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Jugar con ventaja es de tramposos; propio de a quienes no favorece seguir las reglas.

El panorama mundial es desalentador. Los movimientos populares surgidos en distintos puntos del globo como protesta por los abusos del sistema económico imperante se han estrellado contra un muro de represión, cuya violencia demuestra que los dueños del capital están dispuestos a cualquier extremo con tal de impedir una vuelta a sistemas más democráticos y a un reparto justo de la riqueza. Aun cuando el sistema neoliberal ha sido puesto en cruda evidencia ante los pueblos que sufren sus abusos, estos todavía carecen de los medios y del espacio para recuperar el protagonismo político ante gobiernos totalmente secuestrados por grupos económicos y financieros, locales e internacionales.

El juego, hábilmente estructurado desde los despachos de las poderosas multinacionales y los estamentos políticos del primer mundo, cuenta con la complicidad de otros centros de poder entre los cuales destacan, por su influencia, los grandes consorcios periodísticos. Sin embargo, las consecuencias de esa voracidad comienzan a golpear con fuerza a los mismos que han apostado por el desequilibrio, el incremento de la pobreza y la sobreexplotación de los recursos. Esto, debido a políticas que han desatado una ola indetenible de movimientos migratorios y cuantiosas pérdidas humanas y económicas debido a los efectos devastadores de un cambio climático cuya existencia niegan con gran énfasis.

En América Latina, un continente transformado en laboratorio de un sistema neoliberal extremo, el esquema de poderes ha ido consolidándose alrededor de personajes cuyo papel no va más allá de agachar la cabeza y aceptar las condiciones impuestas desde la Casa Blanca. Para ello, cuentan con el aval para aprovechar el período y enriquecerse con los recursos públicos, amarrar lazos con grupos de élite empresarial y buscar la protección de ejércitos entrenados para mantener el estatus quo, todo ello siempre y cuando repriman toda posibilidad de rebelión popular. Así las cosas, la población de los países administrados bajo un sistema neoliberal -cuyo objetivo reside en explotar al máximo los privilegios otorgados por gobiernos corruptos- se encuentra imposibilitada de ejercer una ciudadanía activa y, mucho menos aún, de participar políticamente en iguales condiciones.

Cuando en alguno de nuestros países se les voltea la tortilla –como está sucediendo en la República Argentina- los poderes ocultos del sistema se ponen en “modo emergencia” y comienzan a echar mano de todos los mecanismos posibles para convencer a la ciudadanía de las bondades de su estilo de administración, utilizando tácticas populistas –tardías y evidentemente falsas- y echando mano al siempre bienvenido apoyo de los consorcios periodísticos y de las organizaciones gremiales que los apoyan. Ante esa arremetida de los poderes, el riesgo de retroceso está siempre presente.

Otro ejemplo es el resultado del proceso electoral en Guatemala, celebrado el mismo día que en el país sudamericano, solo que en este caso las cartas ya habían sido convenientemente marcadas para evitar cualquier desviación de la ruta establecida desde el Departamento de Estado. Por lo tanto, gracias a esos ases bajo la manga del gobierno actual, Guatemala no solo mantiene un estatus de “cero riesgos” para el sistema de explotación de sus recursos y cooptación de sus instituciones, sino además cuenta con la ventaja de un ambiente ciudadano temeroso y psicológicamente preparado para lo que viene: cuatro años más de lo mismo y, posiblemente, en peores condiciones para el ejercicio libre de sus derechos democráticos.

Una ciudadanía observante y pasiva no podrá jamás retomar el poder.

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Cuando se han perdido esperanzas de cambio, solo queda insistir para lograrlo.

Las elecciones en Guatemala han dado una dura lección a la ciudadanía y sentado las bases del retroceso histórico más duro experimentado por un país de la región. El domingo no se vivió un proceso feliz sino doloroso, y con muchas más dudas que certezas. Tanto así, que en redes sociales y en prensa abundaron mensajes de hondo pesimismo. La democracia brilló por su ausencia desde el momento mismo cuando se impuso a la fuerza la elección entre dos candidatos sospechosos de delitos electorales, de vínculos con el narcotráfico y de ejecuciones extrajudiciales amparadas por un sistema judicial corrupto. Es decir, la peor de las perspectivas.

Ahora, lo que sigue en la agenda es la vigilancia ciudadana para evitar los abusos institucionalizados por un sistema desviado por completo de los objetivos fundamentales de cualquier propuesta política: no solo ajeno al interés de la nación, también divorciado de los derechos fundamentales de la población y comprometido con los cárteles empresariales asentados en su mayor organización gremial, cuyas maniobras han desvirtuado las bases institucionales con el resultado de consolidar el proceso de descomposición de la democracia y el estado de Derecho.

El mayor de los obstáculos será, por supuesto, la falta de información confiable hacia un público carente -en su mayoría- de elementos de juicio. La precariedad de la educación y el incremento de la pobreza han jugado un papel fundamental en el debilitamiento de la participación ciudadana y, con los nuevos elementos al mando, las perspectivas no son alentadoras dados sus fuertes compromisos con quienes han financiado sus aspiraciones de asumir las más altas investiduras. En otras palabras, cambian los bueyes pero la carreta es la misma y seguirá la dirección marcada por quienes poseen el control del Estado desde épocas lejanas.

Deberá despertar la mayor atención a partir de este relevo el destino de las nuevas generaciones: esas caravanas interminables de niñez y juventud que huyen hacia el norte buscando un respiro a una vida marcada por la miseria, la violencia criminal y el abuso. De hacerse realidad la inexplicable decisión de transformar a Guatemala en un campo de concentración para migrantes, la situación de niñas, niños y adolescentes pasará de gris a negro profundo por las inevitables amenazas contra su integridad y la reducción a cero de las míseras oportunidades con las cuales cuentan en la actualidad.

Durante la campaña ha quedado evidente la ausencia de programas de gobierno como la nueva marca de identidad de los partidos políticos. Sus plataformas populistas y cargadas de amenazas –pena de muerte, ejecuciones extrajudiciales, penalización de derechos humanos y retroceso de conquistas ciudadanas- representan el nuevo rostro de la dictadura, disfrazada de nacionalismo. Los arrestos de caciquismo de algunos alcaldes, cuyos alardes de un autoritarismo tan ilegal como descarado han recorrido las redes sociales sin respuesta de las autoridades, hablan de un ambiente descompuesto y abiertamente amenazador para una ciudadanía decepcionada y vulnerable.

En suma, el cambio necesario y urgente quedó pospuesto otros cuatro años, un período durante el cual lo malo de la administración actual –lo cual ya es mucho decir- aún podrá caer en niveles extremos. El enfoque en la fiscalización ciudadana es un tema de máxima prioridad para un país tan castigado por la corrupción y el abuso de los sectores político y económicamente poderosos; por lo tanto, si se pretende recuperar la democracia, la unidad y el consenso son la única opción.

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La postura hegemónica de un solo país ha convertido a las Américas en territorio hostil.

La política exterior de Estados Unidos es clara y contundente: a partir de su frontera sur, todo lo que se mueve debe responder a sus normas y disposiciones. Para ello, ha permeado los sistemas políticos de tal modo que no hay una sola elección de gobernantes ajena a su voluntad ni un movimiento independentista que escape a sus amenazas e intervenciones. Y cuando lo hay, viene el golpe de mazo para destruir de raíz cualquier intento de disidencia. Por ello no debe extrañar la decisión unilateral –porque la debilidad de ciertos Estados lo permite- de convertir a Guatemala, un país centroamericano empobrecido al extremo por la corrupción y desprovisto de salud institucional, en un gran ghetto para evitar el ingreso de población migrante en su territorio.

Fácil. Solo bastó un puñetazo sobre la Constitución de un país dependiente y la sumisión de gobernantes poco iluminados para hacer realidad la peor de las pesadillas humanitarias. Sin embargo, estas movidas del Departamento de Estado no son nada nuevo. Desde hace más de 100 años ese país se ha destacado por ejercer una política internacional depredadora sobre naciones menos agresivas, en cada rincón del planeta. Esto le ha permitido no solo acumular riqueza sino también ejercer un dominio ilegítimo sobre los sistemas políticos de otros países propiciando y financiando ejércitos paralelos, dictaduras y golpes de Estado con el único propósito de consolidar su influencia y garantizar los privilegios de sus monopolios industriales y financieros.

Los resultados están a la vista. Sin embargo, a pesar de ello no falta quien, deslumbrado por los oropeles de un capitalismo mal entendido y peor practicado, luchan dentro de sus países por defender la soberanía de uno más poderoso y menos solidario. ¿Cuál ha sido el resultado? Dependencia económica, racismo, exclusión de grandes sectores de la población, pobreza extrema y una carrera estéril hacia un desarrollo que –en esas condiciones- jamás se alcanzará.

América Latina ya está en vías de convertirse en territorio hostil para los latinoamericanos. Naciones que en tiempos pasados fueron refugio de migrantes europeos y asiáticos, hoy ven con desprecio y rechazo a sus propios hermanos quienes, azotados por la violencia y la falta de oportunidades en sus países de origen –tal como los europeos a mediados del siglo pasado- buscan refugio en otras tierras, pero dentro de su mismo continente. De hecho, las actitudes xenófobas y las restricciones migratorias se han multiplicado como espejo de las políticas racistas de la Casa Blanca y hoy, quien es pobre y necesitado, es un extranjero indeseable en su propia casa.

¿En dónde ha quedado la mística de Simón Bolívar, el Libertador, quien soñaba con una América libre y soberana pero, sobre todo, unida? ¿Cómo ha sido posible transformar a países democráticos en despachos de compañías multinacionales y encomenderos de un Estado que propicia su destrucción corrompiendo sus estructuras políticas y administrativas? Las actitudes racistas y excluyentes contra poblaciones autóctonas, uno de nuestros grandes males, se han extendido como mancha de aceite hacia la población más pobre y desprotegida convirtiendo a los países en territorio hostil para quienes nacieron en ellos, privándola de los recursos básicos de supervivencia y quitándole lo más valioso para cualquier ciudadano del mundo: su sentido de pertenencia.

Ningún latinoamericano es extranjero en su propio continente.

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Las decisiones inconsultas de gobernantes ineptos suelen causar daños irreparables.

Uno de los países más violentos y pobremente administrados del continente se ha convertido –con un golpe de puño en el despacho oval- en refugio de migrantes, para tranquilidad del presidente estadounidense. Este, empeñado en quitarse de encima a los miles de seres humanos que cruzan sus fronteras en busca de una mejor calidad de vida, no dudó en hacer pacto a punta de amenazas con el más débil de los gobiernos de la región. Ambos mandatarios, Donald Trump y Jimmy Morales, plenamente conscientes del despropósito de semejante acuerdo, utilizaron -como la mano del gato que saca las castañas del fuego- a sus ministros del interior para así poner obstáculos a la nulidad del documento que declara a Guatemala como Tercer País Seguro, TPS, mediante el cual sellaron el infausto destino de sus ciudadanos, pero también de las familias de migrantes que huyen de sus países.

Que Guatemala es un país seguro, depende de la perspectiva. Seguro para las mafias que lo gobiernan y cuyas maniobras han convertido al país centroamericano en el símbolo de la corrupción y la impunidad. Seguro para las redes de trata, ancladas en instituciones del Estado mediante las cuales se garantizan una operación sin consecuencias. Seguro también para las organizaciones criminales, que mediante el patrocinio de las campañas electorales y su generoso financiamiento para políticos tradicionales se han consolidado como una fuerza indestructible entre los círculos de poder.

Guatemala es el paraíso de seguridad para su cúpula empresarial, la cual no ha vacilado en amarrar vínculos con lo más podrido de la institución castrense, su histórica aliada en la eliminación de líderes comunitarios y ciudadanos con potencial político capaz de poner en peligro sus privilegios. Los grandes empresarios, coludidos con gobernantes corruptos, han retrasado el desarrollo de Guatemala como un mecanismo propicio para mantener a su población intimidada, carente de oportunidades de educación, sujeta a trucos legislativos que la convierten en una masa vulnerable a la explotación laboral y sin posibilidad de escapar de ese círculo perverso.

Pero quienes aprovechan de modo indiscutible la seguridad que les ofrece Guatemala son los cárteles de la droga, cuyo inmenso poder les ha dado paso libre por sus puertos, aeropuertos, pistas de aterrizaje en amplias regiones sin vigilancia y en sus fronteras permeables y sensibles al soborno. Como país-pasadizo para estas organizaciones criminales, es el menos adecuado para constituirse en centro de concentración de migrantes quienes, además de su estatus vulnerable, estarán obligados a buscar sustento por sí mismos, sin la menor ayuda del Estado que los acoge, y mucho menos su protección.

Guatemala tiene los indicadores más bajos en desarrollo social y los más altos en desnutrición crónica y violencia criminal. Su congreso –la máxima entidad de representación ciudadana- está conformado en su mayoría por diputados cuyas decisiones dependen de cuán abultado es el sobre mediante el cual los centros de poder compran su voto. Su ciudadanía, conformada en su gran mayoría por personas decentes y deseosas de un cambio profundo en el quehacer político, se encuentran acorraladas por estructuras legalizadas a capricho de quienes mueven las palancas legislativas y judiciales. Por lo tanto, el compromiso adquirido por el Estado de Guatemala, sin consenso popular y sin consideración alguna por sus previsibles consecuencias, ha sido la puñalada final de quien dejará en unos meses el más vergonzante y lamentable gobierno de la historia de ese sufrido país.

Un país seguro depende de un Estado bien administrado, transparente y ético.

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Las violaciones a la ley se toleran como algo normal. Un arcoíris, no.

La bandera multicolor del desfile del orgullo LGTBI en Guatemala -con el escudo patrio en el centro- ha levantado una tan esperada como sonora ola de protestas de los sectores conservadores. Esa reacción no deja de ser natural, ya que se trata de un símbolo de gran significado para cualquier pueblo del mundo. Sin embargo, entre quienes levantan su indignada voz se encuentran algunos conspicuos miembros de grupos sociales de gran poder económico, quienes en su momento enarbolaron la mismísima bandera con el rostro de su líder político-empresarial. La doble moral por donde se vea.

Algo importante de subrayar es el papel de los símbolos en la identidad de una nación. Porque no se trata de banderas, escudos, aves, árboles, flores o sables cruzados. Se trata del mensaje de unidad de un pueblo; su identidad cultural y su respeto por todo lo que significa pertenecer a una comunidad humana dentro de un territorio limitado por fronteras y capaz de erigirse como país independiente y soberano. Quienes pisotean la bandera son, en realidad, quienes atentan contra esos valores –más sagrados aún que el símbolo que los representa- y traicionan a su pueblo.

Por eso resulta indispensable repensar en el significado de la patria y sus símbolos. Porque patria, esa palabra tan rimbombante como irrespetada, no reside en símbolos ni ceremonias cuyo origen se ha perdido en la memoria, transformados con el tiempo en rituales vacíos de contenido. Patria es la comprensión profunda de la responsabilidad de cada quien en la construcción de una sociedad incluyente, unida por los mismos ideales, solidaria y vigilante del cumplimiento estricto y justo de sus leyes y postulados.

La patria reside en el hogar y el aula escolar, desde donde se transmite el conocimiento y los valores cívicos de cada generación de ciudadanos. Es en esos ámbitos primordiales en donde se cultiva la identidad de una nación, nutriendo el cuerpo y la mente de la niñez y la juventud con una visión impregnada de esa mística propia del apego a la tierra en donde se nació, pero partiendo de un sentido de pertenencia responsable y activo. No puede, por tanto, hablar de patria con autoridad quien ampara de modo activo o pasivo la violación de los derechos de la infancia y la condena al hambre y a una vida cargada de carencias.

Tampoco tiene derecho a elevar su voz contra la expresión de un sector de la ciudadanía quienes propician una cultura de odio y discriminación y, para eludir la acción de la ley, recurren a mañosos amparos y sobornos con el objetivo de obtener impunidad sobre sus crímenes. O quienes desde posiciones de privilegio social y económico se consideran moralmente superiores al resto de la ciudadanía, aun cuando esos privilegios los haya obtenido por medio de “delitos blancos”, aquellos cometidos al amparo de leyes dictadas por su propio círculo de poder. Patria –para ampliar el concepto- es la tierra natal o adoptiva a la cual una persona se siente ligada por vínculos históricos, culturales y jurídicos. En conclusión, la patria también tiene derecho a vestirse con los colores símbolo del respeto por la diversidad para todos sus integrantes.

Los mensajes de odio e intolerancia hacia quienes eligen una distinta expresión para su vida personal, solo generan división y violan el derecho humano en uno de los aspectos más sensibles para cualquier ser humano. La integración plena de la sociedad –algo esencial para vivir en paz- depende del respeto mutuo y la voluntad de ver, antes de la paja en el ojo ajeno, la viga en el propio.

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El concepto de patria no debe responder a interpretaciones mañosas y sesgadas.

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Sin una niñez bien alimentada, tarde o temprano todos sufrirán hambre.

 La niñez y la juventud representan la renovación indispensable para garantizar la permanencia y transmisión de valores, tradiciones y ese complejo legado cultural que conforma el patrimonio intangible de una nación. Sin esa dinámica de cambio generacional resulta imposible conservar el equilibrio del tejido social y, más importante aún, las capacidades de crecimiento y desarrollo para una sociedad cuyo principal recurso es el aporte productivo y creativo de sus integrantes. Sin embargo, en la mayoría de países latinoamericanos regidos por sistemas basados en un modelo de economía de mercado, la niñez ha pasado a convertirse en un renglón pasivo sin incidencia alguna en los programas políticos.

En países como Brasil y Chile, en donde el sector económico tiene el poder de decidir sobre un asunto tan sensible y alejado de su territorio como la educación, ha quedado en evidencia el dramático desequilibrio en las prioridades cuando se trata de los derechos inalienables de la niñez y la juventud. Con el cierre de establecimientos educativos “no productivos” y la eliminación de materias del pensum escolar por “no ser relevantes” como ha sucedido en Chile con la asignatura de Historia, se transparentan las intenciones de esos sectores poderosos cuyos intereses se contraponen de manera frontal con el desarrollo de una sociedad ilustrada, capaz de ejercer una ciudadanía fuerte y responsable.

Eso que sucede en dos naciones con algunos pasos más en la vía del desarrollo se repite en países mucho menos avanzados, en donde incluso se reduce la inversión estatal para fortalecer a otros sectores de mayor poder político, como sucede en Guatemala con las fuerzas armadas. La negligencia en el trato del tema educativo ha sido, en este país centroamericano, una política de Estado desde hace muchas décadas. Con el cierre de institutos vocacionales y el abandono de la red de escuelas públicas, la niñez guatemalteca carente de recursos –la abrumadora mayoría- es sometida a enfrentar las peores condiciones para tener acceso a una educación mediocre y sin mayores perspectivas.

Es evidente la intención detrás de esta “no-política educativa”: La creación de un contingente de seres humanos carentes de herramientas para progresar en el ambiente laboral de manera digna; un gran reservorio de esclavos cuyas opciones quedan reducidas a un salario de miseria o al desempleo. Un relevo generacional pobre y desprovisto de capacidades intelectuales debido a la desnutrición crónica, apto únicamente para las labores más duras en situación de explotación. Todo lo cual proporciona la excusa perfecta para mantener el sistema con la farsa de que para dar empleo es preciso flexibilizar las leyes laborales. Este cuadro tan poco promisorio es el sello de identidad de Guatemala, un país que pudo ser ejemplo positivo para el resto de la región.

El maltrato hacia la niñez y la pérdida de derechos de este sector tan importante se refleja no solo en la educación, también en la privación de recursos para el desarrollo de sus comunidades y en la falta de inversión pública en áreas como la infraestructura vial, la red de hospitales y centros de salud o en la raquítica presencia del Estado en áreas rurales, cuya incidencia en la mayor o menor calidad de vida de la población toca a todos sus integrantes.

Invertir en la niñez es invertir en el futuro de la nación; un axioma repetido hasta el cansancio. Sin embargo, quienes tienen el control del Estado y sus instituciones se han empecinado en colocar a este gran segmento poblacional en la columna de los costos. Caro pagará el país por esta manipulación del valor de la niñez y por no darle el trato que merece.  

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Los humanos ocupamos un espacio imposible de borrar con el olvido.

 Se han cumplido ya ocho años desde el alevoso asesinato y posterior desaparición del cuerpo de Cristina Siekavizza. Ocho años durante los cuales su familia no ha dejado de exigir justicia a pesar de que los “presuntos” responsables de su muerte poseen el poder de retorcer el curso de la justicia y pretenden eludir su acción mediante el compadrazgo dentro del sistema. Pero Cristina, como miles de mujeres y niñas asesinadas por hombres de su entorno familiar, permanece en el corazón y la mente de sus seres más queridos.

Ya son muchas las víctimas de la misoginia en Guatemala y el mundo. Castigadas por su sexo, vistas como presas accesibles al dominio masculino e impotentes ante las instituciones dominadas por un severo hetero patriarcado, en pleno siglo veintiuno todavía deben luchar por el derecho sobre su cuerpo, por ser escuchadas, por merecer crédito sobre sus denuncias de violencia, por el acceso a una equidad elusiva a lo largo de un camino sembrado de trampas que –como las minas de campo- les estallan en la cara cada vez que dan un paso al frente.

En Guatemala la justicia en casos de feminicidio depende de un sistema tradicionalmente machista. Quienes poseen los medios para eximir su responsabilidad por vidas humanas perdidas como resultado de sus delitos, celebran la existencia de un sistema legal permisivo y flexible, diseñado a su conveniencia para entorpecer los justos reclamos de las víctimas y de sus familiares. Por eso, quizá, no resulte tan incomprensible ese vergonzante 98 por ciento de impunidad en la resolución de casos dentro del sistema de administración de justicia y tampoco es una incongruencia la acción de jueces y magistrados amparando a criminales confesos pero cuyo estatus social y económico les garantiza la libertad.

Así como Cristina, muchas niñas y mujeres han perdido la vida o han desaparecido tragadas por las redes de trata sin esperanza alguna de ser objeto de investigación y de un proceso de justicia transparente y con visión de género. En este contexto de violencia y discriminación, los asesinatos perpetrados con extremada crueldad contra niñas y adolescentes ni siquiera llaman la atención de los medios de comunicación. Esto sucede, quizá, por su reiterada presencia en los reportes policíacos o porque la vida de las niñas y adolescentes –cuando no pertenecen a ciertos círculos sociales- no marcan pauta en el interés de sus agendas.

Es difícil comprender cómo, en países presuntamente democráticos y modernos, la vida y el desarrollo de la mitad de su población –el amplio sector de mujeres- dependa de la voluntad de la otra mitad en un sistema diseñado para someterla y obstaculizar cualquier iniciativa capaz de darle acceso a una vida libre de violencia. Es importante señalar que en el marco jurídico no existen leyes creadas para restringir el derecho de los hombres a su cuerpo, como existen con respecto de las mujeres al suyo. Esa evidente asimetría, establecida desde el sistema patriarcal y sin la intervención de una perspectiva femenina en las instancias de toma de decisiones, constituye una de las peores violaciones de los derechos humanos de las mujeres.

El resultado de este sistema es una vida en constante riesgo para la población femenina y la perspectiva siempre presente de ser objeto de violencia sexual, física, económica y jurídica. El juicio contra el presunto asesino de Cristina es un símbolo que señala, por su excepcional visibilidad, la enorme deuda de la justicia con los miles de niñas y mujeres asesinadas en condiciones semejantes, pero cuyos casos siguen ocultos entre expedientes que nunca se abrieron.

 Miles de niñas y mujeres asesinadas reclaman una justicia que un llega.

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Ser niña en Guatemala puede ser la peor de las desgracias: te puede costar la vida.

 He visto desfilar nombres de niñas y adolescentes violadas, embarazadas, muertas durante el parto, desaparecidas o víctimas inocentes de una orgía de alcohol y sangre protagonizada por hombres de su entorno, su comunidad, su hogar; esos ámbitos en donde se supone deberían ser protegidas y amadas. Muchas niñas de Guatemala vienen sin garantía de supervivencia; ellas, las más vulnerables de la cadena humana, están sujetas a la voluntad de quienes las rodean y no se les reconoce derecho alguno. Casadas a la fuerza, violadas por quienes están supuestos a ser sus aliados y protectores; y destinadas desde la niñez a los más duros trabajos domésticos y del campo, millones de niñas enfrentan un destino en cuya ruta pierden incluso su identidad.

Cuando leí con horror lo sucedido con Rosa María Saquic Lares, una niña de apenas 12 años secuestrada por 4 hombres adultos de su comunidad durante una fiesta de la aldea, torturada hasta la muerte y abandonada en pedazos en un paraje cercano, vi hasta dónde es capaz de llegar la crueldad y el sadismo cuando en un país se ha perdido la decencia y la humanidad. Este, lamentablemente, no es un caso excepcional. Muchas niñas han sido violadas y sometidas a ritos de sangre con la finalidad de enviar un mensaje de poder entre grupos criminales, o quemadas –como las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción- para acallar sus protestas y evitar sus denuncias de maltrato dentro de esa institución del Estado.

Pienso en mi hija cuando tenía 12 años y me cuesta creer cómo, a un ser que recién empieza a asomarse a la vida, le pueden arrebatar los sueños con ese salvajismo. Rosa María estaba en la fiesta de su pueblo, una de entre las pocas ocasiones festivas a las cuales acuden las familias. Acompañada por su padre y su hermana de 14 años, se negó a bailar con los hombres que las acosaron y ese gesto de libertad le costó la vida. Cinco días tardaron en encontrar sus restos, desperdigados por el campo.

Guatemala ha llegado al límite y este es tan solo un ejemplo de la pérdida de valores y de sensibilidad humana, herencia de una historia de terror que no termina. Los niveles de femicidio, desnutrición y pobreza extrema son apenas una muestra de la violencia indetenible en la cual se desarrolla la vida de sus habitantes, regidos por una cúpula de poder corrupta cuya fortaleza se basa en sus vínculos con el crimen organizado y la influencia de un sector ultra poderoso de empresarios cuyo único objetivo es continuar al mando del quehacer político.

El asesinato con saña de Rosa María quizá sea investigado, quizá no. Las instituciones encargadas de seguridad y justicia se encuentran más enfocadas en los enredos políticos de un pacto de corruptos, cuyos intereses predominan sobre el escenario nacional, que de los innumerables hechos delictivos cuya abundancia e impunidad garantizada constituyen una pesadilla permanente para la población guatemalteca.

El tan mentado estado de Derecho, las supuestas garantías constitucionales, los constantemente trasgredidos derechos humanos y el sistema jurídico -cuya flexibilidad parece amparar únicamente a quienes lo violan- se han convertido en el sello de identidad de un país a la deriva, timoneado por un mandatario inepto quien, rodeado de un círculo de confianza indiferente al mandato constitucional, ha llevado a Guatemala a convertirse en un paradigma mundial de lo que un Estado no debe ser. En semejante escenario, la pequeña Rosa María Saquic Larios pasará a integrar la ominosa lista de los numerosos crímenes contra la niñez guatemalteca, esos que por supuesto no figuran en la agenda nacional.

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La niñez tiene derechos cuya garantía depende de la voluntad política.

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Una comunicación manipulada y tendenciosa es tan peligrosa como una dictadura.

Hace pocos días apareció en mi pantalla un interesante artículo sobre las tácticas publicitarias de las compañías tabacaleras a mediados del siglo pasado. Estas consistían principalmente en atraer a un sector consumidor no tradicional: las mujeres. Pero no cualquier mujer, sino muy especialmente aquellas pertenecientes a segmentos de clase media que comenzaban a rechazar de modo paulatino el molde patriarcal y las estrictas normas que las relegaban de vuelta –después de una guerra que les abrió oportunidades laborales- al cuidado de sus hogares y de sus familias.

Para ello, montaron campañas millonarias sobre la base de la liberación femenina mostrando cómo el hecho de atreverse a fumar en público era un signo de sofisticación extrema pero, más importante aún, una señal de independencia. Esas campañas dispararon las ventas de las tabacaleras y su impacto perdura hasta nuestros días. De algún modo, esto sucede en la actualidad con los medios noticiosos internacionales, cuyas agendas definidas desde centros corporativos nos quieren vender la ilusión de la libertad de prensa del mismo modo como Estados Unidos nos ha querido vender, por medio de una propaganda bien diseñada, la ilusión de progreso, democracia y respeto por los derechos humanos.

Las libertades ciudadanas en países desarrollados, regidos bajo un sistema neoliberal, también han ido perdiendo terreno de manera paulatina, lo cual se manifiesta en masivos actos de rechazo popular pero sobre todo en el fortalecimiento de cuerpos represivos con amplias facultades para someter a los ciudadanos y neutralizar sus protestas dentro de un marco de violencia institucional legalizada, contra el cual la resistencia es casi imposible. De este modo, las directrices que definen hacia dónde se encaminan las políticas públicas se encuentran protegidas por una institucionalidad férrea cuya agenda responde a los intereses de centros de poder económico ubicuos y prácticamente anónimos, lo cual los blinda contra el limitado poder popular. En países en desarrollo, este cuadro se traduce en gobiernos obedientes sometidos a la voluntad extraterritorial de quienes administran a las agencias financieras internacionales, intermediarias entre quienes poseen la riqueza y quienes la producen, pero no la gozan.

La ilusión de democracia manipulada por quienes la diseñan, dosifican y reproducen es, entonces, la trampa en donde se atrapan las ambiciones de independencia y libertad de los pueblos; y en ese contexto, los medios globales de comunicación –cuyos intereses corporativos predominan por sobre la ética periodística- constituyen la herramienta ideal para convencer a grandes sectores poco instruidos, pero decisivos a la hora de elegir a sus autoridades, de las bondades de un sistema cuyos beneficios chocan directamente contra los derechos de enormes conglomerados humanos alrededor del mundo. Quienes dominan las comunicaciones influyen en las decisiones más importantes de los ciudadanos y controlan no solo la calidad de la información sino también los mecanismos de censura aplicados de acuerdo con sus intereses y con aquellos provenientes de los centros internacionales de poder financiero.

De ahí que los sistemas de comunicación por medio de plataformas digitales se convierta en una alternativa importante para la difusión de noticias y material informativo de calidad, libre de la censura y las limitaciones de los medios tradicionales. Sin embargo, su impacto resulta extremadamente limitado en países cuya ausencia de políticas públicas en educación y sus carencias en el ámbito de la tecnología impiden la masificación del acceso a estos contenidos. En estas naciones, muy especialmente en América Latina, existen poderosos monopolios informativos con enorme impacto en regiones de bajo desarrollo, en donde imperan las emisiones de radio y televisión abierta cuyas frecuencias, cargadas de basura, están en manos de magnates extranjeros aliados con gobiernos corruptos y altamente influyentes durante las campañas electorales.

En conclusión, si para los países desarrollados la libertad de prensa pasa por los centros de decisión de grandes conglomerados editoriales convirtiendo la ilusión de libertad informativa en una trampa ideológica, en las naciones menos desarrolladas y cuyos gobiernos responden a intereses corporativos internacionales este derecho humano de acceso ilimitado a una información ética, responsable y apegada a la verdad, es una auténtica rareza. De ahí la importancia de impulsar plataformas informativas independientes cuyos contenidos contribuyan al desarrollo de un debate más abierto de los problemas sociales, pero sobre todo alimenten aquellas capacidades de análisis y reflexión, adormecidas por estrategias diseñadas específicamente para evitarlo.

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Un pueblo que lee es capaz de analizar, reflexionar y luego decidir con inteligencia.

El hábito de la lectura es un arma poderosa contra la opresión. Eso explica por qué en muchos países latinoamericanos se erigen, desde los centros de poder político y económico, obstáculos a la educación de sus pueblos con el objetivo de mantener a la población sometida a regímenes de explotación y carente de las herramientas cognitivas que pudieran proporcionarle los espacios críticos y de reflexión propios de una ciudadanía activa. Los ejemplos abundan, sobre todo en naciones como Guatemala, Brasil o Chile, con gobiernos conservadores aliados de un sistema neoliberal diseñado a la medida de los intereses de sus cúpulas de poder económico. En ellos, el recorte de programas de enseñanza y la falta de inversión en educación responden a la agenda de quienes definen esas políticas desde la clase empresarial.

Algo predominante en el discurso gubernamental de la mayoría de nuestros países es la explicación del fenómeno de la pobreza a partir de variables sociales y económicas. Es decir, de acuerdo con su elaboración de la realidad la gente pobre es pobre porque así está estratificada la sociedad. En ningún caso entra en discusión el tema fundamental: el acceso al aprendizaje a través de políticas públicas orientadas a fortalecer el acceso a la educación desde los sectores más necesitados con infraestructura adecuada, redes de bibliotecas y programas educativos actualizados y eficaces, complementados con actividades de promoción de la lectura con el propósito de crear el hábito desde la niñez, uno de los ejercicios fundamentales para el desarrollo de la mente y de las capacidades intelectuales.

En un ambiente de privación de recursos educativos y de entretenimiento, por lo tanto, una actividad como la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) es un soplo de oxígeno para una atmósfera contaminada. Este año, declarado por la ONU como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, la Feria está dedicada al gran poeta k’iche’ Humberto Ak´abal (1952-2019) y tiene la presencia de México como país invitado. En su amplio programa de actividades, Filgua 2019 ofrecerá al público el próximo mes de julio –especialmente a la niñez y juventud de Guatemala-  la oportunidad de vivir una serie de experiencias de enriquecimiento intelectual y de explorar el amplio universo literario ofrecido por este evento que ya cumple su XVI edición.

Filgua es una de las escasísimas iniciativas de carácter popular para la promoción de la lectura en la sociedad guatemalteca, a la cual tienen acceso miles de estudiantes de todos los niveles. Sus salones ofrecen una enorme variedad de actividades de interés para distintos grupos y se ha ido consolidando a través de los años como un centro de encuentro para lectores, escritores, académicos y artistas. Como uno de los países de América Latina con la más pobre inversión estatal en cultura, esta iniciativa de la Gremial de Editores representa una ventana importante hacia el mundo del conocimiento y las letras.

La niñez y juventud de Guatemala merece mucho más y la ciudadanía tiene la obligación de exigir a sus autoridades el pago de una deuda histórica en educación y apoyo a las artes como una de las columnas sobre las cuales se erige una nación libre y democrática, una nación cuyos habitantes sean parte del proyecto. Un pueblo sin cultura, privado del acceso al conocimiento y sin las capacidades intelectuales básicas para incidir en su futuro será incapaz de dar la vuelta de tuerca y traspasar con seguridad los límites que le han impuesto tan injustamente.

La lectura es una herramienta de poder y es preciso tener acceso a ella.  

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Un sistema corrupto de gobierno afecta a todo el tejido social, sin excepciones.

Las estadísticas solo muestran números y estos, por lo general, no provocan emociones ni reflejan el verdadero impacto de las decisiones políticas, sociales y económicas sobre una nación. Esto marca la diferencia entre el desempeño político y la misión de quienes tenemos la obligación, como comunicadores, de traducir esos mensajes en clave y ponerlos al alcance de la ciudadanía. Sin embargo, cuando un país se encuentra en manos de grupos capaces de coartar los derechos y libertades de la población impidiéndole tener acceso a una educación de calidad y a la información sobre el desempeño de sus autoridades, se alteran estas correlaciones de manera radical creando las condiciones perfectas para el establecimiento de gobiernos dictatoriales y represivos.

Uno de los momentos clave en el ejercicio democrático es la celebración de los comicios electorales para elegir a las autoridades de gobierno. Guatemala estuvo ayer inmersa en esa dinámica y fue posible constatar cuánto daño ha ocasionado a ese país la sucesión de gobiernos corruptos comprometidos con sectores de poder económico y bajo la bota siempre presente de un ejército involucrado en crímenes de lesa humanidad. Los prolegómenos de las elecciones marcaron la tónica con un desempeño turbio de las autoridades electorales y otras instituciones –como el Ministerio Público y las Cortes- totalmente aliadas con los sectores que han impedido el desarrollo del país haciendo del Estado un botín para satisfacer ambiciones personales y de grupo.

Es probablemente esa la razón por la cual las estadísticas en las cuales se demuestra la degradación de los indicadores de desarrollo social no llegan a la conciencia de sus habitantes. La abstracción de la miseria en la cual se hunde más de la mitad de la población es y ha sido un instrumento político para convencer a una ciudadanía poco informada de cómo la situación es culpa de las víctimas. La desnutrición infantil es, de acuerdo con este tipo de mensaje, un resultado “natural” de la poca educación de las madres y los asesinatos de mujeres y jóvenes, una consecuencia de sus malos pasos y no del abandono criminal de gobiernos cuyo único interés ha sido debilitar el tejido social para aprovecharse del patrimonio nacional.

El drama de la emigración de miles de habitantes –especialmente desde las comunidades más abandonadas- es considerado por los políticos un hecho divorciado de su desempeño. Es decir, no solo no asumen su responsabilidad en el empobrecimiento de la población y en el dramático incremento de la violencia, sino además adjudican a las víctimas de sus delitos todo el peso de una situación ya insostenible de injusticia y violaciones de los derechos humanos contra quienes han resultado los chivos expiatorios de los desmanes del gobierno. Mientras tanto, en los sectores urbanos de clase media se profundiza la influencia de organizaciones religiosas fuertemente aliadas con los gobernantes quienes se resisten a perder sus privilegios, cuyos mensajes fundamentalistas adormecen el sentido común y se prenden fuertemente de la ignorancia de sus adeptos.

Las posibilidades de transformación de las condiciones de privación y subdesarrollo acelerado en las cuales se encuentra Guatemala chocan de frente con un poderoso muro construido desde la época colonial para evitar toda oportunidad de cambio. De darse el salto hacia una auténtica revolución democrática con la abolición de esos espacios de poder que han explotado la riqueza para su propio beneficio, sería un milagro: uno de esos momentos históricos capaces de marcar un antes y un después, una ventana hacia el futuro. De no darse (esto fue escrito antes de los resultados) Guatemala habrá dado otro paso hacia su destrucción.

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A pocos días de las elecciones, los guatemaltecos permanecen en la incertidumbre.

 Las baquetas siguen guardadas; y en lugar del entusiasmo propio de un evento de gran participación ciudadana, se respira un ambiente de dudas y temores. Es que en Guatemala los preámbulos de las elecciones para nombrar presidente, diputados y alcaldes han estado sembrados de trampas, manipulación y sorpresas desagradables, dejando un mal sabor en la ciudadanía. Entre las campañas anónimas llamando al voto nulo, la participación de candidatos con señalamientos tan graves como narcotráfico, alianzas con organizaciones criminales o financiamiento electoral ilícito y la pasividad del Tribunal Supremo Electoral ante algunas de estas irregularidades, los votantes enfrentan el enorme desafío de hacer valer su voluntad política emitiendo un voto bien pensado.

Sin embargo, en medio de la confusión provocada por las dudosas actuaciones de las autoridades electorales y la inoportuna e inexplicable ausencia del fiscal del Ministerio Público encargado de investigar –precisamente- los delitos electorales, algunos movimientos políticos de nuevo cuño han comenzado a marcar su espacio de manera contundente, como respuesta a la urgente necesidad de cambios de fondo y del establecimiento de una nueva manera de hacer política: un ejercicio del poder más incluyente, más transparente y sobre todo con propuestas bien articuladas y acorde con las necesidades básicas de una población que ha sido marginada durante siglos.

En medio de los cierres de campaña y el entusiasmo de jóvenes activistas cuyas esperanzas por una mejor Guatemala los ha convencido de participar, se han cernido sobre el país algunos nubarrones amenazantes de regreso al pasado, propiciados por el equipo de militares que dirige la política gubernamental, cuyo temor ante una posible victoria de los nuevos partidos les ha hecho quitarse la careta y amenazar, sin tapujos, con actos de violencia y bloqueos en el día de los comicios.

La manipulación de este evento desde las cúpulas del poder –el ya bien conocido pacto de corruptos integrado por el equipo de gobierno, empresarios y militares- no ha dejado nada a la imaginación. Se han lucido entorpeciendo candidaturas “inconvenientes” y amparando otras marcadas por delitos graves. Han apretado las tuercas alrededor de las Cortes con el fin de garantizarse las mayores ventajas posibles, coartando las posibilidades de participación de quienes podrían constituir una amenaza el día que pierdan inmunidad y con el mayor descaro han montado una red de centros de mensajes cuya tarea ha sido invadir las redes sociales con toda clase de basura, mentiras, noticias falsas y ataques a los candidatos y partidos opositores al régimen. Por supuesto, todo eso financiado por los fondos públicos cuyo control y ejecución se mantienen herméticamente cerrados al escrutinio público.

El domingo 16 de junio será la prueba de fuego, cuando la ciudadanía acuda a los centros de votación a emitir su voto. Esa jornada podría significar para Guatemala el inicio de una nueva era de cambios profundos; un abrir caminos a la participación de quienes han vivido en la marginación y el desencanto, observando cómo sus oportunidades se pierden en las cuentas bancarias y las propiedades de lujo de quienes han empeñado el futuro de Guatemala. Esa jornada será digna de pasar a la historia como el rescate de la democracia, siempre y cuando el voto popular posea la impronta de una conciencia renovada sobre el poder ciudadano y sin el tufo del temor por el cambio; esto último, algo que ha marcado a una tras otra, todas las malas elecciones del pasado reciente.

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Se necesita una ciudadanía consciente y alerta para seguir la ruta correcta y vencer.

 La cartelera de candidaturas para la presidencia, las diputaciones y alcaldías en el proceso electoral desarrollado en Guatemala es una muestra fehaciente de la falta de participación de la ciudadanía en la depuración de sus instituciones, incluyendo entre ellas a una de las más importantes a la hora de elegir representantes, como son los partidos políticos. Creados y organizados en su mayoría por personajes poderosos pero de dudosas intenciones, los partidos poseen el monopolio del poder político gracias a una ley mediante la cual se obstaculiza la participación de líderes populares independientes y se imponen listados elaborados a conveniencia de sus dirigentes.

El ambiente electoral, sin embargo, comienza a calentarse por la inédita efervescencia alrededor de una candidata quien, además de ser mujer, pertenece a la históricamente marginada población indígena de Guatemala. No es de extrañar, por lo tanto, el estupor de cierta sociedad capitalina, urbana, ladina y profundamente racista, cuyos parámetros para medir “lo correcto y aceptable” no permiten admitir los derechos de una importante parte de la población a dirigir los destinos del país al cual pertenece. Es decir, los marginados no solo deberían continuar en ese estado, sino además aceptar en silencio y sin protesta las normas impuestas por un puñado de poderosos empresarios y políticos cuya incidencia en asuntos de Estado ha sido catastrófica para todos, excepto para ellos.

Es lógico suponer el temor que despierta en cierto sector de la sociedad la perspectiva de un cambio tan rotundo en el escenario político. La historia del país ha estado jalonada de abusos y regida bajo un sistema cuyos resultados están a la vista: saqueo de fondos públicos; robo de territorio ancestral de las comunidades indígenas; exclusión de casi la mitad de la población; explotación laboral a niveles de esclavitud; legislación excluyente para la población no ladina; desnutrición aguda y crónica en la niñez indígena y rural; muerte materna y una persecución constante contra la organización comunitaria, al extremo del asesinato de sus dirigentes y la cárcel por defensa del territorio y los recursos naturales.

Desde hace mucho tiempo los analistas más lúcidos vienen predicando la necesidad imperiosa de realizar cambios profundos en el modo de gobernar Guatemala. Hoy, con un crecimiento inesperado de la intención de voto por una candidata indígena cuya personalidad y programa de gobierno ha conquistado un espacio importante en el escenario electoral, queda demostrado el hecho de que el abuso de poder tiene un límite, por más obstáculos se opongan a la reacción popular. En esta ocasión, el rechazo a las obscenas maniobras de los corruptos para impedir la expresión libre de la voluntad del pueblo comienza a marcar las jornadas previas al evento.

La incógnita es cómo se van a desarrollar los pactos y acuerdos entre quienes representan la corriente “anti-corrupción” y cuántos candidatos tendrán los arrestos de renunciar a sus pretensiones presidenciales para acuerpar a uno solo y dar el golpe de timón a la situación de extrema fragilidad en la cual se encuentra la democracia en Guatemala. Por ahora, algunos se han pronunciado en tal sentido pero falta muy poco para abrir las urnas y votar. Por ello, no será suficiente con concertar un pacto; para alcanzar el éxito será imprescindible llegar al corazón de la ciudadanía con un mensaje de unidad capaz de despertarla del letargo en que se encuentra: Una tarea titánica sin el concurso de los medios masivos de comunicación, cuya mayoría (sobre todo la televisión abierta) se encuentran dedicados a mentir y apañar los abusos del Pacto de Corruptos.

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Los analistas diagnosticaron desde hace mucho la necesidad de un cambio radical.

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Dedicar fondos a adornar la ciudad sin atender problemas esenciales, es un fraude.

 Una ciudad es un espacio dinámico y complejo en donde concurren innumerables factores para ofrecer a sus habitantes los servicios y sistemas adecuados que les permitan vivir en un ambiente saludable y de ese modo dedicar tiempo, esfuerzo y creatividad a desarrollar otras actividades para contribuir al bienestar colectivo. Quien dirige la orquesta –es decir, el conjunto de entidades encargadas de distintas áreas de atención- no solo debe poseer la capacidad y el liderazgo para inyectar en su equipo la energía y el compromiso necesarios para sus distintas labores, sino también poseer la visión de futuro que le permita proyectar de manera inteligente las rutas de crecimiento urbano en todos los órdenes: servicios básicos, transporte, tratamiento de desechos, infraestructura y tecnología adecuados para crecer al ritmo de una población en constante movimiento y acelerada expansión.

Un alcalde es el servidor público por excelencia. Al ser responsable de temas de tanta importancia como el abastecimiento de agua o la extracción y tratamiento de millones de toneladas de basura producida por cualquier ciudad de regular tamaño, entre otras muchas obligaciones, su desempeño es contantemente evaluado por los vecinos y, del mismo modo, sujeto a una estrecha fiscalización; ya que nada es más importante en una ciudad, un vecindario o un hogar, como la provisión adecuada de los servicios que permitan a los pobladores dedicar su energía a producir en otras áreas y les ofrezcan calidad de vida a cambio de su obligatorio aporte económico. 

El desarrollo equilibrado de un complejo urbano es uno de los puntos esenciales en un plan bien estructurado de gobierno municipal. Por ello, para otorgar cierta legitimidad a la inversión en proyectos cosméticos o dirigidos a embellecer algunas privilegiadas zonas residenciales o comerciales en donde se concentra la mayor riqueza económica, estos se deben efectuar después de haber realizado los más esenciales en toda la extensión del complejo urbano. Porque es absurdo pretender engañar al público con trabajos superficiales si la gente carece de lo más elemental como agua potable, alcantarillado, calles pavimentadas, sistemas modernos de tratamiento de desechos o un sistema de transporte colectivo seguro y confiable.

El gobierno municipal, por lo tanto, tiene la absoluta obligación de transparentar sus finanzas y poner toda información relacionada al alcance de los vecinos, dado que parte importante de sus fondos proceden, precisamente, de sus aportes. Esta forma de proceder debe ser no solo un gesto de buena voluntad por parte de las autoridades del municipio, sino una exigencia seria y consistente por parte de la ciudadanía y de los medios de comunicación cuyo deber es, también, informar al público sobre el desempeño de quienes manejan ese delicado y complejo sistema de administración.

Un alcalde y su equipo, al ser electos por los habitantes del municipio y financiados por ellos en una buena proporción, tienen la absoluta obligación de rendirle cuentas de manera periódica y con total transparencia. Su actitud ha de ser de servicio y no de imposición, toda vez que son servidores públicos y su misión trasciende el marco temporal de su administración para afectar de manera decisiva el futuro del conjunto urbano bajo su cargo. La calidad de una administración municipal se refleja con la mayor precisión en la calidad de vida de sus habitantes: en la fluidez del tráfico, en servicios públicos eficientes y en el desempeño de sus equipos de apoyo especializado; no en las flores de los arriates.

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“…Pensaron que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza”. (Albert Camus)

 Sísifo fue sentenciado por los dioses a cargar una enorme piedra hasta la cima de la montaña, desde donde esta volvería a caer por su propio peso para que Sísifo nuevamente la cargara y así, repitiera su castigo hasta el infinito… Un mito cuya lección habla de lo absurdo del esfuerzo sin perspectivas; como una maldición convertida en el leit motiv de la vida moderna, en donde millones de seres humanos repiten la historia (sin conocerla) en un círculo vicioso de esfuerzo y fracaso gracias a un sistema impuesto por otros dioses, los del Hades corporativo cuyas decisiones son inapelables.

Esto trae a mi mente el estrecho callejón de las decisiones políticas en un país castigado sin tregua y transformado en el ejemplo más ilustrativo de cómo se repite la maldición una, y otra, y otra vez. Guatemala está a punto de celebrar –si acaso es posible llamar celebración al doloroso proceso de elegir autoridades sin muchas opciones de cambio- las elecciones para presidente, diputados y alcaldes. En un proceso marcado por las trampas sembradas en todos los pasos de la ruta institucional, una vez más la población se enfrenta a la devastadora perspectiva de elegir a quienes no solo han legislado para beneficiarse del poder, sino además se han apoderado de la voluntad de jueces y magistrados en su afán de perpetuar su reino de la corrupción.

Guatemala es ejemplo para el mundo de lo que no debe ser. Las sólidas alianzas entre empresarios, militares, políticos y cárteles de narcotráfico y de trata de personas han tejido redes inexpugnables alrededor de las altas cortes y, de ese modo, con la abierta complicidad de algunos medios de comunicación –la televisión abierta a la cabeza- manipulan y engañan a su gusto a una ciudadanía indefensa y empobrecida hasta el extremo de la más profunda miseria.

En el escenario de opciones, sin embargo, han surgido movimientos de oposición liderados por ciudadanos capaces, honestos y conscientes del momento histórico que atraviesa el país. Muchos de ellos han experimentado en carne propia la profunda impotencia de encontrarse –como Sísifo- acarreando la piedra hasta la cima de la montaña para verla, nuevamente, caer. Pero también han comprendido que con ese esfuerzo y quizá con el concurso de otros como ellos, sea posible conjurar la maldición de ver a Guatemala sumida nuevamente en el círculo vicioso de la corrupción y del sistema colonialista impuesto por un empresariado miope y codicioso, capaz de cualquier abuso con tal de conservar sus privilegios.

La unión, por lo tanto, es imperativa en el momento actual. Un frente unido de esa gran masa ciudadana cansada de la corrupción y de los excesos del poder, es el único camino para anular el castigo histórico que ha llevado a un país rico y próspero hasta lo más profundo del subdesarrollo político, social y económico. Un movimiento colectivo de rechazo al sistema actual y a las organizaciones criminales que lo lideran debería dar el golpe de timón definitivo, llevando al poder a ciudadanos capaces de retomar el rumbo de una institucionalidad sólida y un respeto irrestricto al estado de Derecho. Sin embargo, eso dependerá de la voluntad decidida de abolir los personalismos, las ambiciones propias y las divisiones ideológicas. Además, de echar abajo los prejuicios racistas y comprender que solo la unión de las fuerzas vivas y positivas de la nación pueden levantar la roca y colocarla, firme y sólida en la cima de la montaña, para iniciar una nueva era.

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