El peligro del caudillismo

Sin educación ni comunicación ética, es fácil caer en lealtades destructivas.

 La secuencia de administraciones de gobierno orientadas a satisfacer ambiciones personales o de partido ha sido la impronta característica de la vida política de los países subdesarrollados.  No cabe duda de que este problema también se encuentra en naciones con un elevado grado de desarrollo económico pero, aún así, los sistemas más evolucionados de esos países tienden a impedir la excesiva concentración del poder minimizando de esta manera el abuso en su ejercicio.

Una vez más, sale a relucir la importancia fundamental de la educación en los niveles más amplios de la sociedad.  La capacidad de buscar, procesar y analizar información es una de las herramientas indispensables para que una sociedad logre escapar al oscuro fantasma del fanatismo y evite caer en la consuetudinaria carencia de elementos de juicio a la hora de elegir a sus gobernantes. 

Una forma de mantener a un pueblo atado a sus frustraciones y sometido al poderoso influjo de la demagogia, es precisamente negarle el acceso a la información limitando el crecimiento de los centros de enseñanza y proponiendo programas educativos ineficientes y desactualizados. De una sociedad con tales privaciones surge con extrema facilidad el caudillismo, una enfermedad política producto de la hábil manipulación psicológica de pueblos abrumados por el continuo fracaso de sus expectativas.

No existe factor más determinante en el retraso de la evolución social como el apasionamiento político.  De las pasiones ciegas nacen las dictaduras, y también a ellas se deben las divergencias irreconciliables dentro de una comunidad.  Sin embargo, no existe antídoto de corto plazo ni fórmulas mágicas capaces de obligar a los grupos mayoritarios a actuar de acuerdo con la lógica, no en todo caso cuando son impulsados por la rabia y la decepción cada cuatro años o lo que dure una administración de gobierno.

En este contexto, es imposible esperar el cumplimiento de todas las demandas o la solución de problemas estructurales de larga data cuyos efectos se agravan período tras período.  Por lo demás, es ilusorio pretender que de un sistema dependiente de la política exterior de los Estados Unidos derive un gobierno independiente y soberano, como tampoco es racional suponer que de un pueblo privado de educación surja de pronto una sociedad democrática, consciente de su responsabilidad y comprometida con el desarrollo de su nación.

Todo es cuestión de prioridades.  Por esta simple razón, cualquier administración debe establecer las suyas en cuanto decida si lo importante es cumplir compromisos con los sectores de poder o su preocupación debe enfocarse en la habilitación de una estructura capaz de dar cabida al estado de Derecho y a las garantías básicas de vida de toda la ciudadanía, lo cual implicaría destinar los fondos públicos a los temas de Estado y no a favorecer a los gobernantes y su pandilla. Por supuesto, sin olvidar que el escaso desarrollo de la educación -en todos sus niveles- ha sido una condicionante histórica esencial en el entorpecimiento de la evolución social, y es precisamente el primer obstáculo que urge quitar del camino. 

A partir de un real compromiso de Estado en temas como educación, salud, trabajo y vivienda, se neutralizaría de manera natural el peligro del caudillismo en niveles nacional y regional, los cuales tienden a revestir de heroísmo a los peores enemigos del pueblo, tal como sucede en algunas regiones con los líderes de los carteles de la droga, los capos del crimen organizado y con políticos y empresarios corruptos.

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Con los ojos bien abiertos

Elegir autoridades no es broma, es un acto cívico de trascendencia.

 Cuando el abanico de opciones para elegir a las autoridades muestra fallas de fondo en la depuración de sus listados, es momento de analizar con seriedad hasta qué punto está resquebrajado el sistema actual y cómo la ciudadanía debe participar en su reparación. En Guatemala, el proceso para determinar quiénes tomarán el bastón de mando avanza a tropezones y la sociedad observa con estupor la infiltración de los cárteles de la droga en el evento más importante de la vida política de su país. De hecho, la captura en Estados Unidos de uno de sus candidatos a presidente -¡nada menos!- arroja una mancha indeleble sobre las autoridades del Registro de Ciudadanos y del Tribunal Supremo Electoral, TSE, instancias en las cuales el ahora señalado de delitos tan graves como asociarse con el cártel de Sinaloa para financiar su campaña, aprobó su inscripción sin el menor reparo.

Para la ciudadanía, este caso constituye un llamado de atención de alerta máxima toda vez que a partir de la investigación realizada por la DEA, la cual desembocó en una acusación detallada contra el candidato de marras y uno de sus socios, es fácil deducir la ineficiencia de las autoridades de investigación y seguridad en Guatemala o, mucho peor aún, su complicidad con organizaciones criminales de enorme poder. Sin embargo se puede escuchar el silencio de una población tan acostumbrada a los escándalos, que ante el más reciente capítulo de esta tenebrosa telenovela, ni siquiera se inmuta.

El paso inevitable a partir de la denuncia del Departamento de Justicia de Estados Unidos debería ser la revisión a fondo de todas las demás candidaturas, sus respectivos partidos políticos y las fuentes de financiamiento de sus campañas. Para transparentar aún más el proceso, retroceder en el tiempo para esculcar en lo acontecido durante elecciones anteriores, debido a las salpicaduras del caso actual sobre antiguos altos funcionarios de gobierno íntimamente vinculados a los ahora atrapados por la justicia estadounidense.

Una revisión a conciencia de las opciones sobre el tablero dan ganas de llorar. En la contienda se presentan absolutos esperpentos señalados por toda clase de delitos, desde tráfico de bebés y de drogas hasta intentos de subvertir el orden democrático, pasando por un abanico multicolor de denuncias de corrupción en una amplia gama, todo aceptado gustosamente por las autoridades electorales y los respectivos partidos políticos sobre cuyas estructuras han montado sus ambiciosos planes. Todos ellos (y ellas) poseedores del correspondiente carnet de candidatos registrados, con el regalo adicional de la inmunidad ante la ley.

La ciudadanía debe tener los ojos bien abiertos y no dejarse deslumbrar por las evidentes falsedades de quienes pretenden hacerse con el poder. Las pruebas de corrupción detectadas por el trabajo de la Cicig, en conjunto con el Ministerio Público, no dejan lugar a dudas de cómo el sistema político y quienes dirigen los hilos desde las cúpulas empresariales han destruido toda posibilidad de restauración de una democracia tambaleante ante sus embates; del mismo modo, han acabado con innumerables oportunidades de desarrollo para Guatemala, uno de los países más ricos pero peor gobernados del continente.

Abrir los ojos y escuchar con filtro no será suficiente. El paso esencial será exigir al TSE una revisión acuciosa de los listados de candidatos ya aprobados, dada la magnitud de su responsabilidad y su enorme deuda con la ciudadanía. Es preciso recordar a esos magistrados cuánto daño hacen al país con su incomprensible negligencia.

 El siguiente paso, una revisión exhaustiva de las candidaturas.

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Evaporada en el aire

¿Quién sabe en dónde se encuentra, cómo se siente, cuál será su destino? 

Camila terminó de peinarse. Se colgó la mochila a la espalda y se preparó para salir a la escuela. Su madre le alcanzó la lonchera con el almuerzo y la despidió con la recomendación de todos los días: “Con cuidado, nena”. Camila nunca regresó. Su imagen en una de las múltiples alertas Alba Keneth sigue circulando por las redes sociales con la esperanza de que alguien la identifique en algún lugar del país; aunque han transcurrido más de seis meses desde que salió de su hogar, sus padres mantienen viva la esperanza de encontrarla.

Camila es una de los miles de niños, niñas, adolescentes y mujeres que desaparecen en Guatemala y cuyo destino se desconoce. Los sistemas de alerta Alba Keneth e Isabel Claudina (creado el primero para localizar a menores de ambos sexos y el segundo para mujeres mayores de 18 años) ambos dependientes de la Procuraduría General de la Nación, lanzan a diario decenas de notificaciones de desaparición en uno de los países más vulnerables del continente frente a las redes de tráfico de personas; un negocio transformado en una más de las siniestras amenazas que persiguen a niños, niñas y mujeres en el mundo entero. Consideradas por las organizaciones criminales como un elemento susceptible de generar grandes beneficios económicos, las niñas y mujeres atrapadas en estas redes terminan en situación de esclavitud con escasas posibilidades de escapar.

En países como Guatemala, Honduras y El Salvador, en donde los grandes consorcios de la droga afincaron sus raíces muy firmemente, la diversificación del “negocio” no fue más que una derivación natural de las actividades delictivas de estas redes, amparadas por políticos corruptos y confiadas en el ambiente de impunidad debido a la baja capacidad de los sistemas de investigación de denuncias y de administración de justicia. Los elevados niveles de corrupción y los ríos de dinero sucio -imposible de detectar desde las instancias estatales de control- pavimentan fácilmente las rutas del tráfico sin que las fuerzas de seguridad ni los familiares de las víctimas puedan hacer nada por evitarlo, consolidándose así una de las más espeluznantes tragedias que puede experimentar una sociedad.

En países cuyo sistema patriarcal ha marginado históricamente al segmento femenino de la población y expone a niñas y mujeres a los mayores riesgos en todos los aspectos de su vida, el negocio de la trata ha encontrado un sustrato idóneo para desarrollarse. Quienes sufren el flagelo con mayor crudeza se encuentran por lo general en las áreas rurales y en los sectores de menores ingresos, en donde la violencia contra las niñas y mujeres es parte de la cotidianidad. Es fácil imaginar las enormes dificultades enfrentadas por los familiares que habitan en caseríos o aldeas alejadas de los centros urbanos y, por ende, sin capacidad alguna para presentar denuncias y obtener apoyo de las autoridades.

Esta situación hace presumir que de los datos compartidos por algunas instituciones y organizaciones dedicadas a investigar las actividades de estos grupos criminales existe un fuerte sub registro. Si se calcula en aproximadamente medio millar al año las víctimas de trata –de acuerdo con el informe del PDH en 2017- destinadas a la prostitución, al trabajo forzado y a otras formas de esclavitud, es imposible no sospechar de la complicidad de algunas autoridades, dado que muchas de las víctimas son trasladadas a través de las fronteras sin dejar registro alguno; como si se hubieran desvanecido en el aire, como si nunca hubieran existido.

Niñas y mujeres, las más susceptibles de ser víctimas de trata.

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Fuera de contexto

Cuando una autoridad naturaliza la violencia de género, dispara las alarmas.

 El vicepresidente de Guatemala dijo textualmente durante una entrevista: “La historia juzgará a cada quien en el quehacer de su vida. Hasta cómo nos comportamos en el hogar. Cuántas veces dejamos el ojo morado a la esposa o la esposa al esposo. Porque todos atacan a los hombres, pero las mujeres a veces son agresivas y no se quedan calladitas”. Su afirmación corrió de inmediato por las redes sociales, en donde fue objeto de fuertes críticas. Sin embargo no faltó quien defendiera al funcionario aduciendo que su malhadada frase había sido sacada de contexto. Para aclarar las cosas, démosle el entorno que merece.

“La violencia contra las mujeres se ha manifestado como un continuo en la historia de Guatemala y la violencia de género ha sido perpetuada como una herramienta de subordinación y control de la vida y cuerpo de las mujeres, sustentada por una cultura patriarcal y conservadora y un sistema frágil de seguridad y respuestas judiciales que genera impunidad.” (ONU Mujeres). Siguiendo en esa línea y de acuerdo con datos recabados por la misma organización en Guatemala, durante el último semestre de 2018 se registraron más de 50 mil embarazos en niñas y adolescentes como reflejo de la violencia a la cual se ven expuestas, la mayoría de veces dentro del hogar y por incesto cometido por sus padres, hermanos, tíos o personas allegadas a la familia.

La violencia de género y la ejercida en el hogar, eso que al vicepresidente de Guatemala le parece la cosa más natural del mundo, se produce sobre más del 51 por ciento de la población y la pobre respuesta del Estado ante las violaciones, el abuso económico, social y laboral, así como el femicidio que alcanza cifras de espanto, han convertido a Guatemala en uno de los países de mayor riesgo para la vida y la integridad física y psicológica de las mujeres. Por ello, naturalizar la violencia doméstica, como pretendió esa alta autoridad del gobierno, posee implicaciones de enorme alcance moral.

El problema con las expresiones vertidas por representantes de la máxima autoridad es cómo impactan en amplios sectores de la ciudadanía. El acoso y la violencia en el entorno doméstico son taras sociales que es preciso erradicar a través de educación, una legislación capaz de sancionarla y una administración de justicia con enfoque de género y capacidad para condenar a los agresores y proteger a las víctimas. En ese mismo sentido, la aberrante decisión de utilizar una ley como la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, diseñada para amparar a las mujeres víctimas de violencia, como parapeto contra investigaciones por supuestos delitos cometidos por Sandra Torres, candidata a presidente, viene a horadar la solidez de un sistema que, bien utilizado, es capaz de salvar la vida de tantas mujeres amenazadas por un sistema patriarcal que las margina.

No hay frase inocente cuando viene de una autoridad, dado que refleja una postura y una línea de pensamiento; por eso la necesidad imperiosa de analizar cuidadosamente a quién o quiénes se les concederá un voto de confianza en las próximas elecciones. Guatemala no merece la pobre calidad de funcionarios como aquellos que la han sometido durante tantas décadas al saqueo, a la miseria y a la desnutrición de sus nuevas generaciones con un cinismo cruel; pero, sobre todo, a la perpetuación de una violencia cuyos niveles solo se comparan con aquellos de las naciones africanas sumidas en conflictos bélicos. El país se enfrenta como nunca a una necesidad imperiosa de cambio y depuración de sus más importantes instituciones y la ciudadanía tiene en sus manos el voto, con el poder de generar el salto hacia el futuro.

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Pasa el tiempo y nada cambia

Es imprescindible superar la sumisión y asumir un legítimo reclamo.

 En época de campañas electorales todos los candidatos a cargos de elección popular sacan lo más selecto del baúl de las promesas. Para ellos prometer es gratis y casi siempre paga altos dividendos ante la ausencia de reglas claras que impidan la institucionalización del engaño. Quizá por eso las candidaturas se han transformado en un negocio y la ética, en política, en azúcar impalpable que al primer contacto con la realidad se va con el aire.

En nuestros países es fácil para los políticos corruptos salirse con la suya porque, a pesar de innegables avances en la eliminación de obstáculos para la participación ciudadana, persiste una de las barreras más efectivas para neutralizar el poder del pueblo: la educación. En este aspecto, las naciones menos desarrolladas del continente y aquellas en donde los engañosos polos de desarrollo de su pirámide social contrastan con grandes conglomerados hundidos en la miseria, coinciden en políticas de restricción de derechos básicos –educación, salud y empleo- con el propósito de conservar su tradicional estatus de privilegios para los círculos en el poder.

El discurso político de campaña apenas cambia de acento de una a otra punta de nuestra América Latina. En ese concierto de cacofonías, el hilo conductor es una demagogia cruda cada vez más evidente, que ya no se molesta en disimular el propósito fundamental de la ambición política como es, simplemente, la conquista del poder y con él, la llave de las arcas nacionales. Cuando de pronto surge una voz responsable y honesta con propuestas de cambio y visión de nación  -una rara aviscasi extinta- de inmediato se elevan los mecanismos para silenciarla por no caber en un contexto ya predeterminado por los grandes estrategas, cuyas manos manejan los hilos del hemisferio desde el corazón neoliberal del imperio.

No hay que engañarse. Si nuestros países no despegan es porque no conviene a los intereses de los dueños del planeta y de nuestros recursos naturales. Basta echar una mirada a los anales de la Historia para ver con cruda claridad cómo las decisiones de mayor trascendencia cruzan la puerta de “la embajada” y, en esa ruta, pierden todo sentido social para transformarse como por arte de magia en una más de las políticas públicas diseñadas para someter a los pueblos, empoderar a sus castas económicas y políticas y, de ese modo, imponer un modelo contrario a un desarrollo basado en la libertad y la independencia. Quien no se adapte, muere –simbólicamente o no- en el intento.

¿Existe entonces una salida digna para nuestras naciones? ¿O es que será preciso esperar a que nos la concedan graciosamente quienes se han apoderado de ellas? La respuesta está en las instituciones locales, horadadas por la polilla de la corrupción y sumisas ante el poder del dinero fácil y los grandes capitales, pero sin la contraparte de una ciudadanía empoderada. De ese modo es posible observar cómo las posiciones en listados de candidatos se comienzan a llenar con ejemplares notables de lo peor de la fauna local sin el menor proceso de selección por capacidad, honestidad ni cualidades personales; eso, porque un ejercicio cívico de tal trascendencia por lo general carece –gracias a una legislación venal y con dedicatoria- de los mecanismos de depuración necesarios en todo proceso democrático.

Pasa el tiempo y nada cambia. Para que eso suceda, será imprescindible el tránsito de la pasividad a la participación; de la sumisión a la rebeldía; del silencio a la protesta legítima. Sin ese componente fundamental del ejercicio cívico el cambio nunca se hará realidad.

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El derecho a la verdad

Uno de los graves problemas en la sociedad es la institucionalización de la mentira.

 El imperio de la justicia y el acceso a la información son de los temas más sensibles para la supervivencia de una democracia saludable en cualquier país. En ambos casos, mucho depende de la capacidad de la ciudadanía para detectar las fisuras, combatir las injusticias desde una posición analítica e informada y participar activamente en los asuntos de la comunidad. A pesar de las dificultades para emerger con mente despierta de la maraña de falsedades en la cual se debaten las sociedades, existen mecanismos para abrir los accesos a las fuentes y los archivos en donde se guarda la actividad de los centros de poder.

Sin embargo, muchas veces esos registros han sido capturados, borrados o negados al acceso público. Esto sucede en países carentes de regulaciones estrictas para salvaguardar sus registros históricos, porque quienes los controlan suelen escatimar esa información para evitar consecuencias legales por la comisión de delitos dentro de las instituciones. En este enorme bagaje de documentación no solo reside el hilo histórico sino también los detalles de crímenes cometidos por quienes administran la política, la economía y la justicia de una nación.

Ayer 24 de marzo se celebró el Día Internacional del Derecho a la Verdad proclamado en 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de sus derechos humanos, así como resaltar la importancia del derecho a la verdad y a la justicia. La relevancia de esta decisión de la ONU pone de manifiesto de manera muy puntual el derecho de las víctimas de abusos a conocer los detalles de las acciones cometidas en su contra y exigir la aplicación de la justicia para castigar a los culpables. Por ello, resulta una acción especialmente emblemática cuando tanto en Chile como en Guatemala se pretende liberar a los responsables de algunos de los peores crímenes de lesa humanidad cometidos en América Latina.

Las desapariciones forzadas, los asesinatos masivos por motivos políticos, las persecuciones contra líderes comunitarios y activistas ecológicos y las políticas de tierra arrasada -con el propósito de apoderarse de territorios ricos en recursos- son crímenes imprescriptibles en el escenario mundial. Sin embargo, los círculos de poder bajo cuya protección de encuentran los perpetradores –dentro de las estructuras del Estado y fuera de ellas- poseen un enorme poder ante sociedades acostumbradas a tolerar sus excesos y a vivir intimidadas por sus políticas represivas.

América Latina ha sufrido estos embates una y otra vez. Los países han perdido ya la cuenta de los golpes recibidos en sus intentos por establecer democracias transparentes y orientadas a proteger los derechos ciudadanos. Algunos presumen de libertades y desarrollo, pero solo benefician a un porcentaje mínimo de la población y dejan a las mayorías privada de derechos esenciales como la educación, salud y alimentación. En esas naciones, el acceso de la ciudadanía a la información veraz, verificable y completa sobre los actos de sus gobernantes suele ser casi imposible.

El derecho a la verdad proclamado por la ONU, por lo tanto, también debe incluir a las grandes mayorías. Junto con las víctimas de crímenes de lesa humanidad están enormes conglomerados humanos condenados a la miseria y al hambre por gobiernos corruptos y estructuras criminales apoderadas de sus instituciones. El acceso a la información pública y, especialmente, a los registros de los organismos represivos, debe ser un paso ineludible hacia la restauración del estado de Derecho.

Condenar a un pueblo a la miseria, también es un grave delito.

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Las debilidades del sistema

La profunda miseria de los pueblos forma parte de un plan estratégico.

 Solemos ver los acontecimientos como reflejos segmentados de un caleidoscopio; un juego de espejos que nos obliga a separar en trozos dispersos algo que  -visto en toda su dimensión- podría darnos una perspectiva más precisa del espeso caldo político en el cual están sumergidas nuestras naciones tercermundistas. Por ello, es preciso comprender que la pobreza es parte de un plan y los grandes estrategas saben muy bien que para conservar el control del hemisferio sur hay que aplicarlo sin concesiones ni medias tintas. Para ellos, los grandes conglomerados de seres humanos privados de medios de subsistencia son daños colaterales necesarios en esa cruzada por el enriquecimiento de los más ricos y el control de los recursos valiosos de nuestras naciones.

Para ello, cuentan con la complicidad graciosa de gobiernos hundidos en la más grosera y vil corrupción. Son sus peones –los más insignificantes- y precisamente por su carencia de valores, su desprecio por la ley y su ignorancia respecto de la historia de sus pueblos, estos peones son capaces de hundir a sus países más allá, incluso, de las intenciones de sus amos. En Centroamérica se puede observar con prístina claridad el entreguismo de gobiernos aliados con el mayor de sus enemigos: un remedo de sistema neoliberal extremo, cuyo efecto ha sido colapsar a sus instituciones y a sus economías aplastando toda oportunidad de desarrollo. Guatemala, Honduras y Nicaragua no pueden definirse por el color político de sus gobernantes –porque no hay ideología que justifique tanta miseria moral- sino por los hechos que los colocan entre los más represivos, violentos y corruptos del continente.

El caos institucional, las violaciones de los derechos humanos, el desprecio por el estado de Derecho y un estatus permanente de incertidumbre en el cual se debate una ciudadanía abandonada a su suerte, los han convertido en un ejemplo de lo que no debe ser. Sus estrategias de intimidación contra pueblos ya debilitados por el solo hecho de carecer de medios de subsistencia mínimos, funcionan como un freno a la acción ciudadana, mecanismo esencial de toda democracia. En este contexto viciado, los negocios más prósperos son los monopolios, el tráfico de seres humanos y de drogas, en ese orden.

La indiferencia de autoridades e instituciones por el destino de miles de niñas, niños, adolescentes y mujeres desaparecidos sin dejar huella permite deducir la complicidad de sus instancias encargadas de la seguridad ciudadana. Así de podridas están las estructuras institucionales. A esto se añade un plan maestro de larga data, concertado con los sectores de poder económico para mantener a sus pueblos alejados de toda posibilidad de empoderamiento a través de una educación de calidad, acceso libre e ilimitado a la información y la garantía de un sistema de salud capaz de prevenir y evitar la desnutrición crónica que –solo en Guatemala- afecta a más de la mitad de la población infantil.

El cuadro no responde a un castigo divino ni a un infausto destino marcado por la rotación de los planetas. Es parte de un plan perverso pergeñado por mentes maquiavélicas con el único propósito de apoderarse de las riquezas de los países para acrecentar las arcas de un puñado de seres todopoderosos capaces de definir el destino de las naciones con la complicidad de títeres locales. Es, en otras palabras, el mapa de los deseos dibujado por un sistema económico voraz y carente de humanidad, ante el cual los pueblos empobrecidos son indefensos. A menos, claro, que sean capaces de elevarse por sobre sus diferencias para elegir, de entre toda la basura electoral, a sus mejores cuadros políticos. 

El plan maestro está diseñado para hacer más ricos a los ricos. 

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