Month: February 2021

La infancia debe ser una etapa feliz; un portal hacia el desarrollo y la realización de los sueños.

Tomás tenía 3 años y le sonreía a la vida cuando salió de su hogar acompañado de su tío abuelo. Iba con la confianza y la alegría propias de un niño saludable y feliz que encuentra, a cada paso, un nuevo descubrimiento, una nueva experiencia. Fue su último paseo; lo encontraron muerto en mitad del campo con señales de abuso, nueve días después. Durante ese lapso, la búsqueda fue intensa por tierra y aire mientras todo Chile clamaba por su aparición. No hay palabras para describir tanta atrocidad contra la niñez en cualquier lugar del planeta. La crueldad extrema implícita en el abuso sexual, la tortura y la impunidad que rodean a esos crímenes contra la niñez se encuentra, por lo general, avalada por un sistema de protección ineficiente y caduco, enmarcado en la absurda creencia de que ese importante segmento goza de la mayor protección en el hogar, la escuela, la iglesia o el vecindario. 

Así como Tomás salió de casa y nunca regresó, miles de niños, niñas y adolescentes alrededor del mundo son violentados física y psicológicamente por el solo hecho de encontrarse bajo la autoridad de otros, sin ningún mecanismo de defensa. En la mayoría de países centroamericanos, especialmente aquellos gobernados por políticos corruptos en complicidad con las organizaciones dedicadas al negocio de la trata de personas, cientos de ellos desaparecen sin alterar el sueño de las autoridades, pero tampoco el sueño de esas sociedades acostumbradas a la tragedia y a la violencia provocada por un sistema que ha destruido por completo la institucionalidad, abandonando a la población en un ambiente de absoluto caos y anarquía.  

La violencia sexual, una patología social de enorme impacto en nuestras sociedades, es consentida de modo directo o indirecto por la ineficacia de los sistemas de administración de justicia, pero sobre todo por el sistema patriarcal. Este, aún con pruebas a la vista, minimiza los abusos y otorga privilegios a los perpetradores, especialmente cuando esos crímenes son cometidos contra adolescentes y mujeres adultas. Casos extremos como el de Tomás, el niño de Lebu, se multiplican amparados por el silencio y la complicidad de quienes les rodean, bajo la consigna de mantener la reputación familiar aunque el crimen cometido destruya por completo la vida y el futuro de la víctima.

Está probada y comprobada nuestra incapacidad, como sociedad, de proteger a las nuevas generaciones de la violencia en cualquiera de sus formas. Preferimos engañarnos acudiendo a instituciones corruptas a las cuales entregamos a cientos o miles de víctimas propiciatorias, como sucede con los “hogares seguros” en los cuales se institucionaliza a una niñez que merece protección, pero administrados por delincuentes dedicados a la trata y a la prostitución de menores.

El fracaso de un país se mide por el trato dado a la niñez y, por lo tanto, debemos declararnos fracasados a nivel planetario. No hay rincón del mundo en donde la niñez y la adolescencia gocen de una total protección contra los abusos. Estos abusos, en la mayoría de casos, tienen impacto certero en diferentes patologías que esos seres sufren a lo largo de su vida, muchas veces reproduciendo en otros los efectos de sus sórdidas experiencias. Hemos creado una verdadera cultura de abuso, propiciada por la indefensión de unos ante la aparente autoridad de otros. Es así como, aún en el siglo de las maravillas tecnológicas, se mantienen los prejuicios sexistas y las estructuras de privilegios para los agresores, destrozando el futuro de los más indefensos.

Somos sociedades enfermas de machismo, violencia sexual y misoginia.

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Las condiciones impuestas por los gobiernos limitan el acceso a la educación.

Entre los efectos más graves de la pandemia y sus restricciones, está el limitado acceso a la educación y el consiguiente enclaustramiento de los segmentos infantil y juvenil de la sociedad. En los países menos desarrollados y en donde se observan grandes desigualdades, el tema de las políticas públicas para la educación ha sido manipulado, no solo desde la conveniencia política de mantener a la ciudadanía incapacitada para comprender, evaluar y participar de forma activa y consciente en los procesos de gobernanza, sino también para instalar un sistema laboral a beneficio del sector económico. Es decir, a menor educación, más mano de obra barata y dispuesta a aceptar condiciones mínimas de trabajo.

Quienes terminan siendo sacrificados –como chivos expiatorios- son las nuevas generaciones. Si la educación pública en la mayoría de nuestros países ha sido deficiente y cada vez más escasa, la pandemia ha venido a poner en evidencia la miserable infraestructura educativa y la pobreza de todo el sistema. Las condiciones de los establecimientos son de terror y, definitivamente, imposibles de utilizar en un ambiente de emergencia sanitaria. Muchas de las escuelas carecen de servicios tan básicos como agua potable y sanitarios decentes, por lo cual enviar a los niños a la escuela sería condenarlos, a propósito, a un contagio seguro.

Las opciones, sin embargo, tampoco son la panacea para ese enorme contingente de niñas, niños y adolescentes en proceso de recibir instrucción. Los gobiernos empiezan a proponer medidas como la educación a distancia, sin considerar que, para una fuerte mayoría de hogares, la tecnología es inalcanzable por vivir en situación de pobreza y no haber tenido nunca acceso a ella. Pero esta realidad no solo afecta a la niñez, tampoco es una solución válida para miles de madres, padres y maestros incapaces de ingresar a un campo de códigos virtuales totalmente nuevo y desconocido. Por lo tanto, las soluciones planteadas desde las cúpulas resultan únicamente factibles para un porcentaje minoritario de la gran población estudiantil.

Sumado a ello está el confinamiento de este segmento, para el cual el ejercicio, el entretenimiento y el contacto con sus pares ha sido limitado al extremo de provocar depresión, alteración de la conducta y, en algunos casos, hasta intentos de suicidio por vivir encerrados en ambiente de violencia doméstica. Los niños, niñas y adolescentes necesitan el juego y el contacto social como una de las actividades más importantes para su desarrollo. Privarlos de ese factor fundamental durante un tiempo prolongado tendrá efectos de corto, mediano y largo plazos, con el agravante de provocar, como efecto colateral, una inevitable tensión en el seno del hogar.

Es imperativo poner la educación y los derechos inalienables de la niñez y la juventud en el centro del debate político y no subestimar el impacto que esto tendrá en la vida y el desarrollo de las naciones. Dado que es un sector históricamente marginado, cuyas demandas suelen ser acalladas por la fuerza y la represión, otorgarles un espacio de participación en la toma de decisiones podría representar un cambio positivo y necesario para encontrar alguna salida a la crisis actual. En países tan proclives a privilegiar los intereses del sector empresarial por encima de los intereses de la ciudadanía, los gobiernos se han sometido a la regla de “a menos educación, menos participación política” y, por lo tanto, menos peligro de perder cuotas de poder. Ya es hora de cambiar la polaridad política en la dirección correcta.

El confinamiento de la niñez y la juventud genera un grave problema social.

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En Guatemala se aplica la estrategia del terror en el cuerpo de niñas, niños y adolescentes.

Guatemala transita por uno de los episodios más negros de su historia reciente. Desamparada e impotente ante el poder de las mafias, la población se paraliza ante la realidad de un Estado secuestrado por organizaciones criminales que operan en connivencia con las más altas autoridades y la condenan al miedo y a la sumisión. Los esfuerzos de estos grupos por apoderarse del último bastión de la justicia –la Corte de Constitucionalidad- lleva un siniestro mensaje: la democracia, que tanta sangre y dolor ha costado desde los tiempos de las dictaduras, está a punto de ser aplastada por un pacto entre políticos, élites empresariales y militares ignorantes, codiciosos, obtusos y sedientos de poder.

El escenario actual parece haber sido planificado en detalle para borrar hasta el último intento de oposición ciudadana y comienza a delinearse como un intento de acabar con cualquier resquicio de respeto por la Constitución y sus mandatos. La ciudadanía –ese conglomerado en donde supuestamente reside el poder- se encuentra sitiada y niñas, niños, adolescentes y mujeres parecen haber sido cuidadosamente escogidos como víctimas propiciatorias de esta escandalosa maniobra, diseñada para acallar toda rebelión, silenciar a las masas y obligarlas a aceptar lo inaceptable. 

Los secuestros, desapariciones, violaciones y asesinatos de niñas, niños y adolescentes han alcanzado niveles de terror. Los mensajes de alerta se han convertido en un cuadro cotidiano y, por lo mismo, han dejado de provocar reacciones, creándose un ambiente de acostumbramiento a los peores actos de violencia contra el sector más inofensivo y vulnerable de la sociedad. Guatemala se presenta ante la comunidad internacional como un país de impunidad, como una nación en donde el crimen organizado impera y decide los destinos de la patria. Como un territorio carente de justicia, en donde la ley opera dependiendo del tamaño del soborno.

Esta vergüenza de nivel planetario no afecta el negocio de las mafias, pero constituye un lastre inmenso y una constante amenaza para el futuro del país, cuya población observa impotente cómo se van por el barranco sus escasas oportunidades de alcanzar un desarrollo que, hasta ahora, ha sido sistemáticamente saboteado por sus élites empresariales y los cuadros políticos más retrógrados y corruptos. Cualquier intento por revertir este estado de cosas -perfectamente consolidado para mantener los privilegios de estos sectores- requiere la intervención directa de la ciudadanía. Pero la gente tiene miedo y ese miedo representa el pase libre para los criminales en el poder.

A las niñas, niños y adolescentes les está secuestrando, violando y asesinando el sistema. Para estas vidas inocentes no existe justicia; su destino, depende de instituciones capturadas por individuos nefastos coludidos con los victimarios, cuya indiferencia e inoperancia parecen ser parte del pacto criminal. Las niñas y niños no se violan, no se tocan, no se asesinan. Quienes cometen estas atrocidades al amparo de una justicia apática y corrupta merecen castigos ejemplares y definitivos. Asimismo, quienes pretenden –con actitud paternalista y condescendiente- someter a niñas, niños, adolescentes y mujeres al encierro para no ser víctimas de estas acciones viles, se convierten en cómplices de los criminales. Pretender adjudicarles la culpa por los ataques siniestros que sufren en todos los espacios es una absoluta aberración. Las calles, escuelas, templos y hogares deben ser santuario de protección para lo más valioso de la sociedad y no rincones propicios para el abuso. 

El encierro de niñas, niños y adolescentes no es la respuesta.

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La estrategia neoliberal se basa en la cooptación de los poderes de los Estados. 

Los centros de poder económico, a lo largo y ancho del continente, nos están demostrando claramente cómo se manejan los intereses en función de la consolidación de un Estado cautivo. A lo largo de la historia se ha comprobado cómo, desde el centro mismo del Estado, se tejen las redes diseñadas específicamente para anular la voluntad de los pueblos por medio de artimañas institucionalizadas, hechas ley y transformadas en el cepo de las débiles democracias latinoamericanas. Los eventos electorales se han constituido en un remedo de ejercicio ciudadano, en los cuales la decisión de la población se limita a votar por el menos peor y en donde, en muy raras ocasiones, existe un proceso transparente sin el escandaloso derroche de recursos de los más poderosos.

El gran capital no cede y, probablemente, se defenderá con uñas y dientes de cualquier giro intempestivo en contra de su hegemonía. Amparado durante décadas por un sector político desprestigiado, corrupto y engañoso, con el respaldo de ejércitos dispuestos a intervenir ante el menor peligro de una rebelión popular y el apoyo indiscutible de los sectores más conservadores de la comunidad internacional -con Estados Unidos a la cabeza- las opciones para generar cambios profundos del estatus resultan prácticamente nulas. Sumado a ello, la manera fraudulenta de administrar los fondos del Estado para consolidar privilegios y mantener a la ciudadanía contra las cuerdas, ha sido la herramienta clave para los gobiernos del continente.

Pocas y raras son las excepciones y, cuando se producen, esos intentos de refundación se enfrentan con impotencia a la amenaza de invasiones, golpes de Estado y uso de la represión. Todo ello, con la entusiasta anuencia de organismos diseñados ad hoc, como la OEA. Los pueblos de América Latina han pasado desde tiempos de la Colonia por las más duras experiencias: desde dictaduras de terror como las de Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y otras que registran los archivos históricos, hasta atrocidades incalificables como el genocidio perpetrado en Guatemala contra las comunidades mayas. Sin embargo, nada de eso ha conseguido destruir por completo las esperanzas de recuperación de derechos y libertades, por lo tanto los pueblos ponen sus expectativas en la recuperación de cualquier pequeño resquicio de verdadera independencia. 

Una de las estratagemas más perversas de estas cúpulas poderosas ha sido la compra de voluntades en los tres poderes del Estado. Mantener la obediencia del Ejecutivo –por quien apostaron un enorme capital en propaganda electoral- es el primer paso para garantizar la inmunidad frente a la ley. El segundo paso es repartir billetes a mansalva entre los legisladores, para poner el punto decisivo con la obediencia de jueces y magistrados. El golpe es certero y nada puede revertir el esquema, a menos que una población empobrecida y maltratada decida salir de la apatía y reaccione, arriesgando la vida en el intento. 

América Latina vive en un constante ciclo de avances y retrocesos. Su dependencia de políticas externas y la profunda degradación de las bases institucionales de sus Estados, constituyen una amenaza tan cierta como constante. El debilitamiento de políticas públicas como las de educación, salud, empleo y protección de la niñez, reflejan con prístina claridad cómo los grupos de poder económico, en lugar de ser una fuerza productiva y una herramienta de desarrollo, constituyen una amenaza constante contra la integridad y los derechos fundamentales de los pueblos.

El poder económico compra su pase de inmunidad en cada elección.

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