Month: July 2016

…Y cómo las redes de corrupción utilizan los recursos de la tecnología

El asesinato de Byron Lima, en un operativo tan sofisticado y eficaz como misterioso, ha comenzado a develar una serie de intrigas en donde se vincula a varios personajes oscuros del mundo criminal, algunos instalados en posiciones de enorme influencia. Lo que la opinión pública ha visto desfilar son hipótesis de las cuales podría extraerse una miniserie de enorme impacto televisivo.

Lo curioso de este maremágnum de enredos a cuál más repugnante, es el hecho de no haber sorprendido gran cosa a la ciudadanía, la cual -después de tener a la cúpula del anterior gobierno a punto de caer estrepitosamente ante la montaña de evidencias esgrimidas por la parte acusadora- ya espera una nueva serie de escándalos.

Pero volviendo a lo anterior, llama la atención la manera cómo algunos estrategas del lado oscuro de la política han comenzado a utilizar las redes sociales en campañas negras con el objetivo de descalificar el trabajo realizado por el Ministerio Público y la Cicig, pero especialmente destinadas a bajar a la Fiscal General de su peana, convencidos de insertar una cuña suficientemente poderosa como para detener la ola de revelaciones y escándalos de corrupción, así como de crímenes de alto impacto puestos en evidencia por el MP.

Los recursos informáticos han sido la novedad en esta saga que el país observa con asombro. De algún modo, la tecnología tan útil para las organizaciones criminales en cuanto a llevar controles financieros y contables de sus innumerables actos de corrupción, ha sido también su delatora, proporcionando a investigadores y fiscales el material necesario para armar casos prácticamente blindados contra el tráfico de influencias dentro del sistema judicial.

Es pertinente preguntarse qué hubiera sucedido en investigaciones sobre el desempeño de gobiernos anteriores si toda la ruta de sus actos se hubiera grabado en plataformas digitales. Es de todos conocida la antigua tradición de eliminar archivos cada cuatro años con el propósito de borrar rastros y dejar un aparato administrativo del Estado casi en punto cero para el siguiente equipo al mando. Recuerdo haberle preguntado a un coronel -quien había servido en el Estado Mayor Presidencial- sobre los archivos de esa dependencia, y me respondió muy tranquilo: “Ahí no hay nada”.

El registro de los actos de un equipo de gobierno debería estar bajo la estricta vigilancia de una instancia independiente y altamente especializada en el uso de recursos tecnológicos. Los misterios ya no tienen cabida en un sistema democrático en donde impere el estado de Derecho, como tampoco los obstáculos para el acceso a la información pública por parte de la prensa o de cualquier ciudadano interesado en conocer las acciones y decisiones de sus autoridades.

En estos tiempos es imprescindible poner cada vez mayor énfasis en la importancia de la fiscalización y el control por medio de instancias creadas para el efecto, quizá como un apoyo adicional a la Contraloría General de Cuentas, la cual al parecer nunca ha tenido la capacidad para controlar a fondo lo que está bajo su jurisdicción. Es obvio que de haber hecho una labor exhaustiva, algunos casos de defraudación del Estado actualmente en proceso nunca se hubieran producido.

La naturaleza humana tiene ese lado material que la lleva a buscar ventajas y privilegios a costa de sus semejantes. Si esa fuerza es poderosa en el ciudadano común, en sus autoridades es avasalladora. Por lo tanto, el único freno posible a la ambición desmedida es un sistema de justicia probo y eficiente

elquintopatio@gmail.com

@carvasar

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El sistema previsional debe responder a la realidad del país.

Una de las mayores preocupaciones de cualquier persona económicamente activa es qué sucederá cuando se retire de la actividad laboral. ¿Tendrá una jubilación adecuada para tener una vejez digna o se verá obligada a continuar luchando por sobrevivir en empleos informales y de corto plazo? Las discusiones sobre el futuro del sistema de previsión social está en el tablero, pero sin una participación real de quienes no solo lo financian, sino además son los más afectados por cualquier decisión relativa a las pensiones.

La población trabajadora en Guatemala es, en su mayoría, informal. Dentro de esa importante masa productiva se encuentra un sector femenino de enorme incidencia en la dinámica económica. Sin embargo, el trabajo de las mujeres en el campo, en el hogar y en el comercio pasa casi inadvertido en las estadísticas y en los sistemas de previsión social, a los cuales no tienen acceso.

Lo mismo sucede con un gran contingente de trabajadores del campo cuya labor depende de la estacionalidad de las cosechas o de la voluntad de sus patronos. Son invisibles para el sistema de previsión y, por supuesto, carentes de toda protección que les garantice una vejez digna. Esta es una de las muchas razones por las cuales se impone una revisión de la seguridad social, pero bajo la perspectiva del interés común y no desde una visión empresarial y de negocio.

El atractivo de los fondos del sistema de previsión resulta demasiado poderoso y el sector privado sabe bien cómo en Chile las Administradoras de Fondos de Pensión, AFP, han resultado unas gordas gallinas de huevos de oro para un puñado de empresarios. Éstas comenzaron a gestarse durante la época de Pinochet con la privatización de los fondos de pensiones, cuya promesa de un retorno importante al momento de la jubilación –un 70% del salario promedio de los últimos 5 años- jamás se cumplió. Hoy miles de pensionados reclaman por míseras pensiones apenas suficientes para lo básico.

No cabe duda de la necesidad urgente de realizar una reforma profunda en este tema. Sin embargo, dejar el paquete en manos privadas no es la respuesta más realista ni la más solidaria para quienes hoy se debaten en empleos mínimos y salarios de hambre, pero con largas y extenuantes jornadas de trabajo. Guatemala es un país con espeluznantes índices de desigualdad, por lo cual aplicar el modelo de un pais distinto, más desarrollado, con una fuerte clase media y con algunos de los mejores indicadores sociales de América Latina, es injusto y poco realista. Las condiciones de los trabajadores chilenos aun con estar lejos del ideal, son mucho mejores que las de la mayoría de los guatemaltecos y pasarán muchos años antes de ver una reducción de la enorme brecha que separa a ambas sociedades.

Resulta evidente la dificultad de pedir sensibilidad social a un sector tradicionalmente enfocado en la consolidación de su poder económico como objetivo único. Sin embargo, las decisiones sobre el futuro de los fondos aportados por los trabajadores no debería ser un tema reservado únicamente a las instancias políticas y empresariales, sino ser compartido ampliamente con la ciudadanía, en un proceso enriquecido con información veraz y documentada.

Los espejismos suelen terminar en grandes decepciones, en un encandilamiento temporal y luego una estrepitosa caída en la realidad. Los frutos del esfuerzo de toda una vida deben ser resguardados de manera ética, solidaria y enfocada a garantizar a los trabajadores –sus verdaderos dueños y beneficiarios- un futuro digno por el resto de su vida.

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@carvasar

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Algunos casos se transforman en paradigma de impunidad.

En Guatemala comienzan a darse muestras de un proceso trascendental destinado a enderezar entuertos jurídicos. En la medida que pasan los meses y se descubre el nivel de impunidad bajo cuyo manto se han protegido desde delincuentes de poca monta hasta asesinos a gran escala, en la ciudadanía crece la esperanza por el establecimiento del muy ansiado estado de Derecho.

Tal aspiración no es gratuita. Durante poco más de un año se han visto desfilar por las Cortes a un ex Presidente y a una ex Vicepresidenta de la República, más un buen puñado de ex ministros de Estado y otros funcionarios afines, algo totalmente sorprendente en un país cuyo sistema ha sido diseñado para cobijar a los corruptos, sobre todo cuando éstos pertenecen a los círculos de poder.

La población va de asombro en asombro ante las capturas de políticos y empresarios, siguiendo con atención las extenuantes jornadas de interrogatorio presididas por el juez Miguel Ángel Gálvez. El papel jugado por la Cicig y el Ministerio Público ha sido fundamental para darle consistencia a los casos y mantener fuera de circulación a los individuos más poderosos del país.

Sin embargo, en el sistema de administración de justicia de Guatemala existe un caso que no avanza; uno que de manera inexplicable permanece detenido a pesar de todas las evidencias presentadas por la fiscalía. Es un caso paradigmático cuya resolución quitaría el tapón que impide el curso de la justicia y permitiría resolver otros casos similares de violencia femicida. Se trata del asesinato y desaparición de Cristina Siekavizza, una joven madre supuestamente golpeada hasta la muerte por su esposo, Roberto Barreda.

Lo que hace de este caso un paradigma es la influencia de los personajes involucrados. Para entenderlo, habría que remitirse a la trayectoria profesional de los padres del sindicado, quienes desde sus altas investiduras como magistrados de la Corte Suprema de Justicia han de haber cultivado amistades y sentimientos de gratitud tan profundos entre sus pares como para superar cualquier escollo jurídico, haciendo del tráfico de influencias un verdadero arte.

Treinta han sido las acciones y recursos presentados ante la Corte de Constitucionalidad por la familia Barreda De León en los 5 años transcurridos desde la desaparición del cuerpo de Cristina. Once de ellos por Joaquín Flores, cuñado de Roberto Barreda; 9 por Beatriz Ofelia De León, madre de Barreda –uno de ellos para separar a la Fundación Sobrevivientes como querellante adhesivo-; 6 por el sindicado, con algunos de los cuales pretende retirar el caso del tribunal B de Mayor Riesgo; y 5 por otras personas ligadas al proceso.

Mientras la familia Barreda se afana por salir bien librada de este crimen deleznable, la familia Siekavizza, el Inacif y el Ministerio Público, con el apoyo de la Fundación Sobrevivientes en su calidad de querellante adhesivo, continúan incansables su lucha contra la impunidad. Durante los 5 años transcurridos desde la desaparicion de Cristina la han buscado en fincas, ríos, lagos y terrenos baldíos, en donde el asesino –y quien lo asistiera en ese proceso- pudo haber enterrado o sumergido su cuerpo, sin hallarla.

Estas son las incongruencias de un sistema de administración de justicia aún pendiente de depuración. La nefasta tradición del encubrimiento entre pares –lo cual también sucede en otras disciplinas- constituye un obstáculo y se podría catalogar como un acto de complicidad criminal toda vez impide el imperio de la ley. La reforma del sector justicia es, más que una demanda ciudadana, una necesidad vital para Guatemala.

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@carvasar

Pienso en la Humanidad, así con mayúsculas, como un ideal fallido.

Debieron suceder muchos asesinatos, innumerables abusos y millones de violaciones de niñas, niños, adolescentes y mujeres adultas para que los medios de prensa comenzara a ceder sus privilegiados espacios a una de las mayores amenazas contra la vida y la integridad de más de la mitad de la población del continente. No era noticia. De hecho, la violencia intrafamiliar y las violaciones sexuales se consideraron, hasta hace pocos años, “un asunto privado” en el cual nadie tenía por qué intervenir.

Sin embargo y aun cuando se reconoce el gran valor de la apertura de esta línea noticiosa y de investigación, se observa un enfoque estereotipado en la forma -y patriarcal en el fondo- cuya perspectiva retrógrada se consolida por medio de un lenguaje ambiguo y la perenne sombra de sospecha sobre las víctimas como las primeras responsables de su propio drama.

Es decir, si las adolescentes descuartizadas no se hubieran ido de paseo al puerto…. Si Cristina hubiera denunciado a tiempo… Si la niña violada por su padrastro desde los 4 años hubiera hablado… Es decir, no se pone el dedo sobre el hechor sino sobre la víctima, una y otra vez no solo revictimizándola, sino transformando la violencia feminicida en una manifestación casi normal aunque perversa de la sociedad. Por lo tanto el mensaje oculto en este imaginario construido desde un sistema machista es: Mejor tomar precauciones y no exponerse. Ser casta y sumisa para no provocar. Anularse para no sobresalir.

¿Qué clase de humanos somos? ¿Este retroceso será otra Era de Extinción como la que acabó con los dinosaurios? ¿Dejamos asesinar a nuestras niñas como una ofrenda a alguna divinidad maldita? Porque hasta estas fechas avanzadas del siglo todavía se prohíbe a las mujeres salir libremente a las calles, disfrutar de un momento de esparcimiento en un sitio público sin temor a ser agredida, drogada, violada y abandonada en un cuartucho de hotel por un grupo de hombres que “solo se divertían”.

La mala noticia es que no hay escondite seguro para una niña, adolescente o mujer. Tampoco para los niños porque ellos también son presa fácil de un violador, un pedófilo, un delincuente sexual. De acuerdo con los organismos encargados de recabar datos y convertirlos en estadísticas, el escenario es aterrador. Lo que no aparece en esos cuadros es la parte más espeluznante de esta realidad de abusos continuados y de crímenes oportunistas. Son los no denunciados por miedo a la venganza, el recurso más utilizado por un violador en contra de sus víctimas.

Ese estado de indefensión en el cual sobreviven miles de mujeres en los sitios supuestamente seguros como su hogar, su escuela o su iglesia, marca de manera indeleble la vida futura de estas víctimas. ¿Será cuestión del Estado crear sistemas de protección o será responsabilidad de la sociedad vigilarse a sí misma? El Ministerio Público de Guatemala creó un Botón de Pánico (1572) como un recurso a la mano de las víctimas de abuso sexual o violencia. Pero hay miles de niñas y mujeres sin acceso a la tecnología y viviendo en un mundo de restricciones de todo tipo, al punto de creer en el imperio de la violencia como una maldición divina, a la cual debe someterse con resignación.

Es en esta involución de lo humano como un valor superior, en donde reside la maldición. Ninguna sociedad funcional y democrática se asienta sobre un sistema de violencia contra los más vulnerables, contra un sector debilitado a propósito mediante un sistema de discriminación, racismo y menosprecio capaz de cruzar generaciones, fortaleciéndose en el trayecto. Es hora de romper el silencio.

elquintopatio@gmail.com

@carvasar