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El mal agudo de montaña

Mareos, pérdida del sentido de la realidad y otros síntomas.

También conocido como soroche, la disminución de oxígeno en la sangre puede detonar efectos muy curiosos y, por supuesto, devastadores. Quienes no han pasado por el proceso de aclimatación a las alturas son víctimas fáciles de este peligroso estado mental y físico capaz de alterar la percepción, llegando en casos extremos a provocar una especie de “apagón” en el cerebro.

Las alturas del poder tienen similares características. La pérdida de los alimentos esenciales para garantizar un trabajo eficiente de las neuronas –en este caso, la sensatez y la humildad- actúa de manera artera, disimulada y progresiva, creando una ilusión de realidad allí en donde no hay nada más que vacío y confusión. Quien se monta en esas nubes alcanzando rápidamente las mayores elevaciones, ni siquiera se da cuenta de cómo su sentido de la realidad ya no es más que un mareo capaz de anular su capacidad de reflexión.

Este mal agudo de montaña en el escenario político es prácticamente inevitable en los ámbitos tradicionales, en donde un cierto personaje se monta en un partido político ad hoc financiado por otros -partido por supuesto carente de una plataforma ideológica sólida que sirva de sostén a sus propuestas- y de la noche a la mañana se encuentra flotando lejos de sus electores y rodeado por un círculo estrecho y hermético de “asesores” bien entrenados en el arte de hacer cumplir los compromisos con quienes financiaron la fiesta.

Esto no es un cuadro exclusivo del subdesarrollo, como solemos categorizar a nuestros países. También sucede de manera casi idéntica en aquellas naciones desarrolladas de las cuales dependen las decisiones más importantes en el escenario mundial. Esta percepción, alterada por la excitación provocada por la certeza de poseer el poder, desemboca en acciones basadas en un conocimiento sesgado del entorno pero, por encima de todo, por la íntima satisfacción de incidir, para bien o para mal, en el curso de la Historia.

Se podría decir de la mayoría de gobernantes que, en lugar de vivir una realidad real, viven una realidad virtual. Es decir, una simulación de la realidad, solo que esta ha sido diseñada por quienes han adoptado el papel de guardianes con el objetivo de sostener un sistema caduco y clientelar de gobierno, el cual de otro modo caería en pedazos.

En la época actual, no parece posible construir un entarimado diferente en las relaciones gobierno – sociedad. Los términos están dados por esos nudos de poder cuya principal misión es, precisamente, conservar los viejos principios de una verticalidad casi dictatorial desde las alturas decisorias. Desde esos conceptos moldeados a la fuerza para encajar con la modernidad se define algo parecido a la democracia con la cual soñamos.

Los retortijones del sistema, sin embargo, no desembocan en la transformación del modelo. Así vemos cómo los gobiernos del continente –por mencionar a los más cercanos- practican juegos de prueba y error totalmente contradictorios con sus compromisos de campaña y lo hacen amparándose en una autoridad legal de discutible legitimidad si nos remitimos a los principios democráticos a los cuales afirman responder.

Un paseo por la pradera para respirar un aire pleno de oxígeno y así recuperar el sentido real de las cosas, es la receta para esos personajes lejanos y ajenos que rigen nuestro destino. Salirse del anillo nefasto que los engaña y compromete para establecer un contacto real, directo y honesto con quienes viven en esa realidad real a la que tanto parecen temer los habitantes de las alturas.

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Tosca

En mi colección de fotos faltaba la bella Tosca. Nos acompañó durante un año, el único de su vida que fue feliz, consentida, cuidada con esmero y amor.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
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El origen del conflicto

El diálogo abierto y sincero es una pieza de colección: escaso.

No importa el ámbito en el cual nos encontremos, la comunicación entre humanos se ha desvirtuado a tal punto que asumimos, de entrada, la falsedad del otro, la manipulación, la agenda oculta, los intereses inconfesados. Entonces, a partir de esa premisa preconstruida, actuamos. Es decir, comenzamos a defendernos de una agresión asumida como real pero no explícita, como un mecanismo de protección impreso en nuestro inconsciente que se dispara de modo automático.

¿De dónde surgió la idea de un ser humano naturalmente gregario? La realidad nos ha enseñado lo contrario: somos islotes en un mar lleno de amenazas verdaderas o imaginarias, pero tan poderosas como capaces de determinar nuestras reacciones, nuestras capacidades y sobre todo los desafíos de nuestro entorno. Por supuesto hay excepciones y son precisamente las que marcan la diferencia entre simples individuos absortos en su propio mundo y grupos integrados alrededor un algún objetivo común.

Estos últimos son los verdaderos motores del desarrollo. Son quienes trabajan con el pensamiento enfocado mucho más allá de sus intereses personales, capaces de hacer realidad sueños colectivos como si fueran los propios. Son personas cuya habilidad más notable es mantener la transparencia en un entorno marcado por la opacidad y el egoísmo. Por supuesto, no siempre vencen la fuerza de la oposición, pero dejan un legado de esperanza y la posibilidad concreta de un mejor modo de enfrentar los desafíos.

En esta lucha sin sentido, la comunicación es una herramienta poderosa y se utiliza en ambos sentidos de la escala de los valores humanos con una eficacia aterradora. Se puede transformar en un arma letal o en un instrumento capaz de llevar a la Humanidad por el camino del entendimiento y la razón. Esta dicotomía es palpable en todos sus ámbitos y se traduce tanto en la incapacidad de entendimiento entre colectividades, hemisferios e ideologías, como en la ejecución de extraordinarias iniciativas para beneficio de la Humanidad.

Quizá el origen del conflicto entre humanos sea la pérdida de contacto con el otro. La desconfianza, cuyo origen está muchas veces en nuestra propia incapacidad de entendimiento y empatía, es una presencia constante en el diálogo y resulta capaz de alterar la percepción, contaminando cualquier intento de conciliación.

Dentro del núcleo familiar ya se instalan los prejuicios y las luchas de poder. Son muchas veces tan crudas y explícitas como para imprimir en la mente de las nuevas generaciones ese patrón de conducta como el correcto, el conveniente, el ventajoso frente al resto de una sociedad con similares esquemas de conducta. De esos patrones devienen el desprecio por el otro con los consiguientes mecanismos de defensa y ataque psicológico a los cuales terminamos por acostumbrarnos como algo aceptable en nuestras relaciones interpersonales.

La guerra, por lo tanto, es un elemento presente como una característica implícita de nuestra especie y se le otorga el valor del poder sobre el otro en los negocios, en el romance, en la competencia. La guerra, como nos enseñaron desde la infancia, es territorio de valientes, de héroes y de quienes merecen permanecer en el imaginario colectivo como ejemplos a emular. Nunca nos dijeron que era mejor el diálogo claro y sincero, Tampoco nos enseñaron a reconocer nuestros errores en lugar de imponerlos por la fuerza y por eso, fundamentalmente, nos resulta tan difícil destruir esa escala de antivalores para construir otra sobre la base del entendimiento y la búsqueda de la paz.

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Las palabras erradas

Atribuir a las niñas la culpa por la violencia sexual que las afecta, es una infamia.

En días recientes, el cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo de Lima, pronunció una frase desafortunada: “Las estadísticas nos dicen que hay abortos de niñas, pero no es que hayan abusado de ellas, muchas veces las mujeres se ponen como en un escaparate, provocando”. Poco después, durante una visita a un hogar para madres víctimas de violencia y abandono, pidió perdón a las allí presentes afirmando que nunca había sido su intención ofender a la mujer; todo lo contrario, contaban con todo su apoyo y simpatía.

Sin embargo, este faux pas del Arzobispo limeño no pasó inadvertido a los medios de prensa, a algunos funcionarios de gobierno y tampoco a las organizaciones de mujeres -quienes recientemente se habían manifestado contra la violencia sexual- dado que el prelado es conocido por su postura conservadora, abiertamente contraria a la diversidad sexual y, por razones obvias, al aborto.

“Cipriani hace apología de la violencia en un país de violadores” publicó en Twitter la joven congresista Indira Huilca, socióloga y reconocida activista por la igualdad de género. No obstante, es importante señalar que el desliz del cardenal no es único ni es el más ofensivo. Desde muchos foros –religiosos, institucionales, sociales y empresariales- se reproduce con excesiva facilidad el estereotipo sexista cuyo objetivo es minimizar la gravedad del delito de violación para insertarlo entre los “usos y costumbres” de sociedades patriarcales, cuya estabilidad consideran preciso preservar para beneficio de un sector poseedor del control casi absoluto.

Estos conceptos, reconocibles por lo abundantes en el diario vivir, son reproducidos por hombres y mujeres por igual, consolidándose en el imaginario social y formando parte de los valores aceptados por todos. De acuerdo con ellos, las mujeres deben ser obligadas a resguardar su integridad no exponiéndose a la agresión, en lugar de reprimir y castigar a los agresores. Esto revela una conducta social proclive a aceptar la agresión sexual desde la masculinidad como un derecho adquirido por naturaleza y no como una desviación de la conducta.

En Guatemala, la situación no es diferente. Si la congresista peruana afirma que Perú es un país de violadores, ha de saber que también lo son los demás países del continente, como los europeos y asiáticos. En fin, en donde se quiera voltear la mirada hay naciones en donde reina un machismo crudo y violento en donde la mujer se encuentra en desventaja, y en donde para hacer respetar sus derechos ha de enfrentar un fuerte muro de compadrazgo e impunidad. Las estadísticas de violencia intrafamiliar, maternidad forzada, violaciones y feminicidios cada día son más reveladoras de esta realidad.

En fecha reciente, el Centro de Epidemiología del Ministerio de Salud de Guatemala realizó un estudio con metodología similar a la utilizada para una epidemia como el zika o los indicadores de nutrición. El resultado -aún incompleto por ser una tarea de largo aliento- arroja resultados aterradores: “es un mal que se extiende indiscriminadamente y de forma intensa”, afirman. Y sin duda el interés de las instituciones por identificar los alcances de la violencia sexual podría marcar una enorme diferencia en el enfoque de este drama humano.

Guatemala posee aún un sistema colonialista en grandes extensiones de su territorio, en donde destaca la absoluta ausencia de Estado con las graves consecuencias implícitas por esta deficiencia, en los temas de salud, justicia, seguridad y respeto de los derechos humanos. Es tiempo de reparar esos vacíos.

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Salud: un reto monumental

Los cambios en el sistema de salud no dependen de una sola persona.

Sería injusto e irreal esperar mejoras inmediatas en el sistema de salud de Guatemala solo por haberse producido un relevo ministerial. Es de todos conocido el colapso en el cual se encuentra la atención sanitaria a nivel nacional, la manera como se ha administrado esa caja de Pandora de la que muchos han echado mano para llenarse los bolsillos, y los intereses involucrados en el manejo de su presupuesto.

La designación de la doctora Lucrecia Hernández Mack, sin embargo, ha lanzado un soplo de aire fresco en esa nube gris. Muchos esperan que dada su juventud, su integridad, su experiencia profesional y su calidad de médica salubrista -todo lo cual permite suponer una visión holística distinta al enfoque tradicional sobre los retos y posibles soluciones- las decisiones emanadas de esta nueva administración logren resultados en corto tiempo.

Eso es imposible. La restauración de la funcionalidad plena de los puestos y centros de salud, de los hospitales, el abastecimiento básico de instrumental, medicinas y otros suministros indispensables para la atención sanitaria a la población, no dependen de la capacidad de una sola persona al mando ni se verán sus efectos en un abrir y cerrar de ojos. Lo que suceda en los próximos meses dependerá fundamentalmente de la voluntad de los equipos humanos comprometidos con esa misión, siempre y cuando sean capaces de dejar por un lado sus intereses particulares para embarcarse en la aventura de trabajar con el claro propósito de reparar los serios daños ocasionados por la corrupción enquistada en ese importante ministerio.

La fórmula ganadora, de acuerdo con algunas opiniones vertidas en los medios de comunicación y redes sociales, sería un apoyo irrestricto del Ejecutivo, del Congreso, de las organizaciones civiles y de la ciudadanía a este nuevo intento de recuperación del enorme complejo nacional para la atención en salud. El acompañamiento no solo deberá ser constante, sino también consciente e informado sobre el estado real de las instalaciones, las condiciones de trabajo del personal, los detalles del gasto y los planes para poner todo eso en condiciones de supervivencia, dado que actualmente se encuentra en riesgo vital.

La ministra Hernández Mack ha de ser muy valiente para haber aceptado un reto que otros consideran prácticamente imposible de vencer. Hoy será su primer día de trabajo, ya directamente desde el despacho ministerial, y enfrentará los innumerables retos dentro y fuera de la cartera. Desde la distancia resulta difícil imaginar la reestructuración de ese laberinto poblado de amenazas, pero no deja de ser esperanzador pensar en la posibilidad de que, durante esta administración, la población más necesitada encuentre la atención necesaria con sensibilidad humana en el sistema, cuando acuda a él.

La ministra podría echar una mirada a su alrededor y, como sugería algún Presidente anterior, “buscar en las gavetas”, donde quizá encuentre recursos de programas irrealizables por falta de capacidad de ejecución, otra de las grandes deficiencias de un Estado clientelista y poblado de burócratas poco o nada preparados para cumplir sus funciones. La ciudadanía observa con expectación los primeros pasos de esta nueva funcionaria, pero hay que tener la suficiente lucidez para no esperar milagros, sobre todo cuando algunos de los problemas más acuciantes han permanecidos irresueltos por décadas de abandono, malos manejos y presiones malintencionadas de sectores de poder que han usado al sistema de salud como una fuente de enriquecimiento personal.

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Los enredos de las redes…

…Y cómo las redes de corrupción utilizan los recursos de la tecnología

El asesinato de Byron Lima, en un operativo tan sofisticado y eficaz como misterioso, ha comenzado a develar una serie de intrigas en donde se vincula a varios personajes oscuros del mundo criminal, algunos instalados en posiciones de enorme influencia. Lo que la opinión pública ha visto desfilar son hipótesis de las cuales podría extraerse una miniserie de enorme impacto televisivo.

Lo curioso de este maremágnum de enredos a cuál más repugnante, es el hecho de no haber sorprendido gran cosa a la ciudadanía, la cual -después de tener a la cúpula del anterior gobierno a punto de caer estrepitosamente ante la montaña de evidencias esgrimidas por la parte acusadora- ya espera una nueva serie de escándalos.

Pero volviendo a lo anterior, llama la atención la manera cómo algunos estrategas del lado oscuro de la política han comenzado a utilizar las redes sociales en campañas negras con el objetivo de descalificar el trabajo realizado por el Ministerio Público y la Cicig, pero especialmente destinadas a bajar a la Fiscal General de su peana, convencidos de insertar una cuña suficientemente poderosa como para detener la ola de revelaciones y escándalos de corrupción, así como de crímenes de alto impacto puestos en evidencia por el MP.

Los recursos informáticos han sido la novedad en esta saga que el país observa con asombro. De algún modo, la tecnología tan útil para las organizaciones criminales en cuanto a llevar controles financieros y contables de sus innumerables actos de corrupción, ha sido también su delatora, proporcionando a investigadores y fiscales el material necesario para armar casos prácticamente blindados contra el tráfico de influencias dentro del sistema judicial.

Es pertinente preguntarse qué hubiera sucedido en investigaciones sobre el desempeño de gobiernos anteriores si toda la ruta de sus actos se hubiera grabado en plataformas digitales. Es de todos conocida la antigua tradición de eliminar archivos cada cuatro años con el propósito de borrar rastros y dejar un aparato administrativo del Estado casi en punto cero para el siguiente equipo al mando. Recuerdo haberle preguntado a un coronel -quien había servido en el Estado Mayor Presidencial- sobre los archivos de esa dependencia, y me respondió muy tranquilo: “Ahí no hay nada”.

El registro de los actos de un equipo de gobierno debería estar bajo la estricta vigilancia de una instancia independiente y altamente especializada en el uso de recursos tecnológicos. Los misterios ya no tienen cabida en un sistema democrático en donde impere el estado de Derecho, como tampoco los obstáculos para el acceso a la información pública por parte de la prensa o de cualquier ciudadano interesado en conocer las acciones y decisiones de sus autoridades.

En estos tiempos es imprescindible poner cada vez mayor énfasis en la importancia de la fiscalización y el control por medio de instancias creadas para el efecto, quizá como un apoyo adicional a la Contraloría General de Cuentas, la cual al parecer nunca ha tenido la capacidad para controlar a fondo lo que está bajo su jurisdicción. Es obvio que de haber hecho una labor exhaustiva, algunos casos de defraudación del Estado actualmente en proceso nunca se hubieran producido.

La naturaleza humana tiene ese lado material que la lleva a buscar ventajas y privilegios a costa de sus semejantes. Si esa fuerza es poderosa en el ciudadano común, en sus autoridades es avasalladora. Por lo tanto, el único freno posible a la ambición desmedida es un sistema de justicia probo y eficiente

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Los fondos de pensiones, el botín más codiciado

pensiones

El sistema previsional debe responder a la realidad del país.

Una de las mayores preocupaciones de cualquier persona económicamente activa es qué sucederá cuando se retire de la actividad laboral. ¿Tendrá una jubilación adecuada para tener una vejez digna o se verá obligada a continuar luchando por sobrevivir en empleos informales y de corto plazo? Las discusiones sobre el futuro del sistema de previsión social está en el tablero, pero sin una participación real de quienes no solo lo financian, sino además son los más afectados por cualquier decisión relativa a las pensiones.

La población trabajadora en Guatemala es, en su mayoría, informal. Dentro de esa importante masa productiva se encuentra un sector femenino de enorme incidencia en la dinámica económica. Sin embargo, el trabajo de las mujeres en el campo, en el hogar y en el comercio pasa casi inadvertido en las estadísticas y en los sistemas de previsión social, a los cuales no tienen acceso.

Lo mismo sucede con un gran contingente de trabajadores del campo cuya labor depende de la estacionalidad de las cosechas o de la voluntad de sus patronos. Son invisibles para el sistema de previsión y, por supuesto, carentes de toda protección que les garantice una vejez digna. Esta es una de las muchas razones por las cuales se impone una revisión de la seguridad social, pero bajo la perspectiva del interés común y no desde una visión empresarial y de negocio.

El atractivo de los fondos del sistema de previsión resulta demasiado poderoso y el sector privado sabe bien cómo en Chile las Administradoras de Fondos de Pensión, AFP, han resultado unas gordas gallinas de huevos de oro para un puñado de empresarios. Éstas comenzaron a gestarse durante la época de Pinochet con la privatización de los fondos de pensiones, cuya promesa de un retorno importante al momento de la jubilación –un 70% del salario promedio de los últimos 5 años- jamás se cumplió. Hoy miles de pensionados reclaman por míseras pensiones apenas suficientes para lo básico.

No cabe duda de la necesidad urgente de realizar una reforma profunda en este tema. Sin embargo, dejar el paquete en manos privadas no es la respuesta más realista ni la más solidaria para quienes hoy se debaten en empleos mínimos y salarios de hambre, pero con largas y extenuantes jornadas de trabajo. Guatemala es un país con espeluznantes índices de desigualdad, por lo cual aplicar el modelo de un pais distinto, más desarrollado, con una fuerte clase media y con algunos de los mejores indicadores sociales de América Latina, es injusto y poco realista. Las condiciones de los trabajadores chilenos aun con estar lejos del ideal, son mucho mejores que las de la mayoría de los guatemaltecos y pasarán muchos años antes de ver una reducción de la enorme brecha que separa a ambas sociedades.

Resulta evidente la dificultad de pedir sensibilidad social a un sector tradicionalmente enfocado en la consolidación de su poder económico como objetivo único. Sin embargo, las decisiones sobre el futuro de los fondos aportados por los trabajadores no debería ser un tema reservado únicamente a las instancias políticas y empresariales, sino ser compartido ampliamente con la ciudadanía, en un proceso enriquecido con información veraz y documentada.

Los espejismos suelen terminar en grandes decepciones, en un encandilamiento temporal y luego una estrepitosa caída en la realidad. Los frutos del esfuerzo de toda una vida deben ser resguardados de manera ética, solidaria y enfocada a garantizar a los trabajadores –sus verdaderos dueños y beneficiarios- un futuro digno por el resto de su vida.

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La danza de los amparos

Algunos casos se transforman en paradigma de impunidad.

En Guatemala comienzan a darse muestras de un proceso trascendental destinado a enderezar entuertos jurídicos. En la medida que pasan los meses y se descubre el nivel de impunidad bajo cuyo manto se han protegido desde delincuentes de poca monta hasta asesinos a gran escala, en la ciudadanía crece la esperanza por el establecimiento del muy ansiado estado de Derecho.

Tal aspiración no es gratuita. Durante poco más de un año se han visto desfilar por las Cortes a un ex Presidente y a una ex Vicepresidenta de la República, más un buen puñado de ex ministros de Estado y otros funcionarios afines, algo totalmente sorprendente en un país cuyo sistema ha sido diseñado para cobijar a los corruptos, sobre todo cuando éstos pertenecen a los círculos de poder.

La población va de asombro en asombro ante las capturas de políticos y empresarios, siguiendo con atención las extenuantes jornadas de interrogatorio presididas por el juez Miguel Ángel Gálvez. El papel jugado por la Cicig y el Ministerio Público ha sido fundamental para darle consistencia a los casos y mantener fuera de circulación a los individuos más poderosos del país.

Sin embargo, en el sistema de administración de justicia de Guatemala existe un caso que no avanza; uno que de manera inexplicable permanece detenido a pesar de todas las evidencias presentadas por la fiscalía. Es un caso paradigmático cuya resolución quitaría el tapón que impide el curso de la justicia y permitiría resolver otros casos similares de violencia femicida. Se trata del asesinato y desaparición de Cristina Siekavizza, una joven madre supuestamente golpeada hasta la muerte por su esposo, Roberto Barreda.

Lo que hace de este caso un paradigma es la influencia de los personajes involucrados. Para entenderlo, habría que remitirse a la trayectoria profesional de los padres del sindicado, quienes desde sus altas investiduras como magistrados de la Corte Suprema de Justicia han de haber cultivado amistades y sentimientos de gratitud tan profundos entre sus pares como para superar cualquier escollo jurídico, haciendo del tráfico de influencias un verdadero arte.

Treinta han sido las acciones y recursos presentados ante la Corte de Constitucionalidad por la familia Barreda De León en los 5 años transcurridos desde la desaparición del cuerpo de Cristina. Once de ellos por Joaquín Flores, cuñado de Roberto Barreda; 9 por Beatriz Ofelia De León, madre de Barreda –uno de ellos para separar a la Fundación Sobrevivientes como querellante adhesivo-; 6 por el sindicado, con algunos de los cuales pretende retirar el caso del tribunal B de Mayor Riesgo; y 5 por otras personas ligadas al proceso.

Mientras la familia Barreda se afana por salir bien librada de este crimen deleznable, la familia Siekavizza, el Inacif y el Ministerio Público, con el apoyo de la Fundación Sobrevivientes en su calidad de querellante adhesivo, continúan incansables su lucha contra la impunidad. Durante los 5 años transcurridos desde la desaparicion de Cristina la han buscado en fincas, ríos, lagos y terrenos baldíos, en donde el asesino –y quien lo asistiera en ese proceso- pudo haber enterrado o sumergido su cuerpo, sin hallarla.

Estas son las incongruencias de un sistema de administración de justicia aún pendiente de depuración. La nefasta tradición del encubrimiento entre pares –lo cual también sucede en otras disciplinas- constituye un obstáculo y se podría catalogar como un acto de complicidad criminal toda vez impide el imperio de la ley. La reforma del sector justicia es, más que una demanda ciudadana, una necesidad vital para Guatemala.

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Retroceso sin retorno

Pienso en la Humanidad, así con mayúsculas, como un ideal fallido.

Debieron suceder muchos asesinatos, innumerables abusos y millones de violaciones de niñas, niños, adolescentes y mujeres adultas para que los medios de prensa comenzara a ceder sus privilegiados espacios a una de las mayores amenazas contra la vida y la integridad de más de la mitad de la población del continente. No era noticia. De hecho, la violencia intrafamiliar y las violaciones sexuales se consideraron, hasta hace pocos años, “un asunto privado” en el cual nadie tenía por qué intervenir.

Sin embargo y aun cuando se reconoce el gran valor de la apertura de esta línea noticiosa y de investigación, se observa un enfoque estereotipado en la forma -y patriarcal en el fondo- cuya perspectiva retrógrada se consolida por medio de un lenguaje ambiguo y la perenne sombra de sospecha sobre las víctimas como las primeras responsables de su propio drama.

Es decir, si las adolescentes descuartizadas no se hubieran ido de paseo al puerto…. Si Cristina hubiera denunciado a tiempo… Si la niña violada por su padrastro desde los 4 años hubiera hablado… Es decir, no se pone el dedo sobre el hechor sino sobre la víctima, una y otra vez no solo revictimizándola, sino transformando la violencia feminicida en una manifestación casi normal aunque perversa de la sociedad. Por lo tanto el mensaje oculto en este imaginario construido desde un sistema machista es: Mejor tomar precauciones y no exponerse. Ser casta y sumisa para no provocar. Anularse para no sobresalir.

¿Qué clase de humanos somos? ¿Este retroceso será otra Era de Extinción como la que acabó con los dinosaurios? ¿Dejamos asesinar a nuestras niñas como una ofrenda a alguna divinidad maldita? Porque hasta estas fechas avanzadas del siglo todavía se prohíbe a las mujeres salir libremente a las calles, disfrutar de un momento de esparcimiento en un sitio público sin temor a ser agredida, drogada, violada y abandonada en un cuartucho de hotel por un grupo de hombres que “solo se divertían”.

La mala noticia es que no hay escondite seguro para una niña, adolescente o mujer. Tampoco para los niños porque ellos también son presa fácil de un violador, un pedófilo, un delincuente sexual. De acuerdo con los organismos encargados de recabar datos y convertirlos en estadísticas, el escenario es aterrador. Lo que no aparece en esos cuadros es la parte más espeluznante de esta realidad de abusos continuados y de crímenes oportunistas. Son los no denunciados por miedo a la venganza, el recurso más utilizado por un violador en contra de sus víctimas.

Ese estado de indefensión en el cual sobreviven miles de mujeres en los sitios supuestamente seguros como su hogar, su escuela o su iglesia, marca de manera indeleble la vida futura de estas víctimas. ¿Será cuestión del Estado crear sistemas de protección o será responsabilidad de la sociedad vigilarse a sí misma? El Ministerio Público de Guatemala creó un Botón de Pánico (1572) como un recurso a la mano de las víctimas de abuso sexual o violencia. Pero hay miles de niñas y mujeres sin acceso a la tecnología y viviendo en un mundo de restricciones de todo tipo, al punto de creer en el imperio de la violencia como una maldición divina, a la cual debe someterse con resignación.

Es en esta involución de lo humano como un valor superior, en donde reside la maldición. Ninguna sociedad funcional y democrática se asienta sobre un sistema de violencia contra los más vulnerables, contra un sector debilitado a propósito mediante un sistema de discriminación, racismo y menosprecio capaz de cruzar generaciones, fortaleciéndose en el trayecto. Es hora de romper el silencio.

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Once años no es nada

No estamos entendiendo que los embarazos en niñas son producto de violación.

Sin duda mi columna ya les parece disco rayado, pero si no menciono en este espacio a Mariela Vásquez Díaz, su existencia pasará inadvertida porque una niña embarazada no es noticia hasta cuando muere. Mariela era una adolescente de 15 años. “No lloren por mí, tomé la decisión porque estaba embarazada” reza la escueta nota con la cual explica su decisión de suicidarse. El mismo procedimiento de colgarse de una soga fue utilizado por Diana Marisol Carrillo López, de 18 años y con siete meses de gestación, quien decidió poner fin a su vida en mayo del año pasado.

Así como Mariela y Diana, miles de menores son abusadas sexualmente por hombres de su entorno cercano, algunas desde sus primeros años de vida. Lo excepcional en estos casos es haber tomado la decisión de acabar con su vida. A muchas otras víctimas de violación la vida se les acaba más lentamente y de distinto modo: convirtiéndose en adultas sin haber disfrutado su niñez, cargando con un hijo cuando ni siquiera tienen conciencia de su propia infancia, enfrentando un futuro cortado de tajo por un adulto abusador cuyos crímenes quedarán impunes al ser tolerados por una sociedad patriarcal que mira hacia otro lado.

¿Recuerdan a la niña de 11 años rescatada por la Procuraduría General de la Nación hace pocos días, presuntamente embarazada por su padrastro? ¿Y otra de 13 años, originaria de Quiché, ingresada al hospital Roosevelt con 28 semanas de gestación? Son solo ejemplos de un problema de enormes dimensiones poco advertido por la ciudadanía. De acuerdo con el Observatorio de Salud Reproductiva, Osar, Guatemala registró aproximadamente 58 mil embarazos en niñas y adolescentes durante los primeros siete meses de 2015 y 71 mil en 2014. Por si fuera poco, de las 680 denuncias registradas en 2014 por abuso sexual contra menores, apenas se resolvieron 40 con condenas. Esos números tan marcadamente desiguales constituyen ya de por sí la evidencia de impunidad en uno de los delitos más recurrentes y perturbadores de esta sociedad. Se supone que el sub registro en este tema alcanza dimensiones dantescas, dadas las cifras de embarazos que los superan largamente.

Pero algo sucede que el Estado se abstiene de tomar acciones correctivas para reducir o eliminar esta pandemia de abusos contra la niñez guatemalteca. Si es presión de las instituciones eclesiásticas o simple desidia de las autoridades, no está tan claro, más parece una poderosa combinación de ambas con un componente adicional: el desprecio por esta importante mitad de la población conformada por niñas, adolescentes y mujeres adultas.

Al no tener voz ni voto en las decisiones concernientes a su vida, su salud, su acceso a la educación, se encuentran en una tremenda desigualdad de condiciones en un sistema que las ha marginado históricamente y continúa haciéndolo por obra y gracia de una casta política corrupta y clientelista.

El sistema –con su paredón de influencias capaz de bloquear cualquier iniciativa paritaria- provoca un daño irreversible a estas generaciones de nuevas ciudadanas cuyo destino está sujeto a la desvalorización de su sexo, el desprecio por su esencia femenina, la discriminación profunda desde las bases de la cultura en la cual nacieron. Los intentos por desarrollar campañas de educación destinadas a erradicar la ignorancia sobre salud sexual y reproductiva se estrellan una y otra vez contra un machismo pasado de siglo. Es hora de entender que no es un asunto de moral sino de justicia y supervivencia. Y que de políticas correctas de un Estado laico depende la vida de miles de seres humanos.

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Juego de contrastes

La modestia no figura entre las cualidades de los corruptos.

“Sobre la injuria, la ofensa” reza el dicho cuando se desea aludir a los extremos del descaro en actos contra la dignidad humana. Así ha de sentirse la ciudadanía guatemalteca cuando observa el desfile de individuos cuya posición de poder y privilegio les facilitó el acceso a los fondos públicos, de los cuales hicieron feria de la manera más descarada. Bien trajeados y pulcros, las lociones francesas pueden olerse a través del televisor.

El espectáculo que tiene perpleja a la opinión pública nacional e internacional –por lo inesperado y extenso de sus alcances- da material abundante para hacer comparaciones entre los déficit financieros de las dependencias estatales –hospitales, escuelas, programas de alimentación- y el derroche obsceno en costosos regalos para la pareja presidencial defenestrada, cuya ambición rebasa todo lo imaginable.

Los contrastes van mucho más allá. Atendiendo a presiones de las instituciones religiosas –cuya pasividad ante los desmanes de los gobernantes da mucho en qué pensar- los programas destinados a proveer a mujeres y adolescentes de métodos de planificación de embarazos y otros conocimientos en salud sexual y reproductiva, fueron sistemáticamente rezagados en las políticas públicas, cuando no eliminados del todo.

Esto no solo ha significado un incremento en embarazos de niñas y adolescentes, también es un factor de discriminación al comprometer el futuro de un amplio sector de la población cuyo destino queda marcado por una maternidad no deseada, producto de violaciones pocas veces investigadas.

Desde esas políticas restrictivas por razones doctrinarias, se obliga a las víctimas a conservar embarazos producto de actos de violencia sexual aun cuando ello represente un peligro de muerte, sin darles opción alguna de reparación de los daños físico, emocional y social derivados del hecho. Para ello no hay recursos.

Al observar la prepotencia de algunos sindicados concentrados en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, es posible colegir el nivel de influencia de estos personajes siniestros en una estructura diseñada y construida con el único objetivo de servir a sus intereses particulares, sin consideración alguna por el estado del Estado.

Es decir, sus posiciones de poder no solo les llevaron a las más altas cumbres del enriquecimiento ilícito, sino en proporción directa profundizaron las carencias de una ciudadanía abandonada a una suerte marcada por la violencia en un sistema creado para mantenerla ajena a las decisiones de los centros de poder político y económico.

En este escenario no resulta ajeno el destino de miles de hombres, mujeres, niñas y niños inocentes, asesinados por estructuras criminales cuyo papel es crear inestabilidad y caos. Así, los ataques cotidianos a la seguridad de las personas contribuyen a consolidar propuestas de sectores cuyo papel en la historia del país se ha caracterizado por el secuestro de las libertades fundamentales y los derechos humanos.

La vigilancia ciudadana es vital para rescatar la gobernabilidad y reestructurar sus instituciones, actualmente en crisis de credibilidad. Esa tarea titánica no puede realizarse sin la participación de esa masa crítica de ciudadanos cuya visión por fin empieza a aclararse a fuerza de denuncias y escandalosas revelaciones.

Este juego de contrastes entre la ostentación de unos y la miseria de otros debe ser el punto de partida para darle un giro rotundo al quehacer político, evitando acciones orientadas hacia un regreso al mismo punto cero.

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El impacto de los casos

Algunas revelaciones provocan mayor indignación que otras.

Los jueves de Cicig y MP se han convertido en un punto de convergencia de la atención ciudadana. La sucesión indetenible de escándalos revelados con lujo de detalles por la Fiscal General y el Comisionado de la Cicig, junto con el ministro de Gobernación, en algunos casos, y los fiscales encargados del trabajo de base, constituyen una novedad en este país de los ocultamientos.

La transparencia con la cual han procedido las instancias encargadas de las investigaciones y el armado de los expedientes dista mucho de las manipulaciones usuales cuando los involucrados son individuos de gran poder político o económico, como en estos casos. Quizá ese ha sido uno de los factores que ha motivado a la población a volver a la plaza.

Sin embargo, duele constatar que algunas denuncias incluso más graves en incidencia y alcance pasen casi inadvertidas para la ciudadanía. Entre ellas, la de la trata de personas que afecta a miles de niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres, cuyo destino incierto a veces se decanta por la prostitución forzada, el tráfico de órganos, la esclavitud o la muerte.

Pero si devanamos los hilos llegaremos a la conclusión de que todo está conectado de un modo u otro. Veremos que los actos de corrupción no han sido solo el saqueo de los recursos del Estado por medio de argucias administrativas o descarados robos de caja, sino también una estrategia perversa de asesinato masivo de la institucionalidad en todos sus niveles. Amarrar las cosas de tal modo que la cooptación del Estado echara sus raíces para siempre en un sistema garante de la impunidad para sus amplias organizaciones criminales.

Los objetivos resultan cada vez más claros si nos remitimos a los inicios de la campaña que llevó al poder a esta clica criminal, aunque es indispensable incluir en la fórmula a toda la casta política y a sus jefes directos: los financistas. Esa mirada en perspectiva permite captar en toda su dimensión la profunda podredumbre mental y espiritual de quienes han gobernado al país con el único fin de servirse de ese privilegio para sus beneficios personales y de grupo.

La trata de personas, uno de los crímenes de lesa humanidad más repugnantes que conciba la mente humana, ha pasado por debajo del agua gracias al poder de sus redes. La inmensa estructura construida gracias al increíble capital amasado en esta actividad y al tráfico de influencias en sectores de decisión, tiene un alcance operativo que trasciende al de otras actividades delictivas –aunque asociadas- como el narcotráfico.

Por qué el informe divulgado por la Cicig, junto con el Ministerio Público y Unicef sobre el negocio de la trata no convocó a una plaza, resulta incomprensible. Cuando nos adentramos en la descripción de las experiencias de una sola de las víctimas de este negocio maldito cuesta comprender cómo es posible tanto silencio. Cómo las víctimas escogidas por esas redes aparezcan a diario en las alertas y no haya reacción masiva de la sociedad: niñas y niños que deberían estar seguros en sus hogares, asistir a la escuela y vivir felices y protegidos, perdidos muchas veces de manera definitiva en manos de explotadores, ellos sí acunados por el sistema.

¿Alguien lo recuerda? 33 personas captadas diariamente, 64 por ciento de ellas niñas y mujeres ofrecidas “por categoría” y obligadas a atender unos 30 servicios sexuales por día. Y esos son los casos denunciados o captados por quienes se han tomado la molestia de investigar. Hay, sin duda, muchos más perdidos en esta vorágine interminable de escándalos. ¿Qué haremos por ellos?

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Remar a contracorriente

Los esfuerzos de la Cicig y el Ministerio Público requieren apoyo ciudadano.

Habría que ser muy ciego para sorprenderse por los hallazgos que la dupla Cicig-MP han revelado durante el tiempo transcurrido desde la revelación de los escándalos protagonizados por Pérez y Baldetti. Aun cuando anteriormente no hubiera evidencias concretas, la sospecha rondaba por el aire y abundaban los comentarios sobre los abusos de la pareja presidencial y sus adláteres.

Ese conocimiento no oficial –o, por decirlo de otro modo: las sospechas razonables- constituye motivo más que suficiente para provocar una respuesta ciudadana rotunda, categórica, poderosa, capaz de imponer un modo distinto de participación política a través de la denuncia y el involucramiento.

La pasividad deja de tener lugar en el escenario político cuando la estabilidad de una nación depende de acciones correctivas en aquellas instancias que sostienen los pilares de la democracia. Esto aplica muy especialmente cuando esa democracia ha sido casi mortalmente herida por un sistema diseñado para garantizar la impunidad de los carteles de la corrupción y, de forma paralela, la incapacidad de respuesta de una ciudadanía amansada.

En medio de la tormenta desatada por instituciones destacadas por su voluntad de imponer la depuración y aplicar la justicia, llama la atención el incesante incremento de hechos criminales en todos los rincones de Guatemala. La manera como se cometen feminicidios y ataques contra niños y adolescentes, violaciones sexuales, trata de personas, abuso contra niñas así como el nivel de saña de los asesinatos y la elección aparentemente aleatoria de víctimas, hablan de una estrategia específicamente diseñada para intimidar imponiendo una política de terror típica de sectores antidemocráticos.

Las capturas de corruptos y corruptores constituye un enorme avance en la búsqueda de cambios sustanciales en las estructuras de poder político y económico. Lo que falta es un soporte institucional capaz de hacer de esa limpieza profunda una política de Estado, a modo de consolidar una nueva forma de hacer las cosas. La barrida de una administración todavía deja en el aire a los corruptos y corruptores de las demás. Y aún faltan mecanismos capaces de prevenir los actos ilícitos de presentes y futuros gobernantes.

Es ahí en donde la ciudadanía debe jugar el papel que le corresponde, fiscalizando, denunciando y colocándose en el lado positivo de la ecuación aunque ello le signifique perder ciertos privilegios creados y sostenidos a propósito para burlar las leyes. En síntesis, una ciudadanía cuya labor será rechazar y abandonar el sistema corrupto actual para ayudar a construir uno transparente y apegado a la ética.

En ese esfuerzo monumental no solo se benefician las finanzas del Estado, también impacta con fuerza en la construcción de una nueva manera de ejercer ciudadanía y de hacer política. Una democracia fortalecida cierra naturalmente espacios a las organizaciones criminales que actualmente se sostienen de las columnas institucionales para florecer. Solo ese avance permitiría establecer sistemas de protección para la vida de las personas, muy espacialmente niños, niñas y mujeres quienes son actualmente las víctimas propiciatorias de esas redes infames del crimen organizado.

La democracia no existe aún. Ese sueño constituye una idea imposible de concretar mientras existan estructuras criminales desde los despachos oficiales, amparadas por un concepto viciado del quehacer político. Por eso es preciso construirla desde las bases, aprovechando los espacios abiertos por la Cicig y el MP para involucrarse y participar de esa nueva visión.

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Los alcances del fracaso

La pandemia de las violaciones sexuales cubre al planeta entero.

El caso más reciente: Una niña violada por 30 hombres adultos en una favela de Brasil, cuyo impacto provocó manifestaciones en ese país y repudio en todo lugar en donde llegó la noticia, nos enfrenta con una realidad de violencia tan extendida como impune. Ante esto, cabe preguntarse qué hubiera pasado si los violadores no hubieran compartido las imágenes de su perverso acto de crueldad, en su entusiasmo por divulgar su hazaña.

Lo más probable, hubiera pasado inadvertido. Si la niña denunciaba pondría en riesgo su vida y la de su familia, dado el carácter de 33 hombres adultos reunidos con el propósito de pasar un momento de “diversión” a costa de una adolescente indefensa. Es decir, la visión panorámica de una construcción cultural en la cual no existe el concepto de respeto por la vida, el cuerpo y la integridad de las mujeres, no importa cuál sea su condición.

Hemos visto agresiones de todo tipo, en todas partes. No es algo excepcional ni aislado. A un lector que criticó mi exposición del caso de Nabila en Chile, afirmando que estos temas –feminicidio, violaciones, acoso y violencia intrafamiliar- no tienen relevancia internacional, le respondo: Estos temas ya han ingresado en el listado de las políticas urgentes si queremos reparar el tejido de nuestras sociedades enfermas, y la comunidad internacional así lo considera. La violencia en contra de las mujeres es un rasgo cultural de toda sociedad patriarcal y urge combatirlo.

Las violaciones y otra clase de agresiones sexuales contra niños, niñas y adolescentes rebasan en mucho las cifras oficiales. Existen familias enteras integradas a fuerza de violaciones en cadena, como el caso de una niña de 12 años embarazada de su padre, quien a su vez violó y embarazó consecutivamente a 3 generaciones que siguen viviendo bajo el mismo techo. Es decir, la niña es también hermana de su madre y de su abuela. Estos casos, poco divulgados pero frecuentes en las áreas rurales, constituyen la muestra indiscutible de la situación de marginación en la cual crecen las niñas, cuyos cuerpos están a la disposición de quien quiera tomarlos, explotarlos y desecharlos.

En países como Guatemala, en donde falta la presencia del Estado en grandes extensiones del territorio y, por tanto, tampoco hay un sistema de justicia y protección, el escenario es aún más devastador. Quienes sufren los abusos sexuales y otras agresiones físicas, psicológicas y económicas, callan por temor o por un arcaico convencimiento –transmitido por generaciones- de que así es la vida para las mujeres.

El reciente informe divulgado por Unicef y Cicig sobre La Trata de Personas con fines de Explotación Sexual en Guatemala, pone en claro la dimensión dantesca de este fenómeno y cómo existe y prospera gracias a sus poderosos nexos con las autoridades de Gobierno y algunas de sus instituciones. El análisis, sobre una muestra de sentencias judiciales –lo cual solo refleja parte de los casos reales- determina que un 57 por ciento de las víctimas son niños, niñas y adolescentes y, en el caso de las niñas, la mayoría destinadas a explotación sexual, muchas veces dando servicios a más de 30 hombres por día. Un horrendo escenario de esclavitud, de impunidad y una evidencia del subdesarrollo humano de nuestras sociedades.

Los números, sin embargo, son fríos. No reflejan el drama cotidiano de las víctimas, quienes pierden su vida y oportunidades en un sistema que las margina desde su nacimiento. Determinar la responsabilidad por este fracaso colectivo es la tarea pendiente para la ciudadanía.

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Nabila, una mujer como tu

En América Latina, los casos de feminicidio ocurren con saña renovada…

Coyhaique es una comunidad relativamente pequeña -50 mil habitantes aproximadamente- situada en la maravillosa Patagonia chilena. La ciudad fue fundada recién en 1929 y su acceso terrestre debió esperar hasta los años 80, debido a que a los gobiernos de Chile no les interesaba gran cosa desarrollar esas regiones remotas del extremo sur. Sin embargo, la belleza de sus paisajes la han ido sumando a la agenda turística, convirtiéndola en uno de los puntos más atractivos de la región de Aysén.

En ese escenario bucólico de aires puros y cielos resplandecientes fue en donde Nabila sufrió el ataque que la dejó ciega y en coma profundo. Su pareja y padre de 2 de sus hijos la golpeó salvajemente y, no contento con ello, la arrastró a la calle y con la activa complicidad de un amigo le arrancó los ojos con una llave de automóvil, le fracturó el cráneo y le destrozó los dientes. Horas después, un adolescente que caminaba por el lugar dio la voz de alarma y fue rescatada aún con vida.

Desde enero hasta la fecha, en Chile se han reportado 16 feminicidios en los cuales mujeres han muerto a manos de sus parejas o ex parejas, además de muchos otros ataques en los cuales estas agresiones no causaron la muerte de las víctimas. Como un detalle escalofriante, arrancarles los ojos parece ser una nueva forma de castigo contra las mujeres por parte de sus agresores.

El caso de Nabila despertó una ola de indignación en todo Chile y fueron muchas las organizaciones que le manifestaron su solidaridad. Pero así como sucede en todo el resto del continente, las muestras de apoyo no bastan para detener la creciente ola de violencia feminicida. Para combatir esta patología, cuyo origen se asienta sólido en sociedades patriarcales en donde el machismo continúa siendo un arma de destrucción a nivel doméstico y comunitario, la respuesta de la justicia debe ser rotunda y ejemplificadora.

Nabila, como Cristina, Candelaria, Reyna, Gregoria, Olga y otras cientos y miles de víctimas de violencia machista contabilizadas por los medios, arrojadas sobre las losas de las morgues después de ser mutiladas con saña indescriptible, van acumulándose como la mayor evidencia posible de desprecio por el género femenino. Un gesto colectivo –porque el volumen de casos así lo demuestra- cuyo origen reside en la institucionalización de la discriminación sexista en todos los escenarios de la vida.

Así como los índices se elevan, también los obstáculos para obtener justicia, ya sea por deficiencias o desconfianza en el sistema, por temor a las represalias o porque los hechores calcularon bien sus posibilidades de salir indemnes manipulando a jueces y fiscales. Existe, además, un paredón infranqueable de prejuicios orientados a culpar a las víctimas por su propia destrucción y justificar a los agresores a partir de supuestos “estados mentales” como origen de sus arrebatos de ira homicida.

Nabila es solo otra mujer para las estadísticas. Y lo seguirá siendo mientras no se eleven las alarmas ante una de las manifestaciones más extendidas del odio machista: el feminicidio en todas sus formas. Mujeres como Nabila Rifo en Aysén o Cristina Siekavizza en Guatemala seguirán sumándose a esta lista de las muertes tan injustas como innecesarias, amparadas por una cultura que las expone, sin mayores excusas, al exterminio en manos de su pareja.

El feminicidio no es un crimen común, es un crimen de odio contra mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Porque se las carga históricamente con el lastre de una sumisión inducida por la sociedad y sus múltiples doctrinas religiosas.

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Nabila, una mujer como tu

 

En América Latina, los casos de feminicidio ocurren con saña renovada…

Coyhaique es una comunidad relativamente pequeña -50 mil habitantes aproximadamente- situada en la maravillosa Patagonia chilena. La ciudad fue fundada recién en 1929 y su acceso terrestre debió esperar hasta los años 80, debido a que a los gobiernos de Chile no les interesaba gran cosa desarrollar esas regiones remotas del extremo sur. Sin embargo, la belleza de sus paisajes la han ido sumando a la agenda turística, convirtiéndola en uno de los puntos más atractivos de la región de Aysén.

En ese escenario bucólico de aires puros y cielos resplandecientes fue en donde Nabila sufrió el ataque que la dejó ciega y en coma profundo. Su pareja y padre de 2 de sus hijos la golpeó salvajemente y, no contento con ello, la arrastró a la calle y con la activa complicidad de un amigo le arrancó los ojos con una llave de automóvil, le fracturó el cráneo y le destrozó los dientes. Horas después, un adolescente que caminaba por el lugar dio la voz de alarma y fue rescatada aún con vida.

Desde enero hasta la fecha, en Chile se han reportado 16 feminicidios en los cuales mujeres han muerto a manos de sus parejas o ex parejas, además de muchos otros ataques en los cuales estas agresiones no causaron la muerte de las víctimas. Como un detalle escalofriante, arrancarles los ojos parece ser una nueva forma de castigo contra las mujeres por parte de sus agresores.

El caso de Nabila despertó una ola de indignación en todo Chile y fueron muchas las organizaciones que le manifestaron su solidaridad. Pero así como sucede en todo el resto del continente, las muestras de apoyo no bastan para detener la creciente ola de violencia feminicida. Para combatir esta patología, cuyo origen se asienta sólido en sociedades patriarcales en donde el machismo continúa siendo un arma de destrucción a nivel doméstico y comunitario, la respuesta de la justicia debe ser rotunda y ejemplificadora.

Nabila, como Cristina, Candelaria, Reyna, Gregoria, Olga y otras cientos y miles de víctimas de violencia machista contabilizadas por los medios, arrojadas sobre las losas de las morgues después de ser mutiladas con saña indescriptible, van acumulándose como la mayor evidencia posible de desprecio por el género femenino. Un gesto colectivo –porque el volumen de casos así lo demuestra- cuyo origen reside en la institucionalización de la discriminación sexista en todos los escenarios de la vida.

Así como los índices se elevan, también los obstáculos para obtener justicia, ya sea por deficiencias o desconfianza en el sistema, por temor a las represalias o porque los hechores calcularon bien sus posibilidades de salir indemnes manipulando a jueces y fiscales. Existe, además, un paredón infranqueable de prejuicios orientados a culpar a las víctimas por su propia destrucción y justificar a los agresores a partir de supuestos “estados mentales” como origen de sus arrebatos de ira homicida.

Nabila es solo otra mujer para las estadísticas. Y lo seguirá siendo mientras no se eleven las alarmas ante una de las manifestaciones más extendidas del odio machista: el feminicidio en todas sus formas. Mujeres como Nabila Rifo en Aysén o Cristina Siekavizza en Guatemala seguirán sumándose a esta lista de las muertes tan injustas como innecesarias, amparadas por una cultura que las expone, sin mayores excusas, al exterminio en manos de su pareja.

El feminicidio no es un crimen común, es un crimen de odio contra mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Porque se las carga históricamente con el lastre de una sumisión inducida por la sociedad y sus múltiples doctrinas religiosas.

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Democracia sin justicia…

…No es democracia. Es un sistema diseñado para el abuso.

Muchas veces las personas se sienten agredidas ante la realidad de la violencia cuando se reproduce en los medios de comunicación y las redes sociales. “Es innecesario” dicen, “arrojarnos a la cara toda esa tragedia que ya conocemos”. Pero no es cierto, no se conoce porque se ha construido todo un imaginario para ignorar los dramas ajenos, fantasía de negación muy útil hasta cuando nos asesinan a un ser querido, nos extorsionan o nos golpean la ventanilla del automóvil con una escuadra calibre 44 Magnum adquirida en el mercado gris, solo para robarnos el celular.

Así es como nos vamos adaptando a una realidad paralela a nuestro espacio personal, cada vez más reducido en términos de espacio pero también de experiencias. Ya no socializamos, no conocemos a nuestros vecinos y somos incapaces de comprender toda la dimensión del absurdo escenario en el cual transcurre nuestra vida.

En el transcurso de unos pocos días, hemos visto el asesinato de un ciudadano por no ceder el paso a uno de esos energúmenos que utilizan el vehículo como arma de destrucción masiva. Hemos visto cómo el cuerpo de una joven fue a estrellarse contra el pavimento después de haber sido salvajemente agredida por su conviviente. Por supuesto, no ha sido la única ni será la última a pesar de los esfuerzos de algunos internautas para hacer visible el feminicidio, de algunas organizaciones para socorrer a las potenciales víctimas y de algunos ciudadanos para denunciar las agresiones.

Pero eso es solo una parte de la ecuación, la otra es la ausencia de seguimiento a esta clase de crímenes por la incapacidad del sisterma de administración de justicia para hacer frente a esta debacle social, cuyo impacto supera largamente las posibilidades de reacción de las instituciones del Estado. Los expedientes se acumulan tras las oleadas de denuncias, provocando un sentimiento de enorme frustración en las víctimas por la imposibilidad de resguardarse de posibles represalias. Y el sistema colapsa con un escandaloso porcentaje de casos no resueltos mientras se llenan las instalaciones del sistema penitenciario con individuos en prisión preventiva.

A todo esto, el concepto de democracia no ha sido objeto de un proceso consciente, colectivo y de participación ciudadana capaz de reformularlo. Eso provoca una ilusión de estabilidad en algunos sectores urbanos, cuya visión no va más allá de las barriadas populares. Por lo tanto, lo que sucede en el resto del país: el conflicto agrario, la destrucción provocada por las grandes compañías extractivas, la ausencia de instituciones del Estado y la miseria en la cual se desarrolla la vida de millones de seres humanos carentes de lo mínimo para subsistir, les resulta ajeno.

A ello se suma una especie de gobierno paralelo liderado por los capos del tráfico de droga, del contrabando y la trata de personas, quienes dominan grandes áreas del territorio y se pasean en sus vehículos blindados con la más absoluta impunidad, conscientes de poseer una fuerza superior a la de cualquier otra instancia de seguridad nacional. El terror generado por estos grupos en las comunidades es algo desconocido para los citadinos, quienes solo tienen atisbos de esa realidad.

¿En dónde está, entonces, la democracia? ¿A cuáles definiciones responde un sistema incapaz de proporcionar la menor esperanza de seguridad y justicia para sus ciudadanos? Los avances en la persecución de los delitos de alto impacto, aun con su enorme relevancia para la consolidación del sistema de justicia, no son suficientes para garantizar la paz en Guatemala.

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Feliz día, madre…

niña

A ti, cuyo futuro quedó tirado en algún recodo del tiempo, irrecuperable…

Feliz día, te dirán con solemnidad como si hubieras realizado una proeza, pero no. Pariste un hijo sin quererlo, casi sin saberlo, un hijo cuya llegada –a tus 12 años apenas- marcó el inicio de una etapa sin perspectivas. El pequeño producto de un acto de bajeza infinita que acabó con tu infancia y la convirtió en una adultez indeseada. Peor aún, la transformó en la más injusta cadena de privaciones.

Feliz día, madre de uno de los 26 mil 400 niños y jóvenes varones asesinados en América Latina y El Caribe solo en el transcurso de un año por causas que aún no comprendes y cuyo dolor sientes con la misma intensidad de cuando te notificaron su muerte por un balazo certero. Nunca pudiste entender el porqué.

¿Y qué hay de ti, madre de ese joven en el umbral de sus sueños, desaparecido o muerto, quién sabe en dónde y cómo. Ese adolescente de cuyo rastro el gobierno mexicano, hondureño, salvadoreño o guatemalteco nunca quisieron darte razón porque no lo saben o quizá prefieren mantener el enigma que te perseguirá por siempre como una pesadilla sin fin? Ese joven que un día cualquiera salió del instituto o del trabajo o de su propio hogar para desvanecerse en el aire como un fantasma, dejándote sumida en la tristeza.

Feliz día de la madre, niña-mujer, ignorante de tus derechos porque nunca te permitieron asistir a la escuela. Así encadenaron tu libertad a un fogón, un estropajo, un surco en el campo. Tú, quien aprendiste desde tus primeros días de vida el papel que otros te asignaron en este mundo: el de una maternidad forzada y una esclavitud institucionalizada por una sociedad para la cual no tienes valor alguno.

Feliz día también para ti, abuela a los 25 porque tu niña de 10 salió embarazada por el hombre que creíste amar, el mismo que la engendró. Drama cotidiano marcado por tus carencias abismales en los países más ricos del planeta. Ricos en recursos, ricos en desigualdades. A ti te tocó la parte mala de la ecuación pero crees, muchas veces, que es cosa de Dios y no te rebelas porque ni siquiera conoces la dimensión de la injusticia.

Feliz día, madre marginada por un Estado que no responde a tus demandas porque son otras sus prioridades. Has visto a tus hijos languidecer por la desnutrición, perder el brillo de sus ojos y la fuerza de su cuerpo. Has perdido la cuenta de las veces que has solicitado ayuda y te la han negado por cualquier razón. Te has estrellado contra una burocracia inclemente y un sistema indiferente a tu dolor.

Feliz día, niña destinada a ejercer labores de madre por la fuerza de las circunstancias. Porque naciste niña en una sociedad permeada por tantos prejuicios sexistas y estereotipos que sería difícil enumerarlos para hacerte comprender la dimensión de tus desventajas. Porque ser niña es una condición para el abuso, la discriminación y la explotación en todas sus formas. No importa si naciste en un hogar acomodado o en una pobre choza de barranco. Igual marcarán tu lugar en la vida.

Feliz día, madres cuyo día se inicia desde el amanecer ante los portones de las cárceles, en los tribunales de justicia o, quizá, frente a hospitales y morgues buscando a un hijo, una hija, a quien vieron salir para nunca más regresar. Son esas madres que seguirán buscando, esperando sin plazo fijo, porque así son las cosas en nuestros países. Son esas madres aferradas a las excusas más absurdas. Son las mujeres sin voz en un mundo perfectamente diseñado para silenciarlas.

Feliz día…

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Lo desigual, un estilo de vida

Una manera de ver las injusticias en la vida de las mujeres.

Cansadas de lidiar con la presión en el trabajo y luego de un trayecto hostil durante el cual deben enfrentar el acoso en el autobús o en las calles, miles de mujeres trabajadoras están obligadas a hacerle frente a una montaña de labores domésticas para las cuales fueron entrenadas desde la niñez.

Es frecuente escuchar comentarios como: “Mi esposo me ayuda a veces” con cierto dejo de orgullo, como si fuera lo más normal que el compañero de hogar tuviera el derecho de desentenderse de las labores del hogar. Ese “me ayuda” es parte del problema. Al no considerarse el trabajo hogareño un deber de ambos, las mujeres tienden a sentir gratitud cuando su pareja lava los platos o cambia pañales, enfatizando así su situación de desventaja.

Por supuesto, eso no es todo. En el ambiente laboral las cosas resultan incluso más difíciles cuando de equidad se trata. Salarios diferenciados entre ambos sexos aun cuando se desempeñen las mismas labores, resulta una norma tácita en las políticas salariales. Del mismo modo, los ascensos hacia cargos de dirección o gerencia suelen concederse con preferencia a sus pares hombres, como parte de todo un condicionamiento derivado de prejuicios machistas: la desconfianza de las capacidades de una mujer para ejercer cargos de autoridad y liderazgo, las supuestas debilidades del sexo femenino a la hora de tomar decisiones importantes o incluso sus características biológicas puestas en una balanza cargada de estereotipos que convierten la menstruación o la maternidad en obstáculos insalvables para ejercer una carrera.

La educación en todos sus niveles trae los estereotipos tan bien arraigados, que aun entre mujeres profesionalmente activas y con una cierta independencia económica, es común la expresión de sumisión ante estas costumbres y tradiciones que las relegan a un segundo plano en el concierto familiar, social y laboral. De la política, ni hablar, ya que para saltar a esos escenarios es preciso haber vencido en los anteriores.

En otros estratos sociales la injusticia y la inequidad se muestran de manera mucho más violenta. Mujeres laboralmente activas suelen estar sujetas a un control estrecho por parte de su compañero, muchas veces de manera impositiva y cargada de restricciones. Esta situación por lo general se refuerza con una serie de condicionamientos del entorno inmediato, algunos provenientes de las doctrinas religiosas profesadas por el núcleo familiar que marcan los roles para ambos miembros de la pareja. Para la mujer, estos son de obediencia y servidumbre como mandato divino.

En ese entorno lleno de obstáculos para el logro de la realización personal, nace y se desarrolla una mitad de la población. Los avances en la consecución de normas legales y estructuras respetuosas de sus derechos fundamentales se han ido logrando por medio de luchas intensas, duras y muchas veces pagando con la vida por ellos. La ridiculización de las demandas por la paridad y la equidad de género –tanto a nivel individual como colectivo- se erige como el prototipo de la resistencia machista contra un sistema justo y con el potencial de transformar a la sociedad.

En un Día del Trabajo que transcurrió sin pena ni gloria, el tema fundamental debió ser la desigualdad, la derrota de un esquema de relaciones injustas, cuya preeminencia constituye una afrenta, pero sobre todo una muestra de temor ante la posibilidad de verse obligados, algún día, a compartir un poder que no les pertenece.

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Niños de primera, niños de segunda…

 

Se nace con el estigma de una categoría determinada por el prejuicio.

He visto muchas veces el gesto de desprecio ante un menor pobre, mal vestido, sucio y hambriento. No es un gesto de desprecio hacia quienes de una u otra forma lo ha condenado a una vida de miseria, sino hacia la víctima: ese niño o niña cuyo destino está en manos de adultos cuyo poder de decidir, de acuerdo con sus propios intereses y visión de las cosas, marcará el rumbo de su existencia.

En una avenida cualquiera cuando el semáforo marca el alto, se acercan, botellita de plástico en ristre, a lavarle el parabrisas del auto por lo que usted quiera darle. Quizá usted le siga el juego por una moneda de a veinticinco, pero por lo general lo que esos menores reciben es un gesto de rechazo y una mirada severa que se puede traducir como: “cuidado y me tocás el carro”, antes de reemprender la marcha con las ventanillas herméticamente cerradas por el temor a ser víctimas de un asalto.

En el semáforo siguiente, otros más audaces realizan modestos espectáculos de acrobacia con la esperanza de recibir algo de dinero. Son niñas y niños de edades que oscilan entre 4 y 9 años, cuyo magro estado físico apenas les permite ejecutar unas tímidas piruetas. Se sabe de la existencia de redes de explotación que utilizan a decenas de niños y niñas para mendigar durante largas y extenuantes jornadas, razón por la cual muchos les dan la espalda, convencidos de actuar correctamente para no alimentar esa forma de explotación.

Sin embargo, la realidad de la niñez en situación de calle rebasa esos marcos. La profundización de la pobreza en grandes sectores de la población, sumado a la falta de atención en salud reproductiva, la ausencia de políticas de población, el estigma religioso contra los anticonceptivos y los obstáculos para ofrecer educación de calidad han condenado a las familias a un régimen de sobrevivencia tan extremo, que en él no cabe el lujo de ofrecer un mejor pasar a sus propios hijos.

Esa niñez abandonada a su suerte no parece tener espacio en las prioridades de Gobierno como tampoco en las de una comunidad humana más centrada en mantener su estatus que en ocuparse de problemas ajenos. El caso es que esa niñez arrojada a las calles no es un tema ajeno, sino uno concerniente a toda la ciudadanía. ¿Cómo se podrá avanzar en el combate a la violencia con un contingente tan numeroso de candidatos a integrar pandillas? Porque en ellas reside una de las escasas salidas de estos niños a la situación de extrema necesidad en la cual transcurre su vida.

Desde una perspectiva tan estrecha como deshumanizante, la sociedad suele observar a la niñez en situación de calle como un problema ajeno en cuya solución no tiene responsabilidad alguna. A pesar de existir oenegés y algunas instituciones del Estado cuya labor para paliar la situación de estos menores resulta insuficiente ante la abrumadora realidad, cada día son más los niños desprotegidos, enfrentados a perder la vida entre drogas, violencia callejera y presiones de las organizaciones criminales para obligarlos a engrosar sus filas.

Estos son los niños “de segunda”: nacidos en circunstancias de miseria, víctimas de numerosas formas de violencia dentro y fuera de su hogar, sin capacidad para encauzar su vida por una ruta de progreso y mucho menos para desarrollar su potencial físico, intelectual y humano. Ellos representan la gran deuda de la sociedad. Una deuda que pesa como un inmenso lastre contra cualquier esfuerzo por alcanzar el desarrollo y salir de la espiral de retraso en que se encuentra el país.

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Dueños del agua (dueños de la vida)

El agua es un bien común esencial para la vida en todas sus formas.

No debería ser necesario describir cuán importante es el agua en la vida de las personas porque cualquier ser humano lo comprende, experimenta y es consciente de la catástrofe que supondría el agotamiento de este recurso. Sin embargo, solemos usarla de manera inadecuada, sin conciencia del enorme privilegio de tener acceso a este regalo de la naturaleza cada día a cualquier hora, mientras grandes conglomerados humanos carecen de ella.

Durante décadas recientes, el planeta ha experimentado la reducción progresiva de sus fuentes hídricas, provocada en buena medida por la deforestación de enormes extensiones de bosques, desvío de ríos para uso industrial, salinización de la napa freática, contaminación de pozos, lagos y otros cuerpos de agua de los cuales se surten los poblados. Esto ha generado la mirada codiciosa de grandes consorcios cuyo objetivo es el control de su distribución por ser un rico filón para explotar y beneficiarse económicamente de la necesidad de otros.

En esa misma línea está la concentración de riqueza en países desarrollados, cuyas excesivas demandas de agua y la escasa educación de sus habitantes con respecto a su uso ponen en peligro la disponibilidad para los habitantes de otras áreas más pobres y vulnerables. A eso se añade la resistencia de esas naciones a implementar políticas de sostenibilidad que podrían reducir a niveles racionales sus costosos estilos de vida, mientras exigen a las naciones menos desarrolladas implementar medidas de conservación de sus recursos.

La desigualdad entre naciones es un factor de enorme riesgo, como se demuestra en el poder ejercido sobre gobiernos débiles con el propósito de conseguir privilegios para las grandes compañías industriales, extractivas, agroindustriales y productoras de energía. En este juego de poderes, el agua es una protagonista esencial para complementar cualquier plan de explotación de recursos.

En estos momentos de la historia, muchos países sufren el impacto de la escasez de agua en grandes sectores de la población. Entre ellos, algunos de primer mundo cuyo lujoso estilo de vida está basado en un desequilibrio extremo entre sus demandas de materias primas, minerales, hidrocarburos, maderas finas y otros bienes, con la miseria de las naciones que se los proveen a costa de la depredación de sus territorios.

El calentamiento global, ese fenómeno cuya existencia rechazan los círculos industriales a quienes se debe, en gran medida, la pérdida de masa boscosa y la excesiva producción de gases invernadero, es ya una realidad expresada en un cambio climático cuyas víctimas se acumulan año tras año. En ese escenario, las fuentes hídricas se secan, los habitantes emigran debido a la pérdida de sus cultivos y a condiciones de vida imposibles para la supervivencia.

En estos días de calor excesivo, miles de hombres, mujeres y niños han marchado desde distintos puntos de Guatemala para llamar la atención sobre la importancia del agua en la vida de las personas y de su entorno. Estos ciudadanos vienen a exigir al gobierno políticas públicas coherentes con los derechos de la población, respetuosas de su derecho a gozar de este recurso, pero también medidas para detener el abuso de quienes contaminan y se roban impunemente las fuentes de agua de las cuales se surten las comunidades. El mandato constitucional es claro: El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. Que los habitantes tengan derecho al agua, por lo tanto, debe ser política de Estado.

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La desigualdad es la norma

Las condiciones de pauperismo en las cuales se debaten las mayorías son obra humana, no divina.

Si algo hay que reconocerles a la mayoría de gobiernos del mundo, es su manera franca y abierta de actuar a favor de los privilegios. Así es como se ha construido un sistema capitalista basado en la polarización y la concentración de la riqueza de las naciones, amparado en leyes ideadas, redactadas e impuestas con esa visión discriminadora e injusta. Para legitimar ese esquema, se ha desarrollado un mensaje tendente a criminalizar todo movimiento social cuyo propósito sea reducir las desigualdades.
El modo como ese modelo ha ido capturando las bases de la institucionalidad muestra un trasfondo de deshumanización convertido en “ideología del desarrollo”; y sus objetivos, además de convertir en aliados a los gobiernos más débiles, ha sido establecer sociedades frágiles en su conducta ciudadana, lábiles ante el poder, dóciles ante la autoridad. La criminalización de las demandas populares, por lo tanto, caen en un esquema propicio para instaurar medidas coercitivas y aplicar toda la fuerza de la represión en contra de grandes conglomerados humanos.
En días recientes, los escandalosos descubrimientos de los Panama Papers han puesto en evidencia cuánta basura se esconde tras las grandes instituciones financieras mundiales y cómo éstas han participado gustosas en movimientos de riqueza de prácticamente todas las naciones del planeta, a espaldas de quienes producen esa riqueza con su trabajo. Las protestas no se han hecho esperar, pero aun así las grandes cadenas noticiosas y los medios locales en diferentes países han realizado esfuerzos ingentes por bajarle el tono al escándalo.
Una mirada comparativa entre esos indecentes depósitos bancarios y los indicadores de pobreza, desnutrición y violencia derivada de situaciones extremas de inequidad y discriminación, deja en descubierto la inmoralidad de los líderes mundiales y sus cortes principescas de consorcios mediáticos, industriales y financieros. Las cifras son de tal magnitud que con esas fortunas podría eliminarse de una vez y para siempre el hambre en el mundo, con la ventaja adicional de hacerlo creando bases para su sostenibilidad.
Es evidente que las alturas del poder alteran de manera peligrosa todo sentido de la realidad. Quizá la falta de oxígeno afecte las funciones cerebrales creando una ilusión de seguridad peligrosamente ficticia, la cual hace ver a la masa ciudadana como eso: una masa informe y obediente capaz de soportarlo todo, de creer en la falsedad del discurso y seguir sobreviviendo en un estado de pasividad ideal para el sistema.
Sin embargo, la presión generada por la frustración ante la corrupción y la desidia de los gobiernos frente a las urgentes necesidades de poblaciones abandonadas a su suerte, constituye una auténtica bomba de tiempo. Los esfuerzos del sistema por crear un clima de confrontación entre sectores de la ciudadanía puede funcionar una, dos o más veces, pero no funcionará para siempre y en algún momento la situación dará pábulo a la unidad.
La satanización de las demandas populares y de sus protestas contra el abuso de la explotación de los recursos por medio de contratos venales entre gobiernos y compañías extractivas, hidroeléctricas y agrícolas, es una estrategia débil ante la realidad del robo de las riquezas de las naciones. El discurso de odio contra grandes sectores de la población que exigen justicia, probidad de sus autoridades y respeto a sus derechos, choca de frente contra la legitimidad de las protestas y la pertinencia de sus demandas. El momento del cambio, al parecer, se acerca.
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El feminismo no tiene género, es una visión distinta y más justa de las relaciones humanas

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El respeto, esa rara cualidad

Ningún ser humano puede ver lo que ves, ni verlo como lo ves

Todos nacemos en cirunstancias diferentes, con un código genético único, un ambiente determinado por el momento específico cuando comienza nuestra percepción del mundo y el modo como nos han arrojado en él. De esa cuenta, nuestra forma de aprehender el entorno es distinta para cada uno de nosotros y eso marcará nuestra perspectiva de las cosas. Sin embargo, por absurdo que parezca, la historia nos ha enseñado cómo esas diferencias básicas son forzadas a fundirse y perderse en una organización social específica cuyas normas, costumbres y tradiciones se nos imponen de manera rotunda y definitiva.

Por tal razón, el hecho aparentemente sencillo de abrir la mente para comprender en toda su dimensión la complejidad del pensamiento de otros, sus conflictos, sus aspiraciones y sus temores, se erige como una tarea para la cual no estamos preparados. De esa incapacidad vital deriva una serie de patologías sociales capaces de marcar profundamente todas nuestras relaciones humanas: el odio, el resentimiento, la intolerancia, el prejuicio, el racismo y la discriminación.

Desear la muerte de otro ser humano –y perpetrar el acto de privarlo de su vida- es una de las manifestaciones extremas de esta forma de ver al mundo como un monolito de piedra, fincado en una verdad unidimensional y cerrada, que es la nuestra. Es como quien solo ve el árbol ignorando la existencia del bosque, una manera muy práctica pero peligrosa de depositar en un solo elemento toda la fuerza de la negación.

En esta rigidez de un sistema social basado en el predominio de la fuerza y el poder de unos pocos está conformada la plataforma sobre la cual se erigen las religiones, las ideologías y la organización económica en las sociedades, el común denominador de todos los tiempos. Las diferencias de pensamiento y de objetivos –un factor capaz de generar conflictos de gran envergadura por su capacidad para crear nuevas rutas y ofrecer otras opciones- se convierte de inmediato en un objetivo a eliminar por cualquier medio, con el fin de mantener la estabilidad del estatus.

De ahí surge inevitablemente una relación de violencia basada, por lo general, no solo en una actitud de intolerancia sino -más grave aún- en el absoluto irrespeto por el otro, sus motivaciones, sus derechos y sus decisiones. Esto, dentro de una sociedad cuya complejidad invita a la polarización resulta extremadamente difícil de enfrentar, pero ese cuadro se convierte en un polvorín cuando los factores de divisionismo y discriminación surgen desde los ámbitos mismos del poder político, cuya misión es precisamente buscar y preservar la unidad y la concordia entre los ciudadanos.

El respeto por el otro es uno de los actos personales más difíciles de ejecutar. La tendencia a la violencia racial, física, social o psicológica se nos ha impreso desde la primera infancia, por medio de estereotipos profundamente enraizados en el discurso cotidiano. Creemos en nuestra verdad como si efectivamente fuera la única, sin dejar espacio al diálogo ni a un acto un poco más generoso de receptividad hacia la verdad ajena.

En este escenario en el cual la parte superficial de una crisis –lo aparente, sin prestar espacio a la investigación de las causas que la originan – se convierte en política y el remedio se aplica por la fuerza, los objetivos primarios tales como la estabilidad, la reparación del tejido social, la reducción de las desigualdades y el respeto por los derechos humanos, son conceptos absolutamente fuera de la discusión.

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Mark Bittman — Discover

At his eponymous website, Mark Bittman — formerly a food columnist at the New York Times — shares well-curated recipes from his vast repertoire and collects some of his writing on food, cooking, and culture.

via Mark Bittman — Discover

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El peligro de la libertad

El modelo de vida de muchos es diseñado para beneficio de pocos /

Estuve en Francia poco después de la revolución organizada en mayo del 68 por grupos estudiantiles de protesta contra la sociedad de consumo, la cual arrojó a las calles de París a una de las manifestaciones multitudinarias más grandes de Francia y quizá también en la historia de Europa occidental. Allí me tocó vivir de cerca la resaca de una huelga general secundada por unos 9 millones de trabajadores en todo el país.

En los años siguientes y como respuesta a la impactante provocación de la juventud y los sindicatos contra un sistema orientado a beneficiar a las cúpulas industriales y financieras, el gobierno francés estrechó sus métodos de vigilancia ciudadana en las calles, en donde se comenzaron a exigir los documentos de identidad con especial dedicatoria a quienes pudieran haber protagonizado esas revueltas callejeras.

En esos días se produjo un cambio fundamental en la visión del desarrollo y de la libertad individual, que aún perdura. La marea provocada por los jóvenes franceses se extendió con fuerza hacia América Latina, en donde solo faltaba la chispa para encender a una juventud cuya visión del futuro no coincidía con la de sus gobernantes, ni con los marcos valóricos en los cuales se debatían sin encontrar respuesta a sus demandas ni perspectiva a sus sueños.

Viendo el panorama en retrospectiva y los sistemas bien atornillados del capitalismo y la economía de mercado que rigen actualmente la mayoría de países del hemisferio, las revueltas de París adoptan el tono surrealista de sueños no alcanzados y quimeras absurdas por su alcance poético. La libertad, esgrimida como una bandera primordial, se ha convertido hoy en la mayor amenaza contra un sistema en el cual no caben las manifestaciones individualistas.

En un capitalismo cuya consigna ha sido el rechazo al comunismo uniformador de las aspiraciones humanas, se ha impuesto el modelo uniformador de las aspiraciones humanas a través de marcos educativos diseñados para responder a las necesidades productivas de los grandes consorcios industriales y financieros. La creatividad, por ende, se prodiga poco y solo en grupos selectos, apartados de una masa cada día más privada de medios de desarrollo.

El más significativo educador del siglo XX, Paulo Freire, lo expresa claramente cuando afirma que la pedagogía debe constituir una forma de diálogo y aprendizaje constantes, en un marco de libertad creadora. Lo contrario sucede en los actuales sistemas educativos, en donde el alumno es un recipiente en donde se van acumulando ideas y conceptos, sin mayores posibilidades de generar nuevas líneas de pensamiento que no sean las propuestas por el sistema.

Entonces se llega a la situación de la mayoría de nuestros países, fincados en los preceptos del beneficio económico por medio del desarrollo de los grandes capitales sobre la sumisión de los grupos menos privilegiados, entre cuyas filas están quienes sostienen todo el edificio. En la actualidad, exceptuando a los sectores más pobres y los más ricos, muchos de estos trabajadores son jóvenes surgidos de aulas universitarias y cargados de títulos y sueños, pero condenados a efectuar trabajos rutinarios y mecánicos en los cuales no se requiere más que disciplina y una formación básica para ejecutarlos correctamente.

No solo el sistema educativo requiere una revisión tomando en cuenta la libertad y el potencial individual. También se necesita la liberación de las estructuras institucionales, cuyos modelos responden a objetivos ajenos al bien común.

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La transparencia, una amenaza latente

El poder mal concebido es incompatible con la vigilancia ciudadana /

Las naciones más desarrolladas suelen tener instituciones sólidas como parapeto contra el abuso. Sus mecanismos son claros y sus normas, específicas. Responden pronto y sin excusas ante la demanda de información de sus ciudadanos y sus organizaciones civiles. Sus más altas autoridades tienen el respaldo de haber sido electas o nombradas en procesos intachables con el único fin de consolidar sus democracias. Sus características las convierten en ejemplo y, por supuesto, estas naciones son una excepción a la regla, pero también un modelo ideal para toda la Humanidad.

En el otro extremo del espectro, están aquellas cuyo ambiente político, económico y social se desarrolla dentro de una espesa nube de opacidad. Sus autoridades y otros centros de poder rehúyen la fiscalización ciudadana con una fiereza digna de mejores causas. O quizá no, por los enormes beneficios que les reporta el ocultamiento de sus acciones. La tradición institucional de estas naciones viene respaldada por una larga cadena de tiranías, golpes de Estado y fraudes electorales, tamizados por períodos de cambio que nunca alcanzan a concretarse en democracias auténticas.

Una de las amenazas para estos regímenes semi dictatoriales –por su carácter autoritario y su resistencia al escrutinio- son aquellos brotes de protesta ciudadana que surgen con fuerza inesperada, como respuesta a los abusos cometidos por las autoridades en el ejercicio del poder.

Cuando esto sucede, los mecanismos de defensa del sistema comienzan a actuar de manera casi automática. Se cierran los accesos a la información y se penaliza todo intento de crítica con la excusa de la sedición. Se reprimen los movimientos populares con todo el poder de la fuerza pública, para lo cual se canaliza la inversión hacia los cuerpos armados. Se impide el acceso a los registros y a los eventos institucionales como una manera de resguardar la privacidad en las decisiones oficiales y, con ello, evitar toda amenaza de señalamiento.

En muchas de las naciones del continente se ha visto este movimiento pendular cuyo efecto más importante ha sido la imposibilidad de establecer -de manera sostenible- democracias reales, participativas y cuyos mecanismos de administración sean absolutamente transparentes a la fiscalización de sus habitantes y de la comunidad internacional.

Esta debilidad en nuestras estructuras políticas ha convertido a Latinoamérica en un continente cuyo trágico pasado de dictaduras se cierne una y otra vez como una amenaza real sobre los esfuerzos por consolidar los procesos de desarrollo en libertad y la permanente búsqueda de una paz firme y duradera. La frecuente alternancia de regímenes populares con otros de extrema derecha, solo propicia una debilidad progresiva de los marcos institucionales y el retroceso en las conquistas de los pueblos, cuyas necesidades jamás se ven reflejadas en los planes, ni realizadas en la práctica, por una absoluta ausencia de coincidencia de objetivos.

Un gobierno responsable y capaz de ejecutar sus funciones dentro del marco constitucional, respetando las leyes y a sus gobernados, se vería altamente beneficiado con una política de puertas abiertas, una actitud de tolerancia hacia el disenso y una clara invitación a la participación ciudadana, ya que ésta se convierte, de ese modo, en el mejor garante de la estabilidad institucional y la democracia. La opacidad, el ocultamiento y la amenaza siempre presente de cerrar espacios a la mirada de otros protagonistas importantes, es la mejor fórmula para el fracaso.

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Los otros efectos de la Ley de Newton

Entre la ley de la gravedad y las otras leyes…  /

Se creyeron inmunes, lo cual no es extraño, ya que -como muchos otros- estaban convencidos de que jamás pagarían las consecuencias. Era suficiente el ejemplo de gobiernos anteriores y la impunidad con la cual cerraron capítulos, para creer a pies juntillas que esa permisividad sería extensiva hasta el fin de los tiempos. Pero no contaban con el inesperado giro de los acontecimientos, o mejor dicho con la vuelta de tuerca marcada por una Cicig más comprometida, un Ministerio Público desvinculado de las órdenes presidenciales y operadores de justicia capaces, por fin, de blindarse contra sobornos y amenazas.

El panorama, a partir de la estrepitosa caída en desgracia de los anteriores gobernantes y su séquito de cómplices, tiene a la ciudadanía entre el asombro y el escepticismo. Ha sido de tal envergadura el golpe contra las organizaciones criminales incrustadas en el Estado, que resulta difícil creer en un desarrollo lógico de los procesos. Muchos piensan –y no se les puede reprochar- que de pronto todo volverá a la “normalidad” de los vicios y la manipulación para echar por tierra todo el esfuerzo y los logros alcanzados en el ámbito de la justicia.

El desfile hacia los centros de detención ha sido un espectáculo capaz de levantar los ánimos de quienes nunca lo creyeron posible. Sin embargo, aún faltan los juicios y allí es en donde se verá cuán efectivos serán los denodados esfuerzos de los abogados defensores por librar a sus clientes del castigo, pero sobre todo cuán efectivas serán las evidencias en contra de los sindicados y cuánto pesarán al momento de dictarse las sentencias.

Sin embargo, sigue pendiente el tema de las devoluciones. De acuerdo con los datos revelados por actores, testigos protegidos e investigadores del Ministerio Público y la Cicig, las sumas de dinero saqueadas a las arcas del Estado son de volumenes difíciles de concebir. Esto alcanza relieves de espanto cuando se confrontan con los presupuestos escatimados a los servicios fundamentales como educación, salud, alimentación y vivienda, cuyas deficiencias tienen un impacto muchas veces letal en la vida de la ciudadanía.

Para quienes observan el desarrollo de las audiencias y tienen la oportunidad de ver y escuchar a los sindicados de delitos como cohecho activo, tráfico de influencias o defraudación tributaria -los más frecuentes en estos casos de alto impacto- ha de ser gratificante constatar que no importa el nivel de poder e influencia de un empresario, político o profesional, cuando se trata de aplicar la justicia de manera correcta, tal y como lo mandan la Constitución y las leyes.

Entre las lecciones aprendidas durante los últimos meses, una de las más valiosas es el efecto de la ley de Newton aplicada a las acciones humanas. Es el retorno de la masa cuando se eleva sin una plataforma que la sostenga en las alturas, como sucede con tanto funcionario inepto y corrupto cuyo ascenso reposa débilmente sobre una burbuja de influencias y compadrazgos. Cuando caen, traen de vuelta toda la inercia de su incapacidad y sus malos manejos para estrellarse estrepitosamente en el suelo, tal y como sucede actualmente en las salas de audiencias de la torre de tribunales.

La justicia bien aplicada es la última esperanza de Guatemala para iniciar la reconstrucción de su sistema democrático sobre bases sólidas. Pero en esa dirección deben actuar todas las fuerzas institucionales y civiles, muy especialmente sus gobernantes. Si estos no tienen la visión y la decisión de enderezar su rumbo, todo el esfuerzo realizado habrá sido un mero espejismo.

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Es una demanda histórica, señores diputados

Las políticas de paridad surgen como reparación de la injusticia /

Las reformas legislativas para establecer normas de paridad en los sistemas electorales y el marco político, no son un invento chapín. Solo en América Latina 14 países introdujeron, desde 1991, acciones afirmativas de género a nivel de cuotas y paridad, las cuales se tradujeron en una mayor presencia femenina en las cámaras y otros espacios de decisión. Sin embargo, existe una fuerte resistencia al cambio en algunos foros parlamentarios, como el de Guatemala, bajo la excusa de que esos espacios solo deben abrirse por mérito y no por ley.

Aquí, resulta pertinente insistir en el hecho de que no existe el concepto de mérito alguno en el actual sistema electoral, ya que los puestos en los listados de candidatos están abiertos a un mercado de oferta y demanda, manejado a conveniencia de las cúpulas partidarias. Los resultados están a la vista.

Los avances en la conquista de los derechos de las mujeres ha sido un camino empedrado y sembrado de obstáculos. Es una batalla desigual en la cual de un lado están quienes tienen las llaves del poder y de la elaboración de leyes y, en el otro, la mitad de la población sujeta a un régimen de sumisión obligatoria. Un tema por demás apropiado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y echar un vistazo a sus luchas por la igualdad.

Desde el voto femenino, el derecho al aborto, el ingreso a las universidades hasta la práctica del deporte en arenas olímpicas, la mujer ha tenido que pelear sus espacios a brazo partido. Esto le ha costado descrédito, prisión, muerte y destierro. Sus ambiciones han sido calificadas de ridículos intentos de colocarse a nivel del hombre, cuya ilegítima autoridad ha estado amparada por leyes destinadas a preservar sus privilegios.

En la actualidad ya no se discute la capacidad de las mujeres para aportar sus conocimientos, experiencia y calidad de trabajo en los ámbitos político y administrativo, pero los candados siguen cerrados para su acceso a cargos de elección y posiciones de poder. Las reformas a leyes opuestas a la norma constitucional, las cuales ponían obstáculos al libre ejercicio de los derechos de las mujeres, costaron años de argumentaciones por parte de este sector. Lo mismo sucedió con la Ley Contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, a cuya aprobación se resistía la mayoría de representantes, quienes veían en ella una fuerte amenaza a su estatus. Hoy esos avances son una realidad.

La legitimidad del sistema democrático depende, entonces, de una participación igualitaria de todos los sectores de la sociedad. Ante eso no puede existir la menor duda, al quedar demostrado que la marginación de la mujer responde a una estrategia de dominación patriarcal en sistemas diseñados con ese fin. En países como los nuestros, en donde la población más pobre está compuesta mayoritariamente por mujeres, niñas, niños y adolescentes, se hace imperativo introducir cambios radicales en el modo de administrar los recursos del Estado y establecer políticas públicas en consenso con todos los sectores.

Guatemala posee una riqueza inmensurable en recurso humano, creatividad y capacidad de producción, bienes actualmente desperdiciados y convertidos en una carga social por falta de oportunidades de desarrollo. Una mayor presencia de las mujeres en todas las instancias de decisión, pero fundamentalmente en el organismo legislativo, pondría un acento nuevo y el equilibrio indispensable para el ejercicio de un gobierno más dinámico, mejor administrado y con la posibilidad de consolidar las relaciones humanas sobre una plataforma más justa y democrática.

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Ser joven no es suficiente

Una sociedad democrática requiere un sistema incluyente, no políticas miopes y represivas /

En países como Guatemala, Honduras y El Salvador –el conflictivo triángulo norte de Centroamérica- el concepto de juventud dejó de tener, desde hace tiempo, el aura positiva de crecimiento, oportunidad y desarrollo naturalmente implícito en ese segmento de la población. En estos países, dadas sus características socio políticas y sistemas económicos orientados hacia el fortalecimiento de sus cerrados círculos de poder, las aspiraciones de los jóvenes se estrellan contra la dura realidad de un entorno hostil.

De ahí el incremento de las actividades delictivas entre una población cada vez más joven –en Guatemala aumentan cada año los crímenes cometidos por niños y adolescentes de ambos sexos- a lo cual se añade, como colofón y sin duda también como una de sus causas, el empobrecimiento acelerado de las familias, la mayoría de las cuales no alcanzan a ganar lo suficiente para cubrir las necesidades más elementales de vivienda, alimentación y vestuario.

La imagen de una juventud pujante y entusiasta, por lo tanto, es cada día más un estereotipo muy alejado de la realidad para ese contingente menor de 18 años que, por razones diversas, no logró un nivel educativo mínimo capaz de garantizar su desarrollo integral y permitirle el lujo de soñar con un futuro mejor.

Esta degradación de la calidad de vida de la población en general y del sector más joven, en particular, se acentúa de manera progresiva, en perfecta sintonía con el envilecimiento de una administración pública cuyos vacíos han ocasionado la debilidad del Estado hasta el punto de colapsar algunas de sus principales instancias, en un vórtice de corrupción y malos manejos. Por supuesto, los grupos más afectados por el fenómeno resultan ser la niñez, la juventud y las mujeres. Una potente bomba de tiempo en poblaciones cuyo promedio de edad desciende de modo sostenido.

¿Qué porvenir encuentra un adolescente privado de acceso a un centro educativo de calidad, gratuito y en cuyas aulas se le respete y proporcionen las herramientas para labrarse un futuro promisorio? El sistema actual lo coloca ante la disyuntiva de salir a las calles a conseguir un salario de hambre o ingresar a una clica que le ofrezca un sustancioso ingreso. Difícil elección, en la cual el entorno familiar también juega un papel decisivo.

Y ahí está el siguiente elemento de la fórmula: un contexto familiar históricamente privado de oportunidades de educación –porque el tema no es nuevo- con el desafío de mantener a una familia numerosa, carente de recursos para ofrecerle mejores perspectivas, con un concepto patriarcal de las relaciones interpersonales y, por tanto, alto nivel de violencia doméstica.

Las medidas represivas del Estado en contra de los jóvenes que delinquen, por lo tanto, no solo no resuelven los problemas de fondo, sino además los agravan al enfrentarlos a un sistema ciego, sin rutas de rehabilitación capaces de ofrecer nuevas oportunidades de vida. A eso se añade un ámbito laboral no apto para jóvenes rescatados de un contexto de pobreza, violencia y criminalidad.

Las políticas públicas indispensables para revertir esta tendencia no suelen incluir medidas de fondo, como sería un incremento significativo del presupuesto destinado a la educación pública, así como programas sostenibles dirigidos exclusivamente a la niñez y la juventud de menores ingresos. Esos, de acuerdo con el pensamiento político actual, son lujos que los países en desarrollo no pueden costear. Un argumento insostenible ante el despilfarro y la manipulación constante de los fondos públicos y el pésimo manejo de los casi inexistentes programas de desarrollo. Esto da para una seria reflexión ciudadana.

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Una dosis de surrealismo

Un educador prejuicioso y kaibiles impartiendo cursos de sexualidad. /

Si algo tenemos que agradecerles a los nuevos funcionarios –y también a los viejos políticos- es haber despertado, con sus prejuicios y desatinos, el debate siempre acallado sobre la sexualidad. Hoy, como pocas veces se ha visto, los medios y las redes abundan en certeras reflexiones tendentes a desvelar los conceptos y quitar telarañas allí en donde se han acumulado por los siglos de los siglos.

La mirada paternalista hacia una juventud y una niñez carentes de oportunidades de desarrollo, debe sustituirse por la definición correcta de políticas públicas destinadas a reducir las desigualdades y las inconsistencias de los programas emanados desde las instituciones del Estado, los cuales se elaboran a partir de una visión sesgada sobre los derechos de esos sectores vulnerables.

Cuando un funcionario de Gobierno sugiere en su discurso la validez de la autoridad del hombre por sobre la vida de la mujer, automáticamente plantea una posición de Estado, como hizo hace algunos días el viceministro de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa (¡nada menos!) en un acto de graduación, en donde dejó bien sentadas sus ideas sobre los (no)derechos de la mujer, entre otras perlas de una alocución que ha corrido por las redes y puede encontrarse en YouTube.

Pero eso, al final de cuentas, refleja un estereotipo social sólidamente asentado en el imaginario colectivo, el cual se replica con fuerza en todas las capas sociales como parte de los discutibles valores que la sustentan. Un marco cuya prevalencia ha provocado, además de horrorosos crímenes de lesa humanidad y un ambiente de extrema violencia, muchos de los problemas que actualmente frenan el desarrollo de la niñez, la juventud y el gran sector de mujeres, cuyo estatus de marginación se mantiene in crescendo.

La actitud y las palabras del viceministro están mal, muy mal. Y aunque el funcionario pretenda desmentirlas, ahí están las grabaciones para sostenerlas. Pero no es el único que resbala fuertemente en su propio caldo de prejuicios, ahí están los diputados tránsfugas y otros nada transparentes, elaborando discursos sobre valores como si la ciudadanía a la cual afectan con sus manipulaciones hubiera perdido la memoria.

Pero la cereza sobre el pastel en esta tierra de Nunca Jamás, es la publicación de la Brigada Fuerzas Especiales Kaibil en Facebook, en donde aparece un soldado impartiendo una conferencia sobre prevención de embarazos ante una audiencia de niñas, niños y adolescentes, en una escuela de Poptún, Petén. Este hecho no tendría mayor importancia ¡todo lo contrario! si las clases sobre el tema de la sexualidad fueran parte de la currícula escolar y todos los maestros contaran con abundante material y la posibilidad de compartirlo con sus alumnos.

Sin embargo, las políticas públicas de educación sexual y reproductiva han sido engavetadas administración tras administración, con el consiguiente abandono de la iniciativa y del mandato derivado de los acuerdos internacionales sobre el tema. Guatemala, como muchos otros países, pero aún con mayor incidencia, presenta grados ascendentes de embarazos en niñas y adolescentes, violaciones sexuales desde el seno familiar y el entorno cercano, trata de personas –especialmente niñas y niños- y una multiplicidad de formas de violencia sexual que convierten al país en uno de los más riesgosos para el desarrollo de la infancia. Y considerando su sistema democrático, es una total contradicción que la enseñanza de un tema tan sensible provenga de uno de los cuerpos más represivos del Ejército.

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Decentes y pudorosos

Cómo navegar en las corrientes cruzadas de la represión y el instinto /

Muchas cosas han pasado durante las semanas recientes, que han puesto a la sexualidad humana en la mesa de discusión. Entre ellas, una ley de la juventud insuficiente para alcanzar sus objetivos de crear un marco de protección y desarrollo para ese importante sector de la sociedad y un juicio histórico en donde se persigue castigar los crímenes cometidos por el Ejército contra las mujeres de Sepur Zarco, sometidas por la institución armada a la esclavitud sexual y laboral después de haber destruido sus familias y sus hogares.

Pero también está la postura pretendidamente moral de la mayoría de candidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos, quienes han dedicado muchas de sus intervenciones en los debates públicos a esgrimir argumentos en contra de la diversidad sexual, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto, en un afán de retomar posiciones de conservadurismo extremo, al parecer con la intención de satisfacer a cierto sector de la ciudadanía que se resiste a aceptar los cambios inevitables de la evolución social.

La relación entre estos hechos no resulta evidente, pero de algún modo existe. Es el nexo ancestral que vincula a los sistemas de control político -en un marco patriarcal de dominio absoluto sobre las normas que rigen a lo más primario de las comunidades humanas: su sexualidad y la manera de ejercerla- con la antigua estrategia de condicionar la libertad hasta en lo más elemental de su esencia, a través de la culpa y la soberanía de su papel como ente reproductor.

Pero esta visión incide y limita especialmente a las mujeres, consideradas una especie de “repositorio genético” cuya responsabilidad es hacer de su cuerpo y su sexualidad una suerte de ofrenda social que no solo la sobrepasa, sino prácticamente la convierte en objeto bajo el dominio de otros.

Las nuevas generaciones -esa juventud actual enfrentada a un mundo conflictivo, hostil y nada propicio para facilitar su desarrollo- habrán de determinar cuáles son sus objetivos de vida y, a partir de ellos, buscar la manera de incidir en las normas y leyes que regirán su futuro y el de sus hijos, dejando a un lado los prejuicios y la ignorancia que han condicionado y satanizado durante siglos el ejercicio libre y maduro de su sexualidad.

La visión ideal desde una perspectiva retrógrada y conservadora, pero sobre todo desde los parámetros del control político, es una juventud sumisa y apegada a normas institucionales. Una juventud “decente y pudorosa”, incapaz de rebelarse contra los cánones existentes. No deliberante, con la cual sea posible mantener las reglas de un juego que en nada la favorece. Para ello, privar a las nuevas generaciones de una educación de calidad, es prioritario. Negarle asimismo el acceso a mecanismos de control de su propia sexualidad es una forma adicional de restringirle sus derechos y de tal modo someterla a las decisiones de otros.

Política y religión no se mezclan, eso es lo que se dice en un afán de corrección política absolutamente abstracto. La verdad es que política y religión no son más que dos caras del mismo espejo en donde se refleja el mundo actual y los modos de regirlo. Es el espejo en donde nos reflejamos al tomar decisiones y también al no tomarlas, porque sus valores –diseñados por otros para conveniencia de alguien más- nos indican siempre cuál es el camino a seguir.

A la juventud actual no le queda más que una opción y es, como bien lo ilustró la muestra fotográfica de Daniel Hernández-Salazar, despojarse de las vestiduras y exhibirse desnudos ante el mundo.

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El aborto, como la espina en el ojo

El difícil consenso sobre el aborto por motivos de salud y sobrevivencia/

Una espina en el ojo no sería más molesta para los gobiernos de la región, como el planteamiento hecho por la ONU sobre permitir el derecho al aborto y el acceso a métodos anticonceptivos para las mujeres que viven en países en donde actualmente se presenta una fuerte incidencia de casos de zika, como es el caso de América Latina.

La prevalencia de la doctrina católica en los países latinoamericanos, cuya influencia ha sido estampada hasta en los textos constitucionales –aun cuando la mayoría de Estados se autodenomina laico- constituye un obstáculo aparentemente infranqueable para uno de los problemas sociales de mayor impacto en estos países de población mayoritariamente pobre y sin acceso a la salud, y mucho menos a la educación sexual y reproductiva.

De ahí que el temor de un incremento incontrolado de abortos clandestinos con consecuencias fatales surja como derivado de restricciones a la práctica del aborto en establecimientos sanitarios legales y bien equipados. Esto, considerando que el entorno en el cual se desarrolla la vida de estas comunidades es de tal vulnerabilidad y marginación, que en el futuro cercano no existen mayores perspectivas de acciones eficaces para evitar la propagación del zika, ni del chikungunyá, ni del denge y tampoco de la malaria. Pero, adicionalmente, del hambre y la desnutrición, la falta de acceso a servicios de salud y la indiferencia de los gobiernos.

Se estima que unos 25 millones de mujeres carecen de acceso a métodos anticonceptivos en el continente latinoamericano, pero es probablemente mayor el número de quienes, a pesar de tenerlo, no los utilizan por razones religiosas o desconocimiento. También se conoce la tremenda prevalencia de violencia intrafamiliar, violaciones sexuales, incesto y trata de personas a quienes el sistema actual deja al margen de la protección de los Estados. Esto significa un problema de enormes dimensiones y requiere más de una visión humanitaria, sanitaria y de derechos, que de un manifiesto doctrinario.

Las víctimas de la mayoría de enfermedades transmitidas por los mosquitos se encuentran en áreas rurales o en zonas marginales, desprotegidas y sujetas a la voluntad de autoridades locales, quienes usualmente han sido electas por medio de campañas financiadas a través de acuerdos financieros y políticos. Estas autoridades muchas veces carecen de los conocimientos técnicos y legales para tomar decisiones de tanta responsabilidad, por lo cual los Estados de la región se sostienen en una cadena llena de eslabones rotos. Su tarea –titánica, por ciento- es diseñar e implementar políticas sanitarias coherentes y ajustadas a las emergencias del momento, como esta probable pandemia de zika que asola a los pueblos y a sus nonatos.

Los síntomas de las enfermedades transmitidas por los mosquitos son ampliamente conocidos por haber sido divulgadas por todos los medios de comunicación, pero principalmente por quienes tienen acceso a ellos. Sin embargo, las medidas de protección son relativas a las condiciones de vida de las personas, o no existen o son prácticamente imposibles de implementar para evitar las peores consecuencias de estos males, una de las cuales es la microcefalia en los bebés y el síndrome de Gillian Barret, para ninguna de las cuales existe cura conocida.

De no responsabilizarse los Estados de la región de manera congruente con su mandato de proteger a la persona y a la familia –común para todos, sin duda- se encontrarán con una crisis humanitaria fuera de proporción. El momento de las decisiones, aun cuando es difícil, resulta inevitable.

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El señor y la niña bella

La niña más bonita de la aldea será también la más infeliz

 

No se necesita un escenario de guerra para observar las múltiples amenazas que rodean, como si se tratara de algo natural, la vida de niñas, adolescentes y mujeres impidiéndoles desarrollarse de manera plena para gozar de su vida en libertad y con todas las garantías propias de un sistema de legalidad. Este tema es la denuncia constante de activistas de derechos humanos, académicos y estudiosos del fenómeno social en países en desarrollo y de quien quiera detenerse a echar una mirada curiosa en aldeas, caseríos y ciudades de nuestra América Latina.

Niñas embarazadas es la constante. Sus familias, pobres y privadas de todo beneficio por obra y gracia de un sistema de privilegios, prefieren entregar a sus hijas en matrimonios precoces –la mayoría forzados- en aras de quitarse el peso de alimentar una boca más, pero hacerlo de modo de evitar el bochorno ante el resto de la comunidad. Para ello las negocian con hombres maduros que ofrecen cualquier prebenda a cambio de esa niña cuya voluntad no cuenta en la transacción y cuyo destino es marcado con la huella estampada en el acta de matrimonio.

Los datos son espeluznantes y van en aumento. Pero no solo en matrimonios a temprana edad, sino en uniones forzadas, secuestros, violaciones y trata de niñas menores de 14 años, perpetrados tanto por sus familiares cercanos, quienes las consideran un sub producto útil para transar, como por autoridades de las comunidades en donde nacen y se desarrollan. Pero a esto se han sumado también las organizaciones criminales, cuyos territorios abarcan todo lo abandonado por los Estados de la región en términos de seguridad, protección de la infancia y establecimiento del estado de Derecho.

Esos matrimonios constituyen una patología social de larga data y para erradicarlos por completo no bastará una normativa legal que ponga un límite de edad para contraer nupcias. Y tampoco es cuestión de establecer castigos severos a los infractores, la mayoría de los cuales ni siquieran comprenden el concepto de estas restricciones, porque vienen a cuestionar una norma de vida comunitaria desde tiempos de sus ancestros.

El trabajo de cambiar la visión tiene desafíos casi imposibles desde el punto de vista logístico y eso lo saben todas las entidades nacionales e internacionales cuya misión es propiciar una transformación profunda de este estado de cosas. Los estudios de campo muestran un escenario, incomprensible para quienes tienen una perspectiva urbana e intelectual, en el cual tanto hombres como mujeres de sectores marginales, pobres y mayoritariamente rurales, consideran estas prácticas como algo perfectamente aceptable.

En aras de darle un vuelco de 90 grados a la situación de las niñas en condición de pobreza y exclusión -las principales víctimas de este tráfico muchas veces legalizado- la educación es la única herramienta posible. Pero la educación solo será efectiva en un contexto de respeto por los derechos humanos y una administración de gobierno capaz de priorizar las políticas orientadas a satisfacer las necesidades de este sector de la población.

El pensamiento patriarcal, patente y soberano en todas las instancias de las sociedades latinoamericanas, deberá dejar paso a un sistema de justicia social, el mismo que en la actualidad representa una amenaza para las naciones más desarrolladas. La triste suerte de millones de niñas, aunque a simple vista no lo parezca, es otro de los hilos de la trama de un sistema capitalista despiadado y voraz.

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El cambio viene por etapas

La Corte de Constitucionalidad, como protagonista de la transformación…

 

Si algo plantea enormes desafíos para el sistema de justicia de Guatemala, es la envergadura y la cantidad de casos de corrupción, a través de los cuales se han perdido miles de millones de dólares de los fondos públicos. Desde la Presidencia de la República hasta la última de las dependencias estatales, pero también desde las más importantes entidades empresariales hasta el pequeño comercio, la evasión de tributos, la manipulación contable, el soborno o el contrabando se han establecido como una práctica normal.

En las calles se ofrecen abiertamente productos ilegales como las copias pirata de películas, música y vídeos pornográficos en las narices de las autoridades, quienes no parecen inmutarse. Y el público los compra sin ningún reparo, quizá porque la oferta bien vale cerrar los ojos y participar del negocio.

La reconstrucción de un sistema de legalidad en todos los niveles de la sociedad parece demandar, por un lado, la reeducación de la ciudadanía para hacer conciencia sobre cuál sería la vía correcta para iniciar un proceso de depuración de otras instancias, y por otro el establecimiento de un proceso de cambio sustantivo en aquellas instituciones de las cuales depende la transparencia de la gestión pública.

En este sentido, la elección de candidatos a magistrados para integrar la Corte de Constitucionalidad se presenta como una oportunidad valiosa para ir consolidando la independencia y probidad de esa dependencia clave, cuya misión es la defensa y el restablecimiento del orden constitucional y del estado de Derecho, marco fundamental para garantizar la sostenibilidad de la democracia.

Uno de los actores en este importante proceso –junto con representantes de los 3 poderes del Estado y la Universidad de San Carlos- es el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, cuyo papel como entidad gremial tiene un fuerte impacto en el sistema de justicia del país y, por lo tanto, en la consolidación de los valores fundamentales que sustentan a todo el aparato jurídico.

La gran ola de participación ciudadana de los últimos meses ha conseguido despertar un inusitado interés sobre los asuntos administrativos y los procesos iniciados contra un buen número de ex funcionarios de gobierno, magistrados, jueces, miembros del Ejército y otros personajes, quienes han cometido delitos en el marco de sus funciones. Pero también es fundamental para esta masa ciudadana mantener la vista atenta en el proceso de selección de quienes, desde la más alta instancia legal del país, decidirán sobre amparos, impugnaciones y conflictos de ley, de manera definitiva e inapelable.

En este sentido, tanto los representantes de los poderes del Estado y la Universidad nacional, como los votantes del Cang, tendrán que actuar de manera consciente y responsable porque ahora tienen encima la atenta mirada de una ciudadanía más enterada de su papel fiscalizador y de su poder para ejercerlo. Esa ciudadanía mayoritariamente joven será la cuarta protagonista de ese proceso del cual depende en gran medida la estabilización de un progresivo fenómeno de cambio en toda la estructura del Estado.

Razones para elegir correctamente a los magistrados titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad hay muchas, pero entre las más importantes están frenar el abuso de los mecanismos legales para impedir el avance de los procesos, evitar el tráfico de influencias, garantizar la correcta interpretación del texto constitucional a favor de una administración transparente de la justicia y, con ello, evitar la discrecionalidad en la aplicación de la ley.

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Un oportuno recordatorio

A 48 horas del traspaso de mando, la ciudadanía manifestó por la transparencia.

El presidente Jimmy Morales ya disfrutó de los honores en una tediosa ceremonia de traspaso de mando, rodeado por una corte pródiga en halagos y parabienes. También tuvo la satisfacción de caminar al compás de La Granadera –sin duda uno de los sueños más acariciados por los políticos- y compartir con un buen número de visitantes extranjeros, cuya presencia le dio mayor realce a tan trascendental jornada.

Pero mientras eso sucedía en las esferas del gobierno, la ciudadanía se mantenía seria, ajena, apática, apartada del bullicio propio de la asunción del mando por parte del equipo de gobierno. Eso deja ver la falta de motivación suficiente como para aplaudir la llegada de su nuevo líder, para quien no hubo canciones ni vítores en la Plaza de la Constitución, ni desfiles para celebrar, tampoco cohetes para demostrar al mundo el entusiasmo ciudadano por un cambio largamente deseado.

Esta actitud expresa mucho más que cualquier proclama. Con claridad meridiana le dice al nuevo mandatario una verdad incontestable: “No estamos convencidos, esperamos resultados y estaremos vigilantes. No creemos, ni vamos a confiar así como así.”

Y luego, 48 horas después de todo aquel barullo ceremonial, una manifestación pacífica destinada a despejar cualquier duda sobre el verdadero sentimiento ciudadano. La convocatoria aun cuando no llenó la plaza, como algunas del año pasado, sí logró el cometido de lanzar una advertencia al nuevo gobierno desde una plataforma más coherente y puntual.

Este acto de ejercicio ciudadano se manifiesta como un nuevo orden de cosas, una relación de mayor poder y menos sumisión por parte de la población y sus grupos organizados, sus líderes y especialmente su juventud. Es una manera de hacerse presente para recordar a las nuevas autoridades que no van a gobernar solos ni a escondidas, porque hay una comunidad humana capaz de participar pero, sobre todo, deseosa de hacerlo.

Esta nueva relación de poder todavía carece de la fuerza suficiente para obligar a ciertos sectores de gran poder e influencia a desistir de cometer actos de corrupción y otros delitos. Sin embargo, es como una suave marea capaz de anunciar un tsunami si se la provoca lo suficiente. Es un murmullo en clave creciente, cuya presencia constituye algo más que una molestia auditiva para quienes han convertido sus posiciones de privilegio en una cueva de ladrones.

Coincidentemente con los primeros días del año, el ejercicio de analizar, evaluar y someter a escrutinio a los nuevos funcionarios deberá extenderse hacia todos los sectores de la sociedad. No existe un solo puesto en el gobierno cuyas acciones no toquen de manera directa o indirecta los intereses de la ciudadanía y principalmente sus oportunidades de desarrollo. La población debe cuidar el futuro de sus hijos e hijas, exigiendo el cumplimiento estricto de los juramentos pronunciados en público y ante el mundo entero –establecidos por ley como condición para asumir un cargo oficial- durante los actos de toma de posesión para presidente, vicepresidente, diputados, secretarios, ministros, alcaldes y otros funcionarios.

Esos juramentos, constantemente irrespetados por los sectores de poder político y económico, constituyen un compromiso sancionado por la ley, e implican una obligatoriedad absoluta. Quienes los hayan pronunciado deberán estar conscientes de encontrarse bajo la mirada fiscalizadora de una sociedad más alerta, involucrada y dispuesta a actuar por la defensa, la integridad y el futuro de su país.

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Las tareas pendientes para Jimmy

No es difícil predecir el futuro inmediato del nuevo gobierno guatemalteco, para ello basta echar una mirada a los indicadores de desarrollo –¿o quizá sería más correcto hablar de indicadores “de subdesarrollo”?- los cuales trazan un boceto claro e indiscutible de las condiciones en las cuales transcurre la vida de la población de este país.

Por ejemplo, ahí están las cifras de la desnutrición crónica abarcando a la mitad de las niñas y niños de Guatemala, quienes ya de por sí agrupan a casi un tercio de la población total. Esta situación se ha visto agravada durante los últimos años de manera significativa por la falta de implementación de políticas públicas, a lo cual se suma una sangría constante de las arcas nacionales.

Esto no habría podido mantenerse durante tanto tiempo de no haber sido por la pasiva complicidad de otros sectores como el empresarial, cuyos intereses van en sentido divergente al bienestar general de la ciudadanía. Esto se evidencia de manera indiscutible en su búsqueda constante de privilegios, exenciones tributarias y explotación al límite de su poder de maniobra en el ámbito político.

La reducción de la desigualdad, así como la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, dos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que Guatemala no cumplió, constituyen la tara de una serie de administraciones caracterizadas por la corrupción y el clientelismo. En el tema de la salud, este país centroamericano ha visto colapsar sus hospitales por falta de insumos tan básicos como vendas y jeringas, jabón o alcohol. Ni qué decir del estado de sus instalaciones sanitarias, carentes de los elementos esenciales para dar una atención digna a quienes no tienen más remedio que acudir a ellas.

Al escarbar un poco más profundo en esta área, se encuentra una cantidad de víctimas mortales entre los pacientes, especialmente entre enfermos renales, personas con VIH/Sida, diabetes y otras enfermedades catastróficas como el cáncer, para quienes no hay suficientes medicinas ni equipos para tratamientos especializados, debido a actos de corrupción en el sistema de compra de insumos y malversación de fondos correspondientes al sector salud.

La educación no va por mejor camino. Durante el año que recién terminó, de acuerdo con declaraciones del ministro de educación, más de 80 mil niños desertaron del nivel primario y más de 60 mil del nivel secundario. Esto, por diversas causas, entre ellas la falta de recursos de sus familias, la falta de incentivo para permanecer en los establecimientos educativos –ausencia del personal docente, mal estado de las instalaciones, desnutrición- lo cual representa un retroceso importante de los pocos avances alcanzados en años anteriores.

En Guatemala, la macroeconomía está saludable y muchos se aferran a esos indicadores para afirmar que el país está en pleno desarrollo. Sin embargo, la realidad es que Guatemala es un país rico lleno de gente pobre, y las clases más poderosas no han comprendido aún el peligro implícito en esa verdad. Si un país no puede salir del atasco social por mantener un sistema esclavizante y basado en la discriminación y el racismo, difícilmente podrá generar desarrollo. Todo indicador de bienestar y progreso se mide de acuerdo a la satisfacción de las necesidades de las personas, de los habitantes en cuya fuerza de trabajo reside la riqueza de cualquier nación.

Para Guatemala el escenario no ofrece espacio al optimismo en tanto quienes tienen el poder de decidir no lo hagan con visión de futuro, con conciencia social y la inteligencia para saber que allí se encuentra la única salida viable.

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Jimmy Morales, una carta inesperada

Hace un año nadie hubiera vaticinado el triunfo de un total desconocido en las arenas políticas. Quien se alzó con la victoria en las elecciones generales de Guatemala era un personaje de comedia en un programa popular de la televisión, a quien difícilmente se le consideraba una carta ganadora en ese escenario tan disputado como nebuloso de la lucha por el poder. Empresario y productor, su única experiencia en un proceso electoral fue la candidatura a la alcaldía de Mixco hace 4 años.

Sin embargo, Jimmy Morales se fue afianzando a lo largo de los meses con una barra ascendente en las encuestas, mientras se desarrollaban en paralelo los escándalos de corrupción del gobierno de Otto Pérez Molina, con el desenlace de su renuncia y la de su vice presidenta, Roxana Baldetti. Esta fue, probablemente, la plataforma de lanzamiento de un contendiente desconocido, nuevo y con un manejo de cámara muy propio de quien ha tenido una larga trayectoria en el medio televisivo. Su ventaja más obvia: su falta de presencia en la política tradicional.

De pensamiento ultra conservador, evangélico practicante y con formación académica en administración de empresas, Jimmy Morales se lanzó a la aventura con el apoyo del partido FCN, creado en 2008 por un grupo de ex militares de extrema derecha. Sin embargo, aun cuando el ya electo presidente ha afirmado en reiteradas ocasiones su independencia de pensamiento bajo el lema “ni corrupto ni ladrón”, analistas han señalado sus estrechos vínculos con este grupo del ala dura de la institución castrense, muchos de ellos bajo investigación por delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado interno.

Morales basó su campaña en mensajes bíblicos y arranques de humor, persuadiendo a los votantes de ser la mejor opción para rescatar al país de la profunda crisis de credibilidad de sus instancias políticas. Negó haber recibido financiamiento de grandes empresarios y prometió combatir la corrupción hasta erradicarla por completo.

En sus discursos de campaña, se declaró “nacionalista cristiano” y en algunos de sus postulados se pronunció en contra del aborto, pero a favor de la pena de muerte. Rechaza la legalización de las drogas y del mismo modo se decanta por la familia tradicional, descartando su aprobación al matrimonio homosexual. Esto, en un país profundamente religioso, fue una carta bien utilizada.

Con su ofrecimiento de transparencia y ante dos candidatos controversiales, una (Sandra Torres) por sus antecedentes políticos; el otro (Manuel Baldizón) por su opacidad financiera y ambos por su arrogancia, este personaje habitual en los televisores de muchos hogares canalizó de manera natural y sin mayor esfuerzo, la decepción y el rechazo de la ciudadanía por quienes no generaban confianza ni simpatía, garantizándose una ventaja progresiva durante los meses que duró la campaña.

Quizá con el fin de matizar su posición política de derecha conservadora, escogió como aliado en la vice presidencia a Jafeth Cabrera, ex rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala y conocido por su posición progresista. Sin embargo, hasta el momento de escribir este artículo, a dos días de asumir la Presidencia de la República, Jimmy Morales se ha negado a dar a conocer al gabinete de ministros que lo acompañará durante el inicio de su gestión. Una decisión ampliamente criticada y considerada una muestra de debilidad política de quien llevará el timón del país durante los proximos 4 años.

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Guatemala, en el umbral de la incertidumbre

El gobierno de Jimmy Morales, quien asumirá el poder en Guatemala el próximo jueves 14 de enero, se iniciará en medio de un panorama poco promisorio y cargado de incógnitas. Los prolegómenos de su gestión han tenido de todo: renuncia del presidente Otto Pérez Molina y la vice presidenta Roxana Baldetti, acusados de liderar una poderosa red de defraudación tributaria –conocida como La línea– quienes guardan prisión preventiva en espera de los juicios respectivos, en compañía de prácticamente toda la cúpula de su gobierno y, a partir de ahí, las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, quien en conjunto con el Ministerio Público y siguiendo el hilo de la trama, han logrado desarticular otras redes incrustadas en distintas dependencias del Estado.

Sin embargo, en este espectacular giro de los acontecimientos incidió de manera determinante la ciudadanía, movilizada de manera fulminante por medio de las redes sociales y potenciada por un escenario de escándalos de tal magnitud, que no le dejó otra opción más que lanzarse a las calles exigiendo justicia y transparencia. Estas protestas masivas, hecho insólito en una población poco acostumbrada a manifestarse y temerosa de las consecuencias, se dieron no solo en la capital sino también en las principales ciudades del país.

En ese contexto se realizó el proceso electoral, en el cual participaron 14 binomios presidenciales, quedando en los primeros lugares el partido FCN Nación con Jimmy Morales a la cabeza, actor cómico de un popular programa de televisión; UNE con Sandra Torres, una política sagaz y experimentada, ex cónyuge del ex presidente Álvaro Colom; y Lider, con Manuel Baldizón, un ambicioso empresario quien invirtió una enorme fortuna para asegurarse el mando del país. Estos dos últimos, muy cercanos en las encuestas.

Los resultados dieron pase a Torres y Morales hacia un balotaje difícil de predecir, el cual finalmente dio una estrecha victoria a un sorprendido Jimmy Morales, cuya elección se interpreta como la máxima expresión de repudio a la clase política y la esperanza de una población decepcionada y escéptica que apuesta por una posible perspectiva de cambio.

Los demás protagonistas

En otros espacios del escenario figuran diversos agentes de poder: las cámaras empresariales, cuyos privilegios y poder de maniobra las mantiene constantemente en la mesa de negociación; las organizaciones sindicales del sector público, en constante pie de batalla por consolidar sus conquistas económicas; Estados Unidos por medio de su embajada, presente durante toda la crisis de gobierno como uno de sus principales protagonistas; ciertas instituciones del Estado, como las Cortes Suprema y de Constitucionalidad, en cuyas manos están las decisiones fundamentales del proceso de justicia; y, de manera incipiente, una población empoderada y dispuesta a hacerse oír ante los abusos del sector político.

El papel antes protagónico de los medios de comunicación, sin embargo, por primera vez tuvo una contrapartida inesperada en las plataformas digitales, las cuales se convirtieron en el mecanismo de movilización popular por excelencia gracias al uso masivo de dispositivos inteligentes en todos los estratos de la población.

Pero uno de los sectores más influyentes es el militar, especialmente la vieja guardia conformada por oficiales de alto rango en situación de retiro –muchos de ellos organizados en Avemilgua, una asociación de veteranos militares del ala dura de la institución armada, quienes fundaron su partido en 1995, un año antes de la firma de los Acuerdos de Paz, plataforma política del presidente Morales. Muchos de estos oficiales, quienes han permanecido en posiciones estratégicas cerca de los más altos círculos de poder, han sido señalados de tener estrechos vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, y nada menos que una semana antes de la toma de posesión del nuevo mandatario de la nación, este sector se ha visto afectado de manera sorpresiva por la captura de 18 de sus miembros, todos en situación de retiro, acusados por crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado, el cual dejó en Guatemala más de 200 mil muertos y desaparecidos y uno de cuyos principales líderes, Efraín Ríos Montt, ha sido declarado culpable de genocidio.

El escenario de la toma de posesión de Jimmy Morales, en resumen, presenta pocos indicios de certidumbre a una sociedad que ha ido de decepción en decepción, testigo de una cadena de administraciones a cual más corrupta, pero sobre todo carentes de la voluntad política para consolidar una democracia endeble y un sistema de privilegios que la socava. 2016 será, sin duda, la prueba de fuego para un presidente novato al mando de una nave que hace agua.

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Sombras y luces, la historia se repite

Un cambio de gobierno no siempre significa cambio de ruta

 

El contexto no podía haber sido más complicado para la celebración de la ceremonia de relevo de las autoridades para el próximo período de gobierno. La captura de importantes militares en situación de retiro, acusados por crímenes de lesa humanidad, le resta brillo al brindis del futuro presidente, cuya campaña y posterior elección tuvo el apoyo cercano de ex miembros del ala dura del Ejército, lo cual no deja de arrojar una sombra de duda sobre la capacidad del nuevo mandatario para asumir una posición de respeto absoluto por la independencia del sector justicia.

En cuanto a los aspectos positivos de esta nueva etapa del quehacer político, el más relevante es la actitud ciudadana de vigilancia y fiscalización, la cual, aun cuando es incipiente y no ha alcanzado su madurez, es un inicio de cambio respecto de su pasividad acostumbrada. Este despertar, de mantenerse y crecer, podría representar el pivote sobre el cual gire el timón político. La sociedad deberá trabajar sobre estos nuevos términos y asumir su papel como contralor externo de un sistema usualmente corrupto y mediocre de administración del Estado.

Lo más urgente a partir del 14 a las 14 debería ser la revisión de los pesos y contrapesos en todo el sistema político y económico del país. Comenzar a revisar con lupa y machete los privilegios, los subsidios, los gastos de las distintas dependencias y los sistemas de control financiero, para que el poco dinero disponible se utilice en donde se necesita y no se vaya por las alcantarillas hacia los bancos nacionales y extranjeros, en cuentas privadas.

Con la misma acuciosidad con la cual el equipo de gobierno se acomoda en sus despachos, debe reenfocar las políticas públicas hacia el desarrollo integral del país, poniendo especial énfasis en los sectores de menores ingresos y en las nuevas generaciones. Guatemala no tiene por qué ser un país de tercer orden con una clase trabajadora semi o totalmente esclavizada por obra y gracia de malas prácticas legislativas, cuando con un acertado giro de su sistema educativo podría tener el talento suficiente para trascender como una nación productora de tecnología.

Del mismo modo como sucedió con las administraciones anteriores, esta tendrá a partir del jueves el futuro del país en sus manos. Si sigue la tradición y se monta al carro del tráfico de influencias, de las negociaciones bajo la mesa, de los privilegios fiscales, de la protección a los monopolios y realiza una selección de funcionarios basada en el clientelismo, el compadrazgo y el pago de favores –como suele suceder- entonces el fracaso está marcado y será uno más de los gobiernos señalados por la historia como gestores de miseria y subdesarrollo.

De proceder con inteligencia y visión de nación, podría convertirse en la primera administración capaz de alcanzar las metas de desarrollo mínimas para propiciar el avance en los indicadores de desarrollo social, actualmente en el sótano de las estadísticas y vergüenza nacional ante el resto de la región y el mundo.

Durante 2015 hubo cambios significativos en la dirección correcta. El comportamiento de algunas instituciones como el Ministerio Público y el sistema de administración de justicia con la apertura de investigaciones y juicios emblemáticos contra personajes señalados por corrupción y otros delitos, las muestras de incorruptibilidad de algunos funcionarios, la decidida acción de la ciudadanía en sus demandas de transparencia, han sido una luz prometedora de nuevos logros. Que no se retroceda, que el avance se consolide con un ejercicio honesto y de compromiso real con el país y sus habitantes.

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Mamá a los 17, retrato de país

Quién hubiera dicho que su vida dejaría de pertenecerle… 

Los embarazos en niñas y adolescentes son siempre forzados. Si no por la fuerza física, son consecuencia de un sistema patriarcal que las somete a la voluntad de otros en un círculo cerrado de decisiones ajenas. De ahí surgen los matrimonios de niñas con hombres adultos, sacralizados por una sociedad cuyos valores tienden a preservar los privilegios de quienes poseen el control económico y político en sus comunidades. La población, entonces, es incapaz de proteger a este sector tan importante al cual no se le reconoce derecho alguno a pesar de existir un marco jurídico rico en leyes cuyo fin es preservarlo del abuso y garantizar su desarrollo pleno, libre de violencia.

La mirada cínica del sector político sobre el grave problema de los embarazos precoces en Guatemala se traduce en expresiones de una profunda ignorancia, cuyo tono e intención señalan a las víctimas y justifican a los victimarios. Las violaciones sexuales, una práctica habitual en hogares, escuelas, campos deportivos e incluso en templos e iglesias, perpetrados por hombres acostumbrados a hacer su voluntad sin temor a las consecuencias, es el centro neurálgico de uno de los factores de retraso social más importantes del pais.

Una niña embarazada es una niña violada. Y una niña violada ha perdido no solo su integridad física sino también el equilibrio emocional y, por ende, su capacidad de administrar sus emociones para llevar una vida saludable. Pero hay otras consecuencias muy difíciles de asimilar por los estamentos políticos. Son las secuelas de un embarazo en un cuerpo inmaduro.

Se presenta anemia, infecciones urinarias, duplicación del riesgo de muerte materna en comparación con una mujer adulta, problemas de crecimiento intrauterino, bebés de bajo peso, hemorragia, complicaciones en el parto y otros trastornos asociados, a lo cual se suma la pérdida de oportunidades de educación que por lo general la reducen a realizar trabajos domésticos por el resto de su vida con el consiguiente freno en su desarrollo humano integral.

Por ello no es posible celebrar el parto de una niña a sus 17. Porque ello supone aceptar como válido un hecho patológico de una sociedad que no supera los obstáculos impuestos por un sistema de castas y privilegios, un sistema en el cual la corrupción se ha llevado a la banca extranjera los sueños y oportunidades de más del 50 por ciento de su población, el cual concentra a la juventud menor de 18 años.

Los embarazos en niñas menores de 18 aumentan de manera exponencial, en un ritmo similar a la violencia intrafamiliar, pero también en directa proporción con la pérdida de interés del Estado sobre planes destinados a proporcionar a este grupo los elementos indispensables para asegurarle un desarrollo adecuado para realizar sus sueños de vida. Es decir, si el entarimado institucional funcionara con la orientación social mínima para ejecutar planes derivados de buenas políticas públicas, los embarazos en niñas y adolescentes se reducirían de manera significativa.

Ninguna niña quiere ser madre a los 10, 11 o 17 años. Ellas no son estúpidas, saben que en la educación está su futuro y no en una maternidad forzada por presión de la comunidad y de las autoridades. Comprenden –porque muchas de ellas lo han vivido a través del ejemplo materno- que un embarazo es el fin de sus sueños y el principio de una ruta de esfuerzo y privaciones que no termina jamás. Si tiene la suerte de pertenecer a un estrato más privilegiado, de igual modo el hecho de tener un hijo significa la interrupción de una vida activa y con perspectivas personales de crecimiento y prosperidad, para entrar en un círculo de obligaciones propias de una mujer adulta.

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Dueños de la vida

Puede ser pura ignorancia, pero es más probable la idea de que la vida nos pertenece venga de muy atrás, procedente de una ideología primitiva y fanáticamente centrada en el hombre como dueño absoluto de todo cuanto le rodea.

Por eso es que termina por no ser tan evidente el deformado sentido de propiedad que marca nuestra educación, iniciado desde la infancia, con el pollito de la piñata, descuartizado porque el niño quería ver “cómo funcionaba”, pero que, al fin y al cabo, sólo es un pollito descuartizado que se tira a la basura ¡y listo!… y aquí lo único que ha pasado es que papá ría de las gracias de su pequeño monstruo y mamá diga “no más pollitos de piñata”…. Pero del pollito, ¿qué? ¿qué sucede con esa vida cercenada en su primer día de existencia? Nada. Con ella podemos hacer lo que se nos dé la gana, porque al fin y al cabo, nos pertenece, y a nadie le importa.

Así, de la misma manera arbitraria e incomprensible, nos pertenece la vida del árbol que estorba la vista desde el balcón, pronto derribado por el jardinero, quien en un instante transformó en leña verde e inservible ese pujante almendro cargado de retoños. “Lástima, pero es mi jardín y es mi árbol. Y lo corto cuando quiero” es la respuesta.

Con los animales sucede otro tanto. Como es la moda tener perritos finos o gatos de exhibición, tengamos uno. No importa lo que hagamos con él, mientras nos pertenezca. Podremos llevarlo al campo si molesta mucho en casa y ahí que se encarguen los empleados. Y entonces, ahí va un ser vivo perteneciente a otros seres vivos no tan nobles pero con el poder suficiente para hacer de su pequeña vida un infierno o un paraíso. Sin embargo la vida, ese concepto con el poder para movilizar al máximo las neuronas de filósofos, de artistas, de científicos y de teólogos en todas las épocas, continúa siendo un misterio, un arcano que se nos escabulle y nos deja siempre perplejos ante su milagro.

Quizás de este trastocado sentido de propiedad, ha derivado también la costumbre de menospreciar la vida de las criaturas llamadas “inferiores” por cuestiones de fuerza física. Y ahí entran niños, ancianos y mujeres. ¿De qué protocolo machista deriva el estereotipo de que los seres físicamente más débiles son inferiores? Volviendo al pollito de la piñata. ¿cómo podemos aceptar que un ser vivo sea entregado a otro ser vivo para que practique sus juegos de poder y dominación?

No es necesario ir muy lejos para extraer de esta posición de prepotencia muchas de las peores acciones bélicas de todos los tiempos, y prácticamente todos los sistemas de esclavitud aún predominantes en países modelo de democracia.

La vida de los demás no nos pertenece. Si queremos ser depositarios de ella, como en el caso de los animales domésticos, o pretendemos disfrutar de su belleza, como sería el caso de las plantas, no estaría demás que comenzáramos a pensar en que al poseerlos adquirimos el compromiso de respetar su integridad y proveer los recursos más adecuados de subsistencia.

El caso de la familia es igual. No es “mi familia, y con ella hago lo que se me da la gana”. Es un grupo de seres interdependientes física y socialmente, quienes conviven pero no forman parte del patrimonio del más fuerte, como se estila creer en muchas de nuestras sociedades.

Al final de cuentas, resulta que los experimentos de clonación lo único que vienen a hacer, es a ratificar ese pretendido sentido de propiedad sobre la vida, sobre ese proceso misterioso del cual no poseemos ni siquiera los rudimentos de una respuesta.

Esta actitud eminentemente masculina y, por lo tanto, patriarcal, es uno de los factores más decisivos en el debilitamiento moral de la comunidad humana. El poder absoluto sobre la vida ajena es la vía más rápida hacia la pérdida de valores y la consolidación de un materialismo que justifica el horror de las guerras de exterminio, las acciones bélicas fundamentadas en el racismo, y cuya estrategia hacernos creer que los más fuertes cometen los peores crímenes  para protegernos, a los más débiles, de nosotros mismos.

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No somos inocentes, somos protagonistas

La actual generación estrenó su ciudadanía exigiendo transparencia.

El cierre del año nos sorprende en medio de la incertidumbre por el futuro inmediato. En pocos días asumirá el nuevo gobierno y la ciudadanía carece de información veraz y precisa sobre las nuevas autoridades que regirán los destinos del país para los próximos 4 años. Los rumores se esparcen como mancha de aceite sobre una población dividida entre el escepticismo y la esperanza, pero también consciente de su responsabilidad en esta nueva etapa. Es importante recalcar que en un sistema deocrático, la administración del Estado no es asunto privado de un partido político ni grupo de funcionarios electos, sino un sistema en el cual la ciudadanía tiene la obligación de ser un ente fiscalizador, co-responsable -por participación u omisión- en los actos de sus autoridades. Esto significa que ningún funcionario puede ni debe eximirse de la rendición de cuentas, constante y comprobable, ante las organizaciones de la sociedad civil o como respuesta a cualquier ciudadano que lo demande.

La nefasta tradición de otorgar una tregua de 100 días a los nuevos huéspedes del despacho presidencial, a lo cual se suele añadir el beneficio de la duda, no ayuda en nada a establecer desde el principio una relación saludable entre gobernantes y gobernados. Esa manera de iniciar una etapa de tal trascendencia revela una de las mayores deficiencias del sistema político actual, que es el desconocimiento de los aspirantes al poder sobre los entresijos de una administración pública mal estructurada y peor organizada.

Los novatos en el arte de la política se enfrentan, por lo tanto, a una construcción endeble y a punto de colapsar, lo cual les demanda acciones inmediatas y bien diseñadas en función de evitar daños mayores. Ejemplos paradigmáticos son la red de servicios de salud, la infraestructura escolar y, como elemento esencial a la gestión, la transparencia en el sistema de compras y contrataciones del Estado, la mera caja de Pandora en donde se pierden los recursos junto con las esperanzas de un mejor futuro.

Las alturas del poder producen vértigo. Y ese vértigo se traduce en visión borrosa, audición selectiva y una sobrevaloración de las propias capacidades intelectuales. Por lo tanto se altera la capacidad de juicio y se empieza a cometer toda clase de errores. Quienes rodean de cerca a los nuevos gobernantes –ese famoso primer anillo- suelen ser los verdaderos autores de la dirección política y, por lo tanto, los mayores culpables por la pérdida de contacto con la realidad de quienes están al mando.

Sin embargo ya existe una masa empoderada y consciente capaz de movilizar a la población ante los abusos y los excesos. Aun cuando todavía no ha llegado a madurar lo suficiente como para evitar la infiltración del crimen organizado en las distintas instituciones del Estado, ya es capaz de identificarla y denunciarla a través de las redes sociales, un recurso para cuyo uso no se necesitan influencias ni permisos especiales.

Estas nuevas plataformas de comunicación han demostrado su valor durante 2015 con el acontecimiento más impactante y revelador de los últimos decenios, al defenestrar a la cúpula gobernante en pleno, enviar a la cárcel a una buena cantidad de funcionarios de distintas dependencias, demostrar que la justicia funciona cuando hay jueces incorruptibles y magistrados decididos a respetarla, pero sobre todo dejar bien establecido el poder de una ciudadanía empoderada y participativa. Como en todo, también en esta etapa será preciso alimentar el fuego para evitar que se apague y se conviertan en cenizas los sueños de prosperidad para todos.

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Un agujero en el cielo

Somos incapaces de comprender la enormidad de nuestras acciones más insignificantes.

 

El científico holandés Paul Crutzen, Premio Nóbel de Química 1995, advirtió hace ya varios años que el agujero en la capa de ozono instalado justamente encima del hemisferio austral, ya tenía el tamaño del territorio de los Estados Unidos.

Con esto, el eminente químico quiso llamar la atención de que cerca de diez millones de kilómetros cuadrados, o las tres cuartas partes de la superficie del inmenso continente antártico en donde el agujero cierne su amenaza, están recibiendo una radiación anormal como consecuencia de la destrucción de esa capa protectora.

A pesar de todo lo que se ha escrito y hablado al respecto, por ninguna parte se advierten las medidas de prevención para contrarrestar el fenómeno. Es como si los países consideraran esta enorme herida de la atmósfera uno de tantos problemas abstractos y lejanos, de los cuales ya se ocuparán en su momento otros gobernantes u otras entidades internacionales.

Los anaqueles de los supermercados continúan abarrotados de aerosoles que contienen los componentes químicos, a cuyo uso indiscriminado se adjudica una gran parte de la responsabilidad en esta catástrofe ecológica. También la industria continúa arrojando sus desechos a mares y ríos, mientras el habitante de las ciudades sigue su vida ordinaria, inconsciente e ignorante de las consecuencias que tendrá, en su salud, en su ambiente, en la vida de sus descendientes, un hecho del que quizás haya oído hablar, pero que no le quita el sueño.

Los problemas de ambiente -como la destrucción de la capa de ozono, la cual según cálculos muy conservadores llegará a ocasionar daños irreversibles a la vida del planeta- a partir de las actuales generaciones, se caracterizan por su extraña cualidad de mantenerse flotando en una especie de limbo en la conciencia de gobernantes y gobernados. Un limbo equidistante entre el olvido total y de las decisiones urgentes, porque al escapar al ámbito personal dejan de tener prioridad.

Esto sucede no sólo con las terribles amenazas a la salud, como son el cáncer, el SIDA, la hepatitis B o la tuberculosis, sino también con los grandes desastres que jalonan día a día la historia contemporánea y pueblan de muerte todos los puntos de la tierra. Hambrunas, catástrofes naturales, epidemias, pasan de largo por la vida cotidiana hasta que ésta llama, directamente, a la puerta de nuestra propia casa.

La indiferencia que nos caracteriza respecto a nuestra percepción de las catástrofes ambientales, se refleja en todos los aspectos de la vida. Y, al igual como frente a las guerras o las hambrunas que acaban con la vida de millones de seres humanos en continentes lejanos y nos llegan a retazos en los noticiarios de la noche, permanecemos pasivos ante la noticia de la pérdida constante de una parte de la capa protectora que envuelve a nuestro planeta, la cual nos resguarda de radiaciones potencialmente letales.

Uno de los rasgos distintivos de nuestra especie es la incapacidad de reaccionar ante lo que somos incapaces de comprender de inmediato. Y para comprender algo, a pesar de vanagloriarnos de nuestra mente especulativa capaz de procesar ideas complejas, requerimos la intervención de varios sentidos a la vez.

En otras palabras, somos incapaces de abstraer. No solemos aceptar que un proceso que toma más de cien años -lo cual ante nuestra pequeñez parece una eternidad- puede significar nuestra destrucción. Y como no logramos apreciarlo en perspectiva, pretendemos que no nos corresponde a nosotros detenerlo.

Esta forma inmediatista de proyectar nuestra vida, reflejada en los sistemas económicos a los que nos aferramos con ansiedad, terminará finalmente por demostrar que el proceso de degradación de la Tierra en que vivimos no es más que un mecanismo de defensa natural en el cual hacemos el triste papel de “cuerpos extraños”.

 

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La niña y la luna

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Cuando era pequeña dormía en la habitación en donde mi abuela tenía su máquina de coser. Era un cuarto pequeño, sin ventanas y daba a su dormitorio. Pero tenía un tragaluz. No era un gran tragaluz muy grande pero ahí, cada cierto tiempo que nunca pude calcular, aparecía una luna enorme y bañaba todo mi espacio con su resplandor.

Cuando eso sucedía, yo aprovechaba para tomar un libro de cuentos y leer bajo esa luz blanquecina que parecía formar parte de la fantasía.

Es, nada más, un recuerdo de tiempos muy lejanos en la vieja casona de tres patios.

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¡Viva! Vivamos la vida virtual

Un buen segmento de la ciudadanía habita en otra dimensión

No se trata de negar el valor de las comunicaciones digitales. Todo lo contrario; éstas han transformado al mundo, se han erigido como la palestra en donde se discuten los asuntos trascendentales y todo eso sucede en foros accesibles a cualquier individuo capaz de manejar un mínimo de tecnología. Pero también es una vía de escape con filtro sensorial en la cual todo se vuelve abstracto y lejano: el hambre, la pobreza, la guerra, la violencia criminal, el narcotráfico, el abuso sexual y la trata de personas entre otras patologías propias de nuestras sociedades.

Aquí, desde el teclado, es fácil opinar y enfrentar a los círculos de poder. Pero en la realidad concreta ningún medio de comunicación –por más poderoso que crea ser- tendrá la fuerza suficiente para abrir agujeros en los muros de la impunidad o tendrá la palanca para derribarlos. Esto solo se consigue cuando algún acontecimiento extremo motiva a la ciudadanía a salir de su espacio de confort e incidir en la política aunque en su ámbito personal no tenga ninguna vinculación con el activismo. Es entonces cuando la comunicación virtual adquiere su protagonismo y pasa de ser una ventana de entretenimiento a convertirse en un motor de cambio.

En los últimos meses se ha visto de todo, pero lo más impactante ha sido caída del gobierno, cuyos principales funcionarios fueron a parar a la cárcel. Algo impensable en el pasado reciente, a pesar de haber tenido anteriormente gobiernos tanto o más corruptos que el defenestrado. Ese golpe maestro fue dado en parte a través de las redes sociales, cuyo efecto multiplicador generó una energía inédita entre la población. Lo más novedoso del fenómeno fue un sentimiento de reivindicación que cruzó transversalmente todos los sectores de la ciudadanía uniéndolos en una sola voz, lo cual para una de las sociedades más segmentadas de la región es todo un récord.

Han transcurrido ya varios meses del estallido y se ha ido apagando la resonancia de la rebelión ciudadana. Las redes hoy amanecen cubiertas de saludos navideños y los internautas parecen haber hecho un alto en su demanda de justicia y transparencia para celebrar esta tradición en familia. (De paso, sería pertinente preguntarse si el calendario de elecciones y transmisión de mando, un acontecimiento de vital importancia para la democracia, lleva implícita una estrategia para distraer a la ciudadanía programando algo tan importante en medio de las fiestas).

Pero volviendo al tema, es importante reconocer que el valor de las comunicaciones virtuales –hoy indispensables para un gran porcentaje de la población- nos están adormeciendo la sensibilidad respecto de los problemas más acuciantes de nuestros compatriotas. Hay que reflexionar sobre si no sería conveniente salir de la comodidad del desconocimiento sensorial para enfrentar la realidad en vivo y en directo, hablar con la gente cara a cara y escuchar sus experiencias de vida.

En otras palabras, emprender el desafío de convertirnos por unos momentos en reporteros de la vida real, apagar la computadora o el celular y abrir todas nuestras terminales nerviosas para conocer cómo se ve la miseria que nos rodea, allí nomás, al otro lado del barranco desde donde apreciamos la hermosa vista de la ciudad. Reconocer los olores de los vertederos de basura en donde transcurre la vida de familias enteras. Caminar por callejones bordeando un vacío de vértigo en donde se apiñan las chozas construidas con desechos. Consolar a la madre del niño que murió por falta de oxígeno en un hospital nacional. Escapar, por un momento, de la burbuja.

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¿Adictos a la decepción?

Una niña-madre y la perversa actitud de los dueños del poder.

Si se consigue –con gran esfuerzo mental- sacudirse el sopor provocado por el acostumbramiento, es posible percibir el terrible estado de estancamiento en el cual se encuentra Guatemala. Sus espeluznantes índices de pobreza, consecuencia directa e indiscutible de la corrupción rampante de las élites política y económica, han derivado en situaciones de emergencia como nunca antes se vieron. De ahí viene el colapso de toda la red hospitalaria nacional que no es más que la señal visible de algo mucho más profundo y preocupante: la pérdida de capacidad administrativa del Estado.

Ayer, en el programa Viva la Mañana de Guatevisión, mostraron el caso de Dani, un niño de 10 años internado desde hace 2 meses en el Hospital de Infectología. Su estado se revela en las cicatrices y deformaciones de sus manos y brazos causadas por varias intervenciones quirúrgicas. El niño presenta osteomielitis, además de un cuadro de tuberculosis en uno de sus pulmones y también en su columna vertebral, una enfermedad conocida como el mal de Pott.

Pero llama la atención, además del caso de Dani, la imagen de su madre, quien no aparenta más de 18 años, personificando una de las patologías de esta sociedad: el abuso contra las niñas. Esta joven mujer aparece en el programa solicitando ayuda porque el hospital de Infectología no cuenta con los recursos para atender a su hijo. Solicita apenas la cantidad de 33 mil quetzales para pagar la operación. Una nada si lo confrontamos con las cifras surrealistas que corrían por La Línea hacia las cuentas del ex presidente Pérez Molina, su poderosa vice y la camarilla que lo rodeaba.

El sufrimiento de la madre-niña de Dani y el calvario de este niño de apenas 10 años deberían sumarse al expediente de los corruptos perseguidos por el MP y la Cicig. Pero como eso no va a suceder porque la ley no lo permite, entonces quizás por lo menos quede como una evidencia más de las consecuencias del latrocinio desde los altos círculos del poder, como ejemplo para quienes asumirán en enero y como estímulo para quienes protesten en la plaza exigiendo justicia y transparencia.

Algo similar sucede con las familias desplazadas de El Cambray II, quienes ya están sufriendo los estragos del abandono estatal. Lo prometido es deuda, dicen, pero en las instancias de gobierno no existe ese concepto y las promesas se utilizan y desechan con igual facilidad. Tal es el mareo producido por las alturas del poder, que al Presidente no le ha costado ningún esfuerzo salir del paso del déficit de viviendas para quienes sufrieron la pérdida total de sus casas y familias en uno de los peores desastres de los últimos tiempos, prometiendo sortear entre ellos las pocas unidades disponibles.

La degradación moral de las instituciones fundamentales de una democracia queda en evidencia cuando la ciudadanía “espera” a que sucedan las cosas. Cuando “tiene la ilusión” de ver a un juez emitir una sentencia correcta en un caso obvio de criminalidad comprobada. Cuando “ruega” por servicios básicos en lugar de exigirlos. Cuando observa el enriquecimiento descarado de sus autoridades edilicias mientras se derrumba una obra en construcción que costó millones.

Todo ello se refleja patente en el caso de una niña-madre desesperada por conseguir miserables 33 mil quetzales para curar a su hijo, mientras en el Congreso se reparten un aguinaldo que no se han ganado y las autoridades negocian aún si dan a conocer el listado de la Línea 2 o si se lo guardan para presionar al sector privado durante los próximos cuatro años. No cabe duda que cuando el abuso excede lo tolerable, sucede lo mismo que con los sistemas de alarma: si nadie acude a atender la emergencia, se apagan solas.

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La dimensión de la tragedia

No se trata de porcentajes, es cuestión de justicia y conciencia.

Después de los escándalos de corrupción que han marcado el año -de entre los cuales La Línea se llevó las palmas, aun cuando no es el único ni el peor- los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, Encovi, no deben sorprender a nadie. Por supuesto, no ha sido la red criminal liderada y explotada por los altos mandos del Estado y del empresariado la mayor culpable de la pobreza en la cual se debate el 60 por ciento de los guatemaltecos.

Si echamos una mirada hacia atrás, nos daremos cuenta de una tendencia marcada a privar a la ciudadanía de oportunidades de desarrollo, una realidad presente en todas las administraciones anteriores en todo el período democrático. Por ende, el futuro de la población ha sido condicionado por un sistema que la empuja por debajo de la línea básica de satisfacción en su nivel de vida, sin posibilidades de remontarla.

Pero eso no es lo único que nos dice la Encovi. También entre sus líneas se revela el terrible estado de discriminación y racismo implícito en las políticas públicas y en los proyectos de inversión social. Los números lo dicen: 4 de cada 5 personas de las etnias indígenas se encuentran sumidas en la pobreza, un dato que guarda estrecha relación con los indicadores de migración interna y el flujo creciente de jóvenes cuya única meta es cruzar las fronteras en una aventura suicida para alcanzar el sueño americano. En comparación, 1 de cada 2 personas no indígenas se encuentran en estado de pobreza total.

Y hablando de jóvenes, ¿qué dice la Encovi sobre ese importantísimo segmento de la población? He aquí algunos datos para comenzar a pensar en la clase política y económica que marca las reglas en el país: 7 de cada 10 niños y niñas menores de 10 años viven en estado de pobreza. Es decir, ese vivero de nuevos ciudadanos ha llegado al mundo en una situación de desamparo y privaciones cuya fuerza les mantendrá en un estado precario y mínimo de sobrevivencia, lo cual para la mayoría resultará en la incapacidad permanente de realizar un proyecto exitoso de vida.

Estos datos lamentables de la situación nacional revelan algo más que las consecuencias de la corrupción, la incapacidad y la miserable actitud de los protagonistas en cuyas manos se encuentran las riendas del poder. También presenta un retrato del estado psicológico de una ciudadanía aplastada por hechos en los cuales no tiene incidencia alguna, porque su preocupación mayor no está enfocada en la participación política, sino en la supervivencia propia y de su núcleo familiar. Y de eso se aprovechan gustosos los dueños de la finca.

La información provista por la Encovi ofrece una vista panorámica de los enormes retos a enfrentar por la nueva administración que asumirá el 14 de enero. En las estadísticas frías y concisas se pierde de vista la dimensión humana del drama en el cual viven más de 9 millones de pobres, cuyos ingresos no alcanzan ni siquiera para adquirir los alimentos básicos necesarios. De ahí a proveer de educación de calidad a sus hijas e hijos, tener acceso a una vivienda digna con servicios básicos, disponer de atención en salud adecuada y oportuna, es algo fuera de toda posibilidad.

Ante este panorama, las perspectivas de desarrollo dependen de un esfuerzo de generaciones, a partir de una política de reconstrucción integral de las capacidades del Estado, pero también del concurso de otros sectores directamente involucrados en el desastre reflejado en esta encuesta, secuelas de un comportamiento absolutamente inmoral de los sectores dominantes.

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Hablemos de sexo

 

Hablemos de ese tema oscuro y prohibido que condiciona la vida de los pueblos…

Lo primero que aprende una niña es que de “eso” no se habla. Lo prohíbe la religión, lo prohíben las buenas costumbres, lo prohíbe el patriarcado… porque hablar de sexo no es de gente decente. Si bien le va, quizá no experimente por la fuerza que eso (de lo que no se habla), es una de las formas más violentas de agresión y dominio contra su género.

En países dominados por las instituciones religiosas –como los nuestros- en los cuales no se aprueba una ley sin el filtro de la doctrina, el sexo es una mala palabra y una idea perversa impulsada por instintos demoníacos. Como mejor ejemplo del concepto se ha escogido como símbolo el cuerpo femenino, señalado de ser el súmmum de tentaciones y vicios, la sede misma de la perdición del alma. De allí nace una serie de estereotipos cuyo objetivo es ocultar la verdadera naturaleza de la sexualidad humana y transformarla en un instrumento de control social.

El efecto de esta manipulación ha derivado en una satanización de la vida sexual. Incluso adultos supuestamente libres, independientes y responsables llevan implícitos en su comportamiento los efectos de una educación totalmente distorsionada sobre el tema, la cual se une indisolublemente con la idea de la inferioridad de la mujer estampada en textos sagrados y, por lo tanto, supuestamente indiscutible.

Las agresiones sexuales –y la violación como su expresión de mayor impacto- derivan de esa visión como una forma de someter y humillar. Se practica en el entorno bélico, se perpetra en el hogar, la escuela, la calle, los recintos religiosos y todo lugar en donde supuestamente existe un entorno de seguridad y protección. Es un ataque artero contra la integridad física y emocional de niñas (mujeres en ciernes), niños, adolescentes y adultas, siendo esta especie de karma inevitable la amenaza más real en la vida de toda mujer, como una maldición implícita en su sexo y un temor del cual no se librará jamás.

Por eso resulta incomprensible la resistencia de los sectores políticos a desafiar a quienes se oponen, por razones ajenas al bien común, a establecer como norma obligatoria la educación sobre sexualidad desde la edad más temprana. Educar para vivir en paz, respetar el cuerpo ajeno y el propio, comprender la trascendencia de esta función natural de la vida y tener acceso a los recursos para controlarla, es obligación del Estado con total independencia de credos e ideologías.

Educar y prevenir son herramientas poderosas para comenzar a restañar las heridas provocadas por siglos de prejuicios, ideas erróneas, abuso de mandatos emanados por doctrinas de fe y el imperio de reglas creadas por un sistema patriarcal discriminatorio y cruel. La sociedad debe sacudir sus telarañas de prejuicios y aceptar la realidad: sin educación ni prevención en sexualidad jamás se podrá brindar un entorno de seguridad y oportunidades a millones de niñas y adolescentes cuyo sexo constituye más una amenaza que una bendición.

 

elquintopatio@gmail.com