El Quinto Patio

La crueldad de las organizaciones criminales golpea a la infancia con especial saña.

 Aliado con las iglesias y grupos de extrema derecha, el Congreso de Guatemala pretende criminalizar toda manifestación de libertad de las mujeres respecto de su sexualidad y estatus familiar por medio de la iniciativa 5272, la cual cuenta ya con dictamen favorable de la comisión de legislación y puntos constitucionales presidida por uno de los diputados más retrógrados que ha pasado por el hemiciclo.

Esta iniciativa lleva como pomposo e inocente título “Ley para la protección de la vida y la familia”. Sin embargo, su intención es consolidar el control absoluto sobre la salud, la vida íntima y las preferencias sexuales de la población con especial énfasis en niñas, mujeres y otros grupos de la sociedad cuyas decisiones en la materia se salen del marco convencional. Con absoluto desprecio por la naturaleza independiente de un Estado laico con respecto de las doctrinas religiosas, ciertos legisladores –con plena complicidad del Ejecutivo- pretenden imponer restricciones a las libertades consagradas por la Constitución y de ese modo crear un ámbito vulnerable a medidas represivas de carácter fundamentalista.

Entre algunas de sus propuestas, la iniciativa plantea la “necesidad de incrementar la pena y reestructurar figuras penales relacionadas al aborto” (sic); también entre sus modificaciones arguye que la diversidad sexual debe ser considerada “incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”, clasificando de este modo a la homosexualidad como una patología indeseable a la cual se debe combatir desde el ámbito de las leyes.

Es importante señalar que Guatemala es uno de los países más atrasados en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, a pesar de ser uno de los países más golpeados por la violencia sexual contra niñas y mujeres. Los escasos indicadores confiables –por ser este un tema tabú del cual se desconocen estadísticas reales- muestran niveles espeluznantes de violaciones de niñas con resultados de embarazos no deseados y de alto riesgo. La indiferencia del Estado de Guatemala ante esta situación se refleja sin disimulos en el abandono de políticas públicas de salud sexual y reproductiva, pero también en la crueldad con la cual se impide a niñas de entre 10 y 14 años o a mujeres víctimas de violencia sexual interrumpir de manera segura un embarazo que a muchas les costará la vida.

Asimismo se manifiesta en la nula atención prestada por las instituciones de gobierno a las denuncias diarias de desaparición de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de las redes de trata de personas, las cuales operan en el territorio con absoluta impunidad. Pero la perversa visión de los políticos no para allí. En plena campaña electoral, un candidato lanza la propuesta de persuadir a las víctimas de embarazos no deseados, de completarlo con vistas a entregar a sus bebés en adopción desde el vientre. Esta ha sido en el pasado otra de las crueles formas de explotación humana y uno de los negocios más fructíferos para los tratantes de bebés guatemaltecos, por lo cual es una iniciativa que debería ser investigada por las autoridades correspondientes.

En nuestros países, ser mujer es una desventaja desde el nacimiento. Por lo tanto aquellos que pretenden crear más cerrojos para limitar sus derechos humanos y su libertad de decisión cometen el delito de abuso de autoridad al operar desde instituciones del Estado cuya misión es atender a los problemas más graves de la sociedad –como el de la violencia sexual contra niñas y mujeres y el tráfico de humanos- en lugar de hacer gala de su falsa moral para conseguir votantes. 

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Sin educación ni comunicación ética, es fácil caer en lealtades destructivas.

 La secuencia de administraciones de gobierno orientadas a satisfacer ambiciones personales o de partido ha sido la impronta característica de la vida política de los países subdesarrollados.  No cabe duda de que este problema también se encuentra en naciones con un elevado grado de desarrollo económico pero, aún así, los sistemas más evolucionados de esos países tienden a impedir la excesiva concentración del poder minimizando de esta manera el abuso en su ejercicio.

Una vez más, sale a relucir la importancia fundamental de la educación en los niveles más amplios de la sociedad.  La capacidad de buscar, procesar y analizar información es una de las herramientas indispensables para que una sociedad logre escapar al oscuro fantasma del fanatismo y evite caer en la consuetudinaria carencia de elementos de juicio a la hora de elegir a sus gobernantes. 

Una forma de mantener a un pueblo atado a sus frustraciones y sometido al poderoso influjo de la demagogia, es precisamente negarle el acceso a la información limitando el crecimiento de los centros de enseñanza y proponiendo programas educativos ineficientes y desactualizados. De una sociedad con tales privaciones surge con extrema facilidad el caudillismo, una enfermedad política producto de la hábil manipulación psicológica de pueblos abrumados por el continuo fracaso de sus expectativas.

No existe factor más determinante en el retraso de la evolución social como el apasionamiento político.  De las pasiones ciegas nacen las dictaduras, y también a ellas se deben las divergencias irreconciliables dentro de una comunidad.  Sin embargo, no existe antídoto de corto plazo ni fórmulas mágicas capaces de obligar a los grupos mayoritarios a actuar de acuerdo con la lógica, no en todo caso cuando son impulsados por la rabia y la decepción cada cuatro años o lo que dure una administración de gobierno.

En este contexto, es imposible esperar el cumplimiento de todas las demandas o la solución de problemas estructurales de larga data cuyos efectos se agravan período tras período.  Por lo demás, es ilusorio pretender que de un sistema dependiente de la política exterior de los Estados Unidos derive un gobierno independiente y soberano, como tampoco es racional suponer que de un pueblo privado de educación surja de pronto una sociedad democrática, consciente de su responsabilidad y comprometida con el desarrollo de su nación.

Todo es cuestión de prioridades.  Por esta simple razón, cualquier administración debe establecer las suyas en cuanto decida si lo importante es cumplir compromisos con los sectores de poder o su preocupación debe enfocarse en la habilitación de una estructura capaz de dar cabida al estado de Derecho y a las garantías básicas de vida de toda la ciudadanía, lo cual implicaría destinar los fondos públicos a los temas de Estado y no a favorecer a los gobernantes y su pandilla. Por supuesto, sin olvidar que el escaso desarrollo de la educación -en todos sus niveles- ha sido una condicionante histórica esencial en el entorpecimiento de la evolución social, y es precisamente el primer obstáculo que urge quitar del camino. 

A partir de un real compromiso de Estado en temas como educación, salud, trabajo y vivienda, se neutralizaría de manera natural el peligro del caudillismo en niveles nacional y regional, los cuales tienden a revestir de heroísmo a los peores enemigos del pueblo, tal como sucede en algunas regiones con los líderes de los carteles de la droga, los capos del crimen organizado y con políticos y empresarios corruptos.

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Elegir autoridades no es broma, es un acto cívico de trascendencia.

 Cuando el abanico de opciones para elegir a las autoridades muestra fallas de fondo en la depuración de sus listados, es momento de analizar con seriedad hasta qué punto está resquebrajado el sistema actual y cómo la ciudadanía debe participar en su reparación. En Guatemala, el proceso para determinar quiénes tomarán el bastón de mando avanza a tropezones y la sociedad observa con estupor la infiltración de los cárteles de la droga en el evento más importante de la vida política de su país. De hecho, la captura en Estados Unidos de uno de sus candidatos a presidente -¡nada menos!- arroja una mancha indeleble sobre las autoridades del Registro de Ciudadanos y del Tribunal Supremo Electoral, TSE, instancias en las cuales el ahora señalado de delitos tan graves como asociarse con el cártel de Sinaloa para financiar su campaña, aprobó su inscripción sin el menor reparo.

Para la ciudadanía, este caso constituye un llamado de atención de alerta máxima toda vez que a partir de la investigación realizada por la DEA, la cual desembocó en una acusación detallada contra el candidato de marras y uno de sus socios, es fácil deducir la ineficiencia de las autoridades de investigación y seguridad en Guatemala o, mucho peor aún, su complicidad con organizaciones criminales de enorme poder. Sin embargo se puede escuchar el silencio de una población tan acostumbrada a los escándalos, que ante el más reciente capítulo de esta tenebrosa telenovela, ni siquiera se inmuta.

El paso inevitable a partir de la denuncia del Departamento de Justicia de Estados Unidos debería ser la revisión a fondo de todas las demás candidaturas, sus respectivos partidos políticos y las fuentes de financiamiento de sus campañas. Para transparentar aún más el proceso, retroceder en el tiempo para esculcar en lo acontecido durante elecciones anteriores, debido a las salpicaduras del caso actual sobre antiguos altos funcionarios de gobierno íntimamente vinculados a los ahora atrapados por la justicia estadounidense.

Una revisión a conciencia de las opciones sobre el tablero dan ganas de llorar. En la contienda se presentan absolutos esperpentos señalados por toda clase de delitos, desde tráfico de bebés y de drogas hasta intentos de subvertir el orden democrático, pasando por un abanico multicolor de denuncias de corrupción en una amplia gama, todo aceptado gustosamente por las autoridades electorales y los respectivos partidos políticos sobre cuyas estructuras han montado sus ambiciosos planes. Todos ellos (y ellas) poseedores del correspondiente carnet de candidatos registrados, con el regalo adicional de la inmunidad ante la ley.

La ciudadanía debe tener los ojos bien abiertos y no dejarse deslumbrar por las evidentes falsedades de quienes pretenden hacerse con el poder. Las pruebas de corrupción detectadas por el trabajo de la Cicig, en conjunto con el Ministerio Público, no dejan lugar a dudas de cómo el sistema político y quienes dirigen los hilos desde las cúpulas empresariales han destruido toda posibilidad de restauración de una democracia tambaleante ante sus embates; del mismo modo, han acabado con innumerables oportunidades de desarrollo para Guatemala, uno de los países más ricos pero peor gobernados del continente.

Abrir los ojos y escuchar con filtro no será suficiente. El paso esencial será exigir al TSE una revisión acuciosa de los listados de candidatos ya aprobados, dada la magnitud de su responsabilidad y su enorme deuda con la ciudadanía. Es preciso recordar a esos magistrados cuánto daño hacen al país con su incomprensible negligencia.

 El siguiente paso, una revisión exhaustiva de las candidaturas.

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¿Quién sabe en dónde se encuentra, cómo se siente, cuál será su destino? 

Camila terminó de peinarse. Se colgó la mochila a la espalda y se preparó para salir a la escuela. Su madre le alcanzó la lonchera con el almuerzo y la despidió con la recomendación de todos los días: “Con cuidado, nena”. Camila nunca regresó. Su imagen en una de las múltiples alertas Alba Keneth sigue circulando por las redes sociales con la esperanza de que alguien la identifique en algún lugar del país; aunque han transcurrido más de seis meses desde que salió de su hogar, sus padres mantienen viva la esperanza de encontrarla.

Camila es una de los miles de niños, niñas, adolescentes y mujeres que desaparecen en Guatemala y cuyo destino se desconoce. Los sistemas de alerta Alba Keneth e Isabel Claudina (creado el primero para localizar a menores de ambos sexos y el segundo para mujeres mayores de 18 años) ambos dependientes de la Procuraduría General de la Nación, lanzan a diario decenas de notificaciones de desaparición en uno de los países más vulnerables del continente frente a las redes de tráfico de personas; un negocio transformado en una más de las siniestras amenazas que persiguen a niños, niñas y mujeres en el mundo entero. Consideradas por las organizaciones criminales como un elemento susceptible de generar grandes beneficios económicos, las niñas y mujeres atrapadas en estas redes terminan en situación de esclavitud con escasas posibilidades de escapar.

En países como Guatemala, Honduras y El Salvador, en donde los grandes consorcios de la droga afincaron sus raíces muy firmemente, la diversificación del “negocio” no fue más que una derivación natural de las actividades delictivas de estas redes, amparadas por políticos corruptos y confiadas en el ambiente de impunidad debido a la baja capacidad de los sistemas de investigación de denuncias y de administración de justicia. Los elevados niveles de corrupción y los ríos de dinero sucio -imposible de detectar desde las instancias estatales de control- pavimentan fácilmente las rutas del tráfico sin que las fuerzas de seguridad ni los familiares de las víctimas puedan hacer nada por evitarlo, consolidándose así una de las más espeluznantes tragedias que puede experimentar una sociedad.

En países cuyo sistema patriarcal ha marginado históricamente al segmento femenino de la población y expone a niñas y mujeres a los mayores riesgos en todos los aspectos de su vida, el negocio de la trata ha encontrado un sustrato idóneo para desarrollarse. Quienes sufren el flagelo con mayor crudeza se encuentran por lo general en las áreas rurales y en los sectores de menores ingresos, en donde la violencia contra las niñas y mujeres es parte de la cotidianidad. Es fácil imaginar las enormes dificultades enfrentadas por los familiares que habitan en caseríos o aldeas alejadas de los centros urbanos y, por ende, sin capacidad alguna para presentar denuncias y obtener apoyo de las autoridades.

Esta situación hace presumir que de los datos compartidos por algunas instituciones y organizaciones dedicadas a investigar las actividades de estos grupos criminales existe un fuerte sub registro. Si se calcula en aproximadamente medio millar al año las víctimas de trata –de acuerdo con el informe del PDH en 2017- destinadas a la prostitución, al trabajo forzado y a otras formas de esclavitud, es imposible no sospechar de la complicidad de algunas autoridades, dado que muchas de las víctimas son trasladadas a través de las fronteras sin dejar registro alguno; como si se hubieran desvanecido en el aire, como si nunca hubieran existido.

Niñas y mujeres, las más susceptibles de ser víctimas de trata.

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Cuando una autoridad naturaliza la violencia de género, dispara las alarmas.

 El vicepresidente de Guatemala dijo textualmente durante una entrevista: “La historia juzgará a cada quien en el quehacer de su vida. Hasta cómo nos comportamos en el hogar. Cuántas veces dejamos el ojo morado a la esposa o la esposa al esposo. Porque todos atacan a los hombres, pero las mujeres a veces son agresivas y no se quedan calladitas”. Su afirmación corrió de inmediato por las redes sociales, en donde fue objeto de fuertes críticas. Sin embargo no faltó quien defendiera al funcionario aduciendo que su malhadada frase había sido sacada de contexto. Para aclarar las cosas, démosle el entorno que merece.

“La violencia contra las mujeres se ha manifestado como un continuo en la historia de Guatemala y la violencia de género ha sido perpetuada como una herramienta de subordinación y control de la vida y cuerpo de las mujeres, sustentada por una cultura patriarcal y conservadora y un sistema frágil de seguridad y respuestas judiciales que genera impunidad.” (ONU Mujeres). Siguiendo en esa línea y de acuerdo con datos recabados por la misma organización en Guatemala, durante el último semestre de 2018 se registraron más de 50 mil embarazos en niñas y adolescentes como reflejo de la violencia a la cual se ven expuestas, la mayoría de veces dentro del hogar y por incesto cometido por sus padres, hermanos, tíos o personas allegadas a la familia.

La violencia de género y la ejercida en el hogar, eso que al vicepresidente de Guatemala le parece la cosa más natural del mundo, se produce sobre más del 51 por ciento de la población y la pobre respuesta del Estado ante las violaciones, el abuso económico, social y laboral, así como el femicidio que alcanza cifras de espanto, han convertido a Guatemala en uno de los países de mayor riesgo para la vida y la integridad física y psicológica de las mujeres. Por ello, naturalizar la violencia doméstica, como pretendió esa alta autoridad del gobierno, posee implicaciones de enorme alcance moral.

El problema con las expresiones vertidas por representantes de la máxima autoridad es cómo impactan en amplios sectores de la ciudadanía. El acoso y la violencia en el entorno doméstico son taras sociales que es preciso erradicar a través de educación, una legislación capaz de sancionarla y una administración de justicia con enfoque de género y capacidad para condenar a los agresores y proteger a las víctimas. En ese mismo sentido, la aberrante decisión de utilizar una ley como la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, diseñada para amparar a las mujeres víctimas de violencia, como parapeto contra investigaciones por supuestos delitos cometidos por Sandra Torres, candidata a presidente, viene a horadar la solidez de un sistema que, bien utilizado, es capaz de salvar la vida de tantas mujeres amenazadas por un sistema patriarcal que las margina.

No hay frase inocente cuando viene de una autoridad, dado que refleja una postura y una línea de pensamiento; por eso la necesidad imperiosa de analizar cuidadosamente a quién o quiénes se les concederá un voto de confianza en las próximas elecciones. Guatemala no merece la pobre calidad de funcionarios como aquellos que la han sometido durante tantas décadas al saqueo, a la miseria y a la desnutrición de sus nuevas generaciones con un cinismo cruel; pero, sobre todo, a la perpetuación de una violencia cuyos niveles solo se comparan con aquellos de las naciones africanas sumidas en conflictos bélicos. El país se enfrenta como nunca a una necesidad imperiosa de cambio y depuración de sus más importantes instituciones y la ciudadanía tiene en sus manos el voto, con el poder de generar el salto hacia el futuro.

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Es imprescindible superar la sumisión y asumir un legítimo reclamo.

 En época de campañas electorales todos los candidatos a cargos de elección popular sacan lo más selecto del baúl de las promesas. Para ellos prometer es gratis y casi siempre paga altos dividendos ante la ausencia de reglas claras que impidan la institucionalización del engaño. Quizá por eso las candidaturas se han transformado en un negocio y la ética, en política, en azúcar impalpable que al primer contacto con la realidad se va con el aire.

En nuestros países es fácil para los políticos corruptos salirse con la suya porque, a pesar de innegables avances en la eliminación de obstáculos para la participación ciudadana, persiste una de las barreras más efectivas para neutralizar el poder del pueblo: la educación. En este aspecto, las naciones menos desarrolladas del continente y aquellas en donde los engañosos polos de desarrollo de su pirámide social contrastan con grandes conglomerados hundidos en la miseria, coinciden en políticas de restricción de derechos básicos –educación, salud y empleo- con el propósito de conservar su tradicional estatus de privilegios para los círculos en el poder.

El discurso político de campaña apenas cambia de acento de una a otra punta de nuestra América Latina. En ese concierto de cacofonías, el hilo conductor es una demagogia cruda cada vez más evidente, que ya no se molesta en disimular el propósito fundamental de la ambición política como es, simplemente, la conquista del poder y con él, la llave de las arcas nacionales. Cuando de pronto surge una voz responsable y honesta con propuestas de cambio y visión de nación  -una rara aviscasi extinta- de inmediato se elevan los mecanismos para silenciarla por no caber en un contexto ya predeterminado por los grandes estrategas, cuyas manos manejan los hilos del hemisferio desde el corazón neoliberal del imperio.

No hay que engañarse. Si nuestros países no despegan es porque no conviene a los intereses de los dueños del planeta y de nuestros recursos naturales. Basta echar una mirada a los anales de la Historia para ver con cruda claridad cómo las decisiones de mayor trascendencia cruzan la puerta de “la embajada” y, en esa ruta, pierden todo sentido social para transformarse como por arte de magia en una más de las políticas públicas diseñadas para someter a los pueblos, empoderar a sus castas económicas y políticas y, de ese modo, imponer un modelo contrario a un desarrollo basado en la libertad y la independencia. Quien no se adapte, muere –simbólicamente o no- en el intento.

¿Existe entonces una salida digna para nuestras naciones? ¿O es que será preciso esperar a que nos la concedan graciosamente quienes se han apoderado de ellas? La respuesta está en las instituciones locales, horadadas por la polilla de la corrupción y sumisas ante el poder del dinero fácil y los grandes capitales, pero sin la contraparte de una ciudadanía empoderada. De ese modo es posible observar cómo las posiciones en listados de candidatos se comienzan a llenar con ejemplares notables de lo peor de la fauna local sin el menor proceso de selección por capacidad, honestidad ni cualidades personales; eso, porque un ejercicio cívico de tal trascendencia por lo general carece –gracias a una legislación venal y con dedicatoria- de los mecanismos de depuración necesarios en todo proceso democrático.

Pasa el tiempo y nada cambia. Para que eso suceda, será imprescindible el tránsito de la pasividad a la participación; de la sumisión a la rebeldía; del silencio a la protesta legítima. Sin ese componente fundamental del ejercicio cívico el cambio nunca se hará realidad.

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Uno de los graves problemas en la sociedad es la institucionalización de la mentira.

 El imperio de la justicia y el acceso a la información son de los temas más sensibles para la supervivencia de una democracia saludable en cualquier país. En ambos casos, mucho depende de la capacidad de la ciudadanía para detectar las fisuras, combatir las injusticias desde una posición analítica e informada y participar activamente en los asuntos de la comunidad. A pesar de las dificultades para emerger con mente despierta de la maraña de falsedades en la cual se debaten las sociedades, existen mecanismos para abrir los accesos a las fuentes y los archivos en donde se guarda la actividad de los centros de poder.

Sin embargo, muchas veces esos registros han sido capturados, borrados o negados al acceso público. Esto sucede en países carentes de regulaciones estrictas para salvaguardar sus registros históricos, porque quienes los controlan suelen escatimar esa información para evitar consecuencias legales por la comisión de delitos dentro de las instituciones. En este enorme bagaje de documentación no solo reside el hilo histórico sino también los detalles de crímenes cometidos por quienes administran la política, la economía y la justicia de una nación.

Ayer 24 de marzo se celebró el Día Internacional del Derecho a la Verdad proclamado en 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de sus derechos humanos, así como resaltar la importancia del derecho a la verdad y a la justicia. La relevancia de esta decisión de la ONU pone de manifiesto de manera muy puntual el derecho de las víctimas de abusos a conocer los detalles de las acciones cometidas en su contra y exigir la aplicación de la justicia para castigar a los culpables. Por ello, resulta una acción especialmente emblemática cuando tanto en Chile como en Guatemala se pretende liberar a los responsables de algunos de los peores crímenes de lesa humanidad cometidos en América Latina.

Las desapariciones forzadas, los asesinatos masivos por motivos políticos, las persecuciones contra líderes comunitarios y activistas ecológicos y las políticas de tierra arrasada -con el propósito de apoderarse de territorios ricos en recursos- son crímenes imprescriptibles en el escenario mundial. Sin embargo, los círculos de poder bajo cuya protección de encuentran los perpetradores –dentro de las estructuras del Estado y fuera de ellas- poseen un enorme poder ante sociedades acostumbradas a tolerar sus excesos y a vivir intimidadas por sus políticas represivas.

América Latina ha sufrido estos embates una y otra vez. Los países han perdido ya la cuenta de los golpes recibidos en sus intentos por establecer democracias transparentes y orientadas a proteger los derechos ciudadanos. Algunos presumen de libertades y desarrollo, pero solo benefician a un porcentaje mínimo de la población y dejan a las mayorías privada de derechos esenciales como la educación, salud y alimentación. En esas naciones, el acceso de la ciudadanía a la información veraz, verificable y completa sobre los actos de sus gobernantes suele ser casi imposible.

El derecho a la verdad proclamado por la ONU, por lo tanto, también debe incluir a las grandes mayorías. Junto con las víctimas de crímenes de lesa humanidad están enormes conglomerados humanos condenados a la miseria y al hambre por gobiernos corruptos y estructuras criminales apoderadas de sus instituciones. El acceso a la información pública y, especialmente, a los registros de los organismos represivos, debe ser un paso ineludible hacia la restauración del estado de Derecho.

Condenar a un pueblo a la miseria, también es un grave delito.

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La profunda miseria de los pueblos forma parte de un plan estratégico.

 Solemos ver los acontecimientos como reflejos segmentados de un caleidoscopio; un juego de espejos que nos obliga a separar en trozos dispersos algo que  -visto en toda su dimensión- podría darnos una perspectiva más precisa del espeso caldo político en el cual están sumergidas nuestras naciones tercermundistas. Por ello, es preciso comprender que la pobreza es parte de un plan y los grandes estrategas saben muy bien que para conservar el control del hemisferio sur hay que aplicarlo sin concesiones ni medias tintas. Para ellos, los grandes conglomerados de seres humanos privados de medios de subsistencia son daños colaterales necesarios en esa cruzada por el enriquecimiento de los más ricos y el control de los recursos valiosos de nuestras naciones.

Para ello, cuentan con la complicidad graciosa de gobiernos hundidos en la más grosera y vil corrupción. Son sus peones –los más insignificantes- y precisamente por su carencia de valores, su desprecio por la ley y su ignorancia respecto de la historia de sus pueblos, estos peones son capaces de hundir a sus países más allá, incluso, de las intenciones de sus amos. En Centroamérica se puede observar con prístina claridad el entreguismo de gobiernos aliados con el mayor de sus enemigos: un remedo de sistema neoliberal extremo, cuyo efecto ha sido colapsar a sus instituciones y a sus economías aplastando toda oportunidad de desarrollo. Guatemala, Honduras y Nicaragua no pueden definirse por el color político de sus gobernantes –porque no hay ideología que justifique tanta miseria moral- sino por los hechos que los colocan entre los más represivos, violentos y corruptos del continente.

El caos institucional, las violaciones de los derechos humanos, el desprecio por el estado de Derecho y un estatus permanente de incertidumbre en el cual se debate una ciudadanía abandonada a su suerte, los han convertido en un ejemplo de lo que no debe ser. Sus estrategias de intimidación contra pueblos ya debilitados por el solo hecho de carecer de medios de subsistencia mínimos, funcionan como un freno a la acción ciudadana, mecanismo esencial de toda democracia. En este contexto viciado, los negocios más prósperos son los monopolios, el tráfico de seres humanos y de drogas, en ese orden.

La indiferencia de autoridades e instituciones por el destino de miles de niñas, niños, adolescentes y mujeres desaparecidos sin dejar huella permite deducir la complicidad de sus instancias encargadas de la seguridad ciudadana. Así de podridas están las estructuras institucionales. A esto se añade un plan maestro de larga data, concertado con los sectores de poder económico para mantener a sus pueblos alejados de toda posibilidad de empoderamiento a través de una educación de calidad, acceso libre e ilimitado a la información y la garantía de un sistema de salud capaz de prevenir y evitar la desnutrición crónica que –solo en Guatemala- afecta a más de la mitad de la población infantil.

El cuadro no responde a un castigo divino ni a un infausto destino marcado por la rotación de los planetas. Es parte de un plan perverso pergeñado por mentes maquiavélicas con el único propósito de apoderarse de las riquezas de los países para acrecentar las arcas de un puñado de seres todopoderosos capaces de definir el destino de las naciones con la complicidad de títeres locales. Es, en otras palabras, el mapa de los deseos dibujado por un sistema económico voraz y carente de humanidad, ante el cual los pueblos empobrecidos son indefensos. A menos, claro, que sean capaces de elevarse por sobre sus diferencias para elegir, de entre toda la basura electoral, a sus mejores cuadros políticos. 

El plan maestro está diseñado para hacer más ricos a los ricos. 

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Algunos seres humanos vienen con carga adicional desde antes de nacer.

 En algunos países, nacer mujer es una maldición para el prestigio de la familia; de algún modo, se considera indicio de “debilidad genética” y se percibe como una mancha en la reputación del hombre, porque una niña supuestamente no aporta a la familia ni a la sociedad. Este desprecio por lo femenino es universal e instaló, a lo ancho y largo del planeta, a lo masculino como la plataforma sólida sobre la cual se eleva la estructura social en todas sus manifestaciones.

Para las mujeres ha sido una ruta llena de obstáculos, miseria y condena moral no solo enfrentar el desafío de la igualdad sino el derecho a desarrollar sus capacidades plenas. Tanto es así que recién en los últimos dos siglos ha sido posible insertar en leyes y tratados los conceptos de equidad, derechos sexuales y reproductivos, penalización de la violencia de género y otras formas de protección dirigidas a garantizar el respeto por los derechos humanos de más de la mitad de la población del mundo.

Sin embargo y a pesar de los avances, no todo está como debe ser. El solo hecho de verse en la necesidad de salir a manifestar a las calles para exigir los derechos que les corresponden –incluso en países desarrollados- es un signo evidente del retraso existente en la ruta de la igualdad de sexos. Los avatares del feminismo comienzan desde la percepción de la sociedad hacia ese movimiento de reivindicación. El rechazo del término “feminismo” como consecuencia de una campaña de descalificación de la lucha por la igualdad, ha encontrado una acogida instantánea en los sectores más conservadores y de poder político, desde los cuales existe una oposición cerrada contra las libertades y derechos de la mujer.  

El sistema de un patriarcado indiscutible y bien enraizado apenas ha comenzado a temblar y eso que ya estamos en el siglo veintiuno, el de las comunicaciones instantáneas, el de la alta tecnología y en donde se supone existen leyes emitidas en función de reducir la brecha. Pero el sistema todavía cuenta con recursos para entorpecer y hacer más difícil la lucha feminista, dada la pobre presencia de mujeres en los organismos legislativos en la abrumadora mayoría de países del mundo. De ese modo, al no poseer voz suficiente para equilibrar las normas y leyes que las afectan, se ven obligadas a manifestar sus exigencias en un ámbito mucho menos seguro: las calles.

Si esta situación de desventaja institucionalmente instalada ha sido un poderoso avatar en contra del pleno goce de derechos para las mujeres del mundo, hay que imaginar cómo afecta a las niñas y adolescentes, cuyo estatus familiar y social está marcado por múltiples obstáculos. Las niñas nacen en un ámbito proclive a la represión y a la negación de acceso a la educación, a la salud y a la seguridad. Son susceptibles de ser agredidas sexualmente en el ámbito doméstico y en aquellos espacios supuestamente protectores, como la escuela o la iglesia. Su voz no incide en las decisiones de los adultos que las rodean por carecer, desde su condición de niñas, de cualquier forma de poder.

La lucha feminista –y el feminismo como concepto- ha sido como abrir brecha a destajo en un terreno sembrado de minas. A las valientes que han precedido les ha tocado cárcel, represión y hasta muerte de las maneras más crueles. Esto, solo por haberse atrevido a exigir lo que les correspondía de la cuota de libertades y derechos humanos. Por lo tanto, el deber de una comunidad sana y solidaria es unirse a esta lucha con la certeza de que, para avanzar como sociedad, es preciso cambiar las injustas y absurdas reglas existentes.

 No hay obstáculo imposible en la lucha por la igualdad. 

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Los parámetros en donde se inscribe la cultura patriarcal permanecen inmutables.

 Algunos investigadores afirman que el cinturón de castidad jamás existió. De acuerdo con el experto en estudios germánicos, el doctor Albert Classen, ese adminículo creado durante la Edad Media para garantizar la castidad de las mujeres es una leyenda popular. Puede ser; sin embargo es imposible negar la existencia de una versión cultural y social de tal engendro metálico, cuya operatividad para ejercer un enorme poder restrictivo en los derechos y las libertades del género femenino ha traspasado los siglos sin grandes obstáculos. De hecho, la prueba está en la lucha feminista por derribar estereotipos y recuperar espacios de participación que les han sido escatimados a las mujeres a lo largo de la Historia, en pleno siglo veintiuno.

Nos acercamos a otra conmemoración del Día Internacional de la Mujer y todavía es necesario salir a las calles y enfrentar al poderoso sistema patriarcal para exigir el respeto por los derechos sexuales y reproductivos, los derechos políticos y económicos, así como el acceso a una justicia con enfoque de género. La resistencia del sistema en países con un desequilibrio rotundo en las cuotas de poder, en donde la presencia de mujeres en sus organismos legislativos es casi nula, permite la implantación de normas restrictivas tan radicales como los cinturones de castidad medievales –reales o imaginarios- con el propósito de monopolizar el poder castigando todo intento de igualdad entre sexos.

En esta lucha desigual y profundamente perversa uno de los grupos más golpeados es el de la infancia. Incapaces de defenderse y, peor aún, sin consciencia de su condición de marginalidad, las niñas y niños sufren los peores embates del machismo y la misoginia. En nuestras naciones regidas por gobernantes corruptos en un contexto de hipocresía religiosa y normas espurias, el sueño de la paz y el desarrollo para todos por igual es imposible por definición. Una sociedad en la cual la desigualdad, el abuso y la imposición de restricciones a los derechos humanos de las mujeres sea tolerado por sus integrantes por desidia o ignorancia, jamás podrá superar ese subdesarrollo viciado que la ha marcado durante siglos.

El candado de hierro no es más que una metáfora, pero ilustra a la perfección ese cúmulo de prejuicios moralistas y añejos enraizados en el pensamiento colectivo y cuyo poder se ejerce sin discriminación ni análisis sobre el sector mayoritario y menos influyente de las sociedades. Entre las mujeres y la juventud –contingente cuyo aporte representa la base del desarrollo de un país- cubren largamente la mayoría absoluta de la población. Por lo tanto, de alcanzar la cuota de poder político y social que les correspondería por derecho, las reglas del juego cambiarían de modo tan drástico como para dar una dramática vuelta de tuerca a los sistemas actuales, que han empobrecido a los pueblos para enriquecer a las mafias que los gobiernan.

El castigo familiar y social contra quienes exigen cuotas justas de participación en la definición de leyes y normas que les afectan, respeto por sus derechos elementales y el control sobre aquello concerniente a su cuerpo y su intimidad, constituye otra fase de la violencia de género, esta vez institucionalizada, otro de los resabios de un sistema colonialista añejo y cargado de prejuicios. Una legislación sin participación igualitaria de mujeres y hombres nunca podrá ser justa ni legítima, sino una dictadura avalada por inercia y tradición. Por ello, el acceso de las mujeres a los cuadros superiores de las instituciones políticas es una necesidad vital para garantizar una auténtica democracia.

 El cinturón de castidad es la metáfora perfecta para ilustrar la exclusión.

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No hay peor ofensa, ni dolor más profundo como cuando dices la verdad y no te creen.

Una de las grandes debilidades de ser niña es no tener el poder ni la credibilidad para hacerte escuchar, ni para hacerte respetar por adultos convencidos de ser más importantes que tú. Quizá, si no todas lo han experimentado, podría jurar que casi todas han pasado por esa triste etapa durante la cual. al carecer de autoridad, no son tomadas en serio al intentar denunciar el abuso al cual han sido sometidas. Eso, cuando se atreven a hablar. Pienso en ello cuando observo las cifras de denuncias por violencia sexual contra menores. ¿Quién las presenta y cuánto ha significado ese proceso en cuanto a vergüenza, dudas, interrogatorios y castigo para las víctimas inocentes?

Es indudable el hecho de contar hoy con muchos más recursos legales para investigar y condenar a los perpetradores de delitos sexuales. Sin embargo, no es suficiente para detenerlos y proteger a quienes por definición son las víctimas propiciatorias de esa clase de depredadores. Las espeluznantes historias de tráfico de niñas y niños, prostitución infantil, pedofilia, violaciones e incesto hablan de niveles inauditos de impunidad, sobre todo considerando que esas estadísticas esconden sub registros difíciles de cuantificar.

Esto obliga a repasar uno de los capítulos más crueles de los últimos tiempos en cuanto a violencia sexual contra niñas y adolescentes. Me refiero a las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción en Guatemala, calcinadas en un aula cerrada herméticamente por quienes estaban encargados de su seguridad. Es decir, del vil asesinato de un grupo de niñas y adolescentes cuya vida se encontraba encomendada a una institución supuesta a velar por su bienestar. Ese episodio cuyas imágenes jamás se borrarán de mi memoria revela de modo indiscutible cómo una sociedad ha podido desentenderse con tanta ligereza de su responsabilidad con respecto de la niñez.

No quiero aludir con esto a una obligación personal y específica sino a una actitud, una postura radical de exigir a las autoridades cumplir con su obligación –la cual, hay que insistir, es un mandato constitucional- de proteger a niñas, niños y adolescentes brindándoles el respeto, la seguridad y las oportunidades para desarrollarse en un ambiente libre de violencia. Sin embargo, no solo se ha visto la indiferencia y el desprecio de quienes administran las instituciones del Estado, sino a ello se ha sumado un inconcebible mensaje de odio desde quienes insisten en culpar a las víctimas ensañándose en cubrirlas de lodo aun después de muertas.

Pero esta manera de reducir a la niñez a un espacio de silencio no solo sucede en un país, sucede en muchos otros, poderosos o en vías de desarrollo. La niñez no tiene estatura jurídica, no tiene el recurso de una voz con autoridad, no tiene en dónde protegerse cuando es atacada en el seno de su hogar, de su iglesia o de su escuela y tampoco cuenta con el conocimiento para entrar en el laberinto burocrático de la denuncia. Hemos de comprender hasta dónde llega la vulnerabilidad de una niña, un niño o un adolescente cuya vida depende de otros. Desde nuestra situación de adultos nos resulta cada vez más lejana esa sensación de indefensión, porque la hemos acallado sepultándola en lo más profundo de nuestro subconsciente.

Proteger a la niñez es mucho más que imponerle restricciones y temores; es escucharla con respeto, educarla de manera integral para proveerla de herramientas y recursos capaces de fortalecer su autoestima, es rodearla de cariño y sobre todo, de creer en ella. Esto último, como tarea pendiente para quienes hemos olvidado cómo era eso de sentirse indefenso.

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Somos maestros en el recurso de la evasión, con la enorme capacidad de abstraernos del mundo real.

 Como un ejercicio indispensable de supervivencia emocional hemos ido adaptando nuestro mundo interior con el propósito de protegernos contra la fuerza de las circunstancias. Vemos la miseria y el dolor de otros –y muchas veces de nosotros mismos- con un filtro contradictorio de resignación y optimismo, único recurso posible para protegernos de emociones demasiado intensas y devastadoras. Así vamos dejando atrás aquello potencialmente letal para nuestro equilibrio interno. Por ello, quizá, nos hemos convertido en una especie de “procesadores” cuyo objetivo es seguir adelante, no ver lo que no nos toca de manera directa y abstraernos de toda experiencia traumática.

En países como los nuestros, con pasados y presentes cargados de violencia y destrucción, este mecanismo viene instalado desde la infancia. Dotado de un velo de indiferencia que muchos llaman “resignación cristiana” o “así es la vida” nos hemos acostumbrado a tolerar el abuso y el vasallaje de los más débiles como parte de la tradición y la costumbre. En ese conglomerado de seres indefensos ante sistemas adversos al goce de sus derechos humanos elementales están las mujeres, las niñas, niños y jóvenes como los principales actores de esta comedia patética, una comedia cuyo guión nos induce a alterar nuestra escala de valores para acomodarnos lo mejor posible en el estrato que nos toca, siempre con la ambición de trepar al superior.

De este modo, pasan por nuestro lado sin dejar huella acontecimientos cuyo impacto nos debería obligar a reaccionar, participar y dedicar un esfuerzo adicional para hacer de nuestra sociedad un conjunto de seres humanos y no un montón de islas blindadas contra la realidad. El mecanismo de la negación ha sido perfeccionado de tal modo que después de un tiempo -y con el correspondiente abrigo emocional de la negación- tanto las víctimas inocentes de los conflictos armados como aquellas condenadas al hambre y la miseria por el abuso político y económico de las élites dejan de ser personas para convertirse en una masa abstracta y anónima, cuyo destino estaba supuestamente marcado por fuerzas superiores o por dioses inclementes.

¡Qué excelente recurso el de la abstracción! Si no contáramos con ese maravilloso truco de la mente, quizá no hubiéramos podido soportar la visión de las niñas calcinadas ante la vista impávida de los policías en un “hogar seguro” del Estado de Guatemala. Tampoco nos hubiéramos sobrepuesto al dramático relato de las mujeres ixiles violadas por los soldados durante el conflicto armado interno de ese país. O, para verlo más de cerca, si no fuera por los filtros contra la emoción, los muertos que se acumulan en las calles haitianas o palestinas nos impedirían disfrutar del almuerzo dominical. Pero no. Gracias a nuestra valiosa capacidad para obliterar todo aquello que nos cause dolor o siquiera malestar, cerramos el acceso a la solidaridad natural de la especie humana y condenamos a “los otros” a vivir lo suyo sin dedicarles un solo pensamiento.

¿Será esto un mecanismo de protección emocional o con esa actitud carente de valor humano nos condenamos a ser las siguientes víctimas en esa escalada de indiferencia? Al no involucrarnos, no participar y dejar que otros decidan, abandonamos un principio fundamental de toda sociedad organizada y violamos una de las reglas fundamentales del sistema democrático al cual nos adherimos. La realidad actual, por lo tanto, nos obliga a quitar los velos y observar, sentir y comprender el origen, las causas y las posibles consecuencias de cerrar los ojos y dejar pasar.

 No tenemos derecho a no ver, no sentir, no participar.

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El abuso de las potencias no es nada nuevo, han actuado de este modo desde hace mucho, muchísimo tiempo.

 

El estudio de la Historia de la Humanidad debería ser una asignatura de importancia capital en los planes académicos. No porque el relato de las guerras y los descubrimientos posea un valor más o menos anecdótico sino porque constituye un capital de base, fundamental en el análisis de nuestra trayectoria como seres humanos. A partir de una revisión crítica de los textos podríamos comprender hasta dónde ha llevado a las naciones la manipulación de quienes anteponen los intereses hegemónicos a los de los pueblos y hasta qué punto ello incide en nuestra realidad actual.

Nos han enseñado a venerar a supuestos héroes y nos han creado íconos falsos desde una elaboración interesada de la historia, pero la verdadera razón tras esos fenómenos se encuentra revestida de la negación del goce de derechos y de la explotación indiscriminada del poder de unos por encima de otros. Los seres humanos, cuando alcanzan cierto nivel de dominio, no ponen límite alguno a su avidez y acumulan riquezas hasta no saber qué hacer con ellas. El espectáculo de su inmensa capacidad de dominación les impide darse cuenta de cómo el agotamiento de esos recursos adquiridos por la fuerza terminará por ocasionar su propia ruina.

Estamos en el siglo de la tecnología, de la comunicación, de los acuerdos globales y de una nueva conciencia sobre los derechos humanos; sin embargo, los pueblos se hunden cada vez más en la miseria debido al inmenso poder depredador de corporaciones anónimas protegidas por las potencias mundiales, cuya riqueza ha sido adquirida y acrecentada sobre la sangre de millones de víctimas, vistas estas como daños colaterales en la ruta del desarrollo de los grandes capitales. Algo que suele pasar inadvertido es cómo estos grupos hegemónicos nos han colocado en el papel de cómplices al convencernos de la bondad de sus sistemas de enriquecimiento ilícito y al machacar en nuestra conciencia sus campañas de terror.

La ignorancia sobre el pasado y la manera como se nos inculca una escala valórica retorcida e interesada inciden en nuestra limitada y obtusa visión del mundo. Las estrategias geopolíticas de la mayor potencia mundial inclinan la balanza de la opinión pública a su favor gracias a una bien diseñada invasión mediática cuya incidencia en amplios sectores de la ciudadanía reside en el eficaz ocultamiento de sus verdaderas intenciones y en la captura de alianzas oscuras con líderes influyentes y corruptos.

Esto que hoy tiene el nombre de Estados Unidos y sus incondicionales aliados, en pasados siglos tuvo el de Inglaterra, Bélgica, España, Francia, Alemania, Portugal… Potencias cuya riqueza se originó en la miseria de naciones asiáticas, africanas y latinoamericanas independientes y ricas en recursos, pero incapaces de defenderse de sangrientas invasiones, tanto armadas como políticas.

Hoy, las potencias quieren el petróleo y los minerales. Pronto querrán el agua y entonces los pueblos perecerán de sed en nombre del desarrollo y el bienestar de quienes se consideran a sí mismos superiores y dueños de la verdad.  El falso discurso sobre la construcción de un mundo mejor y la defensa de los oprimidos no es más que una bella retórica para disimular su ansiedad por apoderarse del patrimonio de quienes no pueden defenderse y así consolidar un poder que ya es inconmensurable y por tanto ilegítimo, al originarse en la apropiación de la riqueza ajena y, más grave aún, en la sumisión absoluta de quienes han sido designados por el pueblo para administrarla y protegerla.

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En nuestra ignorancia celebramos imágenes cuya crudeza debería golpearnos la conciencia.

Las redes sociales suelen funcionar como un buen termómetro social. En ellas se suceden comentarios e imágenes, los usuales despliegues de una visión particular del mundo en el cual vivimos. En ellas la infancia tiene por lo general una fuerte presencia, aunque desde esa visión patriarcal que la ubica en un plano subordinado y dependiente. Algo que no logramos entender desde nuestra posición de adultos, es nuestra responsabilidad respecto de la seguridad y el respeto por los derechos de ese inmenso sector de niñas, niños y adolescentes cuyo presente y futuro depende íntegramente de las decisiones de otros y cuyo destino suele estar marcado desde un nacimiento rodeado de privaciones.

Las caritas sonrientes frente a la cámara, de niñas y niños descalzos y pobremente vestidos, deberían avergonzarnos y no ser motivo de comentarios superficiales teñidos de compasión. Hemos normalizado la miseria de la infancia hasta el extremo de usarla en postales, como si esa injusticia fuera una parte legítima de nuestro entorno social, del mismo modo como hemos normalizado el embarazo en niñas y adolescentes y la violación sexual en el seno del hogar, en la escuela o en los ámbitos eclesiásticos. La sociedad se ha blindado contra la agresión de su propia naturaleza y, revistiéndose de supuestos principios morales, ha condenado a sus nuevas generaciones a toda clase de vejámenes cuyas consecuencias las marcan de por vida. Por ello, esa resistencia a comprender y sobre todo, aprehender el significado profundo de los derechos humanos y su impacto en las decisiones cotidianas y la relación con los demás también constituye una forma de agresión transformada en estilo de vida.

La niñez posee instrumentos de protección integral avalados por la inmensa mayoría de países del mundo, los cuales no constituyen siquiera un llamado de atención para quienes deciden y priorizan las políticas públicas y el uso de los recursos de las naciones. La Convención sobre los derechos del Niño es uno de ellos y señala con claridad meridiana los alcances y la importancia de garantizarles un ambiente apropiado para crecer y desarrollarse, bajo la responsabilidad plena de los Estados y, por supuesto, con la colaboración de toda la sociedad.

Esta Convención es uno de los mandatos fundamentales –en concordancia con ciertos artículos de las Constituciones Políticas y otros acuerdos de carácter obligatorio- cuyo objetivo es proteger a la niñez y, de ese modo. erradicar toda forma de discriminación y violencia en su contra; mandato ignorado de manera irresponsable por los gobernantes latinoamericanos, cuyo privilegio de ostentar el control político, económico y social de sus países pareciera otorgarles el derecho de condicionar a su antojo las condiciones de vida de sus pueblos, pero sobre todo las condiciones en las cuales sobrevive la niñez.

Como una de las mayores injusticias cometidas contra este amplio sector de la población es el acuerdo político teñido de fundamentalismo religioso cuyo objetivo es condenar a millones de niñas y adolescentes a mantener embarazos y maternidades no deseadas, producto de la violencia sexual. Estos embarazos representan una de las mayores causas de la feminización de la pobreza en nuestros países, en donde el respeto por los derechos de las mujeres continúa siendo uno de los temas pendientes más urgentes de sus agendas, pero también uno de los que provoca mayor rechazo desde los grupos de poder. Esto, precisamente por representar un factor de cambio en todos los ámbitos de la vida ciudadana empezando, claro, por dar a la niñez el lugar que merece.

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La polarización de las sociedades constituye un obstáculo difícil de derribar.

El intercambio de opiniones opuestas sobre distintos temas es, en esencia, un ejercicio saludable; pero también puede ser un mecanismo utilizado para dividir a las sociedades frente a determinados intereses económicos, sociales o políticos. La diferencia entre uno y otro suele residir en cuál acuerdo sobre un marco valórico serviría de sustento para desarrollar las distintas posturas en función de lograr acuerdos satisfactorios para la comunidad. Es en esa dicotomía entre lo ético visto desde una perspectiva social y los intereses particulares, en donde reside la mayor conflictividad y desde donde surgen enfrentamientos derivados de la inevitable oposición de ideas.

Si lo correcto se entendiera como el sistema capaz de proporcionar el mayor bienestar a la mayor cantidad posible de habitantes de una nación, el cuadro parecería alcanzar un nivel cercano a la perfección. Sin embargo el concepto mismo choca con la naturaleza egocéntrica de conglomerados humanos marcados por la premisa de la búsqueda de la propia satisfacción como un derecho inalienable. La conclusión implícita en esta premisa indica que el bienestar de la comunidad es entonces un derivado del bienestar individual y no al contrario, como debería ser por deducción lógica.

Construidos sobre esta plataforma individualista y orientada hacia la materialización de la mayor cantidad posible de privilegios, las sociedades tienden de manera inevitable hacia la confrontación entre grupos e individuos cuyos objetivos solo coinciden en la necesidad de obtener una mejor posición con respecto de los demás. Fuera de este cuadro van quedando, como un rezago humano desechable, los sectores más pobres; los menos afortunados y quienes poseen la menor cuota de poder, o ninguna. Este sistema, sostenido sobre una base de la supremacía de los más fuertes, impide de manera radical las aperturas de diálogos y consensos precisamente por su naturaleza eminentemente egoísta y depredadora.

En la mayoría de nuestros países latinoamericanos, regidos por sistemas aparentemente neoliberales pero esencialmente corrompidos por castas empoderadas durante siglos de dominación política y económica, el diálogo entre distintos sectores de la sociedad es prácticamente impensable. La concentración del poder impide casi por antonomasia cualquier acercamiento honesto entre quienes han usurpado el dominio con quienes reclaman su parte del poder. En medio de esos extremos existe un contingente de ciudadanos urgidos de participación y con la capacidad suficiente para ejercer esa tarea, pero aislados en una jaula de prejuicios y estereotipos diseñados para ese fin por medio de la formación educativa, la imposición religiosa y la conveniente división por clases y etnias.

Es esencia, el diálogo constructivo y capaz de generar cambios estructurales sólidos y positivos con el concurso de todos los sectores, es una utopía. Para lograrlo, se requeriría de un cambio profundo del marco valórico cuya supremacía ha impuesto una visión determinada sobre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, siempre con el filtro de los intereses individuales y contrario a un pensamiento capaz de derribar obstáculos tan sólidos y arraigados como el racismo y el desprecio por los menos afortunados.

De ahí el enorme valor de quienes luchan por erradicar sistemas basados en la opresión y opuestos a la democratización de sus estructuras institucionales. Sin ese paso, las diferencias de opinión no podrán evolucionar hacia los consensos necesarios para hacer, de estos reductos cerrados, auténticas sociedades.

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