciales amparadas por un sistema judicial corrupto. Es decir, la peor de las perspectivas.

Ahora, lo que sigue en la agenda es la vigilancia ciudadana para evitar los abusos institucionalizados por un sistema desviado por completo de los objetivos fundamentales de cualquier propuesta política: no solo ajeno al interés de la nación, también divorciado de los derechos fundamentales de la población y comprometido con los cárteles empresariales asentados en su mayor organización gremial, cuyas maniobras han desvirtuado las bases institucionales con el resultado de consolidar el proceso de descomposición de la democracia y el estado de Derecho.

El mayor de los obstáculos será, por supuesto, la falta de información confiable hacia un público carente -en su mayoría- de elementos de juicio. La precariedad de la educación y el incremento de la pobreza han jugado un papel fundamental en el debilitamiento de la participación ciudadana y, con los nuevos elementos al mando, las perspectivas no son alentadoras dados sus fuertes compromisos con quienes han financiado sus aspiraciones de asumir las más altas investiduras. En otras palabras, cambian los bueyes pero la carreta es la misma y seguirá la dirección marcada por quienes poseen el control del Estado desde épocas lejanas.

Deberá despertar la mayor atención a partir de este relevo el destino de las nuevas generaciones: esas caravanas interminables de niñez y juventud que huyen hacia el norte buscando un respiro a una vida marcada por la miseria, la violencia criminal y el abuso. De hacerse realidad la inexplicable decisión de transformar a Guatemala en un campo de concentración para migrantes, la situación de niñas, niños y adolescentes pasará de gris a negro profundo por las inevitables amenazas contra su integridad y la reducción a cero de las míseras oportunidades con las cuales cuentan en la actualidad.

Durante la campaña ha quedado evidente la ausencia de programas de gobierno como la nueva marca de identidad de los partidos políticos. Sus plataformas populistas y cargadas de amenazas –pena de muerte, ejecuciones extrajudiciales, penalización de derechos humanos y retroceso de conquistas ciudadanas- representan el nuevo rostro de la dictadura, disfrazada de nacionalismo. Los arrestos de caciquismo de algunos alcaldes, cuyos alardes de un autoritarismo tan ilegal como descarado han recorrido las redes sociales sin respuesta de las autoridades, hablan de un ambiente descompuesto y abiertamente amenazador para una ciudadanía decepcionada y vulnerable.

En suma, el cambio necesario y urgente quedó pospuesto otros cuatro años, un período durante el cual lo malo de la administración actual –lo cual ya es mucho decir- aún podrá caer en niveles extremos. El enfoque en la fiscalización ciudadana es un tema de máxima prioridad para un país tan castigado por la corrupción y el abuso de los sectores político y económicamente poderosos; por lo tanto, si se pretende recuperar la democracia, la unidad y el consenso son la única opción.

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Extraños en su propia casa

La postura hegemónica de un solo país ha convertido a las Américas en territorio hostil.

La política exterior de Estados Unidos es clara y contundente: a partir de su frontera sur, todo lo que se mueve debe responder a sus normas y disposiciones. Para ello, ha permeado los sistemas políticos de tal modo que no hay una sola elección de gobernantes ajena a su voluntad ni un movimiento independentista que escape a sus amenazas e intervenciones. Y cuando lo hay, viene el golpe de mazo para destruir de raíz cualquier intento de disidencia. Por ello no debe extrañar la decisión unilateral –porque la debilidad de ciertos Estados lo permite- de convertir a Guatemala, un país centroamericano empobrecido al extremo por la corrupción y desprovisto de salud institucional, en un gran ghetto para evitar el ingreso de población migrante en su territorio.

Fácil. Solo bastó un puñetazo sobre la Constitución de un país dependiente y la sumisión de gobernantes poco iluminados para hacer realidad la peor de las pesadillas humanitarias. Sin embargo, estas movidas del Departamento de Estado no son nada nuevo. Desde hace más de 100 años ese país se ha destacado por ejercer una política internacional depredadora sobre naciones menos agresivas, en cada rincón del planeta. Esto le ha permitido no solo acumular riqueza sino también ejercer un dominio ilegítimo sobre los sistemas políticos de otros países propiciando y financiando ejércitos paralelos, dictaduras y golpes de Estado con el único propósito de consolidar su influencia y garantizar los privilegios de sus monopolios industriales y financieros.

Los resultados están a la vista. Sin embargo, a pesar de ello no falta quien, deslumbrado por los oropeles de un capitalismo mal entendido y peor practicado, luchan dentro de sus países por defender la soberanía de uno más poderoso y menos solidario. ¿Cuál ha sido el resultado? Dependencia económica, racismo, exclusión de grandes sectores de la población, pobreza extrema y una carrera estéril hacia un desarrollo que –en esas condiciones- jamás se alcanzará.

América Latina ya está en vías de convertirse en territorio hostil para los latinoamericanos. Naciones que en tiempos pasados fueron refugio de migrantes europeos y asiáticos, hoy ven con desprecio y rechazo a sus propios hermanos quienes, azotados por la violencia y la falta de oportunidades en sus países de origen –tal como los europeos a mediados del siglo pasado- buscan refugio en otras tierras, pero dentro de su mismo continente. De hecho, las actitudes xenófobas y las restricciones migratorias se han multiplicado como espejo de las políticas racistas de la Casa Blanca y hoy, quien es pobre y necesitado, es un extranjero indeseable en su propia casa.

¿En dónde ha quedado la mística de Simón Bolívar, el Libertador, quien soñaba con una América libre y soberana pero, sobre todo, unida? ¿Cómo ha sido posible transformar a países democráticos en despachos de compañías multinacionales y encomenderos de un Estado que propicia su destrucción corrompiendo sus estructuras políticas y administrativas? Las actitudes racistas y excluyentes contra poblaciones autóctonas, uno de nuestros grandes males, se han extendido como mancha de aceite hacia la población más pobre y desprotegida convirtiendo a los países en territorio hostil para quienes nacieron en ellos, privándola de los recursos básicos de supervivencia y quitándole lo más valioso para cualquier ciudadano del mundo: su sentido de pertenencia.

Ningún latinoamericano es extranjero en su propio continente.

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Los avatares de un país (in)seguro

Las decisiones inconsultas de gobernantes ineptos suelen causar daños irreparables.

Uno de los países más violentos y pobremente administrados del continente se ha convertido –con un golpe de puño en el despacho oval- en refugio de migrantes, para tranquilidad del presidente estadounidense. Este, empeñado en quitarse de encima a los miles de seres humanos que cruzan sus fronteras en busca de una mejor calidad de vida, no dudó en hacer pacto a punta de amenazas con el más débil de los gobiernos de la región. Ambos mandatarios, Donald Trump y Jimmy Morales, plenamente conscientes del despropósito de semejante acuerdo, utilizaron -como la mano del gato que saca las castañas del fuego- a sus ministros del interior para así poner obstáculos a la nulidad del documento que declara a Guatemala como Tercer País Seguro, TPS, mediante el cual sellaron el infausto destino de sus ciudadanos, pero también de las familias de migrantes que huyen de sus países.

Que Guatemala es un país seguro, depende de la perspectiva. Seguro para las mafias que lo gobiernan y cuyas maniobras han convertido al país centroamericano en el símbolo de la corrupción y la impunidad. Seguro para las redes de trata, ancladas en instituciones del Estado mediante las cuales se garantizan una operación sin consecuencias. Seguro también para las organizaciones criminales, que mediante el patrocinio de las campañas electorales y su generoso financiamiento para políticos tradicionales se han consolidado como una fuerza indestructible entre los círculos de poder.

Guatemala es el paraíso de seguridad para su cúpula empresarial, la cual no ha vacilado en amarrar vínculos con lo más podrido de la institución castrense, su histórica aliada en la eliminación de líderes comunitarios y ciudadanos con potencial político capaz de poner en peligro sus privilegios. Los grandes empresarios, coludidos con gobernantes corruptos, han retrasado el desarrollo de Guatemala como un mecanismo propicio para mantener a su población intimidada, carente de oportunidades de educación, sujeta a trucos legislativos que la convierten en una masa vulnerable a la explotación laboral y sin posibilidad de escapar de ese círculo perverso.

Pero quienes aprovechan de modo indiscutible la seguridad que les ofrece Guatemala son los cárteles de la droga, cuyo inmenso poder les ha dado paso libre por sus puertos, aeropuertos, pistas de aterrizaje en amplias regiones sin vigilancia y en sus fronteras permeables y sensibles al soborno. Como país-pasadizo para estas organizaciones criminales, es el menos adecuado para constituirse en centro de concentración de migrantes quienes, además de su estatus vulnerable, estarán obligados a buscar sustento por sí mismos, sin la menor ayuda del Estado que los acoge, y mucho menos su protección.

Guatemala tiene los indicadores más bajos en desarrollo social y los más altos en desnutrición crónica y violencia criminal. Su congreso –la máxima entidad de representación ciudadana- está conformado en su mayoría por diputados cuyas decisiones dependen de cuán abultado es el sobre mediante el cual los centros de poder compran su voto. Su ciudadanía, conformada en su gran mayoría por personas decentes y deseosas de un cambio profundo en el quehacer político, se encuentran acorraladas por estructuras legalizadas a capricho de quienes mueven las palancas legislativas y judiciales. Por lo tanto, el compromiso adquirido por el Estado de Guatemala, sin consenso popular y sin consideración alguna por sus previsibles consecuencias, ha sido la puñalada final de quien dejará en unos meses el más vergonzante y lamentable gobierno de la historia de ese sufrido país.

Un país seguro depende de un Estado bien administrado, transparente y ético.

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Los colores del incordio

Las violaciones a la ley se toleran como algo normal. Un arcoíris, no.

La bandera multicolor del desfile del orgullo LGTBI en Guatemala -con el escudo patrio en el centro- ha levantado una tan esperada como sonora ola de protestas de los sectores conservadores. Esa reacción no deja de ser natural, ya que se trata de un símbolo de gran significado para cualquier pueblo del mundo. Sin embargo, entre quienes levantan su indignada voz se encuentran algunos conspicuos miembros de grupos sociales de gran poder económico, quienes en su momento enarbolaron la mismísima bandera con el rostro de su líder político-empresarial. La doble moral por donde se vea.

Algo importante de subrayar es el papel de los símbolos en la identidad de una nación. Porque no se trata de banderas, escudos, aves, árboles, flores o sables cruzados. Se trata del mensaje de unidad de un pueblo; su identidad cultural y su respeto por todo lo que significa pertenecer a una comunidad humana dentro de un territorio limitado por fronteras y capaz de erigirse como país independiente y soberano. Quienes pisotean la bandera son, en realidad, quienes atentan contra esos valores –más sagrados aún que el símbolo que los representa- y traicionan a su pueblo.

Por eso resulta indispensable repensar en el significado de la patria y sus símbolos. Porque patria, esa palabra tan rimbombante como irrespetada, no reside en símbolos ni ceremonias cuyo origen se ha perdido en la memoria, transformados con el tiempo en rituales vacíos de contenido. Patria es la comprensión profunda de la responsabilidad de cada quien en la construcción de una sociedad incluyente, unida por los mismos ideales, solidaria y vigilante del cumplimiento estricto y justo de sus leyes y postulados.

La patria reside en el hogar y el aula escolar, desde donde se transmite el conocimiento y los valores cívicos de cada generación de ciudadanos. Es en esos ámbitos primordiales en donde se cultiva la identidad de una nación, nutriendo el cuerpo y la mente de la niñez y la juventud con una visión impregnada de esa mística propia del apego a la tierra en donde se nació, pero partiendo de un sentido de pertenencia responsable y activo. No puede, por tanto, hablar de patria con autoridad quien ampara de modo activo o pasivo la violación de los derechos de la infancia y la condena al hambre y a una vida cargada de carencias.

Tampoco tiene derecho a elevar su voz contra la expresión de un sector de la ciudadanía quienes propician una cultura de odio y discriminación y, para eludir la acción de la ley, recurren a mañosos amparos y sobornos con el objetivo de obtener impunidad sobre sus crímenes. O quienes desde posiciones de privilegio social y económico se consideran moralmente superiores al resto de la ciudadanía, aun cuando esos privilegios los haya obtenido por medio de “delitos blancos”, aquellos cometidos al amparo de leyes dictadas por su propio círculo de poder. Patria –para ampliar el concepto- es la tierra natal o adoptiva a la cual una persona se siente ligada por vínculos históricos, culturales y jurídicos. En conclusión, la patria también tiene derecho a vestirse con los colores símbolo del respeto por la diversidad para todos sus integrantes.

Los mensajes de odio e intolerancia hacia quienes eligen una distinta expresión para su vida personal, solo generan división y violan el derecho humano en uno de los aspectos más sensibles para cualquier ser humano. La integración plena de la sociedad –algo esencial para vivir en paz- depende del respeto mutuo y la voluntad de ver, antes de la paja en el ojo ajeno, la viga en el propio.

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El concepto de patria no debe responder a interpretaciones mañosas y sesgadas.

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Niñez: ¿Costo u oportunidad?

Sin una niñez bien alimentada, tarde o temprano todos sufrirán hambre.

 La niñez y la juventud representan la renovación indispensable para garantizar la permanencia y transmisión de valores, tradiciones y ese complejo legado cultural que conforma el patrimonio intangible de una nación. Sin esa dinámica de cambio generacional resulta imposible conservar el equilibrio del tejido social y, más importante aún, las capacidades de crecimiento y desarrollo para una sociedad cuyo principal recurso es el aporte productivo y creativo de sus integrantes. Sin embargo, en la mayoría de países latinoamericanos regidos por sistemas basados en un modelo de economía de mercado, la niñez ha pasado a convertirse en un renglón pasivo sin incidencia alguna en los programas políticos.

En países como Brasil y Chile, en donde el sector económico tiene el poder de decidir sobre un asunto tan sensible y alejado de su territorio como la educación, ha quedado en evidencia el dramático desequilibrio en las prioridades cuando se trata de los derechos inalienables de la niñez y la juventud. Con el cierre de establecimientos educativos “no productivos” y la eliminación de materias del pensum escolar por “no ser relevantes” como ha sucedido en Chile con la asignatura de Historia, se transparentan las intenciones de esos sectores poderosos cuyos intereses se contraponen de manera frontal con el desarrollo de una sociedad ilustrada, capaz de ejercer una ciudadanía fuerte y responsable.

Eso que sucede en dos naciones con algunos pasos más en la vía del desarrollo se repite en países mucho menos avanzados, en donde incluso se reduce la inversión estatal para fortalecer a otros sectores de mayor poder político, como sucede en Guatemala con las fuerzas armadas. La negligencia en el trato del tema educativo ha sido, en este país centroamericano, una política de Estado desde hace muchas décadas. Con el cierre de institutos vocacionales y el abandono de la red de escuelas públicas, la niñez guatemalteca carente de recursos –la abrumadora mayoría- es sometida a enfrentar las peores condiciones para tener acceso a una educación mediocre y sin mayores perspectivas.

Es evidente la intención detrás de esta “no-política educativa”: La creación de un contingente de seres humanos carentes de herramientas para progresar en el ambiente laboral de manera digna; un gran reservorio de esclavos cuyas opciones quedan reducidas a un salario de miseria o al desempleo. Un relevo generacional pobre y desprovisto de capacidades intelectuales debido a la desnutrición crónica, apto únicamente para las labores más duras en situación de explotación. Todo lo cual proporciona la excusa perfecta para mantener el sistema con la farsa de que para dar empleo es preciso flexibilizar las leyes laborales. Este cuadro tan poco promisorio es el sello de identidad de Guatemala, un país que pudo ser ejemplo positivo para el resto de la región.

El maltrato hacia la niñez y la pérdida de derechos de este sector tan importante se refleja no solo en la educación, también en la privación de recursos para el desarrollo de sus comunidades y en la falta de inversión pública en áreas como la infraestructura vial, la red de hospitales y centros de salud o en la raquítica presencia del Estado en áreas rurales, cuya incidencia en la mayor o menor calidad de vida de la población toca a todos sus integrantes.

Invertir en la niñez es invertir en el futuro de la nación; un axioma repetido hasta el cansancio. Sin embargo, quienes tienen el control del Estado y sus instituciones se han empecinado en colocar a este gran segmento poblacional en la columna de los costos. Caro pagará el país por esta manipulación del valor de la niñez y por no darle el trato que merece.  

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Lo que el tiempo no borra

Los humanos ocupamos un espacio imposible de borrar con el olvido.

 Se han cumplido ya ocho años desde el alevoso asesinato y posterior desaparición del cuerpo de Cristina Siekavizza. Ocho años durante los cuales su familia no ha dejado de exigir justicia a pesar de que los “presuntos” responsables de su muerte poseen el poder de retorcer el curso de la justicia y pretenden eludir su acción mediante el compadrazgo dentro del sistema. Pero Cristina, como miles de mujeres y niñas asesinadas por hombres de su entorno familiar, permanece en el corazón y la mente de sus seres más queridos.

Ya son muchas las víctimas de la misoginia en Guatemala y el mundo. Castigadas por su sexo, vistas como presas accesibles al dominio masculino e impotentes ante las instituciones dominadas por un severo hetero patriarcado, en pleno siglo veintiuno todavía deben luchar por el derecho sobre su cuerpo, por ser escuchadas, por merecer crédito sobre sus denuncias de violencia, por el acceso a una equidad elusiva a lo largo de un camino sembrado de trampas que –como las minas de campo- les estallan en la cara cada vez que dan un paso al frente.

En Guatemala la justicia en casos de feminicidio depende de un sistema tradicionalmente machista. Quienes poseen los medios para eximir su responsabilidad por vidas humanas perdidas como resultado de sus delitos, celebran la existencia de un sistema legal permisivo y flexible, diseñado a su conveniencia para entorpecer los justos reclamos de las víctimas y de sus familiares. Por eso, quizá, no resulte tan incomprensible ese vergonzante 98 por ciento de impunidad en la resolución de casos dentro del sistema de administración de justicia y tampoco es una incongruencia la acción de jueces y magistrados amparando a criminales confesos pero cuyo estatus social y económico les garantiza la libertad.

Así como Cristina, muchas niñas y mujeres han perdido la vida o han desaparecido tragadas por las redes de trata sin esperanza alguna de ser objeto de investigación y de un proceso de justicia transparente y con visión de género. En este contexto de violencia y discriminación, los asesinatos perpetrados con extremada crueldad contra niñas y adolescentes ni siquiera llaman la atención de los medios de comunicación. Esto sucede, quizá, por su reiterada presencia en los reportes policíacos o porque la vida de las niñas y adolescentes –cuando no pertenecen a ciertos círculos sociales- no marcan pauta en el interés de sus agendas.

Es difícil comprender cómo, en países presuntamente democráticos y modernos, la vida y el desarrollo de la mitad de su población –el amplio sector de mujeres- dependa de la voluntad de la otra mitad en un sistema diseñado para someterla y obstaculizar cualquier iniciativa capaz de darle acceso a una vida libre de violencia. Es importante señalar que en el marco jurídico no existen leyes creadas para restringir el derecho de los hombres a su cuerpo, como existen con respecto de las mujeres al suyo. Esa evidente asimetría, establecida desde el sistema patriarcal y sin la intervención de una perspectiva femenina en las instancias de toma de decisiones, constituye una de las peores violaciones de los derechos humanos de las mujeres.

El resultado de este sistema es una vida en constante riesgo para la población femenina y la perspectiva siempre presente de ser objeto de violencia sexual, física, económica y jurídica. El juicio contra el presunto asesino de Cristina es un símbolo que señala, por su excepcional visibilidad, la enorme deuda de la justicia con los miles de niñas y mujeres asesinadas en condiciones semejantes, pero cuyos casos siguen ocultos entre expedientes que nunca se abrieron.

 Miles de niñas y mujeres asesinadas reclaman una justicia que un llega.

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Rosa María y muchas más

Ser niña en Guatemala puede ser la peor de las desgracias: te puede costar la vida.

 He visto desfilar nombres de niñas y adolescentes violadas, embarazadas, muertas durante el parto, desaparecidas o víctimas inocentes de una orgía de alcohol y sangre protagonizada por hombres de su entorno, su comunidad, su hogar; esos ámbitos en donde se supone deberían ser protegidas y amadas. Muchas niñas de Guatemala vienen sin garantía de supervivencia; ellas, las más vulnerables de la cadena humana, están sujetas a la voluntad de quienes las rodean y no se les reconoce derecho alguno. Casadas a la fuerza, violadas por quienes están supuestos a ser sus aliados y protectores; y destinadas desde la niñez a los más duros trabajos domésticos y del campo, millones de niñas enfrentan un destino en cuya ruta pierden incluso su identidad.

Cuando leí con horror lo sucedido con Rosa María Saquic Lares, una niña de apenas 12 años secuestrada por 4 hombres adultos de su comunidad durante una fiesta de la aldea, torturada hasta la muerte y abandonada en pedazos en un paraje cercano, vi hasta dónde es capaz de llegar la crueldad y el sadismo cuando en un país se ha perdido la decencia y la humanidad. Este, lamentablemente, no es un caso excepcional. Muchas niñas han sido violadas y sometidas a ritos de sangre con la finalidad de enviar un mensaje de poder entre grupos criminales, o quemadas –como las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción- para acallar sus protestas y evitar sus denuncias de maltrato dentro de esa institución del Estado.

Pienso en mi hija cuando tenía 12 años y me cuesta creer cómo, a un ser que recién empieza a asomarse a la vida, le pueden arrebatar los sueños con ese salvajismo. Rosa María estaba en la fiesta de su pueblo, una de entre las pocas ocasiones festivas a las cuales acuden las familias. Acompañada por su padre y su hermana de 14 años, se negó a bailar con los hombres que las acosaron y ese gesto de libertad le costó la vida. Cinco días tardaron en encontrar sus restos, desperdigados por el campo.

Guatemala ha llegado al límite y este es tan solo un ejemplo de la pérdida de valores y de sensibilidad humana, herencia de una historia de terror que no termina. Los niveles de femicidio, desnutrición y pobreza extrema son apenas una muestra de la violencia indetenible en la cual se desarrolla la vida de sus habitantes, regidos por una cúpula de poder corrupta cuya fortaleza se basa en sus vínculos con el crimen organizado y la influencia de un sector ultra poderoso de empresarios cuyo único objetivo es continuar al mando del quehacer político.

El asesinato con saña de Rosa María quizá sea investigado, quizá no. Las instituciones encargadas de seguridad y justicia se encuentran más enfocadas en los enredos políticos de un pacto de corruptos, cuyos intereses predominan sobre el escenario nacional, que de los innumerables hechos delictivos cuya abundancia e impunidad garantizada constituyen una pesadilla permanente para la población guatemalteca.

El tan mentado estado de Derecho, las supuestas garantías constitucionales, los constantemente trasgredidos derechos humanos y el sistema jurídico -cuya flexibilidad parece amparar únicamente a quienes lo violan- se han convertido en el sello de identidad de un país a la deriva, timoneado por un mandatario inepto quien, rodeado de un círculo de confianza indiferente al mandato constitucional, ha llevado a Guatemala a convertirse en un paradigma mundial de lo que un Estado no debe ser. En semejante escenario, la pequeña Rosa María Saquic Larios pasará a integrar la ominosa lista de los numerosos crímenes contra la niñez guatemalteca, esos que por supuesto no figuran en la agenda nacional.

AUDIO:  

La niñez tiene derechos cuya garantía depende de la voluntad política.

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Las trampas de la libertad

Una comunicación manipulada y tendenciosa es tan peligrosa como una dictadura.

Hace pocos días apareció en mi pantalla un interesante artículo sobre las tácticas publicitarias de las compañías tabacaleras a mediados del siglo pasado. Estas consistían principalmente en atraer a un sector consumidor no tradicional: las mujeres. Pero no cualquier mujer, sino muy especialmente aquellas pertenecientes a segmentos de clase media que comenzaban a rechazar de modo paulatino el molde patriarcal y las estrictas normas que las relegaban de vuelta –después de una guerra que les abrió oportunidades laborales- al cuidado de sus hogares y de sus familias.

Para ello, montaron campañas millonarias sobre la base de la liberación femenina mostrando cómo el hecho de atreverse a fumar en público era un signo de sofisticación extrema pero, más importante aún, una señal de independencia. Esas campañas dispararon las ventas de las tabacaleras y su impacto perdura hasta nuestros días. De algún modo, esto sucede en la actualidad con los medios noticiosos internacionales, cuyas agendas definidas desde centros corporativos nos quieren vender la ilusión de la libertad de prensa del mismo modo como Estados Unidos nos ha querido vender, por medio de una propaganda bien diseñada, la ilusión de progreso, democracia y respeto por los derechos humanos.

Las libertades ciudadanas en países desarrollados, regidos bajo un sistema neoliberal, también han ido perdiendo terreno de manera paulatina, lo cual se manifiesta en masivos actos de rechazo popular pero sobre todo en el fortalecimiento de cuerpos represivos con amplias facultades para someter a los ciudadanos y neutralizar sus protestas dentro de un marco de violencia institucional legalizada, contra el cual la resistencia es casi imposible. De este modo, las directrices que definen hacia dónde se encaminan las políticas públicas se encuentran protegidas por una institucionalidad férrea cuya agenda responde a los intereses de centros de poder económico ubicuos y prácticamente anónimos, lo cual los blinda contra el limitado poder popular. En países en desarrollo, este cuadro se traduce en gobiernos obedientes sometidos a la voluntad extraterritorial de quienes administran a las agencias financieras internacionales, intermediarias entre quienes poseen la riqueza y quienes la producen, pero no la gozan.

La ilusión de democracia manipulada por quienes la diseñan, dosifican y reproducen es, entonces, la trampa en donde se atrapan las ambiciones de independencia y libertad de los pueblos; y en ese contexto, los medios globales de comunicación –cuyos intereses corporativos predominan por sobre la ética periodística- constituyen la herramienta ideal para convencer a grandes sectores poco instruidos, pero decisivos a la hora de elegir a sus autoridades, de las bondades de un sistema cuyos beneficios chocan directamente contra los derechos de enormes conglomerados humanos alrededor del mundo. Quienes dominan las comunicaciones influyen en las decisiones más importantes de los ciudadanos y controlan no solo la calidad de la información sino también los mecanismos de censura aplicados de acuerdo con sus intereses y con aquellos provenientes de los centros internacionales de poder financiero.

De ahí que los sistemas de comunicación por medio de plataformas digitales se convierta en una alternativa importante para la difusión de noticias y material informativo de calidad, libre de la censura y las limitaciones de los medios tradicionales. Sin embargo, su impacto resulta extremadamente limitado en países cuya ausencia de políticas públicas en educación y sus carencias en el ámbito de la tecnología impiden la masificación del acceso a estos contenidos. En estas naciones, muy especialmente en América Latina, existen poderosos monopolios informativos con enorme impacto en regiones de bajo desarrollo, en donde imperan las emisiones de radio y televisión abierta cuyas frecuencias, cargadas de basura, están en manos de magnates extranjeros aliados con gobiernos corruptos y altamente influyentes durante las campañas electorales.

En conclusión, si para los países desarrollados la libertad de prensa pasa por los centros de decisión de grandes conglomerados editoriales convirtiendo la ilusión de libertad informativa en una trampa ideológica, en las naciones menos desarrolladas y cuyos gobiernos responden a intereses corporativos internacionales este derecho humano de acceso ilimitado a una información ética, responsable y apegada a la verdad, es una auténtica rareza. De ahí la importancia de impulsar plataformas informativas independientes cuyos contenidos contribuyan al desarrollo de un debate más abierto de los problemas sociales, pero sobre todo alimenten aquellas capacidades de análisis y reflexión, adormecidas por estrategias diseñadas específicamente para evitarlo.

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El antídoto contra la opresión

Un pueblo que lee es capaz de analizar, reflexionar y luego decidir con inteligencia.

El hábito de la lectura es un arma poderosa contra la opresión. Eso explica por qué en muchos países latinoamericanos se erigen, desde los centros de poder político y económico, obstáculos a la educación de sus pueblos con el objetivo de mantener a la población sometida a regímenes de explotación y carente de las herramientas cognitivas que pudieran proporcionarle los espacios críticos y de reflexión propios de una ciudadanía activa. Los ejemplos abundan, sobre todo en naciones como Guatemala, Brasil o Chile, con gobiernos conservadores aliados de un sistema neoliberal diseñado a la medida de los intereses de sus cúpulas de poder económico. En ellos, el recorte de programas de enseñanza y la falta de inversión en educación responden a la agenda de quienes definen esas políticas desde la clase empresarial.

Algo predominante en el discurso gubernamental de la mayoría de nuestros países es la explicación del fenómeno de la pobreza a partir de variables sociales y económicas. Es decir, de acuerdo con su elaboración de la realidad la gente pobre es pobre porque así está estratificada la sociedad. En ningún caso entra en discusión el tema fundamental: el acceso al aprendizaje a través de políticas públicas orientadas a fortalecer el acceso a la educación desde los sectores más necesitados con infraestructura adecuada, redes de bibliotecas y programas educativos actualizados y eficaces, complementados con actividades de promoción de la lectura con el propósito de crear el hábito desde la niñez, uno de los ejercicios fundamentales para el desarrollo de la mente y de las capacidades intelectuales.

En un ambiente de privación de recursos educativos y de entretenimiento, por lo tanto, una actividad como la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) es un soplo de oxígeno para una atmósfera contaminada. Este año, declarado por la ONU como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, la Feria está dedicada al gran poeta k’iche’ Humberto Ak´abal (1952-2019) y tiene la presencia de México como país invitado. En su amplio programa de actividades, Filgua 2019 ofrecerá al público el próximo mes de julio –especialmente a la niñez y juventud de Guatemala-  la oportunidad de vivir una serie de experiencias de enriquecimiento intelectual y de explorar el amplio universo literario ofrecido por este evento que ya cumple su XVI edición.

Filgua es una de las escasísimas iniciativas de carácter popular para la promoción de la lectura en la sociedad guatemalteca, a la cual tienen acceso miles de estudiantes de todos los niveles. Sus salones ofrecen una enorme variedad de actividades de interés para distintos grupos y se ha ido consolidando a través de los años como un centro de encuentro para lectores, escritores, académicos y artistas. Como uno de los países de América Latina con la más pobre inversión estatal en cultura, esta iniciativa de la Gremial de Editores representa una ventana importante hacia el mundo del conocimiento y las letras.

La niñez y juventud de Guatemala merece mucho más y la ciudadanía tiene la obligación de exigir a sus autoridades el pago de una deuda histórica en educación y apoyo a las artes como una de las columnas sobre las cuales se erige una nación libre y democrática, una nación cuyos habitantes sean parte del proyecto. Un pueblo sin cultura, privado del acceso al conocimiento y sin las capacidades intelectuales básicas para incidir en su futuro será incapaz de dar la vuelta de tuerca y traspasar con seguridad los límites que le han impuesto tan injustamente.

La lectura es una herramienta de poder y es preciso tener acceso a ella.  

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El rostro de un país abandonado

Un sistema corrupto de gobierno afecta a todo el tejido social, sin excepciones.

Las estadísticas solo muestran números y estos, por lo general, no provocan emociones ni reflejan el verdadero impacto de las decisiones políticas, sociales y económicas sobre una nación. Esto marca la diferencia entre el desempeño político y la misión de quienes tenemos la obligación, como comunicadores, de traducir esos mensajes en clave y ponerlos al alcance de la ciudadanía. Sin embargo, cuando un país se encuentra en manos de grupos capaces de coartar los derechos y libertades de la población impidiéndole tener acceso a una educación de calidad y a la información sobre el desempeño de sus autoridades, se alteran estas correlaciones de manera radical creando las condiciones perfectas para el establecimiento de gobiernos dictatoriales y represivos.

Uno de los momentos clave en el ejercicio democrático es la celebración de los comicios electorales para elegir a las autoridades de gobierno. Guatemala estuvo ayer inmersa en esa dinámica y fue posible constatar cuánto daño ha ocasionado a ese país la sucesión de gobiernos corruptos comprometidos con sectores de poder económico y bajo la bota siempre presente de un ejército involucrado en crímenes de lesa humanidad. Los prolegómenos de las elecciones marcaron la tónica con un desempeño turbio de las autoridades electorales y otras instituciones –como el Ministerio Público y las Cortes- totalmente aliadas con los sectores que han impedido el desarrollo del país haciendo del Estado un botín para satisfacer ambiciones personales y de grupo.

Es probablemente esa la razón por la cual las estadísticas en las cuales se demuestra la degradación de los indicadores de desarrollo social no llegan a la conciencia de sus habitantes. La abstracción de la miseria en la cual se hunde más de la mitad de la población es y ha sido un instrumento político para convencer a una ciudadanía poco informada de cómo la situación es culpa de las víctimas. La desnutrición infantil es, de acuerdo con este tipo de mensaje, un resultado “natural” de la poca educación de las madres y los asesinatos de mujeres y jóvenes, una consecuencia de sus malos pasos y no del abandono criminal de gobiernos cuyo único interés ha sido debilitar el tejido social para aprovecharse del patrimonio nacional.

El drama de la emigración de miles de habitantes –especialmente desde las comunidades más abandonadas- es considerado por los políticos un hecho divorciado de su desempeño. Es decir, no solo no asumen su responsabilidad en el empobrecimiento de la población y en el dramático incremento de la violencia, sino además adjudican a las víctimas de sus delitos todo el peso de una situación ya insostenible de injusticia y violaciones de los derechos humanos contra quienes han resultado los chivos expiatorios de los desmanes del gobierno. Mientras tanto, en los sectores urbanos de clase media se profundiza la influencia de organizaciones religiosas fuertemente aliadas con los gobernantes quienes se resisten a perder sus privilegios, cuyos mensajes fundamentalistas adormecen el sentido común y se prenden fuertemente de la ignorancia de sus adeptos.

Las posibilidades de transformación de las condiciones de privación y subdesarrollo acelerado en las cuales se encuentra Guatemala chocan de frente con un poderoso muro construido desde la época colonial para evitar toda oportunidad de cambio. De darse el salto hacia una auténtica revolución democrática con la abolición de esos espacios de poder que han explotado la riqueza para su propio beneficio, sería un milagro: uno de esos momentos históricos capaces de marcar un antes y un después, una ventana hacia el futuro. De no darse (esto fue escrito antes de los resultados) Guatemala habrá dado otro paso hacia su destrucción.

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En la recta final

A pocos días de las elecciones, los guatemaltecos permanecen en la incertidumbre.

 Las baquetas siguen guardadas; y en lugar del entusiasmo propio de un evento de gran participación ciudadana, se respira un ambiente de dudas y temores. Es que en Guatemala los preámbulos de las elecciones para nombrar presidente, diputados y alcaldes han estado sembrados de trampas, manipulación y sorpresas desagradables, dejando un mal sabor en la ciudadanía. Entre las campañas anónimas llamando al voto nulo, la participación de candidatos con señalamientos tan graves como narcotráfico, alianzas con organizaciones criminales o financiamiento electoral ilícito y la pasividad del Tribunal Supremo Electoral ante algunas de estas irregularidades, los votantes enfrentan el enorme desafío de hacer valer su voluntad política emitiendo un voto bien pensado.

Sin embargo, en medio de la confusión provocada por las dudosas actuaciones de las autoridades electorales y la inoportuna e inexplicable ausencia del fiscal del Ministerio Público encargado de investigar –precisamente- los delitos electorales, algunos movimientos políticos de nuevo cuño han comenzado a marcar su espacio de manera contundente, como respuesta a la urgente necesidad de cambios de fondo y del establecimiento de una nueva manera de hacer política: un ejercicio del poder más incluyente, más transparente y sobre todo con propuestas bien articuladas y acorde con las necesidades básicas de una población que ha sido marginada durante siglos.

En medio de los cierres de campaña y el entusiasmo de jóvenes activistas cuyas esperanzas por una mejor Guatemala los ha convencido de participar, se han cernido sobre el país algunos nubarrones amenazantes de regreso al pasado, propiciados por el equipo de militares que dirige la política gubernamental, cuyo temor ante una posible victoria de los nuevos partidos les ha hecho quitarse la careta y amenazar, sin tapujos, con actos de violencia y bloqueos en el día de los comicios.

La manipulación de este evento desde las cúpulas del poder –el ya bien conocido pacto de corruptos integrado por el equipo de gobierno, empresarios y militares- no ha dejado nada a la imaginación. Se han lucido entorpeciendo candidaturas “inconvenientes” y amparando otras marcadas por delitos graves. Han apretado las tuercas alrededor de las Cortes con el fin de garantizarse las mayores ventajas posibles, coartando las posibilidades de participación de quienes podrían constituir una amenaza el día que pierdan inmunidad y con el mayor descaro han montado una red de centros de mensajes cuya tarea ha sido invadir las redes sociales con toda clase de basura, mentiras, noticias falsas y ataques a los candidatos y partidos opositores al régimen. Por supuesto, todo eso financiado por los fondos públicos cuyo control y ejecución se mantienen herméticamente cerrados al escrutinio público.

El domingo 16 de junio será la prueba de fuego, cuando la ciudadanía acuda a los centros de votación a emitir su voto. Esa jornada podría significar para Guatemala el inicio de una nueva era de cambios profundos; un abrir caminos a la participación de quienes han vivido en la marginación y el desencanto, observando cómo sus oportunidades se pierden en las cuentas bancarias y las propiedades de lujo de quienes han empeñado el futuro de Guatemala. Esa jornada será digna de pasar a la historia como el rescate de la democracia, siempre y cuando el voto popular posea la impronta de una conciencia renovada sobre el poder ciudadano y sin el tufo del temor por el cambio; esto último, algo que ha marcado a una tras otra, todas las malas elecciones del pasado reciente.

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Carrera con obstáculos

Se necesita una ciudadanía consciente y alerta para seguir la ruta correcta y vencer.

 La cartelera de candidaturas para la presidencia, las diputaciones y alcaldías en el proceso electoral desarrollado en Guatemala es una muestra fehaciente de la falta de participación de la ciudadanía en la depuración de sus instituciones, incluyendo entre ellas a una de las más importantes a la hora de elegir representantes, como son los partidos políticos. Creados y organizados en su mayoría por personajes poderosos pero de dudosas intenciones, los partidos poseen el monopolio del poder político gracias a una ley mediante la cual se obstaculiza la participación de líderes populares independientes y se imponen listados elaborados a conveniencia de sus dirigentes.

El ambiente electoral, sin embargo, comienza a calentarse por la inédita efervescencia alrededor de una candidata quien, además de ser mujer, pertenece a la históricamente marginada población indígena de Guatemala. No es de extrañar, por lo tanto, el estupor de cierta sociedad capitalina, urbana, ladina y profundamente racista, cuyos parámetros para medir “lo correcto y aceptable” no permiten admitir los derechos de una importante parte de la población a dirigir los destinos del país al cual pertenece. Es decir, los marginados no solo deberían continuar en ese estado, sino además aceptar en silencio y sin protesta las normas impuestas por un puñado de poderosos empresarios y políticos cuya incidencia en asuntos de Estado ha sido catastrófica para todos, excepto para ellos.

Es lógico suponer el temor que despierta en cierto sector de la sociedad la perspectiva de un cambio tan rotundo en el escenario político. La historia del país ha estado jalonada de abusos y regida bajo un sistema cuyos resultados están a la vista: saqueo de fondos públicos; robo de territorio ancestral de las comunidades indígenas; exclusión de casi la mitad de la población; explotación laboral a niveles de esclavitud; legislación excluyente para la población no ladina; desnutrición aguda y crónica en la niñez indígena y rural; muerte materna y una persecución constante contra la organización comunitaria, al extremo del asesinato de sus dirigentes y la cárcel por defensa del territorio y los recursos naturales.

Desde hace mucho tiempo los analistas más lúcidos vienen predicando la necesidad imperiosa de realizar cambios profundos en el modo de gobernar Guatemala. Hoy, con un crecimiento inesperado de la intención de voto por una candidata indígena cuya personalidad y programa de gobierno ha conquistado un espacio importante en el escenario electoral, queda demostrado el hecho de que el abuso de poder tiene un límite, por más obstáculos se opongan a la reacción popular. En esta ocasión, el rechazo a las obscenas maniobras de los corruptos para impedir la expresión libre de la voluntad del pueblo comienza a marcar las jornadas previas al evento.

La incógnita es cómo se van a desarrollar los pactos y acuerdos entre quienes representan la corriente “anti-corrupción” y cuántos candidatos tendrán los arrestos de renunciar a sus pretensiones presidenciales para acuerpar a uno solo y dar el golpe de timón a la situación de extrema fragilidad en la cual se encuentra la democracia en Guatemala. Por ahora, algunos se han pronunciado en tal sentido pero falta muy poco para abrir las urnas y votar. Por ello, no será suficiente con concertar un pacto; para alcanzar el éxito será imprescindible llegar al corazón de la ciudadanía con un mensaje de unidad capaz de despertarla del letargo en que se encuentra: Una tarea titánica sin el concurso de los medios masivos de comunicación, cuya mayoría (sobre todo la televisión abierta) se encuentran dedicados a mentir y apañar los abusos del Pacto de Corruptos.

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Los analistas diagnosticaron desde hace mucho la necesidad de un cambio radical.

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Los deberes de un alcalde

Dedicar fondos a adornar la ciudad sin atender problemas esenciales, es un fraude.

 Una ciudad es un espacio dinámico y complejo en donde concurren innumerables factores para ofrecer a sus habitantes los servicios y sistemas adecuados que les permitan vivir en un ambiente saludable y de ese modo dedicar tiempo, esfuerzo y creatividad a desarrollar otras actividades para contribuir al bienestar colectivo. Quien dirige la orquesta –es decir, el conjunto de entidades encargadas de distintas áreas de atención- no solo debe poseer la capacidad y el liderazgo para inyectar en su equipo la energía y el compromiso necesarios para sus distintas labores, sino también poseer la visión de futuro que le permita proyectar de manera inteligente las rutas de crecimiento urbano en todos los órdenes: servicios básicos, transporte, tratamiento de desechos, infraestructura y tecnología adecuados para crecer al ritmo de una población en constante movimiento y acelerada expansión.

Un alcalde es el servidor público por excelencia. Al ser responsable de temas de tanta importancia como el abastecimiento de agua o la extracción y tratamiento de millones de toneladas de basura producida por cualquier ciudad de regular tamaño, entre otras muchas obligaciones, su desempeño es contantemente evaluado por los vecinos y, del mismo modo, sujeto a una estrecha fiscalización; ya que nada es más importante en una ciudad, un vecindario o un hogar, como la provisión adecuada de los servicios que permitan a los pobladores dedicar su energía a producir en otras áreas y les ofrezcan calidad de vida a cambio de su obligatorio aporte económico. 

El desarrollo equilibrado de un complejo urbano es uno de los puntos esenciales en un plan bien estructurado de gobierno municipal. Por ello, para otorgar cierta legitimidad a la inversión en proyectos cosméticos o dirigidos a embellecer algunas privilegiadas zonas residenciales o comerciales en donde se concentra la mayor riqueza económica, estos se deben efectuar después de haber realizado los más esenciales en toda la extensión del complejo urbano. Porque es absurdo pretender engañar al público con trabajos superficiales si la gente carece de lo más elemental como agua potable, alcantarillado, calles pavimentadas, sistemas modernos de tratamiento de desechos o un sistema de transporte colectivo seguro y confiable.

El gobierno municipal, por lo tanto, tiene la absoluta obligación de transparentar sus finanzas y poner toda información relacionada al alcance de los vecinos, dado que parte importante de sus fondos proceden, precisamente, de sus aportes. Esta forma de proceder debe ser no solo un gesto de buena voluntad por parte de las autoridades del municipio, sino una exigencia seria y consistente por parte de la ciudadanía y de los medios de comunicación cuyo deber es, también, informar al público sobre el desempeño de quienes manejan ese delicado y complejo sistema de administración.

Un alcalde y su equipo, al ser electos por los habitantes del municipio y financiados por ellos en una buena proporción, tienen la absoluta obligación de rendirle cuentas de manera periódica y con total transparencia. Su actitud ha de ser de servicio y no de imposición, toda vez que son servidores públicos y su misión trasciende el marco temporal de su administración para afectar de manera decisiva el futuro del conjunto urbano bajo su cargo. La calidad de una administración municipal se refleja con la mayor precisión en la calidad de vida de sus habitantes: en la fluidez del tráfico, en servicios públicos eficientes y en el desempeño de sus equipos de apoyo especializado; no en las flores de los arriates.

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La maldición de Sísifo

“…Pensaron que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza”. (Albert Camus)

 Sísifo fue sentenciado por los dioses a cargar una enorme piedra hasta la cima de la montaña, desde donde esta volvería a caer por su propio peso para que Sísifo nuevamente la cargara y así, repitiera su castigo hasta el infinito… Un mito cuya lección habla de lo absurdo del esfuerzo sin perspectivas; como una maldición convertida en el leit motiv de la vida moderna, en donde millones de seres humanos repiten la historia (sin conocerla) en un círculo vicioso de esfuerzo y fracaso gracias a un sistema impuesto por otros dioses, los del Hades corporativo cuyas decisiones son inapelables.

Esto trae a mi mente el estrecho callejón de las decisiones políticas en un país castigado sin tregua y transformado en el ejemplo más ilustrativo de cómo se repite la maldición una, y otra, y otra vez. Guatemala está a punto de celebrar –si acaso es posible llamar celebración al doloroso proceso de elegir autoridades sin muchas opciones de cambio- las elecciones para presidente, diputados y alcaldes. En un proceso marcado por las trampas sembradas en todos los pasos de la ruta institucional, una vez más la población se enfrenta a la devastadora perspectiva de elegir a quienes no solo han legislado para beneficiarse del poder, sino además se han apoderado de la voluntad de jueces y magistrados en su afán de perpetuar su reino de la corrupción.

Guatemala es ejemplo para el mundo de lo que no debe ser. Las sólidas alianzas entre empresarios, militares, políticos y cárteles de narcotráfico y de trata de personas han tejido redes inexpugnables alrededor de las altas cortes y, de ese modo, con la abierta complicidad de algunos medios de comunicación –la televisión abierta a la cabeza- manipulan y engañan a su gusto a una ciudadanía indefensa y empobrecida hasta el extremo de la más profunda miseria.

En el escenario de opciones, sin embargo, han surgido movimientos de oposición liderados por ciudadanos capaces, honestos y conscientes del momento histórico que atraviesa el país. Muchos de ellos han experimentado en carne propia la profunda impotencia de encontrarse –como Sísifo- acarreando la piedra hasta la cima de la montaña para verla, nuevamente, caer. Pero también han comprendido que con ese esfuerzo y quizá con el concurso de otros como ellos, sea posible conjurar la maldición de ver a Guatemala sumida nuevamente en el círculo vicioso de la corrupción y del sistema colonialista impuesto por un empresariado miope y codicioso, capaz de cualquier abuso con tal de conservar sus privilegios.

La unión, por lo tanto, es imperativa en el momento actual. Un frente unido de esa gran masa ciudadana cansada de la corrupción y de los excesos del poder, es el único camino para anular el castigo histórico que ha llevado a un país rico y próspero hasta lo más profundo del subdesarrollo político, social y económico. Un movimiento colectivo de rechazo al sistema actual y a las organizaciones criminales que lo lideran debería dar el golpe de timón definitivo, llevando al poder a ciudadanos capaces de retomar el rumbo de una institucionalidad sólida y un respeto irrestricto al estado de Derecho. Sin embargo, eso dependerá de la voluntad decidida de abolir los personalismos, las ambiciones propias y las divisiones ideológicas. Además, de echar abajo los prejuicios racistas y comprender que solo la unión de las fuerzas vivas y positivas de la nación pueden levantar la roca y colocarla, firme y sólida en la cima de la montaña, para iniciar una nueva era.

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La cabra tira al monte

Es absurdo esperar cambios de fondo en candidatos cuyas trayectorias están a la vista.

 Para el evento electoral cuya celebración se avecina en Guatemala, han surgido candidaturas que ni siquiera deberían ser tomadas en cuenta por la ciudadanía; y no solo por representar lo peor de una sociedad golpeada por las organizaciones criminales, la corrupción política y la falta de valores del empresariado, sino por un simple prurito de dignidad. La población guatemalteca ha sido castigada una y otra vez por quienes controlan los poderes del Estado, sin tener siquiera el ímpetu indispensable para levantarse, reorganizar sus fuerzas y actuar como corresponde ante los abusos de un sistema diseñado para aprovecharse de sus debilidades.

El circo electoral está que arde y de hecho debería hacerlo, por si después surge de sus cenizas la depuración que necesita con urgencia. En el escenario actual y sin el menor disimulo desfilan los ejemplares más nefastos del entorno político y los electores comienzan el consabido proceso de evaluar los alcances de su participación, sin entusiasmo alguno y más bien con el escepticismo que ha acompañado a todas las elecciones de autoridades desde el retorno a la democracia con la elección de Vinicio Cerezo, cuyo triunfo despertó grandes expectativas y resultó provocando grandes decepciones.

Sin embargo, ante dados cargados gracias a una ley electoral que los maneja a su antojo, la percepción general es de una profunda desconfianza y esta alcanza, de refilón, a las pocas candidaturas honestas que podrían generar un atisbo de esperanza. Pero aun cuando la ciudadanía conoce los antecedentes de algunas candidatas y candidatos poco aptos para ejercer la primera magistratura de la nación, administrar una alcaldía o integrar una asamblea legislativa, lo cierto es que incluso los peores capturan la atención pública gracias a mañas mercadológicas siempre eficaces con un pueblo poco dado al análisis y al cuestionamiento de sus ofertas y, dadas sus graves carencias, también proclive a aceptar la generosidad con la cual los financistas de campaña fijan sus apuestas.

Que la cabra tira al monte no es un simple refrán popular, es una verdad contundente. El comportamiento de algunas candidatas y candidatos empecinados en retorcer las leyes y amordazar a la prensa y a sus opositores, debería despertar todas las alarmas. Si desde una candidatura lanzan amenazas y violan los preceptos constitucionales, es posible imaginar cuánto podrían hacer desde una posición de poder como, por ejemplo, la presidencia de la república. Adicionalmente, sus candidaturas huelen a delito desde el momento que existen investigaciones y evidencias de acciones anómalas en torno al financiamiento de sus campañas, aun cuando sus huestes opongan toda clase de recursos para evitar la acción de la justicia.

El escaparate de las ofertas electorales está plagado de ejemplares nefastos quienes, con un descaro total, lanzan amenazas de regreso a las dictaduras; de falsos cristianos cuyas intenciones deshonestas saltan a la vista; de auténticos dinosaurios del pasado con largas colas de mentiras y corrupción y todo ello como un salto cuántico hacia un pasado que ya se suponía superado. Para los electores, este proceso se ha transformado en un juego de eliminatorias en donde la ficha ganadora podría significar la muerte de la incipiente democracia por la cual se ha trabajado con tanta ilusión y con grandes pérdidas humanas. Por ello, el refrán en referencia debe servir como una guía valiosa para no volver a caer en un agujero negro como el que hoy identifica al país ante el mundo.

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Un plan macabro

La crueldad de las organizaciones criminales golpea a la infancia con especial saña.

 Aliado con las iglesias y grupos de extrema derecha, el Congreso de Guatemala pretende criminalizar toda manifestación de libertad de las mujeres respecto de su sexualidad y estatus familiar por medio de la iniciativa 5272, la cual cuenta ya con dictamen favorable de la comisión de legislación y puntos constitucionales presidida por uno de los diputados más retrógrados que ha pasado por el hemiciclo.

Esta iniciativa lleva como pomposo e inocente título “Ley para la protección de la vida y la familia”. Sin embargo, su intención es consolidar el control absoluto sobre la salud, la vida íntima y las preferencias sexuales de la población con especial énfasis en niñas, mujeres y otros grupos de la sociedad cuyas decisiones en la materia se salen del marco convencional. Con absoluto desprecio por la naturaleza independiente de un Estado laico con respecto de las doctrinas religiosas, ciertos legisladores –con plena complicidad del Ejecutivo- pretenden imponer restricciones a las libertades consagradas por la Constitución y de ese modo crear un ámbito vulnerable a medidas represivas de carácter fundamentalista.

Entre algunas de sus propuestas, la iniciativa plantea la “necesidad de incrementar la pena y reestructurar figuras penales relacionadas al aborto” (sic); también entre sus modificaciones arguye que la diversidad sexual debe ser considerada “incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”, clasificando de este modo a la homosexualidad como una patología indeseable a la cual se debe combatir desde el ámbito de las leyes.

Es importante señalar que Guatemala es uno de los países más atrasados en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, a pesar de ser uno de los países más golpeados por la violencia sexual contra niñas y mujeres. Los escasos indicadores confiables –por ser este un tema tabú del cual se desconocen estadísticas reales- muestran niveles espeluznantes de violaciones de niñas con resultados de embarazos no deseados y de alto riesgo. La indiferencia del Estado de Guatemala ante esta situación se refleja sin disimulos en el abandono de políticas públicas de salud sexual y reproductiva, pero también en la crueldad con la cual se impide a niñas de entre 10 y 14 años o a mujeres víctimas de violencia sexual interrumpir de manera segura un embarazo que a muchas les costará la vida.

Asimismo se manifiesta en la nula atención prestada por las instituciones de gobierno a las denuncias diarias de desaparición de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de las redes de trata de personas, las cuales operan en el territorio con absoluta impunidad. Pero la perversa visión de los políticos no para allí. En plena campaña electoral, un candidato lanza la propuesta de persuadir a las víctimas de embarazos no deseados, de completarlo con vistas a entregar a sus bebés en adopción desde el vientre. Esta ha sido en el pasado otra de las crueles formas de explotación humana y uno de los negocios más fructíferos para los tratantes de bebés guatemaltecos, por lo cual es una iniciativa que debería ser investigada por las autoridades correspondientes.

En nuestros países, ser mujer es una desventaja desde el nacimiento. Por lo tanto aquellos que pretenden crear más cerrojos para limitar sus derechos humanos y su libertad de decisión cometen el delito de abuso de autoridad al operar desde instituciones del Estado cuya misión es atender a los problemas más graves de la sociedad –como el de la violencia sexual contra niñas y mujeres y el tráfico de humanos- en lugar de hacer gala de su falsa moral para conseguir votantes. 

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