El país enfrenta una batalla similar a las de otras naciones africanas.
Cuando las potencias ponen sus ojos, sus capitales y su influencia en las riquezas de naciones más débiles y dependientes, es el momento cuando estas naciones dejan de serlo para transformarse en colonias proveedoras y engrosar el patrimonio de otros. Ese colonialismo crudo y sin disimulos, al cual nuestros pueblos resisten desde sus débiles posiciones, arrasa con todo; incluso, con el concepto mismo de soberanía. Los ejemplos de la explotación de increíbles tesoros naturales en el gran continente africano -con la consecuente destrucción de sus sistemas políticos- deberían abrir los ojos de sociedades mejor provistas de recursos.
Pero eso no sucede. El sistema político-económico al cual se ha condenado a nuestro continente y cuya cauda ha sido la eliminación de líderes, la imposición de dictaduras de extrema derecha (obvias o disimuladas) y la miseria para las grandes mayorías, ha sido perfeccionado a tal extremo que sus consecuencias pasan inadvertidas tras los manidos argumentos de la “inversión extranjera” como la gran panacea para alcanzar el desarrollo. Esta falacia se repite en todos los discursos, cubriendo la extensión completa del abanico político.
El escenario de El Estor, en Guatemala, es uno de los ejemplos más representativos de este escenario de explotación cruda y sin paliativos. Se militariza la zona de explotación minera, se establece un estado de sitio, se criminaliza toda acción comunitaria, se reprime a la prensa y se dedica el apoyo incondicional de la fuerza pública a la tarea de “limpiar el terreno” para evitarle inconvenientes a las compañías suiza y rusa que se han adueñado de él, con la plena colaboración de los 3 poderes del Estado.
Las imágenes de la explotación y saqueo de las “tierras raras” de El Estor son pavorosas. Pero esto no es nuevo ni desconocido en otras regiones de ese país, caracterizado por sus increíbles paisajes y sus enormes recursos naturales. Guatemala ha sido secuestrada por su cúpula empresarial con la complicidad de una casta política tan podrida como aquellas que condenaron al África a ser ejemplo de miseria, muerte y aniquilación de su patrimonio. La búsqueda de minerales valiosos representa una condena a muerte para uno de los países más bellos del continente. Pero eso no es todo: esa colonización, por parte de las grandes corporaciones, no deja nada para los dueños de la riqueza; solo deja la prostitución de sus entes políticos y a una sociedad enmudecida, temerosa y sometida a la violencia cotidiana.
En las redes sociales se ha podido observar a la Policía Nacional Civil -una fuerza represiva que no aporta seguridad a la ciudadanía, por ser otro de los entes más corruptos- trotando como perros amaestrados a la par de las enormes góndolas de la compañía minera, mientras en el resto del país las pandillas y las organizaciones criminales operan a su antojo. El desempeño de las autoridades, empezando por el más débil, inmoral y corrupto de los presidentes de la región, está centrado en el saqueo de lo poco que va quedando en Guatemala, después de una larga cadena de administraciones caracterizadas por su comportamiento delictivo.
Los pobladores de El Estor -que, por cierto, es uno de los más bellos parajes de esa nación centroamericana- viven en un ambiente de represión y temor por el solo hecho de oponerse a la destrucción de su entorno, al robo descarado de sus recursos y a la represión injusta impuesta por el gobierno. Amparada por una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, la cual en 2020 ha declarado suspendidas las operaciones de la minera, la comunidad de El Estor exige, en su pleno derecho, el retiro de la compañía minera y el cese de los operativos represivos impuestos por el gobierno de manera inconstitucional. Es importante señalar que el operativo de esas compañías descansa, al parecer, sobre un convenio ilegal e ilegítimo, cuyo único propósito es engrosar los bienes mal habidos del mandatario y su pandilla.
Lo único que dejarán las operaciones mineras es destrucción, más miseria y menos agua.
Llegará el día en que nos cobren la cuenta por nuestra indiferencia.
Habitamos un mundo cargado de intrigas y fantasías. Un mundo en el cual nos han enseñado que la solidaridad, la igualdad de derechos y la participación política no son los caminos para obtener el bienestar y la estabilidad que perseguimos. Por el contrario, hemos sido programados desde muy jóvenes para seguir las rutas trazadas por otros, cuyos intereses -adversos a los nuestros- nos alejan del centro medular de las decisiones que afectan a la sociedad. De ese modo, como un rebaño bien entrenado, ingresamos sin oposición alguna en un sistema capitalista deformado y deformante cuyos efectos sociales, económicos y políticos, son diametralmente opuestos a las posibilidades de alcanzar el desarrollo. Y lo hacemos convencidos de estar en el lado correcto.
La concentración extrema de la riqueza en nuestros países lleva un signo único: la corrupción. Es decir, la imposición de una forma de quehacer político y económico cuya característica es la falta de valores morales y humanos, como instrumento a favor de la marginación de los pueblos en los procesos de toma de decisiones, el empobrecimiento de la clase trabajadora y la exclusión de las mujeres y la juventud de los escenarios políticos. Esto ha garantizado la consolidación de sistemas de gobierno cada vez más reñidos con los valores democráticos, peligrosamente orientados a conseguir el poder absoluto.
El afán de buscar respuestas a la necesidad de fortalecer a nuestros Estados y buscar los caminos del progreso -caracterizado por una importante dinámica iniciada por intelectuales, ideólogos y economistas durante las décadas de los años 50 y 60 del siglo pasado- terminó consumido por la fuerza de una Guerra Fría de increíbles recursos mediáticos, psicológicos y políticos, mediante la cual se estableció un sistema de explotación de nuestros patrimonios naturales y la imposición de una ideología de tercer mundo. A partir de ahí se comenzó a entorpecer todo intento de industrialización y desarrollo tecnológico de nuestros países, con el propósito de mantenerlos bajo un régimen de dependencia que hoy se manifiesta en los más bajos indicadores socioeconómicos, así como en una abrumadora caída de amplios sectores de la sociedad en la extrema pobreza.
En esa dinámica se han ido perdiendo voces; los monopolios televisivos, la transformación de los medios masivos de comunicación en reproductores del discurso oficial y de los núcleos de poder económico han privado a las sociedades de una de las bases fundamentales de la democracia, cual es la plena libertad de expresión y el derecho a la información sin restricciones. Los marcos jurídicos han ido derivando hacia la protección de estos sistemas de privilegios para terminar legalizando un juego ilegítimo de reciclaje político.
Mientras eso sucede, callamos. En una actitud cercana a la mansedumbre, nos quedamos paralizados observando esta caída libre en los abismos de la dictadura, esperando a que otros reaccionen y nos salven de la catástrofe. Gracias al discurso de los vencedores, hemos terminado convencidos de que solo existe la vía pacífica para recuperar lo poco que queda de institucionalidad y ni siquiera somos lo suficientemente lúcidos para comprender que esa institucionalidad ha sido la primera en declarar la guerra armada con represión, invasión de territorios, saqueo y eliminación física de comunidades enteras y de los contados líderes que podrían guiarnos hacia un renacer de la democracia.
Mas temprano que tarde, nos arrepentiremos por no haber reaccionado a tiempo, por haber permitido la consolidación de gobiernos y cúpulas económicas y políticas opuestas al desarrollo integral de nuestros países y al bienestar de nuestros pueblos; y, sobre todo, por permitirles legislar en contra nuestra a pesar de representar, en teoría, los intereses superiores del pueblo. La indiferencia de hoy es un generoso aval para nuestros enemigos.
Vamos en caída libre, sin red de protección ni conciencia del hecho…
Hemos nacido -los mestizos de las urbes- con un sello en la mirada.
“Cuando nací
me pusieron dos lágrimas
en los ojos
para que pudiera ver
el tamaño del dolor de mi gente.” (Humberto Ak’abal)
La vida del indígena latinoamericano trae, desde el nacimiento, el sino de la resistencia. Siglos han transcurrido y los habitantes originarios de este exuberante continente han perdido poco a poco sus territorios y, durante ese proceso cruel e injusto, les han arrancado las raíces para empobrecerlos, amansarlos y convertirlos en esclavos. Sin tierras ni poder, sus luchas acaban sobre el terreno de sus cuerpos. Así es como la colonización se hizo eterna e inevitable, apoyada sobre las columnas del racismo, la discriminación, el despojo y la garantía de impunidad para quienes perpetran su exterminio.
El proceso de “pacificación” de los territorios habitados por los pueblos originarios no ha sido más que una política genocida concebida en los núcleos de poder económico y político. Las comunidades, sin embargo, se mantienen firmes en la defensa de sus derechos y una generación tras otra logran sobrevivir a pesar de la constante amenaza del desalojo y la muerte. No hay país en el continente en donde los pueblos originarios posean el estatus de ciudadanos con plenos derechos y oportunidades. En todas nuestras naciones latinoamericanas han sido perseguidos como si fueran ellos los invasores. Y, en todas ellas se habla, sin vergüenza ni recato, del “problema indígena”.
Entretanto, los núcleos urbanos poblados por una sociedad mestiza e indiferente a la realidad de otras regiones y otras comunidades, perpetúa el estatus avalando, con su voto y su pasividad, los abusos de clases políticas vendidas a los grandes empresarios y sumisa ante los dictados de una comunidad internacional aliada con las multinacionales. La pérdida de territorios ancestrales se suma, entonces, a la irremediable destrucción del hábitat de valiosas especies y de abundantes recursos naturales, propiedad de las naciones arrasadas por la codicia.
La resistencia indígena ante la invasión de sus territorios, sus pueblos y aldeas, sus campos de cultivo y su entorno -sumido en el subdesarrollo por fuerza y voluntad de quienes intentan desalojarlos- pende de un delgado hilo: la conciencia de sus derechos. En su contra, se ha instrumentalizado desde los centros de poder todo el aparato jurídico, con el objetivo de justificar la aplicación de la represión cuando estas comunidades ejercen su derecho a protestar y exigen ser escuchadas. Mientras tanto, los sicarios a las órdenes del gran capital se dedican a identificar,
y asesinar a sus líderes, y acosar a sus legítimas autoridades.
Desde donde nos encontramos, en la comodidad de la burbuja, observamos la tragedia de nuestros compatriotas como si ellos existieran en otra galaxia, alejada de nuestra pequeña cotidianidad. No hemos entendido que el dolor de los otros es nuestro dolor. Que sus tragedias nos van a golpear en el centro mismo de nuestra indiferencia. Que también en nuestro código genético están los colores de sus textiles y la aspereza de sus destinos. Mientras negamos la realidad, esta nos coloca frente a nuestra incapacidad de aceptar una identidad rechazada por pura costumbre de repetir estigmas.
Este prurito de sentirnos ajenos es lo que condena a nuestros países a ser proveedores baratos para el primer mundo; una realidad que se asemeja a la rueda de molino en su eterno girar, sumiéndonos en la miseria. La resistencia de los pueblos originarios ante la depredación y la corrupción de las autoridades debería ser la lucha general, el campo de batalla deberían ser también las grandes avenidas, esas en donde nos sentimos ajenos al devenir de la Historia. De no hacerlo, será más temprano que tarde cuando nos veamos sumidos en la catástrofe.
La Historia se repite una y otra vez, pero las víctimas siempre son los “otros”.
En el inicio de las comunidades humanas prevaleció una visión de futuro.
En nuestra estrecha perspectiva de las cosas, al hablar de cultura tendemos a enmarcarla en objetos y manifestaciones específicas, la mayoría de ellas ligadas al arte y a sus derivados. Desde la imposición de un marco de valores cuya principal característica es la importancia de lo material por sobre lo social y humano -el capitalismo a la cabeza- hemos perdido la noción de la riqueza implícita en el tejido social, independientemente de su nivel económico o su posición en la pirámide, especialmente en lo referente a su relación con el entorno.
Las sucesivas crisis en donde se han sepultado las esperanzas de progreso de millones de seres humanos alrededor del planeta, han hecho brotar una especie de renacer de las culturas originarias, las cuales básicamente consistían en alimentar, proteger, resguardar y enriquecer a los pequeños núcleos de habitantes en territorios salvajes y de difícil control. De ahí el surgimiento de iniciativas -muy especialmente en grupos de escasos recursos- para volver los ojos a la tierra. En estos días de lecturas variadas, me han llamado la atención aquellas enfocadas sobre esta variante fundamental de nuestras culturas, caracterizadas por su relación con la madre tierra y, como parangón, con la madre humana.
La mujer es fuente de vida. Esta afirmación resulta redundante frente a las evidencias de su papel como protagonista del fenómeno de la reproducción humana, su cuidado y su educación. Pero además, su naturaleza la convierte en un factor fundamental en la protección de su entorno y la continuidad de distintas manifestaciones de su cultura, de su comunidad y, como corolario de esa actuación primigenia, de su capacidad de regresar a la tierra y convertir la azada en su pincel para crear un vergel en un campo yerto. Eso, para mí, es cultura.
En Perú, un grupo de mujeres, la mayoría de ellas en edad de retiro, decidieron cultivar el desierto. En el parque abandonado de uno de esos conglomerados habitacionales en donde el factor común es una pobreza alucinante, han creado un enorme huerto comunitario. Un esfuerzo gigantesco que ha provisto de recursos y alimentos a una comunidad que no los tenía. Un esfuerzo de mujeres capaces de romper la inercia de la costumbre de no tener, para establecer un antes y un ahora distinto y cargado de esperanza.
La mujer -como una característica propia de su condición- también es la guardiana de la naturaleza: de los bosques, de los ríos, de la integridad del territorio; y, por esa elevada misión, ha sido perseguida y eliminada, como si salvaguardar las fuentes de vida fuera un acto de terrorismo. Innumerables vidas de mujeres lideresas han sido segadas en nuestro continente y alrededor del mundo por quienes intentan detener su lucha y evadir a la justicia. Estos actos de extrema crueldad demuestran hasta qué punto la voluntad de esas mujeres puede cambiar la ruta del despojo y hacer prevalecer el derecho del ser humano sobre su ambiente.
La reciente iniciativa de las máximas responsables de los temas de ambiente y derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas -Inger Andersen y Michelle Bachelet- cuyo esfuerzo ha resultado en la declaración oficial de la ONU de que tener un ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano, pone en evidencia una vez más el compromiso y la responsabilidad de las mujeres en su lucha por la supervivencia de nuestra y de todas las especies que nos acompañan en la ruta.
Si la cultura es el conjunto de saberes acumulados por la Humanidad en su camino, entonces la protección de la vida en todas sus manifestaciones es un acto reivindicatorio ante los intentos del sistema económico de destruir lo poco que queda de las riquezas naturales del planeta; este afán del capitalismo salvaje tiene un solo propósito: acumular una riqueza que, ante el dantesco escenario de la destrucción de nuestro entorno, no servirá de nada. Los esfuerzos de las comunidades de mujeres, entonces, conjugan en sí mismos los valores de la vida y la cultura. Nuestra obligación es apoyarlas y protegerlas.
La mujer en un factor fundamental en la protección de su entorno.
El Cacif vuelve a las andadas y hoy se roba la marca de la Feria Internacional del Libro.
Al empresariado organizado en Guatemala -el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, Cacif- nada le seduce más que apoderarse y destruir cualquier iniciativa capaz de poner en peligro su estatus de súper poder. Como a todas las camarillas con pretensiones de soberanía absoluta sobre los súbditos, si algo les estorba es la educación y el fortalecimiento del tejido social por medio del conocimiento, la investigación y la transmisión libre del saber. Por eso, y por el éxito obtenido por la Feria Internacional del Libro en Guatemala durante los años transcurridos desde que la gremial de editores iniciara el proyecto, han decidido poner punto y final a ese peligroso afán de enseñar a las nuevas generaciones el amor por la literatura y otras formas de cultura.
No podía ser de otro modo. Los patrones de Guatemala, quienes deciden quién vive y quien no y hacen su voluntad por medio de sus aliados políticos, no pueden permitirse perder el control de ese escenario de actividad intelectual. Ellos han re escrito el viejo y cruel lema de “la letra, con sangre entra” por uno más conveniente y adaptado a los tiempos “la letra, con poder se elimina” y así, de golpe y porrazo, deciden poner candado a las legítimas aspiraciones intelectuales y culturales de la sociedad que, según ellos, les debe obediencia.
Durante muchos años tuve el enorme privilegio de entablar amistad con personas maravillosas mientras viví en Guatemala. Seres extraordinarios cuyo aporte a la cultura continúa dejando una estela de prestigio, aun cuando muchos han desaparecido. Filgua siempre fue un faro, un reducto de encuentro y transmisión de ideas. Siempre sus salones permanecieron abiertos a la niñez y la juventud ansiosa por saber. Siempre, con un enorme esfuerzo y pese a la actitud obtusa del Estado, incapaz de comprender el valor de este foro, logró sobrevivir. Hasta ahora.
La educación y el conocimiento, en una sociedad tan desigual e injusta como la guatemalteca, son tesoros merecedores de todos los esfuerzos. Por eso las cúpulas de poder económico luchan con especial denuedo en contra de cualquier iniciativa capaz de dar poder a la ciudadanía. Un pueblo educado es un pueblo activo y participativo, lo cual representa una amenaza de muerte para los sistemas despóticos del neoliberalismo. El hábito de la lectura es un arma contra la opresión y, por esa razón, en Guatemala se han saboteado los esfuerzos por elevar sus niveles, una y otra vez, con la complicidad de quienes se ven favorecidos por la marginación del pueblo.
El acceso al aprendizaje por medio de políticas públicas coherentes con las necesidades de la población ha sido relegado al último rincón en la planificación de la acción política, una administración tras otra. Para constatarlo basta con observar la miserable condición de toda la infraestructura educativa y las intenciones perversas de la cúpula empresarial, de privatizarlo todo. Así, poco a poco, se le va quitando el riego a la planta hasta que termine secándose definitivamente.
Los empresarios reunidos en esa estructura perversa, aliada para impedir el desarrollo de las personas con el fin de tenerlas dispuestas a aceptar empleos de miseria, han demostrado una vez más que para ejercer el poder no necesitan más que aliarse con lo más nefasto: políticos corruptos, ejército desprestigiado, organizaciones criminales de alcance internacional. De ahí que tengan incidencia en las decisiones emanadas por los organismos del Estado, todos a su servicio. Lo que hoy perpetran contra el centro de actividades culturales -Filgua- es solo una muestra de cómo es de miope la visión de ese sector privilegiado. Es obvio que no han entendido de qué se trata el desarrollo de los países. Está claro que, para su corto punto de vista, mientras más sometida esté la sociedad a sus manejos, mejor le irá al país. Lo que no comprenden es que no representan a esa nación tan castigada y que, tarde o temprano, terminarán pagando en carne propia por haber roto, una tras otra, todas las esperanzas de progreso. El robo de la marca Filgua, es solo una raya más para el tigre.
La lectura es una peligrosa arma contra la opresión.
No hay engaño más efectivo que nuestros sueños y esperanzas. Pero seguimos soñando.
El afán de perseguir una fórmula precisa, indefectible y humana para impartir justicia -en cualquier orden de la vida- ha de cruzar por un callejón poblado de amenazas, ambiciones y secretísimos acuerdos. El resultado no puede ser más que una sanción torcida en beneficio de quien tenga las mejores armas. No se refiere únicamente a las altas instancias de la administración de justicia. Este camino por el cual avanzamos a tientas, se inicia en el seno del hogar y continúa sin pausa por el recorrido de la escuela, la vida social, el lugar de trabajo y cualquier espacio en donde desarrollamos alguna actividad.
El concepto de justicia es universal y determina la aplicación de un principio moral que rige la aplicación del derecho, basado en la verdad, para dar a cada quien lo que le corresponde. Es una norma sostenida por cuatro columnas fundamentales: equidad, igualdad, imparcialidad y libertad. Cuando echamos una mirada a los sistemas creados por las instancias políticas, bajo cuyos principios se establecen los códigos y se define la estructura y los encargados que administrarán su cumplimiento, esas columnas han perdido su solidez para ser reemplazadas por otras cuatro: ambición, poder, discriminación, racismo. A partir de este cuadro, se observa cuánto influye en la vida personal esa visión distorsionada del valor de la verdad en el hecho tan aparentemente simple de dar a cada quien lo que corresponde.
Durante los primeros años de vida -un ser humano es capaz de retener en su memoria experiencias desde muy temprana edad- la actitud de padres y madres hacia sus hijas e hijos es capaz de imprimir una forma de conducta y una perspectiva sobre la verdad y, como consecuencia de ello, sobre las consecuencias de sus actos. Desde ahí comienza el enfrentamiento de un nuevo ser con el concepto de justicia, un aprendizaje que permanecerá a lo largo de su vida.
No existe espacio en el desarrollo de la existencia en donde un individuo no se enfrente a una decisión de esa naturaleza y, cada vez que eso sucede, algo cambia en la percepción de lo que consideramos justo. Sin embargo, con frecuencia damos por indiscutible la pertinencia de decisiones que afectan no solo a nuestro entorno inmediato, sino a grandes conglomerados humanos cuyas vidas son puestas en peligro, al amparo de leyes emanadas desde instancias supuestas a respetar los principios ya mencionados de equidad, igualdad, imparcialidad y libertad.
Es entonces cuando es preciso desenrollar la madeja y buscar el inicio del hilo, para comprender en qué momento el derecho y la justicia torcieron su camino para dedicarse a beneficiar a un sector privilegiado de la especie humana. Sirva como ejemplo el intrincado tejido de las normas con base en las cuales se desarrolla el comercio internacional y la protección de las marcas y patentes, cuyos intereses están por encima incluso de la autonomía de los países o, para no ir tan lejos, las leyes que regulan y determinan -desde despachos oficiales asépticos y ajenos al dolor humano- el destino de millones de migrantes que buscan, nada más y nada menos, sobrevivir.
No existe mayor decepción que una decisión injusta, ya sea en el ámbito del hogar, el centro educativo, el ambiente laboral o en cualquier relación personal. Sin embargo, no hay quien no haya pasado por la experiencia en algún momento de su vida. Pero que esa decisión injusta proceda de una instancia encargada de administrar la aplicación de las leyes -cuya sentencia tiene un peso definitivo- es un golpe mucho más duro. Estamos en tiempos de profunda crisis, en donde la verdad es un bien negociable y la imparcialidad una lejana utopía. Es un tiempo en el cual la igualdad dejó de ser un valor para convertirse en un privilegio y la libertad no es más que una bonita palabra para imprimir en una pancarta.
La verdad ha dejado de ser un valor para convertirse en utopía.
La paz no es la antítesis de la guerra. La paz lo abarca todo.
El ejemplo de algunos líderes mundiales como Nelson Mandela, Martin Luther King o Mahatma Gandhi nos dejó grandes enseñanzas. Una de ellas es que la búsqueda de la paz nunca está exenta de violencia. Perseguidos y encarcelados por pregonar ideas contrarias al sistema establecido, su fuerza moral los sostuvo durante años de persecuciones y campañas de desprestigio por parte de los círculos de poder. Dos de ellos –Gandhi y Luther King- fueron asesinados en un inútil y tardío afán de callarlos.
De esa capacidad de resistencia, de esa solidez intelectual y humana surgió el mensaje de estos pensadores, cuya esencia transformó de manera radical la manera de ver al mundo y dejó para la posteridad el mensaje de que el respeto de los derechos humanos de las grandes mayorías es el único camino posible hacia la paz y el desarrollo.
La resistencia pacífica fue, coincidentemente, una de las estrategias utilizadas por estos tres personajes de la historia del siglo veinte. De ella emanó la certeza de que sin perseverancia, sin una conciencia clara del porqué de la lucha y sin la convicción de cuál es el camino correcto para transformar las condiciones de vida, no hay esperanza de cambio. Pero además, constituyó todo un ejemplo para las generaciones del futuro respecto de la importancia de buscar la paz a través de la verdad como única manera de lograr la reconciliación. En ese camino hacia el entendimiento, todos los senderos pasan por la justicia. Por ello un sistema diseñado para favorecer a unos pocos en desmedro del resto de la población, se interpondrá de manera inevitable en la búsqueda de la paz.
Para restablecer el imperio de la justicia, el conocimiento es básico. La búsqueda de la verdad en países agobiados por la violencia pasada y presente, con una historia de conflicto bélico y un gran porcentaje de sus habitantes viviendo bajo la línea de la pobreza, implica un proceso de catarsis, revelación y recuperación de la identidad alterada por décadas de silencio y represión. La reconciliación y el perdón, por lo tanto, constituyen ingredientes básicos en esta fórmula cuyo objetivo es la reconstrucción del tejido social para conformar una sociedad más justa e igualitaria.
La consecución de estos objetivos chocará frontalmente con la resistencia feroz de quienes sostienen en sus manos las riendas del poder político y económico, al considerar como una amenaza la participación de la población en procesos de cambio incluyentes, capaces de abrir las estructuras de poder para garantizar una auténtica democracia. Es una guerra solapada contra cualquier intento de democratización de las instituciones que conforman la base del sistema. El miedo los lleva a cerrar filas en contra el cambio y, de paso, a crear mecanismos destinados a deslegitimar esos esfuerzos.
La paz, tal como nos enseñaron esos grandes líderes, representa la culminación de procesos radicales y profundos de transformación social. Significa la plena aceptación de los derechos de los otros, la reivindicación de su sitio en la sociedad, el respeto a las diferencias y el combate a la injusticia. No hay otro modo de alcanzarla.
Los sueños de paz chocan contra los grandes poderes que lo definen todo.
Las fiestas de independencia celebran el mayor mito de la Historia.
Las fechas representan únicamente un referente simbólico en el transcurso de la historia, por ello las fiestas de Independencia, celebradas en estos días de septiembre en algunos países del continente, deberían convertirse en un punto de inflexión; en un golpe de timón hacia la dirección correcta y el inicio de una nueva era para los pueblos que observan, con una mezcla de envidia y esperanza, los avances en otros rincones del planeta.
Latinoamérica ha sufrido dictaduras genocidas, invasiones extranjeras marcadas por intereses económicos y geopolíticos, desvalorización y aniquilamiento de sus culturas milenarias, expoliación de sus riquezas naturales y una constante intervención en sus planes de desarrollo por parte de organismos financieros controlados por las grandes potencias mundiales. Sin embargo, la fortaleza moral y el anhelo de libertad de sus pueblos constituyen los recursos decisivos para consolidar esa independencia real y concreta que todos anhelan.
Los ejemplos de desarrollo económico, industrial y cultural en algunas de nuestras naciones demuestran cómo un valor potencial puede volverse una realidad tangible, siempre y cuando los actos políticos de sus líderes estén sustentados en el firme propósito de luchar por su patria. En este sentido, resultan esenciales la defensa y el respeto a la norma constitucional, la consolidación del estado de Derecho, el reconocimiento de los valores humanos y culturales intrínsecos de sus comunidades y el propósito firme de lograr la unidad latinoamericana, única forma posible de enfrentar los desafíos de la globalización.
Presumir de independencia cuando nuestras castas políticas son capaces de negociar el futuro de las generaciones con entidades cuyos intereses son totalmente opuestos al desarrollo -como el Banco Mundial- y sometidos a las condiciones arbitrarias de gobiernos poderosos, enfocados en sacar el mayor partido de sus debilidades institucionales y políticas, es un insulto a la inteligencia. Por tanto, resulta imperativo actualizar conceptos y comprender que la libertad de un país para decidir sobre su presente y su futuro es un tema pendiente en todo el tercer mundo.
La celebración de la independencia patria se ha establecido como un recurso populista y debe ser objeto de una profunda revisión. Los desfiles militares, tan propios de esa imagen de fuerza y poder impresa en el imaginario colectivo, resultan hoy una de las más graves ofensas contra pueblos que han experimentado la represión cruel de las dictaduras militares, una sombra oscura que mancha la historia de todos nuestros países. El orgullo patrio no debe descansar sobre las armas ni la violencia, sino sobre la cultura, las tradiciones y el respeto irrestricto de los derechos humanos.
La carga nefasta de la explotación y el saqueo de las riquezas mal distribuidas es un peso histórico cuya influencia en el retraso, la miseria y el abandono cuenta como argumento indiscutible para rechazar las pretensiones de independencia y libertad de las castas gobernantes, las primeras responsables por las condiciones vergonzosas en las cuales se sume el futuro de los pueblos.
Sin desarrollo sostenible para todos no es válido presumir de independencia.
Los primeros pasos en la vida llevan la brújula de las sociedades y definen su destino.
Desde la segura comodidad de una vida regulada por una posición de privilegio, ya sea por el simple hecho de tener un trabajo digno, un ingreso garantizado o acceso a la educación, la idea formada sobre los demás nos tiende a distribuirlos en distintos nichos y diversas escalas sociales. Son recursos útiles para ubicarnos en donde nos corresponde o para intentar ingresar en ese espacio ideal al cual deseamos pertenecer. Es esta una acción natural de los conglomerados sociales y pocos individuos, muy pocos, pueden presumir de poseer una visión desprovista de prejuicios, de racismo o de estereotipos con los cuales segmentar a los demás de manera arbitraria y acomodaticia.
Percibimos a la sociedad como una pirámide. En su base están los más pobres y, en su pequeño ápice, reunidos los ciudadanos poderosos, quienes determinan el presente y futuro de la gran masa sobre la cual descansan y de la cual obtienen su riqueza y su poder. Ellos también dictan las reglas que regulan al resto, con lo cual equilibran las fuerzas que les permiten sostener sus posiciones. Visto así, la manera como solemos juzgar a quienes no se encuentran en nuestro pequeño ámbito social surge espontánea y ese juicio, por lo general implacable, se dirige con especial énfasis contra quienes se encuentran por debajo del nivel al cual supuestamente pertenecemos.
Esto me hace recordar la ligereza con la cual se adjudicaron vicios y delitos a las niñas y adolescentes víctimas de violaciones, abuso, tortura y muerte quienes, por muy distintos motivos, se encontraban recluidas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en Guatemala. Esas niñas fueron víctimas de abuso, violaciones y trata de personas con fines de tráfico sexual por parte del Estado a través del personal destinado a administrar ese centro. Sin embargo, amplios sectores las catalogaron -sin la menor evidencia- como “prostitutas, delincuentes, viciosas, revoltosas”.
Es decir, culpables y merecedoras del fin al cual fueron salvajemente destinadas y justificando de ese modo cualquier acto de violencia en su contra. Sin paliativos, sin juicio y, por supuesto, sin el menor beneficio de duda. Este trágico episodio, en el cual 41 de ellas sufrieron una muerte atroz en medio de las llamas, obliga a reflexionar sobre los riesgos de la institucionalización de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo pero, mas allá de una mera aproximación a ese procedimiento de carácter judicial, realizar un profundo análisis sobre la realidad de esas instituciones, su pertinencia y sus métodos.
Foto: Mariela Castañón
Someter a una niña, niño o adolescente a una permanencia prolongada en una institución de esta naturaleza ha sido objeto de innumerables estudios. Lo más importante, sin embargo, es comprender cómo un ser en proceso de formación -quien, por alguna razón: abandono, maltrato u orfandad tiene como destino la reclusión obligada- es destinado por decisión de un sistema jurídico determinado a permanecer por tiempo indefinido en un sitio cuyas características carecen de las calidades y capacidades para proveer el cuidado personalizado y correcto de acuerdo con cada caso.
El drama de la niñez en países tales como los nuestros proviene de su débil incidencia en la agenda pública. Este importantísimo sector de la sociedad suele ser considerado como un apéndice improductivo y no como un protagonista vital en los procesos de desarrollo. Esta falencia se refleja en el total abandono desde las más altas instancias, cuyas prioridades están centradas en la conquista y conservación de los poderes político y económico, por medio de maniobras muchas veces reñidas con la ley. Amparando esa opacidad en el manejo de la cosa pública, las sociedades actúan como una membrana capaz de invisibilizar el extenso drama de la niñez abandonada.
Resulta del todo impensable considerar, siquiera, un cambio radical en la visión colectiva sobre la realidad de la niñez. Hay países, como Guatemala, en donde sus habitantes de entre 0 y 12 años asciende a un tercio de la totalidad de la población y ni siquiera tienen una mención privilegiada entre las políticas públicas o el presupuesto de ingresos y egresos que las sostiene. Un país en donde el 90 por ciento de jóvenes entre 13 y 30 años carece de acceso a un servicio de salud, público o privado y en donde casi el 70 por ciento está fuera del sistema educativo. A eso, añadir el índice de desnutrición crónica en más de la mitad de la población infantil, con toda la carga que ello implica en deficiencias físicas, neurológicas y de oportunidades de vida.
Este escenario es el caldo de cultivo en donde se macera lentamente una sociedad empobrecida, debilitada e incapaz de construir futuro. Su fuerza laboral viene señalada por las carencias y eso constituye uno de los principales motores del incremento de la violencia, la emigración y las patologías asociadas a un entorno en donde la ley no se respeta ni la justicia impera. Es allí en donde la infancia suele recibir los mayores golpes y en este entorno enfermizo, niñas, niños y adolescentes enfrentan a diario el vacío y el abandono.
Una de las razones por las cuales jamás pensamos seriamente en la vida de los otros, es esta miseria que nos rodea y a la cual oponemos trucos psicológicos para no enfrentarla porque, de hacerlo, estaríamos obligados a actuar. Ya es hora de abrir los ojos y la conciencia para salvarnos a nosotros mismos, porque esa infancia aparentemente lejana es el germen del futuro que nos espera.
La violencia contra la mujer es manifestación de una eterna guerra por el poder.
El dominio del patriarcado constituye la marca oscura de una lucha atávica, por medio de la cual la mujer intenta conquistar su independencia -cada vez con mejores armas- y construir una vida de libertad. Este eterno enfrentamiento no trata de costumbres ni tradiciones, sino de una guerra de guerrillas librada por un sector de la población -premunido de toda clase de armas: legales, físicas y doctrinarias- contra otro que solo posee la certeza de su razón. Y así han transcurrido los siglos.
Para empezar a comprender la dimensión de este sistema de dominación, es preciso ir más allá de las apariencias y medir el enorme impacto sobre la vida de más de la mitad de la población del planeta. Esto no solo se traduce en una violencia aparente en el maltrato físico, social y psicológico, cuya constante presencia impide el desarrollo pleno de niñas, adolescentes y mujeres adultas, sino también en la manera solapada como se las condena a la dependencia económica gracias a la influencia nefasta de una visión de maternidad y de familia, distorsionada y marcada por una autoridad ilegítima.
A partir de un esquema de injusticia histórica de tal magnitud, se comprende la manera cómo las sociedades toleran el abuso, la tortura, la marginación y la crueldad extrema en contra de las mujeres por el solo hecho de serlo. Baste echar una mirada a las estadísticas en donde se refleja de manera transparente cuán frágil es su estatus y de qué modo se le impide alcanzar un pleno dominio sobre su vida y su cuerpo. En países sumidos en el subdesarrollo, esta realidad es abrumadora y estampa una visión aberrante de lo femenino como débil -física e intelectualmente- y naturalmente subordinado, tanto desde lo jurídico como desde las doctrinas religiosas.
De ahí que cada intento por avanzar y despejar el camino hacia el desarrollo pleno del sector femenino haya encontrado los mayores obstáculos, incluso desde su propio ámbito. El hecho de que, al haberse visto en la necesidad de conquistar cada pedazo de libertad con la ruptura -muchas veces violenta- de los obstáculos religiosos, sociales y legales para ocupar un sitio en el mundo real haya sido objeto de burla, rechazo y condena, es motivo suficiente para reflexionar sobre esta absurda estructura del poder. En los ámbitos domésticos, laborales y sociales, la mujer todavía ocupa un espacio sujeto a la condescendencia y a la corrección política y no al pleno derecho.
Este retrato no obedece a una visión distorsionada de la realidad. Es un hecho patente en las aberrantes cifras de feminicidios, secuestros, desapariciones, tráfico y violaciones contra niñas, adolescentes y mujeres, crímenes impunes que pocas veces -o casi nunca- llegan a la etapa de investigación y condena. Ellas son las ausentes en sociedades indiferentes a su condición de seres humanos, con todo lo que ello implica en respeto, autonomía y capacidades. Ellas son quienes han experimentado en carne propia el desprecio de sus pares y el abandono de la sociedad.
En el trasfondo de este drama de injusticias está la eterna lucha por el poder. De ella se desprende la enorme maquinaria del patriarcado, cuya preeminencia descansa sobre una autoridad impuesta por la fuerza y las enormes ventajas de tener a su disposición a todo un contingente de mujeres capaces de aportar, por la fuerza de la tradición, su trabajo no remunerado, su riqueza creativa y su inacabable resistencia al dolor. La lucha por reivindicar sus derechos enfrenta -por obvias razones- una feroz resistencia.
El lugar de la mujer en la sociedad es, todavía, un tema pendiente.
En países empobrecidos por la corrupción y el abandono, la niñez es la primera de las víctimas.
Un ejercicio interesante para conocer cuál es la visión sobre la niñez en un país como Guatemala, cuyos indicadores de desarrollo socio económico están entre los más bajos, no solo de todo el continente sino del resto del mundo, es ingresar al buscador de Google y escribir “Guatemalan children”, así, en inglés. Allí aparecen 11 millones de respuestas. Si nos tomamos la molestia de ir buscando página por página, de entre las primeras 100, aproximadamente el 90 por ciento hacen referencia a la desnutrición crónica, a la emigración forzada, datos sobre violencia y abuso contra este sector de la población y a la pobreza extrema que les afecta con especial dedicación. Ninguna hace mención a logros en educación, deportes, arte o cultura.
Ese es el panorama real y la proyección de Guatemala hacia el mundo, a pesar de los pesares y también de las estrategias de imagen de gobiernos ineficientes, corruptos y dedicados a transformar a las instituciones del Estado en bastiones para el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias. El negocio floreciente de la trata de personas –cuyas víctimas son en abrumadora mayoría niños, niñas, adolescentes y mujeres- revela una ruptura grave del tejido social y una total incapacidad del Estado para combatir ese flagelo. Guatemala es, para las organizaciones criminales dedicadas a esa actividad criminal, un auténtico paraíso.
Luego, también cambian las referencias y se encuentra la estampa triste de una Guatemala sórdida en donde se ha de recurrir a la limosna de ciudadanos extranjeros para acudir en auxilio de una niñez abandonada a su suerte, hambrienta y sujeta a toda clase de riesgos en un entorno carente de seguridad alimentaria, de oportunidades de educación, de servicios de salud adecuados y, por supuesto, de un entorno familiar capaz de protegerla. Esto, en uno de los países centroamericanos más ricos en recursos y más desiguales en el reparto de esa inmensa riqueza.
Cómo es ser un niño pobre en un país rico
Guatemala tiene una de las tasas más elevadas (49 por ciento) de desnutrición crónica a nivel mundial. Este indicador, el cual se ha mantenido más o menos inalterable durante décadas y que durante el período de la pandemia probablemente se haya incrementado debido a las dificultades creadas por la emergencia en cuanto al acceso al trabajo y a los precarios servicios de salud, podría superar esa frontera inadmisible en donde se marca el total abandono del Estado por el respeto al derecho a la vida del segmento más numeroso de su población.
Pero, ¿cuál es la razón de tanto abandono? ¿Por qué Guatemala figura ya entre aquellas naciones que han caído al punto de compartir con Honduras, Haití y algunas de las naciones africanas las estadísticas más extremas en todos sus aspectos? Si se hurga en el pasado, se podrían encontrar respuestas múltiples y diversas en una historia plagada de muerte y violencia. Sin embargo, el presente también constituye un obstáculo insalvable para esos millones de seres humanos menores de dieciocho años, cuya seguridad de todo tipo: alimenticia, de vivienda, de salud, de educación, de resguardo de su integridad física, nunca ha sido prioridad para los representantes del pueblo, los mismos que juraron ante la bandera respetar la Constitución, y quienes siguen prometiendo en vano cambiar las cosas.
El abuso de menores ha sido un hábito inveterado durante generaciones. Algo tan profundamente arraigado, que llega a ser considerado como una práctica socialmente aceptable, un destino insoslayable para quienes aún no poseen la fuerza ni la protección de la ley para defender sus derechos. Peor aún, hay quienes aún se resisten a aceptar que esos derechos existen.
De acuerdo con una investigación periodística de Carmen Quintela en Plaza Pública, (2017) “hay 260 personas en Guatemala cuya riqueza equivale a 23 veces la inversión pública en Salud, 21 veces la inversión en Educación y el 56 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) del país. Para ganar lo que cada una de estas personas gana en un mes, un ciudadano con bajos ingresos debería trabajar 387 años. Esas 260 personas son parte del uno por ciento de la población con unos ingresos mensuales que equivalen a los salarios del 42 por ciento con menos recursos. Los datos, ejemplo de la desigualdad en la que permanece sumergido el país, los presentó la organización Oxfam, que destacó a Guatemala como uno de los lugares de América Latina con un acceso más precario a buenas condiciones de vida.”
Las niñas-madres
Una de las consecuencias más devastadoras de la indefensión en la cual sobreviven las niñas en Guatemala, es la pavorosa cifra de embarazos y partos a edad temprana. De acuerdo con una de las instituciones dedicadas a monitorear este tema –el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva, OSAR- se produjeron 57 mil quinientos setenta y ocho embarazos en niñas y adolescentes entre 10 y 18 años, durante el primer semestre de 2021. De entre ellos, cerca de 3 mil corresponden a niñas de 10 a 14 años. Es decir, un período en el cual una niña aún no ha desarrollado plenamente su cuerpo y en quien un embarazo supone un riesgo de vida elevado.
Adicionalmente a la violencia implícita en la violación y sus consecuencias físicas y psicológicas, un embarazo a esa temprana edad significa la pérdida de derechos a todo nivel y el sometimiento a un régimen de vida duro, restrictivo y sometido a la autoridad de los adultos de su entorno. A ello se suma la prohibición legal absoluta de interrumpir el proceso de gestación, aún cuando se trate de una niña cuyo cuerpo no reuna las condiciones para sostenerlo y llevarlo a término. Es decir, la ley, en Guatemala, condena a la víctima a partir de una visión de Derecho influenciada por doctrinas religiosas y un sistema patriarcal sólidamente establecido.
Visto como parte normal de la vida -especialmente en las comunidades rurales- el embarazo en adolescentes es una de las más graves consecuencias de la pobreza y la marginación en la cual vive y se desarrolla una gran parte de la población femenina. Asediadas por un concepto patriarcal de la vida y del deber, miles de niñas acaban siendo víctimas de abuso sexual desde antes de alcanzar la pubertad, convirtiéndose en madres en etapas tan tempranas de su desarrollo que incluso pierden la vida en el proceso. Indefensas ante la presión del autoritarismo ejercido por padres, hermanos y otros hombres de su entorno, sumado a la falta de protección por parte del resto de la comunidad, las niñas-madres terminan agotando la etapa de la infancia sin haberla vivido, para enfrentar la dura realidad de una existencia de miseria.
Ante esta situación, derivada de patrones culturales absolutamente viciados, las niñas se ven obligadas a arrastrar la humillación de una sexualidad no deseada, no consentida y de graves repercusiones para su salud física y psicológica, en un entorno de irrespeto a sus derechos humanos que les veda el derecho a experimentar las etapas normales de su desarrollo.
Los programas asistencialistas propuestos por los gobiernos para combatir el hambre y la pobreza ni siquiera rascan la superficie del verdadero mal de esta sociedad. Las estrategias han sido, por lo general, orientadas a reducir estadísticas con el objetivo de mejorar la posición del país en los indicadores internacionales de desarrollo y así enseñar una mejor cara a los organismos financieros mundiales. La situación puntual de los grupos afectados por la pobreza, sin embargo, se difumina al punto de desaparecer del foco de las iniciativas oficiales, perdiéndose de vista en las grandes cifras.
En estos escenarios, las niñas-madres no han llegado a formar parte de las prioridades de atención de las autoridades. Éstas ven los casos de embarazo en niñas y adolescentes como una expresión más del subdesarrollo y no como los actos criminales de abuso sexual que realmente son. El mensaje que envía esta clase de aproximación al problema es de conformismo ante el sometimiento de uno de los grupos sociales más vulnerables y menos tomados en cuenta en las políticas públicas de los gobiernos de turno.
La ausencia de medidas eficaces de protección para la niñez guatemalteca constituye uno de los factores que ha permitido la impunidad en casos de abuso sexual, violencia de género y de otros crímenes de lesa humanidad, como el tráfico de personas, el cual afecta con especial dedicatoria a este segmento poblacional. La niñez y la juventud de Guatemala suman casi la mitad de su población, pero tiene menos influencia en las decisiones de Estado que cualquier otro sector. Son invisibles ante los estamentos de poder, son impotentes ante la justicia y sus esperanzas son rotas constantemente por la indiferencia de una ciudadanía apática. Las niñas-madres, en medio de este cuadro de costumbres, representan el epítome de la marginación y del olvido.
Esos miles de niñas y adolescentes cuyo cuerpo mal alimentado y endeble apenas puede cargar con el peso de su propia existencia, dan a luz en condiciones miserables, en medio de la indiferencia de las autoridades y soportando el rechazo de su propia familia. Así es su vida, así es el entorno social y ese el resultado de una cultura que las condena al eterno subdesarrollo. De ahí que esos embarazos precoces dan como resultado una criatura de bajo peso y una madre-niña desangrada.
Los estudios realizados por el sistema de las Naciones Unidas y otras instituciones han demostrado hasta el cansancio que una niña educada se fortalece y deriva en una mujer adulta responsable y consciente. Guatemala es, en esta época de la historia, un ejemplo de lo que no debe ser. El Estado tiene la obligación de proteger a la niñez y no lo hace por las razones por todos conocidas: negligencia, incapacidad y corrupción. No quisiéramos pensar que condenarlas a esa vida de miseria y abandono sea una política misógina y perversa de control social.
Las derrotas estratégicas nunca son una sorpresa. Vienen determinadas desde el inicio.
Los países que definen el rumbo de la historia son tan fuertes como el más débil de sus líderes. Esto debería ser un axioma a tomar en consideración frente a los resultados catastróficos de la geopolítica de los imperios. De hecho, el rumbo de las acciones intervencionistas fuera de sus territorios suele estar determinado por un poderoso sentimiento de orgullo y la ambición sin límites de un grupo de individuos en un momento determinado, lo cual conduce al peligroso callejón del poder absoluto y la anonimia en la toma de decisiones. Es decir, sus instancias de control han alcanzado dimensiones y complejidades tan extremas, que en ellas se pierde la responsabilidad directa sobre las acciones que afectan de manera directa al presente y futuro de naciones en cualquier punto del globo. Durante siglos, el mundo ha presenciado cómo las grandes potencias se benefician con la miseria, la muerte y las riquezas robadas a pueblos más débiles sin pagar por ello. De esas confrontaciones, diseñadas y manipuladas desde despachos inaccesibles lejos del terreno, se trazan los destinos de millones de seres humanos, quienes deben hacer frente a las peores amenazas, totalmente ajenos a los planes de dominación económica y política concebidos sobre un tablero. Cuando las cosas se tuercen -como sucede cada vez que se juega a dios- esos pueblos caen en la espiral de la destrucción de sus culturas, sus sueños y sus vidas. Los responsables del desastre solo retiran a sus peones, empacan sus instrumentos de aniquilamiento y, sin perder más que las vidas consideradas “daños colaterales propios”, terminan culpando a sus aliados por el fracaso de sus planes. En donde reside el mayor peligro de estos juegos peligrosos es en la ruptura del hilo de las responsabilidades directas. La posibilidad de manipular los acontecimientos -gracias a la infinita capacidad económica de estas potencias- está al alcance de personajes poco o nada éticos e incluso intelectualmente mediocres, incapaces en su mayoría de medir las consecuencias de sus decisiones, dado que la vida humana tiene, para ellos, menor importancia que el dominio sobre los recursos estratégicos sobre los cuales se sustenta su hegemonía. Esta manera de controlar la acción política con base en la inmediatez de sus beneficios tiene consecuencias de tan largo plazo que los perpetradores terminarán, de manera inevitable, formando parte de las víctimas. La reciente caída de Afganistán en manos de los talibanes no es más que otro ejemplo de la cadena de errores cometidos por la prepotencia y falta de perspectiva de una de las grandes potencias. El horror enfrentado hoy por el pueblo afgano es parecido al experimentado por otras naciones, víctimas de decisiones surgidas desde el otro lado del mundo. En esta carrera por el poder intervienen tantos actores, con tan increíbles recursos económicos, bélicos y tecnológicos, que da pavor pensar en la dudosa capacidad de cada uno de ellos para medir los alcances de sus acciones o, simplemente, para reflexionar sobre el impacto en la vida de seres tan ajenos a su entorno. La restitución de un equilibrio de poderes capaz de impedir el abuso de los países más poderosos, es pura fantasía. Los hechos han demostrado cómo la vida humana es un factor ausente en los planes geopolíticos de naciones con un poder tan ilimitado como sus ambiciones. Lo más preocupante de la ecuación es la certeza de que esas naciones super desarrolladas han creado a sus propios monstruos, sistemas cuya infalibilidad no está garantizada y, como el axioma del inicio, su hegemonía es tan fuerte como el más débil de sus estrategas.
Jugar con el destino de los pueblos es una forma perversa de satisfacer ambiciones.
Las decisiones políticas comienzan a revelarse como intentos de control absoluto.
Durante mucho tiempo las sociedades occidentales creyeron a pies juntillas en la prevalencia absoluta de sus valores democráticos, bien establecidos en sus textos constitucionales y, mejor aún, fuertemente impresos en el inconsciente colectivo. Sus derechos, sus espacios de libertad y sus responsabilidades sociales han sostenido -durante generaciones- un ideal sobre el cual se erigen proyectos de nación y se alimenta la ilusión de lograr sus aspiraciones colectivas. Dentro de ese marco ha tenido cabida la creación de instituciones confiables para la defensa de los valores cívicos, gracias a innumerables batallas en función de esos objetivos.
Hoy ya nadie está tan seguro de esa realidad. Poco a poco, y gracias a un estado de emergencia consecuencia directa de un sospechoso brote viral, ciudadanos de cualquier punto del planeta han visto cómo sus entornos vitales se han transformado, así como cuántas de sus libertades y derechos han pasado a ser objeto de medidas restrictivas; pero no desde las autoridades científicas y sanitarias, sino desde las plataformas políticas y los centros de poder económico, que han visto en esta catástrofe la oportunidad para ejercer un control absoluto.
La nueva realidad de hoy constituye una amenaza real a los sistemas de gobernanza fundados sobre el equilibrio de poderes. La imposición de medidas, en el contexto actual, se ha convertido en la nueva normalidad, dejando prácticamente sin recursos de oposición a millones de personas alrededor del mundo. Estas, sometidas a decisiones que muchas veces atentan contra los sagrados derechos establecidos en normas y tratados, en textos constitucionales y tradiciones, se ven atrapadas en una red de la cual les resulta difícil escapar.
En la actualidad, se observa con estupor a gobernantes carentes de autoridad científica alguna, establecer prohibiciones para el uso de medicinas o tratamientos, basándose en criterios de interés económico y en sus vínculos con grandes consorcios farmacéuticos. Se observa, también, la manera cómo con la mano derecha restringen la movilidad de la ciudadanía en áreas públicas y en horarios determinados, mientras con la mano izquierda se permiten favorecer a sus aliados del sector empresarial y ejercen una férrea represión contra cualquier intento de protesta ciudadana.
El tema de las vacunas, por otro lado, un elemento objeto de innumerables discusiones en el campo académico científico y sobre el cual, después de más de dos años, aún no existe consenso ni un flujo de información totalmente confiable para la población, es hoy una piedra de toque capaz de provocar una grave escisión entre gobernantes y gobernados. Por un lado, porque los primeros poseen el mecanismo de la obligatoriedad y, por el otro, debido al criterio de libertad individual para decidir, cada quién, sobre lo que mejor le convenga en lo referente a su salud, de acuerdo con los valores democráticos.
La crisis está servida. El pulso entre los gobiernos administrados desde una visión incompatible con los valores democráticos y ciudadanías conscientes de cómo esos valores se evaporan bajo la amenaza de restricciones orientadas hacia el control absoluto, es el germen de un peligroso giro hacia sistemas dictatoriales ajenos a sus principios democráticos y, por supuesto, alejados de la búsqueda de diálogos y consensos. Lo que hoy espera a la ciudadanía es un verdadero enigma, dado el escaso espacio permitido a su participación en algo que le compete de manera tan directa. En esta delicada coyuntura se esperaría un mejor manejo de la crisis, pero desde las instancias científicas y no desde los intereses espurios de gobernantes cegados por su ambición de poder. Un objetivo nada fácil, pero indispensable para garantizar, a tantos habitantes de este planeta, que su vida vale.
El poder absoluto es un ideal capaz de convertir a democracias en crueles dictaduras.
El mundo secreto de la impunidad por abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes.
La violencia implícita en el acercamiento de carácter sexual hacia un niño o una niña es algo que la sociedad adulta todavía no alcanza a comprender. Es como si aquellos hombres y mujeres que alguna vez sufrieron el acoso o la violación en carne propia hubieran enterrado la experiencia en un sitio tan remoto de sus memorias, como para haber borrado incluso su capacidad de empatía hacia quienes lo han experimentado después. Durante siglos, la tragedia oculta de esos crímenes ha sido el secreto mejor guardado y sus víctimas, aún cuando pueden contarse a nivel de un buen porcentaje de la población infantil, han debido enfrentar el silencio y la negación, o el castigo por tener el valor de denunciar.
He pasado muchas décadas vinculada a medios de comunicación escrita como para haber visto en primera fila cómo los reportajes y artículos de fondo relacionados con la violencia extrema hacia mujeres, niñas y niños han tenido que entrar a codazos en las salas de redacción. Un acercamiento consciente y con carácter analítico y preventivo parece haber sido considerado marginal frente a la coyuntura política, la economía e incluso el deporte; y, cuando se asume su importancia, rara vez se presenta en las primeras cinco páginas. Cuando comencé a darle prioridad en mis columnas, alguien del medio en donde las publicaba me dijo que esos no eran temas relevantes, eran “temas de mujeres”.
Al revisar estadísticas de agresión y abuso sexual es fácil comprender, entonces, por qué las víctimas deciden no denunciar y cómo desde ese momento comienza a funcionar el mecanismo de la negación. Lo primero que surge en una víctima de violación es la vergüenza -propia y de su entorno cercano- y han pasado siglos antes de que esa puerta se abriera para dejar constancia de este aberrante tipo de violencia. Sin embargo, aun cuando los textos jurídicos han incluido en sus códigos estos crímenes -después de fuertes y prolongadas luchas de quienes han creído en la igualdad de derechos entre personas de distinto sexo- todavía no existe una actitud decidida para atacarlos y castigar con firmeza a sus perpetradores, porque tampoco se ha desarrollado un criterio de justicia a nivel institucional.
De este modo, la niñez nace sin derechos. En términos generales, se encuentra sujeta -sin paliativo alguno- a la decisión y la autoridad de quienes les aventajan en edad. Sus padres, tíos, hermanos, maestros, sacerdotes, pastores, vecinos y quienquiera les puedan imponer su voluntad es un posible ejecutor de uno de los crímenes más impactantes y destructivos contra la niñez. Carente, esta, de la capacidad de defenderse frente a quien le supere en fuerza y credibilidad, se encuentra muchas veces, y en todos los ámbitos sociales y culturales, a merced de sus victimarios.
La huella del abuso sexual en la mente de una niña o un niño en pleno proceso de desarrollo ocasiona un daño severo que se mantiene por el resto de su vida. Esa experiencia traumática, la cual muchas veces se repite durante largo tiempo sin posibilidad de resistencia por parte de quien la sufre, persiste en forma de rechazo, miedo y vergüenza, además de tener un impacto severo en la vida sexual y la visión de sí misma. El daño permea las relaciones humanas a un nivel tan profundo como persistente y solo esa cauda debería ser suficiente motivo para dar a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, una prioridad absoluta en la prevención, investigación y correcta administración de justicia.
Las verdades ocultas en ese mundo siniestro y extendido en todos los ámbitos que es el abuso sexual contra la niñez, son el germen de sociedades incapaces de sostener sus valores, de sociedades trastornadas por un sistema patriarcal que las sume en el dolor y la injusticia y cuyos códigos han sido elaborados en función de un poder adulto cargado de misoginia y desprecio por un sector fundamental de la comunidad humana.
No existirá entorno seguro para la niñez, en tanto no sea objeto del respeto que merece.
Como nunca antes, es fundamental un amplio acceso al conocimiento y a la información.
El saber es poder: indiscutible verdad de la cual se desprende -desde los inicios de la Historia- toda clase de estrategias para vedar a las grandes mayorías el pleno acceso al conocimiento, con el simple propósito de mantenerla en la ignorancia y así consolidar los mecanismos de control social. Simple y llana como esta argucia política es la intención de manipular el pensamiento y alimentar a las masas desde plataformas informativas de alcance masivo, cuyos contenidos son cuidadosamente elaborados para reforzar conceptos e idearios afines al poder.
Por eso es tan importante retomar la ruta de la lectura y del intercambio de ideas mediante una búsqueda consciente e informada de las fuentes más confiables. Para ello -y gracias al inmenso caudal de recursos que nos ofrecen tanto los libros y otras publicaciones en papel como el mundo virtual- es preciso separar la paja del grano y comenzar a reflexionar seriamente en tejer redes de discusión, consolidar espacios de reflexión y construir, de manera amplia y constructiva, una nueva forma de relacionarnos con distintos grupos de la sociedad.
Aun cuando la era del papel impreso ha perdido cierta predominancia frente a los medios virtuales, de ningún modo significa un reemplazo inevitable, en especial en sociedades de escasos recursos en las cuales el acceso a la tecnología se mantiene aún reducido a ciertos sectores de mayores ingresos y en entornos adecuados gracias a una mejor infraestructura. En estas sociedades, sin embargo, y por motivos estrictamente políticos, tanto la escolaridad como el acceso al conocimiento se han visto entorpecidos, por decisión de sus élites, con la intención de frenar toda forma de disenso desde las bases de la pirámide social.
De ahí la gran relevancia de los eventos literarios, como las ferias del libro, que se realizan en distintos países del continente y el mundo. Estas plataformas ofrecen -de manera gratuita- el acceso a un amplio abanico de experiencias capaces de abrir nuevas formas de entender el mundo que nos rodea. Una de ellas es la Feria internacional del libro, Filgua, organizada por la Gremial de Editores de Guatemala y la cual este año será celebrada en septiembre como homenaje al bicentenario de la independencia de ese país. Este evento, además, ha sido dedicado a la escritora guatemalteca Ana María Rodas, Premio Nacional de Literatura y una de las mayores exponentes de la poesía latinoamericana.
Como parte esencial del programa de la primera versión virtual de la Feria Internacional del Libro en Guatemala, acompañando a la presencia de relevantes exponentes de la literatura, provenientes de Guatemala y otros países, sus organizadores ponen especial énfasis en un amplio repertorio de actividades dedicadas a la niñez y la juventud, como una forma de incentivar la lectura y el acceso al conocimiento universal, mecanismos imprescindibles para reforzar el crecimiento intelectual de las nuevas generaciones de ciudadanos.
Guatemala, un país rico en cultura y tradiciones, ha debido enfrentar enormes obstáculos, a lo largo de su historia, en sus esfuerzos por hacer del conocimiento un patrimonio de libre acceso para todo su pueblo. Gobernantes y élites económicas, empecinados en frenar toda iniciativa en ese sentido han cercenado, a través de los siglos, sus oportunidades de desarrollo. La apertura hacia la educación es, todavía, uno de los más grandes desafíos para sus habitantes; por lo tanto, cualquier evento en esa dirección merece el apoyo de toda la sociedad.
La lectura no es solo un pasatiempo, sino un recurso vital para el desarrollo.
El Quinto Patio 