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Una raya más para el tigre

El Cacif vuelve a las andadas y hoy se roba la marca de la Feria Internacional del Libro.

Al empresariado organizado en Guatemala -el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, Cacif- nada le seduce más que apoderarse y destruir cualquier iniciativa capaz de poner en peligro su estatus de súper poder. Como a todas las camarillas con pretensiones de soberanía absoluta sobre los súbditos, si algo les estorba es la educación y el fortalecimiento del tejido social por medio del conocimiento, la investigación y la transmisión libre del saber. Por eso, y por el éxito obtenido por la Feria Internacional del Libro en Guatemala durante los años transcurridos desde que la gremial de editores iniciara el proyecto, han decidido poner punto y final a ese peligroso afán de enseñar a las nuevas generaciones el amor por la literatura y otras formas de cultura.

No podía ser de otro modo. Los patrones de Guatemala, quienes deciden quién vive y quien no y hacen su voluntad por medio de sus aliados políticos, no pueden permitirse perder el control de ese escenario de actividad intelectual. Ellos han re escrito el viejo y cruel lema de “la letra, con sangre entra” por uno más conveniente y adaptado a los tiempos “la letra, con poder se elimina” y así, de golpe y porrazo, deciden poner candado a las legítimas aspiraciones intelectuales y culturales de la sociedad que, según ellos, les debe obediencia.

Durante muchos años tuve el enorme privilegio de entablar amistad con personas maravillosas mientras viví en Guatemala. Seres extraordinarios cuyo aporte a la cultura continúa dejando una estela de prestigio, aun cuando muchos han desaparecido. Filgua siempre fue un faro, un reducto de encuentro y transmisión de ideas. Siempre sus salones permanecieron abiertos a la niñez y la juventud ansiosa por saber. Siempre, con un enorme esfuerzo y pese a la actitud obtusa del Estado, incapaz de comprender el valor de este foro, logró sobrevivir. Hasta ahora.

La educación y el conocimiento, en una sociedad tan desigual e injusta como la guatemalteca, son tesoros merecedores de todos los esfuerzos. Por eso las cúpulas de poder económico luchan con especial denuedo en contra de cualquier iniciativa capaz de dar poder a la ciudadanía. Un pueblo educado es un pueblo activo y participativo, lo cual representa una amenaza de muerte para los sistemas despóticos del neoliberalismo. El hábito de la lectura es un arma contra la opresión y, por esa razón, en Guatemala se han saboteado los esfuerzos por elevar sus niveles, una y otra vez, con la complicidad de quienes se ven favorecidos por la marginación del pueblo.

El acceso al aprendizaje por medio de políticas públicas coherentes con las necesidades de la población ha sido relegado al último rincón en la planificación de la acción política, una administración tras otra. Para constatarlo basta con observar la miserable condición de toda la infraestructura educativa y las intenciones perversas de la cúpula empresarial, de privatizarlo todo. Así, poco a poco, se le va quitando el riego a la planta hasta que termine secándose definitivamente.

Los empresarios reunidos en esa estructura perversa, aliada para impedir el desarrollo de las personas con el fin de tenerlas dispuestas a aceptar empleos de miseria, han demostrado una vez más que para ejercer el poder no necesitan más que aliarse con lo más nefasto: políticos corruptos, ejército desprestigiado, organizaciones criminales de alcance internacional. De ahí que tengan incidencia en las decisiones emanadas por los organismos del Estado, todos a su servicio. Lo que hoy perpetran contra el centro de actividades culturales -Filgua- es solo una muestra de cómo es de miope la visión de ese sector privilegiado. Es obvio que no han entendido de qué se trata el desarrollo de los países. Está claro que, para su corto punto de vista, mientras más sometida esté la sociedad a sus manejos, mejor le irá al país. Lo que no comprenden es que no representan a esa nación tan castigada y que, tarde o temprano, terminarán pagando en carne propia por haber roto, una tras otra, todas las esperanzas de progreso. El robo de la marca Filgua, es solo una raya más para el tigre.

La lectura es una peligrosa arma contra la opresión.

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De justicia y otras fábulas

No hay engaño más efectivo que nuestros sueños y esperanzas. Pero seguimos soñando.

El afán de perseguir una fórmula precisa, indefectible y humana para impartir justicia -en cualquier orden de la vida- ha de cruzar por un callejón poblado de amenazas, ambiciones y secretísimos acuerdos. El resultado no puede ser más que una sanción torcida en beneficio de quien tenga las mejores armas. No se refiere únicamente a las altas instancias de la administración de justicia. Este camino por el cual avanzamos a tientas, se inicia en el seno del hogar y continúa sin pausa por el recorrido de la escuela, la vida social, el lugar de trabajo y cualquier espacio en donde desarrollamos alguna actividad.

El concepto de justicia es universal y determina la aplicación de un principio moral que rige la aplicación del derecho, basado en la verdad, para dar a cada quien lo que le corresponde. Es una norma sostenida por cuatro columnas fundamentales: equidad, igualdad, imparcialidad y libertad. Cuando echamos una mirada a los sistemas creados por las instancias políticas, bajo cuyos principios se establecen los códigos y se define la estructura y los encargados que administrarán su cumplimiento, esas columnas han perdido su solidez para ser reemplazadas por otras cuatro: ambición, poder, discriminación, racismo. A partir de este cuadro, se observa cuánto influye en la vida personal esa visión distorsionada del valor de la verdad en el hecho tan aparentemente simple de dar a cada quien lo que corresponde.

Durante los primeros años de vida -un ser humano es capaz de retener en su memoria experiencias desde muy temprana edad- la actitud de padres y madres hacia sus hijas e hijos es capaz de imprimir una forma de conducta y una perspectiva sobre la verdad y, como consecuencia de ello, sobre las consecuencias de sus actos. Desde ahí comienza el enfrentamiento de un nuevo ser con el concepto de justicia, un aprendizaje que permanecerá a lo largo de su vida.

No existe espacio en el desarrollo de la existencia en donde un individuo no se enfrente a una decisión de esa naturaleza y, cada vez que eso sucede, algo cambia en la percepción de lo que consideramos justo. Sin embargo, con frecuencia damos por indiscutible la pertinencia de decisiones que afectan no solo a nuestro entorno inmediato, sino a grandes conglomerados humanos cuyas vidas son puestas en peligro, al amparo de leyes emanadas desde instancias supuestas a respetar los principios ya mencionados de equidad, igualdad, imparcialidad y libertad. 

Es entonces cuando es preciso desenrollar la madeja y buscar el inicio del hilo, para comprender en qué momento el derecho y la justicia torcieron su camino para dedicarse a beneficiar a un sector privilegiado de la especie humana. Sirva como ejemplo el intrincado tejido de las normas con base en las cuales se desarrolla el comercio internacional y la protección de las marcas y patentes, cuyos intereses están por encima incluso de la autonomía de los países o, para no ir tan lejos, las leyes que regulan y determinan -desde despachos oficiales asépticos y ajenos al dolor humano- el destino de millones de migrantes que buscan, nada más y nada menos, sobrevivir.

No existe mayor decepción que una decisión injusta, ya sea en el ámbito del hogar, el centro educativo, el ambiente laboral o en cualquier relación personal. Sin embargo, no hay quien no haya pasado por la experiencia en algún momento de su vida. Pero que esa decisión injusta proceda de una instancia encargada de administrar la aplicación de las leyes -cuya sentencia tiene un peso definitivo- es un golpe mucho más duro. Estamos en tiempos de profunda crisis, en donde la verdad es un bien negociable y la imparcialidad una lejana utopía. Es un tiempo en el cual la igualdad dejó de ser un valor para convertirse en un privilegio y la libertad no es más que una bonita palabra para imprimir en una pancarta.

La verdad ha dejado de ser un valor para convertirse en utopía.

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Una guerra solapada

La paz no es la antítesis de la guerra. La paz lo abarca todo.

El ejemplo de algunos líderes mundiales como Nelson Mandela, Martin Luther King o Mahatma Gandhi nos dejó grandes enseñanzas. Una de ellas es que la búsqueda de la paz nunca está exenta de violencia. Perseguidos y encarcelados por pregonar ideas contrarias al sistema establecido, su fuerza moral los sostuvo durante años de persecuciones y campañas de desprestigio por parte de los círculos de poder. Dos de ellos –Gandhi y Luther King- fueron asesinados en un inútil y tardío afán de callarlos. 

De esa capacidad de resistencia, de esa solidez intelectual y humana surgió el mensaje de estos pensadores, cuya esencia transformó de manera radical la manera de ver al mundo y dejó para la posteridad el mensaje de que el respeto de los derechos humanos de las grandes mayorías es el único camino posible hacia la paz y el desarrollo.

La resistencia pacífica fue, coincidentemente, una de las estrategias utilizadas por estos tres personajes de la historia del siglo veinte. De ella emanó la certeza de que sin perseverancia, sin una conciencia clara del porqué de la lucha y sin la convicción de cuál es el camino correcto para transformar las condiciones de vida, no hay esperanza de cambio. Pero además, constituyó todo un ejemplo para las generaciones del futuro respecto de la importancia de buscar la paz a través de la verdad como única manera de lograr la reconciliación. En ese camino hacia el entendimiento, todos los senderos pasan por la justicia. Por ello un sistema diseñado para favorecer a unos pocos en desmedro del resto de la población, se interpondrá de manera inevitable en la búsqueda de la paz.

Para restablecer el imperio de la justicia, el conocimiento es básico. La búsqueda de la verdad en países agobiados por la violencia pasada y presente, con una historia de conflicto bélico y un gran porcentaje de sus habitantes viviendo bajo la línea de la pobreza, implica un proceso de catarsis, revelación y recuperación de la identidad alterada por décadas de silencio y represión. La reconciliación y el perdón, por lo tanto, constituyen ingredientes básicos en esta fórmula cuyo objetivo es la reconstrucción del tejido social para conformar una sociedad más justa e igualitaria. 

La consecución de estos objetivos chocará frontalmente con la resistencia feroz de quienes sostienen en sus manos las riendas del poder político y económico, al considerar como una amenaza la participación de la población en procesos de cambio incluyentes, capaces de abrir las estructuras de poder para garantizar una auténtica democracia. Es una guerra solapada contra cualquier intento de democratización de las instituciones que conforman la base del sistema. El miedo los lleva a cerrar filas en contra el cambio y, de paso, a crear mecanismos destinados a deslegitimar esos esfuerzos. 

La paz, tal como nos enseñaron esos grandes líderes, representa la culminación de procesos radicales y profundos de transformación social. Significa la plena aceptación de los derechos de los otros, la reivindicación de su sitio en la sociedad, el respeto a las diferencias y el combate a la injusticia. No hay otro modo de alcanzarla.

Los sueños de paz chocan contra los grandes poderes que lo definen todo.

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El cuento de la Independencia

Las fiestas de independencia celebran el mayor mito de la Historia.

Las fechas representan únicamente un referente simbólico en el transcurso de la historia, por ello las fiestas de Independencia, celebradas en estos días de septiembre en algunos países del continente, deberían convertirse en un punto de inflexión; en un golpe de timón hacia la dirección correcta y el inicio de una nueva era para los pueblos que observan, con una mezcla de envidia y esperanza, los avances en otros rincones del planeta.

Latinoamérica ha sufrido dictaduras genocidas, invasiones extranjeras marcadas por intereses económicos y geopolíticos, desvalorización y aniquilamiento de sus culturas milenarias, expoliación de sus riquezas naturales y una constante intervención en sus planes de desarrollo por parte de organismos financieros controlados por las grandes potencias mundiales. Sin embargo, la fortaleza moral y el anhelo de libertad de sus pueblos constituyen los recursos decisivos para consolidar esa independencia real y concreta que todos anhelan. 

Los ejemplos de desarrollo económico, industrial y cultural en algunas de nuestras naciones demuestran cómo un valor potencial puede volverse una realidad tangible, siempre y cuando los actos políticos de sus líderes estén sustentados en el firme propósito de luchar por su patria. En este sentido, resultan esenciales la defensa y el respeto a la norma constitucional, la consolidación del estado de Derecho, el reconocimiento de los valores humanos y culturales intrínsecos de sus comunidades y el propósito firme de lograr la unidad latinoamericana, única forma posible de enfrentar los desafíos de la globalización. 

Presumir de independencia cuando nuestras castas políticas son capaces de negociar el futuro de las generaciones con entidades cuyos intereses son totalmente opuestos al desarrollo -como el Banco Mundial- y sometidos a las condiciones arbitrarias de gobiernos poderosos, enfocados en sacar el mayor partido de sus debilidades institucionales y políticas, es un insulto a la inteligencia. Por tanto, resulta imperativo actualizar conceptos y comprender que la libertad de un país para decidir sobre su presente y su futuro es un tema pendiente en todo el tercer mundo.

La celebración de la independencia patria se ha establecido como un recurso populista y debe ser objeto de una profunda revisión. Los desfiles militares, tan propios de esa imagen de fuerza y poder impresa en el imaginario colectivo, resultan hoy una de las más graves ofensas contra pueblos que han experimentado la represión cruel de las dictaduras militares, una sombra oscura que mancha la historia de todos nuestros países. El orgullo patrio no debe descansar sobre las armas ni la violencia, sino sobre la cultura, las tradiciones y el respeto irrestricto de los derechos humanos.

La carga nefasta de la explotación y el saqueo de las riquezas mal distribuidas es un peso histórico cuya influencia en el retraso, la miseria y el abandono cuenta como argumento indiscutible para rechazar las pretensiones de independencia y libertad de las castas gobernantes, las primeras responsables por las condiciones vergonzosas en las cuales se sume el futuro de los pueblos.

Sin desarrollo sostenible para todos no es válido presumir de independencia.

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La vida de los otros

(Publicado en Nuestras Historias https://www.nuestrashistorias.com.gt/la-vida-de-los-otros/)

Los primeros pasos en la vida llevan la brújula de las sociedades y definen su destino.

Desde la segura comodidad de una vida regulada por una posición de privilegio, ya sea por el simple hecho de tener un trabajo digno, un ingreso garantizado o acceso a la educación, la idea formada sobre los demás nos tiende a distribuirlos en distintos nichos y diversas escalas sociales. Son recursos útiles para ubicarnos en donde nos corresponde o para intentar ingresar en ese espacio ideal al cual deseamos pertenecer. Es esta una acción natural de los conglomerados sociales y pocos individuos, muy pocos, pueden presumir de poseer una visión desprovista de prejuicios, de racismo o de estereotipos con los cuales segmentar a los demás de manera arbitraria y acomodaticia.

Percibimos a la sociedad como una pirámide. En su base están los más pobres y, en su pequeño ápice, reunidos los ciudadanos poderosos, quienes determinan el presente y futuro de la gran masa sobre la cual descansan y de la cual obtienen su riqueza y su poder. Ellos también dictan las reglas que regulan al resto, con lo cual equilibran las fuerzas que les permiten sostener sus posiciones. Visto así, la manera como solemos juzgar a quienes no se encuentran en nuestro pequeño ámbito social surge espontánea y ese juicio, por lo general implacable, se dirige con especial énfasis contra quienes se encuentran por debajo del nivel al cual supuestamente pertenecemos. 

Esto me hace recordar la ligereza con la cual se adjudicaron vicios y delitos a las niñas y adolescentes víctimas de violaciones, abuso, tortura y muerte quienes, por muy distintos motivos, se encontraban recluidas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en Guatemala. Esas niñas fueron víctimas de abuso, violaciones y trata de personas con fines de tráfico sexual por parte del Estado a través del personal destinado a administrar ese centro. Sin embargo, amplios sectores las catalogaron -sin la menor evidencia- como “prostitutas, delincuentes, viciosas, revoltosas”. 

Es decir, culpables y merecedoras del fin al cual fueron salvajemente destinadas y justificando de ese modo cualquier acto de violencia en su contra. Sin paliativos, sin juicio y, por supuesto, sin el menor beneficio de duda. Este trágico episodio, en el cual 41 de ellas sufrieron una muerte atroz en medio de las llamas, obliga a reflexionar sobre los riesgos de la institucionalización de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo pero, mas allá de una mera aproximación a ese procedimiento de carácter judicial, realizar un profundo análisis sobre la realidad de esas instituciones, su pertinencia y sus métodos.

Foto: Mariela Castañón

Someter a una niña, niño o adolescente a una permanencia prolongada en una institución de esta naturaleza ha sido objeto de innumerables estudios. Lo más importante, sin embargo, es comprender cómo un ser en proceso de formación -quien, por alguna razón: abandono, maltrato u orfandad tiene como destino la reclusión obligada- es destinado por decisión de un sistema jurídico determinado a permanecer por tiempo indefinido en un sitio cuyas características carecen de las calidades y capacidades para proveer el cuidado personalizado y correcto de acuerdo con cada caso.

El drama de la niñez en países tales como los nuestros proviene de su débil incidencia en la agenda pública. Este importantísimo sector de la sociedad suele ser considerado como un apéndice improductivo y no como un protagonista vital en los procesos de desarrollo. Esta falencia se refleja en el total abandono desde las más altas instancias, cuyas prioridades están centradas en la conquista y conservación de los poderes político y económico, por medio de maniobras muchas veces reñidas con la ley. Amparando esa opacidad en el manejo de la cosa pública, las sociedades actúan como una membrana capaz de invisibilizar el extenso drama de la niñez abandonada.

Resulta del todo impensable considerar, siquiera, un cambio radical en la visión colectiva sobre la realidad de la niñez. Hay países, como Guatemala, en donde sus habitantes de entre 0 y 12 años asciende a un tercio de la totalidad de la población y ni siquiera tienen una mención privilegiada entre las políticas públicas o el presupuesto de ingresos y egresos que las sostiene. Un país en donde el 90 por ciento de jóvenes entre 13 y 30 años carece de acceso a un servicio de salud, público o privado y en donde casi el 70 por ciento está fuera del sistema educativo. A eso, añadir el índice de desnutrición crónica en más de la mitad de la población infantil, con toda la carga que ello implica en deficiencias físicas, neurológicas y de oportunidades de vida.

Este escenario es el caldo de cultivo en donde se macera lentamente una sociedad empobrecida, debilitada e incapaz de construir futuro. Su fuerza laboral viene señalada por las carencias y eso constituye uno de los principales motores del incremento de la violencia, la emigración y las patologías asociadas a un entorno en donde la ley no se respeta ni la justicia impera. Es allí en donde la infancia suele recibir los mayores golpes y en este entorno enfermizo, niñas, niños y adolescentes enfrentan a diario el vacío y el abandono. 

Una de las razones por las cuales jamás pensamos seriamente en la vida de los otros, es esta miseria que nos rodea y a la cual oponemos trucos psicológicos para no enfrentarla porque, de hacerlo, estaríamos obligados a actuar. Ya es hora de abrir los ojos y la conciencia para salvarnos a nosotros mismos, porque esa infancia aparentemente lejana es el germen del futuro que nos espera.

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Las ausentes

La violencia contra la mujer es manifestación de una eterna guerra por el poder.

El dominio del patriarcado constituye la marca oscura de una lucha atávica, por medio de la cual la mujer intenta conquistar su independencia -cada vez con mejores armas- y construir una vida de libertad. Este eterno enfrentamiento no trata de costumbres ni tradiciones, sino de una guerra de guerrillas librada por un sector de la población -premunido de toda clase de armas: legales, físicas y doctrinarias- contra otro que solo posee la certeza de su razón. Y así han transcurrido los siglos.

Para empezar a comprender la dimensión de este sistema de dominación, es preciso ir más allá de las apariencias y medir el enorme impacto sobre la vida de más de la mitad de la población del planeta. Esto no solo se traduce en una violencia aparente en el maltrato físico, social y psicológico, cuya constante presencia impide el desarrollo pleno de niñas, adolescentes y mujeres adultas, sino también en la manera solapada como se las condena a la dependencia económica gracias a la influencia nefasta de una visión de maternidad y de familia, distorsionada y marcada por una autoridad ilegítima.

A partir de un esquema de injusticia histórica de tal magnitud, se comprende la manera cómo las sociedades toleran el abuso, la tortura, la marginación y la crueldad extrema en contra de las mujeres por el solo hecho de serlo. Baste echar una mirada a las estadísticas en donde se refleja de manera transparente cuán frágil es su estatus y de qué modo se le impide alcanzar un pleno dominio sobre su vida y su cuerpo. En países sumidos en el subdesarrollo, esta realidad es abrumadora y estampa una visión aberrante de lo femenino como débil -física e intelectualmente- y naturalmente subordinado, tanto desde lo jurídico como desde las doctrinas religiosas. 

De ahí que cada intento por avanzar y despejar el camino hacia el desarrollo pleno del sector femenino haya encontrado los mayores obstáculos, incluso desde su propio ámbito. El hecho de que, al haberse visto en la necesidad de conquistar cada pedazo de libertad con la ruptura -muchas veces violenta- de los obstáculos religiosos, sociales y legales para ocupar un sitio en el mundo real haya sido objeto de burla, rechazo y condena, es motivo suficiente para reflexionar sobre esta absurda estructura del poder. En los ámbitos domésticos, laborales y sociales, la mujer todavía ocupa un espacio sujeto a la condescendencia y a la corrección política y no al pleno derecho.

Este retrato no obedece a una visión distorsionada de la realidad. Es un hecho patente en las aberrantes cifras de feminicidios, secuestros, desapariciones, tráfico y violaciones contra niñas, adolescentes y mujeres, crímenes impunes que pocas veces -o casi nunca- llegan a la etapa de investigación y condena. Ellas son las ausentes en sociedades indiferentes a su condición de seres humanos, con todo lo que ello implica en respeto, autonomía y capacidades. Ellas son quienes han experimentado en carne propia el desprecio de sus pares y el abandono de la sociedad.

En el trasfondo de este drama de injusticias está la eterna lucha por el poder. De ella se desprende la enorme maquinaria del patriarcado, cuya preeminencia descansa sobre una autoridad impuesta por la fuerza y las enormes ventajas de tener a su disposición a todo un contingente de mujeres capaces de aportar, por la fuerza de la tradición, su trabajo no remunerado, su riqueza creativa y su inacabable resistencia al dolor. La lucha por reivindicar sus derechos enfrenta -por obvias razones- una feroz resistencia. 

El lugar de la mujer en la sociedad es, todavía, un tema pendiente.

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Guatemala: La infancia perdida

(Publicado por LatiCe – Suecia en el Dossier “Pandemia – No solo una crisis sanitaria” https://latice.org/es/2021/09/03/pandemin-inte-bara-en-sanitar-kris/

En países empobrecidos por la corrupción y el abandono, la niñez es la primera de las víctimas.

Un ejercicio interesante para conocer cuál es la visión sobre la niñez en un país como Guatemala, cuyos indicadores de desarrollo socio económico están entre los más bajos, no solo de todo el continente sino del resto del mundo, es ingresar al buscador de Google y escribir “Guatemalan children”, así, en inglés. Allí aparecen 11 millones de respuestas.  Si nos tomamos la molestia de ir buscando página por página, de entre las primeras 100, aproximadamente el 90 por ciento hacen referencia a la desnutrición crónica, a la emigración forzada, datos sobre violencia y abuso contra este sector de la población y a la pobreza extrema que les afecta con especial dedicación. Ninguna hace mención a logros en educación, deportes, arte o cultura.

Ese es el panorama real y la proyección de Guatemala hacia el mundo, a pesar de los pesares y también de las estrategias de imagen de gobiernos ineficientes, corruptos y dedicados a transformar a las instituciones del Estado en bastiones para el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias.  El negocio floreciente de la trata de personas –cuyas víctimas son en abrumadora mayoría niños, niñas, adolescentes y mujeres- revela una ruptura grave del tejido social y una total incapacidad del Estado para combatir ese flagelo. Guatemala es, para las organizaciones criminales dedicadas a esa actividad criminal, un auténtico paraíso.

Luego, también cambian las referencias y se encuentra la estampa triste de una Guatemala sórdida en donde se ha de recurrir a la limosna de ciudadanos extranjeros para acudir en auxilio de una niñez abandonada a su suerte, hambrienta y sujeta a toda clase de riesgos en un entorno carente de seguridad alimentaria, de oportunidades de educación, de servicios de salud adecuados y, por supuesto, de un entorno familiar capaz de protegerla. Esto, en uno de los países centroamericanos más ricos en recursos y más desiguales en el reparto de esa inmensa riqueza.

Cómo es ser un niño pobre en un país rico

Guatemala tiene una de las tasas más elevadas (49 por ciento) de desnutrición crónica a nivel mundial. Este indicador, el cual se ha mantenido más o menos inalterable durante décadas y que durante el período de la pandemia probablemente se haya incrementado debido a las dificultades creadas por la emergencia en cuanto al acceso al trabajo y a los precarios servicios de salud, podría superar esa frontera inadmisible en donde se marca el total abandono del Estado por el respeto al derecho a la vida del segmento más numeroso de su población.

Pero, ¿cuál es la razón de tanto abandono? ¿Por qué Guatemala figura ya entre aquellas naciones que han caído al punto de compartir con Honduras, Haití y algunas de las naciones africanas las estadísticas más extremas en todos sus aspectos? Si se hurga en el pasado, se podrían encontrar respuestas múltiples y diversas en una historia plagada de muerte y violencia.  Sin embargo, el presente también constituye un obstáculo insalvable para esos millones de seres humanos menores de dieciocho años, cuya seguridad de todo tipo: alimenticia, de vivienda, de salud, de educación, de resguardo de su integridad física, nunca ha sido prioridad para los representantes del pueblo, los mismos que juraron ante la bandera respetar la Constitución, y quienes siguen prometiendo en vano cambiar las cosas.

El abuso de menores ha sido un hábito inveterado durante generaciones.  Algo tan profundamente arraigado, que llega a ser considerado como una práctica socialmente aceptable, un destino insoslayable para quienes aún no poseen la fuerza ni la protección de la ley para defender sus derechos.  Peor aún, hay quienes aún se resisten a aceptar que esos derechos existen.

De acuerdo con una investigación periodística de Carmen Quintela en Plaza Pública, (2017) “hay 260 personas en Guatemala cuya riqueza equivale a 23 veces la inversión pública en Salud, 21 veces la inversión en Educación y el 56 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) del país. Para ganar lo que cada una de estas personas gana en un mes, un ciudadano con bajos ingresos debería trabajar 387 años. Esas 260 personas son parte del uno por ciento de la población con unos ingresos mensuales que equivalen a los salarios del 42 por ciento con menos recursos. Los datos, ejemplo de la desigualdad en la que permanece sumergido el país, los presentó la organización Oxfam, que destacó a Guatemala como uno de los lugares de América Latina con un acceso más precario a buenas condiciones de vida.”

Las niñas-madres

Una de las consecuencias más devastadoras de la indefensión en la cual sobreviven las niñas en Guatemala, es la pavorosa cifra de embarazos y partos a edad temprana. De acuerdo con una de las instituciones dedicadas a monitorear este tema –el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva, OSAR- se produjeron 57 mil quinientos setenta y ocho embarazos en niñas y adolescentes entre 10 y 18 años, durante el primer semestre de 2021. De entre ellos, cerca de 3 mil corresponden a niñas de 10 a 14 años. Es decir, un período en el cual una niña aún no ha desarrollado plenamente su cuerpo y en quien un embarazo supone un riesgo de vida elevado.

Adicionalmente a la violencia implícita en la violación y sus consecuencias físicas y psicológicas, un embarazo a esa temprana edad significa la pérdida de derechos a todo nivel y el sometimiento a un régimen de vida duro, restrictivo y sometido a la autoridad de los adultos de su entorno. A ello se suma la prohibición legal absoluta de interrumpir el proceso de gestación, aún cuando se trate de una niña cuyo cuerpo no reuna las condiciones para sostenerlo y llevarlo a término. Es decir, la ley, en Guatemala, condena a la víctima a partir de una visión de Derecho influenciada por doctrinas religiosas y un sistema patriarcal sólidamente establecido.

Visto como parte normal de la vida -especialmente en las comunidades rurales- el embarazo en adolescentes es una de las más graves consecuencias de la pobreza y la marginación en la cual vive y se desarrolla una gran parte de la población femenina. Asediadas por un concepto patriarcal de la vida y del deber, miles de niñas acaban siendo víctimas de abuso sexual desde antes de alcanzar la pubertad, convirtiéndose en madres en etapas tan tempranas de su desarrollo que incluso pierden la vida en el proceso. Indefensas ante la presión del autoritarismo ejercido por padres, hermanos y otros hombres de su entorno, sumado a la falta de protección por parte del resto de la comunidad, las niñas-madres terminan agotando la etapa de la infancia sin haberla vivido, para enfrentar la dura realidad de una existencia de miseria.

Ante esta situación, derivada de patrones culturales absolutamente viciados, las niñas se ven obligadas a arrastrar la humillación de una sexualidad no deseada, no consentida y de graves repercusiones para su salud física y psicológica, en un entorno de irrespeto a sus derechos humanos que les veda el derecho a experimentar las etapas normales de su desarrollo. 

Los programas asistencialistas propuestos por los gobiernos para combatir el hambre y la pobreza ni siquiera rascan la superficie del verdadero mal de esta sociedad. Las estrategias han sido, por lo general, orientadas a reducir estadísticas con el objetivo de mejorar la posición del país en los indicadores internacionales de desarrollo y así enseñar una mejor cara a los organismos financieros mundiales. La situación puntual de los grupos afectados por la pobreza, sin embargo, se difumina al punto de desaparecer del foco de las iniciativas oficiales, perdiéndose de vista en las grandes cifras. 

En estos escenarios, las niñas-madres no han llegado a formar parte de las prioridades de atención de las autoridades. Éstas ven los casos de embarazo en niñas y adolescentes como una expresión más del subdesarrollo y no como los actos criminales de abuso sexual que realmente son. El mensaje que envía esta clase de aproximación al problema es de conformismo ante el sometimiento de uno de los grupos sociales más vulnerables y menos tomados en cuenta en las políticas públicas de los gobiernos de turno.

La ausencia de medidas eficaces de protección para la niñez guatemalteca  constituye uno de los factores que ha permitido la impunidad en casos de abuso sexual, violencia de género y de otros crímenes de lesa humanidad, como el tráfico de personas, el cual afecta con especial dedicatoria a este segmento poblacional. La niñez y la juventud de Guatemala suman casi la mitad de su población, pero tiene menos influencia en las decisiones de Estado que cualquier otro sector. Son invisibles ante los estamentos de poder, son impotentes ante la justicia y sus esperanzas son rotas constantemente por la indiferencia de una ciudadanía apática. Las niñas-madres, en medio de este cuadro de costumbres, representan el epítome de la marginación y del olvido. 

Esos miles de niñas y adolescentes cuyo cuerpo mal alimentado y endeble apenas puede cargar con el peso de su propia existencia, dan a luz en condiciones miserables, en medio de la indiferencia de las autoridades y soportando el rechazo de su propia familia. Así es su vida, así es el entorno social y ese el resultado de una cultura que las condena al eterno subdesarrollo. De ahí que esos embarazos precoces dan como resultado una criatura de bajo peso y una madre-niña desangrada.

Los estudios realizados por el sistema de las Naciones Unidas y otras instituciones han demostrado hasta el cansancio que una niña educada se fortalece y deriva en una mujer adulta responsable y consciente. Guatemala es, en esta época de la historia, un ejemplo de lo que no debe ser. El Estado tiene la obligación de proteger a la niñez y no lo hace por las razones por todos conocidas: negligencia, incapacidad y corrupción. No quisiéramos pensar que condenarlas a esa vida de miseria y abandono sea una política misógina y perversa de control social.

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Juegos peligrosos

Las derrotas estratégicas nunca son una sorpresa. Vienen determinadas desde el inicio.

Los países que definen el rumbo de la historia son tan fuertes como el más débil de sus líderes. Esto debería ser un axioma a tomar en consideración frente a los resultados catastróficos de la geopolítica de los imperios. De hecho, el rumbo de las acciones intervencionistas fuera de sus territorios suele estar determinado por un poderoso sentimiento de orgullo y la ambición sin límites de un grupo de individuos en un momento determinado, lo cual conduce al peligroso callejón del poder absoluto y la anonimia en la toma de decisiones. Es decir, sus instancias de control han alcanzado dimensiones y complejidades tan extremas, que en ellas se pierde la responsabilidad directa sobre las acciones que afectan de manera directa al presente y futuro de naciones en cualquier punto del globo. Durante siglos, el mundo ha presenciado cómo las grandes potencias se benefician con la miseria, la muerte y las riquezas robadas a pueblos más débiles sin pagar por ello.
De esas confrontaciones, diseñadas y manipuladas desde despachos inaccesibles lejos del terreno, se trazan los destinos de millones de seres humanos, quienes deben hacer frente a las peores amenazas, totalmente ajenos a los planes de dominación económica y política concebidos sobre un tablero. Cuando las cosas se tuercen -como sucede cada vez que se juega a dios- esos pueblos caen en la espiral de la destrucción de sus culturas, sus sueños y sus vidas. Los responsables del desastre solo retiran a sus peones, empacan sus instrumentos de aniquilamiento y, sin perder más que las vidas consideradas “daños colaterales propios”, terminan culpando a sus aliados por el fracaso de sus planes.
En donde reside el mayor peligro de estos juegos peligrosos es en la ruptura del hilo de las responsabilidades directas. La posibilidad de manipular los acontecimientos -gracias a la infinita capacidad económica de estas potencias- está al alcance de personajes poco o nada éticos e incluso intelectualmente mediocres, incapaces en su mayoría de medir las consecuencias de sus decisiones, dado que la vida humana tiene, para ellos, menor importancia que el dominio sobre los recursos estratégicos sobre los cuales se sustenta su hegemonía. Esta manera de controlar la acción política con base en la inmediatez de sus beneficios tiene consecuencias de tan largo plazo que los perpetradores terminarán, de manera inevitable, formando parte de las víctimas.
La reciente caída de Afganistán en manos de los talibanes no es más que otro ejemplo de la cadena de errores cometidos por la prepotencia y falta de perspectiva de una de las grandes potencias. El horror enfrentado hoy por el pueblo afgano es parecido al experimentado por otras naciones, víctimas de decisiones surgidas desde el otro lado del mundo. En esta carrera por el poder intervienen tantos actores, con tan increíbles recursos económicos, bélicos y tecnológicos, que da pavor pensar en la dudosa capacidad de cada uno de ellos para medir los alcances de sus acciones o, simplemente, para reflexionar sobre el impacto en la vida de seres tan ajenos a su entorno.
La restitución de un equilibrio de poderes capaz de impedir el abuso de los países más poderosos, es pura fantasía. Los hechos han demostrado cómo la vida humana es un factor ausente en los planes geopolíticos de naciones con un poder tan ilimitado como sus ambiciones. Lo más preocupante de la ecuación es la certeza de que esas naciones super desarrolladas han creado a sus propios monstruos, sistemas cuya infalibilidad no está garantizada y, como el axioma del inicio, su hegemonía es tan fuerte como el más débil de sus estrategas.

Jugar con el destino de los pueblos es una forma perversa de satisfacer ambiciones.

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El abuso de poder

Las decisiones políticas comienzan a revelarse como intentos de control absoluto.

Durante mucho tiempo las sociedades occidentales creyeron a pies juntillas en la prevalencia absoluta de sus valores democráticos, bien establecidos en sus textos constitucionales y, mejor aún, fuertemente impresos en el inconsciente colectivo. Sus derechos, sus espacios de libertad y sus responsabilidades sociales han sostenido -durante generaciones- un ideal sobre el cual se erigen proyectos de nación y se alimenta la ilusión de lograr sus aspiraciones colectivas. Dentro de ese marco ha tenido cabida la creación de instituciones confiables para la defensa de los valores cívicos, gracias a innumerables batallas en función de esos objetivos.

Hoy ya nadie está tan seguro de esa realidad. Poco a poco, y gracias a un estado de emergencia consecuencia directa de un sospechoso brote viral, ciudadanos de cualquier punto del planeta han visto cómo sus entornos vitales se han transformado, así como cuántas de sus libertades y derechos han pasado a ser objeto de medidas restrictivas; pero no desde las autoridades científicas y sanitarias, sino desde las plataformas políticas y los centros de poder económico, que han visto en esta catástrofe la oportunidad para ejercer un control absoluto.

La nueva realidad de hoy constituye una amenaza real a los sistemas de gobernanza fundados sobre el equilibrio de poderes. La imposición de medidas, en el contexto actual, se ha convertido en la nueva normalidad, dejando prácticamente sin recursos de oposición a millones de personas alrededor del mundo. Estas, sometidas a decisiones que muchas veces atentan contra los sagrados derechos establecidos en normas y tratados, en textos constitucionales y tradiciones, se ven atrapadas en una red de la cual les resulta difícil escapar.

En la actualidad, se observa con estupor a gobernantes carentes de autoridad científica alguna, establecer prohibiciones para el uso de medicinas o tratamientos, basándose en criterios de interés económico y en sus vínculos con grandes consorcios farmacéuticos. Se observa, también, la manera cómo con la mano derecha restringen la movilidad de la ciudadanía en áreas públicas y en horarios determinados, mientras con la mano izquierda se permiten favorecer a sus aliados del sector empresarial y ejercen una férrea represión contra cualquier intento de protesta ciudadana. 

El tema de las vacunas, por otro lado, un elemento objeto de innumerables discusiones en el campo académico científico y sobre el cual, después de más de dos años, aún no existe consenso ni un flujo de información totalmente confiable para la población, es hoy una piedra de toque capaz de provocar una grave escisión entre gobernantes y gobernados. Por un lado, porque los primeros poseen el mecanismo de la obligatoriedad y, por el otro, debido al criterio de libertad individual para decidir, cada quién, sobre lo que mejor le convenga en lo referente a su salud, de acuerdo con los valores democráticos.

La crisis está servida. El pulso entre los gobiernos administrados desde una visión incompatible con los valores democráticos y ciudadanías conscientes de cómo esos valores se evaporan bajo la amenaza de restricciones orientadas hacia el control absoluto, es el germen de un peligroso giro hacia sistemas dictatoriales ajenos a sus principios democráticos y, por supuesto, alejados de la búsqueda de diálogos y consensos. Lo que hoy espera a la ciudadanía es un verdadero enigma, dado el escaso espacio permitido a su participación en algo que le compete de manera tan directa. En esta delicada coyuntura se esperaría un mejor manejo de la crisis, pero desde las instancias científicas y no desde los intereses espurios de gobernantes cegados por su ambición de poder. Un objetivo nada fácil, pero indispensable para garantizar, a tantos habitantes de este planeta, que su vida vale.

El poder absoluto es un ideal capaz de convertir a democracias en crueles dictaduras.

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Verdades ocultas

El mundo secreto de la impunidad por abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes.

La violencia implícita en el acercamiento de carácter sexual hacia un niño o una niña es algo que la sociedad adulta todavía no alcanza a comprender. Es como si aquellos hombres y mujeres que alguna vez sufrieron el acoso o la violación en carne propia hubieran enterrado la experiencia en un sitio tan remoto de sus memorias, como para haber borrado incluso su capacidad de empatía hacia quienes lo han experimentado después. Durante siglos, la tragedia oculta de esos crímenes ha sido el secreto mejor guardado y sus víctimas, aún cuando pueden contarse a nivel de un buen porcentaje de la población infantil, han debido enfrentar el silencio y la negación, o el castigo por tener el valor de denunciar.

He pasado muchas décadas vinculada a medios de comunicación escrita como para haber visto en primera fila cómo los reportajes y artículos de fondo relacionados con la violencia extrema hacia mujeres, niñas y niños han tenido que entrar a codazos en las salas de redacción. Un acercamiento consciente y con carácter analítico y preventivo parece haber sido considerado marginal frente a la coyuntura política, la economía e incluso el deporte; y, cuando se asume su importancia, rara vez se presenta en las primeras cinco páginas. Cuando comencé a darle prioridad en mis columnas, alguien del medio en donde las publicaba me dijo que esos no eran temas relevantes, eran “temas de mujeres”.

Al revisar estadísticas de agresión y abuso sexual es fácil comprender, entonces, por qué las víctimas deciden no denunciar y cómo desde ese momento comienza a funcionar el mecanismo de la negación. Lo primero que surge en una víctima de violación es la vergüenza -propia y de su entorno cercano- y han pasado siglos antes de que esa puerta se abriera para dejar constancia de este aberrante tipo de violencia. Sin embargo, aun cuando los textos jurídicos han incluido en sus códigos estos crímenes -después de fuertes y prolongadas luchas de quienes han creído en la igualdad de derechos entre personas de distinto sexo- todavía no existe una actitud decidida para atacarlos y castigar con firmeza a sus perpetradores, porque tampoco se ha desarrollado un criterio de justicia a nivel institucional.

De este modo, la niñez nace sin derechos. En términos generales, se encuentra sujeta -sin paliativo alguno- a la decisión y la autoridad de quienes les aventajan en edad. Sus padres, tíos, hermanos, maestros, sacerdotes, pastores, vecinos y quienquiera les puedan imponer su voluntad es un posible ejecutor de uno de los crímenes más impactantes y destructivos contra la niñez. Carente, esta, de la capacidad de defenderse frente a quien le supere en fuerza y credibilidad, se encuentra muchas veces, y en todos los ámbitos sociales y culturales, a merced de sus victimarios.  

La huella del abuso sexual en la mente de una niña o un niño en pleno proceso de desarrollo ocasiona un daño severo que se mantiene por el resto de su vida. Esa experiencia traumática, la cual muchas veces se repite durante largo tiempo sin posibilidad de resistencia por parte de quien la sufre, persiste en forma de rechazo, miedo y vergüenza, además de tener un impacto severo en la vida sexual y la visión de sí misma. El daño permea las relaciones humanas a un nivel tan profundo como persistente y solo esa cauda debería ser suficiente motivo para dar a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, una prioridad absoluta en la prevención, investigación y correcta administración de justicia. 

Las verdades ocultas en ese mundo siniestro y extendido en todos los ámbitos que es el abuso sexual contra la niñez, son el germen de sociedades incapaces de sostener sus valores, de sociedades trastornadas por un sistema patriarcal que las sume en el dolor y la injusticia y cuyos códigos han sido elaborados en función de un poder adulto cargado de misoginia y desprecio por un sector fundamental de la comunidad humana.  

No existirá entorno seguro para la niñez, en tanto no sea objeto del respeto que merece.

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La era del papel

Como nunca antes, es fundamental un amplio acceso al conocimiento y a la información.

El saber es poder: indiscutible verdad de la cual se desprende -desde los inicios de la Historia- toda clase de estrategias para vedar a las grandes mayorías el pleno acceso al conocimiento, con el simple propósito de mantenerla en la ignorancia y así consolidar los mecanismos de control social. Simple y llana como esta argucia política es la intención de manipular el pensamiento y alimentar a las masas desde plataformas informativas de alcance masivo, cuyos contenidos son cuidadosamente elaborados para reforzar conceptos e idearios afines al poder.

Por eso es tan importante retomar la ruta de la lectura y del intercambio de ideas mediante una búsqueda consciente e informada de las fuentes más confiables. Para ello -y gracias al inmenso caudal de recursos que nos ofrecen tanto los libros y otras publicaciones en papel como el mundo virtual- es preciso separar la paja del grano y comenzar a reflexionar seriamente en tejer redes de discusión, consolidar espacios de reflexión y construir, de manera amplia y constructiva, una nueva forma de relacionarnos con distintos grupos de la sociedad. 

Aun cuando la era del papel impreso ha perdido cierta predominancia frente a los medios virtuales, de ningún modo significa un reemplazo inevitable, en especial en sociedades de escasos recursos en las cuales el acceso a la tecnología se mantiene aún reducido a ciertos sectores de mayores ingresos y en entornos adecuados gracias a una mejor infraestructura. En estas sociedades, sin embargo, y por motivos estrictamente políticos, tanto la escolaridad como el acceso al conocimiento se han visto entorpecidos, por decisión de sus élites, con la intención de frenar toda forma de disenso desde las bases de la pirámide social.

De ahí la gran relevancia de los eventos literarios, como las ferias del libro, que se realizan en distintos países del continente y el mundo. Estas plataformas ofrecen -de manera gratuita- el acceso a un amplio abanico de experiencias capaces de abrir nuevas formas de entender el mundo que nos rodea. Una de ellas es la Feria internacional del libro, Filgua, organizada por la Gremial de Editores de Guatemala y la cual este año será celebrada en septiembre como homenaje al bicentenario de la independencia de ese país. Este evento, además, ha sido dedicado a la escritora guatemalteca Ana María Rodas, Premio Nacional de Literatura y una de las mayores exponentes de la poesía latinoamericana. 

Como parte esencial del programa de la primera versión virtual de la Feria Internacional del Libro en Guatemala, acompañando a la presencia de relevantes exponentes de la literatura, provenientes de Guatemala y otros países, sus organizadores ponen especial énfasis en un amplio repertorio de actividades dedicadas a la niñez y la juventud, como una forma de incentivar la lectura y el acceso al conocimiento universal, mecanismos imprescindibles para reforzar el crecimiento intelectual de las nuevas generaciones de ciudadanos.

Guatemala, un país rico en cultura y tradiciones, ha debido enfrentar enormes obstáculos, a lo largo de su historia, en sus esfuerzos por hacer del conocimiento un patrimonio de libre acceso para todo su pueblo. Gobernantes y élites económicas, empecinados en frenar toda iniciativa en ese sentido han cercenado, a través de los siglos, sus oportunidades de desarrollo. La apertura hacia la educación es, todavía, uno de los más grandes desafíos para sus habitantes; por lo tanto, cualquier evento en esa dirección merece el apoyo de toda la sociedad.

La lectura no es solo un pasatiempo, sino un recurso vital para el desarrollo.

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Con la esperanza no basta

“Hechos son amores y no buenas razones”, un dicho popular que nos calza a la perfección.

Si algo empareja a los pueblos latinoamericanos, es un pasado cargado de frustraciones, lucha social, violencia, represión y abuso. También, por supuesto, una enorme dosis de esperanza que surge antes y después de cada relevo en sus gobiernos y de cada estallido social provocado por sus traiciones. El hilo de la historia en todos los países de nuestro continente presenta similares coincidencias, en un ir y venir que les impide avanzar con paso firme hacia el desarrollo. Sin embargo, una y otra vez se impone ese aliento optimista –esa necesidad de resurgir de las cenizas-  único consuelo ante la crudeza de una realidad tan inmerecida como deprimente.

La herencia colonial ha marcado de forma indeleble el destino de nuestros pueblos al establecer la división por clases sociales, económicas, étnicas y de género, como una brillante y sórdida estrategia destinada a preservar con mano de hierro los mecanismos de control. De ahí han surgido formas de vida y pensamiento impresos en su cultura como verdades absolutas y, peor aún, como valores dignos de acatarse. Entre esos supuestos valores, muchos de ellos originados desde los púlpitos, están aquellos destinados a subordinar a las mujeres a la autoridad patriarcal; a convencer a los estratos más pobres de la superioridad de los más ricos; a someter a la niñez y a la juventud a la autoridad adulta, sin derecho alguno a asumir sus propias aspiraciones; y, a creer sin dudar de un absurdo derecho humano a destruir la naturaleza en función de la acumulación de riqueza para beneficio de unos pocos.

Cuando los pueblos deciden tomar las riendas de su destino y detener los abusos de poder cometidos, sin obstáculo alguno, desde los centros de poder, entonces intervienen otros actores cuya incidencia, desde países poderosos y gigantes mediáticos, transforman el discurso y manipulan los conceptos abriendo el camino para la represión y el miedo. Esta argucia, tantas veces repetida y tantas veces exitosa, apaga la llama de la rebelión y, víctimas más, víctimas menos, arroja al silencio y la resignación a pueblos cada vez más impotentes y empobrecidos. Este escenario recurrente también representa un obstáculo de enorme magnitud para hacer de la ciudadanía una protagonista consciente y comprometida con su futuro.  

Hastiada de tanto abuso, carente en su mayoría de elementos de juicio y, en algunos países, de marcos legales para ejercer su derecho a participar libremente en la elección de autoridades éticas y competentes, la ciudadanía se ve enfrentada, una y otra vez, a una maquinaria poderosa manejada desde las sombras por pequeños círculos de poder que le impiden avanzar. De ahí, que solo acude al consuelo de una esquiva esperanza: la esperanza por un futuro mejor; la esperanza por un cambio del cual no se atreve a participar; la esperanza por que suceda algo milagroso y los corruptos paren en prisión; la esperanza porque el cielo se abra y caiga el rayo sobre sus cabezas… esa esperanza.

Pero, como reza el dicho: “Hechos son amores y no buenas razones”, esas esperanzas necesitan acciones y esas acciones, sin la voluntad y la participación popular, jamás se harán realidad. Los pueblos latinoamericanos han perdido mucho espacio debido a su progresivo divorcio con el ejercicio de la política. Decepcionados, una y otra vez, se han alejado de algo tan esencial para la democracia como la organización partidista, único recurso para garantizar su incidencia en las decisiones que les competen. Por eso, precisamente, los grupos de poder las han desestructurado con maña, muy conscientes de que para reinar, es preciso dividir.

La democracia depende de la organización ciudadana.

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La soledad del Quijote

El fiscal Juan Francisco Sandoval ha perdido una batalla en medio del silencio. 

Con una trayectoria impecable en su labor de investigador para esclarecer los casos más impactantes de tráfico de influencias, corrupción e impunidad, el fiscal Juan Francisco Sandoval –quien emprendía una lucha frontal contra los intentos de frenar sus investigaciones dentro del Ministerio Público- fue destituido de su cargo por la Fiscal General de Guatemala, persona quien en descarada alianza con las organizaciones criminales en el poder, ha saboteado todos los esfuerzos en pro de la justicia en ese país.

El fiscal Sandoval no solo ha contado con el respaldo de organizaciones sociales en su territorio, sino también ha recibido reconocimientos por parte de entidades internacionales en el ámbito de la justicia y los derechos humanos. Con su destitución, queda clara la posición de las autoridades guatemaltecas en su decisión de transformar de golpe a esa dependencia en un refugio para garantizar la impunidad de los delitos del presidente, sus ministros, sus allegados, de empresarios corruptos y de una buena parte de la asamblea legislativa y el organismo judicial, todos quienes actúan bajo la premisa del silencio y la complicidad. 

La acción -presuntamente ilegal, según indican expertos en la materia- realizada por la máxima autoridad del Ministerio Público, constituye la piedra fundamental para el establecimiento de un sistema de gobierno cooptado por el narcotráfico y el crimen organizado, bajo la sombrilla oportunista de un sector empresarial cuyo único afán es perpetuar sus privilegios a costa de la seguridad y la vida del resto de la población. La ciudadanía, ajena a los entretelones de la mañosa estructura consolidada durante las pasadas administraciones y reforzada por un ambiente de excesiva tolerancia, no ha sabido reaccionar con la firmeza esperada después de este golpe artero a la justicia.

Entre las investigaciones emprendidas por la fiscalìa contra la impunidad liderada por Juan Francisco Sandoval, se encuentra una atingente al mandatario sobre el oscuro negocio de las vacunas y el cual, supuestamente, ha sido la causa primaria de la destitución de este fiscal. Resulta bastante obvio que su labor ha representado, más que una piedra en el zapato, una seria amenaza contra quienes violan las leyes amparados por el poder. 

El miedo imperante entre quienes han abusado de manera descarada de los mecanismos legales para impedir la aplicación de la justicia, es hoy una real amenaza contra la débil estabilidad de los fundamentos institucionales en Guatemala. Ha quedado meridianamente claro que los corruptos –reunidos en un pacto perverso- son capaces de cometer cualquier violación a la Constitución y las leyes con tal de conservar sus bienes mal habidos y los privilegios conquistados a fuerza de abusos. Ellos no solo han entorpecido la labor de los investigadores, también han establecido un clima de terror y persecución contra jueces probos, periodistas éticos e independientes, activistas de derechos humanos y líderes de las distintas comunidades, quienes arriesgan su vida en la defensa de la justicia, sus territorios y sus derechos. 

Como un Quijote solitario se despide de su cargo uno de los mejores fiscales que han pasado por el Ministerio Público, pero las manifestaciones de repudio por su destitución no son suficiente. Es urgente una toma colectiva de conciencia para comprender, en toda su magnitud, la catástrofe institucional a la cual ha conducido al país el pacto de corruptos y, por lo tanto, actuar en consecuencia.

El miedo de los corruptos es un peligro inminente contra la democracia.

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Relaciones perversas

Semejante a los círculos de poder en el ámbito privado, así funcionan los Estados.

Sin que ello represente una gran novedad, el fortalecimiento de los estamentos oficiales en la mayoría de países ha venido a constituir un cambio sustancial en las relaciones entre gobernantes y gobernados. Más o menos conscientes de que el poder máximo procede de los círculos económico-empresariales, los pueblos empiezan a percibir cómo sus derechos y el entorno jurídico en el cual se ha desarrollado su existencia, derrapa de la ruta conocida para adentrarse en terrenos mucho más pantanosos e inciertos. Los nuevos parámetros para contener una pandemia se van asemejando a las normas estrictas del más puro fascismo.

Los pueblos, sobre todo aquellos pertenecientes a países menos desarrollados, han comenzado a perder derechos reconocidos en sus textos constitucionales, observando cómo sus gobiernos aprovechan la coyuntura para cometer toda clase de abusos amparados por un estado de emergencia en el cual cabe casi todo: enriquecimiento ilícito, manipulación de las leyes, fortalecimiento de los cuerpos policiales y castrenses y, como consecuencia inmediata, el completo abandono de las políticas públicas referentes a la protección de la ciudadanía en aspectos vitales, como salud y nutrición. Estas políticas públicas, de las cuales depende en gran medida la supervivencia de grandes sectores son, desde hace mucho, territorio invadido por intereses corporativos.

El nuevo escenario pueblo-gobierno también se ha instalado en naciones poderosas, en donde sectores radicales adversos al poder ciudadano comienzan a marcar territorio y a instalar nuevos modelos de relación entre los estamentos políticos y la población. Visto desde la perspectiva de la necesidad innegable de imponer normas estrictas de conducta para detener la pandemia, estas adquieren un viso de pertinencia, lo cual hace que amplios sectores de la ciudadanía las acepten sin rechistar. Sin embargo, en ese nuevo estatus se deslizan, con demasiada frecuencia, medidas que afectan a derechos civiles históricamente reconocidos, tales como el derecho a manifestarse o el de escoger libremente opciones frente a la salud individual. 

La actitud de los gobiernos comienza a revelarse como un regreso a épocas de autoritarismo y represión, aun en países de fuerte raigambre democrática y en donde los derechos ciudadanos han constituido la columna toral de su institucionalidad. Este nuevo orden de cosas –también en Europa- comienza a despertar el temor a un regreso a las oscuras épocas del fascismo y fortalece a grupos extremistas que aspiran al poder. Esto provoca de manera inevitable la reacción de una ciudadanía decidida a proteger los valores democráticos, pero puesta contra las cuerdas por una situación sanitaria innegable y un nuevo marco reglamentario que le impide expresarse libremente.

El futuro inmediato, por lo tanto, constituye un enigma de proporciones épicas dada la manera como se mezclan en el mortero el deber ciudadano, la responsabilidad frente a los demás, la inconsistencia de muchas decisiones políticas y la ausencia de certeza con respecto a la verdad científica. En esa nebulosa, conveniente para ciertos sectores de poder, se desarrolla actualmente una relación perversa entre gobernantes y gobernados quienes, por una parte, buscan consolidar el poder contra aquellos que aspiran a conservar los derechos y libertades considerados justos e inviolables. Tras esta dicotomía, subyace un elemento aún más perverso: los intereses económicos de una cúpula corporativa de proporciones planetarias capaz de incidir, sin el menor escrúpulo, en el derecho a la vida.

El individuo, ante un poder sin límites, pierde todos sus derechos.

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La era del hambre

“El arma de los imperialismos es el hambre. Nosotros, los pueblos, sabemos lo que es.” (Evita)

Con retraso en el crecimiento, peso inferior al 60 por ciento del previsto para la edad, escasa o nula grasa subcutánea, extremidades delgadas, diarrea, infección respiratoria, tuberculosis y signos de otras carencias nutricionales como deficiencia de micro nutrientes, se manifiestan algunas características de un cuadro de desnutrición en la infancia. En nuestro continente, un continente rico en recursos pero sometido a un sistema económico y político criminal, discriminatorio y deshumanizante, las grandes mayorías enfrentan la peor de las pandemias: el hambre. 

El hambre, definido como el producto de la escasez generalizada de alimentos básicos que padece la población de forma intensa y prolongada, es una violación de un orden jurídico cuya premisa principal es la protección de la persona contra el abuso de autoridades, servidores públicos y particulares. Esta especie de patología política contraviene las garantías de los textos constitucionales y se encuentra presente con diferente intensidad y extensión en todos nuestros países, respondiendo a un sistema de reparto injusto de la riqueza pública y a la acumulación del patrimonio común en manos de una élite explotadora. La paradoja, es que el empobrecimiento resultante provoca un inevitable colapso de las capacidades productivas de la comunidad y, por ende, una disminución progresiva de los atributos intelectuales y físicos del recurso humano que pudiera contribuir al progreso de esa misma élite.

En América Latina, la pobreza impuesta de manera tan implacable a las grandes mayorías podría definirse como una fórmula estratégicamente concebida por los genios del sistema neoliberal: A mayor pobreza, menor poder ciudadano y, por ende, más oportunidades de enriquecimiento y concentración del poder para el sector privilegiado. La aplicación de esta norma perversa alcanza sus mayores cotas en países centroamericanos, en donde la carencia nutricional ha colocado a millones de niñas, niños y adolescentes ante un escenario de privaciones, enfermedad, dolor y muerte precoz por la carencia de algo tan básico como el alimento.

Para las élites en el poder, el hambre no es un problema. Es una realidad supuestamente inevitable reflejada en estadísticas más o menos manipuladas y asépticas, mediante las cuales la tragedia humanitaria se reduce a números. Esto, con el propósito de justificar políticas públicas sesgadas e ineficaces y así, mediante el uso de su poder mediático, endosar la responsabilidad en quienes lo padecen. De ese modo, para las castas políticas se abren nuevas oportunidades de enriquecimiento ilícito a través de donaciones de la comunidad internacional, préstamos cuyos fondos van a caletas y paraísos fiscales y otras argucias estratégicamente creadas con el mismo propósito. 

En un escenario ideal, el hambre como tragedia humanitaria no debería existir. El planeta tiene recursos suficientes para satisfacer esa necesidad y, de no imperar los intereses corporativos que obligan a desechar millones de toneladas de alimentos cada año, con el único propósito de mantener los precios de mercado, nadie debería morir por falta de nutrientes. En la realidad, la vida de la niñez condenada al peor de los destinos, tiene menos importancia para las clases privilegiadas que los índices económicos, sólidamente asentados sobre la base de la injusticia y el despojo. Nuestros países necesitan con urgencia un relevo político capaz de construir las bases de un sistema inclusivo y justo para todos, pero sobre todo la actuación de líderes inteligentes, capaces de comprender y asumir el desafío de romper las estructuras y construir auténticas naciones.

Para las élites en el poder, el hambre es un fenómeno “inevitable y natural”.

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La verdad, un bien escaso

Cada mañana, la sociedad enfrenta el enorme desafío de descubrir la verdad.

El virus ha marcado de manera rotunda un cambio de era a lo largo y ancho de este planeta. Ese parteaguas se ha producido a raíz de la invasión ocasionada por un accidente –premeditado o no- cuyo resultado ha sido la liberación de este elemento mortífero desde un centro de investigación cuyas consecuencias, a la par de las sanitarias, han devenido en un nuevo estatus social, político y económico. Ha sido entonces cuando el mundo se ha sumergido en una batalla comunicacional de dimensiones épicas y, para mayor confusión, con carencia de recursos para profundizar en las verdaderas causas y consecuencias de tan impactante fenómeno.

La verdad se nos escapa y, para mientras, nos entretenemos en desarrollar cuanta hipótesis se nos cruza por la cabeza para mantener cierto nivel de lucidez frente al caos y a la pérdida de algunos derechos civiles que creíamos inviolables. En el transcurrir de los meses, inmersos en esta broma macabra, nos hemos sometido a regañadientes a normas restrictivas cuya pertinencia es objeto de debate, pero que han adquirido fuerza de ley sin derecho a protesta. Es justo reconocer que la pandemia ha requerido medidas draconianas contra la libertad de la ciudadanía; sin embargo, la opacidad de la información al alcance de los pueblos provoca una enorme desconfianza hacia quienes poseen el poder para controlar la situación y manipular los mecanismos legales.

En este sentido, no es ningún misterio cómo algunos gobernantes han aprovechado de manera ilícita y con marcado sesgo criminal este riesgo sanitario, cuyos efectos no solo amenazan la salud sino han enlutado a millones de hogares alrededor del mundo, tanto en países ricos como en naciones pobres. Las estratagemas funcionan gracias al ocultamiento de la información sobre el manejo de fondos públicos, pero también con respecto de los sistemas de vacunación –otro tema cargado de misterio- y la atención de emergencia para las víctimas del contagio. A ello hay que sumar la carencia de recursos hospitalarios y, como uno de los mejores mecanismos de control social, el miedo colectivo.

El debate sobre la efectividad y características de las distintas vacunas es el gran tema del día. En corrillos de amigos, colegas o simples desconocidos, entusiasmados por aportar sus muy variadas teorías, las vacunas se han convertido en un sujeto propicio para evadir el hecho de que, por abundante y válida que sea la información captada en distintos medios físicos y virtuales, es contundente la ignorancia en la cual nos mantienen tanto autoridades como centros de investigación. Es imposible rebatir el hecho de que nuestros conocimientos sobre la materia derivan de un universo informativo susceptible de ser condicionado por cúpulas de poder político y económico, las mismas que han transformado a nuestros países en ejemplos de subdesarrollo. Nuestro acceso a la verdad es, por tanto, inexistente o muy reducido; y, por nuestra propia salud mental, hemos de asumir ese hecho. 

¿Cuál sería entonces la manera de tomar el control de nuestro papel en el escenario? Aun cuando existe una enorme dificultad para obtener información sobre las verdaderas características de las vacunas, todavía en desarrollo, y el único parapeto contra el poderoso virus, hay otros temas como el manejo de fondos públicos para hacer frente a esta emergencia y cuyos entretelones han de ser del dominio general. La realidad nos ha demostrado cómo las restricciones han abierto las puertas al saqueo y al completo abandono de la población y es en ese terreno en donde aún se puede luchar por la verdad.  

La opacidad de la información nos impide ejercer nuestros derechos.

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El síndrome de Estocolmo

Para enfrentar los abusos, es preciso perder el miedo a combatirlos.

Se utiliza el término “síndrome de Estocolmo” para describir una experiencia psicológica paradójica en la cual se desarrolla un vínculo afectivo entre los rehenes y sus captores. A pesar de existir muchos estudios con respecto a sus características, los expertos parecen coincidir en el hecho de calificar el síndrome como una respuesta natural de supervivencia ante una situación en la cual la víctima no solo carece del control sobre su entorno, sino además intenta adaptarse a él. A nivel colectivo, se podría aplicar esta patología a ciertas naciones en las cuales se produce una situación de excesiva violencia desde el poder, contra una población incapaz de reaccionar para defender sus derechos, la cual incluso vuelve una y otra vez a otorgar el mando a quienes la someten.

Quizás el lazo afectivo sea algo que no se desarrolla en el marco de las relaciones pueblo-gobierno, pero sin duda se produce una forma de aceptación pasiva y resignada al comportamiento abusivo, discriminatorio y destructivo de quienes poseen las riendas del poder político-económico y cuyo desempeño en la gobernanza tiene todas las características de un secuestro: apoderarse de los mecanismos jurídicos para cometer toda clase de violaciones a los derechos de la ciudadanía, restándole a esta cualquier posibilidad de defenderlos mediante maniobras espurias y la aplicación de métodos represivos y trampas legales.

Las circunstancias que hacen posible la toma del poder político por parte de individuos corruptos y carentes de visión tienen mucho que ver con la manipulación de los recursos públicos con objetivos ilegales e ilegítimos; pero también con la infiltración de supuestas doctrinas religiosas, cuya misión es impedir el empoderamiento ciudadano y las cuales constituyen un poderoso aliado. De este modo, se consigue rebajar de manera sistemática las expectativas de desarrollo y supervivencia de grandes sectores de la población, quienes al final aceptan como algo natural otorgar no solo su aprobación sino también sus recursos económicos al sistema que coarta sus libertades y se apodera de sus riquezas. Como regalo adicional, alimentan el poder de sus captores con absoluta sumisión.

En sociedades con estas características –en donde predomina la actitud pasiva y resignada ante el abuso sistemático- resulta doblemente complicada la consolidación de movimientos colectivos organizados tendentes a desarticular los mecanismos opresores. Por un lado, por un temor arraigado e instalado en la conciencia colectiva sobre los riesgos implícitos en todo cuanto asemeje a la rebeldía y, por ende, a la destrucción del enemigo, sino también porque el sistema somete a la población a un régimen elemental de supervivencia. Por lo tanto, esta agradece cualquier concesión a sus necesidades, aun si esta no llega siquiera al mínimo establecido en leyes y tratados.

En la actualidad, con un escenario pavoroso de restricciones y pérdidas humanas provocadas por el ingreso de un virus mutante –cuyo origen aún es tema de controversia y manipulación informativa- son muchos los países de nuestro continente los sometidos a regímenes políticos cuyas autoridades se mueven en un terreno pantanoso y contrario a sus marcos institucionales. Ante esto, pocos son los ciudadanos comprometidos a ejercer un papel activo y de fiscalización, lo cual permite los excesos de organizaciones e individuos cuyos objetivos se enfocan en mantener un férreo control sobre pueblos y bienes públicos, ante la mirada cómplice de la comunidad internacional y de sus rehenes dentro de las fronteras. 

Agachar la cabeza es una de nuestras peores falencias como sociedad.

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Basura bajo la alfombra

Una de las peores fallas de nuestras débiles democracias está en el secreto oficial.

En igual medida como el poder político y económico -consagrado por un sistema neoliberal capaz de arrinconar la voluntad popular- se fortalece, así también se debilita el derecho ciudadano a conocer los entretelones de las decisiones que le afectan y le incumben. En América Latina, nuestro castigado continente, esta manera de administrar las muy variadas formas de secretividad oficial ha sido institucionalizada de tal modo, que los pueblos ya ni siquiera intentan romper los candados. Es por medio del silencio y la mentira como nuestros países han sido despojados, paulatinamente, de riquezas y oportunidades.

El secreto oficial ha transitado desde los ámbitos de la seguridad nacional –algo relativamente sensato- hasta el uso de los fondos públicos, amparando así a quienes tienen la obligación absoluta de rendir cuentas de su administración. Es decir, lo que en un sistema democrático está supuesto a servir como parámetro para medir procedimientos enmarcados en la ética y la transparencia, hoy se encuentra bajo secreto de Estado en muchas de nuestras naciones, en donde campea la corrupción. Esto, sin duda sujeto a severas sanciones administrativas y judiciales cuando el caso lo amerite, se ha convertido en un mecanismo de protección ante las prácticas inconfesables de las sucesivas administraciones de gobierno.

Una de las causas de este descalabro en el seguimiento de las decisiones políticas se debe en gran parte al debilitamiento de los marcos institucionales, para lo cual ha servido de machete la abolición progresiva del servicio civil. Este ente, concebido para registrar y preservar el historial de la administración pública, eximiéndolo de convertirse en botín de deudas electorales, ha sido prácticamente eliminado en nuestros países. De ahí que la destrucción de archivos cada fin de administración y la sistemática eliminación de funcionarios de carrera en cada inicio, asemeje a la pésima idea de quitar las columnas de un edificio porque estorban la vista.

Esos vacíos en el ordenamiento administrativo, especialmente en países supuestos a responder a lineamientos democráticos, representan un retroceso monumental hacia sistemas abiertos al abuso y a la inveterada costumbre de esconder la basura bajo la alfombra para evitar sanciones y auditorías. El libertinaje propiciado por la eliminación de límites a la corrupción ha sido ya parte integral de sistemas que han derivado en el empobrecimiento de los pueblos y el enriquecimiento escandaloso de sus cuadros políticos y sus cúpulas empresariales. A ello es preciso añadir el detalle adicional de fuerzas del orden y ejércitos comprometidos con esos grupos de poder hasta el extremo de amparar y compartir sus delitos.

De todo esto devienen, naturalmente, las acciones de persecución, amedrentamiento y eliminación física de miembros de la prensa no comprometidos con el sistema corrupto imperante. Acciones estas que muchas veces se extienden hacia miembros del sistema judicial cuya integridad se traduce en sentencias contra los agresores. Esta es una de las consecuencias más peligrosas del debilitamiento de las estructuras institucionales de nuestros Estados, al romper parámetros fundamentales de la democracia, como la libertad de pensamiento y el derecho de los pueblos a conocer hasta los más ínfimos detalles de las gestiones de su gobierno. La dificultad reside hoy en la enorme tarea de reconstruir lo perdido y restaurar por lo menos un mínimo de confianza en el sistema por el cual se ha luchado durante más de un siglo.

Un Estado corrupto es como un edificio sin columnas de soporte.

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Un mal prevenible

Nuestras sociedades sufren de males prevenibles y tratables. Solo falta la medicina.

Nuestros países destacan por la abundancia de investigaciones y denuncias por el incremento incesante de la corrupción y la violencia criminal y, aunque no han dado los resultados deseables, tampoco se pueden desconocer ciertos avances de gran impacto en la manera como se reordenan las fuerzas democráticas en algunos de ellos, con el potencial de revertir los orígenes de esas situaciones que tienen el poder de acabar con las democracias. Sin embargo, siempre hay excepciones dolorosas, como los ejemplos de dos países cuya situación geográfica y su historia de corrupción los han convertido en el pasadizo de la droga y en donde se concentra la incesante ruta migratoria. Estos son Honduras y Guatemala, dos naciones cuyos indicadores marcan las peores condiciones de vida para sus habitantes y en donde sus gobernantes lideran los índices de violaciones de derechos humanos y crímenes de Estado.

¿Cómo se ha producido la descomposición -que hoy parece irreversible- en estas naciones? ¿Es que acaso no existen mecanismos de control capaces de sostener un mínimo de institucionalidad y justicia con el poder de reconstruir un remedo de Estado? Para comenzar a desentrañar los tejidos de la red que hoy atrapa a sus instituciones, es importante revisar la historia y desempolvar las evidencias sobre la inmensa influencia de intereses corporativos, cuyo poder sobre gobiernos mucho más poderosos ha puesto un “hasta aquí” a sus intentos de democratización. 

Sin embargo, estos no son los únicos países que encajan los golpes contra sus pretensiones de independencia política y económica. Durante las recientes elecciones en otras naciones del continente se ha podido apreciar el miedo de las clases medias al relevo en el control de sus políticas internas y sus relaciones con el gran capital internacional. Esto demuestra que la guerra solapada y sostenida durante décadas en contra de procesos democráticos, cuyo objetivo ha sido la independencia y la sostenibilidad económica de los países en desarrollo, ha causado un daño moral de tales dimensiones, que sus patrocinadores ni siquiera se toman la molestia de insistir con campañas tipo guerra fría para insertar en el cerebro de millones de seres humanos los prejuicios contra lo que huela a justicia social. Pareciera estar instalado el miedo al cambio y los esfuerzos por erradicarlo apenas tocan, si mucho, a la mitad de quienes deciden el curso de la política por medio de su voto, en donde el mérito sobre esa paridad positiva se lo lleva, en su mayoría, la juventud.

A este respecto, el de las generaciones ansiosas de nuevos aires, es importante recalcar cómo las estrategias dirigidas a mantener el estatus han ido chocando, una y otra vez, contra la necesidad de redirigir la marcha hacia formas de gobierno más sensibles a las necesidades de ese inmenso sector de nuevos ciudadanos. Aunque esto solo falla en aquellos países cuyos Estados son cautivos del crimen organizado, como los antes citados, la inevitable marcha hacia cambios favorables con la restauración de procesos democráticos parece ser inevitable. Nuestro continente ha experimentado la fuerza de los golpes en contra de sus intentos de independencia y, debido a ello, sufre de un mal endémico encarnado en una actitud recelosa hacia nuevas reglas de juego político. Sin embargo, los acontecimientos de los años recientes con el avance de la fuerza popular en la mayoría de países, revela que la medicina contra el conformismo y la apatía tiene resultados comprobables y, gracias a sus efectos, se abre la perspectiva de nuevos aires para los tiempos por venir. 

Existen esperanzas de cambio a pesar del manoseado recurso del miedo.

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El valor del trabajo

Un aporte esencial para la comunidad, pocas veces apreciado como corresponde.

La nueva forma de productividad ha venido a trastornar uno de los aspectos básicos de la vida humana: el trabajo. En este año y medio se ha producido un cambio profundo, no solo en el acceso al empleo –y todo lo que eso implica en términos de subsistencia- sino también en las relaciones laborales, ya desde siempre complicadas y frecuentemente rayanas en la injusticia; pero, sobre todo, en las estructuras sobre las cuales se sostienen la legalidad y legitimidad del trato entre las partes: es decir, entre quienes ofrecen su aporte en experiencia, conocimiento y esfuerzo físico, y quienes pagan por ello.

En estos meses ha quedado evidenciada la elasticidad de esos contratos. La necesidad de obtener los medios para subsistir ha llevado a millones de seres humanos a replantearse el valor de su aporte. De ahí surge un nuevo estilo de relación laboral, de acuerdo con el cual los nuevos métodos de trabajo en línea –gracias a las facilidades tecnológicas actuales- han sustituido, en algunos casos de manera definitiva, el esquema presencial al cual estábamos totalmente acostumbrados. Sin embargo, en esta nueva modalidad se establece una relación cuyas características vulneran el trato justo que debería primar entre las partes.

Se entiende de manera tácita que trabajar gratis y no pagar por el trabajo son dos extremos que se tocan. En ambos hace falta un elemento fundamental: la ética. Dado que el trabajo es una forma de intercambio a través del cual una persona entrega su energía, experiencia y conocimientos a cambio de una retribución económica, ofrecerlo sin ella por temor al despido, lo devalúa y traiciona la esencia del contrato. Esto sucede cada vez con mayor frecuencia en el nuevo esquema, al hacerse evidentes un par de elementos capaces de degradar la relación: el miedo a perder el empleo, por un lado; y la certeza sobre el poder para abusar, del otro.

Es importante reflexionar sobre la complejidad de esta relación productiva entre personas y entidades de diversa índole. Las actividades laborales, cualesquiera sean sus características, implican mucho más que el esfuerzo puntual para realizar una tarea. Detrás de ese acto hay tiempo invertido en la elaboración y transformación de los elementos indispensables para alcanzar un grado de desarrollo y eficiencia determinados; por ello, al dar ese esfuerzo de manera gratuita se cae en un acto de minusvaloración, aceptando que aquello que hacemos bien, no vale nada. Este esquema aplica de manera específica en los casos cada vez más numerosos del trabajo desde el hogar, para el cual la definición de horario laboral se pierde en una mezcla indeseable con el derecho a la privacidad doméstica, mezclándolo todo.

La obligación de ganarse la vida trabajando podría considerarse una maldición bíblica, sobre todo cuando –como sucede cada vez con mayor frecuencia- el esfuerzo es mucho mayor que la recompensa, o también cuando el trabajo incumple la premisa romántica de dignificar a quien lo realiza. O, para ir un poco más cerca de la realidad, cuando representa una forma de violación de ciertos derechos fundamentales de la persona. Esto último comienza a predominar e invadir espacios laborales antes regulados por un sistema de garantías legales, el cual en estos días comienza a perder su incidencia. La vigilancia de estas relaciones se percibe como una medida de urgencia durante la emergencia sanitaria, en donde la explotación laboral –incluido un desprecio injustificado por el esfuerzo de quienes aportan su experiencia y conocimientos- es la modalidad de los nuevos tiempos.

Es importante vigilar de cerca las relaciones laborales bajo la pandemia.

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Los eternos marginados

Niñas, niños y adolescentes encajan el cambio sin derecho a opinar ni a elegir.

Si hay un segmento de la sociedad carente de autoridad sobre su vida es el de niñas, niños y adolescentes, las grandes mayorías en prácticamente todos los países de nuestra América. Somos sociedades jóvenes y en crecimiento; sin embargo, la visión imperante entre quienes recae la responsabilidad de propiciar un desarrollo basado en la justicia, equidad y el mejor aprovechamiento de todos los recursos, suele ir en contraposición con aquello que dicta la razón y cuya esencia plasmó el filósofo estadounidense Jhon Dewey: “La educación no es preparación para la vida; la educación es la vida en sí misma.”

La historia de nuestros pueblos nos ha enseñado que somos sobrevivientes de sistemas adversos, hostiles e incapaces de comprender el enorme potencial implícito en el cambio generacional. Vemos a la niñez y la juventud como una carga impuesta y no una oportunidad maravillosa para generar transformaciones de gran escala, lo cual debería conducir a una consolidación de valores con la misión de fortalecer el tejido social. Y todo ello, con la educación como leit motiv de cualquier sistema de gobierno. De modo automático, asumimos la autoridad del adulto como si esta fuera una forma válida de actuar sobre quienes dependen de nosotros en la línea familiar o social, y lo hacemos sin cuestionar la validez de una autoridad muchas veces impuesta de manera legal, aunque su aplicación resulte, en muchos casos, ilegítima.

Al observar los efectos de la situación excepcional en la cual estamos inmersos desde hace ya año y medio, es posible constatar la situación riesgosa en la cual viven niñas, niños y adolescentes al enfrentarse a una pérdida de sus vínculos sociales y, simultáneamente, a un encierro obligado con adultos poco preparados para ofrecer un ambiente seguro, enriquecedor y libre de violencia. El ser adulto a cargo de personas jóvenes cuya custodia nos ha sido confiada por ley, no significa de ningún modo que tengamos el derecho para imponer nuestra voluntad de manera arbitraria ni para descargar en ellas nuestras frustraciones, sino más bien nos da una oportunidad para reforzar lazos de conocimiento mutuo, respeto y colaboración. 

Sin embargo, la violencia emocional generada por el forzoso cambio de hábitos y las limitaciones provocadas por las restricciones a la movilidad, al trabajo y al estudio, cobran sus mayores víctimas entre las nuevas generaciones, por estar estas sometidas a una situación sobre la cual no poseen voz ni voto. La impunidad imperante en casos de violencia doméstica es un elemento adicional, aunque poderoso, al trastorno psicológico ocasionado por la pérdida de lazos sociales, la falta de actividad lúdica y la tensión natural provocada por un fenómeno de alcance global sobre el cual no tenemos control.

En tanto no se recobre un cierto estado de normalidad, es imperativo aprovechar la ocasión para prestar atención a este enorme contingente de nuevas y nuevos ciudadanos, cuya vida y futuro dependen, en gran medida, de quienes están a cargo de su bienestar físico y emocional, así como de propiciarles una educación de calidad. El tema no es menor: la niñez y la juventud han sido los eternos marginados en nuestras sociedades y el impacto de esa agresión -naturalizada por un concepto equivocado de la autoridad de los adultos que les rodean- tiene secuelas de largo plazo en la pérdida de oportunidades de desarrollo, pero también en forma de abuso y marginación. No repitamos el cliché de que constituyen “el futuro de la patria” mientras no seamos capaces de honrar esa promesa.

La juventud tiene todo el potencial, pero de nosotros depende abrirles el camino.

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Qué se entiende por dignidad

Dignidad: “Gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse” (RAE).

La palabra surge veloz, cual fórmula mágica para conjurar la amenaza de enfrentarse con la verdad. Está presente con abundancia en el discurso público, aunque también destaca pronto en el ámbito privado, cada vez que la contradicción se instala entre los actos y las intenciones. Los adultos ya deberíamos saber, a ciencia cierta, que la dignidad es un valor absoluto; porque no existe la opción de ser más o menos digno y tampoco la de jugar con el concepto como si este fuera un atributo flexible y acomodaticio. Lo que no tenemos muy claro es cómo cultivarla y mantenerla, si acaso alguna vez la hemos incluido en el tejido complejo de nuestro carácter y personalidad, pero sobre todo de nuestra conducta y modo de vida.

Lo más duro de aceptar ha sido, sin embargo, constatar cómo este importante concepto, gracias al cual nos garantizarnos una posición decorosa en nuestro entorno íntimo y social, se deforma debido a una actitud progresiva de aceptación de las más groseras iniquidades; de agresiones abiertas y descaradas de quienes, al gobernarnos o poseer los mecanismos del poder, son capaces de corromper nuestros valores y hacer tambalear la poca autoestima y dignidad que aún tratamos de conservar, pero también de derrumbar el entarimado de nuestras utopías.

Un pueblo digno lucha por su integridad. Un pueblo digno no permite la humillación de presenciar la destrucción de sus instituciones, el asesinato impune de sus líderes ni el despojo de sus riquezas. Sus valores constituyen una fuerza poderosa, indispensable para anular el poder de quienes destruyen, tanto como para reconstruir las bases sobre las cuales se sustentan esos valores. Aceptar con mansedumbre las violaciones a derechos consagrados por leyes consensuadas y sólidamente asentadas en el respeto por la integridad individual y social, representa una rendición y, por tanto, la aceptación tácita del fracaso.

En nuestros países, aun cuando han pasado muchas décadas, la impecable estrategia de la Guerra Fría dejó raíces vivas en el tejido político y económico, pero también muchas otras de carácter ideológico, todavía presentes en el imaginario colectivo, íntimamente enraizadas en el concepto de nación que nos quisieron vender: Un concepto de nación dependiente por conveniencia de intereses foráneos, fortalecido a lo largo del tiempo con la píldora de una globalización también orientada hacia el despojo del patrimonio natural de los continentes sometidos. 

Por eso es conveniente revisar cómo concebimos la dignidad y, también, muy ligadas a ese concepto, la soberanía y la independencia. Porque en realidad creemos en valores abstractos cuya mención no nos exige el menor esfuerzo de reflexión para ponerlos en perspectiva, por lo tanto los aceptamos como un hecho. Los damos por válidos y los traicionamos a diario. Estamos tan convencidos de su perpetuidad que no caemos en la cuenta de haberlos convertido en una moneda de intercambio cada vez que callamos por temor a no perder la ilusión de nación. 

La dignidad, integridad e independencia de una nación no se reflejan en un rectángulo de tela con símbolos. Tampoco se encarna en esos símbolos cuando estos dejan de ser un referente de identidad para un pueblo. Los atributos propios de un concepto de nación deben proceder de una sociedad tan consciente de su responsabilidad como capaz de responder a ella. Esa fortaleza no responde a la sumisión ante el abuso de poder, sino a la capacidad de enfrentarlo y recuperar la dignidad como el mejor ejemplo para las nuevas generaciones.

Vivimos bajo la ilusión de valores perdidos, que damos por válidos.

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El Sísifo que llevamos dentro

De nada sirven la frustración y la lucha callejera si se retrocede a las puertas del cambio.

De un modo solapado, el sistema impuesto por el gran capital internacional sobre los países falsamente llamados “en desarrollo” ha calado hondo en las bases de sus instituciones y del imaginario colectivo respecto de la democracia, la independencia y la libertad, hasta el extremo de condicionar de manera absoluta sus expectativas de futuro. Es como el mito de Sísifo: un esfuerzo sobrehumano, con cauda de integridad y vidas perdidas, para retroceder justo cuando se está a punto de alcanzar la victoria. El plan es mantener las esperanzas, pero no soltar las riendas y conservar así el remedo de justicia y democracia.

Los pueblos latinoamericanos conocen mucho de este incierto destino; la mayoría, por haberse enfrentado a algunas de las peores y más crueles dictaduras, seguidas por intentos de reconstruir el tejido institucional. Sin embargo, estos arrestos de cambio son tolerados únicamente cuando no pretenden cambiar de manera rotunda las reglas del juego, pero sobre todo si no representan la amenaza de establecer auténticos proyectos de independencia. Los esfuerzos ciudadanos, traducidos en protestas callejeras y organización de sectores sociales inconformes con el estatus y con el desempeño de las autoridades, resultan en música disonante en los oídos de quienes poseen las riendas del poder y también todos los medios para acallarla.

Si nuestros países estuvieran seriamente caminando por las “vías del desarrollo”, sería impensable la indiferencia de los sectores político y económico ante la real situación de las grandes mayorías. En apariencia, algunas naciones del continente poseen un estatus privilegiado por sus impresionantes cifras y su posición en algunos de los más importantes indicadores socio económicos. Pero en realidad, detrás del maquillaje solo existe un abismo profundo de inequidad, discriminación y miseria en donde están reflejados los auténticos índices, aquellos que jamás remontarán sin la abolición de las estructuras que hoy impiden a las capas más desfavorecidas salir de la pobreza.

El sacrificio de vidas humanas en la búsqueda de nuevos horizontes para los pueblos se estrella una y otra vez contra un esquema diseñado y fortalecido por los grandes capitales internacionales, con el férreo soporte de los gobiernos del primer mundo. Los sueños de independencia, por lo tanto, no tienen la menor oportunidad de consolidarse mientras esas estructuras no lo permitan. La manera como se engaña a los pueblos con medidas cosméticas de gobiernos espurios, cuya obediencia a consignas ajenas a los intereses nacionales es, más que una traición a la patria, un retroceso histórico a sus esperanzas de desarrollo, incomprensiblemente se ha transformado en un estilo de gobierno.

Ante esta realidad, el Sísifo que llevamos dentro decide salir a las calles para ofrecer sus flancos a la fuerza brutal de los cuerpos represivos y termina por sacrificar su integridad sólo para comprobar cómo le han engañado con el espejismo de la voluntad popular. Una y otra vez vuelve a la carga y, una y otra vez, la verdad le estalla en la cara. Los cambios indispensables para reparar los inmensos vacíos de la autoridad ciudadana no dependen de las redes de poder insertas en las instituciones, sino de su completo reemplazo por un contingente político y jurídico ético y comprometido con el cambio. En otras palabras –esas que a muchos provocan escalofríos- para retomar la ruta de la democracia, se necesita romper las estructuras e iniciar una auténtica revolución, una vuelta de tuerca a la política nefasta que nos gobierna.

Una verdadera rebelión solo funciona cuando provoca cambios de fondo.

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El mito de la libertad

La máquina política nos pilló fuera de forma, desactualizados y desprevenidos.

Convencidos de que las libertades ciudadanas estaban grabadas en piedra y eran inamovibles, hemos dado por hecho el goce de ese estatus ideal. Casi sin sentirlo, poquito a poco ha calado el desarrollo –sin pausas- de una ideología divorciada de los fundamentos de la democracia, con los falsos abalorios del bienestar económico y una reformulación de los entes políticos y económicos hacia la concentración casi absoluta del poder, con todo lo que ello significa en pérdida de derechos. 

Hay que reconocer que la estrategia es brillante. Tanto es así, que aquellos partidos políticos de izquierda, tan poderosos a mediados del siglo pasado, se han transformado paulatinamente en clubes sociales en donde se juega el juego de la derecha; aunque no al extremo de perder del todo la identidad, sí lo suficiente para no alterar el marco hegemónico del sistema neoliberal. Este sistema, que amarra con sus recursos a los países dependientes gracias a organismos financieros expertos en el arte de la negociación artera y condicionan incluso sus políticas públicas, ha dirigido durante décadas a los gobiernos desde el anonimato corporativo.

El problema es el cambio solapado de la polaridad. El pueblo ya no manda en nuestros países. De hecho, los gobernantes de extrema derecha han declarado la guerra a la ciudadanía y, con lujo de fuerza y haciendo caso omiso de sus mandatos constitucionales, prohiben a la población manifestar su descontento por los actos de sus gobernantes. Para ello cuentan con la potencia de sus ejércitos y sus cuerpos de policía, entrenados a fondo y con equipo bélico, enviados a apagar de una vez y para siempre el fuego de la protesta ciudadana dejando muy en claro cuáles son las reglas. En esta contienda desigual, la juventud resulta doblemente sacrificada en aras de un nuevo orden de cosas, en donde actuar en conciencia es un delito penado por la ley.

En este escenario de retrocesos, otra de las libertades bajo la bota es la de prensa. La mayoría de medios de comunicación masivos, aquellos de carácter empresarial cuyos intereses se encuentran estrechamente vinculados a los poderes político y económico, callan ante los abusos y se doblegan ante las presiones del estatu quo al cual pertenecen. Ese silencio ha obligado a muchos periodistas éticos a abandonar las grandes salas de redacción para conformar sus propios espacios de comunicación alternativa, asumiendo el riesgo de trabajar bajo la presión de las amenazas, la persecución y los intentos de sacarlos de circulación por medios violentos. En nuestro continente, la cifra de reporteros asesinados por su trabajo investigativo es de terror.

Hoy, la consigna desde la cúpula del poder es mantener silenciado al pueblo, impedirle cualquier forma de ejercicio ciudadano y blindar a los centros de poder con la complicidad de sus aliados en prensa, instituciones religiosas y organizaciones empresariales. Al mismo tiempo, se alinean los canales oficiales para limitar el acceso a las fuentes de información. De ese modo, se cierran espacios con el propósito de conservar un ámbito hermético en donde cualquier acto de corrupción goce de impunidad garantizada y sea fácil cooptar a los entes institucionales. El panorama nos demuestra que nuestros países nunca serán libres en tanto sus instituciones políticas –los partidos, verdadera cocina de la democracia- sean el laboratorio en donde se cometen los peores actos de corrupción, discriminación y abuso, con el único fin de impedir la participación del pueblo en los asuntos de su competencia. 

Hoy la consigna, desde la cúpula del poder, es aplastar al pueblo.

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Las guerras solapadas también son guerras

Los protocolos bélicos han cambiado. Ahora el arma más poderosa es el hambre.

La pandemia solo ha venido a favorecerlos. Ahí están, como pirañas, los grupos de poder marchando victoriosos hacia la apropiación absoluta y definitiva de los mecanismos creados con el propósito de sostener democracias tan débiles como engañosas. Esos mecanismos –llamémosles “institucionales”- en donde se administran la justicia, los derechos humanos, la riqueza de los pueblos y las oportunidades de desarrollo, han caído uno tras otro en manos de las élites económicas y de los conglomerados industriales ante la complicidad de organismos internacionales, supuestos estos a dar un tinte humanitario a la depredación.

No vemos el bosque porque los árboles ya se yerguen imponentes para ocultar la verdadera naturaleza de la devastación y la miseria a la cual han condenado a los territorios y los pueblos. La persecución de líderes, la violencia represiva contra las protestas populares, las tácticas de amedrentamiento contra todo aquel que se levante para denunciar los abusos; y los inconcebibles actos de traición de los políticos en las asambleas representativas de la voz popular, se multiplican a lo ancho y lo largo de este planeta en proceso de destrucción.

¿En qué momento perdimos de vista la trascendencia del ejercicio ciudadano? ¿Cómo permitimos el ascenso de seres tan nefastos y corruptos como quienes gobiernan aquí, en nuestro continente, y en países aparentemente mucho más desarrollados? Esos vacíos, permitidos por pura negligencia, se han ido rellenando gracias a sobornos producto del robo de nuestro patrimonio. El inmenso poder de los más acaudalados de la lista de Forbes no se reduce a la acumulación de capital; ellos también deciden nuestro destino. La muestra más palpable, en estos tiempos, es la negativa a liberar las patentes de las vacunas contra el Covid para hacerlas llegar a todos los rincones del planeta a precios accesibles y al más corto plazo, porque es una veta comercial que multiplica sus ingresos a un ritmo vertiginoso.

Los indicios del no tan nuevo orden de cosas venían dados desde el siglo pasado, cuando los tratados de libre comercio y los términos de las relaciones comerciales bilaterales pasaban primero por los despachos de los grandes consorcios. Ahí se cocinaban las vidas humanas y el destino de los pueblos, ahí se escogía a los dictadores obedientes al poder económico y ahí también se decidía quién vivía y quién no; cuándo invadir y cómo justificarlo, sin que pareciera otra cosa que una acción inevitable en defensa de los valores democráticos. Y ahí, también, se elaboraban los discursos para justificar las masacres de civiles –como “efecto colateral”- en esa carrera frenética para apoderarse de las materias primas necesarias para seguir dominando al mundo.

Hoy el proceso es casi irreversible y la perspectiva no es otra que más hambre para quienes ya lo han perdido todo, pero también para las capas medias a las que aún les sostiene la esperanza de mejores días. Esta guerra solapada y cruel avanza gracias a la fuerza de las armas esgrimidas sin el menor reparo en contra de pueblos indefensos, en contra de ciudadanos indignados pero incapaces de defender lo suyo sin caer en el intento. La farsa de las dictaduras del nuevo orden mundial: esas que aparentan ser lo que no es, pero actúan como lo que son, no tienen ni siquiera la decencia de fingir un carácter humanitario. Ante ellas, y sin ninguna protección desde los organismos internacionales creados para defender los derechos de la Humanidad, terminamos por ceder todos los espacios. Para recuperarlos, no bastará con el acto simbólico pero inefectivo de enarbolar banderas.

El poder económico mundial no tiene rostro, pero sí garras afiladas.

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Los agujeros en la red

Vivimos una época de desafíos nuevos y búsqueda incesante de relaciones humanas.

Este siglo de la tecnología avanzada ha dejado plasmada, más que nunca antes, la vacuidad de ciertas relaciones humanas. En las dos últimas décadas y gracias al mundo digital –ese universo tan próximo y ajeno- se ha impuesto la costumbre de obviar muchos pasos indispensables antes de estrechar lazos de amistad o relaciones sentimentales con quienes no se ha producido un encuentro cara a cara. Esta debilidad en el establecimiento de vínculos afectivos o sociales, con el transcurso del tiempo revela los vacíos implícitos en esa burbuja idealizada, formada a partir de señales difíciles de comprobar y las cuales, en muchos casos, solo reflejan carencias personales.

Las relaciones humanas son complejas y susceptibles de causar auténticas catástrofes en la autoestima y en la visión de nuestra trascendencia y nuestro lugar como miembros de la comunidad. Este es un motivo contundente para comenzar a pasar por el tamiz de la razón muchos de los actos –a veces totalmente irracionales- que impulsan a buscar en otros ese material íntimo capaz de rellenar vacíos existenciales. Con la excusa de la soledad, innumerables personas se aventuran en callejones creados ad hoc en los cuales existe siempre el riesgo de perder de vista cuál es el lugar que corresponde ocupar en estas esferas. Entre redes sociales y sitios de encuentro, hoy más recurridos que nunca por motivo del aislamiento social, suele haber trampas dolorosas para quien no alcanza a descubrir en ellos la verdadera estructura material y lucrativa propia de todo emprendimiento digital, y en donde la mentira es el elemento clave.

La auténtica riqueza de este universo comunicacional, sin embargo, existe. Además de los vericuetos oscuros, hay grandes avenidas llenas de posibilidades y algunas de ellas permiten disfrutar de contactos enriquecedores con seres humanos de comprobado valor. El truco es saber cómo identificarlas y no perderse en un tráfago peligroso por su opacidad. Esto resulta especialmente indicado para niñas, niños y adolescentes conectados al mundo etéreo de la red, carentes de puntos de referencia y de criterio para protegerse de los riesgos. Sin embargo, también muchos adultos caen en esa búsqueda de satisfactores emocionales y sociales perdiendo de vista la importancia de aplicar filtros protectores.

En estos tiempos la soledad, la tristeza, la sensación de impotencia y de pérdida frente a las adversidades hacen mella en lo más íntimo del ser humano. Entonces, su natural impulso es refugiarse en otras personas con similares desafíos y, de ese modo, encontrar un lazo de empatía. Esta búsqueda, sin embargo, reviste riesgos y decepciones con el potencial de hacer más profundo el aislamiento y detonar crisis emocionales especialmente poderosas. Para evitarlo, es indispensable reconstruir la base de la autoestima a través de un proceso íntimo y constante, una valoración de nuestra esencia capaz de blindarnos frente a las inevitables agresiones del entorno. 

El mundo digital no es bueno ni malo por naturaleza. Es un reflejo del mundo concreto con sus verdades y falsedades, con sus ventajas y riesgos. Aprender a navegarlo es un ejercicio complicado que requiere habilidades nuevas, sobre todo cuando se presenta como un recurso inevitable de supervivencia. Por ello es indispensable aprender a leerlo, a distinguir sus trampas y a evitar sus callejones oscuros, pero también a reconocer sus enormes beneficios en la construcción de vínculos sociales y afectivos capaces de ayudar a enfrentar los nuevos desafíos. Este es el reto de los años por venir.

El universo digital es un reflejo de la realidad, con sus fortalezas y debilidades.

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Los lazos dorados

Llega el momento cuando los lazos de amistad profunda se vuelven indispensables.

Las relaciones de amistad son muy complejas. Por eso es difícil juzgar las actitudes de personas que consideramos incondicionales –o creemos deberían serlo- a la luz de nuestras necesidades afectivas. Por lo general, nos preparamos para elegir a las amistades entre aquellas personas capaces de aportarnos algo; para ello fuimos entrenados desde la infancia y rara vez fallamos el objetivo. A partir de esta visión, nos empeñamos por obtener un beneficio emocional o social de esa relación, aunque nunca se llegue a plantear como un asunto de conveniencia.

Al desarrollarse la amistad e ir descubriendo, según su dinámica, aspectos nuevos que no estaban ahí originalmente, vamos seleccionando a las amistades que mantienen un nivel aceptable de compatibilidad con nuestras expectativas y forma de ser o, en el peor de los casos, con las exigencias de nuestro entorno social. Sin embargo, con alguna frecuencia terminamos decepcionados. En especial, cuando actuan al margen del conjunto de reglas impuestas al inicio de la amistad para dar cierto ordenamiento al juego. Reglas que, en algunas circunstancias, nos arrogamos el derecho de transgredir unilateralmente, quizás por creernos dueños de la relación, amos y señores de los sentimientos compartidos. En otros casos, las viejas normas han perdido vigencia con el correr del tiempo y la adquisición de nuevas experiencias, provocando una escisión profunda que culmina con un alejamiento definitivo.

Lo que a veces lamentamos en los amigos es algo que refleja nuestras propias carencias: un acomodo emocional según el cual, ese equilibrio entre fortaleza y debilidad, dependencia e independencia, empatía y manipulación, se rompe y pierde todo su significado, igual como sucede en las relaciones amorosas. Esto hace que la amistad –ese lazo dorado tan indispensable en nuestra vida- dependa de ese balance de mutua conveniencia en donde cada quien recibe la satisfacción de un vínculo capaz de sobrevivir a los inevitables cambios a lo largo de los años, anclado en la lealtad y el amor incondicional.

Pero muchas veces ese refugio de seguridad construido con tanta confianza se rompe y, cuando ese quiebre se produce, provoca un dolor de pérdida semejante al de la muerte: una especie de traición capaz de devorar la estabilidad emocional y socavar cualquier posibilidad de reparación. Esto, porque nuestras expectativas del otro son siempre extremas y, por lo general, ajenas a los delicados entresijos y a las debilidades propias de la naturaleza humana. En muchas ocasiones –tal vez, la mayoría- esos lazos dorados de la amistad son infinitamente más sólidos que los vínculos familiares y representan una base casi perfecta sobre la cual se sostienen nuestras necesidades afectivas y en donde se desarrolla una gran parte de nuestra valoración como seres humanos.

En estos tiempos de extrema inestabilidad, cuando estamos enfrentados a situaciones absolutamente inéditas y con el poder de alterar nuestra visión del futuro, la amistad –la verdadera- juega un papel fundamental en la reparación de nuestros quiebres emocionales. A veces mucho más que cualquiera otra relación, ese refugio de confianza y apoyo compartido encarnado en las amistades profundas –sobre todo aquellas de larga data capaces de sortear todas y cada una de las amenazas implícitas en todo vínculo afectivo- constituye una tabla salvavidas cuyo inestimable valor no podemos ni debemos ignorar. 

Revalorar y cuidar esos lazos significa mucho más que una simple revisión de la relevancia de nuestras prioridades sociales. Representa un valioso oasis en medio de este caos. 

La amistad verdadera representa mucho más que una mera relación social.

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Los hijos de la guerra

Somos herederos de un sistema violento y deshumanizante del cual ignoramos casi todo.

La gran contradicción de nuestros tiempos es cómo, a pesar de la globalización, el acceso a la información y a los sistemas de comunicación eficientes y accesibles, los pueblos se encierran en la protección de su entorno cotidiano y, de manera progresiva y con profundo escepticismo, van perdiendo la capacidad de reflexión y análisis. Quizá esta es una de las consecuencias de la degradación ética y moral de las organizaciones políticas, pero sobre todo es resultado de las estrategias de inteligencia impuestas desde el extranjero, cuyo objetivo es entorpecer la participación popular en decisiones que le competen y centralizar estas en función de otros intereses. 

Desde siglo pasado, la eliminación de líderes carismáticos y comprometidos con el desarrollo de sus pueblos fue ganando impulso en los países latinoamericanos al extremo de cercenar los movimientos populares, abriendo paso a las más crueles dictaduras y obstaculizando cualquier intento de independencia de nuestros países. Al mismo tiempo, y mientras el imperio estadounidense daba un golpe de puño sobre la mesa para imponer sus intereses y los de sus consorcios, los gobernantes corruptos recibían prebendas y se les abrían las bóvedas de los bancos del primer mundo para depositar en ellas la riqueza de los pueblos.

La capacidad ciudadana para intervenir en la toma de decisiones trascendentales, de las cuales depende su presente y su futuro, fue derivando en una peligrosa apatía que permitió el traspaso de bienes públicos hacia grupos empresariales que se enriquecieron de manera grotesca con su explotación. De ese modo, se consolidaron tanto la debilidad de los Estados como el poder de los grupos económicos, favorecidos gracias a su influencia en los ámbitos político y judicial. A partir de ello, todas las políticas públicas se asociaron al nuevo sistema y, bajo la consigna de un nuevo modo de concebir el desarrollo –un neoliberalismo tropicalizado- perdieron terreno la educación, los sistemas de salud pública y las iniciativas de protección del territorio y sus riquezas.

Este nuevo modelo ha intentado apagar –con métodos violentos y también solapados- la chispa de resistencia que todavía brilla en algunos pueblos del continente. Muchos de los gobiernos, instalados en el poder por obra y gracia de los fondos recibidos de quienes se han beneficiado de la corrupción y del crimen organizado, han regido a nuestros países de manera ilegítima aunque legal –gracias a la manipulación legislativa- y han terminado por degradar hasta la idea misma de una democracia real, participativa e incluyente.

Somos hijos de la guerra. De una guerra cruel y solapada que ha condenado a las dos terceras partes de la población de nuestro continente a una miseria injusta, a la desnutrición crónica y a la pérdida de su dignidad humana. Esta masacre lenta y progresiva se ha perpetrado gracias a la eliminación física y moral de los verdaderos líderes populares; de aquellos hombres y mujeres que han puesto el pecho ante las balas y no han retrocedido ante las tácticas de desinformación y desprestigio elaboradas y divulgadas por quienes se han apropiado de nuestras tierras y de nuestras vidas. 

Los discursos populistas de las campañas que hoy culminan con elecciones de nuevos líderes en algunos países del continente no han cambiado en más de un siglo: son los cantos de sirena de un sistema deshumanizado cuyo poder se consolida a pasos agigantados, confiado en la certeza de que a la ciudadanía le han quitado todo: el último aliento de esperanza y el último arresto de rebeldía.  

El discurso populista no ha cambiado: es la mentira institucionalizada.

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La mujer violada

De mis archivos, publicado en Enero de 1998.

Los patrones culturales llevan a justificar al criminal y no a mostrar empatía hacia la víctima. 

            Pocos crímenes se prestan a tantas interpretaciones como la violación de una mujer. Este acto de violencia, humillación y sadismo, practicado por millones de hombres en todos los puntos del planeta, representa la manifestación máxima del machismo y, por lo tanto, es analizado o juzgado de acuerdo a los patrones estereotipados de la cultura patriarcal.

            Basta con analizar las reacciones de sociedades fundamentalmente conservadoras a un hecho criminal como la violación de una mujer o de varias, como sucede con frecuencia en nuestro medio, para constatar que el hecho en sí pierde paulatinamenter sus características de acto criminal al experimentar la manipulación conceptual de quienes actúan y piensan bajo el signo de sus patrones culturales y de una matriz valórica cuya fuerza ha distorsionado los principios fundamentales de la convivencia y el respeto entre los sexos.

            Una sociedad basada en estereotipos sexistas y actitudes moralistas rara vez se identifica con la víctima. Los patrones culturales la llevan a justificar a quien comete el crimen y no a mostrar empatía hacia quien lo sufre. 

            Su propia formación, dentro de la cultura en donde nos hemos desarrollado, conduce a justificar la violación. Y no cabe duda de que al encontrar más de un argumento que permita encontrar alguna razón que minimice el delito cometido, simultáneamente encuentra múltiples motivos para creer que la víctima no lo es tanto y en ella reside una parte importante de la responsabilidad.

            Entre tanto estereotipo e ignorancia, una de las peores es la afirmación de que la violación es un “atentado al recato” de una mujer. Una mujer no tiene por qué ser recatada. Podría no serlo, y el crimen cometido en su contra continuaría siendo el mismo. Es decir, que cuando se intenta analizar una violación desde el punto de vista de la cultura machista, se pretende hacer creer que existe una agresión a la moral femenina… a la integridad no sólo física, sino también espiritual, entendiéndose con eso que la mujer-víctima tiene que ser pura y virgen para ser víctima.

            Nada más falso y nada más deformante. La violación es un crimen, sea cometido contra quien sea. Es un crimen, además, que vulnera en lo más íntimo la autoestima, la integridad física y psicológica de la persona y nada tiene que ver con su experiencia sexual previa ni con su edad o su estilo de vida.

            Es lamentable que personas de un cierto nivel cultural pretendan hacer creer que es más condenable el crimen si es cometido contra una adolescente virgen que contra una mujer madura. No es extraño que, a raíz de la machacona insistencia sobre esas falacias, la mujer violada prefiera callar antes que enfrentar la condena general, que tiende a ponerla en tela de juicio a ella antes que al hechor.

            ¿Qué sucede, entonces, cuando una prostituta denuncia una violación? La respuesta es obvia. Sin duda las autoridades, siempre ubicadas en su papel de juzgadores, dirán que la cosa no es para tanto, dada la experiencia de la víctima.

            En otros aspectos, la violación continúa efectuándose una y otra vez en los procedimientos a los cuales se somete a la mujer agredida para reunir elementos que permitan enderezar una acusación formal contra el agresor.

            La mujer violada, después de haber sufrido un vejamen que la sume en una profunda crisis emocional y física, es obligada a exhibirse, desnuda y vulnerable, ante extraños que la examinarán basados en el principio de la duda. Es decir, si no se deja humillar esta segunda vez, existe la presunción de la mentira y cualquier intento de acusación cae por falta de evidencias.

            Luego, como si esa vejación no fuera suficiente, es la víctima quien debe volver a relatar el hecho y dar detalles de su propia pesadilla ante un auditorio que la observará esperando la contradicción o el tropiezo que brinde la oportunidad de dudar nuevamente.

            Así, la mujer es violada sistemáticamente una y otra vez. Ante las autoridades, ante los medios de comunicación, ante el público, ante sí misma. Indefensa, se somete a los procedimientos legales diseñados por quienes no tienen ni desean tener, obviamente, una idea lejana de lo que es ser víctima de un acto tan abominable, esperando que se haga justicia.

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Sobre el arrepentimiento…

De mis archivos, publicado en Diciembre de 1998.

Para que exista un perdón verdadero,  también debe serlo el arrepentimiento. Es, por lo tanto, muy difícil establecer cuándo los sentimientos y actitudes de los involucrados coinciden en una auténtica superación del resentimiento.

Vuelvo al cobijo tranquilizador del diccionario, para confirmar mis sospechas. Ahí dice que cuando uno se arrepiente de algo, es porque le pesa haberlo hecho. Entonces, partiendo de esa idea, se podría suponer que el arrepentido no sólo lamenta su proceder, sino que, en parecidas circunstancias, no volvería a cometer el acto del que se arrepiente. Para hacerlo más fácil: el sujeto se descalifica a sí mismo en aquello que lo lleva a arrepentirse. 

Me gustaría saber cuántas personas que piden perdón han experimentado ese sentimiento. Creo que no muchas. Al final de cuentas, ni siquiera la educación religiosa ha logrado que los feligreses, al confesar sus pecados, se arrepientan efectivamente de ellos. No les preocupa mayor cosa volver a cometerlos porque, después de todo, existe el alivio del perdón, garantizado por la confesión.

Si estamos acostumbrados a mentir a niveles espiritualmente elevados, con mayor razón somos capaces de mentir a nuestros semejantes, si con ello se nos asegura que no habrá más represalias por aquellos actos con que los agredimos.

El arrepentimiento no debería estar condicionado por la severidad del castigo, sino por una auténtica toma de conciencia respecto a los errores cometidos. Es ahí donde se complica el perdón. Para que todo el proceso –arrepentirse, pedir perdón y perdonar- logre el objetivo final de la reconciliación, es absolutamente imprescindible que se cumplan sus etapas y no respondan únicamente a una estrategia política.

Por lo tanto, podríamos afirmar que el arrepentimiento –condición previa indispensable para alcanzar el perdón- también es un acto individual e íntimo, que no responde más que a un examen de conciencia que da como resultado el rechazo de una o varias acciones personales.

Cuando se trata de restaurar la estructura rota de una sociedad marcada por la violencia, integrada por vecinos que desconfían unos de los otros, es aún más importante que esa cadena esté firmemente afianzada antes de cantar victoria y declarar que se ha producido la reconciliación. De otro modo, la paz será frágil y la estabilidad continuará siendo un sueño irrealizable. 

Para complicar aún más el asunto, es necesario tomar en cuenta cómo las sociedades modernas del tercer mundo, han sido condicionadas por una ética basada en los intereses económicos de las potencias de las cuales dependen. Estas son las que, a la hora de los conflictos humanos provocados por sus muy colonialistas políticas, sólo se preocupan por salvar su reputación y abandonan a sus aliados a su suerte, dejándoles el peso de la reconstrucción de sociedades que sufren las consecuencias de sus intervenciones y, en algunos casos, colocándose incluso en el lado contrario del estrado desde donde juzgan, cual severos y prepotentes jueces, el producto de su propia invención.

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Los comediantes

Publiqué esta columna en Abril de 1998, pero nunca tan actual como hoy…

La comedia social es el único referente que tenemos a mano para compararnos unos a otros.

             No es exclusivo del sector político. También lo encontramos en los ámbitos académicos, en la calle y, sobre todo, en la vida cotidiana. Es una máscara que nos colocamos para relacionarnos con los demás, y que responde -a veces, con una precisión sorprendente- a lo que deseamos proyectar.

            No existe ser humano social que no haya aprendido, desde la infancia, a utilizar una amplia colección de disfraces que le permitan identificarse con el papel que representa en cada momento de su vida. Generalmente, los escogemos entre aquellos que nos quedan amplios y que nos permiten ocultar los defectos con mayor holgura.

            Existen disfraces de rectitud y honestidad, para los que hay una amplia demanda en determinados grupos de la sociedad. Otros, representan la inteligencia y el talento. Los más, sólo se limitan a imitar las cualidades propias de la burguesía, y nos hablan de conductas apegadas a la tradición y a doctrinas inmutables. Pero en su mayoría, son sólo eso: disfraces para integrarse con mayor facilidad a una sociedad de comediantes.

             Esta necesidad de aparentar lo que no somos, es uno de los factores que nos inhabilita moralmente para juzgar a los demás, deporte que practicamos sin limitación ni escrúpulo alguno, sin haber agotado los medios de análisis y despreciando por completo la necesidad de realizar una prospección objetiva y cuidadosa de la situación sobre la que pretendemos emitir una sentencia, antes de darnos el lujo de abrir la boca.

            Pero más que nuestro papel de juzgadores empíricos, lo que nos distingue es esa manía de aparentar lo que no somos, y peor aún, aparentar que creemos que los demás creen que lo que aparentamos es real. Y los demás, a su vez, aparentan que nuestra manía de aparentar es -no un problema psicosocial- sino una elevada característica de nuestra muy personal personalidad.

            Así nos vamos enredando en apariencias que, a la larga, todos pretendemos confundir con valores humanos y que no son más que pantallas que ocultan precisamente la carencia de esas cualidades tan propias de nuestra especie.

            La trampa está en que la sociedad va tropezando en sus propias mentiras, y va creciendo en función de lo que no es real, y de lo que nunca significará un avance en su desarrollo. En otras palabras, todo lo que consideramos evolución de la humanidad es, en realidad, un proceso de distanciamiento acelerado entre quienes gobiernan y quienes son gobernados, y las virtudes morales nada tienen que ver en el proceso.

            Sería mucho abundar en ejemplos, citar los escándalos de conducta en que han incurrido líderes políticos y religiosos en los últimos…. digamos, cinco años, apenas. Tampoco es necesario insistir en el doble discurso, en la inmoralidad de los moralistas ni en la venalidad de los administradores de justicia. Eso es un tema ya viejo y digerido.

            Lo que sí vale la pena destacar es cómo nos esforzamos en entrenar a los nuevos integrantes de la comunidad. Aquellos que vienen llegando, con su mente abierta y los ojos limpios, y que obviamente aprenderán todo aquellos que nosotros les inculquemos, sin oponer demasiadas objeciones, porque no poseen elementos de juicio para efectuar comparaciones.

            Su enfrentamiento con las  contradicciones de nuestro marco valórico empezará cuando ya se hayan empapado de la doble moral, del lenguaje sexista y de los estereotipos que nosotros ya manejamos con plena soltura y que rige, casi sin sentirlo, todo el universo de relaciones, desde las profesionales hasta las íntimas, sin dejar nada expuesto a la luz incómoda y enceguecedora de la verdad.

            La comedia social es el único referente que tenemos a mano para compararnos unos a otros. Es decir, sólo podemos comparar la máscara del gran ejecutivo con otra máscara igual de gran ejecutivo. Nunca sabremos cuál es, efectivamente, el gran ejecutivo, si es que hay uno. Lo mismo sucede con los artistas de talento, aunque hay que reconocer que en el campo del arte es más complicado esto de simular cualidades inexistentes, que en el mundo de la política o de las finanzas.

            Pero donde todo se deforma, es en la relación diaria, en el discurso que se repite machacando lo que creemos que debemos ser, aceptando ciegamente la careta que los demás nos exigen usar para poder seguir creyendo en las confortables apariencias.  

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Maximón

(Publicado en Agosto de 1998)

En mis andanzas por la magia del altiplano…

            Caminamos un rato por el laberinto de casas irregulares, sobre un suelo de tierra extrañamente desigual. Era como si nunca hubieran intentado aplanarlo. Grandes piedras surgían por aquí y por allá, rompiendo la regularidad de la cami­nata y amenazando con torcernos los tobillos.

            Finalmente, alguien nos indicó la casa. Una como otra cualquiera. Metida hasta el fondo en un terreno plano, a veinte centímetros bajo el nivel de la calle. Eso era lo que la hacía parecer tan cha­parra. La precedía un patio delantero, donde correteaban unas gallinas que de­saparecían por las puertas oscuras donde se adivinaba la actividad domés­tica. Era temprano, pero ya había olor a masa y a comal caliente.

            No vimos ninguna señal que hiciera sospechar que allí estaba el san­tuario. Excepto, quizás, los vendedores que se habían instalado alrededor  y que ofrecían candelas de colores, relicarios de trapo, ataditos de papel celofán con semillas y polvo de ajo, botellas con líqui­dos y ungüentos (sospechosos de ser mágicos), montones de estampitas del santo en­marcadas en latón con volu­tas y adornos de plástico, en todos los tama­ños y ramitos de xilca para la limpia.

            A la entrada, sobre una banca de madera desvencijada que había pasado ahí mismo unos cuantos inviernos, dos hombres del pueblo que apenas habla­ban español, nos indicaron con la cabeza que teníamos que avanzar por un corre­dor de tierra apisonada, techado de ma­zorcas que daban al sitio un tono dorado.

            Poco antes, nos habían pedido dos quetzales por persona, quizás porque nuestra cara de extranjeros los había hecho sospechar que nuestro com­promiso espiritual no sería con el santo. Para los locales, es gratis.

            El culto de Maximón no es cual­quier cosa. Abundan las versiones sobre su origen y su connotación pa­gana, pero eso en nada disminuye la enorme in­fluencia que ejerce su presencia sobre los habitantes del altiplano. Creen en él, y le temen. Tejen a su alrededor toda un aura de misterio y poderes que compiten con ventaja contra aquellos de los santos tra­di­cionales, y le confían sus más recón­di­tos pensamientos en quekchí, cakchi­quel, mam o español, que no im­porta porque entiende de todo.

            El cuarto se reducía a cuatro pare­des y una ventana muy pequeña al fon­do. Por la misma puerta por la que en­tra­ba la gente, apenas salía el humo que inva­día el recinto y hacía el aire irres­pirable y la atmósfera irreal.  

            Sentado en una silla de madera, Maximón dominaba la escena. Vestido con su precioso traje de Zunil, soportaba impertérrito el chorro de invocaciones que salían de los labios de sus feligreses. Asistía a este su culto intenso con una naturalidad que subrayaba aún más la carga emocional que invadía la estancia.

            Es frecuente que junto a Maximón se vean más mujeres que hombres. Esa mañana también. Fumando puros, toman­do guaro, quemando candelas y todo eso al ritmo de la cantilena inter­minable de sus dolores y sus angustias y totalmente aje­nas a nuestra presencia que, a estas altu­ras, era más bien una burda intromisión.

            A pesar de que recién comenzaba la mañana, el suelo ya estaba cubierto de cera de roja para el amor, blanca para los niños, azul para la prosperidad, verde para el trabajo, negra para los maleficios, amarilla para la salud. Y nosotros, ex­traños y con la in­cómoda sensación de violar un espacio ajeno, parados en un rincón, aspirando el humo mezclado de vapores de aguardi­ente que volaba por sobre los hombros de los fieles, éramos testigos mudos con los ojos irritados y la piel er­izada de tanta magia, de tanta fé, de tanta intensidad…

            No, no se puede decir que las tradiciones mueren por inanición. Al menos, no todas. No después de haber entrado al santuario de Maximón y haber presen­ciado su modesta pero contun­dente manifestación de poder.

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El plan de gobierno

A estas alturas, es preciso comprender que los gobernantes tienen planes definidos.

Acorralar a la población como hace el presidente guatemalteco, y crear un caos artificial en la administración de las pocas vacunas disponibles porque, pese a tener los recursos, el Estado ha sido incapaz de proveerse, no parece ser un mal manejo de la situación sino una hábil estrategia, diseñada para permitir al gobernante seguir enriqueciéndose a costa de la vida de sus conciudadanos y, de paso, pagar la deuda a los financistas de su campaña. En días recientes se han visto las imágenes de cientos de adultos mayores haciendo fila durante más de 6 u 8 horas, bajo un frío intenso, para tener acceso a la primera dosis. Frustrados y dolidos por semejante trato, muchos han regresado a su hogar sin vacuna y sin explicación.

Estas imágenes han impactado a la sociedad –aunque todavía no la motivan a reaccionar ante semejante abuso- pero sí la convencen de la supuesta ineficacia del Estado en el desarrollo de los planes de vacunación presentados por el ministerio de Salud de ese país. Sin embargo, piensa mal y acertarás: el verdadero objetivo del caos es allanar el terreno para permitir la administración de las vacunas desde el sector privado, cuyos más conspicuos representantes ya se restriegan las manos viendo cómo se hace posible ese próspero negocio. 

El presidente ha sido, en sus 14 meses de gobierno, un ejemplo vivo de la más abyecta sumisión ante el sector empresarial organizado, desde donde se delinean los caminos más tortuosos para convertir al país en un despojo institucional, carente de certeza jurídica y en manos de una burocracia improvisada y corrupta. Con la pandemia en pleno desarrollo y sin salvaguardas sanitarias ni de apoyo a los sectores más afectados, resulta inconcebible la permanencia del mandatario en un puesto de tanta responsabilidad. Sus acciones durante el año transcurrido han revelado su total desconexión con la realidad nacional, pero sobre todo su férreo compromiso con quienes continúan, desde tiempos de la Colonia, apoderándose de todas las riquezas nacionales. 

Sin embargo, no ha sido el único en hacer todo lo posible por regalarle los recursos estatales al sector privado. Esa clase de saqueo ya se había perpetrado con éxito, privatizando cuanto servicio público quisieran los empresarios: la línea aérea, la telefonía, la distribución de energía, la banca estatal, el ferrocarril… Todos estos recursos –o por lo menos aquellos que sobrevivieron- pasaron de la “ineficiencia estatal” a una prestación de servicio cara, poco eficiente y monopólica, la cual tampoco significó un beneficio para la población. 

Adjudicar a la administración actual todos los problemas que afectan a la ciudadanía no es totalmente justo. En Guatemala, la secuencia de gobernantes ha sido fatal desde el regreso al sistema democrático; y las trampas legislativas -con la ley electoral y de partidos políticos a la cabeza- han impedido de manera solapada y certera la participación política desde las bases mismas de la sociedad. Gracias a leyes casuísticas, cada cuatro años es posible observar la feria de oportunidades para individuos mediocres, pero cargados de recursos provistos por el empresariado organizado y, recientemente, también por las organizaciones criminales (narcotráfico, contrabando y tráfico de personas), quienes gobiernan desde las sombras.

Esta es la realidad de un Estado fallido. Por eso, cuando se imprime en la conciencia colectiva la farsa de la “ineficiencia del Estado” y se pavimenta de ese modo el camino para mayor enriquecimiento de las castas económicas, se apuñala una vez más a esa población cautiva de la mentira y del despojo.

La repetición de la mentira acaba por convencer al pueblo.

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Contra la corriente

De mis archivos. Publicado en Agosto 2003 (Y volvemos a las andadas)…

Los magistrados de la CC pretenden secuestrar a la justicia.

A pesar de que el último fallo de la Corte de Constitucionalidad tiene todas las características de un complot del FRG contra Guatemala, no cabe duda de que en la sociedad estas burdas maniobras han comenzado a crear divisiones y un ambiente de temor por las repercusiones que esto va a tener en los próximos meses. La manipulación de las leyes y la tergiversación del texto constitucional por parte de cuatro magistrados comprometidos con el pretendido candidato del partido oficial deben ser analizados desde cierta distancia, para comprender en toda su magnitud la aberración que se esta cometiendo contra el Estado de Derecho, y como apenas un puñado de individuos es capaz de -literalmente – secuestrar a la justicia, colocando a la nación frente a la disyuntiva de  aceptar un gobierno dictatorial y renunciar a sus anhelos democráticos, o simplemente permitir que las hordas manejadas por el FRG salgan a las calles a sembrar el pánico y a destruir lo poco que le va quedando al país.

En otras palabras, la cosa estaría, según los planes de ciertos estrategas, entre las llamas o las brasas, y no cabe duda de que muchos lo han entendido así.  Por ahora, lo que está sucediendo es un alarde de fuerza que podría transformarse fácilmente en la chispa que encienda la hoguera, que a estas alturas ya tiene suficiente combustible como para arder sin mucha ayuda. Es una lástima que un proceso de democratización que ha durado dieciocho años con muchos altibajos, terminará fracasando en manos de un grupo numéricamente pequeño de individuos incapaces de comprender las dimensiones de sus errores ni la trascendencia de su falta de integridad.  

Ahora, falta ver que sucederá con los demás, con todos aquellos ciudadanos que han participado, en menor o mayor grado, del proceso que ha vivido Guatemala durante las últimas décadas y que han delineado sus planes en un escenario participativo y democrático, sin el cual les sería imposible alcanzar ninguno de sus objetivos.  Habrá que esperar la reacción de otros sectores fundamentales en este proceso, sectores cuyo protagonismo es sólo posible dentro de un Estado de Derecho real y funcional, y en los cuales descansa una porción importante del sistema de legalidad que tanto ha costado alcanzar.

Finalmente, las cartas están sobre la mesa y las apuestas son altas.  Lo que queda por hacer es cualquier cosa, menos esperar a que la suerte decida, porque a estas alturas a nadie le cabe la menor duda de que las cartas están marcadas y el juego tiene un seguro perdedor: el pueblo de Guatemala.  

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Los primeros 5

(Publicado en Abril, 2012)

La ventana de oportunidad para lograr un ser saludable es demasiado breve.

Cinco años pasan volando. Para un recién nacido, sin embargo, es la única ventana de oportunidad para alcanzar un desarrollo pleno del cerebro y una buena base de crecimiento para su cuerpo. Si durante ese período fundamental no recibe los nutrientes y los estímulos cerebral y psicomotriz necesarios, la ventana se cierra y nada puede revertir el daño ocasionado por esas carencias.

Aun cuando esto parece pertenecer al ámbito familiar, en realidad es el germen de una sociedad más saludable, productiva y emprendedora. Es el pequeño centro de un potencial universo de logros académicos y mentes creativas, capaces de cambiar la etiología de uno de los problemas más acuciantes de esta sociedad, que es la miseria llevada al extremo de genocidio. 

Uso a propósito el polémico término genocidio, consciente de las reacciones que puede provocar. Sin embargo me atengo a la definición del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el cual literalmente acota que genocidio es el “Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”. De acuerdo con esta definición, las decisiones “intencionales” que conduzcan a la privación de alimento y otras condiciones mínimas de bienestar para la población de entre 0 y 5 años de edad, por razones político administrativas, serían imputables. Ahí entran todos los actos de corrupción, las transferencias de fondos de programas de alimentos a otros de índole electoral y una larga serie de manipulaciones presupuestarias cometidas por todos los gobiernos de turno.

El programa Hambre Cero propuesto por el actual mandatario coincide con otras propuestas de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales en el sentido de dar prioridad a la niñez y entrarle de lleno al combate a la desnutrición crónica. Pero de la propuesta a la realidad concreta y palpable, hay una enorme distancia y el gobierno debe estar consciente de los alcances políticos de sus intenciones.

Atacar de lleno las causas de la desnutrición debe empezar por cambiar las prioridades del programa de gobierno, con el propósito de paliar los efectos de una política económica centralista y orientada a beneficiar a una clase llena de privilegios. Para revertir esa situación no solo hay que luchar contra la Hidra de mil cabezas bien afincada en el Cacif, sino también enfrentar el descontento de grandes sectores de la sociedad que se verán afectados por un incremento en impuestos y una serie de consecuencias derivadas de los ajustes que hará el sector privado a los precios de los bienes de consumo, con el fin de recuperarse del golpe a sus ganancias.

La lucha no es fácil, pero el objetivo es vital para el desarrollo y el progreso social y educativo de Guatemala en los próximos cincuenta años. No es políticamente responsable perder a otra generación en el analfabetismo, la desnutrición y el ambiente degradante en el cual viven actualmente millones de niñas, niños y adolescentes. Por ello, invertir en la niñez y la adolescencia sería una de las mejores inversiones a futuro, pero sobre todo la decisión más correcta.

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La mirada selectiva

Cerca de medio millar de niñas, niños y adolescentes cruzan la frontera norte cada día.

Una de las grandes violaciones de derechos contra la niñez y la juventud se perpetra ante los ojos del mundo, sin provocar el menor movimiento de reparación ni la búsqueda urgente de soluciones. Para esta enorme cantidad de niñas, niños y adolescentes que huyen de sus países de origen buscando refugio lejos de su hogar, no hay resguardo. Con independencia de lo que motiva este éxodo, ha quedado claro ante la comunidad internacional cómo las autoridades estadounidenses desenfocaron su mirada y, bajo las políticas racistas y xenófobas del ex presidente Donald Trump, convirtieron las instalaciones fronterizas en un campo de concentración al estilo de las prisiones de Guantánamo.

Niñas, niños y adolescentes de todas las edades han sido recluidos en estas inmensas bodegas, separados de sus padres y sin atención psicológica, como una forma de desincentivar la inmigración, enviando ese duro mensaje a quienes pretenden buscar su supervivencia en el país del norte. La nueva administración se enfrenta ahora a la tarea monumental de deshacer los nudos legales anti inmigración instalados por el gobierno de Donald Trump, cuyas decisiones han ocasionado un daño irreparable en miles de familias centroamericanas que solo buscan un refugio contra la criminalidad desatada en sus países, perpetrada principalmente por las autoridades de turno.

Mientras la niñez es sacrificada en aras de la corrupción y la desidia de quienes gobiernan sus países de origen –especialmente Guatemala, Honduras y El Salvador- estos líderes políticos han cerrado los ojos ante la inconcebible violación de los derechos humanos de su población más joven y la abandonan a su suerte, concentrados en acumular riqueza personal y utilizar los fondos públicos para la consolidación de sus redes de influencia. En esta tarea no están solos: cuentan con el irrestricto apoyo de las poderosas organizaciones empresariales y el respaldo de militares, congresistas, jueces y magistrados, cuya influencia en asuntos de Estado ha corrompido hasta la médula a los entes políticos y judiciales.

Antes de señalar con tanta dureza a las familias desde las cuales desertan estos miles de niñas, niños y adolescentes, es importante arrojar una mirada a la situación en la cual viven estas poblaciones. Privadas de atención estatal, de servicios básicos, de seguridad sanitaria y de fuentes de trabajo debido al derroche ofensivo y descarado de quienes tienen la responsabilidad y la decisión sobre las políticas públicas en educación, salud y alimentación, se encuentran acorraladas en un círculo vicioso de violencia del cual es imposible escapar. A ello se debe sumar la desnutrición crónica infantil, cuyo efecto sobre más de la mitad de la niñez la condena a una muerte lenta; y también la amenaza constante de las redes de tráfico de personas y de drogas, cuyas impunes operaciones cuentan con la protección de los gobiernos.

Para las sociedades de estos países, la situación de la niñez errante no es prioridad. Concentrada en asuntos que le tocan mucho más de cerca, como la propía supervivencia, tiene una mirada selectiva cuando de niñas, niños y adolescentes de sectores pobres se trata. Esta indiferencia es también un factor decisivo en el destino de este gran conglomerado, dado que sus problemas y carencias no afectan de manera contundente la sensibilidad colectiva, y la sociedad prefiere enfocarse en temas que le atañen de manera directa. Esta es una de las razones del abandono: la falta de incidencia en los asuntos del Estado y la escasa voluntad de luchar por recuperar la integridad de sus instituciones. En este escenario, la niñez tiene todas las de perder.

La niñez carece de oportunidades en donde su bienestar no es prioritario .

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Los conspiradores

Decidir sobre la propia salud es un acto de libertad y debe ser respetado. 

Desde los centros de poder político, económico y mediático nos intentan convencer de que las medidas de contención para frenar la pandemia, son las adecuadas. No dan razones, pero la ciudadanía observa con justificada desconfianza cómo estas estrategias se aplican de manera aleatoria y muchas veces en contradicción con el más elemental sentido común. Algo parecido sucede con la efectividad de las vacunas las cuales, todavía en proceso de investigación, ya se distribuyen masivamente.

Cuando alguien expresa dudas a partir de información divulgada por medios de comunicación y redes sociales –algunas veces desde fuentes no confiables, pero también desde la opinión calificada de científicos reconocidos por su trayectoria- de inmediato surge la reacción adversa para calificar estas reflexiones como “teorías conspiracionistas” de quienes no aceptan como válidas las explicaciones sobre la seguridad de estos recursos inmunitarios. A lo largo de la historia, ha sido innegable la efectividad y aporte de las vacunas que han pasado por procesos de investigación profundos y de larga data, cuyos resultados han constituido un aporte esencial a la salud pública desde cuando fueron descubiertas. Pero durante esta pandemia, también es una realidad que el proceso de elaboración ha sido demasiado breve y todavía sujeto a ensayos. De ahí la resistencia de personal sanitario, sobre todo en países de primer mundo, presumiblemente bien informados y con experiencia en su campo, a aceptar las nuevas vacunas y su inoculación masiva. 

La vida y la salud de la población mundial están en juego y, desde su escaso conocimiento sobre el tema sanitario, esta observa cómo a pesar de las medidas de confinamiento que van y vienen sin razones explícitas, los casos aumentan y también los decesos. Los gobiernos, especialmente de nuestros países tercermundistas, han convertido el tema de vacunas en una herramienta de negociación política y privilegios, dejando por un lado su enorme responsabilidad hacia la población a la cual están obligados a servir y responder. A eso se suma la falta de campañas de información para explicar de manera sencilla cuáles son las características, riesgos y condiciones de las vacunas, con el objetivo de facilitar una toma de decisión consciente por parte de la ciudadanía.

En este sentido, las grandes multinacionales farmacéuticas tienen la obligación de compartir información confiable –a pesar de su dudosa reputación como gigantes industriales de ética flexible- y abstenerse de participar en actos de corrupción con algunos gobiernos cuyas claras intenciones van hacia convertir las vacunas en un negocio próspero y privado, condenando a los más pobres a un destino incierto. Si la vacunación es la respuesta más razonable para consolidar la inmunidad de rebaño y detener esta emergencia sanitaria que ya dura más de un año, entonces debe ejecutarse bajo la consigna del derecho a la salud, suscrita en todos los textos constitucionales, así como a la información responsable sobre riesgos y beneficios. 

Para imponer este derecho sin excepciones, será necesaria la participación activa de las organizaciones ciudadanas y del ámbito sanitario, con el propósito de evitar lo que ya se perpetra, que es una grotesca manipulación en la información, distribución y aplicación de las vacunas, transformadas en instrumentos de proselitismo y discriminación. Oponerse a ello no es conspiración, sino un elemental ejercicio ciudadano. 

El acceso a información confiable sobre medidas sanitarias, es un derecho.

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Una prueba de resistencia

Llevamos un año enfrentados al encierro, miedo al contagio e incertidumbre sobre el futuro.

Nietzsche afirmaba que todos los acontecimientos: pasados, presentes y futuros, se repetirán continuamente, de manera inevitable, en un ciclo de eterno retorno. Es decir, la Humanidad se mantiene atada y fiel a su naturaleza y, aun cuando logra avances espectaculares en ciencia y tecnología, tiende a repetir sus errores y a aferrarse a un pensamiento hegemónico que le impide romper la tendencia al retroceso. Por su parte, Andre Gunder Frank, sociólogo germano-estadounidense quien propuso la teoría de la dependencia desde 1960, explica cómo la trayectoria de los países en desarrollo –o subdesarrollados- diverge de la recorrida por naciones que han alcanzado una evolución notable en su economía y, por tanto, es incorrecto extrapolar esas experiencias por tener una diferente ejecutoria. 

Quizá sea necesario volver a repasar la historia de los pueblos para comprender mejor al mundo que nos rodea y aprender algo más sobre las limitaciones humanas. Hoy enfrentamos una peste globalizada de la cual ignoramos casi todo. Nuestra falta de conocimiento nos lleva por caminos aleatorios para explicar, de algún modo medianamente razonable, el absoluto transtorno que nos ha golpeado. De ahí se deriva la diferencia, entre uno y otro país, en las normas impuestas para encarar la emergencia sanitaria y que los pueblos se encuentren sometidos a regulaciones muchas veces opuestas al sentido común, como surgidas de una novela de Kafka.

Pero la pandemia no solo ha golpeado la salud pública; ha tenido su mayor impacto en la cotidianidad, en la rutina doméstica, en las relaciones interpersonales y en el derecho a las libertades ciudadanas al impedir, desde las instancias oficiales, la continuidad de la vida a la cual estamos acostumbrados. Hoy la salud, además de ser un tema de políticas públicas, se ha transformado en un peligroso instrumento de poder en manos de gobernantes indeseables. El proceso de desarrollo y distribución de las vacunas, elemento indispensable para detener la extensión del mal, se rodea de misterio y de maniobras discriminatorias, a lo cual se añade la incertidumbre sobre el alcance de su cobertura y el destino que espera a países incapaces de administrarla.

Volviendo a Gunder Frank y a su afirmación de que el subdesarrollo de las naciones es una política de dominación desde países desarrollados –Estados Unidos a la cabeza- para mantener la dependencia de nuestros Estados, la actual coyuntura deja en claro cómo la supervivencia de los pueblos del tercer mundo se encuentra sometida a la limosna de las potencias y a la pobre capacidad de reacción de los gobernantes, a los cuales estas potencias han apoyado y financiado para conservar su hegemonía. En este sentido, aun cuando existen países del continente que han logrado avanzar en políticas positivas ante la pandemia, la mayoría de naciones en desarrollo se encuentran en un limbo provocado por la carencia de planes de contingencia, la inmoral desviación de recursos hacia las cuentas personales de sus gobernantes o, simplemente, por su absoluta incapacidad de ejecución.

Si el eterno retorno es un fenómeno inevitable, se hace necesaria una revisión de cómo enfrentar sus manifestaciones y plantearse la tarea de romper la tendencia al fatalismo. No es necesario cometer los errores pasados, una y otra vez. Para ello hay que instruirse; estudiar la historia y no aceptar las erráticas decisiones oficiales con resignación, perfecto mecanismo de dominación de quienes nos quieren atrapados y sumisos; por el contrario, prepararse para participar en un sensato regreso a la normalidad.   

El mundo no escapa a la constante repetición de su historia.

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El 8 de marzo de 2017 a las 8:45 de la mañana

La tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción fue un crimen de Estado.

El Día Internacional de la Mujer, fecha simbólica para reflexionar sobre la violencia contra las mujeres, fue marcada hace cuatro años con la terrible muerte y graves lesiones sufridas por 56 niñas y adolescentes recluidas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en Guatemala. Durante el tiempo transcurrido desde esa fecha, las autoridades de ese país han eludido toda responsabilidad por el trágico suceso y tampoco su sistema de justicia ha dado respuesta pronta y cumplida a los reclamos de organizaciones de la sociedad civil y de los familiares de las víctimas. 

Las adolescentes calcinadas en el incendio que puso en evidencia los sórdidos entretelones de ese hogar y los turbios negocios allí realizados no solo sufrieron una muerte atroz; también la sociedad, conservadora y proclive a juzgar de manera superficial a los menos afortunados, terminó de victimizarlas calificándolas de delincuentes y revoltosas, cargándoles sin el menor titubeo el peso de la culpa por los eventos de ese día y obviando la historia personal de cada una de ellas. Durante estos años, sin embargo, han sido periodistas conscientes y comprometidos con la búsqueda de la verdad quienes han realizado exhaustivas investigaciones y dado seguimiento a los casos, con el fin de desvelar la oscura historia detrás de esos auténticos centros de tortura y trata de personas en que se han transformado los establecimientos administrados por el Estado. La serie de reportajes realizados por Mariela Castañón ya había puesto en evidencia las condiciones infrahumanas en esos centros.

Es muy del caso insistir en la verdadera naturaleza de la acción política en una nación. Porque la manera como se ha prostituido la actividad política y cómo los centros de poder se han vendido al mejor postor, cada día aleja a los gobernantes de metas, fundamentos éticos y mandatos constitucionales. El abandono en el cual se encuentran grandes sectores de la ciudadanía –mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores- demuestra a las claras la degradación de la actividad gubernamental y pone de manifiesto el peligro que amenaza a nuestras débiles democracias. A este cuadro de carencias y malos manejos se suman los efectos devastadores de una pandemia mal manejada y, muy probablemente, utilizada como palanca para establecer dictaduras y normativas de carácter discriminatorio.

Este Día Internacional de la Mujer nos recuerda la importancia de mantener una estrecha vigilancia sobre los gobiernos y sus decisiones; el retroceso actual en el goce de derechos civiles debido a nuevas normas de conducta frente a la pandemia, tiene un especial impacto en los grupos mencionados, especialmente en los derechos de las mujeres y la niñez, las principales víctimas ante cualquier transtorno del escenario social. Los gobiernos tienen la absoluta obligación de orientar sus planes y propuestas hacia el bienestar y la prosperidad de sus habitantes y, muy especialmente, atender las necesidades de los sectores más vulnerables. 

Asimismo, quienes ostentan altas posiciones en los tres principales poderes de un Estado son responsables directos por los actos cometidos por quienes se desempeñan en sus distintas instancias. Por lo tanto, la seguridad y la vida de sus habitantes recae directamente sobre sus hombros y están obligados a responder ante la ciudadanía cuando han traicionado su misión. Este 8 de marzo es una fecha para jamás olvidar; es el día señalado para volver la mirada hacia las 56 niñas guatemaltecas víctimas de un Estado fracturado, cooptado por las mafias y en inminente peligro de convertirse en el vivo ejemplo de país fracasado. 

Repasar la historia es el mejor modo de aprender y tomar conciencia.

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Era un niño llamado Tomás

La infancia debe ser una etapa feliz; un portal hacia el desarrollo y la realización de los sueños.

Tomás tenía 3 años y le sonreía a la vida cuando salió de su hogar acompañado de su tío abuelo. Iba con la confianza y la alegría propias de un niño saludable y feliz que encuentra, a cada paso, un nuevo descubrimiento, una nueva experiencia. Fue su último paseo; lo encontraron muerto en mitad del campo con señales de abuso, nueve días después. Durante ese lapso, la búsqueda fue intensa por tierra y aire mientras todo Chile clamaba por su aparición. No hay palabras para describir tanta atrocidad contra la niñez en cualquier lugar del planeta. La crueldad extrema implícita en el abuso sexual, la tortura y la impunidad que rodean a esos crímenes contra la niñez se encuentra, por lo general, avalada por un sistema de protección ineficiente y caduco, enmarcado en la absurda creencia de que ese importante segmento goza de la mayor protección en el hogar, la escuela, la iglesia o el vecindario. 

Así como Tomás salió de casa y nunca regresó, miles de niños, niñas y adolescentes alrededor del mundo son violentados física y psicológicamente por el solo hecho de encontrarse bajo la autoridad de otros, sin ningún mecanismo de defensa. En la mayoría de países centroamericanos, especialmente aquellos gobernados por políticos corruptos en complicidad con las organizaciones dedicadas al negocio de la trata de personas, cientos de ellos desaparecen sin alterar el sueño de las autoridades, pero tampoco el sueño de esas sociedades acostumbradas a la tragedia y a la violencia provocada por un sistema que ha destruido por completo la institucionalidad, abandonando a la población en un ambiente de absoluto caos y anarquía.  

La violencia sexual, una patología social de enorme impacto en nuestras sociedades, es consentida de modo directo o indirecto por la ineficacia de los sistemas de administración de justicia, pero sobre todo por el sistema patriarcal. Este, aún con pruebas a la vista, minimiza los abusos y otorga privilegios a los perpetradores, especialmente cuando esos crímenes son cometidos contra adolescentes y mujeres adultas. Casos extremos como el de Tomás, el niño de Lebu, se multiplican amparados por el silencio y la complicidad de quienes les rodean, bajo la consigna de mantener la reputación familiar aunque el crimen cometido destruya por completo la vida y el futuro de la víctima.

Está probada y comprobada nuestra incapacidad, como sociedad, de proteger a las nuevas generaciones de la violencia en cualquiera de sus formas. Preferimos engañarnos acudiendo a instituciones corruptas a las cuales entregamos a cientos o miles de víctimas propiciatorias, como sucede con los “hogares seguros” en los cuales se institucionaliza a una niñez que merece protección, pero administrados por delincuentes dedicados a la trata y a la prostitución de menores.

El fracaso de un país se mide por el trato dado a la niñez y, por lo tanto, debemos declararnos fracasados a nivel planetario. No hay rincón del mundo en donde la niñez y la adolescencia gocen de una total protección contra los abusos. Estos abusos, en la mayoría de casos, tienen impacto certero en diferentes patologías que esos seres sufren a lo largo de su vida, muchas veces reproduciendo en otros los efectos de sus sórdidas experiencias. Hemos creado una verdadera cultura de abuso, propiciada por la indefensión de unos ante la aparente autoridad de otros. Es así como, aún en el siglo de las maravillas tecnológicas, se mantienen los prejuicios sexistas y las estructuras de privilegios para los agresores, destrozando el futuro de los más indefensos.

Somos sociedades enfermas de machismo, violencia sexual y misoginia.

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Educación: Selectiva y escasa

Las condiciones impuestas por los gobiernos limitan el acceso a la educación.

Entre los efectos más graves de la pandemia y sus restricciones, está el limitado acceso a la educación y el consiguiente enclaustramiento de los segmentos infantil y juvenil de la sociedad. En los países menos desarrollados y en donde se observan grandes desigualdades, el tema de las políticas públicas para la educación ha sido manipulado, no solo desde la conveniencia política de mantener a la ciudadanía incapacitada para comprender, evaluar y participar de forma activa y consciente en los procesos de gobernanza, sino también para instalar un sistema laboral a beneficio del sector económico. Es decir, a menor educación, más mano de obra barata y dispuesta a aceptar condiciones mínimas de trabajo.

Quienes terminan siendo sacrificados –como chivos expiatorios- son las nuevas generaciones. Si la educación pública en la mayoría de nuestros países ha sido deficiente y cada vez más escasa, la pandemia ha venido a poner en evidencia la miserable infraestructura educativa y la pobreza de todo el sistema. Las condiciones de los establecimientos son de terror y, definitivamente, imposibles de utilizar en un ambiente de emergencia sanitaria. Muchas de las escuelas carecen de servicios tan básicos como agua potable y sanitarios decentes, por lo cual enviar a los niños a la escuela sería condenarlos, a propósito, a un contagio seguro.

Las opciones, sin embargo, tampoco son la panacea para ese enorme contingente de niñas, niños y adolescentes en proceso de recibir instrucción. Los gobiernos empiezan a proponer medidas como la educación a distancia, sin considerar que, para una fuerte mayoría de hogares, la tecnología es inalcanzable por vivir en situación de pobreza y no haber tenido nunca acceso a ella. Pero esta realidad no solo afecta a la niñez, tampoco es una solución válida para miles de madres, padres y maestros incapaces de ingresar a un campo de códigos virtuales totalmente nuevo y desconocido. Por lo tanto, las soluciones planteadas desde las cúpulas resultan únicamente factibles para un porcentaje minoritario de la gran población estudiantil.

Sumado a ello está el confinamiento de este segmento, para el cual el ejercicio, el entretenimiento y el contacto con sus pares ha sido limitado al extremo de provocar depresión, alteración de la conducta y, en algunos casos, hasta intentos de suicidio por vivir encerrados en ambiente de violencia doméstica. Los niños, niñas y adolescentes necesitan el juego y el contacto social como una de las actividades más importantes para su desarrollo. Privarlos de ese factor fundamental durante un tiempo prolongado tendrá efectos de corto, mediano y largo plazos, con el agravante de provocar, como efecto colateral, una inevitable tensión en el seno del hogar.

Es imperativo poner la educación y los derechos inalienables de la niñez y la juventud en el centro del debate político y no subestimar el impacto que esto tendrá en la vida y el desarrollo de las naciones. Dado que es un sector históricamente marginado, cuyas demandas suelen ser acalladas por la fuerza y la represión, otorgarles un espacio de participación en la toma de decisiones podría representar un cambio positivo y necesario para encontrar alguna salida a la crisis actual. En países tan proclives a privilegiar los intereses del sector empresarial por encima de los intereses de la ciudadanía, los gobiernos se han sometido a la regla de “a menos educación, menos participación política” y, por lo tanto, menos peligro de perder cuotas de poder. Ya es hora de cambiar la polaridad política en la dirección correcta.

El confinamiento de la niñez y la juventud genera un grave problema social.

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Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan

En Guatemala se aplica la estrategia del terror en el cuerpo de niñas, niños y adolescentes.

Guatemala transita por uno de los episodios más negros de su historia reciente. Desamparada e impotente ante el poder de las mafias, la población se paraliza ante la realidad de un Estado secuestrado por organizaciones criminales que operan en connivencia con las más altas autoridades y la condenan al miedo y a la sumisión. Los esfuerzos de estos grupos por apoderarse del último bastión de la justicia –la Corte de Constitucionalidad- lleva un siniestro mensaje: la democracia, que tanta sangre y dolor ha costado desde los tiempos de las dictaduras, está a punto de ser aplastada por un pacto entre políticos, élites empresariales y militares ignorantes, codiciosos, obtusos y sedientos de poder.

El escenario actual parece haber sido planificado en detalle para borrar hasta el último intento de oposición ciudadana y comienza a delinearse como un intento de acabar con cualquier resquicio de respeto por la Constitución y sus mandatos. La ciudadanía –ese conglomerado en donde supuestamente reside el poder- se encuentra sitiada y niñas, niños, adolescentes y mujeres parecen haber sido cuidadosamente escogidos como víctimas propiciatorias de esta escandalosa maniobra, diseñada para acallar toda rebelión, silenciar a las masas y obligarlas a aceptar lo inaceptable. 

Los secuestros, desapariciones, violaciones y asesinatos de niñas, niños y adolescentes han alcanzado niveles de terror. Los mensajes de alerta se han convertido en un cuadro cotidiano y, por lo mismo, han dejado de provocar reacciones, creándose un ambiente de acostumbramiento a los peores actos de violencia contra el sector más inofensivo y vulnerable de la sociedad. Guatemala se presenta ante la comunidad internacional como un país de impunidad, como una nación en donde el crimen organizado impera y decide los destinos de la patria. Como un territorio carente de justicia, en donde la ley opera dependiendo del tamaño del soborno.

Esta vergüenza de nivel planetario no afecta el negocio de las mafias, pero constituye un lastre inmenso y una constante amenaza para el futuro del país, cuya población observa impotente cómo se van por el barranco sus escasas oportunidades de alcanzar un desarrollo que, hasta ahora, ha sido sistemáticamente saboteado por sus élites empresariales y los cuadros políticos más retrógrados y corruptos. Cualquier intento por revertir este estado de cosas -perfectamente consolidado para mantener los privilegios de estos sectores- requiere la intervención directa de la ciudadanía. Pero la gente tiene miedo y ese miedo representa el pase libre para los criminales en el poder.

A las niñas, niños y adolescentes les está secuestrando, violando y asesinando el sistema. Para estas vidas inocentes no existe justicia; su destino, depende de instituciones capturadas por individuos nefastos coludidos con los victimarios, cuya indiferencia e inoperancia parecen ser parte del pacto criminal. Las niñas y niños no se violan, no se tocan, no se asesinan. Quienes cometen estas atrocidades al amparo de una justicia apática y corrupta merecen castigos ejemplares y definitivos. Asimismo, quienes pretenden –con actitud paternalista y condescendiente- someter a niñas, niños, adolescentes y mujeres al encierro para no ser víctimas de estas acciones viles, se convierten en cómplices de los criminales. Pretender adjudicarles la culpa por los ataques siniestros que sufren en todos los espacios es una absoluta aberración. Las calles, escuelas, templos y hogares deben ser santuario de protección para lo más valioso de la sociedad y no rincones propicios para el abuso. 

El encierro de niñas, niños y adolescentes no es la respuesta.

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¿Atrapados sin salida?

La estrategia neoliberal se basa en la cooptación de los poderes de los Estados. 

Los centros de poder económico, a lo largo y ancho del continente, nos están demostrando claramente cómo se manejan los intereses en función de la consolidación de un Estado cautivo. A lo largo de la historia se ha comprobado cómo, desde el centro mismo del Estado, se tejen las redes diseñadas específicamente para anular la voluntad de los pueblos por medio de artimañas institucionalizadas, hechas ley y transformadas en el cepo de las débiles democracias latinoamericanas. Los eventos electorales se han constituido en un remedo de ejercicio ciudadano, en los cuales la decisión de la población se limita a votar por el menos peor y en donde, en muy raras ocasiones, existe un proceso transparente sin el escandaloso derroche de recursos de los más poderosos.

El gran capital no cede y, probablemente, se defenderá con uñas y dientes de cualquier giro intempestivo en contra de su hegemonía. Amparado durante décadas por un sector político desprestigiado, corrupto y engañoso, con el respaldo de ejércitos dispuestos a intervenir ante el menor peligro de una rebelión popular y el apoyo indiscutible de los sectores más conservadores de la comunidad internacional -con Estados Unidos a la cabeza- las opciones para generar cambios profundos del estatus resultan prácticamente nulas. Sumado a ello, la manera fraudulenta de administrar los fondos del Estado para consolidar privilegios y mantener a la ciudadanía contra las cuerdas, ha sido la herramienta clave para los gobiernos del continente.

Pocas y raras son las excepciones y, cuando se producen, esos intentos de refundación se enfrentan con impotencia a la amenaza de invasiones, golpes de Estado y uso de la represión. Todo ello, con la entusiasta anuencia de organismos diseñados ad hoc, como la OEA. Los pueblos de América Latina han pasado desde tiempos de la Colonia por las más duras experiencias: desde dictaduras de terror como las de Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y otras que registran los archivos históricos, hasta atrocidades incalificables como el genocidio perpetrado en Guatemala contra las comunidades mayas. Sin embargo, nada de eso ha conseguido destruir por completo las esperanzas de recuperación de derechos y libertades, por lo tanto los pueblos ponen sus expectativas en la recuperación de cualquier pequeño resquicio de verdadera independencia. 

Una de las estratagemas más perversas de estas cúpulas poderosas ha sido la compra de voluntades en los tres poderes del Estado. Mantener la obediencia del Ejecutivo –por quien apostaron un enorme capital en propaganda electoral- es el primer paso para garantizar la inmunidad frente a la ley. El segundo paso es repartir billetes a mansalva entre los legisladores, para poner el punto decisivo con la obediencia de jueces y magistrados. El golpe es certero y nada puede revertir el esquema, a menos que una población empobrecida y maltratada decida salir de la apatía y reaccione, arriesgando la vida en el intento. 

América Latina vive en un constante ciclo de avances y retrocesos. Su dependencia de políticas externas y la profunda degradación de las bases institucionales de sus Estados, constituyen una amenaza tan cierta como constante. El debilitamiento de políticas públicas como las de educación, salud, empleo y protección de la niñez, reflejan con prístina claridad cómo los grupos de poder económico, en lugar de ser una fuerza productiva y una herramienta de desarrollo, constituyen una amenaza constante contra la integridad y los derechos fundamentales de los pueblos.

El poder económico compra su pase de inmunidad en cada elección.

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Las Cortes son Cosa suya

Pese al desconocimiento general sobre los entresijos de la justicia, esta compete a todos.

Es probable que al pasar frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia, menos del uno por ciento de los transeúntes conozca a cabalidad lo que se cocina ahí adentro. La población, al no haber recibido una instrucción profunda en educación cívica –la mayoría ni siquiera conoce el texto de la Constitución- carece de los elementos necesarios para analizar y reflexionar sobre la trascendencia de una elección de magistrados. Tampoco conoce el impacto que esas elecciones tienen para su vida, su futuro y la integridad del sistema democrático. Es decir, lo ignora todo.

Ignora, por ejemplo, que un evento aparentemente tan lejano y abstracto como una elección de integrantes a las Cortes sea capaz de afectar de manera decisiva su futuro personal, el de su familia y el de su país. Que depender de la decisión de instituciones dominadas por organizaciones vinculadas al crimen organizado –tales como los organismos ejecutivo y legislativo- es una de las más graves amenazas a los derechos humanos consagrados por la Constitución y las leyes internacionales. Se preguntará por qué… Muy sencillo: de las Cortes depende la idoneidad de los jueces que en algún momento de su vida, tomarán decisiones tan cercanas a usted, en resoluciones sobre violencia doméstica, violaciones sexuales, migración, protección de la niñez, pensiones alimenticias, divorcios o división de bienes mancomunados y mil y un asuntos de diferente magnitud. Es decir, prácticamente entran a su hogar y le afectan de manera directa.

Pero eso no es todo. De jueces y magistrados dependerá, en última instancia, la protección de la riqueza nacional y la posibilidad de conservar el régimen democrático. Unas Cortes sólidamente fincadas en la ética, la transparencia y la honestidad son el parapeto contra el cual se estrella la corrupción de los políticos de turno y la codicia del sector empresarial organizado. Para ello, los procesos de selección de candidatos deben ser públicos, abiertos, transparentes y al alcance de la lupa de una ciudadanía consciente y enterada de sus detalles. 

En el proceso desarrollado actualmente para la elección de magistrados en Guatemala, por ejemplo, es fácil ver cómo el cáncer ha invadido todos los espacios y pudre desde adentro a las más importantes instituciones del Estado. Individuos vinculados al narcotráfico y, por ende, poseedores de un caudal incalculable de recursos económicos, compran el voto de legisladores, abogados y miembros de la academia en una especie de circo público, sin provocar la indispensable reacción de la ciudadanía para frenar semejante disparate.

Como en un espectáculo surrealista, desfilan por la pasarela ante las Cortes los delincuentes más connotados: aquellos cuyas acciones han destruido con precisión quirúrgica los restos del estado de Derecho y se han apoderado de una institucionalidad ya debilitada por décadas de abusos de poder. El sistema de administración de justicia es un recurso de inmenso valor para proteger los derechos de la ciudadanía. Entregarlo a las organizaciones criminales es un suicidio nacional y hay que detenerlo. La fila de personajes oscuros frente a las puertas de la Corte esperando conseguir el pase para obtener impunidad y poder sobre los destinos del país, no deja resquicio a la duda. Están ahí para transformar la ley en una herramienta de enriquecimiento ilícito, en una llave maestra para proteger a sus cómplices y a las más peligrosas organizaciones criminales del continente y para dejar claro que en Guatemala los poderes del Estado les pertenecen. Ahora ya sabe. De usted depende.

El sistema de administración de justicia es garante de la democracia.

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Guatemala, ¿qué rayos te pasa que abandonas a tus hijos?

¿En dónde están las niñas, niños y adolescentes separados de su hogar? El Estado de Guatemala se encuentra en manos de un gobierno negligente y criminal, incapaz de velar por sus habitantes. En sus ciudades, pueblos y caseríos, las organizaciones criminales han encontrado el territorio abierto para llevar a cabo el negocio más cruel y perverso de todos: la trata de personas secuestrando a niñas, niños y adolescentes, a mujeres y hombres para comercio sexual, trabajos forzados o tráfico de órganos. Amparadas por un gobierno corrupto y la ausencia total de acciones contra el crimen, estas organizaciones han establecido alianzas con fuerzas de seguridad, políticos y militares para enriquecerse a costa de la tortura y la muerte de seres humanos desprotegidos y vulnerables.

Aun cuando no todas las desapariciones se relacionen con el negocio de la trata, es evidente que en el país la seguridad de la niñez está en una crisis de extrema gravedad. Es el momento de la intervención de la ciudadanía para exigir respuestas, investigaciones, protocolos de protección para la niñez abandonada o en ambiente de violencia doméstica. Ya es hora de actuar. Ninguna niña, niño o adolescente escapa de un hogar feliz.

Esto es solo una muestra de la amenaza cotidiana que acecha a la niñez guatemalteca. Estas son las Alertas Alba-Kenneth del 1 al 25 de enero de 2021. Noventa y cinco alertas de desaparición en 25 días.

Alejandro Sales Ordoñez (7 años) – Gliriam Rubidia Ruiz Sandoval (15 años) – Cristian Isai Perdomo Jimenez (9 años) – Alma Brigitte Hernandez Mendoza (13 años) – Alisson Adriana de Leon Hernandez (3 años) – Merly Nayely Mendez Cruz (13 años) – Amanda Xiomara Brizuela Fuentes (15 años) – Yesbely Ana Mabeli Castillo Garcia (12 años) – Erick Alejandro Zepeda (9 años) – Jhennifer Jhudith Morales Zavala (16 años) – Jose Abraham Palma Marin (11 años) – Karla Suleyda Chavac Nij (14 años) – Emili Alexandra Gutierrez Turnil (3 años) – Daniela Escarleth Ramirez Gutierrez (4 años) – Jefferson Agustin Arias Castillo (7 años) – Hector Ramiro Emanuel Arias Castillo (4 años) – Angel Guillermo Andres Yoc (1 año) – Melamy Crismely Equite Lopez (16 años) – Maria Rosalinda Velasquez Marroquin (15 años) – Ingrid Yanira Ramirez Diaz (13 años) – Iker Alejandro Lopez Macario (6 meses) – Enma Yojana Contreras Ramirez (15 años) – Jackeline Mishell Aroche Hernandez (15 años) – Cristel Dadiana Britney Morales Guzman (15 años) – Carlos Manuela Garcia Morales (12 años) – Emma Esmeralda Mendoza Serrano (1 año) – Dania Abigail Ruano Hernandez (15 años) – Katerine Mishell Rodriguez (17 años) – Britany Alexandra Mejia Morales (12 años) – Emanuel De Jesus Cojti Lares (15 años) – Erick Alexander Ortiz Gomez (12 años) – Brandon Jose Rodas Recinos (13 años) – Ilsy Yulissa Lopez Bolan (14 años) – Yohana Amavilis Santos Lopez (15 años) – Maryori Martinez Galicia (12 años) – Aylin Clarita Analy Can Herrera (10 años) – Alheida Eunice Nahomy Can Herrera (6 años) – Miriam Izabel Tucubal Raymundo (12 años) – Sheily Mishell Chan Caal (15 años) – Iann Stephany del Cid Aviche (6 años) – Willy Fredy Orozco Velasquez (13 años) – Mateo Diego Pascual (17 años) – Alba Rossemery Giron Hicho (17 años) – Yaneli Edelmira Santos Revolorio (4 años) – Jorge Estuardo Rosales Garcia (15 años) – Wueslin Alexis Martinez (8 años) – Patricia Guadalupe Rivera Ramirez (10 años) – Rodrigo Alejandro Muñoz (9años) – Perla Elizabeth Arana Morales (13 años) – Carlos Alexander Betancourt Ortiz (9 años) – Cristian Neftali Herrera Jimenez (1 año) – Joel Alberto Diaz Perez (16 años) – Elda Yanira Cortez y Cortez (16 años) – Edwin Samuel Gutierrez Serrano (17 años) – Jasmine Sarai Sosa Galiz (15 años) – Hillary Sarai Arredondo de Leon (3 años) – Cecilia Nohemy Velasco Diaz (1 año) – Linda Michel Chuyuch Garcia (15 años) – Jose Humberto Rodriguez Abrego (9 años) – Jesus David Fuentes Perez (17 años) – Geovanna Lisseth Albi Grajeda (14 años) – Dinora Alexandra Solares Lopez (14 años) – Prescila Schmitt Delengue (17 años) – Arnold Antonio Garcia Ruiz (17 años) – Tania Yanet Solis Vietman (15 años) – Telma Marina Juarez Vasquez (15 años) – Alma Heithzell Briggite Salazar Barrios (13 años) – Angel Misael Flores Sosa (15 años) – Kristel Vanesa Jocol Cruz (15 años)- Estefany Azucena Chaj Perez (16 años) – Sayra Celeste Arroyo Lopez (15 años) – Naomi Odet Melendrez Aceytuno (12 años) – Daniela Fernanda Huete Ordoñez (15 años) – Deysi Magaly Lopez Vasquez (15 años) – Thania Pamela Chavez (17 años) – Lesly Briseida Escobar Juarez (14 años) – Yurleni Yumari Sanchez Jaime (13 años) – Delmy Karina Victoria Sajvin Miculax (15 años) – Jatciri Mariciel De Leon Solis (16 años) – Amada Maria Jose Del Cid Perez (16 años) – Jose Carlos Morales Oliva (15 años) – Edgar Josue Sanchez Acevedo (16 años) – Gilda Beatriz Garcia Perez (17 años) – Taylor Leonel Tayuy Garcia (6 meses) – Jerardyn Yasmin Zapeta Ruiz (13 años) – Leydy Orselia Sique García (17 años) – Fernney Ardani Roldan Gonzales (2 años) – Miguel Augusto Canel Quej (3 años) – Ana Beatriz Canel Quej (3 meses) – Nathan Alexander Sutuj Pacheco (4 años) – Brandon Valdemar Ochoa Garcia (12 años) – Leyser Josue David Marroquin Gonzalez (13 años) – Zulmy Julissa Santos Sirin (16 años).

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Los muros invisibles

El quinto patio

Los primeros años de vida son un período crucial para el desarrollo del cerebro.

Sentir el cuerpo y experimentar el espacio exterior son algunos de los fenómenos de la primera infancia, período cuya trascendencia suele ser subestimada por los adultos. Los primeros cinco años de vida, un poco más si se cuenta la etapa intrauterina, los seres humanos desarrollan una inmensa cantidad de conexiones con el mundo que les rodea. Para ello, es vital poseer los elementos nutricionales adecuados para alimentar a un cuerpo en crecimiento y a un cerebro con el poder suficiente para procesar tal cúmulo de información. Pero la alimentación no es el único factor para el desarrollo saludable durante esos primeros años. También están las relaciones con su entorno: las caricias, el juego, la energía positiva y el orden en la enseñanza de nuevas rutinas, de nuevos encuentros.

En algunos de nuestros países, más de la mitad de niñas y niños carecen de todos estos elementos. Nacen de una madre pobremente alimentada, muchas veces una adolescente cuyas oportunidades de vida se perdieron en la ruta de un embarazo mal atendido, una mujer-niña cuya ignorancia sobre el cúmulo de conocimientos necesarios para enfrentar la tarea de criar a un nuevo ser resulta decisiva en ese proceso. A esto se suma un entorno hostil, en donde predomina la violencia doméstica en su amplia gama de expresiones y grados. Agresión física y sexual, violencia económica y psicológica, pérdida del control de su propia vida y un estado patológico de dependencia.

En ese enorme segmento de la población de países mal gobernados se encuentra la niñez abandonada,  “el futuro de la Nación” para cada campaña electoral, pero en realidad el germen del peor desastre demográfico para cualquier país que pretenda surgir del subdesarrollo. La estrategia de las clases económicamente dominantes ha sido impedir el desarrollo físico, intelectual y educativo de las grandes masas. Generación tras generación han consolidado sus acuerdos para inyectar los fondos del Estado en las instituciones de fuerza y poder: Ejército, policía y centros de inteligencia. Todas ellas como resguardo de un poder sustentado en la explotación de una población demasiado débil para oponerse. 

En esa línea, el dominio de la mitad de la ciudadanía –el sector femenino- es crucial. Marginadas de las decisiones, no les queda más que aceptar políticas reñidas con sus intereses y sus perspectivas de desarrollo. De ese modo, ven esfumarse sus oportunidades y un futuro de independencia. A ellas les han impedido el acceso a la educación formal, pero también a toda información relacionada con su vida sexual y reproductiva, por orden de autoridades entre las cuales muy pocas veces –o nunca- figuran sus congéneres. Esta marginación, producto de un sistema misógino y discriminatorio, termina por naturalizar la degradación de las mujeres a un puesto de ciudadanas de segunda categoría, con toda la carga emocional y social que ello implica.

El desastre viene dado. Esos muros invisibles, esas vallas mentales de sociedades marcadas por doctrinas religiosas cargadas de desprecio y prejuicios medievales sobre el papel de la mujer, resultan en el deterioro permanente de un sector potencialmente productivo y capaz de mover por sí mismo los motores del desarrollo. Si las políticas públicas fueran dictadas con inteligencia y centradas en el bienestar del pueblo, los mayores recursos del Estado deberían ir directo a financiar la educación, la salud pública y a garantizar la nutrición para toda la población, como la estrategia más importante para la supervivencia de la democracia. 

El peor desastre demográfico: una niñez desnutrida.

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Yesmin y los migrantes

El factor común del drama humano centroamericano es la corrupción y la miseria. 

La muerte de Yesmin, una niña guatemalteca de 2 años afectada desde su gestación por la desnutrición presente en más de la mitad de la población de ese país, es solo un caso más entre millones de niñas y niños cuyo destino se rifa a diario en negocios turbios y crímenes de Estado perpetrados por políticos, empresarios y organizaciones criminales, cuyo poder se consolida gracias a un sistema de administración de justicia corrupto y complaciente.

Yesmin pudo ser una de las niñas de la caravana de migrantes que huye de Honduras por las mismas razones que a ella la condenaron a muerte: una pobreza endémica, falta de oportunidades de trabajo, impunidad, abuso de poder y el abandono del Estado en toda la red de servicios públicos. Yesmin fue una víctima, entre millones, cuyo paso por la vida estaba marcado por las carencias comunes al subdesarrollo: ausencia de infraestructura sanitaria, saqueo del patrimonio nacional y toda clase de delitos relacionados con el manejo de la cosa pública. Es decir, el estilo de gobierno de países como Guatemala y Honduras, cuyas banderas figuran en las gráficas de los indicadores de desarrollo humano como las peor situadas.

Guatemala y Honduras son países hermanos. Pero esa hermandad de los pueblos se manifiesta, en los gobiernos, por medio de la complicidad criminal para acabar con la democracia, fortalecer el poder de las organizaciones criminales que alimentan las caletas de militares, políticos y empresarios, permitir el despojo abierto y sin disimulo de la riqueza natural -operado por los grandes consorcios nacionales e internacionales- e ignorar de manera sistemática los reclamos de la población, aplicando en su contra todo el aparato represivo, paradójicamente financiado por quienes reciben los golpes. 

Las escenas de la caravana de migrantes hondureños que atraviesa Guatemala en su ruta hacia Estados Unidos, dejan claro cómo los gobiernos de estos dos países se confabulan para hacerle el favor al imperio. Sometidos a las órdenes del Departamento de Estado y su exigencia de detener a los migrantes, arremeten con todo su arsenal –policíaco y militar- en contra de familias enteras que solo buscan una oportunidad de vida más allá de sus fronteras. Las escenas son estremecedoras y ponen de manifiesto que las leyes internacionales, para estos gobiernos, valen tanto como las locales violadas a diario. 

En la página de la OEA se puede leer lo siguiente: “Todos los migrantes, en virtud de su dignidad humana, están protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, sin discriminación, en condiciones de igualdad con los ciudadanos, independientemente de su situación administrativa o de su condición. Sin embargo, a pesar del marco jurídico existente, los migrantes en todo el mundo siguen sufriendo abusos, explotación y violencia.” Entonces, es pertinente preguntarle a los directivos de esa organización, cuya reputación sigue manchada por acciones a favor de los golpes de Estado, cómo es posible su indiferencia ante la violencia ejercida por las fuerzas armadas guatemaltecas en contra de una caravana pacífica a la cual, en lugar de darle palos, hay que darle apoyo.

Asimismo, el trato prodigado por los medios de comunicación a este sensible tema debe estar en concordancia con ese postulado, y abstenerse de alimentar juicios basados en la discriminación y la xenofobia tan propios de una opinión pública insensible a la tragedia de los más pobres, como suele suceder. Los “migrantes” somos todos, más temprano o más tarde. El derecho de emigrar es un derecho humano consagrado por las leyes internacionales y es de humanos respetarlo.

Los migrantes somos todos, más temprano o más tarde.

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En carne propia

El patético espectáculo del Capitolio deja una lección: no hay democracia inmune.

Lo experimentado por los miembros del Senado en Estados Unidos ha sido una muestra breve e ilustrativa de lo provocado por esa poderosa nación en otras alrededor del mundo. Convencidos de poseer una democracia a prueba de balas –literalmente- y de constituir un ejemplo de institucionalidad incorruptible ante el resto de la comunidad internacional, a los gobernantes de ese país –sin excepción- no les ha temblado el puño para desestabilizar democracias en otras latitudes bajo el pretexto de eliminar los riesgos de una posible independización de otros Estados, en términos económicos y políticos.

Dura lección para quienes han invadido otros territorios con una bandera que hoy lleva la mancha del extremismo doméstico. Lo que en estos días aprendieron los parlamentarios es el valor de la estabilidad, del diálogo y de la correcta aplicación de las leyes, tanto para su país como para el resto del planeta. Solo falta que lo apliquen. Las expresiones de incredulidad ante la violenta batida de las huestes de Trump dentro del “sagrado” recinto del Capitolio, han de tener más de una lectura. Para empezar, las instancias políticas de ese país han sido confrontadas con la fragilidad de un sistema considerado indestructible y, luego, con el hecho de constatar la fuerza de un sector de la sociedad que no cree en la democracia.

Los partidarios del presidente Trump, un maníaco hinchado de poder, no son solo esos cientos de manifestantes que invadieron el Capitolio para amenazar a los senadores y destruir todo a su paso. No. También están los millones de votantes que favorecieron a uno de los presidentes más cuestionados, no solo por su tendencia fascista sino por su personalidad megalomaníaca y abiertamente racista. Es decir, casi la mitad de los votantes apoya las políticas de un individuo cuya inestabilidad psicológica ha llevado a una división profunda a nivel nacional.

El lamentable espectáculo transmitido en directo desde Washington debería servir como piedra angular de un cambio sustancial en la política exterior estadounidense. Aquello considerado una muestra inaudita de atentado contra la integridad institucional, equivale a las innumerables tácticas de rompimiento del orden constitucional perpetradas por el Departamento de Estado y sus agencias de inteligencia en países del tercer y cuarto mundos, las cuales han jalonado la historia de sus relaciones internacionales destruyendo gravemente las oportunidades de desarrollo de esas naciones. 

Lo sucedido en Washington con el vandalismo de los grupos afines a Trump choca de frente contra esa especie de ingenuidad colectiva que considera los valores democráticos como verdades estampadas en piedra. La verdad es que no hay democracia capaz de resistir el embate de la violencia extremista y menos cuando esta es propiciada desde el centro del poder. La democracia es un proceso, un camino que se abre y se consolida con acciones positivas, no un ideario abstracto. La democracia se funda en el respeto por el derecho de los demás y en la estricta aplicación de las leyes, sin excepciones.  

Quizás a partir de ahora se produzca en la clase gobernante estadounidense un necesario y profundo cambio de perspectiva sobre sus políticas y acciones en otros países. Las naciones en desarrollo necesitan espacio para respirar y crecer, política y económicamente; de eso depende la consolidación de democracias débiles y vulnerables, las cuales hasta ahora viven en la dependencia y la sumisión, sumidas en la pobreza, la corrupción y el caos institucional.

Lo sucedido en Washington deja una valiosa lección de humildad.

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El síndrome de la resignación

Una cadena de decepciones desemboca, sin remedio, en la aceptación del fracaso.

El año viene cargado de incógnitas. Aun cuando el cambio de dígito no refleja más que una necesidad de orden en el tiempo y una referencia para medir algo tan etéreo como nuestro viaje por la vida, solemos usarlo como parámetro de reinicio. Cada doce meses nos enfocamos en un listado hipotético de prioridades, realización de lo postergado y un verdadero torrente de buenos deseos. Sin embargo, lo más importante: aquello que marca nuestro paso por el planeta en forma de aportes sustanciales a la calidad de vida –propia y de los demás- queda siempre relegado, porque somos incapaces de enfrentar la necesidad del cambio fundamental: el nuestro. 

¿En dónde hemos contribuido –en estos países abandonados por la justicia y la equidad- a crear sociedades más solidarias y humanas? Aceptamos como inevitable todos los vicios y delitos de un sistema cuya principal característica es la explotación de unos para beneficio de otros. Toleramos -sin que siquiera se nos arrugue el ceño- la limpieza social a base del sacrificio de millones de seres humanos sumidos en la miseria y el abandono. Toleramos el asesinato selectivo de líderes indígenas, activistas sociales y ambientales, comunidades que luchan por su derecho a la vida; la constante agresión contra niños, niñas y mujeres sometidas al maltrato y la violencia, víctimas de trata, de abuso sexual y femicidio.

Nos hemos resignado a elevar, como si fueran auténticos líderes, a individuos corruptos cuyo único mérito es haberse vendido a empresarios corruptos para transformar a nuestras instituciones en centros para el enriquecimiento ilícito y la destrucción de los valores que alguna vez existieron. Mientras tanto, la riqueza inacabable de nuestras naciones, en lugar de convertirse en escuelas, universidades, sistemas de salud pública de primer mundo, garantías de seguridad ciudadana, infraestructura para el desarrollo, ha ido a parar a cuentas bancarias y caletas escondidas, a lujos ofensivos en medio de tanta pobreza.

Toleramos, como si fuera lo más natural del mundo (o lo más inevitable) el circo de las campañas políticas financiadas por la droga y los dineros robados por la casta empresarial a los fondos públicos. Sobornos a políticos, jueces y magistrados son moneda corriente y ¡claro!… observamos con falsa indignación los entresijos del quehacer parlamentario, en donde nuestros derechos tienen precio, pero no valor. Somos estrictos e intolerantes con quienes se atreven a desafiar el marco de principos pre definidos por las organizaciones religiosas, pero incapaces de cuestionarlos y confrontarlos con los derechos humanos fundamentales, violados de forma consuetudinaria por esas mismas doctrinas. 

La resignación no es válida cuando somos capaces de ver, sin estremecernos, el desfile de niños, niñas y mujeres retratados en las alertas de personas desaparecidas. Cuando podemos seguir habitando nuestra burbuja de comodidad aunque muchas de ellas sean halladas asesinadas, con señales de violación y tortura. Cuando muchas terminan como material comercial en prostíbulos y víctimas de trabajos forzados. ¿Qué esperamos del año, después de todo? ¿O será que acaso el año espera de nosotros una pizca más de conciencia? ¿Un poquito de saludable rebeldía y la decisión –finalmente- de contribuir a un cambio radical del estatus? No deseo para nadie un feliz año nuevo, sino uno de esfuerzo. Deseo, en cambio, el inicio de una revolución personal capaz de desembocar en la construcción de una sociedad más humana, equitativa y capaz de reinventarse sobre la base de la justicia.

Vemos con indiferencia la miseria de otros, como algo natural.

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Las olvidadas

Intentamos ignorar una realidad que, a cada vuelta del reloj, estalla en la cara…

Vale preguntarse cuál es el afán de mantener la lucha, si no parece dar frutos concretos. Lo que para unos es un esfuerzo psicológico e intelectual poner en argumentos razonados la pertinencia de combatir la violencia contra la mujer y la niñez, para otros es arremeter contra un muro de estereotipos, prejuicios y costumbres arraigadas desde los estamentos más antiguos: religión y política. La frustración es constante. Cada día, millones de niñas y mujeres alrededor del mundo experimentan la realidad de ser ciudadanas de segunda, sin acceso a la libertad ni a la justicia.

Es pertinente preguntarse, por lo tanto, de qué han servido tratados y convenciones destinados a proteger los derechos de este sector, si todavía los países firmantes de esos textos de buenas intenciones –verdaderos poemas cargados de fantasía- son exportadores de esclavas para explotación en redes de trata, y sus sistemas de seguridad y justicia son incapaces de actuar en defensa de niñas y mujeres agredidas, asesinadas o desaparecidas. Las espeluznantes cifras, especialmente en países en desarrollo como los nuestros, hablan por sí solas y revelan la inexplicable nube de indiferencia sobre los crímenes de femicidio.

Las olvidadas por la justicia pertenecen a todas las capas de la sociedad. En temas de violencia doméstica, femicidio o agresiones sexuales, no hay diferencia entre ricas y pobres, habitantes de las ciudades o del campo, ciudadanas de países desarrollados o de los rincones más olvidados del planeta. El fenómeno, acallado por los medios durante siglos -aun cuando despunta desde hace algunos años- es aún un tema tabú motivo de controversia y descalificación por los sectores más conservadores. Hoy, revisando archivos encontré una columna escrita en 2011, en la cual consigné un texto literal del recurso legal contra la Ley de Femicidio y Otras Formas de Violencia en Guatemala presentado por el abogado y notario Romeo Silverio González Barrios. La cito por ser una pieza de antología merecedora del oprobio público. El profesional del derecho afirmaba en ella: ““D) La ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, es discriminatoria aunque se haya promulgado con la intención de proteger a la mujer o de elevarla a la condición del hombre(sic)”. Asimismo, en los preámbulos, haciendo gala de su desprecio por el laicismo del Estado y, por ende, de la libertad de culto consagrada en la Constitución de la República, describe a la familia como creación de Dios y la violencia como consecuencia de los actos relatados en el Génesis, en los cuales coloca a la mujer como ser subordinado a la voluntad y autoridad del marido (…”y él se enseñoreará de ti”). 

Ese vínculo tan estrecho entre fe y sometimiento de las mujeres -para convertirlas en objeto de uso y abuso- ha permeado incluso a sectores poco afines a los dictados de las doctrinas religiosas. Es decir, se consolidó como una forma de convivencia aceptada por conveniencia del sistema patriarcal, cuyo interés social, político y económico se basa en el dominio y control de una porción mayoritaria de la población. La liberación de este importante sector, por lo tanto, sigue siendo una amenaza al sistema y, consecuentemente, todos sus esfuerzos por alcanzar la igualdad en esos tres ámbitos constituyen una afrenta para el estatus. Es importante estar consciente de que los tiempos que corren –con la pandemia y otras crisis mundiales- contribuyen de manera importante a frenar el avance en derechos y oportunidades para niñas y mujeres, retroceso que lleva implícito un alto costo para el desarrollo de las sociedades y una inaceptable forma de violencia para todas.

El desarrollo depende de justicia para todos, privilegios para ninguno.

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