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Una prensa sumisa ante la presión de grupos de interés, hace tambalear la democracia

La reciente celebración del día del periodista en Guatemala obliga a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en un panorama tremendamente conflictivo y cargado de amenazas como el que se observa en ese país centroamericano, pero también en muchos otros alrededor del mundo.  Quienes nos hemos desempeñado en este oficio sabemos, por experiencia, la envergadura de las trampas en la búsqueda de la verdad y hasta dónde se puede obtener información de calidad. Pero esto no afecta solo a los periodistas; también para la sociedad la ruta está plagada de obstáculos: se puede ir uniendo fragmentos de información para armar el rompecabezas, pero siempre faltan las piezas indispensables, esas que podrían dar una pista sobre las causas y las consecuencias de los fenómenos que nos rodean.

Los medios de comunicación –garantes de uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático- se han ido transformando en enormes monopolios cuyos intereses corporativos marginaron, de una vez y para siempre, su responsabilidad social y su misión de garantizar no solo la libertad de prensa, sino también el derecho ciudadano a la información. Esta ruta, aparentemente inevitable por la necesidad de contar con los ingresos de la publicidad comercial y condicionada por intereses particulares, ha causado un impacto negativo en su labor informativa, pero también en la integridad de las estructuras democráticas y en la manera como las sociedades se ven inducidas a tomar posición frente a los hechos políticos, económicos y sociales que les conciernen.

Ante esta realidad, los medios alternativos -cuya presencia abunda en el mundo digital- se han transformado en una solución parcial e indudablemente valiosa para quienes buscan conocer aquello que los grandes medios suelen callar por presión de los gobiernos o por defender posiciones e intereses de grupo. Esto resulta especialmente notorio en la cobertura de acontecimientos de enorme trascendencia como las protestas masivas contra gobiernos dictatoriales y corruptos alrededor del mundo, así como fenómenos de histórica data: el racismo, la visión sobre las migraciones, la discriminación por género, la naturalización de la pobreza, los femicidios y la criminalización de las organizaciones y líderes populares.

Sin embargo, estos medios alternativos solo son un paliativo cuya presencia alcanza a una élite educada y con acceso a la tecnología. En la marginación y la oscuridad quedan las grandes masas de población sometidas a la constante invasión de mensajes interesados a través de la televisión y la radio, los instrumentos de conexión con el mundo más eficientes y también los más peligrosos cuando no están comprometidos con su misión por la búsqueda y difusión de la verdad. La influencia de estos medios coludidos con los centros de poder resulta, entonces, un auténtico hachazo sobre el centro mismo de la democracia y la vida institucional de las naciones, incluso en aquellas que presumen de desarrollo, como sucede con las grandes cadenas noticiosas del primer mundo.

La palabra, ese auténtico milagro capaz de traducir las ideas para compartirlas con otros, es un instrumento cuyo poder no es valorado en toda su dimensión. Por ello, usarla de manera responsable, asumir con ello el compromiso de respetar la verdad y transmitirla a la sociedad a pesar de las presiones en contra, es un acto de fe en sociedades profundamente heridas por la traición de sus líderes y por la incalificable institucionalización de la mentira.

El milagro de la palabra no ha sido valorado en toda su dimensión.

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La necesidad constante de reconquistar derechos es el mayor desafío para las mujeres.

Nada está dicho. Incluso la participación política, uno de los derechos elementales en cualquier sociedad, representa un obstáculo para la mitad de la población del mundo, desde estructuras diseñadas con visión patriarcal y profundamente antidemocrática. Avanzado el siglo de la tecnología, la marginación de las mujeres sigue latente, fuera de toda lógica y en abierta contradicción con los supuestos avances de la Humanidad. Esta realidad queda plasmada en leyes restrictivas sobre uno de los aspectos más íntimos de un ser humano como es la salud sexual, pero sobre todo en una creciente influencia de doctrinas cuyos preceptos colocan a la mujer en una posición dependiente, subordinada y abiertamente inferior.

Quienes experimentan con mayor violencia el choque con la realidad impuesta a partir de este sistema son las niñas y adolescentes, enfrentadas desde su nacimiento a la discriminación y la violación de su integridad física, sexual y social. Privadas de la capacidad de defenderse contra la agresión en los diferentes escenarios de su entorno, desde muy pronto deben aceptar la desigualdad como norma de vida, aun cuando pertenezcan a un círculo privilegiado dentro de su comunidad. La misoginia y el machismo atraviesan de manera transversal a todos los estratos, en todas las culturas e incluso en países de gran desarrollo social, en donde se destacan los logros en equidad –algo que debería ser la norma- como conquistas excepcionales.

En esta fecha especial, cuando se hace énfasis en la absoluta urgencia de establecer parámetros desde los estamentos políticos y sociales para eliminar la violencia contra la mujer, nos encontramos con un escenario cada vez más restrictivo en temas como la educación en igualdad, el derecho a la interrupción de embarazos provocados por violación, el derecho a la equidad en salario, participación política, acceso al crédito, eliminación de toda forma de discriminación institucional y de cualquier otra índole y, de manera muy puntual, la protección de niñas, adolescentes y mujeres adultas contra esas limitaciones que hacen de la marginación una forma de vida.

Una de las campañas más arteras contra la libertad de las mujeres ha sido la descalificación del feminismo como un intento de transformar el concepto mismo en una afrenta contra los valores de la sociedad, como si la búsqueda de la igualdad entre mujeres y hombres constituyera una desviación moral. La férrea oposición de grupos conservadores contra los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia se ha acentuado mientras se consolidan los gobiernos dictatoriales marcados por la influencia de las doctrinas pentecostales alrededor del mundo. La intención es clara: obstaculizar la participación de la mujer en instancias de poder y decisión, ya que desde su posición podría alterar de manera significativa el fiel de la balanza y con ello redistribuir las cuotas de influencia en asuntos de impacto político y social.

Las innumerables formas de violencia en contra de la mujer, un grueso y antiguo catálogo de agresiones e injusticia, tienen como finalidad mantener un statu quo de privilegios para un sector determinado de la sociedad. Es el mismo cuadro definido por el sistema económico, impuesto por las potencias occidentales en contra de sociedades aplastadas por las desigualdades. Por lo tanto, derribar esas estructuras no provocaría necesariamente un desequilibrio en la dirección contraria, sino un cambio capaz de beneficiar a la sociedad en su conjunto, eliminando los mecanismos que actualmente le impiden alcanzar la tan ansiada paz.

El mundo necesita otro código de conducta; uno inclusivo y justo.

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América Latina vive los efectos de una Guerra Fría que jamás terminó del todo.

Golpes de Estado, manifestaciones ciudadanas reprimidas con las feroces técnicas de contrainsurgencia (aprendidas algunas en la Escuela de las Américas y otras en centros de entrenamiento sembrados a lo ancho y largo de nuestro continente) así como estallidos de violencia cada vez más intensos, conforman el paisaje político actual en Latinoamérica. No parece ser casual el derrocamiento de un presidente de corte social en Bolivia –ya sucedió en Brasil con Dilma- ni la tozudez del mandatario chileno aferrado al poder a pesar del masivo repudio ciudadano. Todos los síntomas llevan a pensar que los aletazos en la Casa Blanca han levantado una especie de tsunami en su patio trasero, ya que a Estados Unidos no le hace ninguna gracia un retorno de los gobiernos nacionalistas y lo está demostrando con la misma falta de sutileza que lo ha caracterizado a lo largo de su historia.

Pero no todo es culpa del imperio. El Departamento de Estado ha contado con la complicidad abierta y sin disimulos en todas las naciones al Sur de su frontera. Unas más y otras menos, dependiendo de la fortaleza de sus instituciones, todas han experimentado un fenómeno similar de intervencionismo. Por supuesto, es preciso reconocer la habilidad con la cual han amarrado los intereses corporativos de sus grandes consorcios con las élites económicas locales, gracias al patrocinio generoso brindado a los círculos políticos corruptos. Contra ese entramado de influencias y leyes casuísticas –muchas de ellas diseñadas para blindar espacios de impunidad y concesión de privilegios- no hay sociedad capaz de hacer valer sus derechos sin pagar por ello un alto precio en vidas humanas y en retroceso de sus conquistas sociales.

Aun cuando parezca ser un asunto de las capas más pobres, el fenómeno toca de manera transversal a toda la sociedad incluso a aquellos sectores más o menos acomodados que, al tener algo que perder con un cambio de sistema, se aferran al actual refugiándose en una burbuja de negación que les ha servido de parapeto utilizando para ello los viejos argumentos de la Guerra Fría: criminalización de los manifestantes, así como la adjudicación de la rebelión al ubicuo fantasma del comunismo internacional y a gobiernos extranjeros, la mayoría de ellos más ocupados en sobrevivir a la agresión gringa que en meterse en los problemas de otros. Sin embargo quienes han perdido mucho conforman una inmensa mayoría y eso se hace sentir en las calles. La brutal represión de los cuerpos de seguridad del continente no logra cerrar el boquete abierto por la indignación popular y hoy es más evidente que nunca la participación de los sectores de mujeres, niñez y juventud, los más afectados por la desigualdad y la privación de derechos.

América Latina ha vivido en un péndulo constante entre dictaduras –abiertas o solapadas- con primaveras democráticas aplastadas, tarde o temprano, por presiones externas cuyo origen es eminentemente elitista –dinero y control geopolítico; es así como las grandes corporaciones y los centros de liderazgo mundial no dudan en poner todo su poder en juego a través de los gobiernos imperialistas, entre los cuales también se incluyen europeos y asiáticos, y caer sobre las riquezas de aquellos debilitados por siglos de explotación. En semejante escenario, los resultados de las protestas ciudadanas, aun siendo masivas y legítimas, continúa como una de las pruebas extremas de resistencia humana y social. Quienes persisten en negar la dimensión del conflicto suelen jugar, como siempre, contra sus propios intereses y el porvenir de sus descendientes.

La protesta social toca de manera transversal a toda la sociedad.

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Encerrado en su ceguera y su odio hacia el pueblo, Piñera lo pierde todo.

Acuerpado por dos instituciones armadas y entrenadas para reprimir a la población –Ejército y Carabineros- el aún presidente de Chile pretende ignorar las justas demandas de la ciudadanía y blindar un sistema neoliberal colapsado, del cual se benefició personalmente durante décadas amasando una fortuna incalculable gracias a los mecanismos instaurados por el régimen de la dictadura. Tan tramposo y superficial como irresponsable, Piñera tiene hoy al país al borde de la peor catástrofe política de su historia, reprimiendo de manera sangrienta a millones de chilenos quienes han puesto su autoridad al borde de la picota.

Las demandas de la ciudadanía no pueden ser más claras: convocar a una asamblea constituyente para redactar una Constitución acorde con las expectativas ciudadanas de justicia social, igualdad, protección de la riqueza nacional y el establecimiento de mecanismos capaces de consolidar una democracia actualmente tambaleante. Es decir, todo aquello con el potencial de garantizar el bienestar general sin los reductos de privilegio imperantes en todo el aparato gubernamental gracias a las trampas legales instaladas por la dictadura en el texto actual. Pero el presidente más cuestionado desde que Chile es Chile –con un 9 por ciento de aprobación- se ampara detrás de su biombo de papel y juega a dictador sin tener siquiera las agallas de dar la cara a quienes exigen respuestas.

El mundo observa con estupor cómo las más impresionantes manifestaciones ciudadanas –arriba de millón y medio de personas en las calles durante la semana pasada- son agredidas de manera irracional por Carabineros, quienes compiten por coronarse como la fuerza policial más sanguinaria del continente. Asesinatos a mansalva, violaciones y abusos sexuales de niñas y adolescentes, miles de heridos por balas y perdigones y algo aún más siniestro, como cientos de manifestantes ciegos por pérdida de ojos, es la cauda de una ola de violencia inaudita contra la población desarmada.

Por supuesto, no faltan quienes responden a la propaganda oficial y defienden la postura de Piñera apoyando su discurso contra el vandalismo, intentando ignorar el enorme cúmulo de evidencias en vídeos y fotografías en donde se demuestra la intervención de fuerzas del orden en muchos de estos actos. Chile es ahora un caldero a punto de estallar y mientras en las calles la juventud acompañada de una impresionante representación ciudadana exige su renuncia, Piñera se toma fotos en los patios del palacio y lanza su más reciente excusa para evadir su responsabilidad: una supuesta intervención de países extranjeros en las protestas.

Si su actitud no hubiera sido ya una afrenta para chilenas y chilenos agobiados por la injusticia del sistema, esta última declaración bastaría para quitarle ese último 9 por ciento de aprobación. Adjudicar a otros gobiernos –evidente la alusión a Cuba y Venezuela- la responsabilidad por la mayor movilización ciudadana que ha vivido Chile en su historia, no solo es un reconocimiento al poder de esos Estados; también revela la pobreza moral de un hombre incapaz de reconocer sus errores, incapaz de aceptar la derrota y, por encima de todo, carente del más elemental sentido humanitario. Apertrechado en su búnker de privilegios mal habidos y rodeado de empresarios beneficiados por el sistema neoliberal que se cae a pedazos, este ya deslegitimado mandatario sigue empeñado en defender un estatus caduco mientras el pueblo, desde las calles, le demuestra que no necesita de ayuda exterior para expresarle su rechazo y exigirle un último acto honorable: reconocer su derrota y renunciar.

La ciudadanía chilena exige a su presidente un último acto de honor.

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La estrategia de terror impulsada por Piñera solo añade más carbón a la hoguera.

Cuando un pueblo pierde el  miedo es cuando los gobernantes –demócratas o no- deben empezar a reflexionar sobre las causas e iniciar un proceso de cambio. Todo lo contrario hacen los dictadores: refuerzan sus dispositivos de represión, siembran el terror entre los manifestantes, asesinan, torturan y violan como modo de dejar bien establecido su poder y, finalmente, terminan por transformarse en aquello que eran desde un principio detrás de la máscara de la democracia y la institucionalidad. Esto ha sucedido con el régimen neoliberal de Chile, un sistema impuesto desde el corazón del imperio y el cual ha dejado en la miseria a millones de seres humanos alrededor del mundo.

La juventud chilena, con una trasgresión transformada en símbolo –la evasión del pago del Metro de Santiago- rompió los diques de una sociedad que se ha visto arrinconada tras decenios de abuso y marginación, empobrecimiento de sus capas medias, pauperismo en sus segmentos más pobres y el enriquecimiento ilícito –aunque legalizado- de un mínimo porcentaje de privilegiados que observan desde sus trincheras económicas cómo se hunde el país. Esa juventud, que no vivió la dictadura en carne propia, comprendió bien que la subordinación a un sistema depredador e injusto no es la vía para acceder a un futuro de bienestar y desarrollo.

Lo sucedido desde entonces, ya es historia y ha provocado una avalancha de reacciones a nivel mundial: millones de personas se congregan en inmensas manifestaciones exigiendo, por fin, el cambio necesario. Entre otras demandas, además de la renuncia del presidente y sus ministros, exige una nueva constitución para derogar los lineamientos impuestos por la dictadura, y cambios sustanciales en la administración pública, entre otros: los servicios de salud; el sistema de pensiones; el acceso al agua; al mar; la nacionalización de recursos nacionales que hoy alimentan fortunas privadas; la educación pública y, por encima de todo, la erradicación de toda clase de violencia ejercida desde el Estado contra la población.

Los muertos y heridos como consecuencia de la represión militar y de carabineros habla claro sobre el miedo del gobernante y sus huestes económicas. Temen perder los privilegios mal habidos y demuestran tal pánico a la fuerza popular que han traspasado todos los límites, convirtiendo al país en un campo de batalla en donde predominan el abuso y la violencia estatal. La presión hacia los medios de comunicación afines al régimen es solo una de sus tácticas más perversas, también han intentado satanizar las protestas iniciando una serie de ataques planificados por sus cuerpos uniformados, con el propósito de instalar una imagen de terrorismo; han acusado a otros países de haberse infiltrado provocando el conflicto, han criminalizado a la juventud y han implementado toda clase de mecanismos fascistas, como las violaciones sexuales, la tortura y los ataques armados directos contra manifestantes desarmados y pacíficos.

El Estado chileno bajo el mando del presidente Piñera está cometiendo un crimen, pero un crimen imperfecto. La máscara les ha quedado pequeña y hoy, gracias a quienes han documentado los detalles de los ataques de carabineros y militares y también a las declaraciones de algunos funcionarios que han comenzado a revelar detalles sobre las ilegalidades cometidas por las autoridades, ya la pobre reputación del gobierno de Chile se revela de cuerpo entero. Chile ha dejado de ser ejemplo para el mundo; hoy se conoce en detalle y a todo color de qué males padece el sistema dorado de su neoliberalismo.

Los muertos y heridos marcarán el colapso definitivo de un sistema injusto.

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La maldad, cuando parece no tener límite, esconde un temor profundo a la justicia.

Tenía la intención de escribir sobre la situación en Chile. Lo sucedido durante los días pasados no solo merece la mayor atención del mundo, sino también un análisis ponderado y sensato sobre los posibles escenarios luego de la masiva protesta del pueblo chileno contra los abusos de un sistema que lo ha marginado durante 30 años. Pero hay otro tema fundamental que no debemos dejar pasar y es, aunque parezca mentira, otra guerra. Esta vez, contra las niñas sobrevivientes de la masacre ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción en Guatemala.

Muchos ya conocen la historia; estos “hogares seguros” -administrados por una dependencia de la Presidencia- tienen la misión de proteger y dar cobijo a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la historia es diferente: en el HSVA se comprobó que la situación de las y los internos presentaba un cuadro de abusos, maltrato, violaciones sexuales y precariedad en alimentación, salud, vestuario y condiciones de alojamiento, todo ampliamente investigado y divulgado por la periodista Mariela Castañón desde mucho antes de producirse la tragedia. Esto detonó la protesta de las niñas, la cual desembocó en el encierro ordenado por las altas autoridades y posteriormente el incendio del aula en donde habían pasado toda la noche hacinadas y en una situación de total violación a sus derechos.

En esa aula murieron calcinadas 41 niñas y 15 quedaron con graves quemaduras. Durante los días posteriores surgieron denuncias sobre la dura realidad en la cual se encontraban y, entre ellas, la de la existencia de una red de trata administrada por algunos miembros del personal del hogar. Es importante señalar que Guatemala es un paraíso para las organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas. A diario “desaparecen” niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres adultos con fines de esclavitud sexual y laboral. Para nadie es un secreto que solo se mantiene la impunidad de estas redes gracias a conexiones firmes en altas esferas, en donde los cómplices allanan obstáculos y se benefician del negocio.

Aun cuando este parece ser el escenario extremo de la perversidad, todavía faltaba el detalle para hacer del cuadro una asombrosa muestra de la bajeza humana. Una persona que ha prestado servicios profesionales a la Secretaría contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, Svet, ha presentado una demanda ante la justicia contra las sobrevivientes por los supuestos delitos de “muchedumbre, asesinato, lesiones leves, graves y gravísimas; inducción al abandono, amenazas, hurto agravado, robo agravado, incendio, incendio agravado, atentado, desobediencia, desorden público e instigación a delinquir”.

Dado el carácter surrealista de esta demanda contra las verdaderas víctimas de la violencia institucional perpetrada por el Estado de Guatemala contra niñas indefensas, es lógico suponer que se trata de una maniobra para amordazarlas, desacreditarlas y desarticular así cualquier intento de las verdaderas víctimas en la búsqueda de justicia y reparación. Por ello surge la duda de quién o quiénes serán los verdaderos impulsores de tal iniciativa. Cuánto miedo tienen a que se conozca la verdad de lo sucedido entre esos muros. Cuántos personajes poderosos podrían caer al conocerse en detalle las atrocidades cometidas contra niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad acogidos en esos hogares creados para ser seguros, bajo la protección de un Estado que ha demostrado con creces su debilidad moral.

La debilidad moral del Estado se manifiesta en la violencia contra su gente.

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Después de muchos años de rechazo al sistema, la olla de presión finalmente ha reventado.

El modelo chileno, tan admirado desde la distancia segura del ámbito mediático, finalmente ha topado la paciencia de la ciudadanía estallando en una ola de protestas expresada en manifestaciones pacíficas y cacerolazos, pero también en una serie de actos de vandalismo de extrema violencia. Difícil, a pocas horas de los acontecimientos, elaborar una hipótesis más o menos certera sobre la situación en la cual se encuentra el país sudamericano, después de una jornada que culminó con toque de queda y bajo control militar en dos de las ciudades más importantes por ser sedes de dos poderes del Estado, como son Santiago y Valparaíso.

El hecho de haberse iniciado las protestas como reacción ante el incremento del pasaje del Metro de Santiago –decisión que finalmente debió ser suspendida por el presidente Piñera- no significa en absoluto el fin del conflicto; esa medida desproporcionada contra una población que ha perdido capacidad económica de manera consistente durante décadas de gobiernos neoliberales, no fue más que la gota que derramó un vaso lleno de reclamos mucho más graves que esos 30 pesos de diferencia en la tarifa. Ni los gobiernos de la Concertación ni los de extrema derecha ejercidos por Sebastián Piñera han sido capaces de comprender en toda su dimensión la necesidad urgente de equilibrar sus políticas públicas, dando un espacio justo a las demandas ciudadanas.

No deja de ser significativo que los actos de mayor violencia se enfocaran precisamente en aquellas empresas sobre las cuales existen fuertes resquemores por ser símbolo de un sistema que margina a las mayorías: bancos, oficinas de las AFP, farmacias, supermercados, garitas de peaje y estaciones del Metro;  allí se enfocó la mayoría de hechos vandálicos, en muchos casos con destrucción total de su infraestructura, en distintas localidades del país. Por lo tanto, al parecer no se trató simplemente de una protesta por la tarifa de transporte de la capital, sino por los abusos sistemáticos de un sistema diseñado por y para el grupo económico más privilegiado, el cual deja al margen de los beneficios de la riqueza a las grandes mayorías, arrinconando con recursos legales a quienes exigen cambios de fondo.

El domingo, Chile amaneció con una fuerte resaca, pero las manifestaciones no terminaron del todo a pesar de la represión policial y la presencia del ejército en sus ciudades más importantes. A la ciudadanía no parece amedrentarla el fantasma de la dictadura ni las amenazas explícitas de las autoridades castrenses que han tomado el control. Son muchos años de reclamos y manifestaciones por el derecho a la salud y a la educación, por la eliminación de los privilegios corporativos, por la depredación sistemática de sus recursos naturales entregados a grupos empresariales, por la agresión sostenida contra el pueblo mapuche, por la privatización del agua y por la precariedad del empleo.

Las jornadas de protestas han puesto en evidencia la dura realidad de un país próspero en apariencia, pero debilitado profundamente por un sistema injusto y totalmente deshumanizado. Es el Chile en blanco y negro en donde se contrapone la imagen feliz de exportación con una realidad cada vez más precaria para la clase trabajadora, la cual vive en una deuda perpetua para poder sobrevivir, y para un amplio sector de la juventud cuyas perspectivas académicas y laborales resultan cada día más estrechas. El gobierno de Piñera, sin embargo, ha reaccionado con represión y, lejos de comprender la necesidad de diálogo y consenso, actúa contra la razón aplicando la fuerza: una falla estratégica tan profunda y extensa como la que cruza la geografía de ese hermoso país.

La ciudadanía chilena exige respuestas políticas, no represión militar.

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Los curiosos ejemplares de gobernantes impuestos por el imperio en territorio ajeno son un fenómeno de estudio.

No es preciso ser experto en política internacional para ver con meridiana claridad la manipulación obscena del grupo de países desarrollados –con Estados Unidos a la cabeza- sobre la vida institucional de las regiones bajo su estricta férula económica. Desde cuando se quitaron la careta y comenzaron las invasiones, las “guerras de diseño” -creadas con objetivos específicamente corporativos- las dictaduras y los rompimientos de aquellas incómodas democracias no afines con sus planes, el mundo ha caído en una espiral de violencia y empobrecimiento imposible de justificar con razones técnicas.

En esta incesante persecución y eliminación selectiva de líderes independentistas de países en desarrollo, ha sido notable el apoyo político, financiero y de operativos de inteligencia prestado a individuos dispuestos a traicionar a sus pueblos. Los discursos populistas previos a cada proceso electoral, han repetido una y otra vez las falacias generadas durante la Guerra Fría con el propósito de amedrentar y confundir a una opinión pública impedida de ejercer su derecho al acceso irrestricto a fuentes fidedignas de información. En esa misma tónica, el trabajo de incidencia en los organismos legislativos con el propósito de impedir cambios capaces de afectar su espacio de influencia, así como el control absoluto de los medios de comunicación, han sido parte de una de las estrategias mejor articuladas, cuya finalidad es conservar a las naciones dependientes en una dependencia aún más profunda.

No resulta, entonces, difícil comprender que la elección de gobernantes para nuestros países, apoyada desde la sede del imperio con dinero y otros trucos menos confesables, recaiga en personajes oscuros y decididos a todo con tal de conservar los favores de quienes los han colocado en esa posición de privilegio. En este juego de ajedrez juegan un papel fundamental las cúpulas empresariales de nuestros países, cómplices perfectos en los planes para blindar al actual sistema económico impuesto desde las agencias financieras y otras organizaciones mundiales, y con ello conservar intacta su carta blanca para depredar los recursos y el patrimonio de las naciones sometidas a su voluntad.

Estos gobernantes-aliados se reconocen por el intempestivo cambio de discurso en cuanto logran su elección. De paladines de la democracia, se transforman de pronto en pequeños dictadorzuelos comprometidos con las clases dominantes y enemigos declarados de las clases trabajadoras. La prédica religiosa va desde el tono humanista de la campaña hacia la sumisión fanática y la obediencia ciega a doctrinas impuestas desde el extranjero con fines de control social. Sus prioridades derivan hacia la protección de privilegios para los más ricos, con la exigencia de sacrificios para los más pobres. Dados sus compromisos, terminan por demoler estructuras institucionales y caer en un desprestigio cuyo peso también arrastra al país al cual representan.

Ante las acciones de estos gobernantes, la ciudadanía suele sentir una vergüenza inevitable por la torpeza, la falta de nivel y la estulticia de aquellos a quienes ha elegido en un proceso político iniciado con esperanza de cambio. Sin embargo, esas penas ajenas son también penas propias al comprobar una vez más el engaño de un sistema capaz de arrasar con el poder ciudadano y, por ende, con el imperio de la democracia. En esos casos, solo resta ir hacia atrás y buscar la falla en los mecanismos de organización política y los marcos legales para procesos electorales, donde precisamente se han pergeñado las trampas.

No habrá desarrollo ni democracia si no se conquista la independencia.

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Escribir no es más un desafío intelectual. Es un reto moral que me deja exhausta.

Cada semana busco en el abrumador escenario del caos mundial ese tema crucial, esa parte de la realidad sobre la cual debería explorar conceptos, ideas, información relevante con el propósito de llegar a formar un texto suficientemente lúcido y veraz como para compartirlo. Es un parto difícil porque son muchos los monstruos que nos rodean a diario y nos colocan ante la disyuntiva de hincarles el diente o dejarlos pasar. Pero entonces surgen las dudas y las urgencias: ¿la invasión del imperio contra pueblos indefensos; el abuso del sistema económico o el creciente fenómeno de la búsqueda de justicia y libertad? Luego, pienso en cuán relevante es el papel que nos toca en este concierto desafinado de lo mediático, en donde se cruzan los intereses diversos de nuestras sociedades ante una ciudadanía carente de los recursos para separar la paja del grano porque le han enseñado a creer en lo que leen; a dudar de lo que ven y a aceptar el discurso de los poderosos porque de ahí, de esos círculos de un bien aceitado poder, depende su trabajo y, por ende, su supervivencia.

Por lo tanto, ese prurito que a veces nos hace creer en la pertinencia e importancia de nuestro pensamiento se diluye cual nube de verano al sacudir el ego y comprender, en toda su dimensión, el hecho irrebatible de que somos un elemento descartable en el juego de las grandes ligas. Un juego en donde predomina el discurso predeterminado, diseñado con el propósito de controlar la información, definir los temas prioritarios y acallar las voces independientes: ese molesto rumor de la conciencia ciudadana capaz de alterar el orden de un mundo a la medida. De ese modo, las grandes batallas como las emprendidas por la igualdad de género o el derecho al aborto, el respeto por la diversidad sexual o los derechos de los pueblos originarios, el cese de la esclavitud y de la destrucción del hábitat, pueden convertirse en un molesto -pero más o menos tolerado- ruido ambiental.

Escribir una columna de opinión es un ejercicio doloroso si la intención tras ese esfuerzo cotidiano reside en abrir una ventana a la reflexión. Al abordar un tema de actualidad y desmenuzarlo en un texto limitado por cantidad de caracteres es necesario tener muy claro el lugar que nos corresponde en este concierto: no conocemos más detalles que los permitidos; no lo sabemos todo; nuestras fuentes muchas veces tienen el agua turbia y la única herramienta confiable al alcance es nuestra fortaleza moral para elaborar un mensaje coherente, honesto y bien estructurado. Su difusión –amplia o limitada- es, finalmente, un asunto secundario.

¿Por qué esa urgencia de compartir nuestras preocupaciones ante un universo de lectores totalmente desconocido? ¿Qué nos impulsa a lanzar nuestro llamado de protesta por las aberraciones cometidas por los más poderosos contra grupos específicos y pueblos enteros alrededor del mundo pero también aquí, a nuestro lado, en nuestro entorno inmediato? ¿Es que acaso existe la posibilidad de incidir en el proceso de un cambio tan hipotético como remoto? Las inquietudes personales –porque al final de cuentas una escribe sobre sus propias batallas- van engrosando una lista interminable de actos impunes contra los cuales estrellamos las débiles lanzas de otro discurso, otra reflexión y, consecuentemente, otra frustración al comprobar cómo nuestro entorno sigue girando en la dirección equivocada. Esta digresión es solo eso: una pequeña revolución de las neuronas que todavía conservo, un vistazo breve a las dudas existenciales de esta columnista fiel.

Inútil tarea esa de intentar incidir en la ruta del pensamiento colectivo.

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Lo que está en juego es la vida del planeta, razón suficiente para que la protesta sea unánime.

La campaña mediática y los comentarios –algunos francamente indignantes y ofensivos- para descalificar la campaña de protesta y concienciación iniciada hace más de un año por Greta Thunberg, una adolescente sueca de 16 años, es uno de esos fenómenos difícilmente comprensibles. ¿Odio, miedo o simplemente rechazo a una realidad sobre la cual estamos más o menos conscientes? Quizá se pueda sumar a esta fórmula el pensamiento patriarcal, cuyo marco conceptual no solo considera a la mujer un accesorio incapaz de pensar por sí mismo, sino también coloca a la niñez y la juventud en una posición de subordinación y dependencia, cuyos límites a la libertad de expresión demarca con feroz autoridad.

Greta Thunberg dio ante la comunidad internacional una lección valiosa imposible de ignorar. Sus fuertes palabras para recriminar a los representantes de los países reunidos en la cumbre del clima en la sede de las Naciones Unidas, cayeron sobre una audiencia cuyos objetivos están determinados por la economía y el poder geopolítico, no así por la urgente necesidad de reformar sus políticas para detener el acelerado deterioro ambiental que amenaza la vida sobre la Tierra.

No es posible ignorar que un puñado de países industrializados y sus sociedades consumistas han agotado, en menos de un siglo, recursos no renovables extrayéndolos de países empobrecidos por la corrupción y los conflictos bélicos provocados para facilitar sus operaciones. Como consecuencia de esa destrucción sistemática del equilibrio natural de la vida en el planeta, la Humanidad se enfrenta a un futuro incierto y poblado de amenazas que ya es necesario atender.

Sin embargo, ese escenario resulta apocalíptico para las grandes corporaciones y los países hegemónicos que gobiernan al mundo. De establecerse parámetros estrictos de reducción de emisiones, sustitución de fuentes de energía y cese de explotación de recursos no renovables y de especies marinas, muchos serían los efectos en sus planes y perspectivas económicas, en sus políticas sociales y de consumo, pero sobre todo en un replanteamiento drástico del concepto de desarrollo. Por esa razón, observan con recelo las acciones y el impacto de una adolescente de 16 años quien, sin mayores alardes, ha levantado una oleada de protestas a nivel global exigiendo acciones urgentes para detener el cambio climático.

La situación de deterioro ambiental ha sido negada sistemáticamente por los gobiernos de países con mayores índices de consumo, por lo tanto los mayores responsables por la situación actual. Eso, porque en su carrera hacia el poder absoluto, un freno de esa magnitud echaría por tierra sus ambiciones y afectaría gravemente su hegemonía económica. De esa cuenta, el presidente de la nación más consumista del planeta no tuvo empacho en intentar descalificar la actuación de Greta Thunberg y tampoco desperdiciaron la ocasión quienes apoyan sus políticas.

Lo importante no es, en realidad, quien trae el mensaje sino lo que este comunica. Como mensajera, la joven sueca logró su cometido por la pertinencia de un tema que afecta de manera directa a la niñez y la juventud del planeta. Una juventud cuyas perspectivas de vida y desarrollo se ven limitadas por la codicia corporativa y las políticas de dominación de algunas naciones súper poderosas cuyos representantes intentaron matar –mediáticamente- a la mensajera; pero el mensaje logró infiltrarse en la conciencia de millones de jóvenes, para quienes la vida es mucho más importante que un sistema de consumo alienante, impuesto por razones ajenas al bienestar humano.

El llamado de Greta Thunberg prendió fuerte en la juventud del mundo.

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La inteligencia humana está sobrevalorada; es la única especie que destruye su hábitat.

Cuando pensamos en los alcances de la inteligencia humana solemos referirnos a los grandes avances en la ciencia, la tecnología o las disciplinas intelectuales cuyo desarrollo ha dado grandes exponentes en la filosofía y las letras. Sin embargo, rara vez vemos ese despliegue de conocimientos combinados de modo de buscar el equilibrio necesario para conseguir una mejor calidad de vida para todos sin destruir aquello que nos rodea. Por el contrario, los avances más importantes suelen estar vinculados a una búsqueda incesante de riqueza y poder.

En estos días –así como ha sucedido en muchas ocasiones sin mayor repercusión global- han vuelto a surgir los temas ambientales a partir de una visión apocalíptica del futuro que espera al planeta y sus habitantes. Es innegable, aún cuando los líderes mundiales se resistan a aceptarlo, el hecho de que a partir del uso indiscriminado de los recursos de la naturaleza, el ser humano ha ocasionado un daño irreversible al equilibrio natural y, en su afán por acumular una riqueza mal habida, no solo exterminó a miles de especies; también a millones de sus semejantes.

Esto nos lleva a comprender cómo la concentración del poder político y económico ha permanecido en manos de pequeños grupos de individuos a quienes se debería pasar un test de inteligencia para evaluar qué tan capaces son de controlar tantísimo poder. Porque es imposible creer que mentes privilegiadas puedan destruir su futuro y el de otros, únicamente por acumular una riqueza de tal envergadura, que difícilmente podrán disfrutarla en medio del caos ambiental provocado por su desmedida ambición. La gran industria, esa que nos ha convencido de necesitar lo innecesario, ha sido su afilada espada de Damocles: no hay vuelta atrás, pero tampoco las posibilidades de avanzar cuando para hacerlo es necesario destruir lo poco que queda, incluyendo a quienes habitan los espacios en donde aún existe la riqueza indispensable para seguir produciendo.

El modo como estos centros de poder han controlado a la humanidad por medio de redes de influencia y el monopolio de la información, ha dado como resultado una ceguera colectiva sobre los peligros de la degradación ambiental y sus consecuencias. Lo que hoy aparece como resultado visible de la monstruosa anarquía en el desarrollo y uso de productos –como el plástico, por ejemplo-  durante décadas jamás fue tema de preocupación ni de limitación en su uso. Todo lo contrario, nos convencieron de sus bondades y las grandes corporaciones nos lo vendieron como un importante avance tecnológico, el cual supondría la solución perfecta para nuestras necesidades cotidianas.

Como borregos, aceptamos también el argumento de la minería como foco de desarrollo para nuestros países, la explotación inmoderada de los bosques nativos con la pobre compensación de plantaciones extensas de especies foráneas incapaces de revivir a la fauna extinguida y la privatización del agua, nuestro recurso vital. Tampoco se objetó de manera masiva y consciente el uso de armas de destrucción masiva financiadas y desarrolladas por los grandes centros de la ciencia para uso de gobiernos opresores y colonialistas. Todo lo contrario, se nos convenció de que en esos espeluznantes y mortíferos recursos bélicos descansaban su sueño perfecto la paz, la democracia y la libertad.

Hoy comenzamos a despertar del letargo con muchos años de atraso y lo que se ha perdido jamás se va a recuperar. Pero por lo menos tenemos la gran oportunidad –si alcanzamos la lucidez necesaria- de conservar lo poco que nos han dejado.

La verdadera inteligencia no busca riqueza para unos, sino bienestar para todos.

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Más allá del pavimento, lejos de las luces y los grandes edificios, también existe nación.

La imagen muestra una escuelita rural perdida entre aldeas y caseríos, plantíos de maíz y laderas deforestadas, en donde la niñez recibe clases en medio del lodo (cuando llueve) o del intenso calor irradiado por la lámina que medio los cubre (cuando hay sol). Los materiales escolares disponibles para sus alumnos se reducen a lo mínimo, porque la pobreza no ofrece mucho más que un remedo de establecimiento educativo con tablas y bloques de cemento para apoyar los cuadernos, en donde a pesar de las carencias los niños se esfuerzan heroicamente por aprender los rudimentos de una enseñanza insuficiente.

La experiencia de millones de nuevos habitantes de nuestro continente suele estar marcada por el hambre y la indiferencia endémica de sus gobernantes, cuyo desempeño está condicionado por los grandes capitales. El marco de referencia para estos mandatarios encumbrados gracias a sistemas clientelares y corruptos se encuentra definido por los intereses de una clase empresarial inclemente y voraz, cuya visión de la infancia es la de un contingente de futuros nuevos trabajadores sometidos a explotación y sin recursos para tener acceso a una vida digna. Los pobres son pobres porque así les tocó, dicen algunos. Es la voluntad de Dios, dicen otros. Y lo predican en los templos para acallar pensamientos rebeldes, potencialmente peligrosos.

Las condiciones de vulnerabilidad de la niñez son, entonces, algunas de las tácticas más productivas para blindar el sistema neoliberal diseñado ad hoc para los países subdesarrollados y proteger así la continuidad de los círculos de poder económico y político. Privar a las nuevas generaciones de acceso a la salud, a la alimentación y a la educación responde a planes bien estructurados de control social, tal como sucede con la invasión de doctrinas supuestamente religiosas cuyo papel fue cuidadosamente diseñado por la CIA en los albores de la Guerra Fría para aplastar, biblia en mano, toda amenaza de subversión.

Sin embargo, así como resulta conveniente abortar en su germen toda posibilidad de desarrollo intelectual y social de este enorme segmento poblacional conformado por niñas, niños y jóvenes, también es un arma de doble filo en países cuyos sistemas productivos jamás podrán trascender el marco agroexportador por falta de un recurso humano tecnológico, creativo, emprendedor y capaz de hacer ese salto indispensable hacia una economía del tamaño del siglo actual. El desafío planteado, entonces, es transformar el modelo desde sus raíces y rescatar las riquezas naturales, pero también el timón del desarrollo; y desempolvar los conceptos arcaicos coloniales para convertir a estos países-finca en auténticas naciones.

Uno de los motores esenciales para generar estabilidad social y construir nación es la distribución equitativa de la riqueza. Pero no solo hacia los centros urbanos –como suele plantearse desde los centros políticos- sino poner atención de manera muy puntual en aquellas áreas en donde nunca alumbra el sol del presupuesto de inversión pública. El potencial humano ignorado existente en áreas rurales marginales, en donde ni siquiera hay presencia de Estado –mucho menos de justicia- guarda en su interior un gran reservorio de talentos cuya participación activa podría transformar la realidad actual. Abrir caminos de progreso para la niñez y la juventud de esas regiones no es, por lo tanto, un acto de caridad, sino uno de la más elemental justicia.

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Contrabando de drogas, eliminación de opositores, crímenes y mentiras a granel…

El Estado de Guatemala está tomado por los cárteles de la droga y por un ejército que ha traicionado la naturaleza de su misión, claramente descrita en la Constitución como “…una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor  de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior” (CPR).  Dedicado durante más de 65 años a fortalecer su poder haciendo el trabajo sucio de los sectores de mayor influencia económica y política, ha logrado entronizarse sólidamente tras el sillón presidencial buscando no solo la cobertura de la impunidad, también la libertad y los medios para depredar al país en las actividades ilícitas más diversas.

Dueños de una buena –e inexplicable- porción del presupuesto de la nación gracias a su presión sobre los gobernantes de turno, los integrantes de la alta cúpula militar mantienen a la tropa con salarios de miseria y sufriendo la carga de su trabajo en condiciones infrahumanas. Expuestos estos frente a los cárteles de la droga y las organizaciones criminales de tráfico y trata de personas, cuyos nexos con altas autoridades les permiten premunirse de un equipo bélico infinitamente superior al de los soldados que a ellos se enfrentan, estos efectivos se cuentan también entre las víctimas de la codicia de una institución cuyos objetivos se han divorciado de manera radical de su misión original.

Por estas razones es comprensible, entonces, la debilidad endémica de la oposición política cuyas filas han sido sistemáticamente golpeadas por la represión y la persecución en todos los ámbitos. Amparados por un Estado débil, corrupto y vulnerable a las presiones externas, miembros de la alta oficialidad del ejército han aparecido con una frecuencia pavorosa como protagonistas en secuestros, desapariciones, organizaciones de robo y tráfico ilegal de vehículos, asesinatos de líderes políticos y comunitarios, genocidio, contrabando de piezas arqueológicas, invasión de territorios con expulsión de las comunidades que los ocupaban y un sinnúmero de otros delitos.

Por lo tanto, pretender aparecer como héroes ante una ciudadanía consciente de la verdadera naturaleza de sus operaciones no solo es indignante, también es una burla ante el dolor de quienes han perdido a sus seres queridos por la violencia de la represión, sin tener el consuelo de darles una digna sepultura. El proceso experimentado por Guatemala desde el regreso a la democracia ha tenido indefectiblemente esa sombra negra del poder castrense sobre todas sus instituciones. Esta ha sido una forma de continuum de una dictadura solapada y nefasta, cuyos efectos en la psiquis de la ciudadanía se percibe en su temor a manifestarse, a opinar, a actuar de manera decidida y abierta contra los desmanes de sus autoridades. Más aún, su actitud pasiva frente a la participación política, se ha transformado en un factor capaz de abortar cualquier iniciativa de recuperación de la institucionalidad y la corrección política, de la justicia y el estado de Derecho.

El escenario solo deja una salida y es un nuevo despertar de la juventud, un renacer de la conciencia política y una mirada crítica a un sistema colapsado por los delitos y la complicidad de sus representantes en las Cortes, en el congreso y en todas las instituciones de cuyo desempeño depende el cumplimiento del orden constitucional, un ejercicio indispensable para salir de la ruta actual de pérdida de derechos civiles y libertades ciudadanas. La Constitución es, en la actualidad, letra muerta en un país que regresa a las épocas más oscuras de su historia. Una medida recomendable es leerla.

Leer la Constitución Política es lo mínimo que debe hacer un ciudadano consciente.

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El fin de la lucha contra la impunidad será tan destructivo como el más poderoso de los huracanes.

En Guatemala se vivió un período extraordinario durante el cual salieron a la luz, por primera vez y con evidencias contundentes, las redes intocadas de corrupción e impunidad entre los sectores político y empresarial. Las escandalosas revelaciones de negocios ilícitos desde las organizaciones del sector privado y funcionarios públicos –algunas de las cuales se sospechaban desde mucho antes- abrieron un boquete en el sistema blindado construido por quienes poseen la riqueza y quienes operan los poderes del Estado. Este tsunami de denuncias, la mayoría de las cuales desembocaron en procesos judiciales y cárcel para un número inaudito de intocables, despertó la conciencia de la ciudadanía y sacudió una modorra de siglos.

Las investigaciones llevadas a cabo por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, en conjunto con el Ministerio Público, recibidas con expectación y esperanza por un pueblo agobiado por la pobreza, la injusticia y los abusos desde los círculos de poder fueron, sin embargo, el detonante que puso en marcha todos los recursos de las mafias.  Estas, conscientes de la amenaza que significaba la permanencia de la Comisión, utilizaron hábiles estrategias para dividir a la opinión pública debilitando así cualquier intento de movimiento popular capaz de poner en peligro sus planes. De este modo y de manera irregular, violando acuerdos internacionales, pusieron fin a la misión de la Cicig consolidando así su reino de la total impunidad.

Lo que espera a Guatemala a partir de la elección de un equipo de gobierno cuyo perfil revela el continuismo del sistema, es el acelerado empoderamiento de un sector económico enfocado en la explotación máxima de su influencia sobre las políticas públicas y la protección de sus redes en todos los estamentos del Estado, incluyendo por supuesto al sector justicia. Para el pueblo de Guatemala la salida de la Cicig –forzada por el gobierno más corrupto y descaradamente destructivo de los últimos tiempos- será un regreso a los períodos oscuros de los regímenes autoritarios, con la pérdida de libertades y derechos ciudadanos como primera medida de las nuevas autoridades.

Si la presencia de la Cicig fue dolorosa para las organizaciones criminales enquistadas en la institucionalidad, su ausencia constituye la amenaza de un huracán categoría 5 para la precaria sostenibilidad de los entes en donde se apoya el débil sistema democrático y la vida social, económica y política de ese país centroamericano. A ello es preciso añadir la amenaza implícita en el absurdo acuerdo de declarar “tercer país seguro” al más inseguro, peligroso y empobrecido de la región y convertirlo en centro de concentración para migrantes pobres, desesperados y perseguidos, cuyas mínimas perspectivas de conseguir la visa de ingreso a Estados Unidos auguran una estancia prolongada.

La contradicción entre los intereses de grupo y los de todo un país quedan en evidencia al observar cómo las huestes defensoras del sistema de privilegios y saqueo de los recursos nacionales han reaccionado ante el cierre de operaciones de la Comisión, pero especialmente ante el fin de la misión del Comisionado Iván Velásquez, quien representó para esas estructuras el mayor de los peligros. Sin embargo lo hecho, hecho está; y será muy difícil hacerse el desentendido ante un panorama que gracias a profundas y bien desarrolladas investigaciones, denuncias y procesos, es ya parte de la historia política y jurídica de Guatemala.

La Cicig marcó un antes y un después en la historia de Guatemala.

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La miseria en la cual viven millones de seres humanos no es natural ni justificable.

En mi memoria aún persiste la imagen del puerto de Valparaíso cubierto de bananos. Se retrasó el barco y entonces esa montaña de fruta en perfecto estado sería destruida a menos que los habitantes del área pudieran rescatarla. También recuerdo los miles de toneladas de productos lácteos arrojados al mar por una compañía estadounidense para “mantener el precio del producto” y proteger de ese modo un sistema comercial a la medida. El hambre, cuyos devastadores efectos cobra la vida de millones de seres humanos alrededor del mundo, no tiene justificación alguna.

En la realidad, el sistema político impuesto por un rígido marco de intereses corporativos no deja espacio a las indispensables acciones de los Estados orientadas a satisfacer las necesidades básicas de la población. A partir de esos acuerdos solapados, resulta inevitable el incremento de la masa ciudadana obligada a vivir bajo la línea de la pobreza. Entre las consecuencias de este desajuste en las prioridades de gobiernos regidos por un neoliberalismo extremo que ha echado raíces la mayoría de naciones latinoamericanas, se encuentra también la pérdida acelerada de la biodiversidad con fines de explotación de recursos, cuyos efectos no solo tienen impacto en el medio ambiente, sino también en las posibilidades de desarrollo de los países y en la calidad de vida de sus habitantes.

En la destrucción de la Amazonia brasileña –un reservorio de oxígeno y biodiversidad cuya protección debería tener la máxima prioridad del gobierno de Brasil y de los países aledaños, cuyos territorios también se ven afectados- se puede observar cómo los intereses corporativos llegan al extremo de poner en riesgo la vida misma del planeta. Es decir, en tanto los proyectos extractivos y agroindustriales tengan el poder de condicionar las decisiones gubernamentales, deja de ser importante la conservación de uno de los territorios ya considerados patrimonio de la Humanidad, pero también la supervivencia de las comunidades autóctonas que en él habitan, las cuales han sufrido persecución, desalojos y asesinatos de sus líderes.

La estrategia del hambre en los países en vías de desarrollo ha sido efectiva y ha logrado neutralizar la fuerza del factor humano, con una fórmula propicia para desarticular cualquier intento de subversión ante el sistema impuesto por los países industrializados sobre aquellos sometidos a las normas dictadas por las agencias financieras y las organizaciones empresariales multinacionales. Es decir, los dueños legítimos de los territorios han observado desde el graderío cómo las grandes corporaciones se han adueñado de su agua, de su tierra, de su aire y de todo el mineral que les resulte útil para obtener inmensas utilidades; todo ello, gracias a leyes, convenios, tratados y cantidad de recursos legales ad hoc para convertir el despojo en una buena noticia: incentivos a la inversión extranjera.

Mientras tanto, ese gran contingente ciudadano cuyas carencias lo impulsan a aceptar cualquier limosna disfrazada de programa asistencialista, ignora los detalles del negocio y por lo tanto está en una posición de dependencia, conveniente para que su gobierno tome decisiones abiertamente lesivas a los intereses nacionales, sin que la oposición –debilitada ya por la falta de soporte popular- tenga la menor incidencia en la fiscalización de esas acciones. Si hay una herramienta capaz de corregir el rumbo de las naciones, es la organización ciudadana; y comprender que si el futuro del planeta está bajo semejante amenaza, sus habitantes también lo están.

Las decisiones políticas que nos afectan surgen en los despachos de las grandes multinacionales.

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