Category: Artículos de Opinión

Nada es tan inquietante como el hecho de ignorarlo todo.

“Aprendeher la realidad sumergiéndose de lleno en ella” era el lema de Ryszard Kapuscinski, el gran reportero polaco cuyo paso por este planeta dejó huellas profundas en el periodismo y en la manera de comprender al mundo. Su trayectoria, impecable y cargada de valores humanos, viene a recordarnos una vez más la existencia de una vocación imprescindible: un periodismo en cuyo ejercicio deben primar el compromiso, la verdad y la sensibilidad ante la tragedia de los pueblos sometidos a la violencia incomprensible de la guerra.

Para Kapuscinski, el secreto reside en prestar atención a las pequeñas cosas, porque en ellas reside el secreto mismo de la vida. Asimismo, asumir sin restricciones un voto de honestidad para evitar caer en la sobre dimensión del ego y así mantener los pies bien asentados sobre la tierra, porque no somos más que transmisores de la palabra de los más necesitados, los más vulnerables y quienes experimentan, de primera mano, la crueldad de los poderosos.

Por eso es importante recordarlo ahora, cuando el mundo observa otro enfrentamiento entre potencias frente a los medios internacionales, como un conejo alucinado por los faros de un automóvil, olvidando otras agresiones todavía más cruentas, en donde también hay seres humanos aplastados por la violencia de otras guerras y otros conflictos geopolíticos o territoriales tan injustos como prolongados.

Kapuscinski nos habló de ética y de valores, pero el periodismo ha tomado la ruta de la conveniencia y el bienestar económico de sus propietarios. Hoy tenemos cadenas bajo la batuta de conglomerados empresariales desde donde se manejan los hilos de la política y las presiones de las grandes potencias y de grupos de interés. Los pueblos han quedado solos y sus tragedias se reflejan en las pantallas como parte de una realidad inevitable de la cual podemos desprendernos con solo cambiar de canal.

El modelo de reportaje periodístico apegado a los hechos y, sobre todo, sumergido hasta el fondo en la realidad de quienes no tiene voz, debe ser la norma y no la excepción, como sucede en nuestros días. Es una profesión sobre la cual se asientan valores tan fundamentales como el respeto por los derechos humanos, la democracia, la justicia y la búsqueda exhaustiva de la verdad. Por ello no es sorprendente constatar el temor de los gobernantes ante comunicadores valientes, contra quienes apelan al recurso de la amenaza, la extorsión y, como sucede alrededor del mundo, el secuestro y la muerte.  

Frente al actual conflicto en Ucrania, exhibido ante el mundo como si se tratase de una serie de televisión, hemos de comprender hasta qué punto una amenaza de guerra es capaz de transformar la vida de millones de personas en una antesala al infierno, trastornando sus hábitos de vida, comprometiendo su capacidad de supervivencia, destruyendo su entorno y privándoles de derechos. Para quienes lo vemos a la distancia es un fenómeno incomprensible y, por ello, reporteros conscientes de su papel y capaces de ejercerlo con independencia, resultan imprescindibles para aprehender esa realidad en toda su dimensión.

El mundo es más pequeño de lo que quisiéramos creer y las repercusiones derivadas de cualquier agresión armada -las cuales representan un negocio próspero para las grandes potencias- fácilmente pueden llegar a nuestras puertas. ¿Qué diría Kapuscinski?

La ética en el periodismo es una obligación, no un gesto amable.

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Mientras el gobierno de Giammattei asfixia a la justicia, el imperio calla.

La red tejida por el Pacto de Corruptos es fuerte y compacta; sus operadores -sector político, cúpula empresarial, Ejército, sistema judicial y organizaciones criminales- actúan en estrecha coordinación con el propósito de ahogar cualquier intento de restablecer el estado de Derecho en Guatemala. Para ello cuentan con el silencio de una ciudadanía temerosa, una red de medios de comunicación vendidos a sus intereses y la pasiva anuencia de colegios profesionales y universidades.

En la galería, observando el espectáculo, se encuentran el Departamento de Estado, la Organización de Estados Americanos y, por supuesto, la Organización de las Naciones Unidas con su principal operador, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, cuyo representante en ese país no ha pasado de ser otra más de las presencias diplomáticas carentes de incidencia. Esta última institución, entre cuyos objetivos están “erradicar la pobreza y reducir la desigualdad”, ha sido incapaz de imponer su misión en el país más corrupto y empobrecido del continente. 

La asfixia del sistema jurídico es una amenaza a la democracia, pero también a la vida de sus mejores operadores y se ha transformado en un espectáculo penoso y descarado del Pacto de Corruptos liderado por el Presidente y sus acólitos. Con casi una veintena de operadores de justicia en el exilio por haberse atrevido a investigar y procesar los escandalosos casos de corrupción; y con periodistas e investigadores éticos amenazados por revelar los detalles de sus delitos, Guatemala se ha instalado en el poco honorable sitial de las democracias en vías de extinción.

Sin embargo, esto que sucede en el ámbito doméstico tiene un impacto importante a nivel regional. Si Estados Unidos y la ONU, como uno de los organismos en los cuales posee una influencia de primer nivel, no parecen interesados en apoyar los esfuerzos locales por restablecer el estado de Derecho, la sospecha se centra en intereses mucho más relevantes, como conservar a Guatemala entre el grupo de naciones sometidas a sus políticas neoliberales. El temor, en esas instancias de poder, es la perspectiva de que finalmente en Centroamérica se instale otro gobierno popular, tal como ha sucedido en Honduras y, para evitarlo, no les quita el sueño la destrucción de su institucionalidad. 

La traición de quien se considera el epítome de la libertad y la democracia en el mundo nada tiene que ver con libertad ni democracia. Todo lo contrario, se asienta firmemente en un liderazgo geopolítico y económico en el cual los derechos humanos y el bienestar de los pueblos no tienen cabida. Menos aún les preocupa la cooptación de la justicia y la persecución y criminalización de sus mejores jueces, fiscales y comunicadores sociales. 

La lucha, por lo tanto, ha de ser interna y sin cuartel. La guerra contra la justicia no solo se libra en las Cortes, sino en todas las instancias políticas, económicas e institucionales y su podredumbre abarca cualquier ámbito de la sociedad. Los espacios de decisión -Cortes, Congreso e instituciones del Estado- han sido tomados a la fuerza por un grupo criminal cuyo poder se consolida gracias al silencio de una ciudadanía orillada a contemplar cómo saquean su patrimonio y acaban con sus recursos. Todo depende de la respuesta del pueblo y de cuánto tarde en reaccionar ante este proyecto de dictadura.

El futuro de Guatemala solo depende de una positiva respuesta ciudadana.

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Sentada en la cuneta en esa noche helada, esperé al siguiente remezón.

Eran las 3 de la madrugada del 4 de febrero de 1976, cuando me despertó la primera sacudida violenta. Algo me indicó que no era uno de esos temblores que pasan sin consecuencias; esa sensación me despejó de golpe. Mi hija, de 7 años, dormía en la habitación de al lado, con su cama junto a un enorme ventanal de vidrio, de suelo a techo; mi primer pensamiento fue correr a sacarla de inmediato. Intenté entrar en su dormitorio pero el suelo se sacudía de tal manera que me impedía avanzar. Nunca tuve tanto miedo. Solo recuerdo haber salido finalmente con ella sin haber rodado por las escaleras y alcanzar la calle en medio de la incertidumbre y el pánico.

El muro de adobe que rodeaba el jardín vecino se desplomó con el segundo remezón, invadiendo el aire con una nube de polvo amarillento que quedó suspendida durante largo rato, convirtiendo el espacio en un escenario de pesadilla. Poco imaginábamos en esos primeros momentos el alcance de la tragedia que sumiría a Guatemala en un profundo duelo durante largo tiempo. Fueron miles las víctimas y más de un millón de familias perdieron su hogar en una peores catástrofes del continente.

De eso, han pasado ya 46 años, y cada vez que sucede un evento similar en algún punto de este continente, el cual se encuentra posado sobre una red activa de importantes fallas geológicas y sembrado de volcanes igualmente activos, cuesta comprender por qué, ante tal cúmulo de amenazas naturales, todavía se producen tragedias evitables. Es cuando tenemos la obligación de dudar de la capacidad de los gobernantes para dirigir las políticas públicas en países tan vulnerables a los eventos naturales y a los efectos del cambio climático, dada la criminal ausencia de controles y medidas de prevención, para las cuales cada año se escatiman recursos. Esta es una realidad cruda y puntual y demuestra la escasa atención general sobre la importancia de la vida y el establecimiento de normas para protegerla. 

Aun cuando la amenaza de una catástrofe se encuentra latente en la mayoría de nuestros países, del mismo modo puede apreciarse la escasa información sobre medidas de prevención en escuelas, colegios, instituciones y empresas, la falta de señalética en edificios públicos y privados y la razonable duda de si se construyeron respetando a cabalidad los códigos y normas de construcción. ¿Cuántos cines, restaurantes, discotecas y centros comerciales poseen sistemas de alerta o salidas de emergencia accesibles y bien identificadas? ¿Existe algún mapa de riesgo a nivel nacional, utilizado como herramienta de planificación urbana o vial? ¿Están conscientes las autoridades de la necesidad de fortalecer a las instituciones de socorro?

Recuerdo el terremoto devastador de Guatemala como si hubiera sido ayer. Me veo sentada en la cuneta frente a la casa en donde vivía, combatiendo el frío de la madrugada con una botella de ron y el miedo constante a una devastación que, dadas las condiciones precarias de la mayoría de la población, sería dantesca.

La naturaleza dinámica de nuestro continente no perdona. Conscientes de vivir sobre un territorio inestable, es imperativo y urgente establecer la institucionalización de modernos sistemas de prevención, educar a la población sobre conductas y procedimientos de seguridad y, por encima de todo, fiscalizar el proceder de las autoridades en cuanto al respeto de normas de construcción y ordenamiento urbano. La vida es primero.

La seguridad de la ciudadanía depende de autoridades honestas y transparentes.

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Hemos sido condicionados para creer, no para ejercitar la reflexión.

La mayoría de las acciones proyectadas desde cualquier ámbito de autoridad de nuestro entorno social, nos obligan a aceptar mitos, pensamientos o decisiones basadas en una verdad sobre la cual, por lo general, no tenemos constancia. La manera como se nos entrena desde la infancia para recibir instrucciones y modelar nuestros pensamientos y creencias de acuerdo con preceptos supuestamente inamovibles y correctos, va dejando su impronta en el transcurso de nuestro paso por distintas etapas de la vida. Es así como nos convertimos en parte de una comunidad, cuya característica principal es la coincidencia de valores, normas y una concepción determinada de la verdad. Todo lo cual, implica la aceptación tácita de su condición como fundamento de aquello en lo que basamos nuestra conducta.

La fuerza derivada de una posición de autoridad, en los sistemas imperfectos de sociedades como las nuestras, entrañan enormes peligros. Uno de ellos es la confusa relación entre distintos centros de poder -político, religioso, económico- cuyas escalas de valores se encuentran distorsionadas y sujetas a una concepción de sus objetivos y sus postulados ajena al interés y al bienestar de sus pueblos. Es así como, en pleno siglo de la tecnología y las ciencias, el poder se apoya en el progresivo debilitamiento de las capacidades intelectuales, físicas y psicológicas de las sociedades desde las cuales se alimenta su fuerza.

Desde tiempos remotos, las autoridades del ámbito espiritual -cuyo imperio se considera indiscutible- invocan la sumisión y la obediencia ciegas a preceptos asociados con otros estamentos de poder, como apoyo incondicional a sistemas verticales de discriminación, explotación e injusticia; y, para ello, apelan a la capacidad humana de aceptar la inconmensurable fuerza de la fe como parapeto contra la fuerza de la razón. Del miedo a lo desconocido y la aceptación de la pobreza como inevitable condena divina, las estrategias concebidas desde las naciones más poderosas consiguen invadir los espacios espirituales de países del tercer y cuarto mundos. Estrategias cuya efectividad ha consistido en la sumisión de los más pobres en recursos intelectuales, económicos e ideológicos, con el objetivo de mantener un estatus establecido desde los poderes político y económico.

El debilitamiento progresivo de las políticas públicas en el ámbito educativo es una de las formas más perversas de un Estado para someter a la población a una incapacidad de análisis y reflexión provocada a propósito; estas valiosas herramientas intelectuales son consideradas, desde los centros de poder, como una amenaza a cualquier proyecto de gobernanza. De ahí la dicotomía existente entre los postulados políticos y la realidad de las gestiones gubernamentales en la mayoría de países en desarrollo. Como apoyo a ese debilitamiento de la fuerza popular, se instaura de manera paralela una serie de obstáculos al acceso a la salud, a la alimentación y a sus capacidades para gestionar organizaciones comunitarias. 

La fe suele definirse como aceptación en una creencia, como una convicción que admite lo absoluto. Mientras, la razón se funda en la evidencia. La deformación de los fundamentos que dan sentido a la fe, tal y como se ha evidenciado a lo largo de la historia y, recientemente, de la crisis sanitaria que experimenta el mundo, constituyen una evidencia de los profundos alcances de la manipulación y el engaño ejercido desde esos ámbitos de poder en contra de la razón y el interés público. 

Así como se deforma el concepto de verdad desde el discurso político, escondido tras el sermón religioso, de igual modo se compromete el derecho a la salud y a la vida de millones de seres humanos, cuya carencia endémica de recursos de análisis y reflexión la condenan a aceptar como ciertos los conceptos vertidos desde los ámbitos de autoridad. Por eso, nuestras supuestas democracias nacen desprovistas de la fuerza necesaria para consolidarse y por eso, también, los más pobres se enfrentan a una realidad en donde la fe se confunde con la más injusta resignación.

Los pueblos se debaten entre las esperanzas vanas y las realidades crudas.

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La discriminación contra la mujer no es tradición, sino un instrumento político.

El Diccionario de la Lengua Española, en su versión actualizada al 2021, define el honor -entre otras acepciones- como: “Buena opinión granjeada por la honestidad y el recato en las mujeres”. Desde este enunciado viene implícito un estereotipo discriminatorio, mediante el cual se demanda de la mujer un comportamiento personal determinado y sujeto a censura con respecto a su sexualidad y su relación con los demás. Esta visión de las expectativas sociales hacia la sexualidad femenina es proyectado como un valor, aun cuando conlleva una fuerte carga de prejuicio y la ratificación de la autoridad patriarcal, desde la cual se legitima y respalda un trato diferenciado entre hombres y mujeres.

El impacto de la idea del honor en la vida de millones de mujeres en el mundo no se detiene en el marco de la conducta. También afecta a su libertad, estilo de vida y oportunidades de desarrollo, hasta tocar el extremo de amenazar su supervivencia. Por esta dudosa concepción del “honor”, mujeres de diferentes culturas son víctimas de tortura, lapidación y muerte. Son violadas y despojadas de sus bienes, alejadas de sus hijos y expulsadas de su hogar. Por el honor se cometen contra ellas crímenes abominables, los cuales –también por cuestión de honor- quedan impunes al estar protegidos sus hechores con la legitimidad que otorgan las leyes.

Bajo la excusa de la cultura y la tradición, en todo el mundo se cometen los más abominables abusos sexuales contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. Es una cuestión de poder patriarcal y sus perpetradores terminan siendo protegidos por un marco jurídico en cuya nebulosa legal se amparan los crímenes sexuales. El nivel de impunidad en esos delitos cometidos, por lo general, por hombres cercanos a sus víctimas, es una auténtica forma de tortura. Y esa impunidad se debe, precisamente, al tan arraigado, arcaico y distorsionado concepto de honor, según el cual las familias afectadas por un crimen sexual contra alguna de sus integrantes, sufrirían ostracismo y marginación por parte del resto de su comunidad. Un castigo no solo injusto, sino marcado por un profundo desprecio por la naturaleza femenina.

El concepto de honor debe experimentar una profunda revisión. No es aceptable, en una sociedad de este siglo, atribuir a la vida íntima y personal de una mujer –la cual solo a ella le pertenece- el peso de la reputación de todo un grupo social y mucho menos la condena moral por la manera como decida vivir.

Tampoco es aceptable -de hecho, es una monstruosidad por donde se le analice- condenar a las niñas al abuso sexual reiterado apelando al honor, porque desde el momento que el crimen se perpetra y los testigos callan, ese supuesto honor ya fue destruido. La complicidad en esta clase de actos de barbarie es tan perversa y culpable como la comisión misma del delito y no hay excusa alguna para ampararlo.

El honor, como el mismo DRAE lo señala, es una cualidad moral. El ocultamiento de actos criminales no lo es. Por eso esta reflexión debería calar en lo profundo de la conciencia de quienes en nuestros países –tanto como en India, Pakistán, Estados Unidos, Brasil o cualquier otro alrededor del mundo- ubican el concepto de honor en el sexo femenino, lo condenan, lo marcan a fuego, lo violan y lo satanizan a fuerza de prohibiciones, credos y mitos.

Si somos capaces de llevar la ciencia y el arte a niveles de sublime exquisitez, si la humanidad se pavonea con el desarrollo de sus grandes logros, si nos consideramos superiores a todas las especies, entonces estamos obligados a redefinir conceptos arcaicos cuya vigencia desmiente todo lo anterior y nos coloca en el peldaño más bajo de la escala. La des-satanización de la naturaleza femenina es una obligación moral de las sociedades y también una deuda histórica. Los credos religiosos, cuyos principios insisten en discriminar a la mujer, deben experimentar una revisión de fondo y corregir las aberraciones conceptuales cuya fuerza tanto daño sigue ocasionando en más de la mitad de la población.

El concepto de honor no puede residir en la discriminación, castigo ni marginación.

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Gabriel Boric ha levantado una ola de malos presagios, incluso antes de asumir.

La derecha tradicional latinoamericana no está dispuesta a conceder una tregua a sus oponentes políticos. Ni siquiera acepta, con gracia deportiva, una derrota en las urnas legal e indiscutible como la ocurrida en Chile con la victoria del candidato de izquierda, Gabriel Boric Font. Ese despertar del pueblo -como los sucedidos en Honduras y Perú- les ha golpeado en el centro del ego y ha abierto las compuertas de una auténtica orgía de fatales predicciones. Boric ni siquiera ha asumido el poder y ya le vaticinan el peor de los fracasos.

Para mayor ofensa, el nuevo presidente electo ha tenido el arrojo de nombrar a un gabinete en el cual destaca con fuerza -por primera vez en la historia de Chile- una mayoría de mujeres y un promedio de edades entre sus integrantes, fluctuando alrededor de los 45 años. Es decir, su gabinete no solo representa a las mayorías, sino además promete un aire renovador que a la derecha tradicional le provoca un profundo miedo. Lo único que podría criticarsele al nuevo mandatario es la ausencia del sector indígena en esa elevada instancia de la estructura del poder político.

Mientras en Chile los sectores del ala conservadora buscan la manera de ser partícipe de las decisiones que surgirán desde el Ejecutivo, en otros países de América Latina se ha despertado una ola de odio contra las nuevas autoridades, con un resurgimiento irracional del discurso de la Guerra Fría y los vaticinios de una catástrofe económica y social en el breve plazo. Todo ello, teñido de una total falta de conocimiento y la peor de las intenciones. Lo que no han entendido estos personajes agoreros es que un cambio en la dirección política no solo es absolutamente necesario, también es parte de un sistema democrático en donde las mayorías deciden y participan. Esto último se refleja en un equipo de trabajo interdisciplinario, capacitado y comprometido con un plan de gobierno orientado a eliminar las grandes desigualdades provocadas por el sistema neoliberal actual.

Estas aves de mal agüero pretenden, en última instancia, contaminar un proceso que ha sido catalogado como uno de los más transparentes y democráticos en nuestro continente, en el cual brilló la voluntad popular y se expresó de manera contundente el deseo de retomar una ruta hacia el desarrollo de toda la población, derribando las barreras que hoy han sumido a millones de chilenos en la pobreza. El rechazo a un sistema económico rapaz, como el neoliberalismo, también se manifiesta en otros países latinoamericanos con similar potencia. La diferencia en los resultados radica en los niveles de corrupción y el abuso de poder de pequeños tiranos apoyados por las élites locales y sus ejércitos vinculados a las mafias.

Chile comenzará en marzo una nueva etapa. Esto significa el inicio de una transformación profunda de sus bases programáticas. En este proceso, el apoyo del nuevo gobernante a la Asamblea Constitucional, en su trabajo para redefinir el marco jurídico y erradicar desde esa instancia las huellas de la dictadura, será un paso gigantesco hacia un Chile más justo e incluyente. Desde ese texto constitucional se espera una administración del Estado mejor orientada hacia la conservación de sus recursos, más abierta a la participación popular y capaz de proporcionar una plataforma equitativa para enfrentar los desafíos del desarrollo.

Las aves agoreras, surgidas desde los reductos de la derecha rancia y anclada en el pasado que han dominado la política desde tiempos de la Colonia, tendrán que aceptar esta coyuntura histórica y guardarse las intenciones de revertir por la fuerza la voluntad popular. Los aires de la Guerra Fría -aun cuando se levantan de vez en cuando- no tendrán la fuerza suficiente para volver a derrocar a un gobierno legítimamente electo por el pueblo. La sola intención detrás de sus discursos de odio ya es evidencia de su derrota moral. Lo que procede hoy, es acompañar al proceso con espíritu democrático y demostrar así la voluntad de reconstruir el tejido social con un acento rotundo en la igualdad y la justicia.

Lo que procede ahora es acompañar al proceso con un espíritu democrático.

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Las actuales condiciones de vida ponen límites al desarrollo de la niñez.

Lo dijo mi amiga Susana: “Cuando vemos a diario a los niños no alcanzamos a percibir cuánto ha cambiado su comportamiento. Están tristes”. Esta observación puntual me ha hecho reflexionar sobre el impacto del entorno durante la etapa más importante del desarrollo de la niñez y cómo las condiciones restrictivas -en términos económicos y sociales- se han transformado en una especie de cepo, cuya imposición ha acabado con el juego, la interacción entre pares, la diversión y el estímulo físico y psicológico propios de la libertad de movimiento. A ello, añadir la tensión implícita de una situación a la cual no estamos acostumbrados e invade todos los espacios íntimos,  condicionando nuestro humor y, por ende, nuestras actitudes.

Muchas veces medimos los acontecimientos de acuerdo con la vara más conocida. Es decir, nos resulta mucho más fácil establecer rangos de comparación con nuestra percepción y un específico estilo de vida. Poca, o casi nula, es la capacidad de empatía necesaria para ponernos en el sitio de otros, menos afortunados, y tendemos a rebajar el impacto del nuevo escenario ignorando a propósito su poder en la vida de los demás. 

Estamos ingresando al tercer año de una realidad de la cual lo desconocemos todo. Nos atacó una pandemia que ha puesto de cabeza todo lo conocido y de la cual no tenemos la medida exacta. Es decir, se ha desatado una infección viral desconocida hasta para el gremio de la salud, que se ha visto sobrepasado no solo por sus consecuencias, también por un cúmulo de informaciones contradictorias y opacas. Si eso sucede entre los expertos, es fácil colegir cómo ha complicado la vida de las familias.

Pero volvamos al tema más importante, el de una niñez triste y sin motivación. Una niñez a la cual le han cortado las alas, le han quitado la libertad de movimiento, la han encerrado entre cuatro paredes -una vivienda popular tiene un promedio de 60 metros cuadrados para una familia de 4 o 5 integrantes- y le han limitado la interacción con sus pares y con el espacio público. Si a eso se añade la tensión originada por la potencial pérdida del empleo o la carencia de recursos económicos para afrontar la crisis, el plato está servido.

En términos generales, estamos inmersos en una situación desconocida y, ante sus desafíos, lo menos importante termina siendo la salud mental de la infancia. Aun cuando esto suena extremadamente cruel, la mente del adulto promedio tiende a considerar a los más pequeños como un material flexible que aguanta con todo. Pocos se detienen a reflexionar sobre la trascendencia de una infancia feliz como plataforma esencial para el desarrollo de un ser pleno, tanto física como intelectual y psicológicamente, y esto es porque tampoco la tuvieron. Entonces, simplemente se aplican los criterios establecidos por las autoridades sanitarias y se deja para después el esfuerzo de compensar adecuadamente las carencias que ello implica en la vida de los más jóvenes.

La infancia triste será una de las peores caudas de esta situación incomprensible a la cual nos enfrentamos sin herramientas propias. Vamos hacia adelante a ciegas, avanzando y retrocediendo a medida que el estamento científico tantea, a ciegas, un esquema apropiado de conducta. En medio se deslizan los miedos, las desconfianzas y la sospecha de que ya nada volverá a ser como antes. Sin embargo, como adultos acostumbrados a las dificultades propias de un sistema cada vez más hostil, poseemos la capacidad de adaptación. Otra cosa es la perspectiva para las niñas, niños y adolescentes privados de los recursos esenciales para desarrollar todo su potencial. Vivir confinados, estudiar frente a una pantalla -eso, para los más privilegiados- o compartir a duras penas con sus hermanos un teléfono celular para comunicarse con su maestra mientras se les impide jugar con sus amistades y se les mantiene privados de los estímulos de una vida al aire libre, es una fuente constante de frustración y tristeza. Las consecuencias de este nuevo esquema son imprevisibles.

Hay que pensar en cómo adecuar lo de hoy para no afectar el mañana.

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El año comienza con una inevitable pregunta: ¿Hasta cuándo?

El repunte de contagios provocado, en cierta medida, por las reuniones de fin de año y la confusión generada por medidas sanitarias insuficientes y contradictorias, marca con fuerza el inicio de una nueva hoja en el calendario. En algunos países del continente continúa la campaña de vacunación para el segmento infantil con la intención de retornar a las clases presenciales y, en otros más avanzados, ya se comienza a administrar la cuarta dosis en adultos. Estas medidas emergentes demuestran hasta qué punto los gobiernos responden a la imperiosa necesidad de recuperar el control de la economía y, con ello, un estilo de vida cuyas características parecen formar parte del pasado. 

Lo que no se dice es cuánto daño irreparable ha causado esta pandemia en los países menos desarrollados. Se evita escarbar en la cuantiosa pérdida de oportunidades de estudio y de trabajo para los segmentos medios y con mayor énfasis en los menos favorecidos de nuestras sociedades, en donde las restricciones de movilidad, el cierre de establecimientos educativos y comerciales, así como la reducción drástica de los ingresos ha provocado un fuerte traslape descendente de las distintas capas sociales. Además, el impacto negativo en la calidad de vida ha cruzado a todo el universo, desde las familias de altos ingresos hasta quienes sobreviven en la extrema pobreza.

Pero si los adultos reaccionan con temor ante la incertidumbre del futuro inmediato, es fácil imaginar cuánto de esa angustia permea hacia el resto de la familia, especialmente sobre jóvenes y niños cuyas rutinas han sido anuladas de golpe, impidiéndoles realizar actividades esenciales en el proceso de alcanzar un desarrollo integral y saludable. El efecto psicológico de la pandemia en la población infantil y juvenil es un factor desconocido, cuyas consecuencias en la salud física y mental están aún por verse.

En este proceso complejo y cargado de incógnitas, se cruza un cúmulo de hipótesis, opiniones contradictorias de científicos y posturas antagónicas de grupos de interés -entre ellos, líderes religiosos que niegan la existencia del virus- capaces de confundir aun más a una población poco informada y temerosa, pero sobre todo sujeta a decisiones no consensuadas ni compartidas. La autoridad de los gobiernos ha sido, en este caso específico, un ensayo de prueba y error contaminado por los intereses de sectores de poder cuya menor preocupación es la salud pública y cuyo mayor interés reside en poner en marcha la economía, a cualquier precio.

El costo social de la pandemia es, hasta la fecha, difícil de calcular. En algunas naciones del continente, el grueso de la población vive alejada de los centros urbanos y sin presencia de Estado. Es decir, habitan en una esfera cuyos indicadores son desconocidos por las instituciones y en donde carecen de todos los recursos básicos de atención sanitaria. Al ser víctimas de una enfermedad tan devastadora como la provocada por el Covid 19 y sus variantes, sus esperanzas de vida se reducen al mínimo. Estas comunidades son, en su mayoría, integradas por los pueblos originarios que han sido históricamente marginados, desprovistos de poder económico, político, y asediados de manera constante en una batalla sin cuartel por sus tierras y sus recursos.

Para comenzar a entender el alcance de los efectos de lo vivido actualmente en el mundo es necesario dar una mirada a lo lejos, poner atención a lo que sucede más allá de nuestro entorno inmediato y todavía mucho más allá de nuestro limitado concepto de sociedad. En las fronteras urbanas está el inicio de una realidad distinta, cuyos indicadores representan el verdadero perfil de nuestros países. Al interior de las ciudades también existe otra frontera, otra división ilustrativa de la desigualdad, y es la marcada entre la población adulta y los amplios sectores de niñez y adolescencia, más afectados que nadie por este fenómeno sanitario complejo y desconocido que escapa a su comprensión y altera su vida de modo radical.

Vale la pena echar una mirada a la verdadera patria, la que hemos decidido ignorar.

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La dictadura dejó huellas dolorosas y profundas en la sociedad chilena.

Las recientes elecciones celebradas en Chile, en las cuales ha ganado por amplia mayoría Gabriel Boric, representando a una convergencia de partidos y organizaciones del abanico político desplegado desde el centro hacia la izquierda, han permitido constatar la fuerte división prevaleciente en esa sociedad. También ha dejado ver cómo el discurso del miedo, instituido desde los despachos en donde se diseñó la estrategia de la Guerra Fría, se ha mantenido inalterado por más de medio siglo en una buena porción de esa sociedad, el mismo sector que aspira a retornar a un sistema dictatorial. 

Este fenómeno, evidente durante la primera etapa de los comicios, en donde la extrema derecha superó a Boric por un mínimo margen, apoyando a un candidato abiertamente aliado de Augusto Pinochet -uno de los dictadores más sanguinarios del continente-, permite constatar la fuerza de la resistencia a un cambio con tendencia socialista en una de las sociedades más desiguales del continente. Sin embargo, la segunda etapa de la campaña se caracterizó por una toma de mayor distancia entre los mensajes de ambos bandos. 

Por un lado, los movimientos afines al cambio político, propuesto por el candidato de la izquierda, se unieron en un discurso de unidad y convergencia hacia la erradicación del sistema neoliberal que ha transformado a Chile en el paradigma de la desigualdad económica y social. Por el otro lado Kast, el candidato de la derecha, rodeado de una corte con características similares a las de los grupos neonazis europeos, lanzaba una campaña de falsedades, odio y temor con la intención de revivir los prolegómenos de un golpe de Estado que dejó secuelas imborrables en la sociedad chilena.

Ese intento de convertir las elecciones en un pulso entre la democracia y la tiranía -aun cuando esos extremos parecían pertenecer al bando contrario- logró algo que el candidato derechista no calculó bien: la derecha tradicional que lo apoyó en la primera vuelta de los comicios, resultó más inteligente que fanática y se desmarcó -tal como lo hizo el propio presidente Piñera- dejándolo solo en la recta final. El fascismo en el discurso de Kast y sus propuestas de retornar hacia un gobierno de corte pinochetista hizo retroceder a una gran parte de sus electores, a quienes esos extremos tampoco les parecía un escenario promisorio.

Pero hay que reconocer que los discursos de terror anticomunista, engendrados en plena Guerra Fría, constituyen aún un mecanismo de división social extremadamente efectivo. Hoy seguimos viendo en las redes sociales y en los medios de comunicación cómo resurge el odio hacia cualquier intento de cambio político, social y económico. Es la poderosa carga del pasado, cuyas cicatrices están visibles en un sector amplio de la sociedad chilena. 

Las propuestas del nuevo mandatario constituyen un compendio de medidas consensuadas entre todo un abanico de colores políticos; y, además, responden a las demandas de un amplio sector de la población. Entre ellas se incluye el respeto por las diferentes corrientes políticas; el apego irrestricto a la institucionalidad; el apoyo a al trabajo de la Convención Constitucional en su esfuerzo por redactar un nuevo marco de normas jurídicas, capaz de reflejar la realidad actual y erradicar la huella de la dictadura y, como una de sus prioridades, abrir los caminos para consolidar un sistema verdaderamente igualitario y democrático.

Las huestes de extrema derecha no han cesado en contaminar el ambiente con sus proclamas de odio y terror. La repetición de la mentira, una estrategia del nazismo, se ha transformado en su leit motiv con la intención de abrir aún mas las brechas que separan a la sociedad chilena. Su intención es clara: mantener la chispa cerca del combustible con el fin de provocar otra crisis que les favorezca. Esta vez, sus estrategias huelen a fracaso ante una ciudadanía mucho más activa y atenta. Una mayoría ciudadana que por fin se siente representada por un equipo joven y emprendedor, cuyas capacidades serán evaluadas durante los próximos cuatro años.

Erradicar el racismo y la desigualdad es todavía un objetivo difícil de alcanzar.

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Las condiciones de vida, desde el origen marcan el futuro y lo sellan.

No es difícil comprender cómo el cuidado amoroso y educado hacia un recién nacido es el punto de partida para una vida satisfactoria y exitosa. En ese trayecto fundamental de los primeros años, la nutrición es la materia prima para garantizar la formación de un cuerpo saludable y un cerebro plenamente funcional y activo, mientras el amor aporta su cuota en el bienestar y la confianza. Cuando estos elementos están ausentes, se genera un deterioro irreversible capaz de comprometer no solo las funciones orgánicas y la formación de un esqueleto sano y fuerte; también las capacidades intelectuales y la visión de sí mismo.

Por esta razón se podría afirmar que las naciones en donde impera la corrupción, regidas por gobiernos capaces de privar a la población de los recursos mas elementales para su supervivencia -Guatemala es el mejor ejemplo- son países distópicos. La distopía se caracteriza por ser una realidad que transcurre en términos opuestos a la utopía, representando un futuro indeseable para una sociedad hipotética. Es decir, un camino hacia la destrucción de sus fundamentos humanos. Es posible señalar a Guatemala como el ejemplo representativo de esta condición peligrosa, ante datos tan esclarecedores como ciertos indicadores de desarrollo social que la sitúan a la cola de las naciones. Entre ellos, su escandaloso índice de desnutrición crónica infantil -49.8 por ciento, es decir uno de cada dos niños- o el cociente intelectual promedio para la población guatemalteca, situado en 47.72 puntos, cuando el promedio mundial gira entre los 85 y 90 puntos. A esto se debe añadir que la población de este país presenta la estatura más baja a nivel mundial (The Lancet) y se encuentra en el lugar 142 de entre 195 países en el Índice de Seguridad Global en Salud.

Esta situación lleva a Guatemala hacia un futuro distópico garantizado. El trabajo fino, la trama perversa cuyos efectos se plasman en esos terribles indicadores, tiene una identidad reconocible: la cúpula económica de carácter colonialista de esa rica nación centroamericana. Desde el corazón de la organización empresarial, convertida en un cártel explotador, surge ese cuadro de miseria y corrupción que ha colocado a ese país en una ruta certera hacia el fracaso. Las consecuencias están a la vista en decenas de miles de guatemaltecos que prefieren arriesgar la vida y emprenden el camino hacia el norte, sin garantía alguna de éxito.

Desde el retorno a la democracia sus gobiernos, sin excepción alguna, han obedecido fielmente los mandatos de las cúpulas económicas -respaldadas con fidelidad por un ejército alejado de su naturaleza- y se han dado a la tarea de socavar la institucionalidad para convertir a Guatemala en un territorio controlado por los cárteles de la droga y un sector político venal, divorciado del mandato constitucional. Dados los indicadores vergonzantes en donde se evidencia el profundo deterioro de este país, se puede colegir cuanto esfuerzo requeriría volver a situarlo en la ruta del desarrollo.

La estrategia del sector dominante ha tenido un impacto indiscutible en la consolidación de un sistema tan eficaz. Cada cuatro años, la población de Guatemala elige a un individuo -ya destinado a ocupar su primera magistratura- elegido en el corazón del poder económico y lanzado a un circo electoral de mentiras. Corren así las tácticas más pedestres para atraer a los electores, quienes han sido bombardeados por las viejas consignas de la Guerra Fría y la machacona insistencia en una visión racista y discriminatoria para mantener latente la división social. Es decir, los hilos se manejan desde los despachos herméticos del poder económico y la ciudadanía -gracias a una efectiva política estatal de obstrucción de la educación- termina por ceder ante la fuerza de campañas millonarias y ofertas oportunistas.

La educación, como ya se ha repetido en tantas ocasiones, es indeseable para quienes detentan el poder. Por ese motivo tan evidente es que gobiernos como el guatemalteco secuestran los programas educativos y escatiman fondos para el desarrollo de su infraestructura. En el fondo, se trata de convertir a las nuevas generaciones en un recurso económico más.

Cuando gobierna el capital, la ciudadanía se convierte en un activo más.

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Solemos creer, ingenuamente, que sabemos cómo actuar en sociedad.

Con peligrosa frecuencia se ignora el significado de ejercer la ciudadanía. El peligro reside en el hecho de que, aun cuando este estado cívico implica compromisos, obligaciones y una conciencia madura para desempeñar el papel correspondiente en la comunidad a la cual pertenecemos, en la actualidad esta toma de conciencia es una rareza digna de estudio. De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, se considera ciudadana o ciudadano a “una persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a su vez, a sus leyes.”. Esta es una de tantas definiciones relacionadas con un tema que trasciende desde las más profundas discusiones de los filósofos de todos los tiempos.

Esta reflexión viene al caso dados los movimientos electorales en nuestro continente latinoamericano. Al observar el desempeño de estas sociedades, enfrentadas a una elección de autoridades y, por ende, al futuro inmediato de la trayectoria de su país, se puede apreciar cómo los sistemas político económicos imperantes han transformado estos procesos en una competencia ajena al verdadero significado de la función del estadista. Por el contrario, los bandos suelen sumirse en una contienda cargada de trucos de mercado y argumentos falaces con el objetivo de vencer al oponente.

Ante este circo de pésimo gusto, la ciudadanía se siente atrapada y sin opciones, dada la manera cómo se han ido amarrando los hilos de legislaciones totalmente controladas por las clases dominantes. De este modo, el ejercicio del supuesto poder ciudadano se ve limitado a marcar un voto en una papeleta. A partir de ahí, las cosas suelen suceder como si ese voto fuera la firma sobre un cheque en blanco. El problema de ignorar los alcances de la responsabilidad y derechos implícitos en la calidad de ciudadano es, precisamente, la impotencia ante el abuso de poder tan frecuente en nuestros países después de un proceso electoral.

Un ejemplo de la ausencia de poder ciudadano es la impunidad sobre las promesas incumplidas por quienes alcanzan el poder. Ante esta falta grave de las nuevas autoridades, el pueblo actúa con resignación, convencido de no poseer los instrumentos legales para exigir cumplimiento. Sin embargo, muchos de esos instrumentos existen en sus textos constitucionales, textos que la abrumadora mayoría de los habitantes desconocen. Esta es una de las grandes falencias de los sistemas educativos de nuestros países, estrategia hábilmente concebida para mantener al pueblo en la ignorancia.

El elevado abstencionismo presente en países cuya legislación permite a los electores no ejercer su voto, es una prueba fehaciente de cómo los sistemas políticos han fallado al no reforzar el concepto de responsabilidad cívica entre sus nuevas generaciones. Todo lo contrario, se las incita a despreciar el ejercicio de su ciudadanía como una manera de rechazar lo impuesto por los centros de poder, cuando en realidad se debería poner a su disposición toda clase de recursos educativos para guiarlos hacia una efectiva toma de conciencia y una participación activa como miembros de la sociedad.

El grave peligro de dejar las decisiones en manos de quienes han demostrado falta de ética, carencia de escrúpulos y un bagaje ideológico capaz de llevar a nuestros países al borde de la guerra civil, procede del impedimento del ejercicio de una ciudadanía consciente e informada, única vía para fortalecer nuestras inestables democracias. El solo hecho de elegir a gobernantes corruptos, fascistas y con un discurso abiertamente agresivo contra los derechos de la población, es la demostración fehaciente de cuanto necesitamos mayor conciencia ciudadana. El desafío es cada vez mayor, al considerar la influencia de potencias ajenas a los intereses nacionales, empeñadas en una competencia global por el control geopolítico. 

Nuestros pueblos necesitan comenzar a salir del letargo en el cual los ha sumido el miedo y la impotencia. Pero nuestros pueblos no se reducen a las grandes urbes; comprender esa realidad es un paso importante para asimilar la dimensión del desafío.

El discurso político está dirigido a sociedades poco capacitadas para incidir.

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La mentira es el recurso de los tiranos; reproducirla es un acto de corrupción.

Desde el invento de la imprenta hasta la explosión mediática a través de la red global, en donde se cruza toda clase de información pública y privada, las comunidades humanas se han visto condicionadas a consumir lo que otros proveen. Desde el humilde volante hasta los mas sofisticados trabajos de impresión, todo material de lectura y/o de imágenes trae consigo un factor de credibilidad inmediata, previo a ser analizado, confrontado con sus fuentes y considerado veraz. Por esa cualidad intrínseca del poder de la palabra, es tanto mas peligrosa la desviación ética de estos recursos.

A pesar de conocer -de manera intuitiva o comprobada- esta debilidad de los medios informativos, la mayor parte de la población mundial consume vorazmente sus contenidos y actúa de acuerdo con esas propuestas. Esto tiene un especial impacto durante los procesos electorales en países en vías de desarrollo, en donde las grandes mayorías carecen de elementos de juicio para separar la paja del grano y sacar sus propias conclusiones. Esta debilidad obedece generalmente a políticas de Estado enfocadas en obstruir los accesos a la educación pública de calidad.

Un pueblo educado es un peligro para la clase política y las élites económicas, lo cual se traduce en la consolidación de sistemas informativos tendentes a manipular la conciencia ciudadana en todos los niveles posibles. La administración de los recursos públicos -tales como las frecuencias para la transmisión por radio y televisión- en manos de gobernantes venales, ha convertido a estos recursos estratégicos en un botín y, por consiguiente, en una amenaza para la estabilidad democrática de naciones débiles. La influencia ejercida por medios masivos de comunicación, capaces de llegar a todos los rincones, es un arma efectiva en la búsqueda de un poder político absoluto, dentro de un sistema de explotación y dominio económico corrupto.

En esta actividad han estado empeñados, a lo largo de la historia de nuestro continente, importantes medios de comunicación, cuya incidencia en las políticas locales se ha basado en la mentira y la desinformación, coludidos con los grupos de poder y poseedores de una enorme capacidad para difundir conceptos, ideas y propuestas dirigidas a la conservación de un sistema caduco e ineficaz de gobernanza. Estos son los medios de la infamia, cuya labor ha consistido de manera consistente en destruir la dinámica propia de las democracias, por medio del engaño.

Ante ese poder mediático inmenso, cuya red tiene alcance continental y se administra desde la distancia en despachos inaccesibles por individuos capaces de negociar sus privilegios con los gobiernos locales, la ciudadanía está totalmente indefensa. Su derecho a la información -un derecho consagrado por textos constitucionales y pomposos acuerdos internacionales- es violado a diario por estos medios enemigos de la ética periodística. Ese poder se traduce en la consolidación de sistemas políticos capaces de frenar el desarrollo de los países y mantener a los pueblos bajo el yugo de la miseria, pero más destructivo aún es su efecto en la mente de millones de seres humanos.

A esta infame dictadura mediática se oponen los esfuerzos de un gremio periodístico independiente que lucha desde plataformas alternativas -y de algunos medios tradicionales éticos- con el propósito de ofrecer la otra cara de la moneda: información veraz, investigada a fondo, comprobada, de interés público y capaz de arrojar una potente luz sobre la opacidad de los gobiernos. Esta prensa independiente, sin embargo, sufre constante acoso y amenazas desde los centros de poder político y económico, para los cuales la información ética representa una amenaza a sus privilegios. Para la ciudadanía, este esfuerzo titánico de periodistas dignos y consecuentes constituye un valioso recurso, pero también una vía para la recuperación de su espacio de participación cívica. Apoyar al auténtico periodismo y aprender a distinguir la verdad de entre la abundancia de mentiras mediáticas, es una habilidad fundamental para estos tiempos.

El poder de la palabra es también un arma de doble filo.

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Atrapados en un circo de dudas y promesas, no prevemos el desenlace.

Recuerdo cuando lo más emocionante de los espectáculos circenses era el episodio de los leones. Claro que en esos tiempos ni siquiera rozaba mi mente la crueldad de semejante acto y, por supuesto, tampoco intuía el peligro implícito en tal salvajismo. Hoy estamos más o menos en la misma situación, pero ante una fiera invisible y letal que nos acecha desde los rincones más inesperados. Es un virus mutante -como todos los virus- cuyo poder ha condicionado nuestra existencia de modo tan sutil y perverso que ni siquiera somos capaces de medir su potencia.

En el transcurso de las muchas décadas vividas hasta hoy, jamás imaginé que el miedo se instalaría con tanta facilidad en todas las comunidades humanas al mismo tiempo; y tampoco imaginé que fuéramos incapaces de sopesar el peligro implícito en un experimento sanitario como el que nos tiene condicionada la conducta. Observo el entorno y me sorprende nuestra capacidad de adaptación a las situaciones más extremas, hasta el punto de ni siquiera cuestionar la pertinencia de las normas bajo las cuales transcurre nuestro día a día.

Esto me obliga a dar una mirada alrededor para calcular el alcance del cambio. Sin embargo, resulta imposible cuantificar el impacto del nuevo escenario en los sectores de la niñez y la juventud, quienes de golpe y porrazo se han visto confinados, limitados en sus movimientos, enclaustrados en hogares muy pocas veces aptos para un encierro prolongado y, peor aún, privados del juego, la diversión y el aire libre. Las consecuencias de largo plazo son un enigma, pero sin duda serán una realidad capaz de afectar de manera profunda a las nuevas generaciones. 

Hoy observamos a los leones en el ruedo con la emoción del riesgo, creyendo a medias en la capacidad del domador para evitar que nos devoren, pero sin la seguridad de que ese domador sepa bien cómo hacerlo. Lo mismo sucede con el círculo cerrado de la ciencia: allí están las opiniones expertas sobre las variantes del virus, las discusiones a favor y en contra de las vacunas, las dudas razonables respecto de nuestra capacidad para incidir en todo ello y, por encima de todo, el temor a perder el control sobre nuestro derecho a elegir cuáles decisiones tomar.

Por sobre esa incertidumbre se han instalado, por conveniencia política, las estrategias de los círculos de poder; estrategias sobre las cuales no solo no se nos informa, sino simplemente se aplican con el propósito de controlar nuestros derechos y libertades poniéndoles un cepo aparentemente adecuado a la situación. De ahí que el entorno mediático -el cual siempre ha respondido a intereses hegemónicos- haga énfasis en la necesidad de la sumisión colectiva y la aceptación ciega de normas restrictivas, muchas veces rayanas en el abuso de autoridad. Pero siempre a favor de las élites en el poder.

No es de sorprender, por lo tanto, el incremento de la violencia contra niños, niñas, jóvenes y mujeres cuyo estatus es precario. También contra periodistas y líderes comunitarios. Esto, porque esos importantes sectores de la sociedad, a pesar de sus batallas, continúan sufriendo los ataques de un sistema represivo y deshumanizante. Por eso, desde las tribunas observamos con tanto temor a los leones en el ruedo. Porque el espacio conquistado gracias al despertar de sectores sociales comprometidos con el cambio ha disminuido por culpa de esa fiera invisible y oportunista cuyo ataque ha trastornado las reglas del juego y nos tiene atrapados contra las cuerdas.

La transformación de nuestro entorno ha sido tan progresiva y sutil como para habernos habituado, casi sin sentirlo. Esa adaptación es una de las características de nuestra especie y nos ha favorecido a lo largo de los tiempos; sin embargo, ante este escenario de incertidumbre y temor hemos entregado las armas y nos hemos sometido a las decisiones de otros, con muy escaso poder de participación y menos capacidad aún para calcular sus alcances, en toda su magnitud. El tiempo nos lo dirá.

La incertidumbre se ha convertido en otro ingrediente normal de nuestro día.

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Mucho se discute sobre temas políticos, pero falta una visión más humana.

Uno de los sentimientos más dolorosos y dañinos es la impotencia ante la injusticia. Lo hemos vivido desde la más temprana infancia, cada vez que recibimos un castigo por una acción que nunca cometimos. A veces, lo que parece un simple detalle destinado a ser olvidado entre tantas otras experiencias, queda grabado como un dolor latente y un peligroso germen de rencor, sentimientos capaces de contaminar las relaciones interpersonales, pero también nuestra visión de la autoridad y de la sociedad a la cual pertenecemos. 

A medida que vamos creciendo y acumulando conocimientos, de manera instintiva creamos un pequeño universo personal desde el cual definimos nuestro modo de comunicarnos con los demás. Este núcleo íntimo, desde el cual se consolida una amplia gama de formas de relacionarnos con el mundo que nos rodea, ya ha sido marcado por las experiencias vividas desde que nos arrojaron al mundo. La importancia de la primera infancia, por lo tanto, no solo es decisiva en el desarrollo de la personalidad y la autoestima; también deja su impronta en nuestro presente y nuestro futuro, de manera indeleble.

Desde esta perspectiva, resulta mucho más real y humana la visión de lo que sucede con nuestros pueblos y, con especial énfasis, en todo aquello que determina la conducta y actitud de las nuevas generaciones, nacidas en un contexto de egoísmo, injusticia, hambre y carencias vitales. Generaciones perdidas -como se las define sin mayor empatía- sobre cuya situación somos, si no culpables directos, sí cómplices por nuestra forma de aceptar su condición de marginados y evitar involucrarnos en la exigencia de un cambio radical en las políticas vigentes.

Los sistemas de gobernanza, fundados desde siempre sobre la búsqueda del poder absoluto y la preeminencia de la riqueza material por sobre el bienestar de los pueblos, nos han transformado en recursos materiales de distinto valor y, de este modo, se nos define por categorías en escalas descendentes. Este orden social condiciona nuestra visión del mundo pero, más grave aún, nuestra visión sobre los demás y profundiza no solo el divorcio entre estratos sociales, también nuestra incapacidad de empatizar con quienes han sido relegados a la base menos beneficiada de nuestras comunidades humanas.

Aquello capaz de dividirnos en categorías -una valiosa herramienta para el neoliberalismo- no es más que un recurso anti democrático para consolidar la fuerza política y económica de quienes detentan el poder. Este mecanismo destructor de nuestro tejido social, sin embargo, es avalado sin reservas por una gran mayoría de habitantes de nuestro continente. Esto, porque también los sistemas de información -en cuenta, los medios de comunicación masiva en manos de las élites- enfatizan en las dudosas bondades de un sistema que nos arrasa. Nunca más acertado el lema “divide e impera” utilizado por Julio César, el emperador romano, como base de su política para hacer de su reinado una fortaleza indestructible.

Quienes poseen una visión completa y profunda de este gran conflicto que nos plantea el mundo en el cual intentamos vivir, están sumidos en una batalla interna entre la urgencia de una verdadera revolución -capaz de transformar la estructura de poder desde sus bases- y el temor a la violencia que esta podría provocar desde los ámbitos de privilegio, los cuales se encuentran sólidamente asentados en el sistema actual. En medio de esta dicotomía quedan esas nuevas generaciones privadas de recursos materiales e intelectuales, criadas en un entorno de violencia doméstica y social y, por tanto, sometidas a las decisiones de quienes se benefician de sus carencias. 

Transformar este escenario de injusticias es una tarea urgente que plantea enormes desafíos. Entre ellos, la necesidad de proporcionar a los mas jóvenes algún atisbo de esperanza sobre su futuro, una tarea vital para enderezar el rumbo de nuestras jóvenes democracias, aunque se oponga a ello nuestra atávica indiferencia: un serio problema a resolver.

El futuro reside en una juventud privada de conocimientos y de autoestima.

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Ningún sistema democrático se sostiene sin una real libertad de expresión.

Pocas acciones despiertan mayor temor en los círculos políticos y económicos como el ejercicio de un periodismo crítico, independiente, ético y sin compromiso alguno con esos sectores. De ahí que las reacciones viscerales de ciertos gobiernos hundidos en la corrupción, hayan escalado hasta transformar el desempeño periodístico en un severo riesgo de persecución, acoso y, en muchos casos, la muerte de quienes se hayan atrevido a traspasar la línea de lo tolerado por las mafias en el poder.

Existe una sutil diferencia entre la libertad de expresión y la libertad de prensa. Ello, debido a que la primera se refiere a un derecho individual reconocido en todo el mundo por medio de tratados y convenciones; y la segunda -es decir, la libertad de prensa- incluye en su concepto el derecho soberano de los pueblos a ser informados con veracidad y amplitud sobre todo acto, decisión y compromiso de quienes poseen el timón de la vida institucional y jurídica de sus naciones y sobre los acontecimientos de interés social y cultural.

Por lo tanto, los ataques perpetrados por los sectores más poderosos en nuestros países contra esas libertades, ya consagradas en sus respectivos textos constitucionales, es una violación y un delito cometido en contra de la base misma del sistema democrático que han jurado respetar. Durante las recientes décadas se ha observado, asimismo, cómo la mayoría de medios masivos de comunicación -en su calidad de empresas y totalmente ajenos a su espíritu periodístico- se han plegado a los planes de los sectores más poderosos y actúan como un ente político y un reproductor de consignas y falsedades hacia los más amplios sectores de la sociedad.

De esta cuenta, el periodismo independiente y digno se ha ido recluyendo en plataformas cada vez mas reducidas y ello gracias a fuentes de financiamiento débiles y precarias. El resultado de esta estrategia para silenciar a la prensa ética es uno de los grandes logros de los gobiernos y sectores empresariales aliados en un pacto de corrupción y silencio. 

Sin embargo, la reacción de quienes intentan salvaguardar la integridad del ejercicio periodístico, aun cuando choca contra enormes intereses corporativos y opacos pactos políticos, demuestra una vez más que no será fácil callar a la prensa, porque de ella depende no solo la frágil democracia, sino también la seguridad ciudadana frente a los actos intimidatorios de los cuerpos armados del Estado y los actos delictivos de sus autoridades.

Un estudio de la Unesco reveló la gran preocupación de esa agencia por el riesgo implícito en el ejercicio de la profesión, refiriéndose específicamente a América Latina como la región en donde se producen más asesinatos de periodistas. Así también lo manifestó el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, al expresar: “Cuando se ataca a un periodista, toda la sociedad paga el precio. Si no protegemos a los periodistas, nuestra capacidad para mantenernos informados y adoptar decisiones fundamentadas se ve gravemente obstaculizada.  Cuando los periodistas no pueden hacer su trabajo en condiciones de seguridad, perdemos una importante defensa contra la pandemia de información errónea y desinformación que se ha extendido por Internet”. A ello se debe añadir que la impunidad en los asesinatos de periodistas es de 9 de cada 10 casos y la persecución suele ampliarse hacia su círculo familiar.

Estas declaraciones del Secretario General no impiden el ataque concertado entre sectores de poder sobre quienes han decidido mantenerse firmes en su afán de investigar, difundir y arrojar luz sobre los actos de interés público, los mismos que entes poderosos insisten en mantener en las sombras. Por ello, son los ciudadanos, en su calidad de víctimas de este ataque contra su libertad de acceso a la información, quienes deben mantenerse alerta y exigir el cese del hostigamiento contra los profesionales que arriesgan su seguridad y su vida por mantenerlos debidamente informados.

Lo más peligroso para la estabilidad democrática es el silencio de la prensa.

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