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Ases bajo la manga

Jugar con ventaja es de tramposos; propio de a quienes no favorece seguir las reglas.

El panorama mundial es desalentador. Los movimientos populares surgidos en distintos puntos del globo como protesta por los abusos del sistema económico imperante se han estrellado contra un muro de represión, cuya violencia demuestra que los dueños del capital están dispuestos a cualquier extremo con tal de impedir una vuelta a sistemas más democráticos y a un reparto justo de la riqueza. Aun cuando el sistema neoliberal ha sido puesto en cruda evidencia ante los pueblos que sufren sus abusos, estos todavía carecen de los medios y del espacio para recuperar el protagonismo político ante gobiernos totalmente secuestrados por grupos económicos y financieros, locales e internacionales.

El juego, hábilmente estructurado desde los despachos de las poderosas multinacionales y los estamentos políticos del primer mundo, cuenta con la complicidad de otros centros de poder entre los cuales destacan, por su influencia, los grandes consorcios periodísticos. Sin embargo, las consecuencias de esa voracidad comienzan a golpear con fuerza a los mismos que han apostado por el desequilibrio, el incremento de la pobreza y la sobreexplotación de los recursos. Esto, debido a políticas que han desatado una ola indetenible de movimientos migratorios y cuantiosas pérdidas humanas y económicas debido a los efectos devastadores de un cambio climático cuya existencia niegan con gran énfasis.

En América Latina, un continente transformado en laboratorio de un sistema neoliberal extremo, el esquema de poderes ha ido consolidándose alrededor de personajes cuyo papel no va más allá de agachar la cabeza y aceptar las condiciones impuestas desde la Casa Blanca. Para ello, cuentan con el aval para aprovechar el período y enriquecerse con los recursos públicos, amarrar lazos con grupos de élite empresarial y buscar la protección de ejércitos entrenados para mantener el estatus quo, todo ello siempre y cuando repriman toda posibilidad de rebelión popular. Así las cosas, la población de los países administrados bajo un sistema neoliberal -cuyo objetivo reside en explotar al máximo los privilegios otorgados por gobiernos corruptos- se encuentra imposibilitada de ejercer una ciudadanía activa y, mucho menos aún, de participar políticamente en iguales condiciones.

Cuando en alguno de nuestros países se les voltea la tortilla –como está sucediendo en la República Argentina- los poderes ocultos del sistema se ponen en “modo emergencia” y comienzan a echar mano de todos los mecanismos posibles para convencer a la ciudadanía de las bondades de su estilo de administración, utilizando tácticas populistas –tardías y evidentemente falsas- y echando mano al siempre bienvenido apoyo de los consorcios periodísticos y de las organizaciones gremiales que los apoyan. Ante esa arremetida de los poderes, el riesgo de retroceso está siempre presente.

Otro ejemplo es el resultado del proceso electoral en Guatemala, celebrado el mismo día que en el país sudamericano, solo que en este caso las cartas ya habían sido convenientemente marcadas para evitar cualquier desviación de la ruta establecida desde el Departamento de Estado. Por lo tanto, gracias a esos ases bajo la manga del gobierno actual, Guatemala no solo mantiene un estatus de “cero riesgos” para el sistema de explotación de sus recursos y cooptación de sus instituciones, sino además cuenta con la ventaja de un ambiente ciudadano temeroso y psicológicamente preparado para lo que viene: cuatro años más de lo mismo y, posiblemente, en peores condiciones para el ejercicio libre de sus derechos democráticos.

Una ciudadanía observante y pasiva no podrá jamás retomar el poder.

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Guatemala: El sueño estéril de la democracia

Cuando se han perdido esperanzas de cambio, solo queda insistir para lograrlo.

Las elecciones en Guatemala han dado una dura lección a la ciudadanía y sentado las bases del retroceso histórico más duro experimentado por un país de la región. El domingo no se vivió un proceso feliz sino doloroso, y con muchas más dudas que certezas. Tanto así, que en redes sociales y en prensa abundaron mensajes de hondo pesimismo. La democracia brilló por su ausencia desde el momento mismo cuando se impuso a la fuerza la elección entre dos candidatos sospechosos de delitos electorales, de vínculos con el narcotráfico y de ejecuciones extrajudiciales amparadas por un sistema judicial corrupto. Es decir, la peor de las perspectivas.

Ahora, lo que sigue en la agenda es la vigilancia ciudadana para evitar los abusos institucionalizados por un sistema desviado por completo de los objetivos fundamentales de cualquier propuesta política: no solo ajeno al interés de la nación, también divorciado de los derechos fundamentales de la población y comprometido con los cárteles empresariales asentados en su mayor organización gremial, cuyas maniobras han desvirtuado las bases institucionales con el resultado de consolidar el proceso de descomposición de la democracia y el estado de Derecho.

El mayor de los obstáculos será, por supuesto, la falta de información confiable hacia un público carente -en su mayoría- de elementos de juicio. La precariedad de la educación y el incremento de la pobreza han jugado un papel fundamental en el debilitamiento de la participación ciudadana y, con los nuevos elementos al mando, las perspectivas no son alentadoras dados sus fuertes compromisos con quienes han financiado sus aspiraciones de asumir las más altas investiduras. En otras palabras, cambian los bueyes pero la carreta es la misma y seguirá la dirección marcada por quienes poseen el control del Estado desde épocas lejanas.

Deberá despertar la mayor atención a partir de este relevo el destino de las nuevas generaciones: esas caravanas interminables de niñez y juventud que huyen hacia el norte buscando un respiro a una vida marcada por la miseria, la violencia criminal y el abuso. De hacerse realidad la inexplicable decisión de transformar a Guatemala en un campo de concentración para migrantes, la situación de niñas, niños y adolescentes pasará de gris a negro profundo por las inevitables amenazas contra su integridad y la reducción a cero de las míseras oportunidades con las cuales cuentan en la actualidad.

Durante la campaña ha quedado evidente la ausencia de programas de gobierno como la nueva marca de identidad de los partidos políticos. Sus plataformas populistas y cargadas de amenazas –pena de muerte, ejecuciones extrajudiciales, penalización de derechos humanos y retroceso de conquistas ciudadanas- representan el nuevo rostro de la dictadura, disfrazada de nacionalismo. Los arrestos de caciquismo de algunos alcaldes, cuyos alardes de un autoritarismo tan ilegal como descarado han recorrido las redes sociales sin respuesta de las autoridades, hablan de un ambiente descompuesto y abiertamente amenazador para una ciudadanía decepcionada y vulnerable.

En suma, el cambio necesario y urgente quedó pospuesto otros cuatro años, un período durante el cual lo malo de la administración actual –lo cual ya es mucho decir- aún podrá caer en niveles extremos. El enfoque en la fiscalización ciudadana es un tema de máxima prioridad para un país tan castigado por la corrupción y el abuso de los sectores político y económicamente poderosos; por lo tanto, si se pretende recuperar la democracia, la unidad y el consenso son la única opción.

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Extraños en su propia casa

La postura hegemónica de un solo país ha convertido a las Américas en territorio hostil.

La política exterior de Estados Unidos es clara y contundente: a partir de su frontera sur, todo lo que se mueve debe responder a sus normas y disposiciones. Para ello, ha permeado los sistemas políticos de tal modo que no hay una sola elección de gobernantes ajena a su voluntad ni un movimiento independentista que escape a sus amenazas e intervenciones. Y cuando lo hay, viene el golpe de mazo para destruir de raíz cualquier intento de disidencia. Por ello no debe extrañar la decisión unilateral –porque la debilidad de ciertos Estados lo permite- de convertir a Guatemala, un país centroamericano empobrecido al extremo por la corrupción y desprovisto de salud institucional, en un gran ghetto para evitar el ingreso de población migrante en su territorio.

Fácil. Solo bastó un puñetazo sobre la Constitución de un país dependiente y la sumisión de gobernantes poco iluminados para hacer realidad la peor de las pesadillas humanitarias. Sin embargo, estas movidas del Departamento de Estado no son nada nuevo. Desde hace más de 100 años ese país se ha destacado por ejercer una política internacional depredadora sobre naciones menos agresivas, en cada rincón del planeta. Esto le ha permitido no solo acumular riqueza sino también ejercer un dominio ilegítimo sobre los sistemas políticos de otros países propiciando y financiando ejércitos paralelos, dictaduras y golpes de Estado con el único propósito de consolidar su influencia y garantizar los privilegios de sus monopolios industriales y financieros.

Los resultados están a la vista. Sin embargo, a pesar de ello no falta quien, deslumbrado por los oropeles de un capitalismo mal entendido y peor practicado, luchan dentro de sus países por defender la soberanía de uno más poderoso y menos solidario. ¿Cuál ha sido el resultado? Dependencia económica, racismo, exclusión de grandes sectores de la población, pobreza extrema y una carrera estéril hacia un desarrollo que –en esas condiciones- jamás se alcanzará.

América Latina ya está en vías de convertirse en territorio hostil para los latinoamericanos. Naciones que en tiempos pasados fueron refugio de migrantes europeos y asiáticos, hoy ven con desprecio y rechazo a sus propios hermanos quienes, azotados por la violencia y la falta de oportunidades en sus países de origen –tal como los europeos a mediados del siglo pasado- buscan refugio en otras tierras, pero dentro de su mismo continente. De hecho, las actitudes xenófobas y las restricciones migratorias se han multiplicado como espejo de las políticas racistas de la Casa Blanca y hoy, quien es pobre y necesitado, es un extranjero indeseable en su propia casa.

¿En dónde ha quedado la mística de Simón Bolívar, el Libertador, quien soñaba con una América libre y soberana pero, sobre todo, unida? ¿Cómo ha sido posible transformar a países democráticos en despachos de compañías multinacionales y encomenderos de un Estado que propicia su destrucción corrompiendo sus estructuras políticas y administrativas? Las actitudes racistas y excluyentes contra poblaciones autóctonas, uno de nuestros grandes males, se han extendido como mancha de aceite hacia la población más pobre y desprotegida convirtiendo a los países en territorio hostil para quienes nacieron en ellos, privándola de los recursos básicos de supervivencia y quitándole lo más valioso para cualquier ciudadano del mundo: su sentido de pertenencia.

Ningún latinoamericano es extranjero en su propio continente.

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Los avatares de un país (in)seguro

Las decisiones inconsultas de gobernantes ineptos suelen causar daños irreparables.

Uno de los países más violentos y pobremente administrados del continente se ha convertido –con un golpe de puño en el despacho oval- en refugio de migrantes, para tranquilidad del presidente estadounidense. Este, empeñado en quitarse de encima a los miles de seres humanos que cruzan sus fronteras en busca de una mejor calidad de vida, no dudó en hacer pacto a punta de amenazas con el más débil de los gobiernos de la región. Ambos mandatarios, Donald Trump y Jimmy Morales, plenamente conscientes del despropósito de semejante acuerdo, utilizaron -como la mano del gato que saca las castañas del fuego- a sus ministros del interior para así poner obstáculos a la nulidad del documento que declara a Guatemala como Tercer País Seguro, TPS, mediante el cual sellaron el infausto destino de sus ciudadanos, pero también de las familias de migrantes que huyen de sus países.

Que Guatemala es un país seguro, depende de la perspectiva. Seguro para las mafias que lo gobiernan y cuyas maniobras han convertido al país centroamericano en el símbolo de la corrupción y la impunidad. Seguro para las redes de trata, ancladas en instituciones del Estado mediante las cuales se garantizan una operación sin consecuencias. Seguro también para las organizaciones criminales, que mediante el patrocinio de las campañas electorales y su generoso financiamiento para políticos tradicionales se han consolidado como una fuerza indestructible entre los círculos de poder.

Guatemala es el paraíso de seguridad para su cúpula empresarial, la cual no ha vacilado en amarrar vínculos con lo más podrido de la institución castrense, su histórica aliada en la eliminación de líderes comunitarios y ciudadanos con potencial político capaz de poner en peligro sus privilegios. Los grandes empresarios, coludidos con gobernantes corruptos, han retrasado el desarrollo de Guatemala como un mecanismo propicio para mantener a su población intimidada, carente de oportunidades de educación, sujeta a trucos legislativos que la convierten en una masa vulnerable a la explotación laboral y sin posibilidad de escapar de ese círculo perverso.

Pero quienes aprovechan de modo indiscutible la seguridad que les ofrece Guatemala son los cárteles de la droga, cuyo inmenso poder les ha dado paso libre por sus puertos, aeropuertos, pistas de aterrizaje en amplias regiones sin vigilancia y en sus fronteras permeables y sensibles al soborno. Como país-pasadizo para estas organizaciones criminales, es el menos adecuado para constituirse en centro de concentración de migrantes quienes, además de su estatus vulnerable, estarán obligados a buscar sustento por sí mismos, sin la menor ayuda del Estado que los acoge, y mucho menos su protección.

Guatemala tiene los indicadores más bajos en desarrollo social y los más altos en desnutrición crónica y violencia criminal. Su congreso –la máxima entidad de representación ciudadana- está conformado en su mayoría por diputados cuyas decisiones dependen de cuán abultado es el sobre mediante el cual los centros de poder compran su voto. Su ciudadanía, conformada en su gran mayoría por personas decentes y deseosas de un cambio profundo en el quehacer político, se encuentran acorraladas por estructuras legalizadas a capricho de quienes mueven las palancas legislativas y judiciales. Por lo tanto, el compromiso adquirido por el Estado de Guatemala, sin consenso popular y sin consideración alguna por sus previsibles consecuencias, ha sido la puñalada final de quien dejará en unos meses el más vergonzante y lamentable gobierno de la historia de ese sufrido país.

Un país seguro depende de un Estado bien administrado, transparente y ético.

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Los colores del incordio

Las violaciones a la ley se toleran como algo normal. Un arcoíris, no.

La bandera multicolor del desfile del orgullo LGTBI en Guatemala -con el escudo patrio en el centro- ha levantado una tan esperada como sonora ola de protestas de los sectores conservadores. Esa reacción no deja de ser natural, ya que se trata de un símbolo de gran significado para cualquier pueblo del mundo. Sin embargo, entre quienes levantan su indignada voz se encuentran algunos conspicuos miembros de grupos sociales de gran poder económico, quienes en su momento enarbolaron la mismísima bandera con el rostro de su líder político-empresarial. La doble moral por donde se vea.

Algo importante de subrayar es el papel de los símbolos en la identidad de una nación. Porque no se trata de banderas, escudos, aves, árboles, flores o sables cruzados. Se trata del mensaje de unidad de un pueblo; su identidad cultural y su respeto por todo lo que significa pertenecer a una comunidad humana dentro de un territorio limitado por fronteras y capaz de erigirse como país independiente y soberano. Quienes pisotean la bandera son, en realidad, quienes atentan contra esos valores –más sagrados aún que el símbolo que los representa- y traicionan a su pueblo.

Por eso resulta indispensable repensar en el significado de la patria y sus símbolos. Porque patria, esa palabra tan rimbombante como irrespetada, no reside en símbolos ni ceremonias cuyo origen se ha perdido en la memoria, transformados con el tiempo en rituales vacíos de contenido. Patria es la comprensión profunda de la responsabilidad de cada quien en la construcción de una sociedad incluyente, unida por los mismos ideales, solidaria y vigilante del cumplimiento estricto y justo de sus leyes y postulados.

La patria reside en el hogar y el aula escolar, desde donde se transmite el conocimiento y los valores cívicos de cada generación de ciudadanos. Es en esos ámbitos primordiales en donde se cultiva la identidad de una nación, nutriendo el cuerpo y la mente de la niñez y la juventud con una visión impregnada de esa mística propia del apego a la tierra en donde se nació, pero partiendo de un sentido de pertenencia responsable y activo. No puede, por tanto, hablar de patria con autoridad quien ampara de modo activo o pasivo la violación de los derechos de la infancia y la condena al hambre y a una vida cargada de carencias.

Tampoco tiene derecho a elevar su voz contra la expresión de un sector de la ciudadanía quienes propician una cultura de odio y discriminación y, para eludir la acción de la ley, recurren a mañosos amparos y sobornos con el objetivo de obtener impunidad sobre sus crímenes. O quienes desde posiciones de privilegio social y económico se consideran moralmente superiores al resto de la ciudadanía, aun cuando esos privilegios los haya obtenido por medio de “delitos blancos”, aquellos cometidos al amparo de leyes dictadas por su propio círculo de poder. Patria –para ampliar el concepto- es la tierra natal o adoptiva a la cual una persona se siente ligada por vínculos históricos, culturales y jurídicos. En conclusión, la patria también tiene derecho a vestirse con los colores símbolo del respeto por la diversidad para todos sus integrantes.

Los mensajes de odio e intolerancia hacia quienes eligen una distinta expresión para su vida personal, solo generan división y violan el derecho humano en uno de los aspectos más sensibles para cualquier ser humano. La integración plena de la sociedad –algo esencial para vivir en paz- depende del respeto mutuo y la voluntad de ver, antes de la paja en el ojo ajeno, la viga en el propio.

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El concepto de patria no debe responder a interpretaciones mañosas y sesgadas.

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Niñez: ¿Costo u oportunidad?

Sin una niñez bien alimentada, tarde o temprano todos sufrirán hambre.

 La niñez y la juventud representan la renovación indispensable para garantizar la permanencia y transmisión de valores, tradiciones y ese complejo legado cultural que conforma el patrimonio intangible de una nación. Sin esa dinámica de cambio generacional resulta imposible conservar el equilibrio del tejido social y, más importante aún, las capacidades de crecimiento y desarrollo para una sociedad cuyo principal recurso es el aporte productivo y creativo de sus integrantes. Sin embargo, en la mayoría de países latinoamericanos regidos por sistemas basados en un modelo de economía de mercado, la niñez ha pasado a convertirse en un renglón pasivo sin incidencia alguna en los programas políticos.

En países como Brasil y Chile, en donde el sector económico tiene el poder de decidir sobre un asunto tan sensible y alejado de su territorio como la educación, ha quedado en evidencia el dramático desequilibrio en las prioridades cuando se trata de los derechos inalienables de la niñez y la juventud. Con el cierre de establecimientos educativos “no productivos” y la eliminación de materias del pensum escolar por “no ser relevantes” como ha sucedido en Chile con la asignatura de Historia, se transparentan las intenciones de esos sectores poderosos cuyos intereses se contraponen de manera frontal con el desarrollo de una sociedad ilustrada, capaz de ejercer una ciudadanía fuerte y responsable.

Eso que sucede en dos naciones con algunos pasos más en la vía del desarrollo se repite en países mucho menos avanzados, en donde incluso se reduce la inversión estatal para fortalecer a otros sectores de mayor poder político, como sucede en Guatemala con las fuerzas armadas. La negligencia en el trato del tema educativo ha sido, en este país centroamericano, una política de Estado desde hace muchas décadas. Con el cierre de institutos vocacionales y el abandono de la red de escuelas públicas, la niñez guatemalteca carente de recursos –la abrumadora mayoría- es sometida a enfrentar las peores condiciones para tener acceso a una educación mediocre y sin mayores perspectivas.

Es evidente la intención detrás de esta “no-política educativa”: La creación de un contingente de seres humanos carentes de herramientas para progresar en el ambiente laboral de manera digna; un gran reservorio de esclavos cuyas opciones quedan reducidas a un salario de miseria o al desempleo. Un relevo generacional pobre y desprovisto de capacidades intelectuales debido a la desnutrición crónica, apto únicamente para las labores más duras en situación de explotación. Todo lo cual proporciona la excusa perfecta para mantener el sistema con la farsa de que para dar empleo es preciso flexibilizar las leyes laborales. Este cuadro tan poco promisorio es el sello de identidad de Guatemala, un país que pudo ser ejemplo positivo para el resto de la región.

El maltrato hacia la niñez y la pérdida de derechos de este sector tan importante se refleja no solo en la educación, también en la privación de recursos para el desarrollo de sus comunidades y en la falta de inversión pública en áreas como la infraestructura vial, la red de hospitales y centros de salud o en la raquítica presencia del Estado en áreas rurales, cuya incidencia en la mayor o menor calidad de vida de la población toca a todos sus integrantes.

Invertir en la niñez es invertir en el futuro de la nación; un axioma repetido hasta el cansancio. Sin embargo, quienes tienen el control del Estado y sus instituciones se han empecinado en colocar a este gran segmento poblacional en la columna de los costos. Caro pagará el país por esta manipulación del valor de la niñez y por no darle el trato que merece.  

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Lo que el tiempo no borra

Los humanos ocupamos un espacio imposible de borrar con el olvido.

 Se han cumplido ya ocho años desde el alevoso asesinato y posterior desaparición del cuerpo de Cristina Siekavizza. Ocho años durante los cuales su familia no ha dejado de exigir justicia a pesar de que los “presuntos” responsables de su muerte poseen el poder de retorcer el curso de la justicia y pretenden eludir su acción mediante el compadrazgo dentro del sistema. Pero Cristina, como miles de mujeres y niñas asesinadas por hombres de su entorno familiar, permanece en el corazón y la mente de sus seres más queridos.

Ya son muchas las víctimas de la misoginia en Guatemala y el mundo. Castigadas por su sexo, vistas como presas accesibles al dominio masculino e impotentes ante las instituciones dominadas por un severo hetero patriarcado, en pleno siglo veintiuno todavía deben luchar por el derecho sobre su cuerpo, por ser escuchadas, por merecer crédito sobre sus denuncias de violencia, por el acceso a una equidad elusiva a lo largo de un camino sembrado de trampas que –como las minas de campo- les estallan en la cara cada vez que dan un paso al frente.

En Guatemala la justicia en casos de feminicidio depende de un sistema tradicionalmente machista. Quienes poseen los medios para eximir su responsabilidad por vidas humanas perdidas como resultado de sus delitos, celebran la existencia de un sistema legal permisivo y flexible, diseñado a su conveniencia para entorpecer los justos reclamos de las víctimas y de sus familiares. Por eso, quizá, no resulte tan incomprensible ese vergonzante 98 por ciento de impunidad en la resolución de casos dentro del sistema de administración de justicia y tampoco es una incongruencia la acción de jueces y magistrados amparando a criminales confesos pero cuyo estatus social y económico les garantiza la libertad.

Así como Cristina, muchas niñas y mujeres han perdido la vida o han desaparecido tragadas por las redes de trata sin esperanza alguna de ser objeto de investigación y de un proceso de justicia transparente y con visión de género. En este contexto de violencia y discriminación, los asesinatos perpetrados con extremada crueldad contra niñas y adolescentes ni siquiera llaman la atención de los medios de comunicación. Esto sucede, quizá, por su reiterada presencia en los reportes policíacos o porque la vida de las niñas y adolescentes –cuando no pertenecen a ciertos círculos sociales- no marcan pauta en el interés de sus agendas.

Es difícil comprender cómo, en países presuntamente democráticos y modernos, la vida y el desarrollo de la mitad de su población –el amplio sector de mujeres- dependa de la voluntad de la otra mitad en un sistema diseñado para someterla y obstaculizar cualquier iniciativa capaz de darle acceso a una vida libre de violencia. Es importante señalar que en el marco jurídico no existen leyes creadas para restringir el derecho de los hombres a su cuerpo, como existen con respecto de las mujeres al suyo. Esa evidente asimetría, establecida desde el sistema patriarcal y sin la intervención de una perspectiva femenina en las instancias de toma de decisiones, constituye una de las peores violaciones de los derechos humanos de las mujeres.

El resultado de este sistema es una vida en constante riesgo para la población femenina y la perspectiva siempre presente de ser objeto de violencia sexual, física, económica y jurídica. El juicio contra el presunto asesino de Cristina es un símbolo que señala, por su excepcional visibilidad, la enorme deuda de la justicia con los miles de niñas y mujeres asesinadas en condiciones semejantes, pero cuyos casos siguen ocultos entre expedientes que nunca se abrieron.

 Miles de niñas y mujeres asesinadas reclaman una justicia que un llega.

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Rosa María y muchas más

Ser niña en Guatemala puede ser la peor de las desgracias: te puede costar la vida.

 He visto desfilar nombres de niñas y adolescentes violadas, embarazadas, muertas durante el parto, desaparecidas o víctimas inocentes de una orgía de alcohol y sangre protagonizada por hombres de su entorno, su comunidad, su hogar; esos ámbitos en donde se supone deberían ser protegidas y amadas. Muchas niñas de Guatemala vienen sin garantía de supervivencia; ellas, las más vulnerables de la cadena humana, están sujetas a la voluntad de quienes las rodean y no se les reconoce derecho alguno. Casadas a la fuerza, violadas por quienes están supuestos a ser sus aliados y protectores; y destinadas desde la niñez a los más duros trabajos domésticos y del campo, millones de niñas enfrentan un destino en cuya ruta pierden incluso su identidad.

Cuando leí con horror lo sucedido con Rosa María Saquic Lares, una niña de apenas 12 años secuestrada por 4 hombres adultos de su comunidad durante una fiesta de la aldea, torturada hasta la muerte y abandonada en pedazos en un paraje cercano, vi hasta dónde es capaz de llegar la crueldad y el sadismo cuando en un país se ha perdido la decencia y la humanidad. Este, lamentablemente, no es un caso excepcional. Muchas niñas han sido violadas y sometidas a ritos de sangre con la finalidad de enviar un mensaje de poder entre grupos criminales, o quemadas –como las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción- para acallar sus protestas y evitar sus denuncias de maltrato dentro de esa institución del Estado.

Pienso en mi hija cuando tenía 12 años y me cuesta creer cómo, a un ser que recién empieza a asomarse a la vida, le pueden arrebatar los sueños con ese salvajismo. Rosa María estaba en la fiesta de su pueblo, una de entre las pocas ocasiones festivas a las cuales acuden las familias. Acompañada por su padre y su hermana de 14 años, se negó a bailar con los hombres que las acosaron y ese gesto de libertad le costó la vida. Cinco días tardaron en encontrar sus restos, desperdigados por el campo.

Guatemala ha llegado al límite y este es tan solo un ejemplo de la pérdida de valores y de sensibilidad humana, herencia de una historia de terror que no termina. Los niveles de femicidio, desnutrición y pobreza extrema son apenas una muestra de la violencia indetenible en la cual se desarrolla la vida de sus habitantes, regidos por una cúpula de poder corrupta cuya fortaleza se basa en sus vínculos con el crimen organizado y la influencia de un sector ultra poderoso de empresarios cuyo único objetivo es continuar al mando del quehacer político.

El asesinato con saña de Rosa María quizá sea investigado, quizá no. Las instituciones encargadas de seguridad y justicia se encuentran más enfocadas en los enredos políticos de un pacto de corruptos, cuyos intereses predominan sobre el escenario nacional, que de los innumerables hechos delictivos cuya abundancia e impunidad garantizada constituyen una pesadilla permanente para la población guatemalteca.

El tan mentado estado de Derecho, las supuestas garantías constitucionales, los constantemente trasgredidos derechos humanos y el sistema jurídico -cuya flexibilidad parece amparar únicamente a quienes lo violan- se han convertido en el sello de identidad de un país a la deriva, timoneado por un mandatario inepto quien, rodeado de un círculo de confianza indiferente al mandato constitucional, ha llevado a Guatemala a convertirse en un paradigma mundial de lo que un Estado no debe ser. En semejante escenario, la pequeña Rosa María Saquic Larios pasará a integrar la ominosa lista de los numerosos crímenes contra la niñez guatemalteca, esos que por supuesto no figuran en la agenda nacional.

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La niñez tiene derechos cuya garantía depende de la voluntad política.

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Las trampas de la libertad

Una comunicación manipulada y tendenciosa es tan peligrosa como una dictadura.

Hace pocos días apareció en mi pantalla un interesante artículo sobre las tácticas publicitarias de las compañías tabacaleras a mediados del siglo pasado. Estas consistían principalmente en atraer a un sector consumidor no tradicional: las mujeres. Pero no cualquier mujer, sino muy especialmente aquellas pertenecientes a segmentos de clase media que comenzaban a rechazar de modo paulatino el molde patriarcal y las estrictas normas que las relegaban de vuelta –después de una guerra que les abrió oportunidades laborales- al cuidado de sus hogares y de sus familias.

Para ello, montaron campañas millonarias sobre la base de la liberación femenina mostrando cómo el hecho de atreverse a fumar en público era un signo de sofisticación extrema pero, más importante aún, una señal de independencia. Esas campañas dispararon las ventas de las tabacaleras y su impacto perdura hasta nuestros días. De algún modo, esto sucede en la actualidad con los medios noticiosos internacionales, cuyas agendas definidas desde centros corporativos nos quieren vender la ilusión de la libertad de prensa del mismo modo como Estados Unidos nos ha querido vender, por medio de una propaganda bien diseñada, la ilusión de progreso, democracia y respeto por los derechos humanos.

Las libertades ciudadanas en países desarrollados, regidos bajo un sistema neoliberal, también han ido perdiendo terreno de manera paulatina, lo cual se manifiesta en masivos actos de rechazo popular pero sobre todo en el fortalecimiento de cuerpos represivos con amplias facultades para someter a los ciudadanos y neutralizar sus protestas dentro de un marco de violencia institucional legalizada, contra el cual la resistencia es casi imposible. De este modo, las directrices que definen hacia dónde se encaminan las políticas públicas se encuentran protegidas por una institucionalidad férrea cuya agenda responde a los intereses de centros de poder económico ubicuos y prácticamente anónimos, lo cual los blinda contra el limitado poder popular. En países en desarrollo, este cuadro se traduce en gobiernos obedientes sometidos a la voluntad extraterritorial de quienes administran a las agencias financieras internacionales, intermediarias entre quienes poseen la riqueza y quienes la producen, pero no la gozan.

La ilusión de democracia manipulada por quienes la diseñan, dosifican y reproducen es, entonces, la trampa en donde se atrapan las ambiciones de independencia y libertad de los pueblos; y en ese contexto, los medios globales de comunicación –cuyos intereses corporativos predominan por sobre la ética periodística- constituyen la herramienta ideal para convencer a grandes sectores poco instruidos, pero decisivos a la hora de elegir a sus autoridades, de las bondades de un sistema cuyos beneficios chocan directamente contra los derechos de enormes conglomerados humanos alrededor del mundo. Quienes dominan las comunicaciones influyen en las decisiones más importantes de los ciudadanos y controlan no solo la calidad de la información sino también los mecanismos de censura aplicados de acuerdo con sus intereses y con aquellos provenientes de los centros internacionales de poder financiero.

De ahí que los sistemas de comunicación por medio de plataformas digitales se convierta en una alternativa importante para la difusión de noticias y material informativo de calidad, libre de la censura y las limitaciones de los medios tradicionales. Sin embargo, su impacto resulta extremadamente limitado en países cuya ausencia de políticas públicas en educación y sus carencias en el ámbito de la tecnología impiden la masificación del acceso a estos contenidos. En estas naciones, muy especialmente en América Latina, existen poderosos monopolios informativos con enorme impacto en regiones de bajo desarrollo, en donde imperan las emisiones de radio y televisión abierta cuyas frecuencias, cargadas de basura, están en manos de magnates extranjeros aliados con gobiernos corruptos y altamente influyentes durante las campañas electorales.

En conclusión, si para los países desarrollados la libertad de prensa pasa por los centros de decisión de grandes conglomerados editoriales convirtiendo la ilusión de libertad informativa en una trampa ideológica, en las naciones menos desarrolladas y cuyos gobiernos responden a intereses corporativos internacionales este derecho humano de acceso ilimitado a una información ética, responsable y apegada a la verdad, es una auténtica rareza. De ahí la importancia de impulsar plataformas informativas independientes cuyos contenidos contribuyan al desarrollo de un debate más abierto de los problemas sociales, pero sobre todo alimenten aquellas capacidades de análisis y reflexión, adormecidas por estrategias diseñadas específicamente para evitarlo.

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El antídoto contra la opresión

Un pueblo que lee es capaz de analizar, reflexionar y luego decidir con inteligencia.

El hábito de la lectura es un arma poderosa contra la opresión. Eso explica por qué en muchos países latinoamericanos se erigen, desde los centros de poder político y económico, obstáculos a la educación de sus pueblos con el objetivo de mantener a la población sometida a regímenes de explotación y carente de las herramientas cognitivas que pudieran proporcionarle los espacios críticos y de reflexión propios de una ciudadanía activa. Los ejemplos abundan, sobre todo en naciones como Guatemala, Brasil o Chile, con gobiernos conservadores aliados de un sistema neoliberal diseñado a la medida de los intereses de sus cúpulas de poder económico. En ellos, el recorte de programas de enseñanza y la falta de inversión en educación responden a la agenda de quienes definen esas políticas desde la clase empresarial.

Algo predominante en el discurso gubernamental de la mayoría de nuestros países es la explicación del fenómeno de la pobreza a partir de variables sociales y económicas. Es decir, de acuerdo con su elaboración de la realidad la gente pobre es pobre porque así está estratificada la sociedad. En ningún caso entra en discusión el tema fundamental: el acceso al aprendizaje a través de políticas públicas orientadas a fortalecer el acceso a la educación desde los sectores más necesitados con infraestructura adecuada, redes de bibliotecas y programas educativos actualizados y eficaces, complementados con actividades de promoción de la lectura con el propósito de crear el hábito desde la niñez, uno de los ejercicios fundamentales para el desarrollo de la mente y de las capacidades intelectuales.

En un ambiente de privación de recursos educativos y de entretenimiento, por lo tanto, una actividad como la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) es un soplo de oxígeno para una atmósfera contaminada. Este año, declarado por la ONU como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, la Feria está dedicada al gran poeta k’iche’ Humberto Ak´abal (1952-2019) y tiene la presencia de México como país invitado. En su amplio programa de actividades, Filgua 2019 ofrecerá al público el próximo mes de julio –especialmente a la niñez y juventud de Guatemala-  la oportunidad de vivir una serie de experiencias de enriquecimiento intelectual y de explorar el amplio universo literario ofrecido por este evento que ya cumple su XVI edición.

Filgua es una de las escasísimas iniciativas de carácter popular para la promoción de la lectura en la sociedad guatemalteca, a la cual tienen acceso miles de estudiantes de todos los niveles. Sus salones ofrecen una enorme variedad de actividades de interés para distintos grupos y se ha ido consolidando a través de los años como un centro de encuentro para lectores, escritores, académicos y artistas. Como uno de los países de América Latina con la más pobre inversión estatal en cultura, esta iniciativa de la Gremial de Editores representa una ventana importante hacia el mundo del conocimiento y las letras.

La niñez y juventud de Guatemala merece mucho más y la ciudadanía tiene la obligación de exigir a sus autoridades el pago de una deuda histórica en educación y apoyo a las artes como una de las columnas sobre las cuales se erige una nación libre y democrática, una nación cuyos habitantes sean parte del proyecto. Un pueblo sin cultura, privado del acceso al conocimiento y sin las capacidades intelectuales básicas para incidir en su futuro será incapaz de dar la vuelta de tuerca y traspasar con seguridad los límites que le han impuesto tan injustamente.

La lectura es una herramienta de poder y es preciso tener acceso a ella.  

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El rostro de un país abandonado

Un sistema corrupto de gobierno afecta a todo el tejido social, sin excepciones.

Las estadísticas solo muestran números y estos, por lo general, no provocan emociones ni reflejan el verdadero impacto de las decisiones políticas, sociales y económicas sobre una nación. Esto marca la diferencia entre el desempeño político y la misión de quienes tenemos la obligación, como comunicadores, de traducir esos mensajes en clave y ponerlos al alcance de la ciudadanía. Sin embargo, cuando un país se encuentra en manos de grupos capaces de coartar los derechos y libertades de la población impidiéndole tener acceso a una educación de calidad y a la información sobre el desempeño de sus autoridades, se alteran estas correlaciones de manera radical creando las condiciones perfectas para el establecimiento de gobiernos dictatoriales y represivos.

Uno de los momentos clave en el ejercicio democrático es la celebración de los comicios electorales para elegir a las autoridades de gobierno. Guatemala estuvo ayer inmersa en esa dinámica y fue posible constatar cuánto daño ha ocasionado a ese país la sucesión de gobiernos corruptos comprometidos con sectores de poder económico y bajo la bota siempre presente de un ejército involucrado en crímenes de lesa humanidad. Los prolegómenos de las elecciones marcaron la tónica con un desempeño turbio de las autoridades electorales y otras instituciones –como el Ministerio Público y las Cortes- totalmente aliadas con los sectores que han impedido el desarrollo del país haciendo del Estado un botín para satisfacer ambiciones personales y de grupo.

Es probablemente esa la razón por la cual las estadísticas en las cuales se demuestra la degradación de los indicadores de desarrollo social no llegan a la conciencia de sus habitantes. La abstracción de la miseria en la cual se hunde más de la mitad de la población es y ha sido un instrumento político para convencer a una ciudadanía poco informada de cómo la situación es culpa de las víctimas. La desnutrición infantil es, de acuerdo con este tipo de mensaje, un resultado “natural” de la poca educación de las madres y los asesinatos de mujeres y jóvenes, una consecuencia de sus malos pasos y no del abandono criminal de gobiernos cuyo único interés ha sido debilitar el tejido social para aprovecharse del patrimonio nacional.

El drama de la emigración de miles de habitantes –especialmente desde las comunidades más abandonadas- es considerado por los políticos un hecho divorciado de su desempeño. Es decir, no solo no asumen su responsabilidad en el empobrecimiento de la población y en el dramático incremento de la violencia, sino además adjudican a las víctimas de sus delitos todo el peso de una situación ya insostenible de injusticia y violaciones de los derechos humanos contra quienes han resultado los chivos expiatorios de los desmanes del gobierno. Mientras tanto, en los sectores urbanos de clase media se profundiza la influencia de organizaciones religiosas fuertemente aliadas con los gobernantes quienes se resisten a perder sus privilegios, cuyos mensajes fundamentalistas adormecen el sentido común y se prenden fuertemente de la ignorancia de sus adeptos.

Las posibilidades de transformación de las condiciones de privación y subdesarrollo acelerado en las cuales se encuentra Guatemala chocan de frente con un poderoso muro construido desde la época colonial para evitar toda oportunidad de cambio. De darse el salto hacia una auténtica revolución democrática con la abolición de esos espacios de poder que han explotado la riqueza para su propio beneficio, sería un milagro: uno de esos momentos históricos capaces de marcar un antes y un después, una ventana hacia el futuro. De no darse (esto fue escrito antes de los resultados) Guatemala habrá dado otro paso hacia su destrucción.

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En la recta final

A pocos días de las elecciones, los guatemaltecos permanecen en la incertidumbre.

 Las baquetas siguen guardadas; y en lugar del entusiasmo propio de un evento de gran participación ciudadana, se respira un ambiente de dudas y temores. Es que en Guatemala los preámbulos de las elecciones para nombrar presidente, diputados y alcaldes han estado sembrados de trampas, manipulación y sorpresas desagradables, dejando un mal sabor en la ciudadanía. Entre las campañas anónimas llamando al voto nulo, la participación de candidatos con señalamientos tan graves como narcotráfico, alianzas con organizaciones criminales o financiamiento electoral ilícito y la pasividad del Tribunal Supremo Electoral ante algunas de estas irregularidades, los votantes enfrentan el enorme desafío de hacer valer su voluntad política emitiendo un voto bien pensado.

Sin embargo, en medio de la confusión provocada por las dudosas actuaciones de las autoridades electorales y la inoportuna e inexplicable ausencia del fiscal del Ministerio Público encargado de investigar –precisamente- los delitos electorales, algunos movimientos políticos de nuevo cuño han comenzado a marcar su espacio de manera contundente, como respuesta a la urgente necesidad de cambios de fondo y del establecimiento de una nueva manera de hacer política: un ejercicio del poder más incluyente, más transparente y sobre todo con propuestas bien articuladas y acorde con las necesidades básicas de una población que ha sido marginada durante siglos.

En medio de los cierres de campaña y el entusiasmo de jóvenes activistas cuyas esperanzas por una mejor Guatemala los ha convencido de participar, se han cernido sobre el país algunos nubarrones amenazantes de regreso al pasado, propiciados por el equipo de militares que dirige la política gubernamental, cuyo temor ante una posible victoria de los nuevos partidos les ha hecho quitarse la careta y amenazar, sin tapujos, con actos de violencia y bloqueos en el día de los comicios.

La manipulación de este evento desde las cúpulas del poder –el ya bien conocido pacto de corruptos integrado por el equipo de gobierno, empresarios y militares- no ha dejado nada a la imaginación. Se han lucido entorpeciendo candidaturas “inconvenientes” y amparando otras marcadas por delitos graves. Han apretado las tuercas alrededor de las Cortes con el fin de garantizarse las mayores ventajas posibles, coartando las posibilidades de participación de quienes podrían constituir una amenaza el día que pierdan inmunidad y con el mayor descaro han montado una red de centros de mensajes cuya tarea ha sido invadir las redes sociales con toda clase de basura, mentiras, noticias falsas y ataques a los candidatos y partidos opositores al régimen. Por supuesto, todo eso financiado por los fondos públicos cuyo control y ejecución se mantienen herméticamente cerrados al escrutinio público.

El domingo 16 de junio será la prueba de fuego, cuando la ciudadanía acuda a los centros de votación a emitir su voto. Esa jornada podría significar para Guatemala el inicio de una nueva era de cambios profundos; un abrir caminos a la participación de quienes han vivido en la marginación y el desencanto, observando cómo sus oportunidades se pierden en las cuentas bancarias y las propiedades de lujo de quienes han empeñado el futuro de Guatemala. Esa jornada será digna de pasar a la historia como el rescate de la democracia, siempre y cuando el voto popular posea la impronta de una conciencia renovada sobre el poder ciudadano y sin el tufo del temor por el cambio; esto último, algo que ha marcado a una tras otra, todas las malas elecciones del pasado reciente.

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Carrera con obstáculos

Se necesita una ciudadanía consciente y alerta para seguir la ruta correcta y vencer.

 La cartelera de candidaturas para la presidencia, las diputaciones y alcaldías en el proceso electoral desarrollado en Guatemala es una muestra fehaciente de la falta de participación de la ciudadanía en la depuración de sus instituciones, incluyendo entre ellas a una de las más importantes a la hora de elegir representantes, como son los partidos políticos. Creados y organizados en su mayoría por personajes poderosos pero de dudosas intenciones, los partidos poseen el monopolio del poder político gracias a una ley mediante la cual se obstaculiza la participación de líderes populares independientes y se imponen listados elaborados a conveniencia de sus dirigentes.

El ambiente electoral, sin embargo, comienza a calentarse por la inédita efervescencia alrededor de una candidata quien, además de ser mujer, pertenece a la históricamente marginada población indígena de Guatemala. No es de extrañar, por lo tanto, el estupor de cierta sociedad capitalina, urbana, ladina y profundamente racista, cuyos parámetros para medir “lo correcto y aceptable” no permiten admitir los derechos de una importante parte de la población a dirigir los destinos del país al cual pertenece. Es decir, los marginados no solo deberían continuar en ese estado, sino además aceptar en silencio y sin protesta las normas impuestas por un puñado de poderosos empresarios y políticos cuya incidencia en asuntos de Estado ha sido catastrófica para todos, excepto para ellos.

Es lógico suponer el temor que despierta en cierto sector de la sociedad la perspectiva de un cambio tan rotundo en el escenario político. La historia del país ha estado jalonada de abusos y regida bajo un sistema cuyos resultados están a la vista: saqueo de fondos públicos; robo de territorio ancestral de las comunidades indígenas; exclusión de casi la mitad de la población; explotación laboral a niveles de esclavitud; legislación excluyente para la población no ladina; desnutrición aguda y crónica en la niñez indígena y rural; muerte materna y una persecución constante contra la organización comunitaria, al extremo del asesinato de sus dirigentes y la cárcel por defensa del territorio y los recursos naturales.

Desde hace mucho tiempo los analistas más lúcidos vienen predicando la necesidad imperiosa de realizar cambios profundos en el modo de gobernar Guatemala. Hoy, con un crecimiento inesperado de la intención de voto por una candidata indígena cuya personalidad y programa de gobierno ha conquistado un espacio importante en el escenario electoral, queda demostrado el hecho de que el abuso de poder tiene un límite, por más obstáculos se opongan a la reacción popular. En esta ocasión, el rechazo a las obscenas maniobras de los corruptos para impedir la expresión libre de la voluntad del pueblo comienza a marcar las jornadas previas al evento.

La incógnita es cómo se van a desarrollar los pactos y acuerdos entre quienes representan la corriente “anti-corrupción” y cuántos candidatos tendrán los arrestos de renunciar a sus pretensiones presidenciales para acuerpar a uno solo y dar el golpe de timón a la situación de extrema fragilidad en la cual se encuentra la democracia en Guatemala. Por ahora, algunos se han pronunciado en tal sentido pero falta muy poco para abrir las urnas y votar. Por ello, no será suficiente con concertar un pacto; para alcanzar el éxito será imprescindible llegar al corazón de la ciudadanía con un mensaje de unidad capaz de despertarla del letargo en que se encuentra: Una tarea titánica sin el concurso de los medios masivos de comunicación, cuya mayoría (sobre todo la televisión abierta) se encuentran dedicados a mentir y apañar los abusos del Pacto de Corruptos.

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Los analistas diagnosticaron desde hace mucho la necesidad de un cambio radical.

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Los deberes de un alcalde

Dedicar fondos a adornar la ciudad sin atender problemas esenciales, es un fraude.

 Una ciudad es un espacio dinámico y complejo en donde concurren innumerables factores para ofrecer a sus habitantes los servicios y sistemas adecuados que les permitan vivir en un ambiente saludable y de ese modo dedicar tiempo, esfuerzo y creatividad a desarrollar otras actividades para contribuir al bienestar colectivo. Quien dirige la orquesta –es decir, el conjunto de entidades encargadas de distintas áreas de atención- no solo debe poseer la capacidad y el liderazgo para inyectar en su equipo la energía y el compromiso necesarios para sus distintas labores, sino también poseer la visión de futuro que le permita proyectar de manera inteligente las rutas de crecimiento urbano en todos los órdenes: servicios básicos, transporte, tratamiento de desechos, infraestructura y tecnología adecuados para crecer al ritmo de una población en constante movimiento y acelerada expansión.

Un alcalde es el servidor público por excelencia. Al ser responsable de temas de tanta importancia como el abastecimiento de agua o la extracción y tratamiento de millones de toneladas de basura producida por cualquier ciudad de regular tamaño, entre otras muchas obligaciones, su desempeño es contantemente evaluado por los vecinos y, del mismo modo, sujeto a una estrecha fiscalización; ya que nada es más importante en una ciudad, un vecindario o un hogar, como la provisión adecuada de los servicios que permitan a los pobladores dedicar su energía a producir en otras áreas y les ofrezcan calidad de vida a cambio de su obligatorio aporte económico. 

El desarrollo equilibrado de un complejo urbano es uno de los puntos esenciales en un plan bien estructurado de gobierno municipal. Por ello, para otorgar cierta legitimidad a la inversión en proyectos cosméticos o dirigidos a embellecer algunas privilegiadas zonas residenciales o comerciales en donde se concentra la mayor riqueza económica, estos se deben efectuar después de haber realizado los más esenciales en toda la extensión del complejo urbano. Porque es absurdo pretender engañar al público con trabajos superficiales si la gente carece de lo más elemental como agua potable, alcantarillado, calles pavimentadas, sistemas modernos de tratamiento de desechos o un sistema de transporte colectivo seguro y confiable.

El gobierno municipal, por lo tanto, tiene la absoluta obligación de transparentar sus finanzas y poner toda información relacionada al alcance de los vecinos, dado que parte importante de sus fondos proceden, precisamente, de sus aportes. Esta forma de proceder debe ser no solo un gesto de buena voluntad por parte de las autoridades del municipio, sino una exigencia seria y consistente por parte de la ciudadanía y de los medios de comunicación cuyo deber es, también, informar al público sobre el desempeño de quienes manejan ese delicado y complejo sistema de administración.

Un alcalde y su equipo, al ser electos por los habitantes del municipio y financiados por ellos en una buena proporción, tienen la absoluta obligación de rendirle cuentas de manera periódica y con total transparencia. Su actitud ha de ser de servicio y no de imposición, toda vez que son servidores públicos y su misión trasciende el marco temporal de su administración para afectar de manera decisiva el futuro del conjunto urbano bajo su cargo. La calidad de una administración municipal se refleja con la mayor precisión en la calidad de vida de sus habitantes: en la fluidez del tráfico, en servicios públicos eficientes y en el desempeño de sus equipos de apoyo especializado; no en las flores de los arriates.

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La maldición de Sísifo

“…Pensaron que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza”. (Albert Camus)

 Sísifo fue sentenciado por los dioses a cargar una enorme piedra hasta la cima de la montaña, desde donde esta volvería a caer por su propio peso para que Sísifo nuevamente la cargara y así, repitiera su castigo hasta el infinito… Un mito cuya lección habla de lo absurdo del esfuerzo sin perspectivas; como una maldición convertida en el leit motiv de la vida moderna, en donde millones de seres humanos repiten la historia (sin conocerla) en un círculo vicioso de esfuerzo y fracaso gracias a un sistema impuesto por otros dioses, los del Hades corporativo cuyas decisiones son inapelables.

Esto trae a mi mente el estrecho callejón de las decisiones políticas en un país castigado sin tregua y transformado en el ejemplo más ilustrativo de cómo se repite la maldición una, y otra, y otra vez. Guatemala está a punto de celebrar –si acaso es posible llamar celebración al doloroso proceso de elegir autoridades sin muchas opciones de cambio- las elecciones para presidente, diputados y alcaldes. En un proceso marcado por las trampas sembradas en todos los pasos de la ruta institucional, una vez más la población se enfrenta a la devastadora perspectiva de elegir a quienes no solo han legislado para beneficiarse del poder, sino además se han apoderado de la voluntad de jueces y magistrados en su afán de perpetuar su reino de la corrupción.

Guatemala es ejemplo para el mundo de lo que no debe ser. Las sólidas alianzas entre empresarios, militares, políticos y cárteles de narcotráfico y de trata de personas han tejido redes inexpugnables alrededor de las altas cortes y, de ese modo, con la abierta complicidad de algunos medios de comunicación –la televisión abierta a la cabeza- manipulan y engañan a su gusto a una ciudadanía indefensa y empobrecida hasta el extremo de la más profunda miseria.

En el escenario de opciones, sin embargo, han surgido movimientos de oposición liderados por ciudadanos capaces, honestos y conscientes del momento histórico que atraviesa el país. Muchos de ellos han experimentado en carne propia la profunda impotencia de encontrarse –como Sísifo- acarreando la piedra hasta la cima de la montaña para verla, nuevamente, caer. Pero también han comprendido que con ese esfuerzo y quizá con el concurso de otros como ellos, sea posible conjurar la maldición de ver a Guatemala sumida nuevamente en el círculo vicioso de la corrupción y del sistema colonialista impuesto por un empresariado miope y codicioso, capaz de cualquier abuso con tal de conservar sus privilegios.

La unión, por lo tanto, es imperativa en el momento actual. Un frente unido de esa gran masa ciudadana cansada de la corrupción y de los excesos del poder, es el único camino para anular el castigo histórico que ha llevado a un país rico y próspero hasta lo más profundo del subdesarrollo político, social y económico. Un movimiento colectivo de rechazo al sistema actual y a las organizaciones criminales que lo lideran debería dar el golpe de timón definitivo, llevando al poder a ciudadanos capaces de retomar el rumbo de una institucionalidad sólida y un respeto irrestricto al estado de Derecho. Sin embargo, eso dependerá de la voluntad decidida de abolir los personalismos, las ambiciones propias y las divisiones ideológicas. Además, de echar abajo los prejuicios racistas y comprender que solo la unión de las fuerzas vivas y positivas de la nación pueden levantar la roca y colocarla, firme y sólida en la cima de la montaña, para iniciar una nueva era.

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La cabra tira al monte

Es absurdo esperar cambios de fondo en candidatos cuyas trayectorias están a la vista.

 Para el evento electoral cuya celebración se avecina en Guatemala, han surgido candidaturas que ni siquiera deberían ser tomadas en cuenta por la ciudadanía; y no solo por representar lo peor de una sociedad golpeada por las organizaciones criminales, la corrupción política y la falta de valores del empresariado, sino por un simple prurito de dignidad. La población guatemalteca ha sido castigada una y otra vez por quienes controlan los poderes del Estado, sin tener siquiera el ímpetu indispensable para levantarse, reorganizar sus fuerzas y actuar como corresponde ante los abusos de un sistema diseñado para aprovecharse de sus debilidades.

El circo electoral está que arde y de hecho debería hacerlo, por si después surge de sus cenizas la depuración que necesita con urgencia. En el escenario actual y sin el menor disimulo desfilan los ejemplares más nefastos del entorno político y los electores comienzan el consabido proceso de evaluar los alcances de su participación, sin entusiasmo alguno y más bien con el escepticismo que ha acompañado a todas las elecciones de autoridades desde el retorno a la democracia con la elección de Vinicio Cerezo, cuyo triunfo despertó grandes expectativas y resultó provocando grandes decepciones.

Sin embargo, ante dados cargados gracias a una ley electoral que los maneja a su antojo, la percepción general es de una profunda desconfianza y esta alcanza, de refilón, a las pocas candidaturas honestas que podrían generar un atisbo de esperanza. Pero aun cuando la ciudadanía conoce los antecedentes de algunas candidatas y candidatos poco aptos para ejercer la primera magistratura de la nación, administrar una alcaldía o integrar una asamblea legislativa, lo cierto es que incluso los peores capturan la atención pública gracias a mañas mercadológicas siempre eficaces con un pueblo poco dado al análisis y al cuestionamiento de sus ofertas y, dadas sus graves carencias, también proclive a aceptar la generosidad con la cual los financistas de campaña fijan sus apuestas.

Que la cabra tira al monte no es un simple refrán popular, es una verdad contundente. El comportamiento de algunas candidatas y candidatos empecinados en retorcer las leyes y amordazar a la prensa y a sus opositores, debería despertar todas las alarmas. Si desde una candidatura lanzan amenazas y violan los preceptos constitucionales, es posible imaginar cuánto podrían hacer desde una posición de poder como, por ejemplo, la presidencia de la república. Adicionalmente, sus candidaturas huelen a delito desde el momento que existen investigaciones y evidencias de acciones anómalas en torno al financiamiento de sus campañas, aun cuando sus huestes opongan toda clase de recursos para evitar la acción de la justicia.

El escaparate de las ofertas electorales está plagado de ejemplares nefastos quienes, con un descaro total, lanzan amenazas de regreso a las dictaduras; de falsos cristianos cuyas intenciones deshonestas saltan a la vista; de auténticos dinosaurios del pasado con largas colas de mentiras y corrupción y todo ello como un salto cuántico hacia un pasado que ya se suponía superado. Para los electores, este proceso se ha transformado en un juego de eliminatorias en donde la ficha ganadora podría significar la muerte de la incipiente democracia por la cual se ha trabajado con tanta ilusión y con grandes pérdidas humanas. Por ello, el refrán en referencia debe servir como una guía valiosa para no volver a caer en un agujero negro como el que hoy identifica al país ante el mundo.

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Un plan macabro

La crueldad de las organizaciones criminales golpea a la infancia con especial saña.

 Aliado con las iglesias y grupos de extrema derecha, el Congreso de Guatemala pretende criminalizar toda manifestación de libertad de las mujeres respecto de su sexualidad y estatus familiar por medio de la iniciativa 5272, la cual cuenta ya con dictamen favorable de la comisión de legislación y puntos constitucionales presidida por uno de los diputados más retrógrados que ha pasado por el hemiciclo.

Esta iniciativa lleva como pomposo e inocente título “Ley para la protección de la vida y la familia”. Sin embargo, su intención es consolidar el control absoluto sobre la salud, la vida íntima y las preferencias sexuales de la población con especial énfasis en niñas, mujeres y otros grupos de la sociedad cuyas decisiones en la materia se salen del marco convencional. Con absoluto desprecio por la naturaleza independiente de un Estado laico con respecto de las doctrinas religiosas, ciertos legisladores –con plena complicidad del Ejecutivo- pretenden imponer restricciones a las libertades consagradas por la Constitución y de ese modo crear un ámbito vulnerable a medidas represivas de carácter fundamentalista.

Entre algunas de sus propuestas, la iniciativa plantea la “necesidad de incrementar la pena y reestructurar figuras penales relacionadas al aborto” (sic); también entre sus modificaciones arguye que la diversidad sexual debe ser considerada “incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”, clasificando de este modo a la homosexualidad como una patología indeseable a la cual se debe combatir desde el ámbito de las leyes.

Es importante señalar que Guatemala es uno de los países más atrasados en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, a pesar de ser uno de los países más golpeados por la violencia sexual contra niñas y mujeres. Los escasos indicadores confiables –por ser este un tema tabú del cual se desconocen estadísticas reales- muestran niveles espeluznantes de violaciones de niñas con resultados de embarazos no deseados y de alto riesgo. La indiferencia del Estado de Guatemala ante esta situación se refleja sin disimulos en el abandono de políticas públicas de salud sexual y reproductiva, pero también en la crueldad con la cual se impide a niñas de entre 10 y 14 años o a mujeres víctimas de violencia sexual interrumpir de manera segura un embarazo que a muchas les costará la vida.

Asimismo se manifiesta en la nula atención prestada por las instituciones de gobierno a las denuncias diarias de desaparición de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de las redes de trata de personas, las cuales operan en el territorio con absoluta impunidad. Pero la perversa visión de los políticos no para allí. En plena campaña electoral, un candidato lanza la propuesta de persuadir a las víctimas de embarazos no deseados, de completarlo con vistas a entregar a sus bebés en adopción desde el vientre. Esta ha sido en el pasado otra de las crueles formas de explotación humana y uno de los negocios más fructíferos para los tratantes de bebés guatemaltecos, por lo cual es una iniciativa que debería ser investigada por las autoridades correspondientes.

En nuestros países, ser mujer es una desventaja desde el nacimiento. Por lo tanto aquellos que pretenden crear más cerrojos para limitar sus derechos humanos y su libertad de decisión cometen el delito de abuso de autoridad al operar desde instituciones del Estado cuya misión es atender a los problemas más graves de la sociedad –como el de la violencia sexual contra niñas y mujeres y el tráfico de humanos- en lugar de hacer gala de su falsa moral para conseguir votantes. 

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El peligro del caudillismo

Sin educación ni comunicación ética, es fácil caer en lealtades destructivas.

 La secuencia de administraciones de gobierno orientadas a satisfacer ambiciones personales o de partido ha sido la impronta característica de la vida política de los países subdesarrollados.  No cabe duda de que este problema también se encuentra en naciones con un elevado grado de desarrollo económico pero, aún así, los sistemas más evolucionados de esos países tienden a impedir la excesiva concentración del poder minimizando de esta manera el abuso en su ejercicio.

Una vez más, sale a relucir la importancia fundamental de la educación en los niveles más amplios de la sociedad.  La capacidad de buscar, procesar y analizar información es una de las herramientas indispensables para que una sociedad logre escapar al oscuro fantasma del fanatismo y evite caer en la consuetudinaria carencia de elementos de juicio a la hora de elegir a sus gobernantes. 

Una forma de mantener a un pueblo atado a sus frustraciones y sometido al poderoso influjo de la demagogia, es precisamente negarle el acceso a la información limitando el crecimiento de los centros de enseñanza y proponiendo programas educativos ineficientes y desactualizados. De una sociedad con tales privaciones surge con extrema facilidad el caudillismo, una enfermedad política producto de la hábil manipulación psicológica de pueblos abrumados por el continuo fracaso de sus expectativas.

No existe factor más determinante en el retraso de la evolución social como el apasionamiento político.  De las pasiones ciegas nacen las dictaduras, y también a ellas se deben las divergencias irreconciliables dentro de una comunidad.  Sin embargo, no existe antídoto de corto plazo ni fórmulas mágicas capaces de obligar a los grupos mayoritarios a actuar de acuerdo con la lógica, no en todo caso cuando son impulsados por la rabia y la decepción cada cuatro años o lo que dure una administración de gobierno.

En este contexto, es imposible esperar el cumplimiento de todas las demandas o la solución de problemas estructurales de larga data cuyos efectos se agravan período tras período.  Por lo demás, es ilusorio pretender que de un sistema dependiente de la política exterior de los Estados Unidos derive un gobierno independiente y soberano, como tampoco es racional suponer que de un pueblo privado de educación surja de pronto una sociedad democrática, consciente de su responsabilidad y comprometida con el desarrollo de su nación.

Todo es cuestión de prioridades.  Por esta simple razón, cualquier administración debe establecer las suyas en cuanto decida si lo importante es cumplir compromisos con los sectores de poder o su preocupación debe enfocarse en la habilitación de una estructura capaz de dar cabida al estado de Derecho y a las garantías básicas de vida de toda la ciudadanía, lo cual implicaría destinar los fondos públicos a los temas de Estado y no a favorecer a los gobernantes y su pandilla. Por supuesto, sin olvidar que el escaso desarrollo de la educación -en todos sus niveles- ha sido una condicionante histórica esencial en el entorpecimiento de la evolución social, y es precisamente el primer obstáculo que urge quitar del camino. 

A partir de un real compromiso de Estado en temas como educación, salud, trabajo y vivienda, se neutralizaría de manera natural el peligro del caudillismo en niveles nacional y regional, los cuales tienden a revestir de heroísmo a los peores enemigos del pueblo, tal como sucede en algunas regiones con los líderes de los carteles de la droga, los capos del crimen organizado y con políticos y empresarios corruptos.

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Con los ojos bien abiertos

Elegir autoridades no es broma, es un acto cívico de trascendencia.

 Cuando el abanico de opciones para elegir a las autoridades muestra fallas de fondo en la depuración de sus listados, es momento de analizar con seriedad hasta qué punto está resquebrajado el sistema actual y cómo la ciudadanía debe participar en su reparación. En Guatemala, el proceso para determinar quiénes tomarán el bastón de mando avanza a tropezones y la sociedad observa con estupor la infiltración de los cárteles de la droga en el evento más importante de la vida política de su país. De hecho, la captura en Estados Unidos de uno de sus candidatos a presidente -¡nada menos!- arroja una mancha indeleble sobre las autoridades del Registro de Ciudadanos y del Tribunal Supremo Electoral, TSE, instancias en las cuales el ahora señalado de delitos tan graves como asociarse con el cártel de Sinaloa para financiar su campaña, aprobó su inscripción sin el menor reparo.

Para la ciudadanía, este caso constituye un llamado de atención de alerta máxima toda vez que a partir de la investigación realizada por la DEA, la cual desembocó en una acusación detallada contra el candidato de marras y uno de sus socios, es fácil deducir la ineficiencia de las autoridades de investigación y seguridad en Guatemala o, mucho peor aún, su complicidad con organizaciones criminales de enorme poder. Sin embargo se puede escuchar el silencio de una población tan acostumbrada a los escándalos, que ante el más reciente capítulo de esta tenebrosa telenovela, ni siquiera se inmuta.

El paso inevitable a partir de la denuncia del Departamento de Justicia de Estados Unidos debería ser la revisión a fondo de todas las demás candidaturas, sus respectivos partidos políticos y las fuentes de financiamiento de sus campañas. Para transparentar aún más el proceso, retroceder en el tiempo para esculcar en lo acontecido durante elecciones anteriores, debido a las salpicaduras del caso actual sobre antiguos altos funcionarios de gobierno íntimamente vinculados a los ahora atrapados por la justicia estadounidense.

Una revisión a conciencia de las opciones sobre el tablero dan ganas de llorar. En la contienda se presentan absolutos esperpentos señalados por toda clase de delitos, desde tráfico de bebés y de drogas hasta intentos de subvertir el orden democrático, pasando por un abanico multicolor de denuncias de corrupción en una amplia gama, todo aceptado gustosamente por las autoridades electorales y los respectivos partidos políticos sobre cuyas estructuras han montado sus ambiciosos planes. Todos ellos (y ellas) poseedores del correspondiente carnet de candidatos registrados, con el regalo adicional de la inmunidad ante la ley.

La ciudadanía debe tener los ojos bien abiertos y no dejarse deslumbrar por las evidentes falsedades de quienes pretenden hacerse con el poder. Las pruebas de corrupción detectadas por el trabajo de la Cicig, en conjunto con el Ministerio Público, no dejan lugar a dudas de cómo el sistema político y quienes dirigen los hilos desde las cúpulas empresariales han destruido toda posibilidad de restauración de una democracia tambaleante ante sus embates; del mismo modo, han acabado con innumerables oportunidades de desarrollo para Guatemala, uno de los países más ricos pero peor gobernados del continente.

Abrir los ojos y escuchar con filtro no será suficiente. El paso esencial será exigir al TSE una revisión acuciosa de los listados de candidatos ya aprobados, dada la magnitud de su responsabilidad y su enorme deuda con la ciudadanía. Es preciso recordar a esos magistrados cuánto daño hacen al país con su incomprensible negligencia.

 El siguiente paso, una revisión exhaustiva de las candidaturas.

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Evaporada en el aire

¿Quién sabe en dónde se encuentra, cómo se siente, cuál será su destino? 

Camila terminó de peinarse. Se colgó la mochila a la espalda y se preparó para salir a la escuela. Su madre le alcanzó la lonchera con el almuerzo y la despidió con la recomendación de todos los días: “Con cuidado, nena”. Camila nunca regresó. Su imagen en una de las múltiples alertas Alba Keneth sigue circulando por las redes sociales con la esperanza de que alguien la identifique en algún lugar del país; aunque han transcurrido más de seis meses desde que salió de su hogar, sus padres mantienen viva la esperanza de encontrarla.

Camila es una de los miles de niños, niñas, adolescentes y mujeres que desaparecen en Guatemala y cuyo destino se desconoce. Los sistemas de alerta Alba Keneth e Isabel Claudina (creado el primero para localizar a menores de ambos sexos y el segundo para mujeres mayores de 18 años) ambos dependientes de la Procuraduría General de la Nación, lanzan a diario decenas de notificaciones de desaparición en uno de los países más vulnerables del continente frente a las redes de tráfico de personas; un negocio transformado en una más de las siniestras amenazas que persiguen a niños, niñas y mujeres en el mundo entero. Consideradas por las organizaciones criminales como un elemento susceptible de generar grandes beneficios económicos, las niñas y mujeres atrapadas en estas redes terminan en situación de esclavitud con escasas posibilidades de escapar.

En países como Guatemala, Honduras y El Salvador, en donde los grandes consorcios de la droga afincaron sus raíces muy firmemente, la diversificación del “negocio” no fue más que una derivación natural de las actividades delictivas de estas redes, amparadas por políticos corruptos y confiadas en el ambiente de impunidad debido a la baja capacidad de los sistemas de investigación de denuncias y de administración de justicia. Los elevados niveles de corrupción y los ríos de dinero sucio -imposible de detectar desde las instancias estatales de control- pavimentan fácilmente las rutas del tráfico sin que las fuerzas de seguridad ni los familiares de las víctimas puedan hacer nada por evitarlo, consolidándose así una de las más espeluznantes tragedias que puede experimentar una sociedad.

En países cuyo sistema patriarcal ha marginado históricamente al segmento femenino de la población y expone a niñas y mujeres a los mayores riesgos en todos los aspectos de su vida, el negocio de la trata ha encontrado un sustrato idóneo para desarrollarse. Quienes sufren el flagelo con mayor crudeza se encuentran por lo general en las áreas rurales y en los sectores de menores ingresos, en donde la violencia contra las niñas y mujeres es parte de la cotidianidad. Es fácil imaginar las enormes dificultades enfrentadas por los familiares que habitan en caseríos o aldeas alejadas de los centros urbanos y, por ende, sin capacidad alguna para presentar denuncias y obtener apoyo de las autoridades.

Esta situación hace presumir que de los datos compartidos por algunas instituciones y organizaciones dedicadas a investigar las actividades de estos grupos criminales existe un fuerte sub registro. Si se calcula en aproximadamente medio millar al año las víctimas de trata –de acuerdo con el informe del PDH en 2017- destinadas a la prostitución, al trabajo forzado y a otras formas de esclavitud, es imposible no sospechar de la complicidad de algunas autoridades, dado que muchas de las víctimas son trasladadas a través de las fronteras sin dejar registro alguno; como si se hubieran desvanecido en el aire, como si nunca hubieran existido.

Niñas y mujeres, las más susceptibles de ser víctimas de trata.

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Fuera de contexto

Cuando una autoridad naturaliza la violencia de género, dispara las alarmas.

 El vicepresidente de Guatemala dijo textualmente durante una entrevista: “La historia juzgará a cada quien en el quehacer de su vida. Hasta cómo nos comportamos en el hogar. Cuántas veces dejamos el ojo morado a la esposa o la esposa al esposo. Porque todos atacan a los hombres, pero las mujeres a veces son agresivas y no se quedan calladitas”. Su afirmación corrió de inmediato por las redes sociales, en donde fue objeto de fuertes críticas. Sin embargo no faltó quien defendiera al funcionario aduciendo que su malhadada frase había sido sacada de contexto. Para aclarar las cosas, démosle el entorno que merece.

“La violencia contra las mujeres se ha manifestado como un continuo en la historia de Guatemala y la violencia de género ha sido perpetuada como una herramienta de subordinación y control de la vida y cuerpo de las mujeres, sustentada por una cultura patriarcal y conservadora y un sistema frágil de seguridad y respuestas judiciales que genera impunidad.” (ONU Mujeres). Siguiendo en esa línea y de acuerdo con datos recabados por la misma organización en Guatemala, durante el último semestre de 2018 se registraron más de 50 mil embarazos en niñas y adolescentes como reflejo de la violencia a la cual se ven expuestas, la mayoría de veces dentro del hogar y por incesto cometido por sus padres, hermanos, tíos o personas allegadas a la familia.

La violencia de género y la ejercida en el hogar, eso que al vicepresidente de Guatemala le parece la cosa más natural del mundo, se produce sobre más del 51 por ciento de la población y la pobre respuesta del Estado ante las violaciones, el abuso económico, social y laboral, así como el femicidio que alcanza cifras de espanto, han convertido a Guatemala en uno de los países de mayor riesgo para la vida y la integridad física y psicológica de las mujeres. Por ello, naturalizar la violencia doméstica, como pretendió esa alta autoridad del gobierno, posee implicaciones de enorme alcance moral.

El problema con las expresiones vertidas por representantes de la máxima autoridad es cómo impactan en amplios sectores de la ciudadanía. El acoso y la violencia en el entorno doméstico son taras sociales que es preciso erradicar a través de educación, una legislación capaz de sancionarla y una administración de justicia con enfoque de género y capacidad para condenar a los agresores y proteger a las víctimas. En ese mismo sentido, la aberrante decisión de utilizar una ley como la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, diseñada para amparar a las mujeres víctimas de violencia, como parapeto contra investigaciones por supuestos delitos cometidos por Sandra Torres, candidata a presidente, viene a horadar la solidez de un sistema que, bien utilizado, es capaz de salvar la vida de tantas mujeres amenazadas por un sistema patriarcal que las margina.

No hay frase inocente cuando viene de una autoridad, dado que refleja una postura y una línea de pensamiento; por eso la necesidad imperiosa de analizar cuidadosamente a quién o quiénes se les concederá un voto de confianza en las próximas elecciones. Guatemala no merece la pobre calidad de funcionarios como aquellos que la han sometido durante tantas décadas al saqueo, a la miseria y a la desnutrición de sus nuevas generaciones con un cinismo cruel; pero, sobre todo, a la perpetuación de una violencia cuyos niveles solo se comparan con aquellos de las naciones africanas sumidas en conflictos bélicos. El país se enfrenta como nunca a una necesidad imperiosa de cambio y depuración de sus más importantes instituciones y la ciudadanía tiene en sus manos el voto, con el poder de generar el salto hacia el futuro.

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Pasa el tiempo y nada cambia

Es imprescindible superar la sumisión y asumir un legítimo reclamo.

 En época de campañas electorales todos los candidatos a cargos de elección popular sacan lo más selecto del baúl de las promesas. Para ellos prometer es gratis y casi siempre paga altos dividendos ante la ausencia de reglas claras que impidan la institucionalización del engaño. Quizá por eso las candidaturas se han transformado en un negocio y la ética, en política, en azúcar impalpable que al primer contacto con la realidad se va con el aire.

En nuestros países es fácil para los políticos corruptos salirse con la suya porque, a pesar de innegables avances en la eliminación de obstáculos para la participación ciudadana, persiste una de las barreras más efectivas para neutralizar el poder del pueblo: la educación. En este aspecto, las naciones menos desarrolladas del continente y aquellas en donde los engañosos polos de desarrollo de su pirámide social contrastan con grandes conglomerados hundidos en la miseria, coinciden en políticas de restricción de derechos básicos –educación, salud y empleo- con el propósito de conservar su tradicional estatus de privilegios para los círculos en el poder.

El discurso político de campaña apenas cambia de acento de una a otra punta de nuestra América Latina. En ese concierto de cacofonías, el hilo conductor es una demagogia cruda cada vez más evidente, que ya no se molesta en disimular el propósito fundamental de la ambición política como es, simplemente, la conquista del poder y con él, la llave de las arcas nacionales. Cuando de pronto surge una voz responsable y honesta con propuestas de cambio y visión de nación  -una rara aviscasi extinta- de inmediato se elevan los mecanismos para silenciarla por no caber en un contexto ya predeterminado por los grandes estrategas, cuyas manos manejan los hilos del hemisferio desde el corazón neoliberal del imperio.

No hay que engañarse. Si nuestros países no despegan es porque no conviene a los intereses de los dueños del planeta y de nuestros recursos naturales. Basta echar una mirada a los anales de la Historia para ver con cruda claridad cómo las decisiones de mayor trascendencia cruzan la puerta de “la embajada” y, en esa ruta, pierden todo sentido social para transformarse como por arte de magia en una más de las políticas públicas diseñadas para someter a los pueblos, empoderar a sus castas económicas y políticas y, de ese modo, imponer un modelo contrario a un desarrollo basado en la libertad y la independencia. Quien no se adapte, muere –simbólicamente o no- en el intento.

¿Existe entonces una salida digna para nuestras naciones? ¿O es que será preciso esperar a que nos la concedan graciosamente quienes se han apoderado de ellas? La respuesta está en las instituciones locales, horadadas por la polilla de la corrupción y sumisas ante el poder del dinero fácil y los grandes capitales, pero sin la contraparte de una ciudadanía empoderada. De ese modo es posible observar cómo las posiciones en listados de candidatos se comienzan a llenar con ejemplares notables de lo peor de la fauna local sin el menor proceso de selección por capacidad, honestidad ni cualidades personales; eso, porque un ejercicio cívico de tal trascendencia por lo general carece –gracias a una legislación venal y con dedicatoria- de los mecanismos de depuración necesarios en todo proceso democrático.

Pasa el tiempo y nada cambia. Para que eso suceda, será imprescindible el tránsito de la pasividad a la participación; de la sumisión a la rebeldía; del silencio a la protesta legítima. Sin ese componente fundamental del ejercicio cívico el cambio nunca se hará realidad.

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El derecho a la verdad

Uno de los graves problemas en la sociedad es la institucionalización de la mentira.

 El imperio de la justicia y el acceso a la información son de los temas más sensibles para la supervivencia de una democracia saludable en cualquier país. En ambos casos, mucho depende de la capacidad de la ciudadanía para detectar las fisuras, combatir las injusticias desde una posición analítica e informada y participar activamente en los asuntos de la comunidad. A pesar de las dificultades para emerger con mente despierta de la maraña de falsedades en la cual se debaten las sociedades, existen mecanismos para abrir los accesos a las fuentes y los archivos en donde se guarda la actividad de los centros de poder.

Sin embargo, muchas veces esos registros han sido capturados, borrados o negados al acceso público. Esto sucede en países carentes de regulaciones estrictas para salvaguardar sus registros históricos, porque quienes los controlan suelen escatimar esa información para evitar consecuencias legales por la comisión de delitos dentro de las instituciones. En este enorme bagaje de documentación no solo reside el hilo histórico sino también los detalles de crímenes cometidos por quienes administran la política, la economía y la justicia de una nación.

Ayer 24 de marzo se celebró el Día Internacional del Derecho a la Verdad proclamado en 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de sus derechos humanos, así como resaltar la importancia del derecho a la verdad y a la justicia. La relevancia de esta decisión de la ONU pone de manifiesto de manera muy puntual el derecho de las víctimas de abusos a conocer los detalles de las acciones cometidas en su contra y exigir la aplicación de la justicia para castigar a los culpables. Por ello, resulta una acción especialmente emblemática cuando tanto en Chile como en Guatemala se pretende liberar a los responsables de algunos de los peores crímenes de lesa humanidad cometidos en América Latina.

Las desapariciones forzadas, los asesinatos masivos por motivos políticos, las persecuciones contra líderes comunitarios y activistas ecológicos y las políticas de tierra arrasada -con el propósito de apoderarse de territorios ricos en recursos- son crímenes imprescriptibles en el escenario mundial. Sin embargo, los círculos de poder bajo cuya protección de encuentran los perpetradores –dentro de las estructuras del Estado y fuera de ellas- poseen un enorme poder ante sociedades acostumbradas a tolerar sus excesos y a vivir intimidadas por sus políticas represivas.

América Latina ha sufrido estos embates una y otra vez. Los países han perdido ya la cuenta de los golpes recibidos en sus intentos por establecer democracias transparentes y orientadas a proteger los derechos ciudadanos. Algunos presumen de libertades y desarrollo, pero solo benefician a un porcentaje mínimo de la población y dejan a las mayorías privada de derechos esenciales como la educación, salud y alimentación. En esas naciones, el acceso de la ciudadanía a la información veraz, verificable y completa sobre los actos de sus gobernantes suele ser casi imposible.

El derecho a la verdad proclamado por la ONU, por lo tanto, también debe incluir a las grandes mayorías. Junto con las víctimas de crímenes de lesa humanidad están enormes conglomerados humanos condenados a la miseria y al hambre por gobiernos corruptos y estructuras criminales apoderadas de sus instituciones. El acceso a la información pública y, especialmente, a los registros de los organismos represivos, debe ser un paso ineludible hacia la restauración del estado de Derecho.

Condenar a un pueblo a la miseria, también es un grave delito.

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Las debilidades del sistema

La profunda miseria de los pueblos forma parte de un plan estratégico.

 Solemos ver los acontecimientos como reflejos segmentados de un caleidoscopio; un juego de espejos que nos obliga a separar en trozos dispersos algo que  -visto en toda su dimensión- podría darnos una perspectiva más precisa del espeso caldo político en el cual están sumergidas nuestras naciones tercermundistas. Por ello, es preciso comprender que la pobreza es parte de un plan y los grandes estrategas saben muy bien que para conservar el control del hemisferio sur hay que aplicarlo sin concesiones ni medias tintas. Para ellos, los grandes conglomerados de seres humanos privados de medios de subsistencia son daños colaterales necesarios en esa cruzada por el enriquecimiento de los más ricos y el control de los recursos valiosos de nuestras naciones.

Para ello, cuentan con la complicidad graciosa de gobiernos hundidos en la más grosera y vil corrupción. Son sus peones –los más insignificantes- y precisamente por su carencia de valores, su desprecio por la ley y su ignorancia respecto de la historia de sus pueblos, estos peones son capaces de hundir a sus países más allá, incluso, de las intenciones de sus amos. En Centroamérica se puede observar con prístina claridad el entreguismo de gobiernos aliados con el mayor de sus enemigos: un remedo de sistema neoliberal extremo, cuyo efecto ha sido colapsar a sus instituciones y a sus economías aplastando toda oportunidad de desarrollo. Guatemala, Honduras y Nicaragua no pueden definirse por el color político de sus gobernantes –porque no hay ideología que justifique tanta miseria moral- sino por los hechos que los colocan entre los más represivos, violentos y corruptos del continente.

El caos institucional, las violaciones de los derechos humanos, el desprecio por el estado de Derecho y un estatus permanente de incertidumbre en el cual se debate una ciudadanía abandonada a su suerte, los han convertido en un ejemplo de lo que no debe ser. Sus estrategias de intimidación contra pueblos ya debilitados por el solo hecho de carecer de medios de subsistencia mínimos, funcionan como un freno a la acción ciudadana, mecanismo esencial de toda democracia. En este contexto viciado, los negocios más prósperos son los monopolios, el tráfico de seres humanos y de drogas, en ese orden.

La indiferencia de autoridades e instituciones por el destino de miles de niñas, niños, adolescentes y mujeres desaparecidos sin dejar huella permite deducir la complicidad de sus instancias encargadas de la seguridad ciudadana. Así de podridas están las estructuras institucionales. A esto se añade un plan maestro de larga data, concertado con los sectores de poder económico para mantener a sus pueblos alejados de toda posibilidad de empoderamiento a través de una educación de calidad, acceso libre e ilimitado a la información y la garantía de un sistema de salud capaz de prevenir y evitar la desnutrición crónica que –solo en Guatemala- afecta a más de la mitad de la población infantil.

El cuadro no responde a un castigo divino ni a un infausto destino marcado por la rotación de los planetas. Es parte de un plan perverso pergeñado por mentes maquiavélicas con el único propósito de apoderarse de las riquezas de los países para acrecentar las arcas de un puñado de seres todopoderosos capaces de definir el destino de las naciones con la complicidad de títeres locales. Es, en otras palabras, el mapa de los deseos dibujado por un sistema económico voraz y carente de humanidad, ante el cual los pueblos empobrecidos son indefensos. A menos, claro, que sean capaces de elevarse por sobre sus diferencias para elegir, de entre toda la basura electoral, a sus mejores cuadros políticos. 

El plan maestro está diseñado para hacer más ricos a los ricos. 

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Los avatares de ser mujer

Algunos seres humanos vienen con carga adicional desde antes de nacer.

 En algunos países, nacer mujer es una maldición para el prestigio de la familia; de algún modo, se considera indicio de “debilidad genética” y se percibe como una mancha en la reputación del hombre, porque una niña supuestamente no aporta a la familia ni a la sociedad. Este desprecio por lo femenino es universal e instaló, a lo ancho y largo del planeta, a lo masculino como la plataforma sólida sobre la cual se eleva la estructura social en todas sus manifestaciones.

Para las mujeres ha sido una ruta llena de obstáculos, miseria y condena moral no solo enfrentar el desafío de la igualdad sino el derecho a desarrollar sus capacidades plenas. Tanto es así que recién en los últimos dos siglos ha sido posible insertar en leyes y tratados los conceptos de equidad, derechos sexuales y reproductivos, penalización de la violencia de género y otras formas de protección dirigidas a garantizar el respeto por los derechos humanos de más de la mitad de la población del mundo.

Sin embargo y a pesar de los avances, no todo está como debe ser. El solo hecho de verse en la necesidad de salir a manifestar a las calles para exigir los derechos que les corresponden –incluso en países desarrollados- es un signo evidente del retraso existente en la ruta de la igualdad de sexos. Los avatares del feminismo comienzan desde la percepción de la sociedad hacia ese movimiento de reivindicación. El rechazo del término “feminismo” como consecuencia de una campaña de descalificación de la lucha por la igualdad, ha encontrado una acogida instantánea en los sectores más conservadores y de poder político, desde los cuales existe una oposición cerrada contra las libertades y derechos de la mujer.  

El sistema de un patriarcado indiscutible y bien enraizado apenas ha comenzado a temblar y eso que ya estamos en el siglo veintiuno, el de las comunicaciones instantáneas, el de la alta tecnología y en donde se supone existen leyes emitidas en función de reducir la brecha. Pero el sistema todavía cuenta con recursos para entorpecer y hacer más difícil la lucha feminista, dada la pobre presencia de mujeres en los organismos legislativos en la abrumadora mayoría de países del mundo. De ese modo, al no poseer voz suficiente para equilibrar las normas y leyes que las afectan, se ven obligadas a manifestar sus exigencias en un ámbito mucho menos seguro: las calles.

Si esta situación de desventaja institucionalmente instalada ha sido un poderoso avatar en contra del pleno goce de derechos para las mujeres del mundo, hay que imaginar cómo afecta a las niñas y adolescentes, cuyo estatus familiar y social está marcado por múltiples obstáculos. Las niñas nacen en un ámbito proclive a la represión y a la negación de acceso a la educación, a la salud y a la seguridad. Son susceptibles de ser agredidas sexualmente en el ámbito doméstico y en aquellos espacios supuestamente protectores, como la escuela o la iglesia. Su voz no incide en las decisiones de los adultos que las rodean por carecer, desde su condición de niñas, de cualquier forma de poder.

La lucha feminista –y el feminismo como concepto- ha sido como abrir brecha a destajo en un terreno sembrado de minas. A las valientes que han precedido les ha tocado cárcel, represión y hasta muerte de las maneras más crueles. Esto, solo por haberse atrevido a exigir lo que les correspondía de la cuota de libertades y derechos humanos. Por lo tanto, el deber de una comunidad sana y solidaria es unirse a esta lucha con la certeza de que, para avanzar como sociedad, es preciso cambiar las injustas y absurdas reglas existentes.

 No hay obstáculo imposible en la lucha por la igualdad. 

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El candado de hierro

Los parámetros en donde se inscribe la cultura patriarcal permanecen inmutables.

 Algunos investigadores afirman que el cinturón de castidad jamás existió. De acuerdo con el experto en estudios germánicos, el doctor Albert Classen, ese adminículo creado durante la Edad Media para garantizar la castidad de las mujeres es una leyenda popular. Puede ser; sin embargo es imposible negar la existencia de una versión cultural y social de tal engendro metálico, cuya operatividad para ejercer un enorme poder restrictivo en los derechos y las libertades del género femenino ha traspasado los siglos sin grandes obstáculos. De hecho, la prueba está en la lucha feminista por derribar estereotipos y recuperar espacios de participación que les han sido escatimados a las mujeres a lo largo de la Historia, en pleno siglo veintiuno.

Nos acercamos a otra conmemoración del Día Internacional de la Mujer y todavía es necesario salir a las calles y enfrentar al poderoso sistema patriarcal para exigir el respeto por los derechos sexuales y reproductivos, los derechos políticos y económicos, así como el acceso a una justicia con enfoque de género. La resistencia del sistema en países con un desequilibrio rotundo en las cuotas de poder, en donde la presencia de mujeres en sus organismos legislativos es casi nula, permite la implantación de normas restrictivas tan radicales como los cinturones de castidad medievales –reales o imaginarios- con el propósito de monopolizar el poder castigando todo intento de igualdad entre sexos.

En esta lucha desigual y profundamente perversa uno de los grupos más golpeados es el de la infancia. Incapaces de defenderse y, peor aún, sin consciencia de su condición de marginalidad, las niñas y niños sufren los peores embates del machismo y la misoginia. En nuestras naciones regidas por gobernantes corruptos en un contexto de hipocresía religiosa y normas espurias, el sueño de la paz y el desarrollo para todos por igual es imposible por definición. Una sociedad en la cual la desigualdad, el abuso y la imposición de restricciones a los derechos humanos de las mujeres sea tolerado por sus integrantes por desidia o ignorancia, jamás podrá superar ese subdesarrollo viciado que la ha marcado durante siglos.

El candado de hierro no es más que una metáfora, pero ilustra a la perfección ese cúmulo de prejuicios moralistas y añejos enraizados en el pensamiento colectivo y cuyo poder se ejerce sin discriminación ni análisis sobre el sector mayoritario y menos influyente de las sociedades. Entre las mujeres y la juventud –contingente cuyo aporte representa la base del desarrollo de un país- cubren largamente la mayoría absoluta de la población. Por lo tanto, de alcanzar la cuota de poder político y social que les correspondería por derecho, las reglas del juego cambiarían de modo tan drástico como para dar una dramática vuelta de tuerca a los sistemas actuales, que han empobrecido a los pueblos para enriquecer a las mafias que los gobiernan.

El castigo familiar y social contra quienes exigen cuotas justas de participación en la definición de leyes y normas que les afectan, respeto por sus derechos elementales y el control sobre aquello concerniente a su cuerpo y su intimidad, constituye otra fase de la violencia de género, esta vez institucionalizada, otro de los resabios de un sistema colonialista añejo y cargado de prejuicios. Una legislación sin participación igualitaria de mujeres y hombres nunca podrá ser justa ni legítima, sino una dictadura avalada por inercia y tradición. Por ello, el acceso de las mujeres a los cuadros superiores de las instituciones políticas es una necesidad vital para garantizar una auténtica democracia.

 El cinturón de castidad es la metáfora perfecta para ilustrar la exclusión.

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La niñez amordazada

No hay peor ofensa, ni dolor más profundo como cuando dices la verdad y no te creen.

Una de las grandes debilidades de ser niña es no tener el poder ni la credibilidad para hacerte escuchar, ni para hacerte respetar por adultos convencidos de ser más importantes que tú. Quizá, si no todas lo han experimentado, podría jurar que casi todas han pasado por esa triste etapa durante la cual. al carecer de autoridad, no son tomadas en serio al intentar denunciar el abuso al cual han sido sometidas. Eso, cuando se atreven a hablar. Pienso en ello cuando observo las cifras de denuncias por violencia sexual contra menores. ¿Quién las presenta y cuánto ha significado ese proceso en cuanto a vergüenza, dudas, interrogatorios y castigo para las víctimas inocentes?

Es indudable el hecho de contar hoy con muchos más recursos legales para investigar y condenar a los perpetradores de delitos sexuales. Sin embargo, no es suficiente para detenerlos y proteger a quienes por definición son las víctimas propiciatorias de esa clase de depredadores. Las espeluznantes historias de tráfico de niñas y niños, prostitución infantil, pedofilia, violaciones e incesto hablan de niveles inauditos de impunidad, sobre todo considerando que esas estadísticas esconden sub registros difíciles de cuantificar.

Esto obliga a repasar uno de los capítulos más crueles de los últimos tiempos en cuanto a violencia sexual contra niñas y adolescentes. Me refiero a las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción en Guatemala, calcinadas en un aula cerrada herméticamente por quienes estaban encargados de su seguridad. Es decir, del vil asesinato de un grupo de niñas y adolescentes cuya vida se encontraba encomendada a una institución supuesta a velar por su bienestar. Ese episodio cuyas imágenes jamás se borrarán de mi memoria revela de modo indiscutible cómo una sociedad ha podido desentenderse con tanta ligereza de su responsabilidad con respecto de la niñez.

No quiero aludir con esto a una obligación personal y específica sino a una actitud, una postura radical de exigir a las autoridades cumplir con su obligación –la cual, hay que insistir, es un mandato constitucional- de proteger a niñas, niños y adolescentes brindándoles el respeto, la seguridad y las oportunidades para desarrollarse en un ambiente libre de violencia. Sin embargo, no solo se ha visto la indiferencia y el desprecio de quienes administran las instituciones del Estado, sino a ello se ha sumado un inconcebible mensaje de odio desde quienes insisten en culpar a las víctimas ensañándose en cubrirlas de lodo aun después de muertas.

Pero esta manera de reducir a la niñez a un espacio de silencio no solo sucede en un país, sucede en muchos otros, poderosos o en vías de desarrollo. La niñez no tiene estatura jurídica, no tiene el recurso de una voz con autoridad, no tiene en dónde protegerse cuando es atacada en el seno de su hogar, de su iglesia o de su escuela y tampoco cuenta con el conocimiento para entrar en el laberinto burocrático de la denuncia. Hemos de comprender hasta dónde llega la vulnerabilidad de una niña, un niño o un adolescente cuya vida depende de otros. Desde nuestra situación de adultos nos resulta cada vez más lejana esa sensación de indefensión, porque la hemos acallado sepultándola en lo más profundo de nuestro subconsciente.

Proteger a la niñez es mucho más que imponerle restricciones y temores; es escucharla con respeto, educarla de manera integral para proveerla de herramientas y recursos capaces de fortalecer su autoestima, es rodearla de cariño y sobre todo, de creer en ella. Esto último, como tarea pendiente para quienes hemos olvidado cómo era eso de sentirse indefenso.

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El manual de las abstracciones

Somos maestros en el recurso de la evasión, con la enorme capacidad de abstraernos del mundo real.

 Como un ejercicio indispensable de supervivencia emocional hemos ido adaptando nuestro mundo interior con el propósito de protegernos contra la fuerza de las circunstancias. Vemos la miseria y el dolor de otros –y muchas veces de nosotros mismos- con un filtro contradictorio de resignación y optimismo, único recurso posible para protegernos de emociones demasiado intensas y devastadoras. Así vamos dejando atrás aquello potencialmente letal para nuestro equilibrio interno. Por ello, quizá, nos hemos convertido en una especie de “procesadores” cuyo objetivo es seguir adelante, no ver lo que no nos toca de manera directa y abstraernos de toda experiencia traumática.

En países como los nuestros, con pasados y presentes cargados de violencia y destrucción, este mecanismo viene instalado desde la infancia. Dotado de un velo de indiferencia que muchos llaman “resignación cristiana” o “así es la vida” nos hemos acostumbrado a tolerar el abuso y el vasallaje de los más débiles como parte de la tradición y la costumbre. En ese conglomerado de seres indefensos ante sistemas adversos al goce de sus derechos humanos elementales están las mujeres, las niñas, niños y jóvenes como los principales actores de esta comedia patética, una comedia cuyo guión nos induce a alterar nuestra escala de valores para acomodarnos lo mejor posible en el estrato que nos toca, siempre con la ambición de trepar al superior.

De este modo, pasan por nuestro lado sin dejar huella acontecimientos cuyo impacto nos debería obligar a reaccionar, participar y dedicar un esfuerzo adicional para hacer de nuestra sociedad un conjunto de seres humanos y no un montón de islas blindadas contra la realidad. El mecanismo de la negación ha sido perfeccionado de tal modo que después de un tiempo -y con el correspondiente abrigo emocional de la negación- tanto las víctimas inocentes de los conflictos armados como aquellas condenadas al hambre y la miseria por el abuso político y económico de las élites dejan de ser personas para convertirse en una masa abstracta y anónima, cuyo destino estaba supuestamente marcado por fuerzas superiores o por dioses inclementes.

¡Qué excelente recurso el de la abstracción! Si no contáramos con ese maravilloso truco de la mente, quizá no hubiéramos podido soportar la visión de las niñas calcinadas ante la vista impávida de los policías en un “hogar seguro” del Estado de Guatemala. Tampoco nos hubiéramos sobrepuesto al dramático relato de las mujeres ixiles violadas por los soldados durante el conflicto armado interno de ese país. O, para verlo más de cerca, si no fuera por los filtros contra la emoción, los muertos que se acumulan en las calles haitianas o palestinas nos impedirían disfrutar del almuerzo dominical. Pero no. Gracias a nuestra valiosa capacidad para obliterar todo aquello que nos cause dolor o siquiera malestar, cerramos el acceso a la solidaridad natural de la especie humana y condenamos a “los otros” a vivir lo suyo sin dedicarles un solo pensamiento.

¿Será esto un mecanismo de protección emocional o con esa actitud carente de valor humano nos condenamos a ser las siguientes víctimas en esa escalada de indiferencia? Al no involucrarnos, no participar y dejar que otros decidan, abandonamos un principio fundamental de toda sociedad organizada y violamos una de las reglas fundamentales del sistema democrático al cual nos adherimos. La realidad actual, por lo tanto, nos obliga a quitar los velos y observar, sentir y comprender el origen, las causas y las posibles consecuencias de cerrar los ojos y dejar pasar.

 No tenemos derecho a no ver, no sentir, no participar.

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Nada nuevo bajo el sol

El abuso de las potencias no es nada nuevo, han actuado de este modo desde hace mucho, muchísimo tiempo.

 

El estudio de la Historia de la Humanidad debería ser una asignatura de importancia capital en los planes académicos. No porque el relato de las guerras y los descubrimientos posea un valor más o menos anecdótico sino porque constituye un capital de base, fundamental en el análisis de nuestra trayectoria como seres humanos. A partir de una revisión crítica de los textos podríamos comprender hasta dónde ha llevado a las naciones la manipulación de quienes anteponen los intereses hegemónicos a los de los pueblos y hasta qué punto ello incide en nuestra realidad actual.

Nos han enseñado a venerar a supuestos héroes y nos han creado íconos falsos desde una elaboración interesada de la historia, pero la verdadera razón tras esos fenómenos se encuentra revestida de la negación del goce de derechos y de la explotación indiscriminada del poder de unos por encima de otros. Los seres humanos, cuando alcanzan cierto nivel de dominio, no ponen límite alguno a su avidez y acumulan riquezas hasta no saber qué hacer con ellas. El espectáculo de su inmensa capacidad de dominación les impide darse cuenta de cómo el agotamiento de esos recursos adquiridos por la fuerza terminará por ocasionar su propia ruina.

Estamos en el siglo de la tecnología, de la comunicación, de los acuerdos globales y de una nueva conciencia sobre los derechos humanos; sin embargo, los pueblos se hunden cada vez más en la miseria debido al inmenso poder depredador de corporaciones anónimas protegidas por las potencias mundiales, cuya riqueza ha sido adquirida y acrecentada sobre la sangre de millones de víctimas, vistas estas como daños colaterales en la ruta del desarrollo de los grandes capitales. Algo que suele pasar inadvertido es cómo estos grupos hegemónicos nos han colocado en el papel de cómplices al convencernos de la bondad de sus sistemas de enriquecimiento ilícito y al machacar en nuestra conciencia sus campañas de terror.

La ignorancia sobre el pasado y la manera como se nos inculca una escala valórica retorcida e interesada inciden en nuestra limitada y obtusa visión del mundo. Las estrategias geopolíticas de la mayor potencia mundial inclinan la balanza de la opinión pública a su favor gracias a una bien diseñada invasión mediática cuya incidencia en amplios sectores de la ciudadanía reside en el eficaz ocultamiento de sus verdaderas intenciones y en la captura de alianzas oscuras con líderes influyentes y corruptos.

Esto que hoy tiene el nombre de Estados Unidos y sus incondicionales aliados, en pasados siglos tuvo el de Inglaterra, Bélgica, España, Francia, Alemania, Portugal… Potencias cuya riqueza se originó en la miseria de naciones asiáticas, africanas y latinoamericanas independientes y ricas en recursos, pero incapaces de defenderse de sangrientas invasiones, tanto armadas como políticas.

Hoy, las potencias quieren el petróleo y los minerales. Pronto querrán el agua y entonces los pueblos perecerán de sed en nombre del desarrollo y el bienestar de quienes se consideran a sí mismos superiores y dueños de la verdad.  El falso discurso sobre la construcción de un mundo mejor y la defensa de los oprimidos no es más que una bella retórica para disimular su ansiedad por apoderarse del patrimonio de quienes no pueden defenderse y así consolidar un poder que ya es inconmensurable y por tanto ilegítimo, al originarse en la apropiación de la riqueza ajena y, más grave aún, en la sumisión absoluta de quienes han sido designados por el pueblo para administrarla y protegerla.

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La niñez descalza

En nuestra ignorancia celebramos imágenes cuya crudeza debería golpearnos la conciencia.

Las redes sociales suelen funcionar como un buen termómetro social. En ellas se suceden comentarios e imágenes, los usuales despliegues de una visión particular del mundo en el cual vivimos. En ellas la infancia tiene por lo general una fuerte presencia, aunque desde esa visión patriarcal que la ubica en un plano subordinado y dependiente. Algo que no logramos entender desde nuestra posición de adultos, es nuestra responsabilidad respecto de la seguridad y el respeto por los derechos de ese inmenso sector de niñas, niños y adolescentes cuyo presente y futuro depende íntegramente de las decisiones de otros y cuyo destino suele estar marcado desde un nacimiento rodeado de privaciones.

Las caritas sonrientes frente a la cámara, de niñas y niños descalzos y pobremente vestidos, deberían avergonzarnos y no ser motivo de comentarios superficiales teñidos de compasión. Hemos normalizado la miseria de la infancia hasta el extremo de usarla en postales, como si esa injusticia fuera una parte legítima de nuestro entorno social, del mismo modo como hemos normalizado el embarazo en niñas y adolescentes y la violación sexual en el seno del hogar, en la escuela o en los ámbitos eclesiásticos. La sociedad se ha blindado contra la agresión de su propia naturaleza y, revistiéndose de supuestos principios morales, ha condenado a sus nuevas generaciones a toda clase de vejámenes cuyas consecuencias las marcan de por vida. Por ello, esa resistencia a comprender y sobre todo, aprehender el significado profundo de los derechos humanos y su impacto en las decisiones cotidianas y la relación con los demás también constituye una forma de agresión transformada en estilo de vida.

La niñez posee instrumentos de protección integral avalados por la inmensa mayoría de países del mundo, los cuales no constituyen siquiera un llamado de atención para quienes deciden y priorizan las políticas públicas y el uso de los recursos de las naciones. La Convención sobre los derechos del Niño es uno de ellos y señala con claridad meridiana los alcances y la importancia de garantizarles un ambiente apropiado para crecer y desarrollarse, bajo la responsabilidad plena de los Estados y, por supuesto, con la colaboración de toda la sociedad.

Esta Convención es uno de los mandatos fundamentales –en concordancia con ciertos artículos de las Constituciones Políticas y otros acuerdos de carácter obligatorio- cuyo objetivo es proteger a la niñez y, de ese modo. erradicar toda forma de discriminación y violencia en su contra; mandato ignorado de manera irresponsable por los gobernantes latinoamericanos, cuyo privilegio de ostentar el control político, económico y social de sus países pareciera otorgarles el derecho de condicionar a su antojo las condiciones de vida de sus pueblos, pero sobre todo las condiciones en las cuales sobrevive la niñez.

Como una de las mayores injusticias cometidas contra este amplio sector de la población es el acuerdo político teñido de fundamentalismo religioso cuyo objetivo es condenar a millones de niñas y adolescentes a mantener embarazos y maternidades no deseadas, producto de la violencia sexual. Estos embarazos representan una de las mayores causas de la feminización de la pobreza en nuestros países, en donde el respeto por los derechos de las mujeres continúa siendo uno de los temas pendientes más urgentes de sus agendas, pero también uno de los que provoca mayor rechazo desde los grupos de poder. Esto, precisamente por representar un factor de cambio en todos los ámbitos de la vida ciudadana empezando, claro, por dar a la niñez el lugar que merece.

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Diferencia de opinión

La polarización de las sociedades constituye un obstáculo difícil de derribar.

El intercambio de opiniones opuestas sobre distintos temas es, en esencia, un ejercicio saludable; pero también puede ser un mecanismo utilizado para dividir a las sociedades frente a determinados intereses económicos, sociales o políticos. La diferencia entre uno y otro suele residir en cuál acuerdo sobre un marco valórico serviría de sustento para desarrollar las distintas posturas en función de lograr acuerdos satisfactorios para la comunidad. Es en esa dicotomía entre lo ético visto desde una perspectiva social y los intereses particulares, en donde reside la mayor conflictividad y desde donde surgen enfrentamientos derivados de la inevitable oposición de ideas.

Si lo correcto se entendiera como el sistema capaz de proporcionar el mayor bienestar a la mayor cantidad posible de habitantes de una nación, el cuadro parecería alcanzar un nivel cercano a la perfección. Sin embargo el concepto mismo choca con la naturaleza egocéntrica de conglomerados humanos marcados por la premisa de la búsqueda de la propia satisfacción como un derecho inalienable. La conclusión implícita en esta premisa indica que el bienestar de la comunidad es entonces un derivado del bienestar individual y no al contrario, como debería ser por deducción lógica.

Construidos sobre esta plataforma individualista y orientada hacia la materialización de la mayor cantidad posible de privilegios, las sociedades tienden de manera inevitable hacia la confrontación entre grupos e individuos cuyos objetivos solo coinciden en la necesidad de obtener una mejor posición con respecto de los demás. Fuera de este cuadro van quedando, como un rezago humano desechable, los sectores más pobres; los menos afortunados y quienes poseen la menor cuota de poder, o ninguna. Este sistema, sostenido sobre una base de la supremacía de los más fuertes, impide de manera radical las aperturas de diálogos y consensos precisamente por su naturaleza eminentemente egoísta y depredadora.

En la mayoría de nuestros países latinoamericanos, regidos por sistemas aparentemente neoliberales pero esencialmente corrompidos por castas empoderadas durante siglos de dominación política y económica, el diálogo entre distintos sectores de la sociedad es prácticamente impensable. La concentración del poder impide casi por antonomasia cualquier acercamiento honesto entre quienes han usurpado el dominio con quienes reclaman su parte del poder. En medio de esos extremos existe un contingente de ciudadanos urgidos de participación y con la capacidad suficiente para ejercer esa tarea, pero aislados en una jaula de prejuicios y estereotipos diseñados para ese fin por medio de la formación educativa, la imposición religiosa y la conveniente división por clases y etnias.

Es esencia, el diálogo constructivo y capaz de generar cambios estructurales sólidos y positivos con el concurso de todos los sectores, es una utopía. Para lograrlo, se requeriría de un cambio profundo del marco valórico cuya supremacía ha impuesto una visión determinada sobre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, siempre con el filtro de los intereses individuales y contrario a un pensamiento capaz de derribar obstáculos tan sólidos y arraigados como el racismo y el desprecio por los menos afortunados.

De ahí el enorme valor de quienes luchan por erradicar sistemas basados en la opresión y opuestos a la democratización de sus estructuras institucionales. Sin ese paso, las diferencias de opinión no podrán evolucionar hacia los consensos necesarios para hacer, de estos reductos cerrados, auténticas sociedades.

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Al olor de la carroña

Atentos a cualquier signo de debilidad, los corruptos esperan…

 Nada hay más peligroso que una fiera acorralada. La potencia de su pánico es una droga que la incita a cometer actos extremos para defender su territorio de cualquier amenaza externa. Borracha de adrenalina, es capaz de desarrollar una fuerza destructiva superior a su capacidad con el fin de destruir a sus potenciales enemigos. Así actúan en nuestros países las organizaciones criminales cuando existe la menor posibilidad de perder la inmunidad conseguida durante décadas a fuerza de sobornos y amenazas.

Este es el escenario más peligroso para las naciones democráticas cuyos sistemas han permitido el crecimiento y la consolidación de redes de poder en el corazón de sus instituciones. En Guatemala, el enemigo máximo ha sido una organización destinadas a desarticular estas redes, la Cicig, cuyo desempeño logró investigaciones, procesos y sentencias inéditas en el país, enviando a prisión a muchos protagonistas de los delitos más escandalosos de las últimas décadas. Sin embargo, las organizaciones criminales conformadas por políticos, empresarios, militares y traficantes de droga y de seres humanos, al sentirse acorralados emprendieron la furiosa arremetida hasta neutralizarla e impedirle realizar el trabajo que el mismo Estado de Guatemala le encomendara.

Muy cerca de Guatemala, en México, la asunción al poder de Andrés Manuel López Obrador ha provocado similares reacciones entre los criminales alimentados por la impunidad que les han garantizado los gobiernos anteriores. Capaces de cualquier cosa con tal de entorpecer y aniquilar al nuevo gobierno, han iniciado un plan de sabotajes con el lamentable resultado de la muerte de civiles tan inocentes como indefensos. La estrategia no solo ha ocasionado pérdidas humanas, también ha creado confusión en una sociedad fuertemente dañada por la acción de las organizaciones criminales.

Decididas a todo, estas mafias súper poderosas operan desde todos los ámbitos y no tienen el menor escrúpulo en afinar su puntería sobre la población civil con tal de crear un ambiente de caos y temor, perfecto sustrato para asentar sus planes y continuar con el despojo de la riqueza de sus países. Es así como amordazan a quien tenga el valor suficiente para enfrentarlas y anulan las iniciativas ciudadanas cuyo objetivo sea transformar el sistema para crear uno capaz de abrir espacios de participación, depuración de instituciones y desarrollo de procesos en el ámbito de la seguridad y la justicia.

Estas fieras buscan el olor de la carroña y se agrupan ansiosas alrededor de los cadáveres de su propia especie. Son traicioneras y crueles, saben muy bien cómo debilitar cualquier intento de rebelión y aplastan todo cuanto amenace la impunidad con la cual los ha beneficiado una larga cadena de gobiernos supuestamente democráticos. Ávidas de riqueza y poder, no dudan en violar leyes con tal de perpetuar –incluso en cadena familiar- el despojo y el abuso. Nuestros países son ricos, tanto que no han podido sustraerse a la explotación irracional y extrema a la cual los han sometido estas organizaciones con la plena complicidad de gobiernos extranjeros poderosos pero igualmente interesados en mantener a la población callada y obediente.

Quizá el miedo pueda ser el aliciente para generar la respuesta de una ciudadanía harta de la sumisión y la pobreza. Quizá por fin se decida a limpiar la carroña que contamina a sus instituciones y comience a exigir, con la debida autoridad, los cambios necesarios para salir del lamentable estado de degradación en el cual se hunden sus sueños y esperanzas.

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El color de la política

La acción política no es mala per se, sino el resultado del uso o abuso de ese poder.

“La política es sucia, la política es corrupta, no hay que meterse en política…” Estos son algunos de los mensajes destinados a salvaguardar la ética y la seguridad personal a costa de abandonar los asuntos públicos en manos de otros. Mal mensaje, sobre todo para las nuevas generaciones cuyos integrantes han crecido y desarrollado en un ambiente de desconfianza y apatía generado por un ejercicio opaco, malintencionado, corrupto y exento de valores en la mayoría de países del mundo.

Sin embargo, el compromiso político se convierte en la única herramienta posible para transformar los marcos dentro de los cuales se ejerce el poder. No existe posibilidad de avanzar en la consolidación democrática de las instituciones sobre las cuales descansan la justicia y los derechos ciudadanos si la ciudadanía no participa organizadamente para garantizar su representatividad en las más altas instancias de una nación. Las estrategias mediante las cuales se ha conseguido provocar ese abandono de las obligaciones cívicas por parte de la población han sido creadas precisamente para concentrar el poder casi absoluto en manos de grupos interesados por monopolizarlo y aprovecharse de él.

Esta indiferencia política inducida por la conducta indeseable de quienes se encargan de los asuntos públicos, resulta especialmente perjudicial en la mayoría de países latinoamericanos cuyos sistemas se han decantado por el abuso de privilegios, impunidad para sus delitos, monopolización de los cuadros directivos de las organizaciones políticas y una legislación con candados diseñada para jamás perder ese monopolio. Este escenario resulta especialmente disuasivo ante una juventud privada de educación de calidad y sobre todo de la información indispensable para generar espacios de discusión, análisis y participación.

El recambio generacional es indispensable, pero también lo es la creación de cuadros políticos capaces de romper esos muros construidos por las generaciones anteriores, la mayoría de ellas condicionadas por los resabios de una Guerra Fría cuyos mensajes fueron elaborados a partir de la necesidad de Estados Unidos de dividir a los pueblos. Estas estrategias, cuyo objetivo era dominarlos con mayor eficacia apoyados por títeres represivos y cámaras legislativas acordes con sus proyectos de dominación, se fueron consolidando gracias a la infiltración de grupos religiosos, grandes monopolios y una represión sanguinaria contra todo pensamiento político opuesto.

La participación política, hoy secuestrada por grupos de poder con intereses económicos y altos niveles de corrupción, constituye un derecho ciudadano inalienable en cualquier país democrático o cuyo marco jurídico permita esa clasificación. No hacerlo es un abandono de los derechos pero también de las responsabilidades ciudadanas, toda vez que se delega en otros –por lo general de dudosas intenciones- el futuro de las mayorías. En nuestros países se puede ver el resultado de ese abandono en los espeluznantes indicadores de desarrollo social, pero también y sobre todo en el escandaloso enriquecimiento de las castas económicas y políticas que nos gobiernan.

Es importante reconocer que la política no tiene color. El color se lo dará quien la ejerza de acuerdo con su estatura ética y sus valores. Por ello es importante rescatarla y realizar el arduo trabajo de quitarle esa pátina que hoy la cubre. Nadie tiene derecho a impedir la participación ciudadana, pero será esa ciudadanía la única y principal responsable de abrir los candados que hoy la marginan.

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La cobija de la impunidad

Guatemala vive uno de los momentos más críticos de su historia.

 La democracia es como el amor: para conservarla es preciso trabajar por ella, consolidarla a diario en el respeto por las leyes y los derechos de los otros, participar como ciudadanos y cultivar ideales comunes en la búsqueda de la igualdad, con tolerancia por las ideas ajenas. Todo eso dentro de un ambiente de paz y armonía. Lindas palabras cuya realidad suele ser incompatible con la naturaleza humana, más inclinada al abuso de poder, a la codicia y a la búsqueda de satisfacción individual. Este cuadro, el cual se repite una y otra vez en países como los nuestros, ha causado una debilidad endémica a lo largo de la historia, en parte por la injerencia de potencias industriales cuyas acciones directas e indirectas nos han transformado –en mayor o menor grado- en repúblicas bananeras, pero también por la impotencia ciudadana.

Durante el fin de semana, Guatemala se ha convertido en el ejemplo más representativo de esta triste definición. Un gobierno bajo la influencia de una casta de empresarios cuyo dudoso mérito reside en haber conseguido montar todo un sistema de privilegios, tan efectivo como para haber perdurado por siglos y para continuar engañando a los ilusos, quienes creen en su aporte a la economía y al desarrollo. Sumado a ello, un ejército en cuyo papel de guardián de esta casta de privilegiados ha perdido todo contacto con su verdadera misión y una clase política cuyo mayor interés es blindarse contra la acción de la justicia para hacer de los bienes nacionales su caja chica.

Cuando por obra de algún milagroso fenómeno de la naturaleza se logró crear un organismo de investigación y apoyo a la justicia (Cicig) para perseguir los delitos cometidos por las organizaciones criminales insertas en el Estado, se podía augurar una apertura en esa cobija espesa de la impunidad institucionalizada. Por ese esfuerzo se logró avanzar en importantes casos de alto impacto, llevando a prisión a personeros de los sectores políticos, empresariales y castrenses. Sin embargo, el presidente de la República y su consejo de seguridad, integrado por los ministros de gobernación, relaciones exteriores, de la defensa y otros funcionarios de menor rango, se han atrincherado contra cualquier investigación sobre sus actos de corrupción, rompiendo en pedazos el marco institucional, violando disposiciones constitucionales y desobedeciendo las órdenes de las más altas cortes del país en su afán por impedir la acción de la justicia.

Pero este escenario que podría haber provocado una repulsa general e inmediata de la ciudadanía, solo ha permeado en ciertos estratos de la sociedad como las organizaciones civiles y los grupos más próximos a la vida política nacional. La grandes masas, divididas por estrategias pergeñadas desde los grupos dominantes, siguen en la duda de si perseguir a los criminales instalados en el Estado es bueno o malo para la salud nacional, porque hay quienes afirman que esta clase de noticias perjudica gravemente a la economía y a la imagen del país en el exterior, desanimando a posibles inversores.

El silencio ciudadano ha sido la protección más eficaz para los corruptos, a lo largo de su historia y, por supuesto, durante los gobiernos de la época democrática. El saqueo de riquezas ha sido constante y pródigo para los grupos de poder, mientras el pueblo se consume en la miseria más injusta. Las acciones intimidatorias del gobierno contra la Cicig y la ciudadanía son apenas una muestra del peligro al que se expone Guatemala: la posibilidad de perder una democracia incipiente que ha costado miles de vidas.

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Los dobleces de la moral

Estamos programados para seguir un protocolo de obediencia al pensamiento ajeno.

 Hoy se cierra el año. Esta noche se realiza el ejercicio de una contabilidad obligada de avances y retrocesos, de promesas incumplidas, así como de sueños aplastados por decisiones ajenas y pasividades propias. En este lapso de días, semanas y meses transcurridos desde el último recuento anual han desfilado acontecimientos que por repetidos han dejado de llamar la atención y se han sumado a una agenda noticiosa impermeable a las emociones. En ella se suceden las tragedias y se acumulan las frustraciones, pero nada de eso cambia la perspectiva ni modifica las actitudes egocéntricas de una humanidad cada vez más centrada en sus pequeños objetivos personales.

Es así como en el variado panorama mundial han desfilado, uno tras otro, hechos que, por su enorme trascendencia, debieron poner en alerta y posición defensiva a los pueblos afectados por ellos. Un ejemplo contundente ha sido el creciente fenómeno de las migraciones ocasionadas por el hambre y la violencia, por las guerras y el crimen organizado con su cauda de muertes injustificables de seres indefensos. Sin embargo, los núcleos más influyentes de las sociedades desde las cuales se origina esta huida masiva manifiestan no solo indiferencia, sino encima de todo una condena moral contra quienes en su afán por sobrevivir toman el camino de la frontera.

¿Desde cuál plataforma ética, transparente y racional se permite la sociedad juzgar las decisiones de quienes lo han perdido todo? ¿Cuál es el punto de vista desde donde se miden las responsabilidades por el éxodo de quienes arriesgan su vida en una ruta plagada de amenazas? ¿En dónde se marca el límite del derecho humano a buscar su bienestar y el de su familia? ¿Cuándo y cómo se decidió la hegemonía del poder económico y geopolítico por sobre el derecho a la vida? Pero aún así, no deja de sorprender el conformismo y la aceptación -como si de un hecho irrebatible se tratara- de quienes permiten a un círculo de superpotencias decidir la suerte de millones de seres humanos.

Los principios y valores de nuestras comunidades humanas ya desde hace tiempo dejaron de constituir un protocolo sujeto a debate, revisiones y actualización. Se acepta como válido el principio de la supremacía del poder, sin repararse en la falsedad de intenciones de quienes lo detentan. De ahí surgen los nacionalismos extremos capaces de dividir a los humanos por su condición y su origen, así como otras desviaciones de la solidaridad y la empatía convertidas en actos de dudosa caridad. Desde esas posiciones extremas se predica un cristianismo a la medida de las ambiciones de los predicadores y una sumisión inducida a la medida de los intereses económicos de los gobiernos más poderosos y de las clases dominantes.

En una sociedad, los actos y pensamientos enmarcados en la moral son otra cosa. Equivalen al respeto por los demás, sus derechos y sus circunstancias. Reflejan algo más que una simple actitud de tolerancia, construyendo sociedades capaces de generar desarrollo y coincidencia en la búsqueda de objetivos. Propician el bienestar con un énfasis marcado en las nuevas generaciones, las cuales representan la mejor oportunidad de consolidación de valores en cualquier comunidad humana. Este énfasis en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes no es un acto de generosidad sino una urgente medida de supervivencia, toda vez que en ellos reside el futuro de las naciones. Abandonarlos, por lo tanto, no solo es un crimen de lesa humanidad; es el suicidio de una nación.

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La consigna de la felicidad

 “Ni siquiera pedimos felicidad, solo un poco menos de dolor” (Charles Bukowski)

 Pocas fechas son tan propicias como la Navidad para reflexionar sobre ciertas consignas sociales que marcan la vida de los humanos. Fechas establecidas a partir de fenómenos históricos reales o imaginarios cuya impronta se encuentra tan profundamente grabada, como para eliminar todo cuestionamiento y definir la conducta de las sociedades. El origen de la Navidad es el nacimiento de uno de los más importantes líderes espirituales de todos los tiempos, cuyo mensaje de humildad y amor por el prójimo pudo, quizá, echar raíces en las comunidades humanas y fundar relaciones de respeto y solidaridad, de no haber sido por la naturaleza egoísta y rapaz de esta nuestra especie demasiado imbuida de su propia importancia.

Durante estos días vamos a ser felices porque así debe ser. Vamos a celebrar algo que en el fondo ignoramos porque así lo manda la voracidad comercial y el siempre presente afán de escapar de la dura realidad. La niñez, personaje central de las festividades, tendrá quizá el consuelo de un presente como compensación de los adultos por los abusos y la indiferencia que se les han impuesto durante el resto del año. También estarán presentes en los medios de comunicación -¡no faltaba más!- algunos grupos empresariales interesados en aprovechar las fiestas para lavar su imagen con donaciones de juguetes y alimentos para los “niños pobres”, financiados con dineros que luego figurarán en la lista de exenciones en sus registros contables. 

No hay que ignorar en estas fechas felices a otros líderes quienes, bajo la consigna de la fe, con gran boato y el poder que les otorga su influencia social, política y espiritual sobre sus fieles, han amasado enormes fortunas y viven entre lujos y excesos materiales, predicando el amor y la humildad sin el menor sonrojo por sus descaradas contradicciones. Estos especuladores de la fe cristiana forman parte activa de los círculos de poder político, los mismos que han condenado a la niñez a un futuro de miseria y dolor en un constante atentado contra sus derechos y su dignidad.

Para quienes manipulan el poder desde las esferas de gobierno, la Navidad también es un regalo del cielo; porque mientras la ciudadanía más pudiente entra en esa atmósfera rosada de la ilusión de los adornos, los regalos, los pinos decorados, los cohetes, el pavo y los villancicos, sus gobernantes se reúnen para conspirar y amañar cuanto se pueda, aprovechando el deslumbramiento de quienes suelen complicarles la tarea. El resto de la población, hundida en la miseria y carente de mecanismos de participación, vivirán como de costumbre un receso navideño humilde, mucho más parecido al acontecimiento cuyo origen marca esta fecha.

El toque amargo del pastel viene dado cuando nos olvidamos del personaje principal de esta historia: Niñas, niños y adolescentes que ya no cuentan como sujetos de derechos porque los objetivos de los adultos –sus guardianes, sus protectores y sus ejemplos de vida- han corrido en una dirección contraria. Esta noche, cuando se conmemora el nacimiento de uno de los hombres más generosos y solidarios, millones de niñas, niños y adolescentes pasarán frío en campamentos de refugiados, sin alimentos, sin agua, sin protección. Otros la pasarán en chozas de cartón colgando de los barrancos; en las calles, refugiados en una nube de olvido gracias al pegamento; en hogares estatales carentes de condiciones mínimas de abrigo y seguridad; en bares y prostíbulos a donde el sistema las ha relegado o en la manipulación de explosivos, para que usted se divierta quemándolos esta noche.

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Pequeñas figuras de papel

La protección de la niñez es un borrador perdido entre otros temas pendientes.

Me preguntan a veces por qué insisto en el tema de la niñez, habiendo otros tanto o más importantes en la agenda pública. Insisto, porque dudo de la existencia de una tarea más importante que poner en evidencia la situación dramática –y muchas veces trágica- vivida por millones de niñas, niños y adolescentes, aunque a algunas personas les parezca tediosa mi tozudez. Creo, con firme convicción, en la necesidad de seguir machacando sobre ese clavo herrumbroso, torcido e ineficaz a medio insertar en la agenda política y social. He reflexionado sobre ello para dar una respuesta, llegando a la conclusión de que aunque las niñeces felices parecen ser ya un fenómeno en vías de extinción y tanta convención, tratado y predicamento sobre sus derechos no acaban de prender en la conciencia ni en las decisiones de las sociedades, nuestra obligación prioritaria es defenderlos y hacerlos valer.

Para demostrar cuánto abandono pesa sobre las nuevas generaciones basta dar un paseo por los medios de comunicación locales e internacionales, en donde las violaciones cometidas contra ese sector de la población se han convertido más en un relleno noticioso que en un tema toral de gran impacto. Su grotesca abundancia nos dice cuán poco hemos avanzado en el establecimiento de protocolos y procesos jurídicos y administrativos capaces de garantizar la seguridad y el goce de derechos para una de las franjas sociales más importantes en una nación. Niñas, niños y adolescentes forman, en nuestros países subdesarrollados, un enorme contingente de seres abandonados cuya vulnerabilidad natural los coloca en la mira de quien quiera explotarlos. De ese modo van cayendo en redes de trata, en pandillas, en prostitución, en matrimonios forzados y en abuso laboral con una facilidad pasmosa por no tener la voz, el conocimiento ni la autoridad para defenderse por sí solos.

Entonces, volvemos la mirada hacia las estructuras familiares e institucionales y comprobamos cuán débil es la red de protección de la niñez. Aquellos estamentos creados con el propósito de salvaguardar sus derechos han sido cooptados por sus propios enemigos: seres corruptos con poder suficiente para convertirlos en víctimas de un sistema de abusos legitimados a fuerza de privilegios, justicia manipulada para convertir la violación sexual o laboral en un delito menor, actos de intimidación contra cualquier intento de exigir castigo por esta clase de crímenes.

Los abusos contra la niñez comienzan a partir del momento cuando los adultos –padres, maestros, líderes espirituales- se creen con derecho de propiedad. De esa convicción y de un sistema patriarcal cuyo pilar fundamental es el abuso de poder, se desprende todo un abanico de oportunidades para hacer de niños y niñas víctimas propiciatorias para toda clase de vejámenes, convirtiéndolos en pequeñas figuras de papel clavadas sobre un muro de indiferencia colectiva. De ahí viene el afán de mantenerlos en la ignorancia negándoles el acceso al conocimiento y a la información, de ese modo viven amordazados desde temprano y sometidos a una autoridad ilegítima, sin posibilidad de escapatoria.

Nuestras sociedades han abandonado su misión fundamental debido, en parte, a esa cadena histórica de abuso contra los seres más vulnerables de las comunidades humanas. El sistema ilegítimo y perverso de cadenas de autoridad creadas para someter a grandes sectores de la población a las decisiones de un pequeño círculo de poder, debe ser destruido. De otro modo, el concepto mismo de sociedad continúa siendo una vil mentira.

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La protesta revolucionaria

Francia se levanta para dar una lección al mundo sobre el poder popular

La indignación ha lanzado a las calles a miles de franceses, matizada de un fervor revolucionario de profundas raíces históricas que en su momento marcaron el devenir de Europa y el mundo. Consciente de que el poder del pueblo permanece ahí, latente y capaz de transformar la escena social y política, el colectivo conocido como “los chalecos amarillos” ha tomado las calles y paulatinamente ha capitalizado la frustración de una sociedad cansada de los retrocesos provocados por las políticas neoliberales del gobierno de Emmanuel Macron, hasta congregar a ciudadanos de todas las tendencias y estratos sociales. El mensaje lanzado al mundo por este movimiento no podría ser más claro: la Revolución no ha muerto.

Las protestas callejeras en Francia comienzan a despertar también una reacción entre quienes están designados para contrarrestarlas. Las imágenes de policías y bomberos dando la espalda a sus mandos para solidarizarse con los manifestantes constituyen una prueba innegable de las fisuras en el muro cada vez más débil de las estructuras política e institucional que rodean a Macron, quien sin duda comienza a percibir claramente las incalculables dimensiones de la crisis provocada por sus decisiones.

Con la atención puesta en las calles de París, otras sociedades en otros en países gobernados por la corrupción y el abuso se han de preguntar cómo hacen los franceses para mostrar tanta audacia y determinación. Porque poner en jaque a un gobierno aliado con los grandes capitales no es cosa fácil; y enfrentar a las fuerzas de choque resulta extremadamente peligroso. En algunas naciones de nuestro continente latinoamericano se han producido movimientos de protesta de gran magnitud en los últimos años, pero ese espíritu revolucionario capaz de derrotar al miedo y la frustración no parece tener la capacidad de permanecer vivo el tiempo suficiente para generar resultados y sostenerlos.

El mensaje emanado de las protestas en el país galo habla de la imperiosa necesidad de unidad. Pueblos divididos entre ricos y pobres, entre nativos y migrantes, entre tendencias políticas opuestas o creencias religiosas hábilmente elaboradas para generar animadversión y rivalidades entre ciudadanos han creado sociedades débiles y vulnerables, incapaces de identificar y proponer objetivos y metas de beneficio común porque están condicionadas para buscar metas y objetivos personales y de grupo.

El gran desafío que propone el pueblo francés es unirse contra un sistema neoliberal que ha resultado en la debilidad endémica de los Estados. Los gobiernos –en especial los más débiles política e institucionalmente- se encuentran frente a las presiones de una superestructura de inmenso poder económico, la cual se ha apoderado del poder político socavando las bases de la democracia y ha convertido a los Estados en cómplices de sus planes. De ese modo y sin mayor oposición, se apoderan de todos los bienes y recursos más valiosos de las naciones para vendérselos de vuelta a sus legítimos dueños a precios de usura: la minería, la agricultura, el agua, el petróleo, la energía y hasta los cultivos nativos transformados, gracias a patentes legalizadas a fuerza de sobornos, en propiedad corporativa.

Unidad es la fórmula y el pueblo francés lo está demostrando con orgullo y valentía. Unidad con la determinación de no permitir a intereses foráneos imponerse sobre los del pueblo, el cual debe decidir el rumbo de su historia. Es una lección de enorme valor en los momentos que vive América Latina y vale la pena tomarla en cuenta.

 Es el pueblo quien debe decidir cuál será el rumbo de su historia.

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 “No me dejen solo” (AMLO)

El Zócalo no ha dejado lugar a dudas sobre la esperanza de los mexicanos.

Con un lleno total en el mayor escenario de México –el Zócalo- y en medio de una ceremonia celebrada por las autoridades de los pueblos originarios para entregarle el bastón de mando, López Obrador inició su sexenio bajo la promesa del cambio total; la lucha contra la corrupción y la consolidación de las instituciones mexicanas debilitadas durante décadas de gobiernos venales, opacos e incompetentes. El mensaje va claro, tan claro como su discurso de toma de posesión en donde lanzó las más fuertes andanadas jamás escuchadas -en una ceremonia de tal importancia- contra las políticas neoliberales y los crímenes y excesos cometidos durante el mandato de su antecesor.

Mientras eso sucedía en México, levantando una ola de esperanza para el resto del continente, en Buenos Aires llegaba a su fin la cumbre del G20 con la resistencia de Estados Unidos a firmar un acuerdo sobre el cambio climático y defendiendo su hegemonía en el ámbito de los acuerdos comerciales. Los países más poderosos del mundo tuvieron dos días para decidir cuál será el futuro del planeta durante los próximos años, pero por supuesto ese es un futuro claramente definido por intereses geopolíticos, industriales y comerciales entre gigantes, con total desapego respecto de los intereses primordiales de la mayoría de países en vías de desarrollo cuyas poblaciones enfrentan hambre, guerras y pérdida acelerada de sus recursos.

En el otro extremo del continente, el pronunciamiento inaugural de Andrés Manuel López Obrador fue la antítesis del G20. Su rechazo al marco neoliberal favorecido por su antecesor como parte de su programa de gobierno lanza un mensaje poderoso a su vecino del norte señalando un primer golpe importante de timón en las relaciones bilaterales. Asimismo, consciente de la enorme dimensión de su compromiso y confiando en el respaldo popular, el nuevo Presidente de México, uno de los países más poderosos e influyentes de América Latina, toma distancia de los grupos de poder que llevaron a su antecesor a la primera magistratura y prácticamente los erradica del entorno oficial.

Mensaje recibido. Así debería percibirse este nuevo episodio de la política latinoamericana, que trae nuevos aires y promesas cuyo cumplimiento representaría un soplo de aire fresco para el resto de países. En el caso de las naciones centroamericanas, el impacto será directo no solo en cuanto al tratamiento de la crisis migratoria y los tratados regionales, sino también en cuanto a un nuevo marco ético para las relaciones entre gobiernos. Muchos son los comentarios de escepticismo que rodean el inicio de la nueva administración; sin embargo, aun cuando López Obrador cumpliera una ínfima parte de lo prometido como nuevo jefe de Estado, solo con eso el cambio podría ser tan rotundo y revolucionario como para transformar la política regional.

“No me dejen solo”, repitió, con la certeza de que sin la participación ciudadana no existe la menor perspectiva de éxito. “No nos puede fallar” es la respuesta unánime del pueblo mexicano. Así, con este pronunciamiento poderoso y cargado de energía, comienza una nueva etapa cuyos ecos podrían repercutir en sus vecinos para despertar una poderosa ola de entusiasmo ciudadano en las naciones centroamericanas más afectadas por la corrupción de sus autoridades. En México, un país castigado por las estructuras criminales incrustadas en el Estado –igual como sucede en otros países cercanos- se encuentra quizá el renacer de los valores democráticos que ya la historia actual había dado por irrecuperables.

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Mujeres bajo la bota

No hay un solo día conmemorativo capaz de reflejar tanta injusticia.

El Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, celebrado el 25 de noviembre a nivel mundial, es una más de esas fechas conmemorativas creadas con el objetivo de llamar la atención sobre uno de los rasgos más crueles de la cultura patriarcal impuesta por las sociedades a lo largo de la historia. La violencia en contra de las mujeres de toda edad y condición está instalada en las relaciones humanas y sociales como una forma de vida. A veces sutil y otras brutal, este rasgo de las relaciones de poder representa uno de los frenos más poderosos contra la instauración de la igualdad entre sexos, pero también contra sistemas auténticamente democráticos.

En sociedades como las nuestras –países cuyos rasgos culturales están definidos por la colonización cristiana- la vida de las mujeres vale menos que la de los hombres, de acuerdo con valores establecidos por la sociedad y legitimados a través de las políticas institucionales que las marginan de manera sistemática. Y dentro de este gran segmento, la de las niñas es simplemente irrelevante.

Así se deduce en estadísticas de escolaridad, sobre todo cuando se refieren a la permanencia en los establecimientos educativos a partir del segundo ciclo escolar. Es allí  donde se produce una de las grandes migraciones de niñas hacia trabajos domésticos y otra clase de labores no calificadas impuestas por los adultos, las cuales les impiden continuar sus estudios y construir a partir de esa oportunidad de crecimiento una vida más productiva e independiente.

Esto coloca a las niñas y adolescentes en una situación de peligro y les impide disfrutar plenamente de sus derechos. Esa situación de esclavitud las expone de manera casi absoluta a decisiones sobre las cuales no tienen control. Este cuadro refleja la vida de miles de niñas en algunos de nuestros países. También incide en embarazos en niñas y adolescentes cuyos indicadores revelan una peligrosa falta de políticas públicas destinadas a protegerlas y proporcionarles una asistencia integral que garantice su seguridad física y mental.

La violencia contra las mujeres, espeluznante como es con casos extremos de asesinatos, violaciones y marginación, en las niñas tiene el agravante de una indefensión prácticamente total que las coloca a merced de quienes las rodean –familiares o extraños- con una cauda elevada de abuso sexual, agresión física y psicológica y privación de sus derechos elementales, como educación, salud, recreación y alimentación, todo lo cual depende más de la voluntad de quienes tienen su custodia que de sistemas estatales e institucionales dirigidos a garantizar sus derechos.

Un parto en niñas de entre 10 y 14 años es, de acuerdo con la legislación vigente en algunos países, producto de una violación, no importa si la menor hubiera consentido el contacto sexual o no. La ley los tipifica de ese modo, pero eso es la letra y otra cosa es la realidad. Son miles las niñas y niños violados sexualmente por personas cercanas, desde su más tierna edad. Y los casos jamás llegan a las cortes de justicia por falta de denuncia en la mayoría de ellos. Cuando se produce el embarazo en una niña y la ley no permite su interrupción oportuna, se la condena de por vida a una vida de privaciones y a un peligro real de supervivencia.

Miles de niñas y adolescentes cuyo cuerpo apenas puede cargar con el peso de su propia existencia dan a luz en condiciones miserables, en medio de la indiferencia de las autoridades y el rechazo de su propia familia; por eso el día internacional celebrado ayer lleva una especial dedicatoria a este frágil segmento de la sociedad.

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La bancarrota democrática

Los recursos del sistema democrático no parecen ser suficientes para impedir su colapso.

 Si algo quedó claro durante la Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Estado, es la bancarrota moral del sistema político en la mayoría de países latinoamericanos. Con democracias débiles –algunas a punto de desaparecer bajo los incesantes embates de la corrupción- y escasas perspectivas de recuperación, los gobernantes dejaron patente su incapacidad para cumplir con los objetivos planteados desde hace casi dos décadas para reducir la desigualdad, la extrema pobreza, el hambre, la desnutrición infantil, la falta de educación y otros parámetros que marcan el profundo subdesarrollo de nuestros países.

Los discursos de la Cumbre no se diferenciaron gran cosa de aquellos elaborados para otros encuentros, otras cumbres, otras asambleas; excepto, quizá, por el énfasis en las crisis migratorias. Pero los problemas fundamentales continúan hundiendo a los pueblos mientras sus líderes enfocan sus esfuerzos en librarse de investigaciones de corrupción y blindar sus fortunas mal habidas con los recursos que les ofrece un sistema diseñado para ello, arrasando con marcos jurídicos y buscando escondrijos legales.

A la par de la bancarrota moral que todo eso implica, las huestes políticas han creado las condiciones ideales para una bancarrota democrática que les daría el espacio y el poder para actuar a su antojo en las décadas por venir. Los acosos a la prensa independiente son apenas uno de los pasos mediante los cuales buscan cercenar la participación ciudadana y su posible incidencia en decisiones de Estado. Todo indica un intento de crear las condiciones para conseguir el aval ciudadano en la consolidación de regímenes dictatoriales, con el manido argumento de reducir la violencia.

Los participantes en la Cumbre –en especial quienes gobiernan los países menos desarrollados- han gozado de los beneficios del poder para consolidar sus privilegios, pero han abandonado sus promesas de cambios sustanciales para favorecer al resto de la población. Esto, porque esas promesas nunca fueron pronunciadas con otra intención más que apoderarse de espacios privilegiados desde los cuales, y con el entusiasta concurso de sectores de poder económico, es posible amasar fortunas obscenas sin pagar las consecuencias.

El tráfico de influencias y la impunidad fueron el sello de identidad de algunos presidentes presentes en la Cumbre. Con un descaro insolente se presentaron como víctimas de oscuras conspiraciones, como líderes contra la corrupción y piadosos ejemplares de pureza espiritual. En la realidad han condenado a sus pueblos a la miseria extrema, a la muerte por falta de atención sanitaria por el colapso de los hospitales públicos, a la ignorancia por el colapso del sistema educativo, a la violencia y la muerte por las debilidades injustificables del sistema de investigación y justicia.

Estos magnos eventos solo sirven, al final de cuentas, para ofender a los pueblos marginados, conscientes de su impotencia frente a los círculos de poder. Las abundantes falsedades derrochadas en discursos sobre-elaborados quedarán impresas en los informes finales y, al formar parte de documentos históricos, les restarán toda legitimidad. La verdad es otra: está en los indicadores de desarrollo humano cuyos números indican con meridiana claridad el retroceso en la lucha contra el hambre, en la mortalidad materna, en la asistencia a las escuelas, en el trabajo infantil, en las violaciones sexuales, en las ejecuciones extra judiciales y en los juicios manipulados para cubrir los actos de corrupción. Ese es el verdadero contenido del discurso que jamás se pronuncia.

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El fantasma de papel

El libro, símbolo del conocimiento y la información, está bajo asedio una vez más.

 Después de tantas evidencias sobre los alcances de la guerra contra la información y el acceso a la educación y la cultura, no sorprende que en Guatemala el grupo empresarial organizado haya encontrado la manera de entorpecer una de las actividades culturales más importantes, atacando a la Gremial de Editores y pretendiendo apoderarse de los derechos legales que le otorgan la propiedad de la Feria Internacional del Libro en Guatemala. De este modo se unen al concierto orquestado por los poderes del Estado contra todo cuanto represente un espacio de libertad cívica.

Quizá los editores nunca previeron que su pertenencia a la Cámara de Industria pusiera en peligro uno de sus eventos más emblemáticos. Sin embargo, las acciones del sector empresarial aglutinado bajo la sombra del Cacif ya podían anunciar hasta dónde este grupo de poder es capaz de llegar para neutralizar toda acción tendente a fortalecer la educación y la cultura. De este modo garantiza la continuidad de su enorme influencia en decisiones de Estado y crea las condiciones ideales para someter a la ciudadanía a un régimen de privaciones intelectuales y por tanto analíticas, afín a sus intereses.

La Feria Internacional del Libro en Guatemala, Filgua, ha representado durante 18 años un centro único de difusión de la lectura en un país con bajos índices de escolaridad y fuertes limitaciones para el desarrollo intelectual y cultural de su población. En este escenario de encuentro entre lectores y autores, entre editores y artistas, ha fluido un creciente interés del público por establecer una conexión más íntima con los libros y lo que estos le ofrecen. Por sus salones desfilan miles de niñas, niños y jóvenes cuyo contacto previo con la literatura ha sido casi inexistente debido a los pobres niveles del sistema educativo, encontrando en Filgua un rico filón de entretenimiento y aprendizaje.

Las intenciones de los empresarios interesados en quitar los derechos de la organización de Filgua a los editores que la crearon no pueden ser más transparentes: revertir la influencia del evento hasta anularlo del todo. Esto, porque al sector empresarial organizado le inquieta y estorba cualquier iniciativa educativa que escape de su control. Porque una sociedad desinformada y muda es mucho mejor que una intelectualmente activa y atenta al quehacer económico y político de su nación. Porque ya llevan varios siglos de silenciarla no van a permitirle expresarse libremente. Porque les asusta el libro, ese temible fantasma de papel.

Quienes hemos tenido algún nivel de participación en la Feria –como expositores, presentadores de libros o simplemente como compradores- comprendemos bien hasta qué punto la apertura del conocimiento a las capas más jóvenes y menos privilegiadas de la población puede incidir en una ciudadanía mucho más consciente de su papel. Esos salones cada vez más llenos de visitantes reflejan un interés creciente por el acceso a la lectura y un evidente rechazo a las limitaciones impuestas por un sistema medieval y caduco de gobierno, cuyas prioridades se alejan cada vez más de las del pueblo.

Las voces de protesta por esta maniobra ilegítima de la Cámara de Industria de Guatemala deben ser escuchadas y acompañadas por una defensa activa de este importante evento cultural. Resulta casi risible que un sector históricamente opuesto a la educación y el crecimiento cultural de su país pretenda adueñarse de esta iniciativa justo cuando está alcanzando los mejores indicadores de éxito, asistencia de público y venta de libros. Filgua es patrimonio cultural y debe continuar siéndolo.

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La mordaza colectiva

Los gobernantes necesitan acallar las voces y aplican todo su poder para lograrlo.

Las estratagemas de los círculos de poder de corte fascista pasan por encima de los derechos civiles, aplastan los textos constitucionales, rompen el delicado tejido de los valores humanos y terminan por transformar a las sociedades en enormes masas de seres temerosos del abuso y de la violencia institucionalizada. Al final, ante ese ambiente de incertidumbre las sociedades terminan por aceptar un nuevo estado de cosas en donde su voz no incide. Las dictadoras de hoy tienen un efecto psicológico abrumador, pero sobre todo un efecto letal en la confianza respecto de los sistemas democráticos.

¿En qué momento y cómo se ha debilitado la voz del pueblo? ¿Cómo se ha permitido semejante nivel de amedrentamiento contra sociedades cuyos objetivos parecen estar enfocados en las libertades ciudadanas? En esta lucha por los derechos humanos es fácil observar cómo se empiezan a producir ciertas defecciones; por ejemplo, políticos cuyo discurso se va transformando paulatinamente en una oda al odio mediante el cual modifican la percepción ciudadana sobre las posibles soluciones a sus problemas de supervivencia. Luego, a esta ciudadanía desinformada y hábilmente manipulada se la califica de “facho pobre” sin escarbar en las profundas causas que la han llevado a ceder ante semejante atado de mentiras.

En esta ruta van cayendo una tras otra las propuestas de corte social, bajo la misma etiqueta utilizada con profusión durante la Guerra Fría. Es decir, las políticas públicas dirigidas hacia una mayor inclusión de las mayorías en decisiones de Estado, mejores presupuestos para los rubros esenciales como salud, vivienda, educación, alimentación y cultura, mayor participación de las comunidades en decisiones sobre proyectos de explotación de recursos y, sobre todo ello, una presencia más activa de las mujeres en la vida institucional y política, son vistos como retrocesos por los sectores más poderosos.

El fascismo crudo y sin disimulos enquistado en cada vez más países debería llamar a reflexionar sobre los motivos de semejante caída de los derechos ciudadanos. Es imperativo preguntarse por qué las sociedades están cayendo en la búsqueda de sistemas represivos y abiertamente discriminatorios, porque quizá ahí se encuentre la respuesta para identificar el punto de quiebre que ha llevado a las sociedades a perseguir una vía de violencia y odio, de enriquecimiento para unos y miseria para todos los demás.

En esta ruta demencial las primeras víctimas son el estado de Derecho y la justicia. A partir de ese punto, cuando estos regímenes se consolidan gracias a sus métodos represivos, vuelven su mirada hacia los sectores más débiles en términos de derechos y los anulan. Es así como el papel de las mujeres en los círculos políticos e intelectuales se empieza a estrechar hasta casi desaparecer, consolidándose de ese modo el viejo patrón patriarcal, para cuya supervivencia es esencial imponer un sistema de dominio y sumisión sobre la mayoría de la población. En ese mismo sentido, la niñez y la juventud son consideradas los viveros desde donde resulta fácil reproducir una ideología afín a las pretensiones de imponer y eternizar el sistema dominante.

La información y, por ende, la educación y la cultura son los peores enemigos del fascismo. El control de los medios, la censura sobre libros y cualquier medio de difusión de las ideas se convierte en una prioridad para estos enemigos mortales de la inteligencia y de las sociedades libres. Nuestros países ya han vivido esos infiernos y ven con horror cómo hoy regresan esos viejos fantasmas.

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Un agujero en la red

Y sabían de la existencia del emperador, pero nunca quisieron reconocerlo…

 Es doloroso observar cuánto sufrimiento padecen los pueblos de América Latina. Doloroso y frustrante porque su causa es de conocimiento general, lo cual en lugar de propiciar un mejor desempeño de los gobernantes para aminorar sus penas, resulta en la consolidación de los sistemas dictatoriales y represivos para satisfacer las exigencias de un emperador codicioso cuyo puño se dibuja detrás de cada decisión de Estado.

La historia comenzó hace mucho, cuando descubrieron el inmenso tesoro a flor de tierra en su mal llamado “patio trasero” y desde entonces planificaron y ejecutaron con especial empeño un plan para convertir estas tierras de prodigio en su bodega de suministros a precios de quemazón. Para ello fue importante contar con el entusiasta concurso de las élites económicas, ya que de los ejércitos y los políticos se encargarían sus enviados especiales. Y así se fue consolidando el despojo y fue creciendo la miseria, porque para garantizar el éxito de su estrategia era fundamental mantener al pueblo en la ignorancia y la dependencia.

Es de imaginar, entonces, cuánta rabia siente ese imperio al ver a una Cuba insumisa y rebelde que ni siquiera con el perverso bloqueo económico y comercial ha descendido a rendirle tributo. Cuánta rabia contenida al ver a una Bolivia emerger de la más profunda miseria para emprender un camino de desarrollo basado en el aprovechamiento de sus recursos después de siglos de saqueo para enriquecer a un puñado de familias y compañías multinacionales. Cómo les ha de doler una Venezuela que les niega la propiedad de su petróleo y con cuánta ansiedad esperan ver caer a Brasil y con ello ver abrirse las puertas de la Amazonia. Esos agujeros en su red han de trastornar el sueño del emperador y entonces, como compensación, clava su estaca en el corazón mismo de Centroamérica para dejar bien claro quién manda en la región, apoyando a unos gobiernos considerados entre los más corruptos del planeta.

El lamentable y destructivo actuar del imperio no sería tan grotesco si por lo menos no presumiera de representar a la democracia y la libertad. Desde sus bunkers de hormigón en las capitales latinoamericanas emanan las reglas de ese juego al cual los gobernantes se deben ajustar para tener acceso a los privilegios, a la riqueza y al pequeño espacio de poder que se les concede mientras no mencionen las palabras prohibidas: justicia social, nacionalización de los recursos, reforma agraria, protección de la naturaleza, derechos humanos. Mientras tanto, los menos favorecidos –es decir, la inmensa mayoría- se debaten en la desnutrición, la falta de oportunidades y la ruina de su entorno natural.

Ese imperio cuya bandera sigue clavada en el corazón de nuestros países nos recuerda cuán lejos está el continente de ser soberano, independiente y capaz de generar un desarrollo económico, social y político que ponga fin a la desigualdad y la explotación. El falso discurso de la cooperación no es más que la extorsión fácil de quien se sabe superior en poder y recursos. De quien impunemente cruza las fronteras con sus armas mientras se las cierra a miles de migrantes desesperados por sobrevivir. De quien amenaza con el hambre a quienes ya ha despojado de sus riquezas y lo hace con la abierta complicidad de supuestos líderes locales entronizados gracias a su interesado respaldo. Este escenario no es nuevo y la historia de tiranos sanguinarios, dictaduras feroces y derrocamientos oportunistas nos dice cuán lejos estamos de ese sueño de libertad, desarrollo e independencia anhelado por nuestros pueblos.

Mientras con una mano da una limosna, con la otra se roba la riqueza.

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El barniz se descascara

Las reacciones lo dicen todo frente a la ola migratoria latinoamericana

Los fenómenos migratorios forman parte ineludible de la historia de la Humanidad. Múltiples motivos han generado desplazamientos de grandes conglomerados humanos desde que aparecieron sobre la faz de la Tierra: sequías, inundaciones, invasiones, pestes y hambrunas han obligado a comunidades enteras a buscar refugio en otras latitudes. Por lo tanto, es preciso observar el fenómeno desde una perspectiva más amplia y no como un problema puntual de un país o una región determinados.

Las recientes oleadas de migrantes procedentes de países en crisis han impactado a quienes, con una mezcla de solidaridad y repudio, ven a las familias en tránsito o en proceso de convertirse en residentes permanentes como una amenaza latente, sobre todo cuando esos movimientos migratorios son masivos y objeto de gran atención mediática. Pero también existen migraciones lentas y sostenidas, como las procedentes de los países más afectados por la miseria y la violencia, cuyos habitantes van escapando en un goteo constante hacia tierras más prósperas buscando aquello que su patria no les brinda.

Nada hay más injusto como el rechazo hacia quienes por necesidad abandonan su tierra, sobre todo si está basado en la ignorancia y el prejuicio. Para comprender la dimensión del drama humano implícito en una migración forzada por el hambre y la violencia, es preciso acercarse y conocer cómo el miedo y el instinto de supervivencia son fuerzas tan poderosas como para inducir a una familia a enfrentar los riesgos de una ruta desconocida y plagada de obstáculos. La criminalización de los migrantes por parte de líderes de países poderosos –el caso Trump y sus mensajes de odio y racismo hacia los pueblos latinoamericanos- no hace más que provocar un eco destructivo en ciertos sectores de la sociedad, tanto aquella perteneciente a los países que experimentan el fenómeno de paso como de ingreso de migrantes, ambos temerosos de la amenaza implícita en todo lo que escapa a su visión conservadora y proteccionista.

Esta falta de empatía es claramente perceptible en un amplio sector de la sociedad estadounidense, pero también en ciertas capas medias urbanas de los países afectados, cuya aparente sensibilidad humana desaparece ante la vista de la cruda realidad de sus periferias, en donde se hacen visibles los estragos de la corrupción, la desidia gubernamental y la indiferencia ciudadana. En países con elevados indicadores de desigualdad, pobreza, violencia y desnutrición, la huida hacia otros horizontes es casi inevitable y termina siendo el resultado obvio de la falta de oportunidades y del círculo vicioso de una miseria abrumadora.

En esta era de la comunicación instantánea y ante el desarrollo de los procesos migratorios masivos en algunos países de la región, llama la atención la abundancia de comentarios xenófobos y racistas contra quienes arriesgan su vida y la de sus hijos en la búsqueda de una vida mejor. Al parecer, olvidan su propio origen –producto de otras migraciones con similares motivos-, reniegan de sus ancestros y con ello hacen evidente que el lustre de barniz de solidaridad y empatía se descascara ante la menor amenaza a su marco de valores y estilo de vida. Muy pocos habitantes de este continente pueden considerarse plenamente pertenecientes a su territorio. Las migraciones europeas, asiáticas y africanas han poblado, mezclado y asentado sus reales en estas tierras pródigas de las Américas. Las pretensiones de pureza étnica o nacionalismos herméticos son por lo tanto cada día más insostenibles y absurdas, pero sobre todo aterradoramente inhumanas.

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Hablemos de soberanía

Un continente lleno de recursos, incapaz de gobernarse a sí mismo.

Hay que comenzar por definir los términos, ya que de acuerdo con la Academia de la Lengua Española, soberanía es el “poder político supremo que corresponde a un Estado independiente” y Estado es “el conjunto de los órganos de gobierno de un país soberano”. Uno y otro interconectados en el concepto de independencia política como uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema de gobierno. Por lo tanto, para presumir de pertenecer a un Estado soberano existen condiciones específicas que, cuando estas no se cumplen, vacía de contenido cualquier discurso emitido por un político en el poder.

Ningún país latinoamericano posee ese rimbombante título. Condicionados y corrompidos en todos sus estamentos por el poder económico y político de países mucho más poderosos cuyos intereses siempre prevalecerán por sobre los de los pueblos sometidos a sus exigencias, han perdido desde hace mucho el derecho de ser soberanos. Baste retroceder a los archivos históricos para constatar la profunda injerencia extranjera en decisiones de orden estrictamente interno en todos y cada uno de nuestros países. La dependencia diseñada y construida como una herramienta de supuesto desarrollo se ha transformado en un lazo indeseable cuyo único resultado es la pobreza y la incapacidad de los gobiernos del continente para gobernar con independencia y un enfoque social de beneficio para sus pueblos.

América Latina ha sido y continúa siendo el patio trasero de intereses totalmente ajenos a esta región. Las pugnas entre Estados Unidos y Rusia, entre Estados Unidos y los países productores de petróleo, entre Estados Unidos y la maquinaria comercial de China, siguen aplastando los intereses propios de cada Estado de nuestro continente en un perverso juego de presiones de todo tipo, sobornando a políticos puestos a conveniencia de las élites con el fin de impedir el empoderamiento de la ciudadanía y así garantizar la sumisión y el entreguismo.

Así es que cuando un presidente latinoamericano empapa su discurso con palabras rimbombantes como soberanía, independencia y dignidad nacional, solo está vendiendo una pomada vieja y deslucida que ha perdido todo su efecto como motivador de masas, pero sobre todo ha perdido toda legitimidad. Ya nadie puede creer en ese cuento desde el momento que, para equilibrar un presupuesto de Estado asaltado por una burocracia ávida de enriquecerse, se recurre a la carísima limosna internacional disfrazada de cooperación. Toda esa farsa discursiva ha de provocar la burla de los poderosos círculos financieros del mundo toda vez que conocen muy al detalle los mecanismos creados por ellos mismos para apretar redes poderosas alrededor de nuestros países débiles y depredados.

Mencionar la soberanía es, por lo tanto, más que una burla un insulto contra nuestros pueblos privados de mecanismos de defensa, sometidos al hambre y a un injusto e innecesario subdesarrollo. En América Latina no existe esa independencia con la cual se empapan discursos falsamente nacionalistas; no existirá mientras “la Embajada”, el Fondo Monetario Internacional o cualquier de esos foros del poder supremo mundial decida sobre los procesos políticos, sobre las políticas públicas en términos económicos, sobre las decisiones gubernamentales respecto de la salud, la educación y la explotación de recursos naturales.

Las debilidades institucionales han sido producto de una estrategia de larga data y no será con políticos improvisados y mediocres como se logrará –algún día, quizá- construir Estados sólidos capaces de defender los intereses nacionales.

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El sabor de la exclusión

Una vida de aprendizajes y experiencias destinada a un incomprensible vacío.

Recibí un mensaje por correo electrónico llamando mi atención sobre un tema que, por recurrente, ha dejado de llamar nuestra atención: la falta de oportunidades laborales para quienes han sobrepasado la barrera de los 45. Parece absurdo, pero los estudios superiores y las experiencias acumuladas durante los 20 años siguientes a la obtención de un título universitario pierden toda relevancia frente a un mercado cuya prioridad parece ser el ahorro en salarios, muy por encima de la excelencia en el desempeño. A eso, se debe sumar el hecho adicional de la fuerte competencia por parte de jóvenes recién graduados e inexpertos, dispuestos a aceptar condiciones paupérrimas en contratos de usura, lo predominante en el actual mercado laboral de la mayoría de países en desarrollo.

¿Qué sucede con ese gran segmento de profesionales cuando superan la barrera de los 45 y nadie los contrata por caros o por “sobre calificados”? No hay cómo saberlo, debido a la situación de inestabilidad económica de nuestros países cuyo impacto en el futuro de las personas resulta cada vez más impredecible. Por ello y debido a un sistema depredador e inclemente con quienes realizan grandes esfuerzos por superarse, esas inversiones destinadas a brindar capacitación por medio de universidades públicas y privadas, más los recursos destinados a elevar el nivel educativo de una población en constante crecimiento, se van por el despeñadero en el momento justo cuando producen los mejores resultados. Y eso no es todo, ese caudal de conocimientos transformado por obra y milagro de los intereses empresariales o burocráticos, se transforma de un modo incomprensible en una desventaja para quien los posee y suma a la columna del retraso en los indicadores de desarrollo.

En nuestros países ha sido notable y bien documentado el incremento en la profesionalización del segmento femenino. Cada vez son más las mujeres que siguen con éxito carreras universitarias y estudios de posgrado, cuya participación en instituciones, empresas y en el ejercicio independiente constituyen no solo un aporte al progreso sino también una vía importante de crecimiento personal, social y familiar. Por eso resultan incomprensibles esas políticas para cerrar las puertas de las oportunidades a quienes alcanzan precisamente el punto más elevado de su vida en cuanto a experiencia, conocimiento y responsabilidad después de haber luchado durante décadas por alcanzar esos estándares de igualdad laboral. Hombres y mujeres en la etapa más productiva, sin posibilidades de conseguir un empleo acorde con sus capacidades, no solo es un absurdo sino también una pésima forma de rebajar los costos operativos a costa de la calidad.

Sin embargo, los efectos de tales políticas no impactan únicamente en la vida de las personas, también lo hacen a nivel de toda la sociedad. Al crearse de forma prematura una clase pasiva –por falta de oportunidades de trabajo- el costo para las nuevas generaciones se incrementa de manera progresiva. El desperdicio de talentos cobra una elevada cuota al conjunto de la sociedad en la menor calidad de los resultados, pero también en la pérdida de confianza sobre las ventajas de una educación superior comparada con aventuras comerciales de elevadas ganancias pero de corto plazo, al parecer la preferencia de un segmento de jóvenes para quienes obtener ingresos es mucho más importante que prepararse académicamente.

El tema da para un amplio debate. Pero la tendencia está creando un problema que, de no enfrentarse a tiempo, podría generar una crisis en una de las columnas vertebrales de nuestras sociedades al excluir de manera injusta y poco inteligente a sus mejores elementos.

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Un mundo distante

“… dicen que la niña no puede estudiar por ser mujer y el varón sí puede por ser varón.”

Una importante cuota del retraso político, social y económico de la mayoría de países latinoamericanos se debe a la marginación de las niñas y, por consiguiente, de mujeres adultas cuya historia de discriminación y falta de oportunidades para educarse marca su impronta en los sectores más pobres de nuestro continente. Esta es una realidad demostrada en innumerables estudios y gruesos informes de expertos; estudios e informes que solo llegan a manos de otros expertos y cuyo destino final es ser engavetados por los funcionarios de turno. De ese modo, sin mayores trámites y con el propósito de mantener el control de un sistema depredador e inhumano, los políticos encargados de los despachos oficiales deciden truncar el destino de esa cuota humana de talento, capacidades y perspectivas, ante la indiferencia colectiva.

Pensar en cuál sería el resultado de una iniciativa revolucionaria y novedosa para garantizar el acceso a la educación de calidad a todos los niños y niñas del país, es un ejercicio esencial para cualquier político. Junto con ello, atreverse a tomar la iniciativa de establecer programas de nutrición escolar para la niñez de los sectores más pobres -porque sin ese complemento ningún programa educativo puede funcionar eficazmente- alcanzaría un impacto medible en un mayor desarrollo físico, intelectual y psicológico de miles de niñas y niños actualmente desnutridos. En los países menos desarrollados y en donde existen elevados niveles de corrupción, se cuentan por miles los hogares carentes de los ingresos mínimos para sobrevivir con dignidad y es allí, en esos hogares, en donde se suele sacrificar a los más indefensos: las niñas.

En nuestra comunidad sí existe una gran diferencia. La niña en la comunidad es desvalorizada por ser mujer. Las creencias culturales de la region Q´eqchi´ son: la niña Q´eqchi´ es la que apoya a su señora madre en la cocina, la que va traer agua, la que ayuda a su mamá a lavar la ropa de sus hermanitas, la que cuida de sus hermanitas y hermanitos. El niño Q´eqchi´ es el consentido de la casa, especialmente del padre. Es el que juega y tiene libertad de salir con sus amigos. También va a traer leña con su papá, para la casa… A ella no la valorizan como al varón. Ella es la más afectada[1]. (Tomado del informe “El Matrimonio Infantil Forzado en Guatemala, Caso del municipio de San Pedro Carchá, elaborado por Plan Internacional).

Esta cita ejemplifica la situación de millones de niñas en nuestros países. Condenadas por costumbre a una vida de servicio, se las conduce inevitablemente a perder toda posibilidad de alcanzar objetivos de vida productiva y gratificante, lo cual sí es accesible para sus hermanos varones, y entonces sus perspectivas se reducen a un matrimonio precoz para el cual no están preparadas; embarazos inseguros y una pérdida total de su libertad individual, destino no solo injusto sino además de una enorme violencia.

Un estilo de vida considerado normal por un sector de la ciudadanía es una fantasía, un mundo distante para las niñas de los sectores más pobres, aquellas cuyos sueños se estrellan contra las paredes de su cerrado círculo doméstico: acarrear agua, lavar ropa, cocinar y barrer; servir, servir y servir porque “para eso son niñas, para servir”. Esta violación flagrante de los derechos humanos de niñas y mujeres en nuestras sociedades, violación naturalizada por costumbres hasta no hace mucho basadas en leyes discriminatorias, requiere la atención de toda la ciudadanía y un compromiso real de reparación. Una niña educada es un ser humano integral, capaz de contribuir a una mejor sociedad.

Para una niña marginada, la independencia está a un mundo de distancia.

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Ella se llamaba Juana Ramírez

Las niñas y mujeres indígenas y campesinas de Guatemala son el último eslabón.

 Doña Juana Ramírez Santiago era una autoridad en su pueblo. Desde joven había comprendido su misión y había dedicado su vida a ayudar a otras mujeres como ella: marginadas, campesinas e indígenas privadas de servicios adecuados de salud y carentes de oportunidades para adquirir los conocimientos necesarios que les permitieran alcanzar una adecuada calidad de vida. Doña Juana era una de las más de 20 mil comadronas guatemaltecas cuya labor es proporcionar un entorno saludable a las mujeres en el proceso de embarazo, parto y lactancia. 

Consciente de los obstáculos enfrentados por su comunidad para tener acceso a los servicios de salud en el área rural, doña Juana dedicó sus esfuerzos a compartir y aplicar sus conocimientos, salvando la vida de muchas madres gestantes. A sabiendas de que el entorno cultural y social de las comunidades más alejadas de los centros urbanos es profundamente hostil para las niñas, adolescentes y adultas, usualmente privadas de acceso a la educación y sujetas a la autoridad patriarcal, ella se convirtió en una activa defensora de las mujeres de su etnia, ya que los escasos recursos disponibles para gozar de servicios de salud adecuados en la mayoría de aldeas y caseríos indígenas representa una seria amenaza y es causa de muertes maternas evitables, una de las más elevadas en América Latina y el Caribe.

Es allí en donde el papel de las comadronas resulta esencial. Sin embargo y pese a la trascendencia de su papel en atención sanitaria para comunidades alejadas de los centros urbanos, han debido soportar innumerables obstáculos cuando entran en contacto con algunos de los centros de salud del sistema estatal al acompañar a sus pacientes, debido a la barrera cultural entre el personal ladino no suficientemente entrenado para comprender ciertos usos y costumbres -como la necesidad de las mujeres indígenas de mantener su traje típico durante el proceso del parto, hablarles en su idioma y respetar su intimidad- lo cual consideran opuesto a las normas establecidas.

En este ámbito trabajaba doña Juana y, por su liderazgo en el seno de su comunidad, se había convertido en una voz importante y una protagonista activa en los programas de desarrollo y en la defensa de los derechos de las mujeres ixiles. Quizá no habrá mayor repercusión pública de su importante labor humanitaria, quizá nunca se conozca en detalle la trayectoria de esta lideresa indígena por pertenecer a uno de los sectores más abandonados de la sociedad guatemalteca. Pero la recordarán con respeto y admiración quienes conocieron el alcance de su misión.

Cuatro balazos fueron suficientes para derribar a doña Juana Ramírez Santiago, fundadora de la Red de Mujeres Ixiles. Quizá los asesinos no sabían a quien eliminaban. Quizá solo recibían órdenes de otros, dedicados con furia a exterminar a toda voz disidente, a todo opositor de un régimen de represión política y social. Lo que sin duda ignoraban es que a doña Juana no lograron callarla porque su pensamiento y sus ideas desde hace tiempo echaron raíces en su comunidad, una de las más golpeadas por el exterminio y la represión durante el prolongado conflicto armado interno.

En Guatemala, ser activista en pro de los derechos humanos y por la protección del ambiente equivale a colocarse directo en el centro de la diana. Más de 20 líderes comunitarios han sido asesinados en lo que va del año y el escenario actual permite suponer que la represión contra este importante sector continuará mientras las instituciones garantes de la justicia no actúen de manera firme, tal y como lo manda la Constitución.  

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Las malas compañías

La tormenta política desatada en Guatemala marca un capítulo oscuro en el país centroamericano.

 En una abierta maniobra represiva y dentro del marco de la conmemoración de la independencia patria, el presidente de Guatemala sacó al ejército a las calles, concentró a las fuerzas policiales desde todos los puntos del país y los apostó alrededor del palacio de gobierno. Acto seguido, dio la orden de revisar a toda persona, niñez incluida. Una de las tradiciones en el país centroamericano son los actos conmemorativos de la firma del Acta de Independencia, llevados a cabo en la plaza central y seguidos de un Te Deum en la Catedral metropolitana al cual acuden autoridades, cuerpo diplomático y público en general. Este año, el cerco se cerró con vallas metálicas y agentes de las fuerzas del orden premunidos hasta los dientes con armas de grueso calibre.

Las imágenes de los miembros de la SAAS escudriñando en las mochilas de niñas y niños ilusionados por ver el desfile y participar en los actos, dieron la vuelta al mundo marcando un episodio más de las vergonzantes decisiones de Morales. El escenario estaba dado para provocar en la ciudadanía una reacción inmediata de repulsa contra este abuso de autoridad con características de golpe de Estado. Y aun cuando no tuvo las repercusiones esperadas, eso fue lo que sucedió.

En otras ciudades surgieron las protestas y en la capital los estudiantes de la universidad estatal se hicieron sentir. Durante el discurso del mandatario –plagado de lugares comunes y con un abierto acento dictatorial- la multitud en la plaza manifestó su descontento gritando consignas y llamándolo a renunciar. Sin embargo, la división de la sociedad guatemalteca está dada. Como una perversa estrategia de dominación diseñada por los sectores poderosos para mantener el control político y económico, el divorcio ideológico implantado desde los tiempos de la Colonia persiste como una nube gris sobre el futuro de la nación.

El presidente Morales cree que esa división entre guatemaltecos lo salvará; está convencido –porque su rosca de militares y adeptos así le aconsejan- de tener el control del país y poder terminar su mandato con los privilegios y honores que él mismo se ha recetado. Su desprecio por la ciudadanía es indescriptible y dado su escaso alcance intelectual, probablemente esto es también resultado de un vértigo de altura, posición a la cual nunca antes tuvo el menor acceso. Entonces, ante un cuadro tan desolador, cabe preguntarse ¿Cómo es posible la defensa de algunos guatemaltecos ante los evidentes abusos de su mandatario? ¿Es acaso una pérdida de fe en el sistema democrático o quizá la protección de privilegios propios conseguidos gracias al tráfico de influencias?

Sin duda hay mucho de eso, pero también es importante tener presente los lazos entre sectores de poder con ciudadanos ansiosos de pertenecer a las élites solo por el hecho de manifestarles su respaldo. El típico arribismo transformado en una venda sobre los ojos para no ver lo obvio porque la verdad suele resultar molesta y estorba en la conciencia. Sumado a ello, la manipulación mediática de los medios de comunicación más poderosos –la red de televisión y radio propiedad del mexicano Ángel González- cuyas frecuencias dependen de las graciosas concesiones del gobierno de turno, crean en amplios sectores de la población, sobre todo aquellos más alejados de los centros urbanos y también los más pobres, la ilusión de que todo está bien.

Guatemala y su democracia están en serio peligro. El destino de sus habitantes está amenazado por las malas compañías de un presidente incapaz de comprender el alcance de sus acciones y convencido de detentar el poder absoluto.

Las malas juntas del presidente lo llevan de la mano hacia una dictadura.

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