El Quinto Patio

Atentos a cualquier signo de debilidad, los corruptos esperan…

 Nada hay más peligroso que una fiera acorralada. La potencia de su pánico es una droga que la incita a cometer actos extremos para defender su territorio de cualquier amenaza externa. Borracha de adrenalina, es capaz de desarrollar una fuerza destructiva superior a su capacidad con el fin de destruir a sus potenciales enemigos. Así actúan en nuestros países las organizaciones criminales cuando existe la menor posibilidad de perder la inmunidad conseguida durante décadas a fuerza de sobornos y amenazas.

Este es el escenario más peligroso para las naciones democráticas cuyos sistemas han permitido el crecimiento y la consolidación de redes de poder en el corazón de sus instituciones. En Guatemala, el enemigo máximo ha sido una organización destinadas a desarticular estas redes, la Cicig, cuyo desempeño logró investigaciones, procesos y sentencias inéditas en el país, enviando a prisión a muchos protagonistas de los delitos más escandalosos de las últimas décadas. Sin embargo, las organizaciones criminales conformadas por políticos, empresarios, militares y traficantes de droga y de seres humanos, al sentirse acorralados emprendieron la furiosa arremetida hasta neutralizarla e impedirle realizar el trabajo que el mismo Estado de Guatemala le encomendara.

Muy cerca de Guatemala, en México, la asunción al poder de Andrés Manuel López Obrador ha provocado similares reacciones entre los criminales alimentados por la impunidad que les han garantizado los gobiernos anteriores. Capaces de cualquier cosa con tal de entorpecer y aniquilar al nuevo gobierno, han iniciado un plan de sabotajes con el lamentable resultado de la muerte de civiles tan inocentes como indefensos. La estrategia no solo ha ocasionado pérdidas humanas, también ha creado confusión en una sociedad fuertemente dañada por la acción de las organizaciones criminales.

Decididas a todo, estas mafias súper poderosas operan desde todos los ámbitos y no tienen el menor escrúpulo en afinar su puntería sobre la población civil con tal de crear un ambiente de caos y temor, perfecto sustrato para asentar sus planes y continuar con el despojo de la riqueza de sus países. Es así como amordazan a quien tenga el valor suficiente para enfrentarlas y anulan las iniciativas ciudadanas cuyo objetivo sea transformar el sistema para crear uno capaz de abrir espacios de participación, depuración de instituciones y desarrollo de procesos en el ámbito de la seguridad y la justicia.

Estas fieras buscan el olor de la carroña y se agrupan ansiosas alrededor de los cadáveres de su propia especie. Son traicioneras y crueles, saben muy bien cómo debilitar cualquier intento de rebelión y aplastan todo cuanto amenace la impunidad con la cual los ha beneficiado una larga cadena de gobiernos supuestamente democráticos. Ávidas de riqueza y poder, no dudan en violar leyes con tal de perpetuar –incluso en cadena familiar- el despojo y el abuso. Nuestros países son ricos, tanto que no han podido sustraerse a la explotación irracional y extrema a la cual los han sometido estas organizaciones con la plena complicidad de gobiernos extranjeros poderosos pero igualmente interesados en mantener a la población callada y obediente.

Quizá el miedo pueda ser el aliciente para generar la respuesta de una ciudadanía harta de la sumisión y la pobreza. Quizá por fin se decida a limpiar la carroña que contamina a sus instituciones y comience a exigir, con la debida autoridad, los cambios necesarios para salir del lamentable estado de degradación en el cual se hunden sus sueños y esperanzas.

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La acción política no es mala per se, sino el resultado del uso o abuso de ese poder.

“La política es sucia, la política es corrupta, no hay que meterse en política…” Estos son algunos de los mensajes destinados a salvaguardar la ética y la seguridad personal a costa de abandonar los asuntos públicos en manos de otros. Mal mensaje, sobre todo para las nuevas generaciones cuyos integrantes han crecido y desarrollado en un ambiente de desconfianza y apatía generado por un ejercicio opaco, malintencionado, corrupto y exento de valores en la mayoría de países del mundo.

Sin embargo, el compromiso político se convierte en la única herramienta posible para transformar los marcos dentro de los cuales se ejerce el poder. No existe posibilidad de avanzar en la consolidación democrática de las instituciones sobre las cuales descansan la justicia y los derechos ciudadanos si la ciudadanía no participa organizadamente para garantizar su representatividad en las más altas instancias de una nación. Las estrategias mediante las cuales se ha conseguido provocar ese abandono de las obligaciones cívicas por parte de la población han sido creadas precisamente para concentrar el poder casi absoluto en manos de grupos interesados por monopolizarlo y aprovecharse de él.

Esta indiferencia política inducida por la conducta indeseable de quienes se encargan de los asuntos públicos, resulta especialmente perjudicial en la mayoría de países latinoamericanos cuyos sistemas se han decantado por el abuso de privilegios, impunidad para sus delitos, monopolización de los cuadros directivos de las organizaciones políticas y una legislación con candados diseñada para jamás perder ese monopolio. Este escenario resulta especialmente disuasivo ante una juventud privada de educación de calidad y sobre todo de la información indispensable para generar espacios de discusión, análisis y participación.

El recambio generacional es indispensable, pero también lo es la creación de cuadros políticos capaces de romper esos muros construidos por las generaciones anteriores, la mayoría de ellas condicionadas por los resabios de una Guerra Fría cuyos mensajes fueron elaborados a partir de la necesidad de Estados Unidos de dividir a los pueblos. Estas estrategias, cuyo objetivo era dominarlos con mayor eficacia apoyados por títeres represivos y cámaras legislativas acordes con sus proyectos de dominación, se fueron consolidando gracias a la infiltración de grupos religiosos, grandes monopolios y una represión sanguinaria contra todo pensamiento político opuesto.

La participación política, hoy secuestrada por grupos de poder con intereses económicos y altos niveles de corrupción, constituye un derecho ciudadano inalienable en cualquier país democrático o cuyo marco jurídico permita esa clasificación. No hacerlo es un abandono de los derechos pero también de las responsabilidades ciudadanas, toda vez que se delega en otros –por lo general de dudosas intenciones- el futuro de las mayorías. En nuestros países se puede ver el resultado de ese abandono en los espeluznantes indicadores de desarrollo social, pero también y sobre todo en el escandaloso enriquecimiento de las castas económicas y políticas que nos gobiernan.

Es importante reconocer que la política no tiene color. El color se lo dará quien la ejerza de acuerdo con su estatura ética y sus valores. Por ello es importante rescatarla y realizar el arduo trabajo de quitarle esa pátina que hoy la cubre. Nadie tiene derecho a impedir la participación ciudadana, pero será esa ciudadanía la única y principal responsable de abrir los candados que hoy la marginan.

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Guatemala vive uno de los momentos más críticos de su historia.

 La democracia es como el amor: para conservarla es preciso trabajar por ella, consolidarla a diario en el respeto por las leyes y los derechos de los otros, participar como ciudadanos y cultivar ideales comunes en la búsqueda de la igualdad, con tolerancia por las ideas ajenas. Todo eso dentro de un ambiente de paz y armonía. Lindas palabras cuya realidad suele ser incompatible con la naturaleza humana, más inclinada al abuso de poder, a la codicia y a la búsqueda de satisfacción individual. Este cuadro, el cual se repite una y otra vez en países como los nuestros, ha causado una debilidad endémica a lo largo de la historia, en parte por la injerencia de potencias industriales cuyas acciones directas e indirectas nos han transformado –en mayor o menor grado- en repúblicas bananeras, pero también por la impotencia ciudadana.

Durante el fin de semana, Guatemala se ha convertido en el ejemplo más representativo de esta triste definición. Un gobierno bajo la influencia de una casta de empresarios cuyo dudoso mérito reside en haber conseguido montar todo un sistema de privilegios, tan efectivo como para haber perdurado por siglos y para continuar engañando a los ilusos, quienes creen en su aporte a la economía y al desarrollo. Sumado a ello, un ejército en cuyo papel de guardián de esta casta de privilegiados ha perdido todo contacto con su verdadera misión y una clase política cuyo mayor interés es blindarse contra la acción de la justicia para hacer de los bienes nacionales su caja chica.

Cuando por obra de algún milagroso fenómeno de la naturaleza se logró crear un organismo de investigación y apoyo a la justicia (Cicig) para perseguir los delitos cometidos por las organizaciones criminales insertas en el Estado, se podía augurar una apertura en esa cobija espesa de la impunidad institucionalizada. Por ese esfuerzo se logró avanzar en importantes casos de alto impacto, llevando a prisión a personeros de los sectores políticos, empresariales y castrenses. Sin embargo, el presidente de la República y su consejo de seguridad, integrado por los ministros de gobernación, relaciones exteriores, de la defensa y otros funcionarios de menor rango, se han atrincherado contra cualquier investigación sobre sus actos de corrupción, rompiendo en pedazos el marco institucional, violando disposiciones constitucionales y desobedeciendo las órdenes de las más altas cortes del país en su afán por impedir la acción de la justicia.

Pero este escenario que podría haber provocado una repulsa general e inmediata de la ciudadanía, solo ha permeado en ciertos estratos de la sociedad como las organizaciones civiles y los grupos más próximos a la vida política nacional. La grandes masas, divididas por estrategias pergeñadas desde los grupos dominantes, siguen en la duda de si perseguir a los criminales instalados en el Estado es bueno o malo para la salud nacional, porque hay quienes afirman que esta clase de noticias perjudica gravemente a la economía y a la imagen del país en el exterior, desanimando a posibles inversores.

El silencio ciudadano ha sido la protección más eficaz para los corruptos, a lo largo de su historia y, por supuesto, durante los gobiernos de la época democrática. El saqueo de riquezas ha sido constante y pródigo para los grupos de poder, mientras el pueblo se consume en la miseria más injusta. Las acciones intimidatorias del gobierno contra la Cicig y la ciudadanía son apenas una muestra del peligro al que se expone Guatemala: la posibilidad de perder una democracia incipiente que ha costado miles de vidas.

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Estamos programados para seguir un protocolo de obediencia al pensamiento ajeno.

 Hoy se cierra el año. Esta noche se realiza el ejercicio de una contabilidad obligada de avances y retrocesos, de promesas incumplidas, así como de sueños aplastados por decisiones ajenas y pasividades propias. En este lapso de días, semanas y meses transcurridos desde el último recuento anual han desfilado acontecimientos que por repetidos han dejado de llamar la atención y se han sumado a una agenda noticiosa impermeable a las emociones. En ella se suceden las tragedias y se acumulan las frustraciones, pero nada de eso cambia la perspectiva ni modifica las actitudes egocéntricas de una humanidad cada vez más centrada en sus pequeños objetivos personales.

Es así como en el variado panorama mundial han desfilado, uno tras otro, hechos que, por su enorme trascendencia, debieron poner en alerta y posición defensiva a los pueblos afectados por ellos. Un ejemplo contundente ha sido el creciente fenómeno de las migraciones ocasionadas por el hambre y la violencia, por las guerras y el crimen organizado con su cauda de muertes injustificables de seres indefensos. Sin embargo, los núcleos más influyentes de las sociedades desde las cuales se origina esta huida masiva manifiestan no solo indiferencia, sino encima de todo una condena moral contra quienes en su afán por sobrevivir toman el camino de la frontera.

¿Desde cuál plataforma ética, transparente y racional se permite la sociedad juzgar las decisiones de quienes lo han perdido todo? ¿Cuál es el punto de vista desde donde se miden las responsabilidades por el éxodo de quienes arriesgan su vida en una ruta plagada de amenazas? ¿En dónde se marca el límite del derecho humano a buscar su bienestar y el de su familia? ¿Cuándo y cómo se decidió la hegemonía del poder económico y geopolítico por sobre el derecho a la vida? Pero aún así, no deja de sorprender el conformismo y la aceptación -como si de un hecho irrebatible se tratara- de quienes permiten a un círculo de superpotencias decidir la suerte de millones de seres humanos.

Los principios y valores de nuestras comunidades humanas ya desde hace tiempo dejaron de constituir un protocolo sujeto a debate, revisiones y actualización. Se acepta como válido el principio de la supremacía del poder, sin repararse en la falsedad de intenciones de quienes lo detentan. De ahí surgen los nacionalismos extremos capaces de dividir a los humanos por su condición y su origen, así como otras desviaciones de la solidaridad y la empatía convertidas en actos de dudosa caridad. Desde esas posiciones extremas se predica un cristianismo a la medida de las ambiciones de los predicadores y una sumisión inducida a la medida de los intereses económicos de los gobiernos más poderosos y de las clases dominantes.

En una sociedad, los actos y pensamientos enmarcados en la moral son otra cosa. Equivalen al respeto por los demás, sus derechos y sus circunstancias. Reflejan algo más que una simple actitud de tolerancia, construyendo sociedades capaces de generar desarrollo y coincidencia en la búsqueda de objetivos. Propician el bienestar con un énfasis marcado en las nuevas generaciones, las cuales representan la mejor oportunidad de consolidación de valores en cualquier comunidad humana. Este énfasis en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes no es un acto de generosidad sino una urgente medida de supervivencia, toda vez que en ellos reside el futuro de las naciones. Abandonarlos, por lo tanto, no solo es un crimen de lesa humanidad; es el suicidio de una nación.

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 “Ni siquiera pedimos felicidad, solo un poco menos de dolor” (Charles Bukowski)

 Pocas fechas son tan propicias como la Navidad para reflexionar sobre ciertas consignas sociales que marcan la vida de los humanos. Fechas establecidas a partir de fenómenos históricos reales o imaginarios cuya impronta se encuentra tan profundamente grabada, como para eliminar todo cuestionamiento y definir la conducta de las sociedades. El origen de la Navidad es el nacimiento de uno de los más importantes líderes espirituales de todos los tiempos, cuyo mensaje de humildad y amor por el prójimo pudo, quizá, echar raíces en las comunidades humanas y fundar relaciones de respeto y solidaridad, de no haber sido por la naturaleza egoísta y rapaz de esta nuestra especie demasiado imbuida de su propia importancia.

Durante estos días vamos a ser felices porque así debe ser. Vamos a celebrar algo que en el fondo ignoramos porque así lo manda la voracidad comercial y el siempre presente afán de escapar de la dura realidad. La niñez, personaje central de las festividades, tendrá quizá el consuelo de un presente como compensación de los adultos por los abusos y la indiferencia que se les han impuesto durante el resto del año. También estarán presentes en los medios de comunicación -¡no faltaba más!- algunos grupos empresariales interesados en aprovechar las fiestas para lavar su imagen con donaciones de juguetes y alimentos para los “niños pobres”, financiados con dineros que luego figurarán en la lista de exenciones en sus registros contables. 

No hay que ignorar en estas fechas felices a otros líderes quienes, bajo la consigna de la fe, con gran boato y el poder que les otorga su influencia social, política y espiritual sobre sus fieles, han amasado enormes fortunas y viven entre lujos y excesos materiales, predicando el amor y la humildad sin el menor sonrojo por sus descaradas contradicciones. Estos especuladores de la fe cristiana forman parte activa de los círculos de poder político, los mismos que han condenado a la niñez a un futuro de miseria y dolor en un constante atentado contra sus derechos y su dignidad.

Para quienes manipulan el poder desde las esferas de gobierno, la Navidad también es un regalo del cielo; porque mientras la ciudadanía más pudiente entra en esa atmósfera rosada de la ilusión de los adornos, los regalos, los pinos decorados, los cohetes, el pavo y los villancicos, sus gobernantes se reúnen para conspirar y amañar cuanto se pueda, aprovechando el deslumbramiento de quienes suelen complicarles la tarea. El resto de la población, hundida en la miseria y carente de mecanismos de participación, vivirán como de costumbre un receso navideño humilde, mucho más parecido al acontecimiento cuyo origen marca esta fecha.

El toque amargo del pastel viene dado cuando nos olvidamos del personaje principal de esta historia: Niñas, niños y adolescentes que ya no cuentan como sujetos de derechos porque los objetivos de los adultos –sus guardianes, sus protectores y sus ejemplos de vida- han corrido en una dirección contraria. Esta noche, cuando se conmemora el nacimiento de uno de los hombres más generosos y solidarios, millones de niñas, niños y adolescentes pasarán frío en campamentos de refugiados, sin alimentos, sin agua, sin protección. Otros la pasarán en chozas de cartón colgando de los barrancos; en las calles, refugiados en una nube de olvido gracias al pegamento; en hogares estatales carentes de condiciones mínimas de abrigo y seguridad; en bares y prostíbulos a donde el sistema las ha relegado o en la manipulación de explosivos, para que usted se divierta quemándolos esta noche.

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La protección de la niñez es un borrador perdido entre otros temas pendientes.

Me preguntan a veces por qué insisto en el tema de la niñez, habiendo otros tanto o más importantes en la agenda pública. Insisto, porque dudo de la existencia de una tarea más importante que poner en evidencia la situación dramática –y muchas veces trágica- vivida por millones de niñas, niños y adolescentes, aunque a algunas personas les parezca tediosa mi tozudez. Creo, con firme convicción, en la necesidad de seguir machacando sobre ese clavo herrumbroso, torcido e ineficaz a medio insertar en la agenda política y social. He reflexionado sobre ello para dar una respuesta, llegando a la conclusión de que aunque las niñeces felices parecen ser ya un fenómeno en vías de extinción y tanta convención, tratado y predicamento sobre sus derechos no acaban de prender en la conciencia ni en las decisiones de las sociedades, nuestra obligación prioritaria es defenderlos y hacerlos valer.

Para demostrar cuánto abandono pesa sobre las nuevas generaciones basta dar un paseo por los medios de comunicación locales e internacionales, en donde las violaciones cometidas contra ese sector de la población se han convertido más en un relleno noticioso que en un tema toral de gran impacto. Su grotesca abundancia nos dice cuán poco hemos avanzado en el establecimiento de protocolos y procesos jurídicos y administrativos capaces de garantizar la seguridad y el goce de derechos para una de las franjas sociales más importantes en una nación. Niñas, niños y adolescentes forman, en nuestros países subdesarrollados, un enorme contingente de seres abandonados cuya vulnerabilidad natural los coloca en la mira de quien quiera explotarlos. De ese modo van cayendo en redes de trata, en pandillas, en prostitución, en matrimonios forzados y en abuso laboral con una facilidad pasmosa por no tener la voz, el conocimiento ni la autoridad para defenderse por sí solos.

Entonces, volvemos la mirada hacia las estructuras familiares e institucionales y comprobamos cuán débil es la red de protección de la niñez. Aquellos estamentos creados con el propósito de salvaguardar sus derechos han sido cooptados por sus propios enemigos: seres corruptos con poder suficiente para convertirlos en víctimas de un sistema de abusos legitimados a fuerza de privilegios, justicia manipulada para convertir la violación sexual o laboral en un delito menor, actos de intimidación contra cualquier intento de exigir castigo por esta clase de crímenes.

Los abusos contra la niñez comienzan a partir del momento cuando los adultos –padres, maestros, líderes espirituales- se creen con derecho de propiedad. De esa convicción y de un sistema patriarcal cuyo pilar fundamental es el abuso de poder, se desprende todo un abanico de oportunidades para hacer de niños y niñas víctimas propiciatorias para toda clase de vejámenes, convirtiéndolos en pequeñas figuras de papel clavadas sobre un muro de indiferencia colectiva. De ahí viene el afán de mantenerlos en la ignorancia negándoles el acceso al conocimiento y a la información, de ese modo viven amordazados desde temprano y sometidos a una autoridad ilegítima, sin posibilidad de escapatoria.

Nuestras sociedades han abandonado su misión fundamental debido, en parte, a esa cadena histórica de abuso contra los seres más vulnerables de las comunidades humanas. El sistema ilegítimo y perverso de cadenas de autoridad creadas para someter a grandes sectores de la población a las decisiones de un pequeño círculo de poder, debe ser destruido. De otro modo, el concepto mismo de sociedad continúa siendo una vil mentira.

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Francia se levanta para dar una lección al mundo sobre el poder popular

La indignación ha lanzado a las calles a miles de franceses, matizada de un fervor revolucionario de profundas raíces históricas que en su momento marcaron el devenir de Europa y el mundo. Consciente de que el poder del pueblo permanece ahí, latente y capaz de transformar la escena social y política, el colectivo conocido como “los chalecos amarillos” ha tomado las calles y paulatinamente ha capitalizado la frustración de una sociedad cansada de los retrocesos provocados por las políticas neoliberales del gobierno de Emmanuel Macron, hasta congregar a ciudadanos de todas las tendencias y estratos sociales. El mensaje lanzado al mundo por este movimiento no podría ser más claro: la Revolución no ha muerto.

Las protestas callejeras en Francia comienzan a despertar también una reacción entre quienes están designados para contrarrestarlas. Las imágenes de policías y bomberos dando la espalda a sus mandos para solidarizarse con los manifestantes constituyen una prueba innegable de las fisuras en el muro cada vez más débil de las estructuras política e institucional que rodean a Macron, quien sin duda comienza a percibir claramente las incalculables dimensiones de la crisis provocada por sus decisiones.

Con la atención puesta en las calles de París, otras sociedades en otros en países gobernados por la corrupción y el abuso se han de preguntar cómo hacen los franceses para mostrar tanta audacia y determinación. Porque poner en jaque a un gobierno aliado con los grandes capitales no es cosa fácil; y enfrentar a las fuerzas de choque resulta extremadamente peligroso. En algunas naciones de nuestro continente latinoamericano se han producido movimientos de protesta de gran magnitud en los últimos años, pero ese espíritu revolucionario capaz de derrotar al miedo y la frustración no parece tener la capacidad de permanecer vivo el tiempo suficiente para generar resultados y sostenerlos.

El mensaje emanado de las protestas en el país galo habla de la imperiosa necesidad de unidad. Pueblos divididos entre ricos y pobres, entre nativos y migrantes, entre tendencias políticas opuestas o creencias religiosas hábilmente elaboradas para generar animadversión y rivalidades entre ciudadanos han creado sociedades débiles y vulnerables, incapaces de identificar y proponer objetivos y metas de beneficio común porque están condicionadas para buscar metas y objetivos personales y de grupo.

El gran desafío que propone el pueblo francés es unirse contra un sistema neoliberal que ha resultado en la debilidad endémica de los Estados. Los gobiernos –en especial los más débiles política e institucionalmente- se encuentran frente a las presiones de una superestructura de inmenso poder económico, la cual se ha apoderado del poder político socavando las bases de la democracia y ha convertido a los Estados en cómplices de sus planes. De ese modo y sin mayor oposición, se apoderan de todos los bienes y recursos más valiosos de las naciones para vendérselos de vuelta a sus legítimos dueños a precios de usura: la minería, la agricultura, el agua, el petróleo, la energía y hasta los cultivos nativos transformados, gracias a patentes legalizadas a fuerza de sobornos, en propiedad corporativa.

Unidad es la fórmula y el pueblo francés lo está demostrando con orgullo y valentía. Unidad con la determinación de no permitir a intereses foráneos imponerse sobre los del pueblo, el cual debe decidir el rumbo de su historia. Es una lección de enorme valor en los momentos que vive América Latina y vale la pena tomarla en cuenta.

 Es el pueblo quien debe decidir cuál será el rumbo de su historia.

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El Zócalo no ha dejado lugar a dudas sobre la esperanza de los mexicanos.

Con un lleno total en el mayor escenario de México –el Zócalo- y en medio de una ceremonia celebrada por las autoridades de los pueblos originarios para entregarle el bastón de mando, López Obrador inició su sexenio bajo la promesa del cambio total; la lucha contra la corrupción y la consolidación de las instituciones mexicanas debilitadas durante décadas de gobiernos venales, opacos e incompetentes. El mensaje va claro, tan claro como su discurso de toma de posesión en donde lanzó las más fuertes andanadas jamás escuchadas -en una ceremonia de tal importancia- contra las políticas neoliberales y los crímenes y excesos cometidos durante el mandato de su antecesor.

Mientras eso sucedía en México, levantando una ola de esperanza para el resto del continente, en Buenos Aires llegaba a su fin la cumbre del G20 con la resistencia de Estados Unidos a firmar un acuerdo sobre el cambio climático y defendiendo su hegemonía en el ámbito de los acuerdos comerciales. Los países más poderosos del mundo tuvieron dos días para decidir cuál será el futuro del planeta durante los próximos años, pero por supuesto ese es un futuro claramente definido por intereses geopolíticos, industriales y comerciales entre gigantes, con total desapego respecto de los intereses primordiales de la mayoría de países en vías de desarrollo cuyas poblaciones enfrentan hambre, guerras y pérdida acelerada de sus recursos.

En el otro extremo del continente, el pronunciamiento inaugural de Andrés Manuel López Obrador fue la antítesis del G20. Su rechazo al marco neoliberal favorecido por su antecesor como parte de su programa de gobierno lanza un mensaje poderoso a su vecino del norte señalando un primer golpe importante de timón en las relaciones bilaterales. Asimismo, consciente de la enorme dimensión de su compromiso y confiando en el respaldo popular, el nuevo Presidente de México, uno de los países más poderosos e influyentes de América Latina, toma distancia de los grupos de poder que llevaron a su antecesor a la primera magistratura y prácticamente los erradica del entorno oficial.

Mensaje recibido. Así debería percibirse este nuevo episodio de la política latinoamericana, que trae nuevos aires y promesas cuyo cumplimiento representaría un soplo de aire fresco para el resto de países. En el caso de las naciones centroamericanas, el impacto será directo no solo en cuanto al tratamiento de la crisis migratoria y los tratados regionales, sino también en cuanto a un nuevo marco ético para las relaciones entre gobiernos. Muchos son los comentarios de escepticismo que rodean el inicio de la nueva administración; sin embargo, aun cuando López Obrador cumpliera una ínfima parte de lo prometido como nuevo jefe de Estado, solo con eso el cambio podría ser tan rotundo y revolucionario como para transformar la política regional.

“No me dejen solo”, repitió, con la certeza de que sin la participación ciudadana no existe la menor perspectiva de éxito. “No nos puede fallar” es la respuesta unánime del pueblo mexicano. Así, con este pronunciamiento poderoso y cargado de energía, comienza una nueva etapa cuyos ecos podrían repercutir en sus vecinos para despertar una poderosa ola de entusiasmo ciudadano en las naciones centroamericanas más afectadas por la corrupción de sus autoridades. En México, un país castigado por las estructuras criminales incrustadas en el Estado –igual como sucede en otros países cercanos- se encuentra quizá el renacer de los valores democráticos que ya la historia actual había dado por irrecuperables.

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No hay un solo día conmemorativo capaz de reflejar tanta injusticia.

El Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, celebrado el 25 de noviembre a nivel mundial, es una más de esas fechas conmemorativas creadas con el objetivo de llamar la atención sobre uno de los rasgos más crueles de la cultura patriarcal impuesta por las sociedades a lo largo de la historia. La violencia en contra de las mujeres de toda edad y condición está instalada en las relaciones humanas y sociales como una forma de vida. A veces sutil y otras brutal, este rasgo de las relaciones de poder representa uno de los frenos más poderosos contra la instauración de la igualdad entre sexos, pero también contra sistemas auténticamente democráticos.

En sociedades como las nuestras –países cuyos rasgos culturales están definidos por la colonización cristiana- la vida de las mujeres vale menos que la de los hombres, de acuerdo con valores establecidos por la sociedad y legitimados a través de las políticas institucionales que las marginan de manera sistemática. Y dentro de este gran segmento, la de las niñas es simplemente irrelevante.

Así se deduce en estadísticas de escolaridad, sobre todo cuando se refieren a la permanencia en los establecimientos educativos a partir del segundo ciclo escolar. Es allí  donde se produce una de las grandes migraciones de niñas hacia trabajos domésticos y otra clase de labores no calificadas impuestas por los adultos, las cuales les impiden continuar sus estudios y construir a partir de esa oportunidad de crecimiento una vida más productiva e independiente.

Esto coloca a las niñas y adolescentes en una situación de peligro y les impide disfrutar plenamente de sus derechos. Esa situación de esclavitud las expone de manera casi absoluta a decisiones sobre las cuales no tienen control. Este cuadro refleja la vida de miles de niñas en algunos de nuestros países. También incide en embarazos en niñas y adolescentes cuyos indicadores revelan una peligrosa falta de políticas públicas destinadas a protegerlas y proporcionarles una asistencia integral que garantice su seguridad física y mental.

La violencia contra las mujeres, espeluznante como es con casos extremos de asesinatos, violaciones y marginación, en las niñas tiene el agravante de una indefensión prácticamente total que las coloca a merced de quienes las rodean –familiares o extraños- con una cauda elevada de abuso sexual, agresión física y psicológica y privación de sus derechos elementales, como educación, salud, recreación y alimentación, todo lo cual depende más de la voluntad de quienes tienen su custodia que de sistemas estatales e institucionales dirigidos a garantizar sus derechos.

Un parto en niñas de entre 10 y 14 años es, de acuerdo con la legislación vigente en algunos países, producto de una violación, no importa si la menor hubiera consentido el contacto sexual o no. La ley los tipifica de ese modo, pero eso es la letra y otra cosa es la realidad. Son miles las niñas y niños violados sexualmente por personas cercanas, desde su más tierna edad. Y los casos jamás llegan a las cortes de justicia por falta de denuncia en la mayoría de ellos. Cuando se produce el embarazo en una niña y la ley no permite su interrupción oportuna, se la condena de por vida a una vida de privaciones y a un peligro real de supervivencia.

Miles de niñas y adolescentes cuyo cuerpo apenas puede cargar con el peso de su propia existencia dan a luz en condiciones miserables, en medio de la indiferencia de las autoridades y el rechazo de su propia familia; por eso el día internacional celebrado ayer lleva una especial dedicatoria a este frágil segmento de la sociedad.

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Los recursos del sistema democrático no parecen ser suficientes para impedir su colapso.

 Si algo quedó claro durante la Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Estado, es la bancarrota moral del sistema político en la mayoría de países latinoamericanos. Con democracias débiles –algunas a punto de desaparecer bajo los incesantes embates de la corrupción- y escasas perspectivas de recuperación, los gobernantes dejaron patente su incapacidad para cumplir con los objetivos planteados desde hace casi dos décadas para reducir la desigualdad, la extrema pobreza, el hambre, la desnutrición infantil, la falta de educación y otros parámetros que marcan el profundo subdesarrollo de nuestros países.

Los discursos de la Cumbre no se diferenciaron gran cosa de aquellos elaborados para otros encuentros, otras cumbres, otras asambleas; excepto, quizá, por el énfasis en las crisis migratorias. Pero los problemas fundamentales continúan hundiendo a los pueblos mientras sus líderes enfocan sus esfuerzos en librarse de investigaciones de corrupción y blindar sus fortunas mal habidas con los recursos que les ofrece un sistema diseñado para ello, arrasando con marcos jurídicos y buscando escondrijos legales.

A la par de la bancarrota moral que todo eso implica, las huestes políticas han creado las condiciones ideales para una bancarrota democrática que les daría el espacio y el poder para actuar a su antojo en las décadas por venir. Los acosos a la prensa independiente son apenas uno de los pasos mediante los cuales buscan cercenar la participación ciudadana y su posible incidencia en decisiones de Estado. Todo indica un intento de crear las condiciones para conseguir el aval ciudadano en la consolidación de regímenes dictatoriales, con el manido argumento de reducir la violencia.

Los participantes en la Cumbre –en especial quienes gobiernan los países menos desarrollados- han gozado de los beneficios del poder para consolidar sus privilegios, pero han abandonado sus promesas de cambios sustanciales para favorecer al resto de la población. Esto, porque esas promesas nunca fueron pronunciadas con otra intención más que apoderarse de espacios privilegiados desde los cuales, y con el entusiasta concurso de sectores de poder económico, es posible amasar fortunas obscenas sin pagar las consecuencias.

El tráfico de influencias y la impunidad fueron el sello de identidad de algunos presidentes presentes en la Cumbre. Con un descaro insolente se presentaron como víctimas de oscuras conspiraciones, como líderes contra la corrupción y piadosos ejemplares de pureza espiritual. En la realidad han condenado a sus pueblos a la miseria extrema, a la muerte por falta de atención sanitaria por el colapso de los hospitales públicos, a la ignorancia por el colapso del sistema educativo, a la violencia y la muerte por las debilidades injustificables del sistema de investigación y justicia.

Estos magnos eventos solo sirven, al final de cuentas, para ofender a los pueblos marginados, conscientes de su impotencia frente a los círculos de poder. Las abundantes falsedades derrochadas en discursos sobre-elaborados quedarán impresas en los informes finales y, al formar parte de documentos históricos, les restarán toda legitimidad. La verdad es otra: está en los indicadores de desarrollo humano cuyos números indican con meridiana claridad el retroceso en la lucha contra el hambre, en la mortalidad materna, en la asistencia a las escuelas, en el trabajo infantil, en las violaciones sexuales, en las ejecuciones extra judiciales y en los juicios manipulados para cubrir los actos de corrupción. Ese es el verdadero contenido del discurso que jamás se pronuncia.

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El libro, símbolo del conocimiento y la información, está bajo asedio una vez más.

 Después de tantas evidencias sobre los alcances de la guerra contra la información y el acceso a la educación y la cultura, no sorprende que en Guatemala el grupo empresarial organizado haya encontrado la manera de entorpecer una de las actividades culturales más importantes, atacando a la Gremial de Editores y pretendiendo apoderarse de los derechos legales que le otorgan la propiedad de la Feria Internacional del Libro en Guatemala. De este modo se unen al concierto orquestado por los poderes del Estado contra todo cuanto represente un espacio de libertad cívica.

Quizá los editores nunca previeron que su pertenencia a la Cámara de Industria pusiera en peligro uno de sus eventos más emblemáticos. Sin embargo, las acciones del sector empresarial aglutinado bajo la sombra del Cacif ya podían anunciar hasta dónde este grupo de poder es capaz de llegar para neutralizar toda acción tendente a fortalecer la educación y la cultura. De este modo garantiza la continuidad de su enorme influencia en decisiones de Estado y crea las condiciones ideales para someter a la ciudadanía a un régimen de privaciones intelectuales y por tanto analíticas, afín a sus intereses.

La Feria Internacional del Libro en Guatemala, Filgua, ha representado durante 18 años un centro único de difusión de la lectura en un país con bajos índices de escolaridad y fuertes limitaciones para el desarrollo intelectual y cultural de su población. En este escenario de encuentro entre lectores y autores, entre editores y artistas, ha fluido un creciente interés del público por establecer una conexión más íntima con los libros y lo que estos le ofrecen. Por sus salones desfilan miles de niñas, niños y jóvenes cuyo contacto previo con la literatura ha sido casi inexistente debido a los pobres niveles del sistema educativo, encontrando en Filgua un rico filón de entretenimiento y aprendizaje.

Las intenciones de los empresarios interesados en quitar los derechos de la organización de Filgua a los editores que la crearon no pueden ser más transparentes: revertir la influencia del evento hasta anularlo del todo. Esto, porque al sector empresarial organizado le inquieta y estorba cualquier iniciativa educativa que escape de su control. Porque una sociedad desinformada y muda es mucho mejor que una intelectualmente activa y atenta al quehacer económico y político de su nación. Porque ya llevan varios siglos de silenciarla no van a permitirle expresarse libremente. Porque les asusta el libro, ese temible fantasma de papel.

Quienes hemos tenido algún nivel de participación en la Feria –como expositores, presentadores de libros o simplemente como compradores- comprendemos bien hasta qué punto la apertura del conocimiento a las capas más jóvenes y menos privilegiadas de la población puede incidir en una ciudadanía mucho más consciente de su papel. Esos salones cada vez más llenos de visitantes reflejan un interés creciente por el acceso a la lectura y un evidente rechazo a las limitaciones impuestas por un sistema medieval y caduco de gobierno, cuyas prioridades se alejan cada vez más de las del pueblo.

Las voces de protesta por esta maniobra ilegítima de la Cámara de Industria de Guatemala deben ser escuchadas y acompañadas por una defensa activa de este importante evento cultural. Resulta casi risible que un sector históricamente opuesto a la educación y el crecimiento cultural de su país pretenda adueñarse de esta iniciativa justo cuando está alcanzando los mejores indicadores de éxito, asistencia de público y venta de libros. Filgua es patrimonio cultural y debe continuar siéndolo.

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Los gobernantes necesitan acallar las voces y aplican todo su poder para lograrlo.

Las estratagemas de los círculos de poder de corte fascista pasan por encima de los derechos civiles, aplastan los textos constitucionales, rompen el delicado tejido de los valores humanos y terminan por transformar a las sociedades en enormes masas de seres temerosos del abuso y de la violencia institucionalizada. Al final, ante ese ambiente de incertidumbre las sociedades terminan por aceptar un nuevo estado de cosas en donde su voz no incide. Las dictadoras de hoy tienen un efecto psicológico abrumador, pero sobre todo un efecto letal en la confianza respecto de los sistemas democráticos.

¿En qué momento y cómo se ha debilitado la voz del pueblo? ¿Cómo se ha permitido semejante nivel de amedrentamiento contra sociedades cuyos objetivos parecen estar enfocados en las libertades ciudadanas? En esta lucha por los derechos humanos es fácil observar cómo se empiezan a producir ciertas defecciones; por ejemplo, políticos cuyo discurso se va transformando paulatinamente en una oda al odio mediante el cual modifican la percepción ciudadana sobre las posibles soluciones a sus problemas de supervivencia. Luego, a esta ciudadanía desinformada y hábilmente manipulada se la califica de “facho pobre” sin escarbar en las profundas causas que la han llevado a ceder ante semejante atado de mentiras.

En esta ruta van cayendo una tras otra las propuestas de corte social, bajo la misma etiqueta utilizada con profusión durante la Guerra Fría. Es decir, las políticas públicas dirigidas hacia una mayor inclusión de las mayorías en decisiones de Estado, mejores presupuestos para los rubros esenciales como salud, vivienda, educación, alimentación y cultura, mayor participación de las comunidades en decisiones sobre proyectos de explotación de recursos y, sobre todo ello, una presencia más activa de las mujeres en la vida institucional y política, son vistos como retrocesos por los sectores más poderosos.

El fascismo crudo y sin disimulos enquistado en cada vez más países debería llamar a reflexionar sobre los motivos de semejante caída de los derechos ciudadanos. Es imperativo preguntarse por qué las sociedades están cayendo en la búsqueda de sistemas represivos y abiertamente discriminatorios, porque quizá ahí se encuentre la respuesta para identificar el punto de quiebre que ha llevado a las sociedades a perseguir una vía de violencia y odio, de enriquecimiento para unos y miseria para todos los demás.

En esta ruta demencial las primeras víctimas son el estado de Derecho y la justicia. A partir de ese punto, cuando estos regímenes se consolidan gracias a sus métodos represivos, vuelven su mirada hacia los sectores más débiles en términos de derechos y los anulan. Es así como el papel de las mujeres en los círculos políticos e intelectuales se empieza a estrechar hasta casi desaparecer, consolidándose de ese modo el viejo patrón patriarcal, para cuya supervivencia es esencial imponer un sistema de dominio y sumisión sobre la mayoría de la población. En ese mismo sentido, la niñez y la juventud son consideradas los viveros desde donde resulta fácil reproducir una ideología afín a las pretensiones de imponer y eternizar el sistema dominante.

La información y, por ende, la educación y la cultura son los peores enemigos del fascismo. El control de los medios, la censura sobre libros y cualquier medio de difusión de las ideas se convierte en una prioridad para estos enemigos mortales de la inteligencia y de las sociedades libres. Nuestros países ya han vivido esos infiernos y ven con horror cómo hoy regresan esos viejos fantasmas.

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Y sabían de la existencia del emperador, pero nunca quisieron reconocerlo…

 Es doloroso observar cuánto sufrimiento padecen los pueblos de América Latina. Doloroso y frustrante porque su causa es de conocimiento general, lo cual en lugar de propiciar un mejor desempeño de los gobernantes para aminorar sus penas, resulta en la consolidación de los sistemas dictatoriales y represivos para satisfacer las exigencias de un emperador codicioso cuyo puño se dibuja detrás de cada decisión de Estado.

La historia comenzó hace mucho, cuando descubrieron el inmenso tesoro a flor de tierra en su mal llamado “patio trasero” y desde entonces planificaron y ejecutaron con especial empeño un plan para convertir estas tierras de prodigio en su bodega de suministros a precios de quemazón. Para ello fue importante contar con el entusiasta concurso de las élites económicas, ya que de los ejércitos y los políticos se encargarían sus enviados especiales. Y así se fue consolidando el despojo y fue creciendo la miseria, porque para garantizar el éxito de su estrategia era fundamental mantener al pueblo en la ignorancia y la dependencia.

Es de imaginar, entonces, cuánta rabia siente ese imperio al ver a una Cuba insumisa y rebelde que ni siquiera con el perverso bloqueo económico y comercial ha descendido a rendirle tributo. Cuánta rabia contenida al ver a una Bolivia emerger de la más profunda miseria para emprender un camino de desarrollo basado en el aprovechamiento de sus recursos después de siglos de saqueo para enriquecer a un puñado de familias y compañías multinacionales. Cómo les ha de doler una Venezuela que les niega la propiedad de su petróleo y con cuánta ansiedad esperan ver caer a Brasil y con ello ver abrirse las puertas de la Amazonia. Esos agujeros en su red han de trastornar el sueño del emperador y entonces, como compensación, clava su estaca en el corazón mismo de Centroamérica para dejar bien claro quién manda en la región, apoyando a unos gobiernos considerados entre los más corruptos del planeta.

El lamentable y destructivo actuar del imperio no sería tan grotesco si por lo menos no presumiera de representar a la democracia y la libertad. Desde sus bunkers de hormigón en las capitales latinoamericanas emanan las reglas de ese juego al cual los gobernantes se deben ajustar para tener acceso a los privilegios, a la riqueza y al pequeño espacio de poder que se les concede mientras no mencionen las palabras prohibidas: justicia social, nacionalización de los recursos, reforma agraria, protección de la naturaleza, derechos humanos. Mientras tanto, los menos favorecidos –es decir, la inmensa mayoría- se debaten en la desnutrición, la falta de oportunidades y la ruina de su entorno natural.

Ese imperio cuya bandera sigue clavada en el corazón de nuestros países nos recuerda cuán lejos está el continente de ser soberano, independiente y capaz de generar un desarrollo económico, social y político que ponga fin a la desigualdad y la explotación. El falso discurso de la cooperación no es más que la extorsión fácil de quien se sabe superior en poder y recursos. De quien impunemente cruza las fronteras con sus armas mientras se las cierra a miles de migrantes desesperados por sobrevivir. De quien amenaza con el hambre a quienes ya ha despojado de sus riquezas y lo hace con la abierta complicidad de supuestos líderes locales entronizados gracias a su interesado respaldo. Este escenario no es nuevo y la historia de tiranos sanguinarios, dictaduras feroces y derrocamientos oportunistas nos dice cuán lejos estamos de ese sueño de libertad, desarrollo e independencia anhelado por nuestros pueblos.

Mientras con una mano da una limosna, con la otra se roba la riqueza.

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Las reacciones lo dicen todo frente a la ola migratoria latinoamericana

Los fenómenos migratorios forman parte ineludible de la historia de la Humanidad. Múltiples motivos han generado desplazamientos de grandes conglomerados humanos desde que aparecieron sobre la faz de la Tierra: sequías, inundaciones, invasiones, pestes y hambrunas han obligado a comunidades enteras a buscar refugio en otras latitudes. Por lo tanto, es preciso observar el fenómeno desde una perspectiva más amplia y no como un problema puntual de un país o una región determinados.

Las recientes oleadas de migrantes procedentes de países en crisis han impactado a quienes, con una mezcla de solidaridad y repudio, ven a las familias en tránsito o en proceso de convertirse en residentes permanentes como una amenaza latente, sobre todo cuando esos movimientos migratorios son masivos y objeto de gran atención mediática. Pero también existen migraciones lentas y sostenidas, como las procedentes de los países más afectados por la miseria y la violencia, cuyos habitantes van escapando en un goteo constante hacia tierras más prósperas buscando aquello que su patria no les brinda.

Nada hay más injusto como el rechazo hacia quienes por necesidad abandonan su tierra, sobre todo si está basado en la ignorancia y el prejuicio. Para comprender la dimensión del drama humano implícito en una migración forzada por el hambre y la violencia, es preciso acercarse y conocer cómo el miedo y el instinto de supervivencia son fuerzas tan poderosas como para inducir a una familia a enfrentar los riesgos de una ruta desconocida y plagada de obstáculos. La criminalización de los migrantes por parte de líderes de países poderosos –el caso Trump y sus mensajes de odio y racismo hacia los pueblos latinoamericanos- no hace más que provocar un eco destructivo en ciertos sectores de la sociedad, tanto aquella perteneciente a los países que experimentan el fenómeno de paso como de ingreso de migrantes, ambos temerosos de la amenaza implícita en todo lo que escapa a su visión conservadora y proteccionista.

Esta falta de empatía es claramente perceptible en un amplio sector de la sociedad estadounidense, pero también en ciertas capas medias urbanas de los países afectados, cuya aparente sensibilidad humana desaparece ante la vista de la cruda realidad de sus periferias, en donde se hacen visibles los estragos de la corrupción, la desidia gubernamental y la indiferencia ciudadana. En países con elevados indicadores de desigualdad, pobreza, violencia y desnutrición, la huida hacia otros horizontes es casi inevitable y termina siendo el resultado obvio de la falta de oportunidades y del círculo vicioso de una miseria abrumadora.

En esta era de la comunicación instantánea y ante el desarrollo de los procesos migratorios masivos en algunos países de la región, llama la atención la abundancia de comentarios xenófobos y racistas contra quienes arriesgan su vida y la de sus hijos en la búsqueda de una vida mejor. Al parecer, olvidan su propio origen –producto de otras migraciones con similares motivos-, reniegan de sus ancestros y con ello hacen evidente que el lustre de barniz de solidaridad y empatía se descascara ante la menor amenaza a su marco de valores y estilo de vida. Muy pocos habitantes de este continente pueden considerarse plenamente pertenecientes a su territorio. Las migraciones europeas, asiáticas y africanas han poblado, mezclado y asentado sus reales en estas tierras pródigas de las Américas. Las pretensiones de pureza étnica o nacionalismos herméticos son por lo tanto cada día más insostenibles y absurdas, pero sobre todo aterradoramente inhumanas.

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Un continente lleno de recursos, incapaz de gobernarse a sí mismo.

Hay que comenzar por definir los términos, ya que de acuerdo con la Academia de la Lengua Española, soberanía es el “poder político supremo que corresponde a un Estado independiente” y Estado es “el conjunto de los órganos de gobierno de un país soberano”. Uno y otro interconectados en el concepto de independencia política como uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema de gobierno. Por lo tanto, para presumir de pertenecer a un Estado soberano existen condiciones específicas que, cuando estas no se cumplen, vacía de contenido cualquier discurso emitido por un político en el poder.

Ningún país latinoamericano posee ese rimbombante título. Condicionados y corrompidos en todos sus estamentos por el poder económico y político de países mucho más poderosos cuyos intereses siempre prevalecerán por sobre los de los pueblos sometidos a sus exigencias, han perdido desde hace mucho el derecho de ser soberanos. Baste retroceder a los archivos históricos para constatar la profunda injerencia extranjera en decisiones de orden estrictamente interno en todos y cada uno de nuestros países. La dependencia diseñada y construida como una herramienta de supuesto desarrollo se ha transformado en un lazo indeseable cuyo único resultado es la pobreza y la incapacidad de los gobiernos del continente para gobernar con independencia y un enfoque social de beneficio para sus pueblos.

América Latina ha sido y continúa siendo el patio trasero de intereses totalmente ajenos a esta región. Las pugnas entre Estados Unidos y Rusia, entre Estados Unidos y los países productores de petróleo, entre Estados Unidos y la maquinaria comercial de China, siguen aplastando los intereses propios de cada Estado de nuestro continente en un perverso juego de presiones de todo tipo, sobornando a políticos puestos a conveniencia de las élites con el fin de impedir el empoderamiento de la ciudadanía y así garantizar la sumisión y el entreguismo.

Así es que cuando un presidente latinoamericano empapa su discurso con palabras rimbombantes como soberanía, independencia y dignidad nacional, solo está vendiendo una pomada vieja y deslucida que ha perdido todo su efecto como motivador de masas, pero sobre todo ha perdido toda legitimidad. Ya nadie puede creer en ese cuento desde el momento que, para equilibrar un presupuesto de Estado asaltado por una burocracia ávida de enriquecerse, se recurre a la carísima limosna internacional disfrazada de cooperación. Toda esa farsa discursiva ha de provocar la burla de los poderosos círculos financieros del mundo toda vez que conocen muy al detalle los mecanismos creados por ellos mismos para apretar redes poderosas alrededor de nuestros países débiles y depredados.

Mencionar la soberanía es, por lo tanto, más que una burla un insulto contra nuestros pueblos privados de mecanismos de defensa, sometidos al hambre y a un injusto e innecesario subdesarrollo. En América Latina no existe esa independencia con la cual se empapan discursos falsamente nacionalistas; no existirá mientras “la Embajada”, el Fondo Monetario Internacional o cualquier de esos foros del poder supremo mundial decida sobre los procesos políticos, sobre las políticas públicas en términos económicos, sobre las decisiones gubernamentales respecto de la salud, la educación y la explotación de recursos naturales.

Las debilidades institucionales han sido producto de una estrategia de larga data y no será con políticos improvisados y mediocres como se logrará –algún día, quizá- construir Estados sólidos capaces de defender los intereses nacionales.

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